Robledo Somos Todos

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 16 de octubre de 2009.

Hay descontento en las universidades. El reclamo se origina en la peor crisis de la historia de las finanzas de las universidades públicas y en los problemas cada vez mayores de la calidad de la educación. Y no es para menos. Hasta la Contraloría les dio la razón a los 32 rectores que expresaron, mediante avisos pagados en la prensa, que es insostenible la situación financiera de las universidades, dado que las trasferencias del gobierno nacional están congeladas desde 1992, en tanto que los gastos han crecido mucho y por inexorables razones, entre ellas la irresponsable imposición oficial de aumentar en 484 mil los cupos sin aportar los nuevos recursos necesarios.

Hasta las directivas partidarias de las políticas de privatización que han llevado a las universidades públicas a solventarse con regresivos incrementos de las matrículas, ventas indeseables de servicios y deterioro de la calidad de la educación, tuvieron que reconocer que las instituciones están abocadas a la quiebra.

También participaron en las movilizaciones sectores representativos de las universidades privadas –donde está el 45 por ciento del estudiantado universitario–, lacerados por las matrículas caras y por sus permanentes incrementos no obstante el empeoramiento del ingreso de los colombianos, de la dureza de los créditos del Icetex con los que muchos tienen que financiar su educación y que en ellas también gana importancia el debate sobre cómo la educación de alta calidad tiene costos mayores que los que pueden pagarse con las matrículas. Estos estudiantes también saben que el llamado “mercado laboral” castiga, en empleos y salarios, a los egresados de las universidades privadas de menor costo.

El momento es propicio para insistir en que la privatización de la educación mantiene en la ignorancia a legiones, tortura a otras tantas familias que tienen que dejar de comer para pagar la educación de sus hijos y daña la calidad de las instituciones. Además, la norma es que las universidades privadas viven presas de una contradicción insoluble: las matrículas son muy altas a la hora de pagarlas pero muy bajas a la hora de costear una educación de óptima calidad, y eso incluso cuando no funcionan como simples negocios. Estas realidades lesionan el progreso de la sociedad en su conjunto, porque lo que para estos efectos desarrolla a un país no es que muchos obtengan títulos universitarios sino que dichos títulos certifiquen que sí se alcanzaron los conocimientos de alto nivel capaces de aportarle de manera decisiva al desarrollo nacional.

La defensa de la educación pública y gratuita no es, entonces, dogmatismo estatista. Este punto de vista tiene como primera razón de ser que con ella algunos logran evadir las carencias económicas de sus padres, objetivo democrático que no refutan invocaciones tan mezquinas como que “no hay que auspiciar el paternalismo”, y más en el país de AIS (Amigotes Ingreso Seguro). También es de gran importancia asegurar que todos los jóvenes mejor dotados lleguen a la cúspide de la cadena educativa y no que se queden en el analfabetismo o en los niveles básicos y medios de la educación, un desperdicio intolerable para un país que quiera salir adelante. Y el otro gran argumento consiste en que solo el Estado, la fuerza económica más poderosa de cualquier sociedad, puede pagar la educación de todos los niveles y de la totalidad de los habitantes de un país y, en especial, hacerlo a los costos tan grandes exigidos por la alta calidad educativa que se requiere si se aspira a cumplir con una de las condiciones necesarias para superar el atraso y la pobreza.

Es casi increíble que estas ideas elementales, que están claras desde hace siglos en el mundo y que en parte explican la revolución que significó la aparición del capitalismo, tengan que repetirse y hasta conviertan en “radicales” a quienes las expresan, mote peyorativo con el que intentan lo que no pueden refutar. Claro que estas estigmatizaciones no sorprenden en un país en el que nunca ha gobernado la idea de un proyecto de unidad nacional de auténtico progreso y en el que a cada ciudadano le han inculcado un “sálvese el que pueda”, salvación que en la práctica consiste en lograr separar la suerte personal de la de la nación, en alcanzar niveles de vida de país desarrollado en uno subdesarrollado, incluso apelando a todas las formas de ventajismo y corrupción.

Coletilla: solo rechazo debe generar la censura de prensa de El Tiempo contra Claudia López, porque en su columna dijo lo que es vox pópuli entre los colombianos informados.

Jorge Enrique Robledo, Bogotá, 30 de mayo de 2008.

Las transferencias del gobierno a las universidades públicas llevan más de una década congeladas. Pero ello no ha sido óbice para que se les haya impuesto aumentar los estudiantes, en particular entre 2002 y 2006, cuando crecieron en 58% y disminuyó el aporte del Ministerio de Educación por alumno en 39% en términos reales. ¿Cómo han compaginado una política calculada para presentarse como generosa a la hora de cobrar políticamente la ampliación de los cupos con lo cicatera que es a la hora de financiarla?

Primero, con mayores cobros a los estudiantes, incluso a costa de excluir a las mayorías que no pueden pagarlos. El ejemplo clásico es el de los posgrados de las universidades públicas, con matrículas bastante más caras que las de sus pregrados, similares a las de las instituciones privadas. También se ha impuesto la llamada “venta de servicios”, en muchos casos con vulgares negocios sin ningún valor académico y auspiciando entre los profesores el desdén por las verdaderas necesidades de la universidad y del país, a cambio de pagarles más como contratistas. Y en especial, atentando contra la calidad de la educación, como lo ilustra el caso de la Universidad de Caldas, el cual se repite en las demás. Allí los estudiantes aumentaron en 11.727 entre 2003 y 2007, un 35%, pero los docentes solo se incrementaron 12%, y para peor, sobre la base de cero por ciento de los de tiempo completo y 65% de los catedráticos, quienes, como se sabe, no pueden ser el pilar de una educación de buena calidad.

Aunque resulte obvio, para que la educación sea factor de progreso debe ser de alta calidad, pues lo que desarrolla no son los títulos que se obtienen sino los conocimientos que se alcanzan. En consecuencia, la defensa de la educación pública obedece a que el Estado es el único capaz de educar gratuitamente, con los millones de cupos suficientes en cada tipo y nivel –para que por falta de plata no se excluya a nadie que tenga capacidades– y, hay que remarcarlo, de alta calidad, la cual es muy costosa de lograr. El problema con la educación privada, además de que puede negar la libertad de cátedra, es que solo puede ofrecer buena calidad con matrículas muy altas, las mismas que apenas pueden pagar unos cuantos. Muy mediocres tienen que ser las políticas de calidad educativa, en un país lleno de pobres, donde la educación pública está cada vez peor financiada y las universidades y los colegios privados tienen el 50 y el 30 por ciento, respectivamente, del total de los estudiantes.

Que la mediocridad de la educación es la línea del gobierno de Álvaro Uribe lo confirmó Marco Palacio, su primer rector en la Universidad Nacional de Colombia, quien impulsó una reforma para adecuarla al “libre comercio” insistiendo en su privatización: no incremento de los aportes oficiales, costos prohibitivos para los pobres, venta de servicios, fines perversos para el sistema de créditos, aumento de los profesores de cátedra, nuevo reglamento estudiantil y menos años de los pregrados, propuesta que justificó con la siguiente barbaridad: “Quizás estemos ‘enseñando demasiado’, entregado un profesional que supera los requerimientos del mercado” (http://www.senadorrobledo.org/?q=no…).

La baja calidad de la educación se corresponde con el aparato productivo mediocre y el pensamiento único que el “libre comercio” le impone a Colombia. Porque si al país lo van a especializar en la producción de materias primas agrarias y mineras y en industrias maquiladoras de escaso nivel tecnológico, si las trasnacionales se van a quedar con las principales empresas y, como se sabe, estas no desarrollan sus necesidades científicas aquí y si hay que repetir como loros lo que digan en Washington, ¿para qué educación de alto nivel? A los pocos nativos encargados de administrar la dominación les bastarán las universidades norteamericanas.

Tiene toda la razón el científico Rodolfo Llinás cuando afirma: “El nivel de educación en Colombia es más bajo de lo que debiera ser (…) Oigo con frecuencia ‘estamos mejorando paulatinamente’ y eso no es verdad, nos estamos quedando atrás comparativamente” (Lecturas El Tiempo, junio de 2008)

Así intenten ocultarlo, es a este desastre al que con razón se oponen los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y del resto del país.

Coletilla: toda mi solidaridad con Alfredo Molano, cuya pluma democrática pretenden acallar algunos de los Araújo de Valledupar. Su silencio sería un triunfo de la tiranía.