En 2006, el TLC entre Colombia y Estados Unidos se varó en el Congreso norteamericano no por razones económicas sino políticas. Porque uno idéntico –que también comprueba que la Casa Blanca impone recetas iguales a países distintos– le ratificaron los congresistas republicanos y demócratas al Perú de Alan García. En el desplante a Álvaro Uribe contaron los asesinatos, desapariciones y persecuciones a los sindicalistas colombianos, así como los pleitos de la política interna estadounidense. También jugaron otros hechos poco mencionados: las condiciones de la economía norteamericana, bastante menos malas que las actuales, les permitían a las trasnacionales darse el lujo de desdeñar las nuevas ganancias que el libre comercio les generaría en Colombia, al tiempo que al nuevo jefe del imperio le convenía posar como uno que no permutaba negocios por derechos humanos.

Pero en razón de su naturaleza política, acentuada por la profunda crisis económica estadounidense, Obama coincide cada vez más con su antecesor. Para confirmarlo, ahí está Libia, además de Irak y Afganistán, y que en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, en enero de 2010, prometiera duplicar las exportaciones en cinco años, decisión que puso a andar con la Iniciativa Nacional de Exportaciones (INE) y la Administración de Comercio Internacional (ACI), apalancadas por centenares de millones de dólares, más las presiones a su partido y al sindicalismo norteamericano para que acepten los TLC, aun en contra de las evidencias sobre derechos humanos (http://bit.ly/idloSJ). Entre las indignidades del gobierno de Colombia estuvo irse a Estados Unidos a ayudarle a Obama, repitiendo una verdad que atentaba contra lo que se supone era el deber de los colombianos: que las beneficiadas con el TLC serían las trasnacionales norteamericanas, porque, sin Tratado, otros países se quedarían con el mercado interno de Colombia.

Como se explicó en detalle en los días en que se hizo la mímica de negociar el TLC, cuyo texto había sido definido de antemano por Washington, la nación colombiana verá agravar sus problemas con la profundización del libre comercio (http://bit.ly/dX7EMw). Lo nuevo consiste en que ahora los efectos serás peores, dada la devaluación del dólar –que revalúa el peso–, maniobra montada con todo cálculo por Washington para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones.

En defensa de la dignidad de Colombia, tan escandalosamente mancillada en pos de un tratado que les sirve a pocos pero muy poderosos nacionales, salió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que no picó la carnada de los “avances” en derechos humanos ni de los nuevos condicionamientos norteamericanos y explicó que así en Colombia no les pasara lo que les pasa a los trabajadores, tampoco respaldaría el libre comercio, porque este anquilosa y destruye la producción urbana y rural y el empleo, deteriora las condiciones laborales y sume en el atraso y recoloniza el país.

Lo que resta por saberse es si las trasnacionales de Estados Unidos se saldrán con la suya o si, por el contrario, las fuerzas democráticas norteamericanas, que siguen opuestas al TLC con Colombia, mantendrán paralizada su aprobación, por razones de derechos humanos y porque tampoco le sirve al pueblo de ese país.

Más insumos para el debate del 26 de abril sobre las EPS en el Senado: un estudio del Ministerio de la Protección calculó en un billón de pesos los sobreprecios en medicamentos que las EPS reportaron en 2009. Y la Contraloría General de la República, como parte de una investigación legal motivada por denuncias ciudadanas, ingresó a las oficinas centrales de Saludcoop y puso en sus manos todas las cuentas de la empresa.

Entre los éxitos de las recientes movilizaciones lecheras estuvo que la Súper de Industria decidiera investigar el fraude de presentar como derivados de la leche los mal llamados lactosueros, manipulación que lesiona la nutrición de los niños y la actividad ganadera. Pero con el TLC con Estados Unidos el arancel a los lactosueros bajará de 90 a 0% y podrán importarse en cualquier cantidad.

Como era de esperarse, poco se supo que 70 mil polistas votaron en las elecciones internas del Partido en Bogotá, un resultado excelente, difícil de igualar. A los adversarios viejos y nuevos: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.

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En Toca, Siachoque, Samacá y otros seis municipios boyacenses, colas de campesinos enruanados se apostaron desde las ocho ante las mesas de votación, instaladas en alcaldías y colegios. En la misa dominical, durante las semanas precedentes, los curas párrocos habían invitado en la homilía a dar el voto negativo y le habían cedido la palabra al dirigente de Salvación Agropecuaria para que promoviera la jornada. Tanto allí como en Nariño y Cundinamarca se hizo presente en los comicios la Registraduría Nacional para garantizar la transparencia. Los colegios agropecuarios colaboraron enviando a los alumnos a servir de testigos. A la tarea se sumaron también las juntas comunales y los gremios, los comités veredales, las asociaciones de padres de familia y, en varios casos, como en Gachantivá, los concejos en pleno y los alcaldes.

Desde el inicio mismo de la negociación venía requiriéndole Robledo al presidente Uribe citar a una consulta popular para verificar si la ciudadanía respaldaba el Tratado o lo impugnaba. Ni siquiera fue oído, como era de esperarse. A espaldas del país, entre tanto, los funcionarios colombianos seguían cocinando el embuchado con la cuerda de Washington. Se plegaron sumisos a todas las demandas y, como lo previera Robledo, “cedieron, cedieron y cedieron hasta llegar a la genuflexión final”. Se firmó así un TLC que convierte a Colombia en colonia de Estados Unidos.

Al no obtener respuesta del gobierno, Robledo, por su cuenta, se dio a impulsar la idea de adelantar consultas con los damnificados. Contó con el apoyo de Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, de los líderes del Mandato Indígena Itinerante y Popular, de Eudoro Álvarez, director ejecutivo de Agameta, y de gremios como Asoprado, Asocombeima, Usosaldaña y Asorrecio, que agrupan los distritos de riego del Tolima.

El proyecto cristalizó. El 6 de marzo de 2005 se llevó a cabo la primera de las consultas en Toribío, Silvia, Páez, Inzá, Caldono y Jambaló, municipios caucanos. Llegaron a las urnas 51.330 indígenas, 98% por el no. Tres meses después votaron por el no siete mil empresarios arroceros del Tolima y el Huila, el Meta y Casanare, la abrumadora mayoría del sector, incluidos algunos de los grandes. Y el 4 de septiembre, en las altiplanicies de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, votaron por el no 20.852 productores de clima frío, entre paperos, lecheros y trigueros. “Los campesinos y agricultores colombianos no están dispuestos a claudicar”, fue el comentario de Robledo al hacer el balance del exitoso plebiscito.

Tampoco están dispuestos a plegarse los indígenas nasas y guambianos, que votaron en masa contra el TLC, conscientes de que atenta contra la biodiversidad del país y los conocimientos ancestrales. El Tratado suscrito por Uribe y ya aprobado por el Congreso colombiano permite patentar los seres vivos y la riqueza biogenética.

Como lo esclareciera Robledo, abrirles las compuertas a las importaciones subsidiadas, tal como lo dispone el TLC, equivale a dictarles la sentencia de muerte al arroz colombiano y el maíz, para obligarlos a correr la misma suerte que padecieron hace décadas el trigo y cebada, como también a la industria avícola, los lácteos y cárnicos, la papa y los aceites. Salvaguardarlos es entonces un asunto de soberanía alimentaria y de seguridad nacional. Los imperios suelen cercar por hambre a las naciones que intentan rebelarse.

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No valieron de nada los vetos y bravatas, como tampoco las fáciles promesas de bonos salariales hechas sobre el terreno por afanados capataces, pues la plaza se vio colmada al mediodía por no menos de cinco mil trabajadores, resueltos todos ellos a lanzarse a un paro indefinido si los patronos agrupados en Asocaña se negaban a negociar el pliego único, cuyo punto central era el de la contratación intermediaria. Ya el problema había dado pie a múltiples protestas y a un cese de actividades en mayo del año 2005. Robledo lo abordó en varios debates, en los que hizo directa referencia a las Cooperativas de Trabajo Asociado y denunció: “El gobierno usurpa el nombre del cooperativismo para montar un régimen de negreros”.

A la audiencia de Pradera se habían comprometido a asistir algunos senadores uribistas, que a la hora de nona no solo declinaron la invitación, sino que decidieron sabotear el acto. Secundados por las autoridades, esgrimieron contra la gente toda clase de estratagemas. Según lo declaró uno de ellos, el paro resultaba improcedente, pues los salarios percibidos en la región eran “muy altos”. No es cierto, le replicó Robledo aquella tarde al presentar su apoyo al pliego único de peticiones. “Aquí lo que se expresa no es otra cosa que pobreza y miseria, por los bajos salarios, el encarecimiento de los precios de la comida, el boleteo mensual de las tarifas de los servicios públicos que suben y suben quitándoles a los colombianos el pan de la boca. Es de hambre, doctor Álvaro Uribe Vélez, es de hambre, doctor Andrés Felipe Arias, es de hambre de lo que están hablando hoy aquí en Pradera los corteros de caña y los indígenas colombianos”.

Robledo hablaba con conocimiento de causa. Para un obrero que en promedio cortara al mes un poco más de cien toneladas, el salario no superaba los $600.000, de los cuales tenía que pagar $60.000 por seguridad social y cuota de afiliación a la cooperativa, $25.000 por el transporte al sitio de trabajo, $35.000 por herramientas y dotación, que también siempre corrían por su cuenta, $100.000 por el arriendo de la casa y $50.000 por los servicios. ¿Qué le quedaba a él para atender a la alimentación, el transporte, la salud y la educación de su familia?

El del cortero es un trabajo duro, mal pago y de alto riesgo, pues se labora siempre a la intemperie, bajo un calor de 40 grados o bajo el aguacero. El manejo del machete produce una enfermedad profesional en la muñeca llamada manguito rotador. Son muy frecuentes los hongos en las manos causadas por los guantes, como también la bagazosis, causada por la pelusa y el bagazo. Tan resbalosos se ponen en invierno los guantes, que la gente suele cortarse con el mismo machete. La mala posición, porque se trabaja agachado las diez horas, suele causar calambres y severos problemas de columna, como también dolores en el codo, pero las ARP se niegan a reconocer las enfermedades profesionales.

Fue para mejorar las condiciones de trabajo y salario por lo que nueve mil obreros se lanzaron al paro en ocho de los trece ingenios el lunes 15 de septiembre, justo a las tres de la mañana, hora precisa en que se dio por celular la escueta orden a los caudillos de los frentes: “Compañero, empezó”. Poco después, centenares de pequeñas carpas y cambuches rodearon las porterías.

La zona azucarera fue militarizada y el ministro Diego Palacio se empeñó desde aquel instante en ilegalizar el movimiento, alegando que “bajo este modelo de contratación”, los corteros, como asociados de una cooperativa, son empresarios y trabajadores al mismo tiempo y por lo tanto “no pueden ejercer el derecho de negociación colectiva, ni votar la huelga”.

La segunda visita de Robledo, que viajó al Valle en una delegación de congresistas enviada por el Polo, se llevó a cabo en medio de la huelga y fue acogida con entusiasmo. En otro viaje a Cali, e intentando mediar en el conflicto, Robledo hizo un esfuerzo por traer a la mesa a los negociadores de Asocaña, pero se tropezó con la más cruda intransigencia. El acuerdo que puso término a la huelga y que trajo consigo significativos avances logró firmarse al fin a mediados de noviembre. Es la más larga hecha en toda su historia por los corteros de la caña.

Apoyada por Robledo, la resistencia civil de los cafeteros arrancó del gobierno los planes de ayuda que se negaba a dar. Cien mil caficultores vieron condonadas impagables deudas (de hasta 20 millones, en pesos de hoy) y mantuvieron la propiedad sobre las fincas. El desenlace es conocido, pero merece especial atención la historia previa, esa en la que hombres, mujeres y niños, decidieron alzar la voz y emprender una lucha contra una política que en pocos años echó al traste lo construido en décadas de trabajo, y de la que aún reciben sus influjos.

El fin del Pacto Internacional del Café en 1989 devino en una estruendosa caída del precio internacional del grano que, junto con las pérdidas acarreadas por una tasa de cambio revaluada, obligó a campesinos y empresarios de la rubiácea a vender por debajo de los costos. El desplome de los ingresos redujo las prácticas agrícolas y la productividad de los cultivos, creando un círculo vicioso de menos ingresos. En las fincas se elegía entre desyerbar, fumigar, abonar o ninguna de las anteriores. Incluso era “mejor” dejar los granos en los cafetos que recolectarlos. A los 560 mil caficultores, además, los agobiaba y esquilmaba una deuda de 260 mil millones de pesos, que el gobierno se negaba a condonar. A la calamitosa situación se sumaron la broca y un rebrote de la roya, plagas que anidaron en la diezmada economía cafetera, convirtiéndose en el detonante del inconformismo cafetero.

Los cafeteros, acosados por el precio, el crédito y la broca, y necesitados de condonación de deudas, asistencia técnica y respaldo del Estado, vieron en Robledo y en la Unidad Cafetera un apoyo presto a defenderlos con ahínco y abnegación de las malas aguas del “libre comercio”. Fundada en 1992 y producto de la fusión entre Aprocafé y la Unión Cafetera Nacional, Unidad Cafetera condensó en su plataforma las necesidades de los productores: Precio remunerativo, condonación de deudas, emergencia sanitaria y defensa de las instituciones cafeteras. Este programa unificó a miles de productores y ganó la solidaridad de organizaciones sociales, gremiales y políticas de diversos orígenes. Desde púlpitos, plazas, y sedes legislativas, políticas y gremiales se llamó a los agricultores a participar en la protesta y a la población, a la solidaridad. Los buses iban y venían. Se colmaban las plazas en Armenia, Pereira, Manizales y Bogotá, y así se construyó un movimiento que desembocó en el paro del 19 de julio. Cafeteros de un centenar de municipios se movilizaron para reclamar del Estado atención y solución a las penurias acumuladas.

El presidente del Congreso de aquel entonces remitió al Jefe de Estado, el 17 de julio de 1995, una carta en la que además de respaldar la protesta de los agricultores le decía: “La angustia de los cafeteros no da más espera. (…) La situación llegó al límite de tolerancia, señor Presidente.” Los alcaldes del Eje Cafetero expresaron estar de acuerdo con el movimiento. Fenalco Risaralda invitó a la solidaridad. Asambleas y Concejos también declararon su apoyo. Algunos sectores de la Federación de Cafeteros respaldaron además de los cuatro puntos defendidos por Unidad Cafetera, la movilización. Los sindicatos y las centrales obreras también remitieron mensajes de respaldo. El paro cafetero enseña que un programa y una táctica acertados pueden unificar a la población y sembrar hitos que sirvan a la brega por la transformación democrática que Colombia necesita.

Poco más de catorce años han pasado desde aquel 19 de julio. En la retina de miles de cafeteros está aquella valerosa lucha, que tuvo a Robledo entre uno de sus líderes. Hoy, desde el Senado, Robledo continúa apoyando a Unidad Cafetera, a sus líderes y a las miles de familias que derivan su sustento del café. Los debates, artículos, conferencias, cartas y recorridos por las zonas cafeteras son prueba de la inclaudicable e incólume posición de Robledo en defensa de los cafeteros. Ante una cosecha que cae, una alta burocracia cafetera dedicada a negocios que separen su suerte personal de la de los cafeteros y ante la falta de respuestas gubernamentales, empresarios y campesinos muy seguramente se aprestarán a llevar la lucha más allá de las faenas. Se dé o no tal situación, los cafeteros tienen la certeza de que en Robledo siempre hallarán a un hombre presto a apoyarlos y a servir de caja de resonancia de sus penurias, aún protuberantes y crecientes.

Bogotá, 13 de enero de 2010

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