Dos multitudinarias movilizaciones se realizaron en contra de las minas de oro a cielo abierto de Medoro Resources en Marmato, Caldas, y de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima. En el primer caso, pretenden destruir el casco urbano de la población, incluida alcaldía, iglesia, escuelas, hospital y viviendas, causando un pueblicidio y un auténtico desplazamiento. Y en el segundo, dejarían sin agua sufíciente a una amplia región que se surte del río Coello. La codicia de poderosos inversionistas extranjeros y de sus socios nativos, respaldados por el gobierno nacional, versus el patrimonio económico, social y cultural de comunidades asentadas allí desde hace siglos.

La Colosa, en Cajamarca, queda en un área de reserva forestal de alta y muy alta importancia ambiental y en el nacimiento del río Coello, que baña siete municipios del Tolima, entre ellos Espinal, donde le da vida a Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Como estos proyectos mineros son de altísimo consumo de agua, para utilizar inmensas cantidades de cianuro al día, hay una contradicción insalvable con el agua de uso humano y agropecuario, entre otros problemas ambientales.

Si el debate sobre la conveniencia y legalidad de La Colosa se diera sin las presiones que suelen acompañar los grandes proyectos mineros, y más con los altos precio del oro y el muy cuestionado estilo de Anglo Gold Ashanti, este proyecto ya se habría hundido. Pero su trámite empezó mal. Un día, Álvaro Uribe anunció, como un éxito suyo, que esa sería la mina de oro más grande del mundo, afirmación que implicó que su gobierno y el de Santos esgrimirían su poder para imponerla. Sobre la supuesta lotería que se ganaron los tolimenses hay que decir que las regalías para Colombia son de apenas el 3.2 por ciento, y que de eso a ellos, por la reciente reforma, les tocará algo muy cercano al nada por ciento. Luego sus condiciones serán incluso peores que las de otros proyectos mineros, donde las gentes de las regiones no salieron de la pobreza y sí reciben los impactos negativos.

Las inconveniencias e ilegalidades de La Colosa se plantean desde hace años. En 2008, Cortolima, la autoridad ambiental, ordenó suspender la exploración. Y el año siguiente, Diego Alvarado Ortiz, Procurador Agrario y Ambiental del Tolima, le demostró al Minambiente que el proyecto violaba la ley. Pero Anglo Gold Ashanti, con el respaldo del alto gobierno, gasta millones para poner a su favor a la opinión pública. Tan cínica es su actitud, que hace poco le quitó el patrocinio al Festival del Folclor de Ibagué porque en los desfiles participan comparsas estudiantiles que critican a La Colosa.

Las movidas oficiales para imponer los proyectos mineros de las trasnacionales pasan de castaño a oscuro. El 6 de agosto de 2010, el Minambiente les quitó a las CAR el control del agua en la exploración minera, y la reforma de estos entes tiene como primer objetivo arrebatarles su autonomía para volverlas aparatos de bolsillo del Jefe del Estado e instrumentos de la aplanadora minera.

Lo que se mueve en Ibagué debe hacer sonar las alarmas de los demócratas. Carmen Sofía Bonilla, la valerosa directora de Cortolima, apoyada en estudios del Ideam, declaró “agotado el recurso hídrico” en el río Coello, lo que significa que no pueden otorgarse nuevas concesiones de agua –ni a Anglo Gold Ashanti ni a nadie–, porque el caudal que hay apenas si alcanza para los actuales usuarios, cuyo consumo humano y agropecuarios es legalmente prioritario. Y el problema tiende a complicarse porque el Ideam también ha dicho que en el Coello será grave el impacto del calentamiento global. Ante la declaratoria, un alto funcionario de la Gobernación presionó en la junta directiva de Cortolima para que la directora echara atrás la decisión, al tiempo que blandía unos papeles de la Contraloría que no tenían por qué estar en sus manos. El personaje quedó en ridículo y al desnudo cuando se mostró una resolución suya, de cuando él fue director de Cortolima, que declaraba “agotado el recurso hídrico” en el Coello.

Llamo al gobierno nacional a jugar limpio en el Tolima y a los tolimenses a sostener en alto su reconocida dignidad. Y llamo a los organismos de control a no permitir que funcionarios suyos sirvan de martillos contra una funcionaria que cumple con su deber.

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Daniel Samper Pizano fue de los pocos colombianos que me interesé por conocer en persona cuando me eligieron senador. Porque luego de décadas de leerlo, me pareció que valía la pena, en razón de sus convicciones en aspectos cruciales, entre ellos, el valor civil para decir verdades que en Colombia suelen silenciarse, como las prácticas vitandas de Estados Unidos y el neoliberalismo, o su actitud democrática ante los problemas del pueblo y el medio ambiente. Como expresión de unas coincidencias genuinas, él ha anunciado que vota por mí, respaldo que considero muy valioso.

No obstante, este artículo es la réplica a uno suyo en el que criticó mis puntos de vista sobre el gobierno de Juan Manuel Santos, luego de que yo dijera que era difícil encontrar hoy analistas independientes y descalificara de plano el exagerado santismo. Mi crítica a la falta de independencia no se refería a que fueran fletados, aunque también los hay, sino a que tanto gobiernismo los hacía perder objetividad. Explico por qué pienso que Samper se equivoca en su valoración de Santos.

El Polo saludó recurrir a la diplomacia para tratarse con Chávez. Pero eso no niega que Santos se somete a la Casa Blanca con la misma indignidad que Uribe: Consenso de Washington, TLC, respaldo a las invasiones norteamericanas a Afganistán, Irak y Libia y acatamiento a la Casa Blanca sobre el Estado palestino, por ejemplo. Para disipar cualquier confusión, Santos, sumiso, explicó: “Yo soy pro estadounidense” (Semana, Feb.12.11). Frente a la producción, el desempleo y la pobreza, determinantes al calificar a un jefe de Estado, Santos ratificó la concepción plutocrática de la “confianza inversionista”, causa de la desgracia de tantos. Ahí están sus leyes de salud, educación, sostenibilidad fiscal, empleo, etc. Y coincide con Uribe en el propósito de arrodillar a los jueces.

Si la ley de víctimas no fuera tan mediocre y cicatera, aunque tapen sus efluvios quemando incienso, tampoco compensaría la decisión de Santos de continuar con los TLC, privilegiar las “grandes explotaciones agropecuarias” y cambiar la ley para entregarles los baldíos nacionales, millones de hectáreas, no a los campesinos, sino a los monopolistas nacionales y extranjeros. ¡La política de mayor concentración de la tierra de la historia de Colombia! Busca además pasarles las fincas a los productores “más eficientes”, como indica el Banco Mundial, incluida las que restituyan, y convertir en peones o en siervos a los campesinos. Juan Camilo Restrepo explicó que los pobres que vayan a Carimagua serán “socios” del “operador” que invierta entre 300 y 400 millones de dólares, y que ese es el modelo para el país. La alianza de la mula y el jinete.

Daniel Samper muestra el origen de la controversia al decir que muchos de los que descalificaron a Santos por “su oportunismo o desdén por la verdad ahora lo apoyan”, porque, supongo, la Presidencia lo cambió, aunque, agrega, “incurre en populismos que chirrían”. Pero Santos no ha abandonado su oportunismo ni su desdén por la verdad. Los emplea con mayor descaro. Se acomoda al repudio de tantos a Uribe, no para hacer cambios de fondo que saquen a la nación de la postración, sino para hacer retoques demagógicos y lograr los mismos objetivos de su expatrón. Su populismo llega a tanto, que fue capaz de traicionar a Uribe, no en lo de fondo sino en las formas, pero las formas también eran parte de unos acuerdos sin los cuales no llega a la Presidencia.

La verdadera diferencia entre Uribe y Santos reside en que el segundo es solapado. Porque como él mismo lo explicó resaltando sus coincidencias fundamentales con Uribe, no fuera que se le confundiera algún magnate: “Hay varias maneras de hacer un cocido”, en este caso el de las incontables políticas regresivas que hunden a Colombia en el desastre económico, social y político.

La escogencia de Angelino ilustra la importancia que Santos le concede a afinar su capacidad de engaño. El exsindicalista –y pastranista y uribista–, no escala por sus dotes de estadista. Su gracia –para los neoliberales– se reduce a que un día fue algo que ya no es, y no lo avergüenza decir que sigue siendo el mismo, falsedad que le amplifican los mandamases del statu quo. Y lo peor es que engañan porque rinde frutos: Uribe fracasó en su objetivo de dividir el movimiento sindical y Santos y Angelino lo lograron con rapidez, en parte porque ofrecen el manto de su falso progresismo. Aunque pueda molestar a quienes respeto, considero mi deber llamar a no dejarse llevar por cantos de sirenas calculados para hacer de Colombia un país con todavía más desigualdad social.

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Terminó por saberse que Saludcoop le pagó al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, 144 millones de pesos por un “estudio” en el que este le aconsejaba ampliar la integración vertical para aumentar sus ganancias, a pesar de que esta práctica induce a la corrupción en el sistema de salud. Ya está comprobado que el minhacienda mintió cuando dijo que no participó en el trámite de la reciente reforma a la salud que favoreció a las EPS (http://bit.ly/iRSvXe). Se supo al menos de otro “estudio” de Echeverri para Afidro, la organización de las trasnacionales de los medicamentos, en el que condena como lo peor todo control de precios, aunque se sabe que el descontrol facilita abusos y corruptelas. Bastante cuenta en la conocida soberbia de Echeverri disfrutar del respaldo de tan poderosos negociantes.

Entre las incontables formas de asaltar el sistema de salud –asalto que tiene como primera causa la Ley 100, creada para servirle a la intermediación de las EPS– están las marrullerías de las trasnacionales de los medicamentos, que incluso cobran en Colombia precios mayores que los que cobran en otros países. Por ejemplo, el tratamiento con Ciprofloxacina de marca es el más caro del mundo. O el Rituximab, que en Chile cuesta 2.000 dólares y en Colombia se pagaba a 3.500 y que, todavía ahora, con un insuficiente control, fruto de la presión de la Federación Médica, cuesta 2.500. O el del antihemofílico Factor VIIa recombinante (de 60 KUI), cuyo precio promedio internacional es de 2.8 millones de pesos pero que el gobierno de Colombia autoriza recobrar a 7.4 millones.

El ministro Santa María –quien se ganó el cargo por sus servicios a Fedesarrollo, cuna del neoliberalismo en Colombia– dijo que “el principio general es que existe libertad de precios” de los medicamentos, al igual que de los demás costos de la salud, “pues los precios son el resultado de la libre competencia”, como si no se supiera que el primer propósito de las EPS y las trasnacionales se dirige a que no haya competencia, objetivo que les facilitan la Ley 100 y un Estado sometido a sus intereses, de manera que puedan imponer los precios a su amaño. En su lucha por conseguir precios de monopolio, que provocan enfermedad y muerte, los negociantes globales de las medicinas fueron capaces de inventarse los productos “de marca” falsa, que son los mismos genéricos disfrazados de productos “de marca” a punta de gastos en publicidad.

Es tan agresiva la política de las trasnacionales de los medicamentos para imponer el monopolio, que el gobierno de Estados Unidos, actuando a su servicio, presiona a los otros países para que alarguen los tiempos de las patentes, uno de los principales objetivos de los TLC, como el que se le impuso a Colombia. En 2006, Afidro amenazó incluso al ministro de Comercio con aplicarle al país la cláusula de expropiación indirecta, una de las más agresivas e inicuas del TLC, porque este se atrevió a pensar en un tipo menor de control de precios a algunas medicinas.

Con todo cinismo, ya salieron las EPS a hacer alarmismo sobre una catástrofe si se hacen cambios de fondo al sector de la salud, cuando la catástrofe primordial son ellas mismas, cuya necesidad de existir solo se sustenta en los cálculos de los intermediarios financieros que se las inventaron. Toda organización de la salud debe gastar en médicos, medicinas, procedimientos hospitalarios y de otro tipo y administración. Pero no son necesarias unas EPS que se pagan la administración de los recursos y, además, se sacan como ganancias suyas una parte importante de los recursos que hacen falta para atender a los colombianos. Si en otros países del mundo, donde la salud funciona bastante bien, no se necesita de parásitas como las EPS, ¿por qué aquí sí?

Veinte años de paños de agua tibia a la Ley 100, que es la ley de las EPS, con el cuento de que van “arreglarla”, solo han servido para acrecentar el cáncer de los abusos y las corruptelas. Y ahora, cuando el mal ya casi arruina del todo al conjunto del sistema de salud, salen Santos, Echeverri y Santa María a decir que la solución es sacar un par de manzanas podridas y continuar con las EPS, es decir, con más del mismo menjurje que lesiona y humilla a los colombianos desde hace dos décadas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hundió la conciliación entre la Superintendencia de Salud y Saludcoop, negocio que, como se dijo aquí, de manera ilegal le pasaba al patrimonio de la EPS 627 mil millones de pesos a los que no tenía derecho. Esa plata se salvó para la salud. Pero no fue por obra del gobierno nacional.

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En nada sorprende la intervención de SaludCoop. Porque los hechos eran tan graves y de tanto tiempo que el tapen-tapen ya no daba más, asediado por las acusaciones de quienes no se dejaron silenciar. A Santos y a Angelino, que nunca dijeron ni pío, les tocó montarse en las denuncias, no fuera que los superaran los acontecimientos, luego de que fracasara el intento del minprotección, Mauricio Santa María, de silenciar la gran sobrefacturación de medicamentos del Grupo SaludCoop detectada por la Universidad Nacional de Colombia, al igual que otros casos que se denunciaron en el Senado. Quien revise las posiciones y las fechas verá que el gobierno se movió tarde y a regañadientes (http://bit.ly/jpna5G).

El que tenga que responder ante la justicia que responda, y que esta le garantice el debido proceso. Pero este problema no puede limitarse a un caso penal. Es bastante más complejo. Se está ante un sistema, el de la Ley 100 de 1993 –en cuyo diseño participaron Gaviria, Santos y Uribe–, perverso, torcido, que induce y facilita cualquier desproporción, hasta terminar navegando en un mar de pus. Porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de la nación, lo que significa que primero son las ganancias de los intermediarios y luego lo demás. A mucha gente la enferma y la mata la Ley 100.

El sistema es tan sesgado que el gobierno les da a las EPS del contributivo 500 mil pesos por afiliado al año, para que de ellos se paguen los derechos de salud. Pero también les dice que de esos 500 mil pesos saquen sus ganancias, con lo que las empuja a la peor práctica: cuanto menos medicamentos, especialistas y hospitalizaciones les den a los pacientes, más plata ganan los negociantes de la salud. Otro caso. Una EPS puede reportar que una pastilla de acetaminofén o lavar una sábana le costó una suma estrambótica, hasta la más absurda, y ello no solo no es ilegal sino que puede no suscitar reclamo alguno, porque las normas dicen que no hay control de precios y que estos los determina la “libre competencia” entre las EPS. Árbol que nace torcido…
Además de que la Ley 100 genera este espanto, sus desarrollos normativos, tan neoliberales como la propia ley, contribuyen al saqueo de los recursos públicos. Tal el caso de la integración vertical entre las EPS y las IPS (clínicas, por ejemplo), que puede llevar a que un gerente de una EPS que a su vez sea socio de una IPS organice las cosas para cobrar altos precios por los servicios, de manera que la IPS defrauda a la EPS y al sistema de salud, pero el gerente se enriquece. Y son muchas más las formas como se saquean los recursos de la salud.

Aplicadas las necesarias sanciones, lo principal es el debate de fondo. ¿Va a cambiarse el modelo de salud o van a fritar unos peces flacos y hasta gordos para que todo siga igual? ¿Cambiarán a unos vivos poderosos por otros más vivos y más poderosos? El negocio es tan grande –27 billones de pesos en lo público– que alborota la codicia hasta en Wall Street. El ministro Santa María, fiel a su dogmatismo interesado, dijo que era absurdo derogar la Ley 100, cuando lo absurdo es no derogarla, porque ella es la causa del problema. La corrupción es la fiebre y la enfermedad es el modelo económico de salud, sin cuyo reemplazo nada se modificará de verdad e incluso puede empeorarse.
Lo principal que hay que comprender es que las EPS sobran, no se necesitan en un sistema de salud. Cualquier sistema exige gastar en médicos, enfermeras, medicinas y procedimientos, en clínicas y otros centros de atención, tanto públicos como privados, y también en gerentes y administradores en general. Pero las EPS, tras el pretexto de que administran los recursos públicos, cobran lo que cuesta la administración y, además, sacan grandes ganancias para hacer con ellas lo que se les antoje, utilidades que hacen falta para darles buena salud a los colombianos.

La dificultad para cambiar de fondo el modelo de salud es que la Ley 100 cuenta con amigos poderosos: el cartel de las EPS de ahora y del futuro, el sector financiero, las cúpulas de los partidos santistas, el jefe del Estado y la Casa Blanca, que mediante el libre comercio impone la salud como negocio y el libertinaje en los precios de los medicamentos y demás gastos. La ventaja es que crece un gran movimiento por la salud y la dignidad nacional que exclama: ¡Basta ya! ¡No más abusos y corruptelas! ¡No más humillaciones! ¡La salud debe ser un derecho y no un negocio! Este es, sin duda, el gran debate democrático del momento en Colombia.

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Un estudio del CID-ICC de la Universidad Nacional de Colombia, contratado por el Ministerio de Salud-CRES, encontró que en 2009 los gastos en salud de las EPS se incrementaron en 24% –¡con una inflación en ese año de 2%!–, que un 79% de ese gran incremento obedece a los medicamentos y que solo tres EPS de las 21, pertenecientes al mismo grupo económico –Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca–, fueron las responsables del aumento. Porque mientras estas reportaron un gasto promedio por afiliado de 207 mil pesos, la restantes informaron haber gastado, también en promedio, 36 mil pesos, una diferencia de 5.7 veces, la cual, al multiplicarse por el número de afiliados de las tres, muestra que registraron una sobrefacturación por 825 mil millones de pesos.

El estudio de la Nacional también señala que el valor de los medicamentos informado por Saludcoop supera en porcentajes enormes los promedios reportados por el resto de las EPS: por ejemplo, 246% más en Loratadina, 87% más en Acetaminofén y 34% más en Ibuprofeno.

Fue tan certero y escandaloso el hallazgo del estudio de la Nacional –que analiza cifras aportadas por las propias EPS y con medicamentos corrientes, del POS–, que el gobierno lo reconoció como válido el 29 de diciembre de 2010 y que el 11 de enero pasado el Ministerio de Salud les solicitó a la Contraloría y a las superintendencias de Salud e Industria que investigaran el caso.

A estos hechos se les suma otro que puede ser peor, porque incluye una voltereta oficial. Hace un año, la Superintendencia de Salud le dio orden a Saludcoop de devolver 318 mil millones de pesos del sistema de salud que había convertido en patrimonio suyo y le prohibió gastarse otros 300 mil millones con el mismo fin. Tal decisión, por la obvia razón de que los recursos del sistema de salud son públicos y deben gastarse en los colombianos y no en infraestructura de las EPS. Pero el superintendente nombrado por el gobierno de Juan Manuel Santos echó atrás la decisión y solo falta un paso legal para que esos 618 mil millones de pesos pasen al patrimonio de Saludcoop, patrimonio que tuvo el desproporcionado incremento de 176 veces entre 1994 y 2010.

En el debate en el Senado sobre estos 1.4 billones de pesos también quedará en evidencia que la Ley 100 no ha generado la salud de cubrimiento universal y alta calidad que necesitan los colombianos, pero sí ha enriquecido a reventar a quienes gozan del privilegio de intermediar los recursos, en medio de la alcahuetería de unos gobiernos que ni siquiera auditan con seriedad los dineros públicos.

La decisión de la trasnacional canadiense GreyStar de retirar la solicitud de licencia ambiental para explotar una mina de oro a cielo abierto en el Páramo de Santurbán, de donde se surte el acueducto de Bucaramanga, no se entiende sin saber de la enorme movilización en contra del engendro, movilización que llenó con 30 mil personas las calles de la capital de Santander y que alcanzó tal amplitud que en torno a ella se unieron los más diversos sectores, entre ellos los ambientalistas y el sindicalismo, Fenalco, la Sociedad de Mejoras Públicas y la Sociedad Santandereana de Ingenieros. Con el aumento de la resistencia, el gobernador de Santander y el alcalde de Bucaramanga llamaron al gobierno a no conceder la licencia ambiental, hechos que, además de la evidente ilegalidad del proyecto, anunciaron las serias dificultades que tendría el gobierno si cedía a las presiones de la trasnacional. Con su ejemplo, los santandereanos le enviaron un mensaje de esperanza al país: Colombia no será la tierra de nadie a la que aspiran los propietarios de proyectos como el derrotado.

En el artículo “Los nuevos llaneros”, la revista Dinero informa que los ‘cacaos’ y las trasnacionales van por la altillanura y que necesitan modificar la política de tierras del Estado colombiano. Pues bien: aunque el ministro de Agricultura lo niegue, los artículos 45, 46 y 47 del Plan de Desarrollo buscan entregarles a ‘cacaos’ y trasnacionales los baldíos públicos que aún quedan en el país. Constituye una cortina de humo resaltar como gran cosa que en esas explotaciones de decenas de miles de hectáreas habrá peones o neoaparceros, que no campesinos libres. Incluso, si se observa con cuidado lo que dicen sobre Carimagua, se nota que allí pretenden acoyundar a los pobres a un gran inversionista, de esos que se las saben todas. Hay información de sobra para probar que en esto Santos y Restrepo podrían lograr lo que no pudieron Uribe y Arias.

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El 8 de marzo de 1857, las obreras de la Triangle Shirt Waist Company de Nueva York se declararon en huelga y ocuparon la fábrica para denunciar las pésimas condiciones de trabajo. Ante su negativa a desalojar, fueron atacadas con bombas incendiarias. Perecieron 146 de ellas. En 1910, a instancias de Clara Zetkin, una importante líder del movimiento femenino, la Internacional Socialista, reunida en Copenhague, proclamó el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, en homenaje a las huelguistas muertas en Nueva York.

Un adagio oriental dice que “las mujeres sostienen la mitad del cielo.” Frase que además de ser bella, es de un profundo contenido. Expresa el peso y la importancia de las mujeres en la vida de la humanidad. No de ahora, sino desde siempre. Pero en esta historia existe una parte lamentable: El que todas las sociedades, desde hace miles de años, han sometido a las mujeres a todo tipo de tratos desiguales y abusivos. Por eso, parte de la lucha en la que estoy y en la que está el Polo Democrático Alternativo, es en la de hacer desaparecer estos tratos.

Convirtamos, entonces, el Ocho de Marzo en un día de reflexión y de jornada para lograr que los reconocimientos hechos a las mujeres se materialicen no solo en la legislación, en la que existen avances, sino por sobre todo en la práctica. La invitación que formulo hoy a las líderes comunales, a la mujer sindicalista, a las dirigentes agrarias, a las jóvenes estudiantes, a las maestras y, en general, a todas aquellas que aspiran a una patria libre y soberana es a forjar la más sólida unidad de todos los patriotas.

La situación social se ha venido deteriorando en Colombia para todo el conjunto de la población asalariada y desempleada, lo que pone en evidencia una vez más que, aun si las mujeres lograran hacer realidad todos y cada uno de los derechos privativos de su género, se hallarían a mitad de camino en la batalla por la emancipación social, común a las mujeres y a los hombres del pueblo.

Para escuchar el audio utilice el siguiente vínculo:

http://moir.org.co/IMG/mp3/saludo_m…

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Hablar del desarrollo en serio de un país como Colombia sin proponerse industrializarlo constituye una bobería. Pero así ocurre. Es más: si algún sector ha sido golpeado por dos décadas de libre comercio es este. Ha sido tal la “desindustrialización” del país –así la llamó en los años noventa el anterior presidente de la Andi–, que esa sigla ya significa Asociación Nacional de Empresarios, no de Industriales, cambio de nombre que reconoce el peso que cobran dentro de la organización otros sectores económicos, incluidos los importadores que arruinan a los industriales.

El acomodamiento de la burocracia gremial implícito en el cambio de lo que quiere decir Andi y el bochornoso espectáculo de la embajada con la que Uribe premió al director de la asociación de los pequeños y medianos industriales que respaldó el TLC con Estados Unidos, en parte explican por qué la desprotección de este sector es mayor que la del agro y por qué también, sobre todo en el caso de los no monopolistas, se produce con el lastre de las decisiones del Estado en todos los órdenes (aranceles, tasa de cambio, impuestos, créditos, tasas de interés, prácticas comerciales, respaldo científico y tecnológico, etc.).

Consecuente con su pasado como ministro de César Gaviria, cuando aupó la apertura y hasta firmó un acuerdo con México lesivo para la industria nacional, Juan Manuel Santos empezó su gobierno reduciendo los aranceles industriales frente a todos los países del mundo, concesión unilateral que les regaló a los productores extranjeros otra porción del mercado interno y debilitó las finanzas públicas. Además de los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, pretende otro con Corea, que le significará más daños a lo que queda de la industria instalada en el país, todo en un ambiente de alta revaluación, que les impide competir a quienes producen para el mercado interno o para exportar.

Un día los colombianos entenderán que la industrialización es uno de los prerrequisitos del progreso y el bienestar y tomarán las decisiones políticas que la hagan realidad.

En Colombia la gasolina es bastante más cara que en Estados Unidos –US$4.14 versus US$2.85/galón en enero pasado. Pero el ingreso per cápita de aquí es nueve veces menor que el de allá. Ese absurdo se explica porque Ecopetrol cobra por el petróleo mucho más que lo que le cuesta producirlo, porque los agrocombustibles son bastante más costosos que los combustibles extraídos de los hidrocarburos y porque los impuestos a la gasolina equivalen al 27 por ciento del precio final –y los del ACPM, al 18 por ciento. Los precios altos los justifica el gobierno diciendo que los combustibles los consumen los “ricos”, sugiriendo que cualquiera que posea un carro es un magnate. Cuentos. Todo el diesel y una parte importante de la gasolina lo consume el transporte público de carga y pasajeros que pagan, principalmente, los pobres y las clases medias cuando toman un bus o compran una panela. Y constituye una desproporción argüir que cualquiera que posea un vehículo particular es un oligarca que merece ser sometido a una feroz exacción. Con trucos como estos se reemplazan los impuestos que los verdaderos magnates no pagan.

Sí es una manguala. Hace semanas ya, se supo que el santo-uribismo en el Congreso modificó el censo electoral para excluir a los miembros del Polo, el único partido en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Ese hecho inaudito, imperdonable en cualquier concepción elementalmente democrática, no provocó el repudio general de los analistas. El silencio ha sido la norma. Peor que el unanimismo que se pretende en torno a Santos en el Congreso es el que se impone fuera de él. ¿Esto es lo que llaman democracia? Y después se preguntan por qué el descrédito de los gobiernos colombianos en el exterior, salvo entre las trasnacionales que operan en Colombia, a las que hay que pagarles con el subdesarrollo nacional para que digan lo contrario.

Nadie sabe con certeza por qué los egipcios se aguantaron por tanto tiempo al correveidile de Washington que los avasallaba y por qué se rebelaron ahora y no antes. El papel de “florero de Llorente” que jugó el levantamiento de Túnez, por sí solo, no explica el fenómeno. Seguramente nunca logrará descifrarse qué hace detonar la rebeldía de los pueblos. Pero sí se confirmó algo sabido que con frecuencia se ignora: los países no cambian cuando cambian los dirigentes sino cuando cambian los pueblos y estos se deciden a cambiar a los dirigentes. Todos los que en la izquierda se han ido en contra de esta verdad se han estrellado o traicionado.

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Con tres artículos-mico en el Plan de Desarrollo (45, 46 y 47), Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo pretenden convertir en ley la idea de concentrar aún más la tierra rural, cambio que no se atrevieron a intentar Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias.

En el debate de Carimagua se supo que Uribe y Arias preferían que las 17 mil hectáreas de esa hacienda de propiedad del Estado se entregaran a un gran inversionista y no a medio millar de familias campesinas, como fue el primer compromiso, querían que esos campesinos dos veces despojados se convirtieran en peones o en neoaparceros del monopolista afortunado, se quejaban porque la Ley160 de 1994 no les permitía usar tierras públicas para montar latifundios privados “de 40, 45 mil hectáreas” y no se atrevían a proponerle al Congreso el cambio de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) (http://www.moir.org.co/IMG/pdf/004.pdf).

La Ley 160 permite el acceso a la tierra de jornaleros y minifundistas dentro de los límites de la UAF, definida esta como la pequeña área que le permite vivir a una familia campesina y generar ahorros. También prohíbe entregarles los baldíos de la Nación a quienes sean propietarios rurales y determina que los baldíos adjudicados no podrán sumarse a otras tierras para convertirse en propiedades o sociedades mayores, condición que también tienen, durante 15 años, las tierras originadas en subsidios oficiales de reforma agraria.

El Plan de Desarrollo modifica a fondo la Ley 160/94 para promover la mayor concentración de la tierra en la historia del país. Para ello –y violando la Constitución– desmonta la limitación de la UAF y permite que se adjudiquen los baldíos de la Nación en cualquier área y a cualquier persona, terrateniente o banquero, nacional o extranjero. También autoriza que las propiedades originadas en adjudicaciones de baldíos o de reforma agraria puedan agregarse a otras para montar enormes negocios, todo dentro del objetivo del artículo 63 del programa de gobierno de Santos de promover “grandes explotaciones agropecuarias” y del compromiso de Restrepo en la Asociación Bancaria de montar en Colombia el modelo de la gran plantación brasileña. Como también ofrecieron Uribe y Arias en Carimagua, en este proyecto se “dará preferencia” a las “asociaciones” de los campesinos con los “grandes productores”. Allí donde ocurra, será la alianza del pájaro con el plátano maduro. Y se sabe que van por al menos siete millones de hectáreas en la Altillanura (Orinoquia), más las del resto del país. ¡La gran piñata!

Si con las normas actuales, que en algo controlan la concentración de la propiedad rural, Colombia es uno de los países del mundo con la tierra más concentrada en manos de muy pocos y tiene más del 30 por ciento de la población en el campo en la miseria, ¿cómo serán las cosas si Santos y el gran capital financiero se salen con la suya? Y esto, para peor, lo meten como un mico en el Plan de Desarrollo y no como una ley tramitada de cara al país, para no verse obligados a explicar por qué profundizan el sesgo anticampesino del agro, prefieren monopolistas a pequeños y medianos empresarios y que las tierras del Estado colombiano terminen en manos de extranjeros. De otra parte, ¿no son enormes los riegos de que esta ola de concentración de la tierra estimule la violencia que sigue campeando en la Colombia rural?

Aunque no se sepa, la ley de víctimas y restitución de tierras, al igual que la orientación del Banco Mundial para pasar las fincas a productores “más eficientes”, son parte del paquete de hacer del monopolio el rey del agro. Primero, porque usan la restitución para maquillarse y hacer que no se mire hacia su proyecto de feroz concentración de la propiedad rural. Y segundo, porque, como está planteada, la ley de víctimas deja en manos de Santos los aspectos claves del proyecto –incluida la posibilidad de burlarse del país– y en ella nada impide que las tierras restituidas las vuelvan a perder los desplazados y terminen agregadas a las “grandes explotaciones agropecuarias” que pretende imponer la cúpula del santo-uribismo o el uribo-santismo.

Este debería ser un gran debate nacional y no una maniobra palaciega orquestada por los mismos de siempre, que prosperan mientras el país se hunde todavía más. Si lo que pretenden como objetivo es repudiable, no lo es menos que la manguala santista, en el gobierno y fuera de este, impida la discusión pública sobre un asunto de importancia capital para el progreso del país y el bienestar del pueblo, cada vez más víctimas de la concepción neoliberal y plutocrática de las medidas económicas y sociales.

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Bogotá, 6 de febrero de 2011

Doctor
Roberto Pombo
Director El Tiempo
Bogotá

Referencia: es indebido disfrazar de noticias las opiniones.

Cordial saludo:

Es natural que El Tiempo esté en contra del Polo Democrático Alternativo. Porque ese diario es viejo defensor del statu quo y el Polo lucha por transformar profundamente un orden de cosas inicuo. También se entiende que El Tiempo quiera que el Polo sea un partido de falsa izquierda democrática, incluso proclive a Juan Manuel Santos. Pero resulta indebido que El Tiempo disfrace de noticias sobre el Polo lo que son editoriales en su contra, pues oculta que no es neutral en el debate político y les incumple a los colombianos su oferta de informarlos.

En esta astucia volvió a incurrir en la llamada “información” sobre la reunión de la Dirección Nacional del Polo, a la que tituló “nueva ruptura” en el Polo, cuando ocurrió todo lo contrario.

Puede probarse que El Tiempo tergiversó unos hechos secundarios para ocultar los principales. A los lectores de El Tiempo no se les informó que todos y cada uno de los congresistas, diputados y concejales del Polo decidieron quedarse en el Partido y que a la Dirección Nacional asistieron 230 dirigentes polistas, de 260 posibles, una participación sobresaliente, y más si se tiene en cuenta la feroz persecución de la que ha sido víctima el proyecto de unidad de la izquierda democrática.

Es evidente que la noticia sobre la Dirección Nacional no consistía en refritar el retiro de quien se fue del Partido hace semanas, y casi solo, sino que el Polo superó bastante bien ese nuevo embate en su contra.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo
Senador
Polo Democrático Alternativo

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La ley de reforma política que está para la sanción de Juan Manuel Santos modificó el censo electoral. Y lo hizo estableciendo que el nuevo censo lo integran los que votaron en “las últimas elecciones” –las del 20 de junio de 2010–, más los que se inscriban luego u obtengan cédulas nuevas. La decisión saca del censo a los miembros del Polo Democrático Alternativo, partido que, con todo derecho, llamó a abstenerse de votar por Santos y Mockus. Si los polistas que sí sufragaron el 30 de mayo pasado quieren votar en las próximas elecciones, tendrán que volverse a inscribir, imposición que atenta contra sus derechos constitucionales y dejará por fuera a centenares de miles que ni siquiera saben –y no hay cómo hacérselo saber– que los sacaron del censo.

Vargas Lleras y el santo-uribismo o el uribo-santismo –los términos son intercambiables– también redujeron el censo para los referendos, incluso todavía más. Lo conformaron solo con los que votaron en el referendo de 2003, comicios en los que tampoco participaron los polistas ni millones de colombianos más. En adelante, será bien fácil para el gobierno ganar un referendo, pues los umbrales bajarán de unos 7.5 millones de votos a la mitad o a menos. Pregunta que nadie del gobierno contestará: ¿qué piensa aprobar Juan Manuel Santos mediante referendos?

Santos también dejó en la dirección del DAS a un acusado de perseguir al Polo. ¡Y el gobierno habla de garantías al único partido de oposición en Colombia! El Polo Democrático Alternativo le solicitó al presidente Santos objetar por inconveniente e inconstitucional la reducción del censo electoral. Pero se quieren hacer los locos.

Reconocer a Palestina. En las últimas semanas, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú y Uruguay reconocieron al Estado palestino, país que es colonia de Israel porque así lo quiere Estados Unidos. La norma fue que lo reconocieron con las fronteras definidas por la ONU en 1967. Antes lo habían reconocido Costa Rica, Cuba, Nicaragua y Venezuela y pronto lo harán México y El Salvador. Ya son 110 países los que reconocen al Estado palestino y que condenan horrores como los cometidos por Israel en Gaza.

Como era de esperarse, el gobierno de Juan Manuel Santos anunció que no reconocerá al Estado palestino, posición que también tiene –qué casualidad– Estados Unidos. Pero en cambio Colombia sí enviará soldados a Afganistán bajo las órdenes norteamericanas y de las demás potencias que colonizan a esos países. Otra prueba de que el que Santos no les grite a los Presidentes vecinos no significa que no gire en la órbita de Washington.

De verdes y anaranjados. En la disputa interna por la candidatura a la Alcaldía de Bogotá, la cúpula de los verdes confirmó que son muchas más las cosas que los unen con Uribe y con Santos que las que los separan, hasta el punto de que Peñalosa podría ser el candidato de todos ellos. Que Peñalosa era muy uribista y que Uribe era muy peñalosista, dijo Luis Eduardo Garzón. Por su parte, Peñalosa recordó que, durante la campaña, Mockus le ofreció a Uribe que desde la Presidencia le cuidaría los “tres huevitos”. Al final, es posible que no se unan en un solo candidato, porque tener el derecho a decidir quién firma los contratos y las nóminas oficiales puede separarlos. Pero sí es muy positivo que se abra paso la verdad sobre las cosas y que dejen de ganarse indulgencias con penitencias ajenas.

El mal viaje de Angelino. Pocos en Washington le creyeron que en Colombia había cambios importantes en derechos humanos, cuento que echó tras el TLC que tanto dañará al país. No convenció porque el informe que Human Right Watch distribuyó durante su estadía prueba que la violencia contra los sindicalistas sigue y porque son muchos los que recuerdan que el hoy vicepresidente ya estuvo en Estados Unidos diciendo lo mismo, pero de la mano de Álvaro Uribe. Santos no habría escogido a Angelino si este no hubiera sido sindicalista. Pero tampoco lo habría nombrado si Garzón no hubiera cambiado de bando, el precio que pagó por el ministerio que le dio Andrés Pastrana. Lo que Santos le premia no es su fidelidad a la causa de los trabajadores, sino su abandono. Pero lo tiene para que diga que es el mismo de antes y embellecer al Presidente. Astutos.

Ojalá el cambio de estilo de esta columna, luego de más de 20 años, sea para mejor.

Bogotá, 4 de febrero de 2011.

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Es cierto que los damnificados por el desastre invernal deben ser urgente y seriamente respaldados por el Estado, cosa que no ha sucedido. Pero que ese apoyo se necesite – sin clientelismo y en grande porque son muchos los que se hallan sufriendo lo indecible– no autoriza al gobierno de Juan Manuel Santos a hacer lo que se le antoje y menos a silenciar los puntos de vista diferentes a los del santo-uribismo, tras un unanimismo peor que el promovido por Álvaro Uribe.

En Colombia más que desastres naturales lo que hay son desastres sociales, porque su causa principal –antes que la acción de la naturaleza, que naturalmente se comporta con más o menos fuerza– son las determinaciones económicas y políticas que afectan a la sociedad. Esto se comprueba fácilmente. Salvo casos raros, estos desastres solo afectan a los más pobres. ¿Alguien ha visto un barrio que no sea popular inundado o derrumbado? ¿Esos colombianos viven en riesgo porque quieren?

En cuanto a las causas ambientales de los desastres, todavía son más sociales –económicas y políticas– que naturales. La primera causa de las inundaciones es la deforestación, que elimina la vegetación capaz de retener la cantidad de agua lluvia necesaria, por lo que esta se precipita en torrentes sobre los ríos. Para montar haciendas, se han destruido los sistemas de ciénagas que servían como áreas de amortiguamiento de los mayores caudales de los ríos. Y millones de compatriotas viven en zonas de alto riesgo y en construcciones que no cumplen con adecuadas normas de diseño.

Resulta ser, entonces, una exageración, que implica faltar a la verdad, afirmar que se está ante un desastre sorpresivo. De acuerdo con Max Enríquez, en los últimos cincuenta años los desastres hidrometereológicos han provocado cuatro millones de damnificados, 15 mil muertos, 400 mil viviendas destruidas o seriamente averiadas y entre dos y medio y tres millones de hectáreas de cultivos arrasadas. Agrega que el Canal del Dique se rompió en el invierno de 1983 –¡hace 27 años!– y que “las inundaciones generales en la Costa Caribe de 1988 fueron épicas, como las de 1995, 1999, 2005 y 2008”. ¿Cuántas décadas van desde que, cada año, como en una pesadilla, se inundan La Virginia y La Mojana y las riberas del Sinú y el San Jorge?

Además, desde junio de 2010, y cada mes, el Ideam le fue advirtiendo al gobierno que el invierno coincidiría con el fenómeno de La Niña y que superaría los registros históricos. Para agosto –¡agosto!–, como lo constató en persona Juan Manuel Santos, La Mojana ya se había inundado, y faltaba un trimestre para llegar a su máximo la temporada invernal. El 20 de mayo de 2009 –¡de 2009!– se levantó un acta entre el Invías y las organizaciones agropecuarias del sur del Atlántico en la que se le solicitó al gobierno que reforzara el Canal del Dique porque podía reventarse. El 30 de agosto pasado el periódico La Libertad de Barranquilla tituló: “Amenaza el Dique: si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías: Habitantes del cono sur del Atlántico” (http://moir.org.co/IMG/pdf/003.pdf). Y el 30 de noviembre el Dique se rompió, provocando la inundación de 40 mil hectáreas, sin que nadie del gobierno nacional hubiera movido un dedo para impedirlo. Con estos gobiernos, lo sorprendente es que los desastres no sean mayores.

El gobierno se aprovecha del desastre y la Emergencia Económica para dos maniobras: autoabsolverse por su negligencia con el cuento de que lo sorprendió el invierno y decidir por decreto, pasándose por la faja el Congreso, en asuntos para los que ni siquiera lo autoriza la Emergencia y que Santos pretendía desde antes del desastre. Se sabe que el Presidente anda tras la privatización de Ecopetrol desde hace rato y con cualquier pretexto y, si el gobierno quisiera, habría tiempo de sobra para que el Congreso legislara al respecto. Convertir a las CAR en aparatos de bolsillo del Presidente, violando la autonomía que les concede la Constitución, es una vieja aspiración neoliberal que intentó Álvaro Uribe y que tiene como objetivo mejorarles los negocios a la gran minería y a otros monopolios. Y que lo haga parapetado en una falsa lucha contra la politiquería tampoco constituye una novedad.

Estas astucias contrarias a la legalidad y a lo democrático, al igual que nombrar a un banquero como jefe de la reconstrucción y con una junta directiva de hombres de negocios, explican a qué se refiere Santos cuando repite y repite que el desastre debe verse como “una oportunidad”.

Bogotá, 21 de enero de 2011

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Tribuna Roja: Transcurridos cinco meses de presidencia de Juan Manuel Santos, ¿cuál es su balance?

Jorge Enrique Robledo: Que en lo fundamental, en lo que determina el juicio sobre un gobierno, Santos es el continuismo de Álvaro Uribe, lo que no debe sorprendernos. Porque fue ministro de Gaviria, de Pastrana y de Uribe, se ganó los votos del uribismo por ser quien mejor podía continuar con su obra, gobierna con los mismos sectores políticos y sociales y sus decisiones tienen los mismos objetivos fundamentales.

TR: Hay quienes dicen, inclusive en nombre de la izquierda, que se está ante un mandatario “progresista”…

JER: ¡Cuántas cosas erradas se han dicho y hecho en nombre de la izquierda! Pero si se analiza con cuidado se verá que, en lo principal, Santos I es Uribe III.

TR: ¿Son iguales?

JER: Nadie es idéntico a nadie. Cuando se habla de igualdades en política es con respecto a los aspectos principales, lo que no debe entenderse como que las formas también tengan que coincidir. Hay varias maneras de cazar pulgas. Nadie informado puede negar que Santos está defendiendo los llamados “tres huevitos” de Álvaro Uribe: confianza inversionista, seguridad democrática y cohesión social, en los que se resumen todas las políticas retardatarias del Consenso de Washington y el FMI. Santos y Uribe tienen maneras que en parte difieren, pero no para lograr fines diferentes sino los mismos. Santos sabe que para proteger su capacidad de engaño, de la que depende el éxito de sus propósitos retardatarios, en los que coincide con Uribe, debe marcar distancias cosméticas dado el descrédito nacional e internacional del ex presidente.

TR: En las encuestas, Santos aparece con importante respaldo

JER: Ello solo probaría la confusión nacional, que no sería nueva. Si tantos fueron uribistas, si tantos eligieron a Santos… Muchos piensan con el deseo y concluyen, sin pruebas, que el nuevo gobernante sí va a resolver los problemas del país. En este caso la confusión aumenta porque el Partido Liberal se le sometió a Santos con más pena que gloria, cambio que aumenta los llamados ¨formadores de opinión” santistas. Papel parecido juegan los dirigentes verdes, que dicen que Santos gobierna con el programa de Mockus, cosa que es cierta, porque este también fue a la Casa de Nariño a prometerle a Uribe que le cuidaría sus “huevitos”. Le tocó al Polo la honrosa tarea de mostrar la verdadera naturaleza de Santos.

TR: Pero hay roces entre uribistas y santistas

JER: Diferencias entre compadres. Inevitables, por lo demás, cuando se trata de repartir el botín burocrático, y más cuando vienen elecciones departamentales y municipales, en las que resulta clave hacer chocar las banderas de “los gloriosos partidos” para movilizar incautos. Pero pregunto: ¿Cuál es la diferencia de fondo? Ninguna. Gobierna el uribo-santismo o el santo-uribismo, que es lo mismo. La gran manguala en el Congreso, el nuevo Frente Nacional que llaman “Unidad Nacional”, aprobó todos los engendros que le llevó Santos. Ingenuos y vivos agrandan las diferencias menores y son gobiernistas y de oposición al mismo tiempo, es decir, santistas y antiuribistas. El mejor de los mundos para algunos, porque ahítos con los frutos del árbol en pie critican el árbol caído, aun cuando sean árboles de la misma especie.

TR: ¿Qué decir de las relaciones con Chávez?

JER: Que ha habido un cambio acertado. Yo redacté la constancia que la bancada del Polo dejó en el Senado saludando que se terminara con la diplomacia del micrófono, un estilo inconducente para tramitar las contradicciones que solo daños les hacía a los dos países. Pero no hay una modificación de fondo en la política exterior de Colombia. ¿Dejó de ser determinada por Estados Unidos? ¿Se abandonaron los TLC, el Plan Colombia y el respaldo a las guerras imperialistas norteamericanas? ¿En qué se diferenciaron Santos y Uribe ante las desvergüenzas destapadas por Wikyleaks, en las que, ellos dos y sus compadres, aparecieron como súbditos de la Casa Blanca? Para eliminar cualquier duda al respecto, ya Washington hizo saber que comparte el estilo diplomático de Santos.

TR: Se pondera el gabinete de Santos

JER: Como dijo Aurelio Suárez, ese gabinete parece la selección Colombia del neoliberalismo. Los ministros son tan dogmáticamente neoliberales que parecen salidos de una caricatura. La confusión nace de quienes tienen capacidad para montar la falacia de que los estudios y la experiencia son suficientes para resolver los problemas nacionales. Pero tapan al servicio de qué y de quiénes actúan estos expertos ilustrados, es decir, del libre comercio, el neoliberalismo, las privatizaciones y todas las políticas que concentran la riqueza en monopolios y trasnacionales, destruyen el aparato productivo nacional y desemplean y empobrecen al pueblo.

TR: En cuanto a las garantías a la oposición

JER: Consideramos un triunfo de la resistencia de las fuerzas democráticas que desde la Presidencia no se nos grite que somos “terroristas vestidos de civil”. El derecho de los polistas a expresarnos en el Congreso nunca nos lo dejamos arrebatar. No puede haber garantías, por ejemplo, si hay continuismo en el DAS, donde Santos mantuvo al director y al subdirector que nombró Uribe, y allí, dice la Fiscalía, se montó una “empresa criminal” para agredir a la Corte Suprema de Justicia y al Polo, entre otros. En nuestro caso, con el objetivo de dividirnos y de inocular entre los colombianos que somos de las Farc y que la Alcaldía de Bogotá es corrupta. Nada ha cambiado en cuanto a la hostilidad oficial en contra de los derechos del pueblo; en los últimos meses son muchos los muertos entre los luchadores sociales y los polistas. Juan Manuel Santos y sus segundos –solapados, porque es su estilo– no dejan de deslizar infamias calculadas para meter en el mismo saco a los que hacen resistencia civil y a los guerrilleros. En el caso de las centrales obreras…

TR: ¿Angelino Garzón de vicepresidente no es una garantía?

JER: Al contrario. Primero, porque el Angelino Garzón sindicalista se entregó hace años, cuando aceptó ser ministro de Pastrana. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Luego viajó a Washington con Uribe a defender el TLC y como cuadro del uribismo se fue a la OIT a que le quitaran la sanción al gobierno de Colombia por los horrores en contra de los trabajadores. Utiliza su pasado en contravía de las concepciones democráticas, pero lo hace “a la Santos”, como podría decirse. Por ejemplo, Uribe fracasó en su tentativa de dividir el sindicalismo mediante la creación de una central obrera de bolsillo. Santos, en semanas, tuvo éxito en lo que Uribe fracasó. Mediante Garzón, salió y cooptó, entre las existentes, una central sindical. Un ejemplo clásico de cómo lograr los mismos fines con estilos distintos. Y ahí siguen las alzas insignificantes del salario mínimo, las cooperativas de trabajo asociado, el día que va hasta las 10 de la noche y todo lo demás que dejó el uribismo. ¿Puede mostrarse un solo cambio favorable en las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados colombianos? ¿No continúa la desvergüenza de ganar el respaldo de los paupérrimos tirándoles migajas con la plata del presupuesto?

TR: ¿Qué nos dice de la seguridad democrática con Santos?

JER: No creo que sea mucho cambio pasar a una retórica meliflua, y que lo demás siga igual.

TR: ¿Y sobre el trato a las Cortes?

JER: Hay cambios. ¿Pero para no someterlas o para intentarlo de otra manera? Por qué creer que quien como ministro respaldó cuanta atrocidad se le ocurrió a Uribe en contra de la separación de los poderes, ahora respete ese principio. Santos pretende lograr con zanahoria lo que Uribe no pudo con garrote.

TR: Miremos las decisiones de gobierno y luego las leyes

JER: Debemos recordar que Santos llegó a la Presidencia tras dos décadas de neoliberalismo y Consenso de Washington. El solo mantenimiento del statu quo, y es evidente que lo mantiene, ya resulta retardatario. Nada ha cambiado en lo económico y lo social. Sigue la confianza inversionista, con TLC por todas partes y el capital financiero parasitándolo todo. Para acabar de estrangular la industria, les dio a los productores extranjeros otra rebaja en los aranceles a las importaciones. En cuanto a las privatizaciones, ya anunció que continuarán la de Ecopetrol, la joya de la corona, y las de las vías, el agua, los acueductos y toda la infraestructura, más el desmonte de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La gran minería considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen” y en medio ambiente las cosas continuarán iguales o empeorarán. Se mantiene y profundiza el debilitamiento de la educación pública y la conversión del sector en un negocio. Y así hasta la náusea. ¡Que alguien muestre un cambio democrático, una ruptura en la lógica plutocrática de Uribe!

TR: ¿Y qué opina sobre las leyes aprobadas?

JER: Peor. La ley de la sostenibilidad fiscal, bien llamada del entierro de los derechos sociales de la Constitución, puede ser la reforma más retardataria en veinte años. Con la ley de regalías, el gobierno nacional se quedará con la plata que tanta falta les hace a los pobres de municipios y departamentos. Para fiesta de los corruptos, tiraron a acabar con las acciones populares; en salud, Santos logró lo que Uribe no pudo con la emergencia social; la ley del primer empleo se burla de los jóvenes y los desempleados y presiona que el fisco persiga a los microempresarios; se aprobó una norma que trata a los niños que delinquen no como víctimas sino como victimarios; va otra que les rebaja las tarifas de electricidad en 600 mil millones de pesos a la gran industria y les pasa esa factura a los estratos 1, 2 y 3. Y todo esto lo aprobaron los uribo-santistas o los santo-uribistas como hermanitos. No mencioné la ley de víctimas porque creo que requiere de una mirada aparte.

TR: ¿Qué opina sobre ella y sobre la restitución de tierras que va con ella?

JER: La presidenta del Polo, Clara López, y los voceros en el Congreso le enviamos una carta a Santos recordándole que hemos sido más partidarios que nadie en reparar a las víctimas, pero no con cualquier ley. Recordamos que el liberalismo y el Polo en el Congreso no le respaldamos una ley de víctimas a Uribe porque era para engañarlas a ellas y al país. Advertimos que el proyecto del gobierno tenía fallas graves que el Polo no podía pasar. Y la cosa va mal. El gobierno tiene decidido no establecer en la ley el monto de las indemnizaciones y dejarlo en sus manos, con esa suma supeditada a la sostenibilidad fiscal, lo que le da el poder de burlarse de los agraviados. Sostiene que solo serán reconocidas víctimas por hechos ocurridos después de 1991, otra pretensión inaudita. La restitución de tierras apenas operará en las zonas que escoja el gobierno y en la ley no hay nada que facilite que los despojados puedan regresar a sus fincas y sostenerse en ellas, cuando, según el propio gobierno, el 80 por ciento no quiere regresar a ellas, entre otras razones, por su debilidad económica y porque la violencia no ha desaparecido. Además, si la ley resultara perfecta, tampoco tiene los alcances que la propaganda santista le otorga.

TR: ¿Cómo así?

JER: Supongamos que la ley resultara perfecta y que todos los desplazados volvieran a sus fincas, cosa que no va a pasar. Pero supongámoslo. El mundo rural colombiano, en cuanto a la tierra, quedaría como en 1991, más la concentración de la propiedad generada por las quiebras causadas por el neoliberalismo y las compraventas legales. Nada de qué enorgullecerse, porque el mundo rural de ese entonces era un desastre. Y todavía queda el debate de fondo: ¿Cuál es la política agraria de Santos? ¿Qué quiere él que pase con todas las tierras y toda la producción agraria, sea que la restitución salga bien, regular o mal y termine en que los desplazados se queden con las tierras o ahí mismo las vendan o las arrienden?

TR: ¿Cuál es la política agraria de Santos?

JER: Primero, y esto es lo determinante, más libre comercio, que aumentará las importaciones que reemplazan el trabajo nacional por el extranjero y arruinan y les quitan sus fincas a muchos. Un indígena que aún sobrevivía en su parcela, en la miseria por los productos importados, decía: “Los indios no somos lombrices. No comemos tierra. Esta la necesitamos para producir alimentos y la política oficial no nos deja hacerlo. Casi todo lo importan”. Segundo, según los puntos 63 y 69 del programa de gobierno de Santos, el objetivo es “el desarrollo de grandes explotaciones agropecuarias”, que incluyen que el Estado entregue sus tierras para montar haciendas de 35, 40 mil hectáreas, ideas heredadas de Uribe y de Arias –recuerden Carimagua–, y que incluso pueden ser para los monopolios extranjeros. El ministro de Agricultura ha dicho que la guía es la gran plantación brasileña y él y Santos han explicado que los pobres del campo serán peones o neoaparceros en los grandes proyectos. Podemos estar ante la política de mayor concentración de la tierra rural de la historia de Colombia, con algo relativamente nuevo y muy grave: el apalancamiento del capital financiero y las trasnacionales, todo según los lineamientos del Banco Mundial, que ordena sanear los títulos de propiedad –lo que también pasará con las fincas de la restitución– y pasarles las tierras a los productores “más eficientes”.

TR: De todos modos, se dice que aquí hay una profunda ruptura de Santos con Uribe y que se desvertebra a los victimarios y todo su poder en el campo

JER: Cuentos. Esas son afirmaciones que no tienen asidero en la realidad y que los santistas, calculadores o ingenuos, no pueden demostrar. Uribe también presentó una ley de víctimas. ¿Si la restitución de las tierras resultara perfecta, habría en el país un cambio de la profundidad como el que insinúan? ¿Cuáles son las diferencias de Santos y Uribe sobre los TLC y la política de tierras del Banco Mundial? ¿Controvierten sobre entregarles las tierras públicas de la Orinoquia al monopolio y a los extranjeros o sobre llenar a Colombia de carimaguas y aplastar las aspiraciones campesinas con la neoaparcería y el peonaje? ¿Lo único que determina la naturaleza de Santos es reparar unas víctimas de la violencia? La demagogia “agrarista” de Santos no da para presentarlo como progresista. Eso es una desproporción que no resiste análisis y una viveza que en Colombia tiene tradición. Aquí ha sido común presentarse como avanzado hablando de los pobres del campo y tirándoles unos mendrugos. Pero la realidad es que va casi un siglo de hacer demagogia con el campesinado mientras logran dos fines: mantenerlo sin tierra e impulsar todas las orientaciones retardatarias de Washington.

TR: ¿Petro se fue del Polo porque la mayoría del Partido no lo apoyó en sus acuerdos con Santos?

JER: La idea de los acuerdos con Santos, que embellecía a este y le facilitaba su engaño, fue una decisión que Petro tomó sin consultarle a nadie en el Polo y sin duda contó en su retiro. Pero realmente salió porque, estando en minoría dentro del Polo, intentó imponerle sus puntos de vista, lo cual, para peor, quiso hacerlo mediante ataques bárbaros al proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática.

TR: ¿Qué le pasará al Polo?

JER: Que seguirá adelante por tres razones. La base del Partido se ha templado y cada vez entiende mejor que nos atacan no por nuestros errores sino por la corrección de nuestras posiciones programáticas y nuestros aciertos políticos, cosa que la lleva a mantenerse firme en la defensa de este proyecto político. Un partido de izquierda democrática solo puede promover la unidad y crecer hasta convertirse en mayoritario si es capaz de derrotar las pretensiones antidemocráticas internas. El Polo no se doblegará ante quienes hay que vencer para poder transformar a Colombia. Con estas enseñanzas, el Polo tiene futuro y adelantará, unido, una excelente campaña para las elecciones de octubre próximo.
TR: Concluyamos…

JER: El principal acierto del Polo en este momento fue declararse en oposición a Santos y llamar a los colombianos a movilizarse en contra de su gobierno. El Polo acertó porque, con sus principios en la mano, que representan los intereses de los colombianos, decidió rechazar el engaño santista. Al decir de Carlos Gaviria, los polistas no somos como los que no saben para donde van y, por tanto, cualquier bus les sirve. Que los polistas y los colombianos cuenten con que este partido será capaz de encabezar las profundas transformaciones democráticas que requiere el país, las cuales se concretarán cuando las mayorías nacionales se decidan a cambiar y, a partir de ese cambio, cambiemos a Colombia.

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Cordial saludo:

Es inaudito que el gerente de la empresa canadiense Medoro Resources, Juan Manuel Peláez, esté actuando en Marmato, Caldas, como sí ya hubiera obtenido la licencia ambiental que lo autoriza a destruir el casco urbano del municipio y a desplazar a sus habitantes, según lo informó en entrevista a Portafolio de hoy. Eso no puede hacerlo ni siquiera tras el señuelo que mostró, de regalarle al municipio un nuevo hospital que reemplace al que existe y prepare el desplazamiento.

Porque Medoro ni siquiera ha iniciado el trámite de la licencia ambiental que inevitablemente tiene que aprobar el ministerio de Ambiente si se quiere montar una explotación de oro a cielo abierto, y más cuando esa mina exige tumbar todas las casas de Marmato, la iglesia, las escuelas, el comercio y todo cuando allí existe. Y es sabido que a esa licencia ambiental se van a oponer casi todos los marmateños, que no quieren ver destruir su población y sus hogares, con todo lo que representan para ellos. Se supone, además, señor Director, que el gobierno todavía no ha definido si va a otorgar o no la licencia.

Es peor que las autoridades de Caldas anden con Medoro celebrándole actuaciones como esta, porque es notorio que estas son medidas de hecho que se convierten en presiones indebidas al Ministerio de Ambiente para que responda afirmativamente cuando llegue la hora de definir sobre la licencia ambiental del proyecto de gran minería trasnacional. Por las mismas razones hay que rechazar las manifestaciones públicas del Presidente de la República en el sentido de señalar que Marmato será desplazado.

Cada vez somos más los que exigiremos que las trasnacionales de la minería no vengan a cambiar espejitos por el respeto del ordenamiento jurídico nacional y que ese respeto lo reclamen las autoridades colombianas de todos los niveles.

Atentamente,

Jorge Enrique Robledo, Senador de la República

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A pie juntillas, Santos cumple el compromiso con Uribe de continuar con sus políticas fundamentales. Guiado por la confianza inversionista, profundiza las políticas del libre comercio y el Consenso de Washington, incluidos los menores aranceles, la desnacionalización de la economía, las ventajas a la gran minería, la mayor privatización de Ecopetrol, los acueductos, el agua y todo cuanto pueda, siempre aumentándole las gabelas al capital financiero y a favor de un régimen plutocrático.

La política agraria de Santos continúa el plan de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias, es decir, más importaciones por los TLC y el modelo Carimagua, entendido este como el de montar “grandes explotaciones agropecuarias” –dice Santos en su programa–, con peones y neoaparceros como si fueran campesinos. En palabras de Salomón Kalmanovitz, “El sentido racional” que “orienta” la ley de víctimas “es el saneamiento de los derechos de propiedad sobre el suelo (…) Sin ese saneamiento se dificultan las grandes inversiones, nacionales y extranjeras” en la Orinoquia. Y concluye: “El gobierno de Santos continúa con la política del anterior gobierno en este sentido”. Cabe precisar que ella también operará en el resto del país, incluso con las tierras que, primero, les restituyan a los desplazados, si es que en verdad se las restituyen. ¡Podemos estar ante el plan de mayor concentración de la tierra rural de la historia de Colombia, con algo relativamente nuevo: ¡la participación en el reparto del capital financiero y las trasnacionales! (para todas las citas, http://moir.org.co/files/pdf/DOCS.pdf).

Como parte del continuismo de la seguridad democrática, Santos nombró en el DAS al director que le dejó Uribe, a pesar de que Muñoz está acusado de participar en la “empresa criminal” que, según la misma Fiscalía, se organizó en esa policía secreta. Y así el nuevo gobierno no les grite a los presidentes vecinos, lo fundamental es que la política exterior de Colombia la sigue dictando la Casa Blanca. En cohesión social, Santos sostiene el mismo aparato clientelista, manipula a través de los medios de comunicación de manera incluso más descarada y logró lo que Uribe no pudo: Angelino Garzón dividió al movimiento obrero, al cooptar una de las centrales sindicales existentes.

A Santos hay que reconocerle la viveza de marcar algunas diferencias con Uribe, cuyo descrédito crece en Colombia y el exterior. Pero no debe perderse de vista que las controversias en el uribo-santismo son pleitos entre compadres sobre cómo lograr los mismos fines estratégicos y por ver quién firma los contratos oficiales.

Entre las leyes del uribo-santismo sobresalen la de la sostenibilidad fiscal, calculada para enterrar los derechos sociales de la Constitución y darle más ventajas al capital extranjero; la de salud, que concreta la emergencia social que le fracasó a Uribe; la de regalías, con la que el gobierno nacional se apropia la plata con la que los municipios financian gastos importantes para ellos que el minhacienda desprecia por “chichigüeros”; y la del primer empleo y la formalización empresarial, que tras la demagogia de enfrentar el desempleo otorga nuevas exenciones tributarias a los poderosos y acoyunta a los microempresarios. También va una que les reduce a monopolios y trasnacionales los costos de la electricidad en 600 mil millones de pesos al año, plata que pagarán los demás usuarios, y otra que agrava las penas de niños y jóvenes, violando los acuerdos internacionales de Colombia.

Coletilla: Petro abandonó al Polo, y se fue muy solo a donde pueda mandar a su antojo. Se salió porque el Polo no quiso elegirlo como su presidente para entrar en acuerdos con Santos, pero sobre todo porque se negó a someterse a los criterios democráticos que consagran los estatutos del Partido. Ahora sí se supo por qué agredió tanto el proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática. La extrema derecha que con el mayor cinismo atizó esta división terminará frustrada. Porque las bases del Polo tienen determinado que este partido llegó para quedarse y porque sus dirigentes, afinando los criterios unitarios, no le cambiarán su rumbo.

Jorge Enrique Robledo
Bogotá, 11 de diciembre de 2010.

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La bancada del Polo Democrático Alternativo votó negativamente la ley ordinaria que reforma el sistema de salud. Los parlamentarios polistas señalaron que el proyecto ahonda la mercantilización de un derecho esencial porque, al igual que los decretos de la emergencia social, restringe aún más la salud de los colombianos para beneficiar a unos cuantos negociantes.

La reforma aprobada por el Senado limita la acción de tutela, principal mecanismo con el que cuentan los usuarios para acceder a los servicios de salud. El principio de sostenibilidad fiscal que consagra el proyecto condiciona las decisiones de los jueces a las exigencias del Ministerio de Hacienda para evitar tocar la riqueza de los monopolios nacionales y extranjeros. Además, los usuarios no podrán interponer tutelas para acceder a medicamentos y tratamientos NO POS hasta tanto no haya una decisión de un Comité Técnico de las EPS y de la Superintendencia Nacional de Salud, alargando un trámite que en muchos casos puede tener consecuencias catastróficas.

Los usuarios seguirán supeditados a un Plan Obligatorio de Salud insuficiente, con el agravante de que se mantiene la inequidad entre el régimen contributivo y el subsidiado. Quienes necesiten de servicios por fuera del POS deberán comprar seguros de salud a las propias EPS u otras aseguradoras, con lo que se profundiza la lógica neoliberal de la Ley 100 de condicionar a la capacidad de pago el acceso a los servicios.

No se elimina la intermediación financiera, el principal problema del sistema. Por el contrario, se fortalecen los intereses de los negociantes porque la reforma garantiza el pago de las deudas en favor de las EPS, pero guarda un silencio cómplice sobre los cerca de 7 billones de pesos que las empresas les deben al Fosyga y a los hospitales. También ahonda el proceso de privatización de la red pública hospitalaria.

Finalmente, siguiendo la orientación de la emergencia social, se crean guías y estándares que lesionan la autonomía médica y violan abiertamente la autonomía universitaria al obligar a las universidades a formar a los estudiantes de medicina en el marco de la sostenibilidad fiscal.

Oficina de Prensa

Senador Jorge Enrique Robledo

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Lo mejor sería que nadie se saliera del Polo. Pero la experiencia universal enseña que es inevitable que, en toda organización, haya personas que abandonan. Y se retiran porque no logran que la organización piense y actúe como ellos.

Es sabido que Gustavo Petro quiso presidir al Polo para llegar a acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos y que la mayoría del Partido determinó mantener en la Presidencia a Clara López Obregón y declararse en oposición al gobierno del continuismo uribista, decisiones que se tomaron en el ambiente más democrático y con estricto apego a los estatutos.

Los colombianos son testigos de la enorme paciencia y madurez con la que la mayoría del Polo llevó esta contradicción, siempre haciendo enormes esfuerzos por mantener un tono democrático en el debate y la unidad del Partido.

Los polistas y los colombianos deben saber que la casi totalidad de los dirigentes se mantiene en el Polo, que el Partido, con especial énfasis unitario, superará este hecho y que seguirá adelante sin someterse al gobierno de Juan Manuel Santos, cumpliendo con el Ideario de Unidad y los estatutos del Polo, que son los que marcan el rumbo de la profunda transformación que necesita Colombia.

Oficina de Prensa

Senador Jorge Enrique Robledo

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El carácter neoliberal de la Constitución se manifiesta, entre otros, en artículos como el 100, que consagra el trato nacional a los extranjeros, concepto en el que descansa el capítulo de inversiones de los TLC; el 371 instituye que el Banco de la República es autónomo de todo poder colombiano y, en la práctica, sumiso ante las concepciones del capital financiero trasnacional; el 61, sobre propiedad intelectual, protege a las empresas globales de medicamentos; el 336 prohíbe los monopolios públicos pero no los privados; la salud y la educación no se definen como derechos fundamentales y su privatización la autorizan y estimulan los artículos 48 y 67; el 365 está allí para que los monopolios de los particulares se apropien de los servicios públicos; y sus normas recortan los derechos laborales y permiten las cooperativas de trabajo asociado.

Las leyes 100 sobre salud y pensiones y 142 sobre servicios públicos domiciliarios no existirían sin la Constitución de 1991. La aprobación del TLC con Estados Unidos y el desastre social de los últimos veinte años expresan el peso determinante del neoliberalismo en la Carta.

La contradicción entre las dos partes de la Constitución, la democrática y la retardataria, no se expresa solo en la lucha política y social. También se da en las demandas ciudadanas y en los fallos de los jueces, generalmente a partir de la tutela, derecho individual digno de defenderse que también indica que la Carta no cubre bien los derechos colectivos. La Ley 100 ilustra el punto, pues esta no reglamentó el derecho de los colombianos a la salud sino al negocio financiero con la salud de los colombianos, cosas muy distintas. Le tocó a la Corte Constitucional, por tutela, convertir la salud en derecho fundamental, crear el no POS y ordenarle al gobierno igualar los planes de salud del sistema contributivo y el subsidiado.

Ante las exigencias plutocráticas de impedir que la Corte Constitucional privilegie lo democrático de la Constitución sobre lo neoliberal, así ello solo ocurra por excepción, Uribe presentó ante el Congreso, y Santos y el uribo-santismo la tramitan, la que puede ser la más regresiva reforma constitucional en 20 años: la de la sostenibilidad fiscal, que obliga a todas las ramas del poder público a supeditar el cumplimiento de los derechos sociales y ambientales, y no los de los negociantes, a ciertos indicadores de las finanzas públicas. Así, los derechos sociales podrán congelarse o retroceder y decisiones como las mencionadas sobre salud –o las de desplazados, también ordenadas por la Corte– no podrán volver a tomarse. No es casual que la ley de víctimas condicione las indemnizaciones a la sostenibilidad fiscal y que el mismo criterio gobierne las de salud.

Los objetivos que hay detrás de la sostenibilidad fiscal son aún peores que los que menciona la reforma. Allí se establece que el país debe alcanzar por sobre todas las cosas el grado de inversión que otorgan las calificadoras de riesgo extranjeras, las cuales les hacen el mandado al capital financiero trasnacional y a los intermediarios criollos. Para ello, sin importar hasta donde se sacrifique el nivel de vida de los colombianos y el auténtico progreso del país, las finanzas públicas y la política macroeconómica deben asegurar el pago de la deuda externa y que el capital foráneo pueda entrar y salir del país con absoluta libertad y cero riesgos. Según Eduardo Sarmiento Palacio, estas medidas buscan darles rienda suelta a las ambiciones de los inversionistas, “a cambio de comprimir la industria, la agricultura, el empleo y el gasto público”. La ley de regalías es parte de la sostenibilidad fiscal por la vía reducir el déficit del gobierno nacional.

Coletilla: es monstruoso que una funcionaria acusada por sus propios subalternos de perseguir a los contradictores del gobierno de Uribe se presente como perseguida. ¿Perseguida por quién? ¿Por el fiscal que le debe su cargo al gobierno del que ella hizo parte? ¿Por Santos, quien compartió en la cúspide del poder con la sindicada? No se trata de un asilo sino de una huida aconsejada por Álvaro Uribe, amigo del Presiente que concedió el asilo y quien podría ser el principal inculpado si María del Pilar Hurtado se decidiera a confesar.

Jorge Enrique Robledo

Bogota, 26 de noviembre de 2010.

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Doctor MAURICIO SANTAMARÍA, Ministro de la Protección Social

Atento saludo.

Razón le cabe a la Federación Médica Colombiana, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Colombiana de ESE y Hospitales Públicos, la Asociación Médica Sindical Colombiana y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, cuando en carta remitida a Usted y al superintendente de Salud les dicen que “no puede iniciarse con responsabilidad y seriedad un debate sobre la reforma al actual Sistema de Salud, si los Honorables Congresistas, la opinión pública y los diversos actores de la organización social en el tema de la salud no cuentan con información cierta, fundamentada y responsable sobre los dos pilares fundamentales” del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como son el FOSYGA y las EPS. Espero que este reclamo reciba su precisa y oportuna respuesta y que esta sea de público conocimiento.

Como prueba de la desinformación, son pocos los colombianos que saben que las EPS del régimen contributivo y subsidiado le adeudan a hospitales, clínicas y Empresas Sociales del Estado más de siete billones de pesos.

El Artículo 48 de la Constitución dice que “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella”. El gobierno está en la obligación de demostrarles a los colombianos que este precepto constitucional no ha sido transgredido por nadie.

Sin estas informaciones, entre otras que también faltan, las reformas a la salud se tramitarían de forma antidemocrática, imponiéndose, como lo dice la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 y de la Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social, “la dictadura de la tecnocracia.”

Como si fuera poco, el enfoque de las reformas es meramente financiero, mirándose solo los intereses de las EPS, ante los cuales se subordinan los derechos y necesidades, primero que todo de los usuarios, así como los de hospitales y clínicas que no pertenecen a las EPS, médicos y demás trabajadores de la salud.

Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador de la República

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Revisar de raíz la política vial, fundamentada hoy sobre las privatizaciones, demandó en la Comisión Quinta el senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro del Transporte, Germán Cardona. Pidió también adelantar con seriedad estudios técnicos a la hora de definir las dobles calzadas, para no continuar haciendo obras suntuarias con los escasos recursos del presupuesto público.

En materia de infraestructura vial, preguntó el senador del Polo, ¿cuál es el balance de la política privatizadora? Al revés de como nos la presentaron. “Salvo haber enriquecido a unos cuantos gatos gordos y lustrosos, el resultado es un desastre”. Colombia sigue siendo uno de los peores países del mundo en carreteras pavimentadas. Con solo 287 kilómetros por millón de habitantes, el país está incluso por debajo de Bolivia, Perú y Ecuador, con 406, 423 y 478, respectivamente, y ni se diga frente a España, con 15.450, y las demás naciones industrializadas. Y el problema, en vez de ceder, tiende a agravarse, como lo muestran las últimas estadísticas. Los tramos clasificados como “malos o muy malos” aumentaron de 8 a 21 por ciento entre 2003 y 2009. Pese a ello, el ministro de Transporte acaba de afirmar, en entrevista concedida a Yamid Amat, que la estrategia del presidente Santos en materia de obras civiles no será otra que la de continuar las privatizaciones.

Para colmo, los contratistas privados, detentan hoy un enorme poder casi extorsivo. Son las maniobras especulativas de los banqueros y los inversionistas las que elevan los costos de las obras hasta extremos exorbitantes, sin hablar de la corrupción, en que han quedado comprometidas hasta trasnacionales españolas como Commsa, en el controvertido caso de la vía Tobiagrande-Puerto Salgar.

También aquí el presupuesto es por completo insuficiente, como lo reconoce el mismo ministro en todos los tonos. “El gobierno no puede, entonces, seguir presentando las vías como locomotora de la economía, cuando si mucho son un carro de balineras”, concluyó el vocero del Polo Democrático en el Senado.

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 16 de noviembre de 2010.

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Pero si algo falta son pruebas, según opinan los más diversos analistas. María Isabel Rueda dijo: en “las acusaciones de Petro contra la contratación de la Alcaldía, en ese largo documento que yo leí con cuidado, no hay una sola acusación concreta contra Samuel Moreno. ¡Ni una!”. Además, la llamada “comisión investigadora” no fue nombrada por el Polo sino por Gustavo Petro, quien, con sus partidarios, actuó como acusador y juez contra los que considera enemigos suyos, en un proceso en el que las condenas se impartieron desde antes de empezarlo y que concluyó advirtiéndole al PDA que si no las ratificaba, se saldría del Partido. Un modelo de cómo no actuar ni en derecho ni en democracia.

Lo otro es que el debate tiene un fondo político vinculado a las controversias dentro del Polo y a los intereses de los partidos que le son contrarios y que así iniciaron la carrera por reconquistar la Alcaldía de Bogotá.

En desarrollo de una campaña de desprestigio de años, poco antes de las elecciones, Álvaro Uribe presentó a Samuel Moreno como comprador de votos y ficha de las guerrillas. Además, la Fiscalía General de la Nación dice que en el DAS se creó una “empresa criminal” para dividir al Polo (la Operación Amazonas), vincular a sus dirigentes con las Farc y meter la idea de que el alcalde de Bogotá era corrupto. Las fuerzas más retardatarias quieren destruir al PDA y el primer paso es derrotarlo en Bogotá como sea.

Según Semana, que tampoco reconoce pruebas en las acusaciones, “Petro quería sacarse un clavo con el Polo, que no lo aceptó como presidente”, y porque, agregamos aquí, el Partido no quiso entrar en acuerdos con Santos. Desde ese día dejó claro que si el PDA no se sometía a sus designios, le declaraba la guerra y si no lo abandonó fue porque ningún dirigente lo acompañó en el intento. Además de cubrir de oprobio a quienes considera como los principales culpables del fracaso de sus ambiciones, anunció que desconocía a la presidenta del Polo, a su Comité Ejecutivo Nacional y a las direcciones territoriales y que tendría su propia política de alianzas, electoral y frente a Santos, poniéndose por fuera del Partido. Para dicha del uribo-santismo, en la historia de las controversias políticas en Colombia nadie recuerda a un dirigente que haya maltratado tanto a su partido.

Alguien me insinuó que “no arriesgara, que me sumara a los ataques o que pasara de agache, que ni siquiera tenía cuota en el gobierno de Bogotá”. Pero no es de mi talante evadir los temas difíciles y lo que considero deberes, en especial en la protección de logros tan importantes para Colombia como lo es el Polo, el proyecto histórico de unidad de la izquierda democrática, el único partido que se propone dirigir las transformaciones que requiere el país para superar sus graves problemas.

Una propuesta como la del Polo, en la que cabe toda la nación y requiere de un gran respaldo para poder vencer, solo puede ser exitosa si, para empezar, no le ayuda a Santos a establecer su engañifa. También debe garantizar lo acertado de sus fines y sus métodos, incluida la lucha contra la corrupción, y que en su interior se respeten los derechos democráticos de todas las personas y tendencias, que los dirigentes no sean caudillos impuestos a la brava y que las contradicciones internas no se traten con el criterio de que todo vale, siempre en pos de presentarse unido ante los colombianos. Con ello, más colombianos querrán hacer parte de un partido que lucha por la soberanía y la democracia y en el que no reina el canibalismo ni el irrespeto entre los dirigentes, aun en medio de las naturales diferencias.

Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 29 de octubre de 2010.

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La llamativa coincidencia entre Gustavo Petro y la extrema derecha para hacerle graves daños al Polo Democrático Alternativo tiene los siguientes antecedentes.

Existen pruebas del propósito de las fuerzas más reaccionarias de destruir el proyecto de unidad de la izquierda democrática. Durante la campaña electoral a la alcaldía, Álvaro Uribe sindicó a Samuel Moreno Rojas de vínculos con la guerrilla. Y la Fiscalía General de la Nación descubrió que el DAS montó una “empresa criminal” para promover la división del Polo y meterles en la cabeza a los colombianos que sus dirigentes eran de las Farc y que el alcalde de Bogotá era corrupto.

En el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático Alternativo decidió declararse en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y mantener a Clara López Obregón como presidenta, Gustavo Petro le declaró la guerra al Partido porque no respaldó su aspiración a la presidencia del PDA ni a sus acuerdos, secretos hasta hoy, con Juan Manuel Santos. Ese día nos hizo saber que debíamos ponernos bajo sus órdenes o no habría Polo para nadie. Si no lo dividió fue porque ningún dirigente de la organización lo acompañó en la intentona.

Desde entonces anunció que no reconocía a la presidenta del Polo, al Comité Ejecutivo Nacional ni a las direcciones territoriales y estableció una política de alianzas y electoral que no es la del Partido. También por fuera de los estatutos y para usarla como mampara, creó una comisión de bolsillo para supuestamente investigar a la administración de Bogotá, a su alcalde y al senador Iván Moreno Rojas, a quienes había condenado desde antes de formar la comisión.

A pesar de que la semana pasada –acompañado apenas de un concejal de Bogotá y un congresista del Polo– no pudo mostrar prueba alguna que justificara sus acusaciones, hecho reconocido por los más diversos analistas, Gustavo Petro persistió en sus agravios, los cuales han amplificado las fuerzas del uribosantismo. No ha habido en Colombia un partido que haya sido más brutalmente agredido por uno de sus dirigentes.

El Comité Ejecutivo Nacional toma nota de la decisión de Gustavo Petro de desconocer el Ideario de Unidad, los estatutos y resoluciones del PDA, poniéndose por fuera del Polo, y llama a sus dirigentes y militantes a no acatar ninguna de sus indicaciones políticas.

De acuerdo con los principios del Polo Democrático Alternativo, el Comité Ejecutivo Nacional ratifica su disposición de colaborar para que las autoridades judiciales del país y la Comisión de Ética del Polo investiguen a cualquiera de sus dirigentes, en los términos que las leyes y los estatutos del Partido lo determinan.

El cúmulo de acusaciones tiene como objetivo la destrucción del Polo y de sus políticas sociales y democráticas en Bogotá, para dejar a Colombia sin la opción de cambio que representamos e imponer el retorno a las viejas políticas retardatarias.

Llamamos a nuestros militantes y amigos a movilizarse en defensa de la Alcaldía de Bogotá y del proyecto de unidad de la izquierda democrática, hoy severamente amenazados por las fuerzas regresivas que controlan el país.

Bogotá, 25 de octubre de 2010.

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Juan Manuel Santos asumió dos compromisos principales: continuar con todas las políticas de Álvaro Uribe, administración en la que él fue pieza de importancia, y montar un gobierno de “unidad nacional”. Para lo que llama la “unidad nacional”, además de la U, reclutó al conservatismo, a Cambio Radical y al PIN, así a este lo niegue como lo niega Álvaro Uribe. Con honrosas excepciones, el Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, también lo respaldará. Y la cúpula verde dijo que no estará en la oposición.

Sin embargo, Juan Manuel Santos podrá montar una gran manguala, pero no un gobierno de unidad nacional, por lo menos no en el sentido de que ese gobierno represente los intereses del conjunto de la nación, pues si algo caracteriza a la administración de Álvaro Uribe –que Santos continuará– es lo antidemocrático de sus concepciones políticas y lo plutocrático de sus criterios económicos y sociales, es decir, por gobernar según los intereses de las trasnacionales, los monopolios criollos y las roscas clientelistas, en tanto a la casi totalidad de la nación se la excluye en mayor o menor medida del bienestar. Hay que ser muy caradura para hablar de “unidad nacional” con el objetivo de continuar un régimen que condujo al país a uno de los peores indicadores sociales de América y del mundo –en desempleo, pobreza y concentración de la riqueza, por ejemplo– y que, además, persiguió a los jueces para imponer el tapen tapen de los horrores que escandalizan al mundo.

Lo de verdad nuevo del gobierno que empieza consiste en que contará con más políticos tradicionales, de esos que aprueban cualquier cosa, por lesiva que sea para la nación, siempre y cuando les garanticen los puestos y los contratos con los que “legitiman” al régimen. Lo que presentan como “unidad nacional” no pasa de ser, en realidad, una manguala política tan amplia que en ella caben hasta los viejos y los nuevos angelinos. Y es obvio que este contubernio no cambiará positivamente al país, sino que lo mantendrá igual de mal o lo empeorará.

La máscara de la “unidad nacional” tiene otro fin que no expresa la fortaleza sino la debilidad de Santos: diferenciarse en algo, pero solo en asuntos formales, de lo que cada vez más se reconocerá como la desastrosa herencia de Álvaro Uribe, para poderla perpetuar en sus rasgos fundamentales. Por ello, para el Presidente electo es clave que su primer año no se cuente como el noveno de Uribe, a pesar de serlo, porque perdería capacidad de manipulación. Y la engañifa también se explica por otra de sus debilidades: con una economía minada por la inviabilidad propia del libre comercio neoliberal, podría suceder que las carnadas con las que han pescado el respaldo popular pierdan eficacia y crezca la oposición entre los hasta ahora confundidos.

Desnudar esta pantomima reviste la mayor importancia. Porque no hay peor gobierno que aquel que se mueve por intereses contrarios a los nacionales pero consigue amplias mayorías políticas y además oculta sus verdaderos fines tras el respetable manto de la unidad nacional, pues ello le facilita ejecutar los mayores desmanes en contra de las concepciones democráticas en lo económico, político y social. Y porque es obvio que la falsa unidad nacional santista también apunta a aplastar toda idea diferente al pensamiento único del Consenso de Washington, la democracia de mentirillas y la mayor impunidad. Vale recordar al Frente Nacional, período en el cual, por Constitución, en Colombia se impuso una especie de dictadura liberal-conservadora que no gobernó en beneficio de las mayorías nacionales.

Salvo que traicionara sus concepciones programáticas, el Polo Democrático Alternativo no puede hacer nada diferente a oponerse con todo valor y firmeza al gobierno de Juan Manuel Santos y explicar en qué consiste su astucia de la falsa unidad nacional, como con acierto lo determinó su Comité Ejecutivo. La izquierda democrática no debe engañar, pero tampoco acolitar que el engaño prospere. Y es seguro que esta posición la asumirán también los millones de colombianos de todas las condiciones sociales y políticas que no se inclinaron ante las barras bravas uribistas ni lo harán ante la gran manguala.

Coletilla: al absolverme, el Procurador dice que no hay nada mío que viole la ley, porque aparezco en los computadores de Reyes como “un acto unilateral de las Farc”. Pero eso ya lo había probado la Policía antes de abrir la investigación en mi contra.

Bogotá, 25 de junio de 2010.

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Los colombianos asistimos al acostumbrado rito de ilusiones cada vez que se cambia el Presidente, rito que dura desde el día en que gana las elecciones hasta una fecha más o menos lejana al momento de posesionarse y durante el cual no puede saberse –dicen– si el nuevo jefe de Estado resolverá o no los graves problemas de la nación. Este lapso, en el que se otorga un compás de espera siempre favorable al recién electo, tiene origen en la inocencia de quienes intentan adivinar lo qué pasará y arbitrariamente le adjudican al nuevo Presidente las virtudes que ellos quisieran que tuviera o en la marrullería de los que se aprovechan del desconocimiento de tantos para inducir ciertas ideas.

Durante esta luna de miel se embellece hasta el absurdo al recién electo, olvidando, tapando o palideciendo sus peores ejecutorias, casi que convirtiéndolo incluso en otra persona. A cada frase demagógica suya o de quienes serán sus ministros, por imprecisa o inane que sea, se le imaginan poderes para resolver los problemas del país o por lo menos para lograr “grandes” avances. Llega al paroxismo lo que puede llamarse pensar con las ganas, como se dice cuando las ideas no se sacan de la realidad sino de lo que se desea, para concluir cómo será el nuevo gobierno.

El enredo crece porque no faltan los que durante las elecciones se opusieron al nuevo mandatario, pero en la confusión terminan respaldándolo o por lo menos dándole el compás de espera. Además de los que se embolatan por cándidos, también aparecen los que por alguna conveniencia personal aprovechan la confusión y cambian de bando. En esta etapa se complica el debate para quienes no siguen la corriente de moda e insisten en las razones por las que se opusieron al Presidente electo cuando era candidato.

Lo que podría llamarse una tendencia natural a la confusión que facilita el engaño se agrava cuando el flamante mandatario, como ocurre con Santos, decide como política diferenciarse de su antecesor, no porque tenga con él discrepancias de fondo sino porque entiende que debe lograr los mismos objetivos pero con sus propias maneras. Si rápido se concluye que Santos I es Uribe III, Juan Manuel Santos habrá fracasado.

En esta añagaza de venderle al comensal gato por liebre juega un rol importante centrar los comentarios en las formas de los nuevos funcionarios y en temas secundarios, y no en las principales políticas que aplicarán y  que dicta Juan Manuel Santos y no sus colaboradores. Cuando se sucede a un gobierno de maneras tan detestables como el de Álvaro Uribe, resulta más fácil utilizar aspectos no fundamentales para presentarse como de verdad diferente.

El caso clásico de las ilusiones equivocadas que generan las diferencias personales puede ser el del Ministerio de Agricultura, donde se hizo famoso Andrés Felipe Arias, y no propiamente por simpático o porque no hubiera empeorado la crisis del sector. Se equivocan quienes creen que el agro puede mejorar por el simple cambio de talante del ministro o que este llega allí con su propia política y no con la del Presidente. Porque es inevitable que el drama agropecuario aumente mientras siga el libre comercio, que por sobre todo consiste en que Colombia importe lo que puede producir, política que es la de Uribe y que Santos ofreció continuar. ¡Que arroceros y lecheros en trance de quiebra por los TLC no bajen la guardia!

Ayuda a no caer en ilusiones sin sustento tener presente que Santos fue ministro de Comercio de César Gaviria, de Hacienda de Andrés Pastrana y de Defensa de Álvaro Uribe, todos neoliberales. Y no se ha arrepentido de una sola de sus ejecutorias, ni de las peores. Los nuevos ministros de Hacienda y Protección son parte de la rosca de tecnócratas que ha detallado en Colombia la aplicación del Consenso de Washington, la de Ambiente ya se puso de parte de la gran minería y el de Agricultura también estuvo en el gabinete pastranista. Aunque en el santismo existan matices alrededor de cómo enfrentar al gobierno de Venezuela, la política exterior seguirá siendo la del Departamento de Estado. Y Angelino Garzón, ex ministro de un gobierno contrario a los trabajadores, anda reclutando más angelinos  y volvió a desnudar su alma: acaba de decir que la parálisis del TLC con Estados Unidos es “un triunfo de los grupos armados ilegales”, desvergüenza por la que debería pedir perdón.

Que los demócratas colombianos que se hicieron ilusiones con Obama tengan en cuenta esa experiencia.

Bogotá, 23 de julio de 2010.

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3. La verdad sobre Agro Ingreso Seguro

El otro día me dijo un periodista: “Senador, los dirigentes uribistas afirman que el problema con usted y con los del Polo es que a todo le dicen que no. ¿Qué opina? Dígales que se equivocan –le respondí. Porque no es verdad que a todo le digamos que no, puesto que apenas nos alcanza el tiempo para oponernos por ahí al cinco por ciento de lo que debiéramos rechazar, dadas las tantas iniquidades y desvergüenzas que se deciden en contra el país. Pregúnteles a los que echan la pulla –le agregué– qué debemos aplaudir:

¿Que el sesenta y seis por ciento de los colombianos, 28 millones, sobreviva en la pobreza y que alrededor de diez millones de ellos todas las noches se acuesten a dormir con dolor en sus estómagos, no por haber comido en exceso sino porque no comieron nada? ¿O celebramos que cada vez más, desde 1990, con el llamado “libre comercio”, sea más fácil ganarse un chance o una lotería que conseguirse un empleo estable y bien remunerado? ¿O saludamos que 2,5 millones de niños se encuentren por fuera de las instituciones educativas, ignominia que los condena a la ignorancia y, con ella, a la pobreza y la miseria? ¿O le decimos sí a la Ley 100 de salud, que mata más que todas las violencias que torturan al país, porque se diseñó con el perverso objetivo de supeditar el bienestar y la vida de la gente a las ganancias del puñado de negociantes que monopolizan el sector? ¿O quieren que aplaudamos las normas sobre pensiones, las mismas que sustituyeron el derecho por el negocio, las cuales, asociadas con el desempleo, hacen que a los colombianos se les niegue el trabajo, por viejos, a la edad de cuarenta años, pero se los considere muy jóvenes a los sesenta, cuando de trata de pensionarlos? ¿O agradecemos que las facturas de los servicios públicos constituyan un boleteo mensual que les quita el pan de la boca a tantos compatriotas? ¿O nos alegramos porque producir en Colombia, en el campo y la ciudad, más que un acto económico parezca un milagro? A todo esto, por supuesto –concluí–, los del Polo vamos a seguir diciéndole no, aun cuando, por razones obvias, se molesten los causantes de este desastre y quienes –sin deberse a ellos, porque carecen de ese poder– asumen una actitud complaciente frente a tal realidad”.

Y podría detallarse hasta la náusea la omnipresente mediocridad de Colombia, si se exceptúa la gran belleza y riqueza de su territorio y la admirable naturaleza de un pueblo inteligente, trabajador y creativo, tan bueno como el que más. Que los hombres y mujeres sí que hay en el país, esos que a todo le dicen que sí, por mediocre o retardatario que sea, muestren una cosa, una tan sola, de las condiciones económicas, sociales y políticas nacionales, con la que los colombianos podamos presentarnos orgullosos ante el mundo. De qué podemos ufanarnos: ¿del cuidado del medio ambiente? ¿De los niveles de la corrupción? ¿Del progreso científico? ¿Del trato a las mujeres y las minorías? ¿De la paz de los últimos 40 años? ¿Del tipo de democracia que se practica aquí? ¿De que muchas de las organizaciones políticas sean una especie de asociaciones para delinquir que no les ofrecen a sus adherentes luchar por un país mejor, sino exceptuarlos del desastre que ellas mismas producen cuando llegan al gobierno? ¿De la parapolítica? ¿De la actitud de sometimiento de Uribe ante la Casa Blanca y el FMI que perpetúa la pobreza, del maltrato que le propinó al profesor Moncayo o de su agresión a la Corte Suprema de Justicia? ¿De qué, digan de qué –que valga la pena, porque se refiere a las condiciones generales de la nación como un todo– pueden enorgullecerse los que han dirigido y dirigen a Colombia?

Si algo le ha hecho daño al progreso de Colombia es la ideología de la complacencia con la mediocridad que suele orientar a tantos analistas de la realidad nacional, concepción que en vez de tomar la verdad de los desastrosos hechos que afectan a millones, silencia lo que ocurre y presenta como grandes avances las medidas que se toman para mantener o profundizar la iniquidad prevaleciente, iniquidad que, sobra decirlo, no afecta o por lo menos no con toda su rudeza a quienes la ocultan. Ojalá los analistas sí comentaran por qué el capitalismo nacional opera con el 60 por ciento de la población en la pobreza, mientras que el de los países desarrollados funciona con el diez por ciento en esa condición. ¿Por qué lo único que exigen los poderes globales que se asemeje en los dos casos, o que sea “mejor” aquí, son las tasas de ganancia de monopolios y trasnacionales? Si Colombia no pertenece a los países del mundo con menos problemas económicos y sociales no es porque no se pueda, sino porque no se quiere, porque ni siquiera se intenta.

Bogotá, 10 de agosto de 2007.

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Muchísimos de los votos son producto de operaciones clientelistas. El elector sufraga a cambio de un beneficio personal: la oferta de un empleo o el mantenimiento del que tiene, una obra de infraestructura, un cupo en una escuela, un carnet del Sisbén, un contrato, etc., etc. Es la actividad del Estado –sobre todo la del poder ejecutivo, que es el que maneja la plata y los puestos– convertida en mecanismo de extorsión ciudadana. Claro que esos funcionarios no actúan solos pues les deben sus puestos a los que recolectan los votos, es decir, a los miembros del legislativo y a sus jefes, los habilidosos senadores.

Es tal el control de los barones sobre sus electores que pueden hacer campañas sin fijar posición frente a los temas que más afectan a la nación, así en el Congreso hayan aprobado todo tipo de medidas en su contra, y salir reelegidos. El “buen” barón debe tener tan sometida a su clientela -incluídos los subalternos que tienen que arrear la carne de urna- que ninguna decisión, por disparatada que sea, le reste un voto. Y es tan inveterada esta práctica que hay quienes creen que eso es la política: que el asunto se limita a conseguir votos como sea para alcanzar el gobierno y dar y recibir prebendas, mientras se deja que el gran cacique se vaya a Bogotá a aprobar lo que dicte la tecnocracia del Fondo Monetario Internacional, a cambio de que cada genuflexión produzca más puestos, más recursos y más contratos que permitan acrecentar y lubricar la maquinaria.

Claro que vistas las cosas con cuidado, ¿qué más pueden hacer los barones electorales? A manera de ejemplos, cómo conseguir votos diciéndole a sus subalternos y a sus clientelas: “voten por mí que yo estoy de acuerdo con la apertura que arruina al agro y la industria nacional” o “voten por mí que me tiene sin cuidado la crisis cafetera” o “voten por mí que estoy de acuerdo con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y las alzas en las tarifas” o “voten por mi que estoy a favor de la concentración de la riqueza y el aumento del desempleo y la pobreza” o “voten por mí que yo les subo los impuestos cada año” o “voten por mí que a mi me importa un pito la soberanía nacional” o “voten por mi que soy neoliberal y samperista”. ¡Ni locos que fueran! A veces, cuando al calor de la campaña les da por teorizar, sectarizan con trapos de colores para que las gentes embistan con los ojos cerrados y tan engañados como los toros de casta o hacen demagogia sobre los efectos de la crisis nacional, en tanto guardan calculado silencio sobre las causas de ésta, o hacen retórica moralista, muy a la última moda.

Casi toda la política en Colombia es el acto de prestidigitación mediante el cual se induce al elector a pensar que sus problemas no tienen responsables o que solo obedecen a las decisiones de unos presidentes que se desechan cada cuatro años, mientras el favor clientelista sí tiene benefactores a la mano a quienes agradecerles cumplidamente en todas las elecciones.

Coletilla: picante el programa de humor político que hace en la radio William Calderón. ¿Será por eso que casi carece de anunciantes?

Manizales, 3 de febrero de 1998.

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Es común que la cúpula del uribismo estigmatice al Polo afirmando que a todo le decimos que no y que no proponemos nada. Con tanta soberbia, cualquiera diría que sus medidas y las condiciones sociales del país no son las inicuas que los avergüenzan ante el mundo.

Que digan qué quieren que les aplaudamos: ¿las altas tasas de desempleo, pobreza y miseria? ¿Que el régimen de salud mate más que las violencias que nos martirizan? ¿Un sistema educativo excluyente y de baja calidad? ¿El boleteo mensual de los servicios públicos? ¿Un aparato industrial y agropecuario enclenque y en retroceso? ¿La desnacionalización de la economía? ¿Que les bajen los impuestos a los monopolistas y se los suban a los demás? ¿La persecución al sindicalismo? ¿El sometimiento a los dictados de Washington y del neoliberalismo? ¿La parapolítica y la yidispolítica? ¿La falsa democracia, la plutocracia o la cleptocracia? ¿La manipulación de un Mesías que intenta establecer una tiranía? Entonces, la verdad es que apenas nos oponemos a una fracción de lo que quisiéramos rechazar, porque el tiempo no nos alcanza para denunciar las muchas iniquidades que laceran a los colombianos.

Claro que si lo que quieren es que les digamos que la vida de los colombianos podría ser peor, cuenten con ello, porque cualquier cosa por mala que sea puede empeorarse y porque es seguro que con ellos empeorará.

Y decir que no proponemos nada es apenas el truco de desconocer nuestras propuestas porque son diferentes a las de ellos. Es la lógica fascistoide del pensamiento único: como pensamos diferente, ni siquiera reconocen que pensamos. ¿No constituye el Ideario de Unidad del Polo un conjunto de propuestas económicas, sociales y políticas? Además, ¿no se hacen los bobos cuando no entienden que de lo que negamos también se deducen nuestras propuestas? Por ejemplo, la oposición al “libre comercio” significa que estamos por relaciones internacionales fundamentadas en el respeto a la soberanía y el beneficio reciproco, que no destruyan la producción urbana y rural ni envilezcan las condiciones de vida del pueblo.

Entonces, las pullas uribistas contra la oposición y las propuestas del Polo son presiones para movernos hacia la derecha, de manera que nuestro triunfo, que será inevitable si perseveramos, no signifique profundas transformaciones democráticas. Por voltearnos también nos ofrecen unas cuantas canonjías y que establezcamos con ellos una relación de complicidad, la cual incluye que en público nos mantendrán el rótulo de izquierdistas. El crimen político perfecto.

El Polo debe actuar con toda la amplitud y mantener las puertas abiertas, pero para los que quieren cambiar a Colombia.

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¿Por qué el Obispo de Cúcuta, monseñor Jaime Prieto, llamó “cínico y descarado” el programa llamado “Agro, Ingreso Seguro (AIS)”?

Así calificó el Obispo la actitud de quienes decidieron concentrar los escasos recursos oficiales para el agro en manos de unos pocos muy poderosos y, además, tan cínicos y descarados que salieron a defender esa política plutocrática, lo contrario de la democrática. Esto recuerda el descaro de los hijos de Álvaro Uribe en el caso de sus negocios.

¿Por qué dice que la plata la concentraron en unos pocos muy poderosos?

Un estudio del Cega-Uniandes muestra que, entre 2000 y 2007, predominó la concentración de los dineros públicos en personas, cultivos y departamentos. Por ejemplo, el uno por ciento se quedó con el 71 por ciento de los créditos redescontados, el uno por ciento tomó el 45 por ciento del respaldo del Fondo Agropecuario de Garantías y a la palma fue el 33 por ciento del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). En AIS, en crédito, 161 recibieron la misma plata que 79 mil ($420 mil millones) y en ICR, 1.100 tomaron lo mismo que 75 mil ($320 mil millones).

¿Cómo más se ilustra la concentración de los recursos?

En 2007, dos empresas controladas por el primer banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, recibieron la tercera parte del total de los créditos (a DTF–2) del departamento del Meta. En total, tres empresas de este personaje recibieron 12 mil millones de pesos de AIS. La trasnacional Coltabaco-Philips Morris obtuvo préstamos por 29 mil millones de pesos, a cinco ingenios azucareros les prestaron cinco veces más que a todos los productores del Tolima y dos veces más que a los de Caldas y dos personas se quedaron con el 73 por ciento del crédito de Bolívar. En ICR en 2007, en el Cauca, uno cogió el 40 por ciento; en Bolívar, uno el 83 por ciento; en Magdalena, dos el 89 por ciento; en Valle, cuatro el 65 por ciento; en Santander, dos el 53 por ciento, y en Cundinamarca, dos el 43 por ciento.

¿Cómo les fue a los amigos políticos del presidente Álvaro Uribe?

Extremadamente bien. 46 personas les aportaron a las campañas 600 millones de pesos y recibieron de AIS, por las diferentes líneas, 45.000 millones de pesos. Y a diez que financiaron con 130 millones de pesos el referendo, el gobierno les dio 16.500 millones de pesos. En resumen, pusieron 730 millones y recibieron 61.500 millones por AIS. ¡La mejor de las pirámides!

El gobierno dice que no todo fue a unos pocos magnates.

El colmo sería que absolutamente todo hubiera terminado en los bolsillos de los más poderosos. Para poder hacer politiquería tienen que darles algo a los demás. El debate no es si algo les tocó a los pequeños y medianos, sino si hubo concentración de los recursos en un puñado de grandes. Además, debe saberse que todo AIS son apenas unas cien mil operaciones al año y que hay más de dos millones setecientos mil propietarios rurales. AIS son solo 30 mil créditos anuales, lo que da insignificantes 30 por municipio. Constituye una verdadera desvergüenza que los pocos recursos los concentren en unos cuantos compadres.

El ex ministro Andrés Felipe Arias y el ministro Fernández hablan mucho de lo que les dieron a los pequeños y medianos.

Falsean al respecto. La concentración de los recursos está demostrada. Pero además engañan con lo de los medianos productores. Porque ellos definen como mediano productor al que tiene activos rurales entre 50 y 5.000 millones de pesos. ¿Son medianos los que poseen 5.000 millones de pesos? Es evidente que manipulan la estadística y meten a grandes como medianos. Y no pueden decir que no lo sabían. Porque el 18 de octubre de 2007, hace dos años, en la Comisión Quinta del Senado, le dije a Arias que esa definición era tramposa.

¿Cómo fue lo de los subsidios para riego y drenaje?

De lo peor. Porque hubo familias que recibieron hasta seis subsidios, y en este caso les regalaron toda la plata. Por ejemplo, los Dávila Jimeno se ganaron 2.249 millones de pesos, los Vives Lacouture, de los que hace parte un senador uribista condenado por parapolítica, 6.985 millones de pesos. Y los Lacouture Dangond, sumados a los Lacouture Pinedo, lograron 5.235 millones de pesos. A otras cinco familias les pasaron 8.200 millones de pesos.

¿Por qué sucedió eso?

La culpa inmediata la tiene Andrés Felipe Arias, porque él fue quien determinó las condiciones para el reparto de esa plata. Y decidió que el tope del regalo era de 600 millones de pesos, pero no dijo que por persona o por familia o por finca, sino por proyecto, y cualquiera sabe que una persona, una familia o una finca pueden tener varios proyectos. Él redactó las normas para que se aprovecharan de esa manera. Y tampoco prohibió que los proyectos estuvieran en tierras arrendadas, como en el caso de la reina de belleza favorecida.

¿Cómo fue lo de los proyectos “no elegibles” que al final sí se eligieron?

Hubo varios proyectos que fueron inicialmente rechazados por el IICA-OEA por no cumplir con los requisitos y que al final recibieron centenares de millones de pesos. Ese cambio en la decisión fue ilegal. Ninguna norma les permitía resucitar proyectos rechazados.

¿Por qué le dieron al IICA-OEA la selección de los proyectos de riego? ¿Hubo corrupción?

No debe perderse de vista que el que tenía la última palabra para asignar estos regalos era el Ministerio de Agricultura. Pero no han explicado satisfactoriamente por qué usaron al IICA-OEA en la preselección y no a otra entidad o al propio Ministerio. Porque la mediocridad del IICA salta a la vista y porque al ser un organismo internacional, de la OEA, es difícil o imposible que la Fiscalía y la Contraloría lo investiguen. Es obvio que cuando decidieron dejar las puertas abiertas para que una familia cogiera varios subsidios, pudo haber corrupción. Sería extraño que no hubiera corruptos en lo de los proyectos resucitados. Es por lo menos sospechoso que escogieran al IICA-OEA. También hay que investigar los casos de los altos burócratas y los mafiosos favorecidos.

¿Por qué rechaza que el programa se llame “Agro, ingreso seguro”?

Porque es un nombre calculado para engañar. Lo advertí cuando aprobaron la ley 1133/07 y dijeron que con esos 250 millones de dólares en subsidios se iba a poder enfrentar bien el TLC con Estados Unidos, un país que tiene más de 70 mil millones de dólares en subsidios agrarios. Es muy politiquero usar ese nombre cuando la principal característica del agro en el neoliberalismo es lo inseguro de los ingresos de casi todos, realidad que se empeorará si hay TLC. Desde esos días Arias andaba en campaña presidencial.

¿Estamos ante una política aislada del gobierno del presidente Uribe?

No. La política plutocrática es la oficial, para todo. La última palabra de AIS la tuvo Álvaro Uribe y es parte de lo que él llama “confianza inversionista”, que consiste en darles gabelas a monopolios y trasnacionales, mientras los demás se hunden. La ilustra el caso Carimagua, en donde 17 mil hectáreas de tierras del Estado que estaban destinadas a centenares de campesinos desplazados intentaron entregárselas a un magnate. En documento oficial, Álvaro Uribe se lamenta porque la ley no le permite titular en los Llanos Orientales latifundios de “40, 45 mil hectáreas”, que se conviertan en zonas francas para traer “toda esa maquinaria sin arancel ni IVA” y con una “tarifa de renta solamente de 15 por ciento; no de 33”, para los que, agregó, “la ley de Agro Ingreso Seguro es muy buen paso” (http://oacp.presidencia.gov.co/snerss/detalleNota.aspx?id=15903).

¿Usted se opone a que el Estado respalde el agro y a los empresarios?

Por supuesto que no. Seguramente yo sea el dirigente político que más ha defendido que el Estado proteja al agro, con aranceles, subsidios y todo tipo de medidas. Por eso me opongo al “libre comercio”, que lo desprotege en enormes proporciones, como lo prueba que el país esté inundado de productos agrarios extranjeros. Y también creo que la producción empresarial debe ser protegida. Defiendo un agro de tipo dual: de campesinos e indígenas, por un lado, y de empresarios, por el otro, pero con el respaldo oficial poniendo especial énfasis en los pequeños y medianos.

¿Cómo le ha ido al agro en este gobierno?

Muy mal. Hay 50 mil colombianos al borde de perder sus fincas en procesos judiciales. Es pésima la situación de cafeteros, arroceros, paneleros y ganaderos de leche y carne. El 65 por ciento de los habitantes del campo vive en la pobreza y el 33 por ciento en la indigencia. Hubo dos millones cien mil desplazados entre 2002 y 2008, período en el que el agro creció menos que el conjunto de la economía. La concentración de la propiedad rural es de lo peor en el mundo. Están subutilizadas nueve millones de hectáreas con vocación agrícola. El área cultivada cayó de 3.74 a 3.5 millones de hectáreas. El 66 por ciento de los que tienen empleo gana menos de un salario mínimo. Las exportaciones agrarias están estancadas, pues pasaron de 4.33 a 4.44 millones de toneladas, mientras que las importaciones, que eran de 6.33 millones de toneladas en 2002, llegaron a 9.8 millones en 2008.

¿Qué opina del resultado de la moción de censura contra el ministro Fernández?

Triunfó el clientelismo sobre el interés nacional. Álvaro Uribe logró que la mayoría uribista no votara a conciencia, pensando en el progreso del agro y del país, sino que actuara como una rosca que debía proteger a dos de sus amigotes, Arias y Fernández. Pero eso no los salva de la condena que ya les dieron los colombianos informados. Gallina que pierde las plumas, no hay como volvérselas a poner.

En conclusión…

La situación del agro prueba que las políticas oficiales de “libre comercio” conducen el agro al desastre y que AIS no sirve para evitarlo, pero sí para enriquecer a un pequeño grupo de poderosos amigos del gobierno. Eso es lo que quieren reelegir. Por lo demás, el respaldo oficial al sector debe aumentarse, pero con otras políticas, y debe desaparecer el nombre mañoso de “Agro, ingreso seguro”.

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Dice un viejo refrán castellano: “Las cosas de Palacio / van despacio”. Y esa es la única ley que en Colombia, desde los tiempos coloniales, se obedece y se cumple. De modo que por lo menos sesenta días –los mismos de la campaña electoral que empieza– se tomará un burócrata de la Procuraduría General de la Nación para dilucidar si el senador Jorge Enrique Robledo es o no culpable de colaboración criminal con la guerrilla de las Farc, tal como lo pretende la acusación estrambótica que se sacó de debajo de la ruana Alejandro Ordóñez, Procurador de bolsillo del presidente Álvaro Uribe Vélez.

Acusación estrambótica, digo, y no sé si prevaricadora. Porque el Procurador Ordóñez ordenó que se investigue en busca de pruebas de que por parte de Robledo “existe conducta que pueda constituir incumplimiento de deberes funcionales, extralimitación de sus derechos, la incursión en prohibiciones o la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en lo que respecta a posibles vínculos con grupos armados al margen de la ley” (tomo esta cita textual, con todo y sus caprichos sintácticos, del diario El Nuevo Siglo del 19 de diciembre de 2009). Y ordenó eso a sabiendas de que no hay tales pruebas, a no ser que él mismo las fabrique, porque Robledo ha sido desde hace cuarenta años el más severo crítico de la lucha armada que practican las Farc. Cuando el procurador Ordóñez no las criticaba, Robledo sí lo hacía. Cuando el presidente Uribe todavía no, Robledo sí. Y eso lo sabe todo el mundo. Hasta las propias Farc, que precisamente de eso acusan a Robledo en los archivos del computador de ‘Raúl Reyes’ de que se sirve fulleramente el Procurador Ordóñez para incriminar al senador con falsedades, que él mismo sabe falsas. Pues no es que el Procurador Ordóñez no sea un hombre bien informado. Es que es un hombre tramposo.

Y creo que, dado su cargo, esa trampa se llama prevaricato.

Además de tramposo –como lo son todos los representantes del Uribato, del jefe Uribe para abajo– el Procurador Alejandro Ordóñez es un hombre astuto. Lo que consigue con su acusación infundada, y que sabe infundada, es poner en el brete de demostrar su inocencia en mitad de la campaña electoral para el Senado al que ha sido el más bravío parlamentario de la oposición a este régimen tramposo y corrompido, mentiroso y corruptor. Hablo de régimen porque esos vicios no son solamente del gobierno: de ese presidente que ganó sus primeras elecciones con votos del narcoparamilitarismo y auto-atentados ficticios organizados por el futuro jefe del criminal DAS, y compró las segundas con promesas de notarías y contratos; de esos ministros perseguidos por falsedad o por cohecho; de esos embajadores condenados por asesinato; de esos secretarios y asesores embadurnados de compinchería con los narcos. Son también vicios del poder legislativo: esos cincuenta parlamentarios de la bancada gobiernista hoy presos, y que desde la cárcel siguen votando por interpuesta persona las iniciativas del gobierno. Y son vicios del poder judicial: ese del cual es alto representante el Procurador Ordóñez, no sólo en sus acusaciones arbitrarias sino en sus absoluciones contraevidentes. Y son vicios del llamado ‘‘cuarto poder’’, el de la prensa, tanto escrita como hablada, tanto la una como la otra mayoritariamente arrodilladas ante Uribe, por convicción ideológica o por complacencia en el fango del servilismo.

En todos esos estamentos –legislativo, judicial y prensa, y hasta quizás en escalones inferiores del poder ejecutivo– hay, desde luego, discrepantes del Uribato: el propio senador Jorge Enrique Robledo es el mejor ejemplo. Pero son minoritarios. Como son minoritarios los colombianos antiuribistas del común, a juzgar por las inverosímiles e inverificables encuestas que miden la popularidad del Presidente.

Lo he dicho aquí mismo unas cuantas veces: los uribistas de buena fe se arrepentirán de haberlo sido. Pero no creo que el Procurador Ordóñez sea de esos. Como su jefe el Presidente, en cuyo bolsillo está, es un tramposo.

Enlace al artículo original: http://www.semana.com/noticias-opinion/tramposo/133491.aspx

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En diálogo con Caracol Radio, Robledo dijo que muchas de las menciones que supuestamente se hacen de su nombre en los computadores del abatido cabecilla de las Farc, alias “Raúl Reyes”, son inanes y otras lo atacan por negarse a apoyar la combinación de todas las formas de lucha.

“Voy a pedir que se adelante una investigación disciplinaria en la Corte Suprema y penal en la Fiscalía contra el procurador Alejandro Ordóñez”, agregó.

Jorge Enrique Robledo consideró que “estamos en un régimen siniestro, este es el gobierno de las “chuzadas” del DAS, de las reuniones en la “Casa de Nari”. El procurador Ordóñez es un hombre del presidente Uribe”, agregó.

Enlace al artículo original: http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=927388

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El profesor Robledo se ha desempeñado de forma descollante en el Congreso, mientras que muchos brillan por el ausentismo y las componendas, Robledo fue considerado como el mejor Senador y la cabeza de la oposición.

Me dejó de una pieza la noticia de una apertura de investigación por la llamada Farc-política al senador Jorge Enrique Robledo. Y me causó indignación, pues conozco la trayectoria de Robledo desde los tiempos de profesor universitario y dirigente popular cafetero. Robledo es un demócrata, una persona que ha sabido posicionar un pensamiento de izquierda en el escenario nacional. Podríamos decir que la presencia de Robledo ha enriquecido la discusión pluralista en esa nueva Colombia que nació con la Constitución del 91. Me asalta profundamente la duda que sea precisamente por esto que se haya iniciado este tipo de proceso contra el senador Robledo.

La decisión de la Procuraduría General de la Nación de iniciar una averiguación por supuestas conexiones entre la Farc y el senador Robledo es muy desafortunada, pues refleja que no conocen a Robledo y que se actúa de manera poco responsable con nuestra democracia. Comenzar a procesar a la oposición es el peor mensaje que se puede enviar a la construcción de un país plural e incluyente. Es el mejor mensaje para aquellos que consideran que la única vía es la de las armas. Y es la mejor manera de deslegitimar la institucionalidad, pues se reafirmaría su carácter excluyente y de régimen totalitario.

Según la noticia de la apertura de averiguación, la raíz se encuentra en un informe de los correos hallados en los computadores de Raúl Reyes. Qué extraño que se hayan demorado tanto tiempo para hacer estas acusaciones. Ya dirán las autoridades si tales correos son más que diálogos políticos y humanitarios, en los cuales muchos colombianos en búsqueda de la paz han ido encontrando soluciones a múltiples nudos humanitarios en medio del conflicto. Torpe e ignorante aquel que considere que todo dialogo con la guerrilla es sinónimo de alianza con el terrorismo.

El profesor Robledo se ha desempeñado de forma descollante en el Congreso, mientras que muchos brillan por el ausentismo y las componendas, Robledo fue considerado como el mejor Senador y la cabeza de la oposición. Sus debates de control político han demostrado que la oposición se puede hacer con argumentos y datos y hechos. ¿Es a este Senador al que quieren enredar? Lástima por nuestra democracia.

Esperemos que el Procurador, que en otros casos ha demostrado sindéresis y tino, no esté siendo manipulado por intereses oscuros en todo este dossier. Máxime ahora que se avecinan las elecciones de Congreso.

Las implicaciones políticas de este proceso pueden ser funestas para la consolidación de nuestra democracia.

Enlace al artículo original: http://www.lapatria.com/Noticias/ver_noticiaOpinion.aspx?CODNOT=84193&CODSEC=13

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