En el senado

Robledo Somos Todos

Sistema de salud mata a los colombianos

José Arlex Arias Arias, La Verdad, Cartagena, junio 27 de 2011

El modelo económico neoliberal convirtió el derecho fundamental a la salud en una vulgar mercancía, cuya relación paciente – empresa se basa en el principio capitalista de la máxima utilidad. Este aspecto implicó que el sistema de salud sufriera grandes transformaciones, para dar ingreso a la especulación financiera de los monopolios.

El nuevo paradigma transformó al paciente en un simple cliente o usuario; y al médico Director del Hospital en Gerente que responde por indicadores de desempeño y conduzca al hospital a ser autosuficiente con generación de utilidades. Esos excedentes, sólo es posible obtenerlos mediante: una oferta de servicios lo más cara posible, o sea con libertad de tarifas; y una racionalización del gasto, es decir, restringir citas, procedimientos y medicina, y abaratar la mano de obra, que significa, bajos salarios, atrasos en su pago, negación de prestaciones sociales, etc.

Para implementar este maquiavélico sistema de salud, el gobierno entregó a los mercaderes la “seguridad jurídica”, basada en la ley 100/93 y sus reglamentaciones, y para la flexibilización laboral dictó la ley 50/90 que permitió el surgimiento de tercerías o intermediaciones laborales como bolsas y agencias de empleo y las Cooperativas de Trabajo Asociado. Es una verdadera conspiración para “tumbarse” los recursos de la salud, unas veces en forma legal y, cuando no es suficiente, lo hacen mediante diversas formas de corrupción.

Las consecuencias, después de 18 años, están saliendo a la luz pública. Los clientes no aguantan más los abusos con su derecho a la salud, al cual todos concurrimos con aportes y el Estado lo hace por quienes no pueden. A su vez, los trabajadores tendrán que organizarse para detener el abuso contra médicos, especialistas, enfermeras, camilleros, administrativos, laboratorios, en general, con los que intervienen en el proceso de garantizar la salud a los colombianos.

Se han estado revelando datos del retroceso de la salud que indican que estamos ante una auténtica hecatombe impulsada desde el Congreso de la República y ejecutada por todos los Presidentes con sus Ministros. Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas aseguró a El Tiempo.com que “los 7,9 puntos del PIB que el país gasta en salud cada año, más de $35 billones, no llegan a la población”. El informe “Carga de enfermedad en Colombia 2008”, de la Universidad Javeriana encontró que “por enfermedades y fallecimientos prematuros el país pierde alrededor de 280 años de vida saludable por cada 1.000 habitantes, 106 años más en promedio que en 1995”. Este indicador refleja la eficiencia del sistema de salud.

Rubén Darío Gómez, de la Facultad Nacional de Salud Pública, afirma que “desde 1990 ha venido aumentando el número de muertes previsibles por causas como las fallas en saneamiento, diarreas, tétanos, malaria, dengue, desnutrición y tos ferina, sólo para señalar algunas. Y todas se pueden prevenir”, insiste. Y el Instituto Nacional de Salud reveló que en 2010 hubo 11.200 casos positivos de tuberculosis, es decir, 50 casos por cada 100 mil personas, cuando la tasa de incidencia para el 2006 era de 23 por 100 mil habitantes; la Organización Panamericana de la Salud ubica al país en el grupo de mayor riesgo por tuberculosis en América. El Dane informó que las muertes por enfermedad cardiaca pasaron de 55,6 casos por cada 100 mil habitantes en el 2005 a 64,6 en el 2008; es la principal causa de muerte y demuestra la deficiencia en el manejo de sus factores de riesgo. La Sífilis congénita registra 2.108 casos en 2010, con un crecimiento significativo desde el 2000, que reportó 945 casos. La incidencia pasó de 1,26 casos por cada 1.000 nacidos vivos en el 2000 a 2,45 en el 2010. En Malaria, en el 2000 la tasa de casos era de 5,9 por 1.000 habitantes, cifra que subió a 6,7 en el 2007; pero la OPS aseguró que Colombia tenía en realidad una tasa de 19,3 casos por 1.000 habitantes, por encima del promedio de América Latina, que es de 11. El Dane informó que en 2008 murieron 12.633 niños, la mayoría por males prevenibles tales como infecciones respiratorias, gastrointestinales y otras alteraciones perinatales.

Con toda esta hecatombe, el gobierno de Santos, en vez de derogar las leyes que la sustentan, les consolida el negocio y planea concentrar el monopolio del sistema de salud en unas pocas EPS.

MECI, herramienta para la Escuela-empresa en la política de privatización de la educación

María Antonieta Cano, Docente del 1278, Bogotá, junio 22 de 2011

El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una metodología que unifica criterios en materia de control para el sector público, estableciendo una estructura para medir la estrategia, la gestión y la evaluación. En educación apunta, substancialmente, a certificar, descentralizar y, finalmente, a “plantelizar” la educación.

Sirve a la hoja de ruta del neoliberalismo que se dirige hacia el desentendimiento del Estado de sus obligaciones con la educación para transferirlas a las esferas locales de cada institución. El deber estatal se reduce a chequear si las normas del MECI se cumplen o, de lo contrario, proceder en la escala de sanciones que pueden llegar hasta el cierre de los planteles.

El MECI surge de la comisión internacional sobre educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe; compuesta por funcionarios que pertenecen a empresas multinacionales o del Banco Mundial, y el PREAL-Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, que trazó las políticas para la región. En el contexto nacional el MECI tiene su origen en la expedición de la Ley 87 de 1993.

El modelo le imprime a la evaluación institucional criterios empresariales, con normas de calidad propias de la productividad industrial. Trata a los estudiantes como objetos, a las familias como clientes y a los profesores como operarios. De ahí que la relación costo-beneficio que evalúa el MECI se mida desde la relación de número de alumnos por profesor, impeliendo a los colegios a aumentar el hacinamiento. También obliga a establecer estándares nacionales e internacionales de pruebas que, dan cuenta, como único indicativo, de la “calidad del servicio/producto”, y como parte del sistema de certificación, determinan cuál o cuáles instituciones educativas permanecen o desaparecen del “mercado”.

Al promover un “mayor nivel de participación ciudadana” en el control y vigilancia de la actividad laboral de los docentes, se da poderes a padres y acudientes, que, como una suerte de “patrones”, atentan contra la autonomía escolar, pasando por encima de sus derechos, su dignidad y su quehacer docente, y establece entre unos y otros una relación en planos de confrontación lejos de la armonía que debe coexistir entre ellos. Los hogares para tener dicha injerencia deben participar en la financiación de colegios.

Según este modelo, el gobierno debe permitir que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos, decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, adecuando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación.

En consecuencia con lo anterior, el MECI mide la promoción de estrategias financieras que alivien las carencias presupuestales estatales. Estrategias que van desde el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, hasta el importe de tarifas especiales para que los estudiantes accedan a cursos de extensión en las áreas que han ido desapareciendo del currículo como las artes y la educación física.

Convertir la educación en una empresa, mediante la implantación de modelos como el MECI, es el objetivo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, –no es casual que haya nombrado a María Fernanda Campo, una empresaria, como ministra-gerente de educación-, trastocando con ello la verdadera concepción de calidad.

A contramano, los docentes debemos anteponer la defensa de la educación pública estatal en la cual la calidad no sea sinónimo de la gestión empresarial sino de la formación integral de los estudiantes en conocimientos científicos y como seres humanos, con acceso a la más alta tecnología para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con garantías laborales, de ingreso, capacitación y estabilidad para los docentes; donde las funciones estén delimitadas entre el Estado que financia y administra y los maestros y directivos que ejercen plena autonomía escolar en su labor pedagógica por el bienestar general de la sociedad.