Que se eliminen definitivamente las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del sistema de seguridad social, propuso el senador Jorge Enrique Robledo, en el marco de la rendición de cuentas convocada por la Corte Constitucional, que ordenó a la institucionalidad propiciar una transformación del sector.

Para el dirigente del Polo Democrático Alternativo, los cobros de administración  por la prestación de servicios de salud, “una especie de peaje” por el suministro, es la fuente principal del millonario desangre del sector.

Indicó que hay que promover una reforma estructural realmente trascendental que corrija los errores de la Ley 100, en la que se autorizó la creación de este tipo de entidades de carácter privado. Sin embargo, indicó que no se puede excluir el capital de particulares, pues una financiación exclusiva de dineros del Estado es una carga demasiado grande para la institucionalidad, que terminaría generando la misma precariedad en la atención.

Robledo aclaró que sí es necesario contar con entidades privadas, pero únicamente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, que a través de redes de hospitales, clínicas y laboratorios aliviarían las cargas de responsabilidad.

Su pronunciamiento se dio en el marco de la primera audiencia de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, a través de la cual la Corte Constitucional trazó una serie de responsabilidades a entidades gubernamentales y organismos de control, en el propósito de consolidar un sistema de atención en salud que verdaderamente responda a la satisfacción de los derechos fundamentales y necesidades básicas de la ciudadanía.

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El Comité Ejecutivo Nacional del Polo determinó convocar para el próximo jueves 14 de julio una gran movilización en contra de la venta de la ETB en la que participarán diversos sectores sociales, sindicales, organizaciones de usuarios de servicios públicos, entre otros, para protestar por esta medida de claro tinte neoliberal del gobierno de Santos que se está inmiscuyendo en el gobierno de la capital de la República, desconociendo el Plan de Desarrollo de la administración del Polo.

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“La argumentación del Polo sobre la legalidad de la terna para la alcaldía es irrebatible. Si Santos no nombra de ella es por otras razones”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, quien precisó: “Tampoco tiene duda la ilegalidad del encargo de María Fernanda Campo, porque no pertenece al Polo y el reemplazo tiene que ser del PDA”.

“El gobierno está enredando –añadió–, y si Santos logra enredar el nombramiento del alcalde del Polo, seguirán gobernando los derrotados en las elecciones de 2007. Santos manda la terna del Polo al Consejo de Estado para demorar la decisión y dejar, ilegalmente, a una santista en la alcaldía”.

“Es muy grave que el Presidente viole la legalidad con vivezas y astucias para usurparle al Polo su derecho. Y encima hace demagogia sobre las garantías a la oposición”, concluyó.

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Un Congreso eunuco y un país gobernado por el príncipe de Anapoima. El PND, la suma de libre comercio e inversión extranjera. Los artículos sobre minería, de corte fascistoide. Las tierras, a los magnates.

Los cincuenta artículos de facultades extraordinarias otorgadas al gobierno del presidente Santos por el Plan Nacional de Desarrollo hacen del Congreso un parlamento eunuco y dejan al desnudo un adefesio antidemocrático concebido para un país que más parece un feudo gobernado por el príncipe de Anapoima, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo al fijar hoy en la plenaria la posición del Polo Democrático Alternativo sobre la minería y el tema agropecuario.

El Plan Nacional de Desarrollo, añadió, es la misma política que ha regido el país desde hace veintiún años por mandato del FMI, la misma que devastó la industria y la agricultura y la que nos llevó a padecer los mayores niveles de desempleo en toda América. Citando al prestigioso economista Eduardo Sarmiento Palacios, Robledo resumió el PND como la suma de libre comercio más inversión extranjera.

No hay tales locomotoras, explicó el senador del Polo, ni en educación ni en vivienda ni en infraestructura ni en el agro, porque más parecen carros de balineras. Y la única que pudiera parecerlo, la de la minería, no es una locomotora, sino una aplanadora contra el medio ambiente, contra los trabajadores y contra el agro y la industria nacionales. Colombia ha venido retrocediendo a las aciagas épocas de la Corona española, cuando todo se hacía depender de la minería.

Hizo especial referencia a los artículos punitivos contra los pequeños y medianos mineros, a los que se castiga con multas y decomisos y con quitarles los títulos, además de las acciones penales. “Es una legislación de tipo fascistoide –precisó–, que trata un asunto económico y social como un caso de policía, en beneficio de las trasnacionales mineras”.

Al hacer alusión al tema agrario, dijo que los artículo os 45, 46 y 47, copiados casi íntegros del proyecto de ley de desarrollo rural que se le hundió a Arias Leyva, le allanan el camino a una concentración sin precedentes de la tierra. Citó el artículo de la revista Dinero titulado “Los nuevos llaneros”, en el que la publicación incluye a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Julio Mario Santo Domingo como los nuevos dueños de las tierras rurales, y precisó: “Nadie antes se había atrevido a hacer lo que Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo se proponen hacer con los baldíos del Estado: entregarlos sin tope alguno, no a los campesinos, sino a cualquier magnate extranjero o nacional que acredite unos requisitos mínimos”. Demandó que los tres artículos, metidos como un mico, sean retirados por el gobierno y presentados al Congreso en un proyecto aparte, para que se decida, no a las escondidas, sino de cara al país.

Robledo le preguntó al oficialismo si va a permitir que en Colombia haya un capitalismo que no sea el de los monopolios nacionales y extranjeros. “Es el debate de fondo”, aseveró. Rechazó de nuevo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, parte esencial del Plan Nacional de Desarrollo, y concluyó citando a Fedegan: ¿cómo es que el gobierno quiere un TLC en medio de la catástrofe invernal?

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En la medida en que pasan los días va quedando cada vez más en evidencia, por ejemplo, que no hay tal bonanza petrolera. Si mucho, el año entrante se llegará a una producción de un millón de barriles y para el 2015 debemos empezar a perder la autosuficiencia, como lo afirma Óscar Vanegas, director del Centro de Altos Estudios Minero-Energéticos de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Lo otro es que el propio gobierno ha tenido que reconocer que va a ahorrar en el exterior el 30% de los recursos, si es que a eso se puede llamar ahorro, porque las tasas de interés son del medio por ciento anual.

Luego cuando a los colombianos les andan vendiendo pajaritos de oro sobre la plata que les va a llegar por una bonanza inexistente y por una plata que se va a dejar en el exterior, es claro que las cifras están por completo infladas. En este sentido, les hago un llamado muy cordial a todos los senadores que andan haciendo campaña electoral haciéndose lenguas de la cantidad de plata que les van a llevar a departamentos y municipios, porque van a quedar mal.

Lo que va a suceder, y esto resulta muy importante, es que el gobierno central se va a quedar con la plata de las regalías. Les van a quitar a los municipios y a los departamentos los recursos de que hoy disponen para atender lo que el ministro de Hacienda llama gastos chichigüeros. ¿Qué es un gasto chichigüero? Es como llama un magnate el gasto muy importante de un pobre. Van a coger los microproyectos municipales y departamentales y los van a dejar sin plata, para hacer grandes macroproyectos nacionales. Y por supuesto, perecerán los microcontratistas y florecerán los macrocontratistas vinculados a los macroproyectos. Luego las cosas no son como las ha venido mostrando el gobierno nacional.

También es muy discutible que vayan a dejar en ahorro el 30% de los recursos de las regalías a partir de una bonanza que no existe. Aquí nos dicen que vamos a ahorrar para el tiempo de las vacas flacas ahora que estamos en las gordas. Y resulta que aquí no estamos en ningunas vacas gordas, porque los pobres están en vacas flacas desde hace por lo menos un siglo. Decirle a un pobre que no va a estudiar él, porque va a estudiar el nieto, empieza a convertirse en una burla.

Por estas razones, nosotros insistiremos en que este proyecto no puede seguir avanzando, y además por una última razón.

Van a dejar la plata buena de la regalías en el exterior ganando intereses del orden del 0,6% anual, mientras que la plata de los narcotraficantes y de los especuladores financieros entra al país como Pedro por su casa, y todo en la lógica de la ley de la sostenibilidad fiscal, otra norma por completo retardaria.

Es el colmo que también le quiten al Congreso de la República toda iniciativa en el proyecto de ley reglamentaria. Porque, según el proyecto de acto legislativo, la ley reglamentaria tendrá que ser por iniciativa del gobierno nacional y si el Congreso no la aprueba, el gobierno nacional, mediante decreto, expedirá las normas. Es la forma de hacer de este Congreso un Congreso eunuco.

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 14 de diciembre de 2010, al votarse la conciliación de ley de regalías.

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El proyecto legislativo de reforma constitucional a la ley de Regalías, propuesto por el Gobierno y actualmente en trámite, ha generado todo tipo de reacciones en el país. El debate ha sido manipulado por el Gobierno Nacional, evitando la complejidad del asunto y evadiendo los verdaderos intereses que hay tras la reforma.

Como vocero del Polo Democrático Alternativo en la cámara alta, el senador Jorge Enrique Robledo expresó su total respaldo a las marchas realizadas el Jueves 21 de Octubre en Barrancabermeja, Riohacha, Valledupar, Yopal, Arauca, Villavicencio, Neiva y Orito para defender las regalías que el gobierno central va a confiscarles a los departamentos y a los municipios, privándolos de recursos indispensables para atender sus necesidades.

Las marchas ciudadanas, que se proponen exigirle al Congreso archivar el proyecto de acto legislativo actualmente en trámite, han sido organizadas por los Comités Departamentales por la Defensa de la Descentralización Administrativa y las Regalías.

“Las movilizaciones demuestran que este debate no se definirá en el Congreso sino en el país”, dijo Robledo al anunciar que el Polo continuará votando negativamente el proyecto. “Hasta hoy la Constitución –añadió– establece que los municipios y los departamentos tienen derechos sobre las regalías, como también derecho a decidir el gasto y otra serie de prerrogativas. ¿Qué es lo que se propone el proyecto? Confiscarles esos derechos y trasferirlos al gobierno nacional”. Ya entre el 2002 y el 2016, añadió, por el recorte a las transferencias, les quitan a municipios y departamentos la suma de 76 billones de pesos, a los que se agregan los 4 billones del Fondo Nacional de Regalías con los que también piensa quedarse. “Es un golpe de muerte a la descentralización y los entes territoriales están en mora de reivindicar sus derechos”, concluyó.

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Las ciudades de Colombia se cubren a diario con publicidad comercial: desde los últimos jeans de moda, hasta el trago, cigarrillo o música que los jóvenes deben consumir. Pero cuando llegan, después de cuatro años, los dos meses de ejercicio democrático que determinan el futuro del país, algunos salen rápido a penalizar y acusar a los que usamos las calles para comunicar nuestro mensaje.

Espacio público y democracia están necesariamente relacionados dado que son dos conceptos mutuamente determinantes. El espacio público fue conceptualizado por primera vez en la Antigua Grecia, en el pensamiento de Aristóteles. Por aquella época, el pensamiento occidental naciente se concentraba en analizar el fenómeno de la neonata urbanidad. Las implicaciones prácticas de la ciudad como un nuevo modo de organización social se daban cita con la política y la “cosa pública” -es decir, la democracia-, precisamente en el espacio público.

Así pues, la carga simbólica del espacio público ha ido en aumento a través de los tiempos. No en vano, Kant le sumaba la propiedad de servir como escenario al ejercicio ilimitado y emancipador de la “razón pública”, en oposición a la restringida y doméstica “razón privada”. Sin espacio público no hay comunidad y no hay opinión: no hay sociedad.

Ya en la modernidad, el espacio público ha tenido que ser caracterizado para distinguirse de espacios privados, espacios privados colectivos, espacios semipúblicos, etc. El espacio público puro aun logra “privatizar” dos de sus rasgos constitutivos más cruciales: los factores de acceso y de función. Primero, el acceso al espacio público debe ser irrestricto, no solo física sino también económica, social y antropológicamente; por ejemplo, se puede pensar en un centro comercial como un espacio semipúblico: sus puertas están abiertas pero los pobres no entran, es un lugar público de propiedad privada. Segundo, la función del espacio público debe estar medida por la interacción que trasciende lo privado, que teje comunidad. Cualquier asunto de interés colectivo puede ser lanzado a este espacio para su discusión, sin que nadie pueda regular ésta dinámica.

La sociedad donde no hay comunidad, donde todo es privado y no hay espacio que funcione como público es la sociedad ideal del neoliberalismo. La sociedad de la anomia. En sentido opuesto, la sociedad donde todo es público y no se respetan los asuntos privados -no necesariamente la propiedad- es la sociedad totalitaria. La esencia de la democracia es el límite entre el espacio privado y el público, en el espacio público todos somos iguales. La calle es el espacio público.

Ahora bien, desde Aristóteles hasta Habermas, pasando por Kant y otros tantos, coinciden en que en el espacio público se exponen opiniones, se debaten propuestas y, lo más importante, se comunica. De esta manera existe lo que hoy llamamos “opinión pública”, entendida ésta como el resultado del intercambio de posiciones e ideas, la contradicción entre posturas discursivas y la discusión acerca de los problemas que afectan el interés común.

El resultado de ésta interacción social discursiva, para Habermas, es la “publicidad”, elemento que, siendo producto de la esfera intermedia entre la sociedad civil y el Estado –el espacio público-, puede ser utilizada por los ciudadanos para contrarrestar el poder del Estado cuando éste se sale de sus límites democráticos. Así, el espacio público es -y debe seguir siendo- el escenario para la exposición de ideas y propuestas, para la producción de iniciativas y alternativas; y la opinión pública es –y debe seguir siendo- el arma de las masas contra las extralimitaciones autoritarias del poder. Sin este espacio, no nos es posible constituirnos como sujetos políticos y sociales, culturales o religiosos, en medio de lo que sería una sociedad sometida por el individualismo y la inercia.

A la política se le ha usurpado el espacio público en Colombia. Se criminaliza al mensaje crítico y se plaga el panorama con publicidad corporativa y heroica propaganda de los círculos superiores del poder, círculos que en éste país están abandonando su naturaleza política para ser simplemente mafiosos. Ramoneda, el filósofo y demócrata español escribe “(…) la pluralidad de fines es el fundamento del espacio público, como garantía de la pluralidad real de la sociedad. El espacio público puede servir para realizar o expresar fines compartidos por una sociedad o una parte de ella, pero no debería ser lugar de exclusión de nadie.”

En conclusión, se hace evidente que el estado del espacio público refleja el estado de la democracia. Y a nosotros nos han prohibido las calles, nos han quitado el espacio público. Siguiendo al sociólogo francés Jean Beaudrillard, es la expresión callejera la única forma de comunicación “inmediata”, es la única verdadera alternativa frente a la comunicación mediada, que todos los días nos escupe valores corporativos y atañas institucionales a través de canales a los que solo unos pocos tienen acceso.  Como dice la famosa pinta rebelde de fines del siglo pasado: “Paredes en blanco, conciencias en blanco”. Y nosotros, como comunicadores, siempre hemos estado del lado de la expresión social.

Los que se preocupan por el daño que le hacemos a una ciudad “limpia y bonita”, se olvidan a conveniencia de que este enorme lienzo edificado alberga a una sociedad enferma, rasgada por la injusticia social y  guiada por la ignorancia que salvaguarda a sus líderes corruptos.  Están los que argumentan que una apariencia de orden inspira una sociedad ordenada. Solo hay que remontarse a la Alemania de Hitler para responder a ese argumento.  Esta es una campaña de voluntarios, sin enormes agencias de publicidad, guiada por un equipo que trabaja porque cree que su candidato tiene los valores y las capacidades para ayudar a construir un país mejor. Y nuestro objetivo nos seguirá empujando al uso de la calle, el internet, la prensa alternativa (que publicamos y distribuimos con nuestros limitadísimos medios) y, en general, cualquier medio democrático que logremos poner a nuestra disposición, en un país donde cada día los espacios son más controlados y regulados por los diferentes actores del juego de poder.

Hoy, la legalidad está  del lado del totalitarismo, y los pocos actores que comprenden el valor del espacio público olvidan su naturaleza y pelean por él, reclamando un derecho de propiedad inexistente tanto en el papel como en la moral. El ocaso de la democracia depende del resurgir del espacio público con sus libertarias propiedades originales: el pluralismo, la crítica, el debate y, sobre todo, la política.

Cuando la política es sacada de las calles, la corrupción, el clientelismo y la exclusión reverberan en el bajo mundo de los altos círculos de poder.  Esta persecución a los que hacemos política en la calle y con la calle hace parte del sucio juego que aventaja a los de siempre. La publicidad “legal”  (sus pautas televisivas y vallas publicitarias) hace parte del millonario círculo vicioso que favorece a los candidatos de grandes gremios económicos e infladas cuentas bancarias. Mientras tanto, en el país del Sagrado Corazón, no tenemos voz los que sufrimos tanto.

Y no somos los únicos que opinamos así, para la muestra el reciente editorial que María Elvira Bonilla escribió para El Espectador.

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