Robledo Somos Todos

Libardo Gómez Sánchez, Diario del Huila, Neiva, julio 4 de 2011

Por miles se han concentrado en sus aulas para discutir las reformas, han analizado sus argumentos y puesto en la balanza los resultados para optar por la movilización para rechazarla. Han desfilado por millares con sus maestros, por las calles de la principal avenida de la nación que lleva el nombre del libertador; esta es también una jornada libertaria que procura preservar la posibilidad de mantener la ciencia en los salones de clase, para que sirva al desarrollo armónico de la sociedad y aunque es válida, no es una lucha por mejores salarios o condiciones laborales, o por promociones automáticas sino por la convicción de que el conocimiento apropiado por las masas y no por unos pocos, es la garantía de una sociedad más igualitaria, menos injusta y excluyente. Son jóvenes en jeans de los barrios pobres y también los hijos de acaudalados padres, que transitan con su auto por los parqueaderos de las universidades públicas. Nos referimos a los estudiantes de la república de Chile, que por estos días confrontan la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de privatizar la educación en el país austral.

Aún sin la misma fuerza, los estudiantes universitarios y de secundaria de Colombia inician el mismo camino; se mueven ante la amenaza contemplada en el Plan Desarrollo y la reforma a la Ley 30, que legaliza la educación con ánimo de lucro. Los rectores de las universidades privadas ya expresaron su rechazo, porque comprenden, que tras la política gubernamental se esconde la patente de corzo que le permite al capital extranjero tomarse la educación superior y liquidar las instituciones educativas públicas y privadas de carácter nacional. Ascun, la asociación de universidades privadas del país, elaboró un documento que ha puesto a consideración del gobierno nacional, en el que entre otros aspectos, incluye criterios que reclama la comunidad educativa: la educación es un derecho fundamental y es deber del estado garantizarlo; en ese sentido la financiación es una condición indispensable que debe acompañarse de la autonomía universitaria, la que le permita decidir los caminos de la ciencia y la investigación a seguir, sin limitaciones, con igual soberanía que las naciones requieren para procurarse caminos de desarrollo.

Por supuesto que no se sugiere aislar el sistema educativo del resto del universo, su relación debe estar mediada por unas normas que garanticen el fortalecimiento del aparato educativo nacional, que faciliten la cooperación, el intercambio de experiencias y de saberes, así como la homologación de métodos y conocimientos dentro y fuera del país.

El documento recuerda que la calidad en la formación está asociada a costos crecientes: inversión en tecnología, laboratorios, equipos y capacitación a los docentes que deben obtener titulaciones en

María Antonieta Cano, Docente del 1278, Bogotá, junio 22 de 2011

El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una metodología que unifica criterios en materia de control para el sector público, estableciendo una estructura para medir la estrategia, la gestión y la evaluación. En educación apunta, substancialmente, a certificar, descentralizar y, finalmente, a “plantelizar” la educación.

Sirve a la hoja de ruta del neoliberalismo que se dirige hacia el desentendimiento del Estado de sus obligaciones con la educación para transferirlas a las esferas locales de cada institución. El deber estatal se reduce a chequear si las normas del MECI se cumplen o, de lo contrario, proceder en la escala de sanciones que pueden llegar hasta el cierre de los planteles.

El MECI surge de la comisión internacional sobre educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe; compuesta por funcionarios que pertenecen a empresas multinacionales o del Banco Mundial, y el PREAL-Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, que trazó las políticas para la región. En el contexto nacional el MECI tiene su origen en la expedición de la Ley 87 de 1993.

El modelo le imprime a la evaluación institucional criterios empresariales, con normas de calidad propias de la productividad industrial. Trata a los estudiantes como objetos, a las familias como clientes y a los profesores como operarios. De ahí que la relación costo-beneficio que evalúa el MECI se mida desde la relación de número de alumnos por profesor, impeliendo a los colegios a aumentar el hacinamiento. También obliga a establecer estándares nacionales e internacionales de pruebas que, dan cuenta, como único indicativo, de la “calidad del servicio/producto”, y como parte del sistema de certificación, determinan cuál o cuáles instituciones educativas permanecen o desaparecen del “mercado”.

Al promover un “mayor nivel de participación ciudadana” en el control y vigilancia de la actividad laboral de los docentes, se da poderes a padres y acudientes, que, como una suerte de “patrones”, atentan contra la autonomía escolar, pasando por encima de sus derechos, su dignidad y su quehacer docente, y establece entre unos y otros una relación en planos de confrontación lejos de la armonía que debe coexistir entre ellos. Los hogares para tener dicha injerencia deben participar en la financiación de colegios.

Según este modelo, el gobierno debe permitir que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos, decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, adecuando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación.

En consecuencia con lo anterior, el MECI mide la promoción de estrategias financieras que alivien las carencias presupuestales estatales. Estrategias que van desde el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, hasta el importe de tarifas especiales para que los estudiantes accedan a cursos de extensión en las áreas que han ido desapareciendo del currículo como las artes y la educación física.

Convertir la educación en una empresa, mediante la implantación de modelos como el MECI, es el objetivo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, –no es casual que haya nombrado a María Fernanda Campo, una empresaria, como ministra-gerente de educación-, trastocando con ello la verdadera concepción de calidad.

A contramano, los docentes debemos anteponer la defensa de la educación pública estatal en la cual la calidad no sea sinónimo de la gestión empresarial sino de la formación integral de los estudiantes en conocimientos científicos y como seres humanos, con acceso a la más alta tecnología para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con garantías laborales, de ingreso, capacitación y estabilidad para los docentes; donde las funciones estén delimitadas entre el Estado que financia y administra y los maestros y directivos que ejercen plena autonomía escolar en su labor pedagógica por el bienestar general de la sociedad.