En 2006, el TLC entre Colombia y Estados Unidos se varó en el Congreso norteamericano no por razones económicas sino políticas. Porque uno idéntico –que también comprueba que la Casa Blanca impone recetas iguales a países distintos– le ratificaron los congresistas republicanos y demócratas al Perú de Alan García. En el desplante a Álvaro Uribe contaron los asesinatos, desapariciones y persecuciones a los sindicalistas colombianos, así como los pleitos de la política interna estadounidense. También jugaron otros hechos poco mencionados: las condiciones de la economía norteamericana, bastante menos malas que las actuales, les permitían a las trasnacionales darse el lujo de desdeñar las nuevas ganancias que el libre comercio les generaría en Colombia, al tiempo que al nuevo jefe del imperio le convenía posar como uno que no permutaba negocios por derechos humanos.

Pero en razón de su naturaleza política, acentuada por la profunda crisis económica estadounidense, Obama coincide cada vez más con su antecesor. Para confirmarlo, ahí está Libia, además de Irak y Afganistán, y que en su primer discurso sobre el Estado de la Unión, en enero de 2010, prometiera duplicar las exportaciones en cinco años, decisión que puso a andar con la Iniciativa Nacional de Exportaciones (INE) y la Administración de Comercio Internacional (ACI), apalancadas por centenares de millones de dólares, más las presiones a su partido y al sindicalismo norteamericano para que acepten los TLC, aun en contra de las evidencias sobre derechos humanos (http://bit.ly/idloSJ). Entre las indignidades del gobierno de Colombia estuvo irse a Estados Unidos a ayudarle a Obama, repitiendo una verdad que atentaba contra lo que se supone era el deber de los colombianos: que las beneficiadas con el TLC serían las trasnacionales norteamericanas, porque, sin Tratado, otros países se quedarían con el mercado interno de Colombia.

Como se explicó en detalle en los días en que se hizo la mímica de negociar el TLC, cuyo texto había sido definido de antemano por Washington, la nación colombiana verá agravar sus problemas con la profundización del libre comercio (http://bit.ly/dX7EMw). Lo nuevo consiste en que ahora los efectos serás peores, dada la devaluación del dólar –que revalúa el peso–, maniobra montada con todo cálculo por Washington para aumentar las exportaciones y reducir las importaciones.

En defensa de la dignidad de Colombia, tan escandalosamente mancillada en pos de un tratado que les sirve a pocos pero muy poderosos nacionales, salió la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que no picó la carnada de los “avances” en derechos humanos ni de los nuevos condicionamientos norteamericanos y explicó que así en Colombia no les pasara lo que les pasa a los trabajadores, tampoco respaldaría el libre comercio, porque este anquilosa y destruye la producción urbana y rural y el empleo, deteriora las condiciones laborales y sume en el atraso y recoloniza el país.

Lo que resta por saberse es si las trasnacionales de Estados Unidos se saldrán con la suya o si, por el contrario, las fuerzas democráticas norteamericanas, que siguen opuestas al TLC con Colombia, mantendrán paralizada su aprobación, por razones de derechos humanos y porque tampoco le sirve al pueblo de ese país.

Más insumos para el debate del 26 de abril sobre las EPS en el Senado: un estudio del Ministerio de la Protección calculó en un billón de pesos los sobreprecios en medicamentos que las EPS reportaron en 2009. Y la Contraloría General de la República, como parte de una investigación legal motivada por denuncias ciudadanas, ingresó a las oficinas centrales de Saludcoop y puso en sus manos todas las cuentas de la empresa.

Entre los éxitos de las recientes movilizaciones lecheras estuvo que la Súper de Industria decidiera investigar el fraude de presentar como derivados de la leche los mal llamados lactosueros, manipulación que lesiona la nutrición de los niños y la actividad ganadera. Pero con el TLC con Estados Unidos el arancel a los lactosueros bajará de 90 a 0% y podrán importarse en cualquier cantidad.

Como era de esperarse, poco se supo que 70 mil polistas votaron en las elecciones internas del Partido en Bogotá, un resultado excelente, difícil de igualar. A los adversarios viejos y nuevos: “Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud”.

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En Toca, Siachoque, Samacá y otros seis municipios boyacenses, colas de campesinos enruanados se apostaron desde las ocho ante las mesas de votación, instaladas en alcaldías y colegios. En la misa dominical, durante las semanas precedentes, los curas párrocos habían invitado en la homilía a dar el voto negativo y le habían cedido la palabra al dirigente de Salvación Agropecuaria para que promoviera la jornada. Tanto allí como en Nariño y Cundinamarca se hizo presente en los comicios la Registraduría Nacional para garantizar la transparencia. Los colegios agropecuarios colaboraron enviando a los alumnos a servir de testigos. A la tarea se sumaron también las juntas comunales y los gremios, los comités veredales, las asociaciones de padres de familia y, en varios casos, como en Gachantivá, los concejos en pleno y los alcaldes.

Desde el inicio mismo de la negociación venía requiriéndole Robledo al presidente Uribe citar a una consulta popular para verificar si la ciudadanía respaldaba el Tratado o lo impugnaba. Ni siquiera fue oído, como era de esperarse. A espaldas del país, entre tanto, los funcionarios colombianos seguían cocinando el embuchado con la cuerda de Washington. Se plegaron sumisos a todas las demandas y, como lo previera Robledo, “cedieron, cedieron y cedieron hasta llegar a la genuflexión final”. Se firmó así un TLC que convierte a Colombia en colonia de Estados Unidos.

Al no obtener respuesta del gobierno, Robledo, por su cuenta, se dio a impulsar la idea de adelantar consultas con los damnificados. Contó con el apoyo de Ángel María Caballero, presidente de Salvación Agropecuaria, de los líderes del Mandato Indígena Itinerante y Popular, de Eudoro Álvarez, director ejecutivo de Agameta, y de gremios como Asoprado, Asocombeima, Usosaldaña y Asorrecio, que agrupan los distritos de riego del Tolima.

El proyecto cristalizó. El 6 de marzo de 2005 se llevó a cabo la primera de las consultas en Toribío, Silvia, Páez, Inzá, Caldono y Jambaló, municipios caucanos. Llegaron a las urnas 51.330 indígenas, 98% por el no. Tres meses después votaron por el no siete mil empresarios arroceros del Tolima y el Huila, el Meta y Casanare, la abrumadora mayoría del sector, incluidos algunos de los grandes. Y el 4 de septiembre, en las altiplanicies de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, votaron por el no 20.852 productores de clima frío, entre paperos, lecheros y trigueros. “Los campesinos y agricultores colombianos no están dispuestos a claudicar”, fue el comentario de Robledo al hacer el balance del exitoso plebiscito.

Tampoco están dispuestos a plegarse los indígenas nasas y guambianos, que votaron en masa contra el TLC, conscientes de que atenta contra la biodiversidad del país y los conocimientos ancestrales. El Tratado suscrito por Uribe y ya aprobado por el Congreso colombiano permite patentar los seres vivos y la riqueza biogenética.

Como lo esclareciera Robledo, abrirles las compuertas a las importaciones subsidiadas, tal como lo dispone el TLC, equivale a dictarles la sentencia de muerte al arroz colombiano y el maíz, para obligarlos a correr la misma suerte que padecieron hace décadas el trigo y cebada, como también a la industria avícola, los lácteos y cárnicos, la papa y los aceites. Salvaguardarlos es entonces un asunto de soberanía alimentaria y de seguridad nacional. Los imperios suelen cercar por hambre a las naciones que intentan rebelarse.

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