Con el nombre de la apertura, el libre comercio se empezó a aplicar en Colombia en 1990. Entonces, luego de veinte años de experiencia hay razones de sobra para oponerse a los tratados de libre comercio (TLC), porque buscan profundizar unas políticas que reemplazan el trabajo nacional por el extranjero y destruyen la producción industrial y agropecuaria, privatizan el sector público, le entregan los principales renglones de la economía a las trasnacionales y ponen el Estado al servicio de concepciones no democráticas, sino plutocráticas. En resumen, está probado que el “libre comercio” empobrece a casi todos los colombianos y, peor aún, le arrebata al país la posibilidad de crear riqueza. Colombia sí debe relacionarse con Estados Unidos y con el resto del mundo, pero no con acuerdos de mula y jinete que nos arrebatan la soberanía nacional y nos convierten en una especie de colonia, condición inicua de la que nos liberamos hace doscientos años.