En el senado

Robledo Somos Todos

Los $3,5 billones para Coltel TELEFÓNICA LOS PIDE PARA HACER LO MISMO QUE OFRECIÓ HACER HACE CINCO AÑOS

 Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre Coltel y Telefónica, Comisiones Cuartas conjuntas, 23 de noviembre de 2011.

 

Una huelga patriótica paró a César Gaviria cuando intentó privatizar a Telecom. Después, en forma calculada, los gobiernos se lanzaron a destruirla. Los españoles incumplieron todos los compromisos. Los planes fracasaron ¿por imprevistos o por manejos oscuros? Se crearía un poderoso duopolio Movistar-Comcel, en desmedro de ETB y UNE-EPM. Según Aciem, Colombia va a terminar pagando dos veces por lo mismo. Dos casos muy graves de puerta giratoria gobierno-Telefónica.

Como se sabe, el Polo Democrático Alternativo no tiene voceros en estas comisiones, pero por supuesto es un tema que nos interesa. Estamos hablando de una capitalización del orden de 3,5 billones de pesos, suma que tendría que poner el Estado colombiano, y de que las cuentas fallaron por lo menos en medio billón de pesos al año en números redondos. Este es un tema que el Polo Democrático Alternativo se propone mirar con todo el interés, aun sin el tiempo que le pueden dedicar los miembros de esta Comisión.

Personalmente vengo estudiando el caso de Telecom por allá desde los años 90. Son muchos los artículos que he escrito y las conferencias que he dictado. Adelanté además un debate largo en la Plenaria del Senado cuando la privatización. Voy entonces a hacer una primera aproximación al tema y a exponer cuáles son nuestras preocupaciones. Decir primero que este es un debate de veinte años, por lo menos. Privatizar es muy bueno, dijeron unos, y otros dijimos que el asunto no era como lo estaban pintando. Pues llevamos dos décadas en la misma discusión y hoy estamos descubriendo un lío de proporciones descomunales en una cadena de acontecimientos que no deberían haber sucedido.

La patriótica huelga en Telecom

Vale la pena mencionar el proceso. Al momento en que arranca, en los años noventa, cuando llega César Gaviria Trujillo a la Presidencia de la República, Telecom era una gran empresa, con niveles tecnológicos buenísimos y excelentes niveles de cubrimiento, una empresa que nos enorgullecía a los colombianos y que le transfería al gobierno central sumas inmensas. Colombia era un país que manejaba tarifas de telefonía local de las más bajas del mundo. Les estoy haciendo un recorderis, porque probablemente muchos aquí no se acuerden de cuál es el origen de la controversia. Telecom era una gran empresa y un mal día, el presidente Gaviria decide ponerla en venta con un aviso en la prensa internacional. No la saca a vender por mala, sino por buena, porque, repito, la empresa era excelente. Los trabajadores, en una decisión patriótica y valerosísima, se fueron a un paro histórico. Quedó el país incomunicado unos cuantos días con el exterior, en una actitud del sindicato de Telecom que vale la pena resaltar. Ahí paró el primer intento de privatización.

Viene después una etapa terrible en la historia de Telecom por el propósito absolutamente descarado y absolutamente calculado por destruirla desde arriba. Los gobiernos la maltrataron en el negocio de la telefonía celular, le impusieron competidores mediante contratos leoninos y la lesionaron con los joint venture, como lo demostré en un artículo de varias páginas. En fin, le causaron daños brutales, de tal magnitud que dejaron las finanzas en una situación de deterioro absolutamente calculada. Y paralelamente, en el capítulo de comunicaciones del TLC se les dio otro duro golpe a ETB y EPM-UNE, las otras empresas de telefonía local, hoy todavía muy importantes, un atentado realmente espantoso pero que no tenemos tiempo de explicar.

Se logró crear un ambiente malsano entre la opinión pública, hasta que llegó un punto en el que la exclamación en los grandes medios de comunicación fue que había “salvar” a Telecom, que regalada era cara. Fue en ese ambiente en el que se consumó por fin la privatización. Nos dijeron que estábamos al borde de la peor de las catástrofes y que las pensiones se iban a perder, luego que había que vender la empresa a como diera lugar. Se quiso festinarla a Carlos Slim, pero por fortuna intervino la Contraloría y al gobierno le tocó recular. Es el momento en que se hace el debate en el Senado, porque el negocio era inaceptable. Y al final, un poco cansada, la opinión pública termina cediendo y la empresa queda en manos de Telefónica, de España, la encargada, se supone, de resolverle todos sus problemas.

Los españoles incumplieron todos los compromisos

Somos muchos los que hemos demostrado que la empresa se vendió a menos precio. Pero la teoría era que con tal de salir de ese encarte de los pensionados y que la nación no tuviera que volver a preocuparse de nada, que el negocio se hiciera, si era del caso regalando la empresa. Ese fue el ambiente político en que se desarrolló la privatización y la manera como se suscribieron los contratos. Le agregaron una carnada muy atractiva y es que mediante ese sistema de privatización –ya en ese momento la entidad se llamaba Coltel y no Telecom–, íbamos a entrar al nirvana de la telefonía celular. Se alcanzó incluso a redactar en el contrato una cláusula según la cual “se podría” incorporar el negocio móvil al portafolio de Coltel. Un “se podría” que por supuesto dejaba el hueco para que también “no se podría”, muy típico de los contratos de estos tiempos. Podrá hacerse tal cosa quiere decir en realidad que podrá no hacerse. Se puso por ahí una cierta clausulita estipulando que si la cosa no se hacía, los compradores tendrían que pagar una especie de multa o compensación. Lo cierto es que hoy Coltel no está en móviles, y eso es lo que nos están ofreciendo de nuevo, pero tampoco se pagó la compensación que había que pagar, porque apareció otra teoría y es que el incumplimiento se iba a compensar de otra manera.

¿Cómo está hoy Coltel? Evidente, muy mal. Las cosas no salieron tal como Telefónica se lo ofreció a los colombianos y la prueba es que en este momento acumula una deuda de aproximadamente medio billón de pesos, digamos que con los pensionados, simplificando las cosas en términos populares. Pero para hacer mayor claridad, tampoco ha pagado el arrendamiento de los equipos por una suma del orden de medio billón de pesos. En resumen, la empresa no está cumpliendo con lo que se supone se comprometió a cumplir.

Aparece una discusión que hay que mirar con detenimiento. Y es que hoy Telefónica nos está diciendo que como no cumplió, que hay darle más plata. Entonces uno no puede menos de preguntarse qué es lo que Colombia les va a premiar aquí. No solo les feriamos baratos todos los activos, como se les dieron en los arrendamientos y en las inversiones, sino que además hay que darles más plata en una suma bien grande. Y hay que dársela además sin que tampoco ahora nos garanticen cumplimiento. Nadie sabe qué va a pasar con la empresa más adelante. En el inconsciente colectivo quedó la idea de que estaban aseguradas las pensiones. Después se supo que no estaban aseguradas, y que si la empresa se quiebra, no se garantiza el pago de las pensiones.

¿Imprevistos o manejos oscuros?

Entonces surge la pregunta clave: qué fue lo que pasó, por qué no cumplieron. Hay tres posibilidades para explicar por qué a Coltel-Telefónica no le salieron las cosas como se las ofrecieron a la sociedad colombiana. Una, en el terreno completamente teórico, por imprevistos, eventos que ocurrieron y que nadie preveía, un poco la tesis que viene planteando la empresa. Pasaron cosas que no estaban en nuestros cálculos, lo sentimos mucho, y en adelante las vamos a mirar con más detenimiento. Pero es muy extraño que una empresa de este calibre no sea capaz de anticipar los hechos a corto plazo, cuando además el socio es el Estado colombiano, que a mi juicio ha organizado las normas para que a la empresa no le vaya mal. Segunda posibilidad, que sean errores, negligencia, simple incapacidad. Y tercera, que se le haya dado a la empresa un manejo que beneficia a Telefónica, pero no al Estado colombiano, o sea, que haya una lógica de descreme, sobre lo cual llamó la atención el doctor Felipe Zuleta en su columna de El Espectador, que fue de las primeras cosas que se dijeron. No sabemos qué pasó, particularmente no tengo claridad al respecto, aun cuando sigo abrigando severas dudas sobre la tesis de los imprevistos planteada por la empresa, el trillado fueque que fueque, y miren cómo estamos ahora.

En el contrato de marras, Telefónica logró imponer además una prima de gestión, así llamada, una especie de prima de sabiduría, hoy vigente. Por un lado, Telefónica tiene derecho a ganar por el 52% de las acciones. Gana también por la gerencia, porque detenta todo el control y los ingresos que se generen de allí y de las posibilidades de contratar con sus subsidiarias y afiliadas. Lo tiene todo, pero además los colombianos le pagamos una prima de gestión, es decir, terminamos pagándoles por lo que saben sus gerentes. Estos últimos lograron separar lo que saben de sus propios sueldos, que se supone es una misma cosa. Soy de los que han dicho que si las cosas salen bien, cualquier gerencia puede ser aceptable, por costosa que sea. Pero si salen mal, hasta la gerencia peor paga, esa de salario mínimo, resulta ser discutible. Y no estamos hablando de poco dinero. Entre 2006 y 2009 son más de 200 mil millones de pesos que se le ha pagado a Telefónica, simplemente por el hecho de que sabe unas cosas que el Estado colombiano ignora. Pues si es así, los resultados están a la vista.

Posibles perjuicios para ETB y UNE-EPM

Hay una preocupación muy grande, y creo que cierta, de parte de otras empresas de telefonía, particularmente de UNE, y es que la solución que entre comillas se le termine dando a este lío resulte en detrimento de otros patrimonios públicos. Que por resolver entre comillas el problema del patrimonio público y el pasivo pensional en Coltel, la solución termine golpeando a UNE-EPM y a ETB, porque se termine configurando un descomunal monopolio, o un duopolio, que por un lado quede Comcel con un control inmenso del negocio de las telecomunicaciones y por otro quede Movistar. Porque la solución que nos están ofreciendo es que no solo les demos la plata, sino que además los autoricemos a asociarse con Movistar. O con alguna otra, pero todo indica que es en ese sentido.

Usted aquí, señor ministro de Hacienda, debe dar explicaciones al respecto. Qué va a pasar en este negocio con el resto del patrimonio público involucrado. Porque parte del problema es que el libre comercio no existe sino en los libros de texto y eso que en la primera página, porque en la segunda desaparece. Son tantas las normas, que de todo tiene el libre comercio menos de libre. Cualquier decisión que se toma, o favorece al uno, o favorece al otro. Entonces nos tiene usted que explicar si estas decisiones les van a solucionar a unos un problema, si es que lo solucionan, pero de carambola van a armarles a otros una serie de problemas aún más complicados.

Colombia paga dos veces por lo mismo

Aciem ha resumido una idea muy justa y es que Telefónica nos está hoy pidiendo 3,5 billones de pesos para hacer lo que se supone debió hacer hace cinco o seis años. En una palabra, vamos a tener que pagar dos veces por lo mismo, en cierto sentido. ¿No se supone que lo que hoy se va a hacer fue lo que ya había quedado hecho? Se supone que hace cinco años habían quedado salvadas las pensiones, y se supone que esa empresa no iba a tener más problemas, y se supone que iba a quedar con telefonía móvil. Por lo menos eso fue lo que políticamente se les vendió a los colombianos. Yo sé que en la letra menuda, como suele suceder, pero el compromiso ahí estaba.

En este mismo sentido le voy a pedir, señor ministro de Hacienda, la mayor transparencia en la información. Fue lamentable su artículo en El Tiempo explicando el asunto. Porque el artículo no dice con claridad que Coltel no está pagando la plata para las pensiones y que Coltel ha fracasado en lo que se determinó hace cinco años. Tampoco dice que la capitalización es de 3,5 billones de pesos. Yo hasta hace un rato estaba confundido. Pensaba que era de muchísimo menos. Entonces lo mínimo es que el debate se haga, en esto debemos ser muy exigentes, con todas las cifras en la mano, y el primer deber es del gobierno, para que la opinión pública pueda valorar los hechos y no resulte que unos tengan una idea y otros otra, pero sobre cifras diferentes.

Hoy tampoco se nos está garantizando el futuro. Resumo, 3.5 billones pesos para hacer lo que se supone ya estaba hecho, para los mismos socios y para el mismo fin que no se cumplió, estar en telefonía móvil. Hay otra parte del asunto que tampoco se menciona y si se hace, es en círculos muy cerrados, y es que el Estado va a pasar del 48% de participación en Coltel a una cifra muy inferior, del 20 ó el 25%. Sería bueno que nos los dejaran en claro de una vez por todas, por la amenaza de que el día de mañana aparezca otra capitalización y ahí sí desaparezca por completo el patrimonio público en esa empresa.

Lo que se va a hacer no es exactamente garantizar el funcionamiento de la empresa, sino pagar las pensiones. Es un debate que parece menor, pero es muy importante. Pregunto: ¿la capitalización es para que la empresa genere los recursos con que pagar las pensiones o es para pagar las pensiones? Estoy entendiendo que es para pagar las pensiones, pero el país no lo está entendiendo así. De qué es de lo que se trata: damos la plata y queda asegurado que el pasivo pensional quedó resuelto y lo asume el Estado en la proporción que le corresponde. O damos la plata para que la empresa funcione bien y de ahí va a salir la plata para pagar las pensiones. Son dos cosas distintas, porque en una por lo menos se elimina el riesgo hacia el futuro y en la otra no.

Dos casos de puerta giratoria

Y voy a decir algo que me aburre, pero alguien lo tiene que decir, y es que no me gusta nada la puerta giratoria de este negocio. No me gustó, y lo dije en su momento, que el doctor Gómez saliera de Telecom a Telefónica, por razones obvias. Pienso que no es una buena manera de gobernar un país, y me parece más grave aún que, preciso cuando este negocio está moviéndose, y lo están conversando desde hace rato, incluso desde antes de llegar el presidente Santos a la Presidencia de la República, porque el problema de Coltel no es nuevo, me parece absolutamente inaceptable, repito, que se saque a un altísimo funcionario de Telefónica a escala global para ponerlo de ministro de Comunicaciones. Inaceptable, así me traigan la certificación del mismísimo Espíritu Santo y de todo lo que ustedes quieran con respecto a estos dos funcionarios. Hago la misma pregunta que hice cuando dejaron ahí atornillado al director del DAS, que está subjúdice y con graves acusaciones. ¿Entre los nueve millones de santistas, el único que se podía poner en la dirección de comunicaciones era a un hombre de Telefónica? Porque el ministro tiene que ver con este negocio, así no venga a esta sesión, ¿o lo que se está haciendo no está amarrado a decisiones de tipo técnico que entrañan implicaciones económicas? ¿Entre nueve millones de colombianos no había uno solo que no fuera precisamente el hombre de Telefónica?

Dejo mi constancia de que ese es un pésimo estilo para gobernar un país. Usted debe conocer el artículo, doctor Echeverri, ministro de Hacienda, está planteado en The Economist, aunque no es exactamente el mismo caso. Allá lo que se está discutiendo es si los profesores que se presentan ante el mundo como académicos, pero que están en el mundo de los negocios, deben o no contar de qué intereses son voceros. Porque la preocupación es obvia, y es que sus decisiones académicas y sus opiniones están influenciadas por su faltriquera. ¿La conveniencia nacional es la puerta giratoria? Pasan de un lado a otro y dele que dele. Con toda franqueza dejo constancia de mi total desacuerdo con esa práctica.

Concluyo diciendo que en este debate hay que irse a fondo. Necesitamos que la Contraloría opine al respecto, ya lo planteó Aciem. De qué es de lo que se trata este asunto y cómo es que se van a hacer las cosas. Pienso que el afán es mal consejero. No es bueno que se levante la tesis, como parece estarse popularizando, de que o nos tragamos el sapo o entonces no queremos que se paguen las pensiones. O nos tragamos el sapo o nosotros lo que queremos es que se quiebre Coltel. Con esa tesis fue con la que hace cuatro o cinco años nos embarcaron en este lío. No se podía discutirles, porque se corría el riesgo de que no se pagaran las pensiones, o se quebraba la empresa y Colombia quedaba incomunicada. Y ahora cinco años después nos repiten la misma medicina. Y hago entonces una pregunta: ¿hay algún tipo de seguro que venda alguna compañía de las de escala global que garantice que dentro de cinco años no nos van a dar la tercera poción?

Esta es la primera tanda de preocupaciones que tengo al respecto. Otro día miraremos con más detalle, porque como se están haciendo las cosas hay que examinarlas con todo detenimiento. Insistiría en que Telefónica nos presentara un documento en el que nos demostrara con toda claridad que lo que sucedió fue un imprevisto de verdad, que nadie podía calcular lo que iba a pasar, para que se pueda concluir que nadie tuvo la culpa. Y que a la hora de preguntar quién tuvo la culpa, no nos respondan con el dicho popular aquel. ¿Quién tuvo la culpa? Fue el tubo el que tuvo la culpa.

Réplica a la intervención del presidente de Telefónica

Podría glosarlo todo en la intervención del doctor Gómez, pero me voy a referir solo a algo que me compete directamente. Es probable que al hacer énfasis en que había habido una especie de conspiración para desbaratar a Telecom, haya quien pudiera haber concluido que habría que privatizarla. Eso no fue lo que dije y si se entendió mal, precisemos: mi debate, y aquí tengo los documentos, apuntó a demostrar que esa privatización de Telecom era innecesaria y la vida me da hoy la razón. No era necesario hacer lo que hicieron. La empresa había podido seguir funcionando y resolver sus problemas sin necesidad de ser privatizada. En esos días en el debate denuncié que Telecom se le iba a entregar a Carlos Slim –era en los días en que se tenía calculada la decisión de entregársela a Slim– no porque fuera un mal negocio, sino porque era demasiado bueno. Y lo detallaba con cifras. Afirmé que hubo cinco grandes mentiras para privatizar a Telecom y una de ellas, la que decía que Telecom era un encarte. Detallé con cifras las utilidades operacionales de 2005, de 254 mil millones de pesos, usted debe recordarlo, mucho más altas que las de todas las empresas de celulares en Colombia. Demostré en resumen que la empresa estaba en condiciones de resolver sus problemas, claro, si se la administraba bien. Si se la administraba mal, como se hizo, por supuesto que no.

Dejo entonces en claro simplemente que la empresa era tan buena que a pesar de que hicieron todos los esfuerzos por destruirla, no pudieron. Quiero dejar en claro que yo no he dicho que se debía privatizar ni que la empresa estuviera arruinada. Ahora, lo que es lamentable es que sí hayan logrado desquiciarla, como lo estamos viendo ahora, porque antes no había necesidad de capitalizar a Telecom. Es más, Telecom fue históricamente siempre una vaca lechera del gobierno nacional. Si no era mejor, fue porque le sacaron plata en proporciones inmensas.

¿REPÚBLICA DE COLOMBIA O PRINCIPADO DE ANAPOIMA?

Por. Jorge Enrique Robledo

Significa un sonoro campanazo de alerta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia que a punta de fuerza y sin buenas razones impone el gobierno. En palabras de la Corte, el proyecto “no resuelve el problema ciudadano que reclama justicia”, “atenta contra la estructura del Estado democrático (…), al concentrar el Poder Público en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, “resquebraja la independencia y autonomía judicial”, “desconoce que la función jurisdiccional debe estar (…) en cabeza de los jueces”, introduce de manera “repentina y sorpresiva” el fuero militar y “sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento” de los congresistas y de los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x ).

Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí concentra más el poder en el Presidente de la República, concentración que se agrava porque en Colombia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción, dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores y alcaldes y diputados y concejales. “En Colombia manda –decía un veterano congresista– el partido del presupuesto”, verdad que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien para estos efectos también superó a su mentor.

Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aún más su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales. Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad Social –qué tal el nombrecito–, que unió bajo el control de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Solo le resta someter de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.

La reforma a la Justicia elimina por completo el papel que hoy tienen las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara. Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el Fiscal General de la Nación.

El gobierno, además, con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados, la administración de la carrera judicial y la aprobación del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.

Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año de derecho, la reforma les entrega a autoridades de rango inferior la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa la “privatización y administrativización de la Justicia”, dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados la función de impartir justicia, que debe ser reservada para los jueces de la República, con experiencia para ejercer esa compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.

También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el artículo que establece que, “en todo caso”, no serán de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y policial, “las operaciones y procedimientos” en los que miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué razón aceptable –no para Santos ni para su gran elector, por supuesto– justifica darles un trato jurídico especial a hechos como los llamados ‘falsos positivos’?

Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser ministro de Comunicaciones?