Una gran manguala no es Unidad Nacional.

Jorge Enrique Robledo

Juan Manuel Santos asumió dos compromisos principales: continuar con todas las políticas de Álvaro Uribe, administración en la que él fue pieza de importancia, y montar un gobierno de “unidad nacional”. Para lo que llama la “unidad nacional”, además de la U, reclutó al conservatismo, a Cambio Radical y al PIN, así a este lo niegue como lo niega Álvaro Uribe. Con honrosas excepciones, el Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, también lo respaldará. Y la cúpula verde dijo que no estará en la oposición.

Sin embargo, Juan Manuel Santos podrá montar una gran manguala, pero no un gobierno de unidad nacional, por lo menos no en el sentido de que ese gobierno represente los intereses del conjunto de la nación, pues si algo caracteriza a la administración de Álvaro Uribe –que Santos continuará– es lo antidemocrático de sus concepciones políticas y lo plutocrático de sus criterios económicos y sociales, es decir, por gobernar según los intereses de las trasnacionales, los monopolios criollos y las roscas clientelistas, en tanto a la casi totalidad de la nación se la excluye en mayor o menor medida del bienestar. Hay que ser muy caradura para hablar de “unidad nacional” con el objetivo de continuar un régimen que condujo al país a uno de los peores indicadores sociales de América y del mundo –en desempleo, pobreza y concentración de la riqueza, por ejemplo– y que, además, persiguió a los jueces para imponer el tapen tapen de los horrores que escandalizan al mundo. >> leer artículo compelto >>

Senador Jorge Enrique Robledo en plenaria del 17 de agosto de 2010 – Garantías para la oposición.

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Industria. (Sin desarrollo industrial no hay progreso de verdad)

16/01/10

Un país de las condiciones de Colombia no podrá superar sus graves problemas de subdesarrollo si no industrializa su economía urbana y rural, pues de esto depende el aumento de la capacidad de riqueza que puede crearse en una hora de trabajo y, en últimas, de esa productividad dependen los salarios. Y aunque esto se sabe desde hace siglos, las políticas de libre comercio han destruido la escasa base industrial del país, la cual se creo luego de décadas de esfuerzos de la nación. Así, quien observe a sus alrededor, verá que todos los bienes de tecnología compleja son importados y que, hasta los no complejos, como textiles y confecciones, nos llegan de afuera. Si algo hay reaccionario es la decisión de especializar el país en exportaciones de materias primas agrícolas y mineras para con esas exportaciones de bajísimo valor agregado pagar la importación del resto de los bienes que requiere el país, política que fue la misma que impuso la Corona española cuando lo que hoy es Colombia era su colonia.

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El TLC recoloniza Colombia. Acusación a Álvaro Uribe Vélez (2006) y La Verdadera Hecatombe, el debate del TLC continúa (2009)

05/02/10

“Que el TLC no haya entrado en aplicación (…), debe celebrarse como un triunfo para el país y los sectores nacionalistas que con tantas razones se han opuesto a profundizar las políticas del “libre comercio” que tanto daño le han hecho a Colombia desde 1990. Y constituye también una ganancia invaluable para los colombianos que la oposición al TLC hubiera logrado promover uno de los mayores debates sobre asuntos económicos de la historia del país, pues en las verdades de esas discusiones se encuentran los principales lineamientos que habrán de orientar a la nación si quiere superar sus graves quebrantos económicos y sociales, quebrantos que el imperialismo estadounidense y los minúsculos grupos nativos que se lucran de su dominación solo pueden empeorar.” Así sintetiza Robledo la oposición contra uno de los acuerdos más leoninos que gobierno alguno haya firmado desde que se “legalizó” el robo de Panamá.

En los libros El TLC recoloniza a Colombia (publicación de la que se han vendido más de 60 mil ejemplares) y La Verdadera Hecatombe, Robledo exponen las razones que lo llevaron a denunciar a Álvaro Uribe por el delito de traición a la patria, tipificado en los artículos 455 y 457 del Código Penal. A lo largo de los capítulos se explica cómo la oposición al TLC no es un prurito contra las relaciones económicas internacionales. “Relaciones sí, pero no así”, ha acuñado. Pero sí demuestra que las relaciones que el “libre comercio” impone a Colombia no le sirven al progreso nacional y son repelentes con la soberanía, “el bien más preciado de cualquier nación”. Con gran agudeza y pedagogía explica uno a uno los alcances del acuerdo. Robledo, citando a Henry Kissinger, expone que el “libre comercio”, el TLC y la globalización son “en realidad, otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”

Son numerosos los aportes de estas dos publicaciones, pero de resaltar está el de desmentir eso de que el “libre comercio” es un hecho inevitable, como lo pregonan sus áulicos. “Por el contrario”, concluye Robledo. Y agrega: “la primera aspiración de este texto es fortalecer la más amplia resistencia civil que pueda concebirse para derrotar una política que le arrebata a los colombianos cualquier posibilidad de resolver sus graves problemas, objetivo que se convertirá en realidad si se desarrolla la fuerza social y política suficiente a través de la más amplia unidad en la que participen los trabajadores y empleados de todos los sectores, el campesinado, indígenas y los afrodecendientes, las amas de casa y los pensionados, los estudiantes y los intelectuales y los empresarios del campo y la ciudad que quieran unirse contra de la mayor amenaza que haya sufrido Colombia desde 1819.”

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La calle y la democracia.

08/02/10

Nos quieren quitar la calle

Las ciudades de Colombia se cubren a diario con publicidad comercial: desde los últimos jeans de moda, hasta el trago, cigarrillo o música que los jóvenes deben consumir. Pero cuando llegan, después de cuatro años, los dos meses de ejercicio democrático que determinan el futuro del país, algunos salen rápido a penalizar y acusar a los que usamos las calles para comunicar nuestro mensaje.

Espacio público y democracia están necesariamente relacionados dado que son dos conceptos mutuamente determinantes. El espacio público fue conceptualizado por primera vez en la Antigua Grecia, en el pensamiento de Aristóteles. Por aquella época, el pensamiento occidental naciente se concentraba en analizar el fenómeno de la neonata urbanidad. Las implicaciones prácticas de la ciudad como un nuevo modo de organización social se daban cita con la política y la “cosa pública” -es decir, la democracia-, precisamente en el espacio público.

Así pues, la carga simbólica del espacio público ha ido en aumento a través de los tiempos. No en vano, Kant le sumaba la propiedad de servir como escenario al ejercicio ilimitado y emancipador de la “razón pública”, en oposición a la restringida y doméstica “razón privada”. Sin espacio público no hay comunidad y no hay opinión: no hay sociedad.

Ya en la modernidad, el espacio público ha tenido que ser caracterizado para distinguirse de espacios privados, espacios privados colectivos, espacios semipúblicos, etc. El espacio público puro aun logra “privatizar” dos de sus rasgos constitutivos más cruciales: los factores de acceso y de función. Primero, el acceso al espacio público debe ser irrestricto, no solo física sino también económica, social y antropológicamente; por ejemplo, se puede pensar en un centro comercial como un espacio semipúblico: sus puertas están abiertas pero los pobres no entran, es un lugar público de propiedad privada. Segundo, la función del espacio público debe estar medida por la interacción que trasciende lo privado, que teje comunidad. Cualquier asunto de interés colectivo puede ser lanzado a este espacio para su discusión, sin que nadie pueda regular ésta dinámica.

La sociedad donde no hay comunidad, donde todo es privado y no hay espacio que funcione como público es la sociedad ideal del neoliberalismo. La sociedad de la anomia. En sentido opuesto, la sociedad donde todo es público y no se respetan los asuntos privados -no necesariamente la propiedad- es la sociedad totalitaria. La esencia de la democracia es el límite entre el espacio privado y el público, en el espacio público todos somos iguales. La calle es el espacio público.

Ahora bien, desde Aristóteles hasta Habermas, pasando por Kant y otros tantos, coinciden en que en el espacio público se exponen opiniones, se debaten propuestas y, lo más importante, se comunica. De esta manera existe lo que hoy llamamos “opinión pública”, entendida ésta como el resultado del intercambio de posiciones e ideas, la contradicción entre posturas discursivas y la discusión acerca de los problemas que afectan el interés común.

El resultado de ésta interacción social discursiva, para Habermas, es la “publicidad”, elemento que, siendo producto de la esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado –el espacio público-, puede ser utilizada por los ciudadanos para contrarrestar el poder del Estado cuando éste se sale de sus límites democráticos. Así, el espacio público es -y debe seguir siendo- el escenario para la exposición de ideas y propuestas, para la producción de iniciativas y alternativas; y la opinión pública es –y debe seguir siendo- el arma de las masas contra las extralimitaciones autoritarias del poder. Sin este espacio, no nos es posible constituirnos como sujetos políticos y sociales, culturales o religiosos, en medio de lo que sería una sociedad sometida por el individualismo y la inercia.

A la política se le ha usurpado el espacio público en Colombia. Se criminaliza al mensaje crítico y se plaga el panorama con publicidad corporativa y heroica propaganda de los círculos superiores del poder, círculos que en éste país están abandonando su naturaleza política para ser simplemente mafiosos. Ramoneda, el filósofo y demócrata español escribe “(…) la pluralidad de fines es el fundamento del espacio público, como garantía de la pluralidad real de la sociedad. El espacio público puede servir para realizar o expresar fines compartidos por una sociedad o una parte de ella, pero no debería ser lugar de exclusión de nadie.

En conclusión, se hace evidente que el estado del espacio público refleja el estado de la democracia. Y a nosotros nos han prohibido las calles, nos han quitado el espacio público. Siguiendo al sociólogo francés Jean Beaudrillard, es la expresión callejera la única forma de comunicación “inmediata”, es la única verdadera alternativa frente a la comunicación mediada, que todos los días nos escupe valores corporativos y atañas institucionales a través de canales a los que solo unos pocos tienen acceso.  Como dice la famosa pinta rebelde de fines del siglo pasado: “Paredes en blanco, conciencias en blanco”. Y nosotros, como comunicadores, siempre hemos estado del lado de la expresión social.

Los que se preocupan por el daño que le hacemos a una ciudad “limpia y bonita”, se olvidan a conveniencia de que este enorme lienzo edificado alberga a una sociedad enferma, rasgada por la injusticia social y  guiada por la ignorancia que salvaguarda a sus líderes corruptos.  Están los que argumentan que una apariencia de orden inspira una sociedad ordenada. Solo hay que remontarse a la Alemania de Hitler para responder a ese argumento.  Esta es una campaña de voluntarios, sin enormes agencias de publicidad, guiada por un equipo que trabaja porque cree que su candidato tiene los valores y las capacidades para ayudar a construir un país mejor. Y nuestro objetivo nos seguirá empujando al uso de la calle, el internet, la prensa alternativa (que publicamos y distribuimos con nuestros limitadísimos medios) y, en general, cualquier medio democrático que logremos poner a nuestra disposición, en un país donde cada día los espacios son más controlados y regulados por los diferentes actores del juego de poder.

Hoy, la legalidad está  del lado del totalitarismo, y los pocos actores que comprenden el valor del espacio público olvidan su naturaleza y pelean por él, reclamando un derecho de propiedad inexistente tanto en el papel como en la moral. El ocaso de la democracia depende del resurgir del espacio público con sus libertarias propiedades originales: el pluralismo, la crítica, el debate y, sobre todo, la política.

Cuando la política es sacada de las calles, la corrupción, el clientelismo y la exclusión reverberan en el bajo mundo de los altos círculos de poder.  Esta persecución a los que hacemos política en la calle y con la calle hace parte del sucio juego que aventaja a los de siempre. La publicidad “legal”  (sus pautas televisivas y vallas publicitarias) hace parte del millonario círculo vicioso que favorece a los candidatos de grandes gremios económicos e infladas cuentas bancarias. Mientras tanto, en el país del Sagrado Corazón, no tenemos voz los que sufrimos tanto.

Y no somos los únicos que opinamos así, para la muestra el reciente editorial que María Elvira Bonilla escribió para El Espectador.

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Salud. (La salud deber ser derecho y no negocio)

16/01/10

Se ha vuelto común en Colombia tildar de ministerio de la Desprotección Social a la cartera encargada de los asuntos laborales y de salud, así como afirmar que en el país mueren más personas por la Ley 100 de salud que por todas las violencias que nos martirizan. Ello porque millones de compatriotas no tienen ningún derecho en salud y porque otros tantos padecen por las astucias con las que los negociantes de la salud les niegan sus derechos o porque, como ocurre con los afiliados al Sisben, sus planes de protección apenas cubren el 40 por ciento de los tratamientos que deberían cumplir. Esto porque la ley 100 no es una ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio del capital financiero, que es muy distinto. Y es evidente que también son inicuas las normas de contratación laboral que las EPS les han impuesto a los médicos y demás trabajadores de la salud, normas que además de lesionar a estos compatriotas también deterioran la calidad de los servicios que se prestan.

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Agro (Por la autosuficiencia alimentaria).

16/01/10

Colombia es uno de los países mejor dotados por la naturaleza para la producción agropecuaria, porque tiene tierra, aguas y personas en abundancia para desarrollar esa actividad. No obstante, la pobreza rural y la indigencia llegan al 67 y al 30 por ciento, respectivamente, la concentración de la tierra es de las peores del mundo, en el gobierno de Álvaro Uribe los desplazados suman dos millones de compatriotas y las importaciones de productos agrícolas pasaron de seis a diez millones de toneladas. Y eso que no han entrado a operar los TLC, los cuales le darían el puntillazo al sector. El agro colombiano no podrá transformarse positivamente si no se empieza por echar atrás la política de importar lo que podemos producir y por proteger de todas las maneras la producción campesina, indígena y empresarial, a partir de definir como un objetivo central del país la autosuficiencia en la producción de alimentos.

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Educación (Por una educación universal, gratuita y de alta calidad)

16/01/10

La experiencia internacional indica que Colombia no podrá salir de la trampa del atraso y la pobreza sin un aparato educativo que le eleve sustancialmente el nivel de conocimientos a toda la población. Además, solo podrá educarse a todos los colombianos, es decir, alcanzar el cubrimiento universal, si el Estado no asume la responsabilidad de hacerlo de manera gratuita, por la simple razón de que, por su pobreza, legiones de colombianos no pueden pagarse sus estudios. Y la educación de alta calidad –porque si no es de alta calidad es una estafa a las personas y al país– no puede lograrse sin la financiación estatal, dado que sus altos costos son inevitables. Privatizar la educación, entonces, significa que millones no podrán educarse y que las instituciones educativas serán de baja calidad, con lo que el país no saldrá del subdesarrollo, situación que se corresponde con las políticas del libre comercio que apuntan a dejar el país en el atraso productivo y la pobreza.

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Medio ambiente. (Por la debida protección estatal del medio ambiente)

16/01/10

Siempre ha existido una contradicción entre el cuidado del medio ambiente y las necesidades de los seres humanos de transformar la naturaleza en su beneficio. Si el Estado no interviene mediante normas que protejan el medio ambiente, la codicia que mueve los negocios y la ganancia privada es capaz de provocarle graves daños y hasta destruir la naturaleza. El gobierno de Álvaro Uribe, con los intereses de las trasnacionales en mente, se ha caracterizado por tener una política ambiental adecuada a las necesidades de lucro de los monopolios. Ha sido especialmente agresiva su posición de someterse a las decisiones de Washington de fumigar con poderosos venenos los cultivos de coca y amapola, estrategia que, a pesar de su fracaso en cuanto a la reducción del narcotráfico, se mantiene porque así les conviene a intereses imperiales estadounidenses.

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Fontibón. Reunión con adultos mayores.

25/01/10
enero 27, 2010
9:00 ama11:00 am
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Parapolítica (Uribe es el rey del tapen-tapen)

17/01/10

Si hay un hecho que impresiona al mundo es el gran número de congresistas y dirigentes políticos colombianos vinculados al paramilitarismo, impresión que se agrava cuando se sabe que más del 80 por ciento de los vinculados de una u otra manera a esas actividades criminales respaldaron la reelección de Álvaro Uribe. En un país que no esté tan descompuesto como este, el Presidente ya se hubiera caído. Y más por haberse convertido en el jefe del tapen-tapen para favorecer a sus amigos políticos, tapen-tapen que de manera escandalosa ilustra su feroz persecución contra la Corte Suprema de Justicia, cobrándole su valerosa persecución a la parapolítica. Entre los muchos hechos escandalosos de la parapolítica resalta el caso del hermano del ministro del Interior y de Justicia, caso que en otro país hubiera llevado a la renuncia de Fabio Valencia Cossio.

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Petróleo. (En defensa de la producción nacional de hidrocarburos)

16/01/10

La lucha de los trabajadores del petróleo, con el respaldo de los colombianos, creo en la mitad del siglo XX la empresa estatal Ecopetrol, quitándole el control del negocio a las trasnacionales. Desde entonces, el capital extranjero y sus correveidiles criollos se han esforzado por regresar a lo que consideran el paraíso perdido de antes de Ecopetrol, cuando hacían lo que se les antojaba en ese sector. Y con el libre comercio han avanzando en sus pretensiones contrarias al interés de los colombianos, en especial en el gobierno de Álvaro Uribe, que ha regresado la explotación petrolera a los viejos contratos de concesión a favor de las trasnacionales, a las que también les rebajó al mínimo las regalías y ha iniciado la privatización de Ecopetrol, vendiendo sus acciones por menos de su precio real, todo a partir de golpear a la Unión Sindical Obrera, la valerosa organización de los trabajadores petroleros.

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Servicios públicos (Los servicios públicos deben ser derechos y a precios módicos)

16/01/10

Los servicios públicos domiciliarios (agua, basuras, telecomunicaciones y electricidad) eran derechos ciudadanos que las empresas públicas tenían el deber de prestar en condiciones de buena calidad y precios módicos. Pero con la Constitución de 1991 y la ley 142, los servicios públicos se convirtieron en negocios bajo el control de los monopolios privados -y de los monopolios públicos que actúan con la lógica de los privados- con el propósito de privatizarlos, por lo que las tarifas dispararon sus precios, la riqueza producida por esas empresas pasó a los inversionistas privados, principalmente extranjeros, y se envilecieron las condiciones laborales de los trabajadores de dichas empresas.

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Vivienda. (El problema de la vivienda tiene causas conocidas)

16/01/10

Son millones los colombianos que habitan en viviendas que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad posibles en el siglo XXI. Y son millones también los condenados a pagar durante décadas altísimas cuotas mensuales para poder hacerse a un techo, cuotas que son tan duras de pagar que les reducen a casi nada sus gastos en otras necesidades y que, con frecuencia, al no poder pagarlas, conducen a que las personas pierdan sus viviendas y los ahorros de todas sus vidas. Esto sucede, primero que todo, porque los niveles de ingreso del país son muy bajos, en razón del atraso productivo, el desempleo y la pobreza. Pero también pasa porque el Estado no respalda como debiera a quienes por sí solos no pueden pagarse un techo de su propiedad y porque tampoco controla la especulación de todos los tipos que rodea al negocio de la construcción de viviendas, empezando por la del capital financiero.

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