Juan Manuel Santos asumió dos compromisos principales: continuar con todas las políticas de Álvaro Uribe, administración en la que él fue pieza de importancia, y montar un gobierno de “unidad nacional”. Para lo que llama la “unidad nacional”, además de la U, reclutó al conservatismo, a Cambio Radical y al PIN, así a este lo niegue como lo niega Álvaro Uribe. Con honrosas excepciones, el Partido Liberal, encabezado por César Gaviria, también lo respaldará. Y la cúpula verde dijo que no estará en la oposición.

Sin embargo, Juan Manuel Santos podrá montar una gran manguala, pero no un gobierno de unidad nacional, por lo menos no en el sentido de que ese gobierno represente los intereses del conjunto de la nación, pues si algo caracteriza a la administración de Álvaro Uribe –que Santos continuará– es lo antidemocrático de sus concepciones políticas y lo plutocrático de sus criterios económicos y sociales, es decir, por gobernar según los intereses de las trasnacionales, los monopolios criollos y las roscas clientelistas, en tanto a la casi totalidad de la nación se la excluye en mayor o menor medida del bienestar. Hay que ser muy caradura para hablar de “unidad nacional” con el objetivo de continuar un régimen que condujo al país a uno de los peores indicadores sociales de América y del mundo –en desempleo, pobreza y concentración de la riqueza, por ejemplo– y que, además, persiguió a los jueces para imponer el tapen tapen de los horrores que escandalizan al mundo.

Lo de verdad nuevo del gobierno que empieza consiste en que contará con más políticos tradicionales, de esos que aprueban cualquier cosa, por lesiva que sea para la nación, siempre y cuando les garanticen los puestos y los contratos con los que “legitiman” al régimen. Lo que presentan como “unidad nacional” no pasa de ser, en realidad, una manguala política tan amplia que en ella caben hasta los viejos y los nuevos angelinos. Y es obvio que este contubernio no cambiará positivamente al país, sino que lo mantendrá igual de mal o lo empeorará.

La máscara de la “unidad nacional” tiene otro fin que no expresa la fortaleza sino la debilidad de Santos: diferenciarse en algo, pero solo en asuntos formales, de lo que cada vez más se reconocerá como la desastrosa herencia de Álvaro Uribe, para poderla perpetuar en sus rasgos fundamentales. Por ello, para el Presidente electo es clave que su primer año no se cuente como el noveno de Uribe, a pesar de serlo, porque perdería capacidad de manipulación. Y la engañifa también se explica por otra de sus debilidades: con una economía minada por la inviabilidad propia del libre comercio neoliberal, podría suceder que las carnadas con las que han pescado el respaldo popular pierdan eficacia y crezca la oposición entre los hasta ahora confundidos.

Desnudar esta pantomima reviste la mayor importancia. Porque no hay peor gobierno que aquel que se mueve por intereses contrarios a los nacionales pero consigue amplias mayorías políticas y además oculta sus verdaderos fines tras el respetable manto de la unidad nacional, pues ello le facilita ejecutar los mayores desmanes en contra de las concepciones democráticas en lo económico, político y social. Y porque es obvio que la falsa unidad nacional santista también apunta a aplastar toda idea diferente al pensamiento único del Consenso de Washington, la democracia de mentirillas y la mayor impunidad. Vale recordar al Frente Nacional, período en el cual, por Constitución, en Colombia se impuso una especie de dictadura liberal-conservadora que no gobernó en beneficio de las mayorías nacionales.

Salvo que traicionara sus concepciones programáticas, el Polo Democrático Alternativo no puede hacer nada diferente a oponerse con todo valor y firmeza al gobierno de Juan Manuel Santos y explicar en qué consiste su astucia de la falsa unidad nacional, como con acierto lo determinó su Comité Ejecutivo. La izquierda democrática no debe engañar, pero tampoco acolitar que el engaño prospere. Y es seguro que esta posición la asumirán también los millones de colombianos de todas las condiciones sociales y políticas que no se inclinaron ante las barras bravas uribistas ni lo harán ante la gran manguala.

Coletilla: al absolverme, el Procurador dice que no hay nada mío que viole la ley, porque aparezco en los computadores de Reyes como “un acto unilateral de las Farc”. Pero eso ya lo había probado la Policía antes de abrir la investigación en mi contra.

Bogotá, 25 de junio de 2010.

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Los colombianos asistimos al acostumbrado rito de ilusiones cada vez que se cambia el Presidente, rito que dura desde el día en que gana las elecciones hasta una fecha más o menos lejana al momento de posesionarse y durante el cual no puede saberse –dicen– si el nuevo jefe de Estado resolverá o no los graves problemas de la nación. Este lapso, en el que se otorga un compás de espera siempre favorable al recién electo, tiene origen en la inocencia de quienes intentan adivinar lo qué pasará y arbitrariamente le adjudican al nuevo Presidente las virtudes que ellos quisieran que tuviera o en la marrullería de los que se aprovechan del desconocimiento de tantos para inducir ciertas ideas.

Durante esta luna de miel se embellece hasta el absurdo al recién electo, olvidando, tapando o palideciendo sus peores ejecutorias, casi que convirtiéndolo incluso en otra persona. A cada frase demagógica suya o de quienes serán sus ministros, por imprecisa o inane que sea, se le imaginan poderes para resolver los problemas del país o por lo menos para lograr “grandes” avances. Llega al paroxismo lo que puede llamarse pensar con las ganas, como se dice cuando las ideas no se sacan de la realidad sino de lo que se desea, para concluir cómo será el nuevo gobierno.

El enredo crece porque no faltan los que durante las elecciones se opusieron al nuevo mandatario, pero en la confusión terminan respaldándolo o por lo menos dándole el compás de espera. Además de los que se embolatan por cándidos, también aparecen los que por alguna conveniencia personal aprovechan la confusión y cambian de bando. En esta etapa se complica el debate para quienes no siguen la corriente de moda e insisten en las razones por las que se opusieron al Presidente electo cuando era candidato.

Lo que podría llamarse una tendencia natural a la confusión que facilita el engaño se agrava cuando el flamante mandatario, como ocurre con Santos, decide como política diferenciarse de su antecesor, no porque tenga con él discrepancias de fondo sino porque entiende que debe lograr los mismos objetivos pero con sus propias maneras. Si rápido se concluye que Santos I es Uribe III, Juan Manuel Santos habrá fracasado.

En esta añagaza de venderle al comensal gato por liebre juega un rol importante centrar los comentarios en las formas de los nuevos funcionarios y en temas secundarios, y no en las principales políticas que aplicarán y  que dicta Juan Manuel Santos y no sus colaboradores. Cuando se sucede a un gobierno de maneras tan detestables como el de Álvaro Uribe, resulta más fácil utilizar aspectos no fundamentales para presentarse como de verdad diferente.

El caso clásico de las ilusiones equivocadas que generan las diferencias personales puede ser el del Ministerio de Agricultura, donde se hizo famoso Andrés Felipe Arias, y no propiamente por simpático o porque no hubiera empeorado la crisis del sector. Se equivocan quienes creen que el agro puede mejorar por el simple cambio de talante del ministro o que este llega allí con su propia política y no con la del Presidente. Porque es inevitable que el drama agropecuario aumente mientras siga el libre comercio, que por sobre todo consiste en que Colombia importe lo que puede producir, política que es la de Uribe y que Santos ofreció continuar. ¡Que arroceros y lecheros en trance de quiebra por los TLC no bajen la guardia!

Ayuda a no caer en ilusiones sin sustento tener presente que Santos fue ministro de Comercio de César Gaviria, de Hacienda de Andrés Pastrana y de Defensa de Álvaro Uribe, todos neoliberales. Y no se ha arrepentido de una sola de sus ejecutorias, ni de las peores. Los nuevos ministros de Hacienda y Protección son parte de la rosca de tecnócratas que ha detallado en Colombia la aplicación del Consenso de Washington, la de Ambiente ya se puso de parte de la gran minería y el de Agricultura también estuvo en el gabinete pastranista. Aunque en el santismo existan matices alrededor de cómo enfrentar al gobierno de Venezuela, la política exterior seguirá siendo la del Departamento de Estado. Y Angelino Garzón, ex ministro de un gobierno contrario a los trabajadores, anda reclutando más angelinos  y volvió a desnudar su alma: acaba de decir que la parálisis del TLC con Estados Unidos es “un triunfo de los grupos armados ilegales”, desvergüenza por la que debería pedir perdón.

Que los demócratas colombianos que se hicieron ilusiones con Obama tengan en cuenta esa experiencia.

Bogotá, 23 de julio de 2010.

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Muchísimos de los votos son producto de operaciones clientelistas. El elector sufraga a cambio de un beneficio personal: la oferta de un empleo o el mantenimiento del que tiene, una obra de infraestructura, un cupo en una escuela, un carnet del Sisbén, un contrato, etc., etc. Es la actividad del Estado –sobre todo la del poder ejecutivo, que es el que maneja la plata y los puestos– convertida en mecanismo de extorsión ciudadana. Claro que esos funcionarios no actúan solos pues les deben sus puestos a los que recolectan los votos, es decir, a los miembros del legislativo y a sus jefes, los habilidosos senadores.

Es tal el control de los barones sobre sus electores que pueden hacer campañas sin fijar posición frente a los temas que más afectan a la nación, así en el Congreso hayan aprobado todo tipo de medidas en su contra, y salir reelegidos. El “buen” barón debe tener tan sometida a su clientela -incluídos los subalternos que tienen que arrear la carne de urna- que ninguna decisión, por disparatada que sea, le reste un voto. Y es tan inveterada esta práctica que hay quienes creen que eso es la política: que el asunto se limita a conseguir votos como sea para alcanzar el gobierno y dar y recibir prebendas, mientras se deja que el gran cacique se vaya a Bogotá a aprobar lo que dicte la tecnocracia del Fondo Monetario Internacional, a cambio de que cada genuflexión produzca más puestos, más recursos y más contratos que permitan acrecentar y lubricar la maquinaria.

Claro que vistas las cosas con cuidado, ¿qué más pueden hacer los barones electorales? A manera de ejemplos, cómo conseguir votos diciéndole a sus subalternos y a sus clientelas: “voten por mí que yo estoy de acuerdo con la apertura que arruina al agro y la industria nacional” o “voten por mí que me tiene sin cuidado la crisis cafetera” o “voten por mí que estoy de acuerdo con las privatizaciones de las empresas de servicios públicos y las alzas en las tarifas” o “voten por mi que estoy a favor de la concentración de la riqueza y el aumento del desempleo y la pobreza” o “voten por mí que yo les subo los impuestos cada año” o “voten por mí que a mi me importa un pito la soberanía nacional” o “voten por mi que soy neoliberal y samperista”. ¡Ni locos que fueran! A veces, cuando al calor de la campaña les da por teorizar, sectarizan con trapos de colores para que las gentes embistan con los ojos cerrados y tan engañados como los toros de casta o hacen demagogia sobre los efectos de la crisis nacional, en tanto guardan calculado silencio sobre las causas de ésta, o hacen retórica moralista, muy a la última moda.

Casi toda la política en Colombia es el acto de prestidigitación mediante el cual se induce al elector a pensar que sus problemas no tienen responsables o que solo obedecen a las decisiones de unos presidentes que se desechan cada cuatro años, mientras el favor clientelista sí tiene benefactores a la mano a quienes agradecerles cumplidamente en todas las elecciones.

Coletilla: picante el programa de humor político que hace en la radio William Calderón. ¿Será por eso que casi carece de anunciantes?

Manizales, 3 de febrero de 1998.

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Las ciudades de Colombia se cubren a diario con publicidad comercial: desde los últimos jeans de moda, hasta el trago, cigarrillo o música que los jóvenes deben consumir. Pero cuando llegan, después de cuatro años, los dos meses de ejercicio democrático que determinan el futuro del país, algunos salen rápido a penalizar y acusar a los que usamos las calles para comunicar nuestro mensaje.

Espacio público y democracia están necesariamente relacionados dado que son dos conceptos mutuamente determinantes. El espacio público fue conceptualizado por primera vez en la Antigua Grecia, en el pensamiento de Aristóteles. Por aquella época, el pensamiento occidental naciente se concentraba en analizar el fenómeno de la neonata urbanidad. Las implicaciones prácticas de la ciudad como un nuevo modo de organización social se daban cita con la política y la “cosa pública” -es decir, la democracia-, precisamente en el espacio público.

Así pues, la carga simbólica del espacio público ha ido en aumento a través de los tiempos. No en vano, Kant le sumaba la propiedad de servir como escenario al ejercicio ilimitado y emancipador de la “razón pública”, en oposición a la restringida y doméstica “razón privada”. Sin espacio público no hay comunidad y no hay opinión: no hay sociedad.

Ya en la modernidad, el espacio público ha tenido que ser caracterizado para distinguirse de espacios privados, espacios privados colectivos, espacios semipúblicos, etc. El espacio público puro aun logra “privatizar” dos de sus rasgos constitutivos más cruciales: los factores de acceso y de función. Primero, el acceso al espacio público debe ser irrestricto, no solo física sino también económica, social y antropológicamente; por ejemplo, se puede pensar en un centro comercial como un espacio semipúblico: sus puertas están abiertas pero los pobres no entran, es un lugar público de propiedad privada. Segundo, la función del espacio público debe estar medida por la interacción que trasciende lo privado, que teje comunidad. Cualquier asunto de interés colectivo puede ser lanzado a este espacio para su discusión, sin que nadie pueda regular ésta dinámica.

La sociedad donde no hay comunidad, donde todo es privado y no hay espacio que funcione como público es la sociedad ideal del neoliberalismo. La sociedad de la anomia. En sentido opuesto, la sociedad donde todo es público y no se respetan los asuntos privados -no necesariamente la propiedad- es la sociedad totalitaria. La esencia de la democracia es el límite entre el espacio privado y el público, en el espacio público todos somos iguales. La calle es el espacio público.

Ahora bien, desde Aristóteles hasta Habermas, pasando por Kant y otros tantos, coinciden en que en el espacio público se exponen opiniones, se debaten propuestas y, lo más importante, se comunica. De esta manera existe lo que hoy llamamos “opinión pública”, entendida ésta como el resultado del intercambio de posiciones e ideas, la contradicción entre posturas discursivas y la discusión acerca de los problemas que afectan el interés común.

El resultado de ésta interacción social discursiva, para Habermas, es la “publicidad”, elemento que, siendo producto de la esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado –el espacio público-, puede ser utilizada por los ciudadanos para contrarrestar el poder del Estado cuando éste se sale de sus límites democráticos. Así, el espacio público es -y debe seguir siendo- el escenario para la exposición de ideas y propuestas, para la producción de iniciativas y alternativas; y la opinión pública es –y debe seguir siendo- el arma de las masas contra las extralimitaciones autoritarias del poder. Sin este espacio, no nos es posible constituirnos como sujetos políticos y sociales, culturales o religiosos, en medio de lo que sería una sociedad sometida por el individualismo y la inercia.

A la política se le ha usurpado el espacio público en Colombia. Se criminaliza al mensaje crítico y se plaga el panorama con publicidad corporativa y heroica propaganda de los círculos superiores del poder, círculos que en éste país están abandonando su naturaleza política para ser simplemente mafiosos. Ramoneda, el filósofo y demócrata español escribe “(…) la pluralidad de fines es el fundamento del espacio público, como garantía de la pluralidad real de la sociedad. El espacio público puede servir para realizar o expresar fines compartidos por una sociedad o una parte de ella, pero no debería ser lugar de exclusión de nadie.”

En conclusión, se hace evidente que el estado del espacio público refleja el estado de la democracia. Y a nosotros nos han prohibido las calles, nos han quitado el espacio público. Siguiendo al sociólogo francés Jean Beaudrillard, es la expresión callejera la única forma de comunicación “inmediata”, es la única verdadera alternativa frente a la comunicación mediada, que todos los días nos escupe valores corporativos y atañas institucionales a través de canales a los que solo unos pocos tienen acceso.  Como dice la famosa pinta rebelde de fines del siglo pasado: “Paredes en blanco, conciencias en blanco”. Y nosotros, como comunicadores, siempre hemos estado del lado de la expresión social.

Los que se preocupan por el daño que le hacemos a una ciudad “limpia y bonita”, se olvidan a conveniencia de que este enorme lienzo edificado alberga a una sociedad enferma, rasgada por la injusticia social y  guiada por la ignorancia que salvaguarda a sus líderes corruptos.  Están los que argumentan que una apariencia de orden inspira una sociedad ordenada. Solo hay que remontarse a la Alemania de Hitler para responder a ese argumento.  Esta es una campaña de voluntarios, sin enormes agencias de publicidad, guiada por un equipo que trabaja porque cree que su candidato tiene los valores y las capacidades para ayudar a construir un país mejor. Y nuestro objetivo nos seguirá empujando al uso de la calle, el internet, la prensa alternativa (que publicamos y distribuimos con nuestros limitadísimos medios) y, en general, cualquier medio democrático que logremos poner a nuestra disposición, en un país donde cada día los espacios son más controlados y regulados por los diferentes actores del juego de poder.

Hoy, la legalidad está  del lado del totalitarismo, y los pocos actores que comprenden el valor del espacio público olvidan su naturaleza y pelean por él, reclamando un derecho de propiedad inexistente tanto en el papel como en la moral. El ocaso de la democracia depende del resurgir del espacio público con sus libertarias propiedades originales: el pluralismo, la crítica, el debate y, sobre todo, la política.

Cuando la política es sacada de las calles, la corrupción, el clientelismo y la exclusión reverberan en el bajo mundo de los altos círculos de poder.  Esta persecución a los que hacemos política en la calle y con la calle hace parte del sucio juego que aventaja a los de siempre. La publicidad “legal”  (sus pautas televisivas y vallas publicitarias) hace parte del millonario círculo vicioso que favorece a los candidatos de grandes gremios económicos e infladas cuentas bancarias. Mientras tanto, en el país del Sagrado Corazón, no tenemos voz los que sufrimos tanto.

Y no somos los únicos que opinamos así, para la muestra el reciente editorial que María Elvira Bonilla escribió para El Espectador.

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En los libros El TLC recoloniza a Colombia (publicación de la que se han vendido más de 60 mil ejemplares) y La Verdadera Hecatombe, Robledo exponen las razones que lo llevaron a denunciar a Álvaro Uribe por el delito de traición a la patria, tipificado en los artículos 455 y 457 del Código Penal. A lo largo de los capítulos se explica cómo la oposición al TLC no es un prurito contra las relaciones económicas internacionales. “Relaciones sí, pero no así”, ha acuñado. Pero sí demuestra que las relaciones que el “libre comercio” impone a Colombia no le sirven al progreso nacional y son repelentes con la soberanía, “el bien más preciado de cualquier nación”. Con gran agudeza y pedagogía explica uno a uno los alcances del acuerdo. Robledo, citando a Henry Kissinger, expone que el “libre comercio”, el TLC y la globalización son “en realidad, otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”

Son numerosos los aportes de estas dos publicaciones, pero de resaltar está el de desmentir eso de que el “libre comercio” es un hecho inevitable, como lo pregonan sus áulicos. “Por el contrario”, concluye Robledo. Y agrega: “la primera aspiración de este texto es fortalecer la más amplia resistencia civil que pueda concebirse para derrotar una política que le arrebata a los colombianos cualquier posibilidad de resolver sus graves problemas, objetivo que se convertirá en realidad si se desarrolla la fuerza social y política suficiente a través de la más amplia unidad en la que participen los trabajadores y empleados de todos los sectores, el campesinado, indígenas y los afrodecendientes, las amas de casa y los pensionados, los estudiantes y los intelectuales y los empresarios del campo y la ciudad que quieran unirse contra de la mayor amenaza que haya sufrido Colombia desde 1819.”

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La primera obra de Robledo. Para quien conozca de la historia política nacional, no es un secreto, al menos en parte, que la victoria electoral de Belisario Betancourt en 1982 se debió a su promesa de construir “casas sin cuota inicial” para los pobres. Los colombianos recuerdan que el lema del “sí se puede” con el cual derrotó a sus contrincantes en las urnas estaba relacionado, precisamente, con su política de vivienda, y que para darles cierta coherencia y credibilidad a sus ofrecimientos se comprometió, entre muchas otras cosas, a a eliminar la especulación con el suelo, a obligar a las corporaciones de ahorro y vivienda (hoy liquidadas) a financiar planes populares, a bajar las tasas de interés de los préstamos para los destechados, a no subir las tarifas de los servicios públicos y, en una palabra, a reactivar la economía nacional a partir de la construcción.

En este libro, Robledo además de hacer un análisis de la política de vivienda del gobierno del “sí se puede”, estudia rigurosamente las causas del déficit habitacional del país, que por entonces sumaba el millón de unidades (hoy llega a 3,8 millones), y de los impedimentos estructurales, de carácter económico y social, que existen para resolverlos.

A su llegada al Congreso, Robledo se aprestó a explicar cómo las causas estructurales del déficit habitacional explicadas en 1986, con el pasar de los años, se agravaron. La implantación de una economía importadora, estéril, especulativa y oportunista acentuaron las dificultades de los sin techo a la hora de hacerse a uno. Y que para aquellos que con gran esfuerzo conseguían uno, lo vieran perdido ante los especuladores.

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