Que se eliminen definitivamente las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del sistema de seguridad social, propuso el senador Jorge Enrique Robledo, en el marco de la rendición de cuentas convocada por la Corte Constitucional, que ordenó a la institucionalidad propiciar una transformación del sector.

Para el dirigente del Polo Democrático Alternativo, los cobros de administración  por la prestación de servicios de salud, “una especie de peaje” por el suministro, es la fuente principal del millonario desangre del sector.

Indicó que hay que promover una reforma estructural realmente trascendental que corrija los errores de la Ley 100, en la que se autorizó la creación de este tipo de entidades de carácter privado. Sin embargo, indicó que no se puede excluir el capital de particulares, pues una financiación exclusiva de dineros del Estado es una carga demasiado grande para la institucionalidad, que terminaría generando la misma precariedad en la atención.

Robledo aclaró que sí es necesario contar con entidades privadas, pero únicamente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, que a través de redes de hospitales, clínicas y laboratorios aliviarían las cargas de responsabilidad.

Su pronunciamiento se dio en el marco de la primera audiencia de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, a través de la cual la Corte Constitucional trazó una serie de responsabilidades a entidades gubernamentales y organismos de control, en el propósito de consolidar un sistema de atención en salud que verdaderamente responda a la satisfacción de los derechos fundamentales y necesidades básicas de la ciudadanía.

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El Comité Ejecutivo Nacional del Polo determinó convocar para el próximo jueves 14 de julio una gran movilización en contra de la venta de la ETB en la que participarán diversos sectores sociales, sindicales, organizaciones de usuarios de servicios públicos, entre otros, para protestar por esta medida de claro tinte neoliberal del gobierno de Santos que se está inmiscuyendo en el gobierno de la capital de la República, desconociendo el Plan de Desarrollo de la administración del Polo.

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Por miles se han concentrado en sus aulas para discutir las reformas, han analizado sus argumentos y puesto en la balanza los resultados para optar por la movilización para rechazarla. Han desfilado por millares con sus maestros, por las calles de la principal avenida de la nación que lleva el nombre del libertador; esta es también una jornada libertaria que procura preservar la posibilidad de mantener la ciencia en los salones de clase, para que sirva al desarrollo armónico de la sociedad y aunque es válida, no es una lucha por mejores salarios o condiciones laborales, o por promociones automáticas sino por la convicción de que el conocimiento apropiado por las masas y no por unos pocos, es la garantía de una sociedad más igualitaria, menos injusta y excluyente. Son jóvenes en jeans de los barrios pobres y también los hijos de acaudalados padres, que transitan con su auto por los parqueaderos de las universidades públicas. Nos referimos a los estudiantes de la república de Chile, que por estos días confrontan la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de privatizar la educación en el país austral.

Aún sin la misma fuerza, los estudiantes universitarios y de secundaria de Colombia inician el mismo camino; se mueven ante la amenaza contemplada en el Plan Desarrollo y la reforma a la Ley 30, que legaliza la educación con ánimo de lucro. Los rectores de las universidades privadas ya expresaron su rechazo, porque comprenden, que tras la política gubernamental se esconde la patente de corzo que le permite al capital extranjero tomarse la educación superior y liquidar las instituciones educativas públicas y privadas de carácter nacional. Ascun, la asociación de universidades privadas del país, elaboró un documento que ha puesto a consideración del gobierno nacional, en el que entre otros aspectos, incluye criterios que reclama la comunidad educativa: la educación es un derecho fundamental y es deber del estado garantizarlo; en ese sentido la financiación es una condición indispensable que debe acompañarse de la autonomía universitaria, la que le permita decidir los caminos de la ciencia y la investigación a seguir, sin limitaciones, con igual soberanía que las naciones requieren para procurarse caminos de desarrollo.

Por supuesto que no se sugiere aislar el sistema educativo del resto del universo, su relación debe estar mediada por unas normas que garanticen el fortalecimiento del aparato educativo nacional, que faciliten la cooperación, el intercambio de experiencias y de saberes, así como la homologación de métodos y conocimientos dentro y fuera del país.

El documento recuerda que la calidad en la formación está asociada a costos crecientes: inversión en tecnología, laboratorios, equipos y capacitación a los docentes que deben obtener titulaciones en

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El modelo económico neoliberal convirtió el derecho fundamental a la salud en una vulgar mercancía, cuya relación paciente – empresa se basa en el principio capitalista de la máxima utilidad. Este aspecto implicó que el sistema de salud sufriera grandes transformaciones, para dar ingreso a la especulación financiera de los monopolios.

El nuevo paradigma transformó al paciente en un simple cliente o usuario; y al médico Director del Hospital en Gerente que responde por indicadores de desempeño y conduzca al hospital a ser autosuficiente con generación de utilidades. Esos excedentes, sólo es posible obtenerlos mediante: una oferta de servicios lo más cara posible, o sea con libertad de tarifas; y una racionalización del gasto, es decir, restringir citas, procedimientos y medicina, y abaratar la mano de obra, que significa, bajos salarios, atrasos en su pago, negación de prestaciones sociales, etc.

Para implementar este maquiavélico sistema de salud, el gobierno entregó a los mercaderes la “seguridad jurídica”, basada en la ley 100/93 y sus reglamentaciones, y para la flexibilización laboral dictó la ley 50/90 que permitió el surgimiento de tercerías o intermediaciones laborales como bolsas y agencias de empleo y las Cooperativas de Trabajo Asociado. Es una verdadera conspiración para “tumbarse” los recursos de la salud, unas veces en forma legal y, cuando no es suficiente, lo hacen mediante diversas formas de corrupción.

Las consecuencias, después de 18 años, están saliendo a la luz pública. Los clientes no aguantan más los abusos con su derecho a la salud, al cual todos concurrimos con aportes y el Estado lo hace por quienes no pueden. A su vez, los trabajadores tendrán que organizarse para detener el abuso contra médicos, especialistas, enfermeras, camilleros, administrativos, laboratorios, en general, con los que intervienen en el proceso de garantizar la salud a los colombianos.

Se han estado revelando datos del retroceso de la salud que indican que estamos ante una auténtica hecatombe impulsada desde el Congreso de la República y ejecutada por todos los Presidentes con sus Ministros. Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas aseguró a El Tiempo.com que “los 7,9 puntos del PIB que el país gasta en salud cada año, más de $35 billones, no llegan a la población”. El informe “Carga de enfermedad en Colombia 2008”, de la Universidad Javeriana encontró que “por enfermedades y fallecimientos prematuros el país pierde alrededor de 280 años de vida saludable por cada 1.000 habitantes, 106 años más en promedio que en 1995”. Este indicador refleja la eficiencia del sistema de salud.

Rubén Darío Gómez, de la Facultad Nacional de Salud Pública, afirma que “desde 1990 ha venido aumentando el número de muertes previsibles por causas como las fallas en saneamiento, diarreas, tétanos, malaria, dengue, desnutrición y tos ferina, sólo para señalar algunas. Y todas se pueden prevenir”, insiste. Y el Instituto Nacional de Salud reveló que en 2010 hubo 11.200 casos positivos de tuberculosis, es decir, 50 casos por cada 100 mil personas, cuando la tasa de incidencia para el 2006 era de 23 por 100 mil habitantes; la Organización Panamericana de la Salud ubica al país en el grupo de mayor riesgo por tuberculosis en América. El Dane informó que las muertes por enfermedad cardiaca pasaron de 55,6 casos por cada 100 mil habitantes en el 2005 a 64,6 en el 2008; es la principal causa de muerte y demuestra la deficiencia en el manejo de sus factores de riesgo. La Sífilis congénita registra 2.108 casos en 2010, con un crecimiento significativo desde el 2000, que reportó 945 casos. La incidencia pasó de 1,26 casos por cada 1.000 nacidos vivos en el 2000 a 2,45 en el 2010. En Malaria, en el 2000 la tasa de casos era de 5,9 por 1.000 habitantes, cifra que subió a 6,7 en el 2007; pero la OPS aseguró que Colombia tenía en realidad una tasa de 19,3 casos por 1.000 habitantes, por encima del promedio de América Latina, que es de 11. El Dane informó que en 2008 murieron 12.633 niños, la mayoría por males prevenibles tales como infecciones respiratorias, gastrointestinales y otras alteraciones perinatales.

Con toda esta hecatombe, el gobierno de Santos, en vez de derogar las leyes que la sustentan, les consolida el negocio y planea concentrar el monopolio del sistema de salud en unas pocas EPS.

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El Modelo Estándar de Control Interno, MECI, es una metodología que unifica criterios en materia de control para el sector público, estableciendo una estructura para medir la estrategia, la gestión y la evaluación. En educación apunta, substancialmente, a certificar, descentralizar y, finalmente, a “plantelizar” la educación.

Sirve a la hoja de ruta del neoliberalismo que se dirige hacia el desentendimiento del Estado de sus obligaciones con la educación para transferirlas a las esferas locales de cada institución. El deber estatal se reduce a chequear si las normas del MECI se cumplen o, de lo contrario, proceder en la escala de sanciones que pueden llegar hasta el cierre de los planteles.

El MECI surge de la comisión internacional sobre educación, equidad y competitividad económica en América Latina y el Caribe; compuesta por funcionarios que pertenecen a empresas multinacionales o del Banco Mundial, y el PREAL-Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina, que trazó las políticas para la región. En el contexto nacional el MECI tiene su origen en la expedición de la Ley 87 de 1993.

El modelo le imprime a la evaluación institucional criterios empresariales, con normas de calidad propias de la productividad industrial. Trata a los estudiantes como objetos, a las familias como clientes y a los profesores como operarios. De ahí que la relación costo-beneficio que evalúa el MECI se mida desde la relación de número de alumnos por profesor, impeliendo a los colegios a aumentar el hacinamiento. También obliga a establecer estándares nacionales e internacionales de pruebas que, dan cuenta, como único indicativo, de la “calidad del servicio/producto”, y como parte del sistema de certificación, determinan cuál o cuáles instituciones educativas permanecen o desaparecen del “mercado”.

Al promover un “mayor nivel de participación ciudadana” en el control y vigilancia de la actividad laboral de los docentes, se da poderes a padres y acudientes, que, como una suerte de “patrones”, atentan contra la autonomía escolar, pasando por encima de sus derechos, su dignidad y su quehacer docente, y establece entre unos y otros una relación en planos de confrontación lejos de la armonía que debe coexistir entre ellos. Los hogares para tener dicha injerencia deben participar en la financiación de colegios.

Según este modelo, el gobierno debe permitir que paulatinamente cada escuela administre sus propios asuntos, decida sobre la ejecución de los recursos para ir aumentando sus responsabilidades, adecuando así el principio constitucional que incluye a la familia, a la sociedad y al Estado como “responsables” de la educación.

En consecuencia con lo anterior, el MECI mide la promoción de estrategias financieras que alivien las carencias presupuestales estatales. Estrategias que van desde el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, hasta el importe de tarifas especiales para que los estudiantes accedan a cursos de extensión en las áreas que han ido desapareciendo del currículo como las artes y la educación física.

Convertir la educación en una empresa, mediante la implantación de modelos como el MECI, es el objetivo del gobierno neoliberal de Juan Manuel Santos, –no es casual que haya nombrado a María Fernanda Campo, una empresaria, como ministra-gerente de educación-, trastocando con ello la verdadera concepción de calidad.

A contramano, los docentes debemos anteponer la defensa de la educación pública estatal en la cual la calidad no sea sinónimo de la gestión empresarial sino de la formación integral de los estudiantes en conocimientos científicos y como seres humanos, con acceso a la más alta tecnología para el proceso de enseñanza y aprendizaje; con garantías laborales, de ingreso, capacitación y estabilidad para los docentes; donde las funciones estén delimitadas entre el Estado que financia y administra y los maestros y directivos que ejercen plena autonomía escolar en su labor pedagógica por el bienestar general de la sociedad.

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El tope puesto al precio de la gasolina y al del diesel en once ciudades del país no modifica que los colombianos paguemos una gasolina más cara que en Estados Unidos y empuja a la ruina a la mayoría de los propietarios de estaciones de gasolina en el país, explicó el senador Jorge Enrique Robledo.

El gobierno decidió perseguir a los empresarios nacionales y no tocar el enorme negocio de las trasnacionales, pues la gasolina se sigue cobrando como si se importara desde Estados Unidos, señaló el congresista.

Robledo recordó que en Colombia un galón de gasolina corriente hoy cuesta 4,7 dólares y en Estados Unidos 3,6 dólares. Con el agravante, agregó, que allá el ingreso por habitantes es nueve veces mayor al de aquí. Este fenómeno se debe a que el gobierno cobra la gasolina como si la importara, le pone impuestos confiscatorios y obliga a los colombianos a consumir agrocombustibles costosísimos.

La medida, señaló Robledo, en la práctica reducirá los ingresos de los distribuidores minoristas y aumentará los costos financieros del negocio, lo que hará más difícil su supervivencia. El senador también anotó que esta política de aumento de los precios de los combustibles, además de golpear el bolsillo de millones de colombianos, crea más bases para que este estratégico negocio se concentre en monopolios y trasnacionales al igual que sucede con la distribución mayorista.

La consecuencia de la medida del Ministro Rodado, concluyó Robledo, es que el negocio se concentrará en las trasnacionales, las que en el futuro presionarán para recuperar con mayores precios de la gasolina lo “invertido” en la ruina de los pequeños y medianos propietarios de las estaciones de gasolina.

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Dos multitudinarias movilizaciones se realizaron en contra de las minas de oro a cielo abierto de Medoro Resources en Marmato, Caldas, y de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima. En el primer caso, pretenden destruir el casco urbano de la población, incluida alcaldía, iglesia, escuelas, hospital y viviendas, causando un pueblicidio y un auténtico desplazamiento. Y en el segundo, dejarían sin agua sufíciente a una amplia región que se surte del río Coello. La codicia de poderosos inversionistas extranjeros y de sus socios nativos, respaldados por el gobierno nacional, versus el patrimonio económico, social y cultural de comunidades asentadas allí desde hace siglos.

La Colosa, en Cajamarca, queda en un área de reserva forestal de alta y muy alta importancia ambiental y en el nacimiento del río Coello, que baña siete municipios del Tolima, entre ellos Espinal, donde le da vida a Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Como estos proyectos mineros son de altísimo consumo de agua, para utilizar inmensas cantidades de cianuro al día, hay una contradicción insalvable con el agua de uso humano y agropecuario, entre otros problemas ambientales.

Si el debate sobre la conveniencia y legalidad de La Colosa se diera sin las presiones que suelen acompañar los grandes proyectos mineros, y más con los altos precio del oro y el muy cuestionado estilo de Anglo Gold Ashanti, este proyecto ya se habría hundido. Pero su trámite empezó mal. Un día, Álvaro Uribe anunció, como un éxito suyo, que esa sería la mina de oro más grande del mundo, afirmación que implicó que su gobierno y el de Santos esgrimirían su poder para imponerla. Sobre la supuesta lotería que se ganaron los tolimenses hay que decir que las regalías para Colombia son de apenas el 3.2 por ciento, y que de eso a ellos, por la reciente reforma, les tocará algo muy cercano al nada por ciento. Luego sus condiciones serán incluso peores que las de otros proyectos mineros, donde las gentes de las regiones no salieron de la pobreza y sí reciben los impactos negativos.

Las inconveniencias e ilegalidades de La Colosa se plantean desde hace años. En 2008, Cortolima, la autoridad ambiental, ordenó suspender la exploración. Y el año siguiente, Diego Alvarado Ortiz, Procurador Agrario y Ambiental del Tolima, le demostró al Minambiente que el proyecto violaba la ley. Pero Anglo Gold Ashanti, con el respaldo del alto gobierno, gasta millones para poner a su favor a la opinión pública. Tan cínica es su actitud, que hace poco le quitó el patrocinio al Festival del Folclor de Ibagué porque en los desfiles participan comparsas estudiantiles que critican a La Colosa.

Las movidas oficiales para imponer los proyectos mineros de las trasnacionales pasan de castaño a oscuro. El 6 de agosto de 2010, el Minambiente les quitó a las CAR el control del agua en la exploración minera, y la reforma de estos entes tiene como primer objetivo arrebatarles su autonomía para volverlas aparatos de bolsillo del Jefe del Estado e instrumentos de la aplanadora minera.

Lo que se mueve en Ibagué debe hacer sonar las alarmas de los demócratas. Carmen Sofía Bonilla, la valerosa directora de Cortolima, apoyada en estudios del Ideam, declaró “agotado el recurso hídrico” en el río Coello, lo que significa que no pueden otorgarse nuevas concesiones de agua –ni a Anglo Gold Ashanti ni a nadie–, porque el caudal que hay apenas si alcanza para los actuales usuarios, cuyo consumo humano y agropecuarios es legalmente prioritario. Y el problema tiende a complicarse porque el Ideam también ha dicho que en el Coello será grave el impacto del calentamiento global. Ante la declaratoria, un alto funcionario de la Gobernación presionó en la junta directiva de Cortolima para que la directora echara atrás la decisión, al tiempo que blandía unos papeles de la Contraloría que no tenían por qué estar en sus manos. El personaje quedó en ridículo y al desnudo cuando se mostró una resolución suya, de cuando él fue director de Cortolima, que declaraba “agotado el recurso hídrico” en el Coello.

Llamo al gobierno nacional a jugar limpio en el Tolima y a los tolimenses a sostener en alto su reconocida dignidad. Y llamo a los organismos de control a no permitir que funcionarios suyos sirvan de martillos contra una funcionaria que cumple con su deber.

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ANH, pésimo balance. No ha habido nuevos hallazgos de importancia. Medran por ahí algunos especuladores financieros dedicados a inflar las acciones en la bolsa. El negocio de Rubiales, bastante sospechoso. Graves denuncias de la Contraloría. La ANH obstaculiza la labor de los auditores e incluso ha llegado a amenazarlos.

Primero, unirme al querer de todos los senadores en la idea de que nos va a tocar mirar con más despacio este tema después del 20 de julio, ojalá un día que podamos empezar bien temprano la sesión para entrar en detalles.

ANH, pésimo balance

Hace unos días me preguntaron qué pensaba de la idea de montar algo así como una agencia nacional minera, copiando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y dije que habrá que ver si es buena o mala idea. Pero si de lo que se trata es de montar un aparato parecido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde ya tenemos que empezar a decir que la idea no es buena. Porque los resultados que aquí estamos viendo así lo indican.

El propósito principal que tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos era aumentar en proporciones importantes los hallazgos petroleros. Hay consenso en que no se ha cumplido. Si no lo saben los colombianos, es porque en el país, lamentablemente, las informaciones suelen darse recortadas. Aquí informan en cuánto ha aumentado la exportación, pero no sacan nunca la cifra del aumento en las reservas de petróleo. Y resulta que está aumentando la exportación, me lo explicó un especialista de una manera muy gráfica, no porque haya nuevos hallazgos, sino porque están sacando el crudo ya conocido de una forma más rápida. Me daba un buen ejemplo. Haga de cuenta, senador, que usted en vez de sacar por un pitillo el líquido de una botella de gaseosa lo saca por tres. Algo parecido nos está sucediendo aquí. Este, que era el principal propósito de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no se ha cumplido.

Y en cambio sí ha habido deterioros evidentes, por ejemplo, con el nuevo contrato petrolero, el verdadero aporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Con el pretexto de atraer inversionistas, la ANH revivió el contrato ese de tipo colonial vigente en los inicios del siglo XX, que lo que hace es envilecer las condiciones de la participación del Estado en la renta petrolera. No lo voy a detallar, porque es de sobra conocido. Y cuando se mira quiénes son los inversionistas, descubre uno que se trata de un poco de empresas enclenques cuyo promedio de inversión es del orden de 18 millones de dólares y que no están produciendo ningún resultado de importancia. Ni siquiera en la propia lógica, que yo discuto, de entregarles el país a los inversionistas extranjeros, ha funcionado la ANH. Y cada vez se conoce más sobre unos contratistas sospechosos, como los que reseña hoy la prensa, al parecer unos aventureros que andan por ahí a ver qué pescan, como en río revuelto. Parecido a lo que está sucediendo en minería y que se sabía desde hace rato y apenas ahora se empieza a mencionar. Este solo tema daría para mirar hasta dónde aquí lo que hay son procesos de especuladores en el sentido estricto de la palabra, no petroleros sino financieros, dedicados a engordar acciones en bolsa. La otra vez el diario La República contó cómo en la Bolsa de Canadá alguna petrolera había inflado el valor de sus acciones dando informaciones falsas sobre supuestos hallazgos.

Segundo tema al que, desde ya se lo digo, doctor Zamora, voy a echarle ojo el semestre entrante. Cómo fue el negocio de Rubiales. El aumento de la producción ha estado principalmente en Rubiales, uno de esos campos viejos que ya estaba operando desde 1996, un campo que se le restituyó casi todo al Estado en 2007 y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos transfirió a unos inversionistas privados. En vez de poner a Ecopetrol a explotar unas reservas ya sabidas, una actividad rentable incluso en ese momento, porque era negocio aun siendo de crudos pesados, curiosamente ese que, digamos, era una especie de lotería para el Estado colombiano, la ANH se lo transfirió a unos inversionistas privados, subdividiendo además los campos, otro manejo que no deja de ser por lo menos curioso.

Entonces desde ya le anticipo, doctor Zamora, que la idea es que le peguemos el semestre entrante una mirada en detalle a ver por qué Rubiales, que estuvo en manos de la nación, se terminó entregando a unos particulares. Uno supone que a la Agencia Nacional de Hidrocarburos le debe interesar que al país le vaya mejor.

Graves denuncias de la Contraloría

En tercer término voy a detenerme en una serie de denuncias que viene haciendo la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que me parecen también graves, doctor Zamora. Hay una investigación caminando en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por la actitud contumaz de no facilitarle a la Contraloría las labores que le son propias. Me parece de una gravedad inaudita. Que los funcionarios de una agencia del Estado se dediquen a estorbarles a los entes de control el ejercicio legal y constitucional de auditar y vigilar me parece de lo peor que pueda hacer un funcionario. Y de eso es de lo que lo están acusando a usted, doctor Zamora, la Contraloría General de la República.

Voy simplemente a leer de varios informes, todos de la Contraloría General de la República, para que la Comisión Quinta del Senado se haga una idea de la gravedad de lo que estoy expresando. Mencionaré además algunos contratos que son por lo menos sospechosos. El informe de auditoría a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la vigencia del 2009 precisa: “En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance de nuestra auditoría. Primero, la inusual práctica de esa entidad de asignar a una contratista enlace para atender los requerimientos de información y coordinar”. La Contraloría señala, y no deja de ser bien llamativo, que dicha labor le compete a la oficina de control interno de la ANH y no a particulares. “Por otra parte existieron limitaciones de acceso a las dependencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también se apreció que existieron restricciones en la comunicación directa con los funcionarios de la entidad. Se pudo establecer que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no suministró oportunamente la información necesaria para los análisis. El acceso a la información presentó limitantes. La entidad no facilitó la interacción directa con los funcionarios dueños de los procesos”. Estoy mostrando una actitud que ya resumí. Agrega que “en el hallazgo número 7 hubo incertidumbre e inexactitud en la incorporación de las reservas de gas”. Sobre las cifras que ustedes aportan ha surgido una discusión, doctor Zamora. “La Contraloría observó que lo datos reportados para los periodos 2007-2009 de dicho indicador son discutibles, porque revuelven reservas probadas y probables”.

“Una alta contratación de servicios personales por cuenta de contratistas”, dice. “De 54 funcionarios de planta solo hay 44 cargos provistos y hay diez vacantes, pero hay 53 contratistas”, prácticas no menos curiosas. La Contraloría resalta un fenómeno importante que suele olvidarse en el caso de los contratistas y es que los trabajadores de planta se vuelven un acervo de la institución en la medida en que estudian y profundizan en sus conocimientos, conocimientos que se pierden en la medida en que se cambian los contratistas. No es un debate de poca monta, porque se trata de entidades en que la cuestión técnica pesa de forma decisiva.

Además de los casos de Fonade y de la FEN, ya mencionados aquí, me llama la atención un contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, por 2.250 millones de pesos. Puntualiza la Contraloría que la ANH “desconoció el principio de selección objetiva, ya que debió contratar el estudio a través de una firma consultora escogida por convocatoria pública”. Dice además: “La Agencia Nacional de Hidrocarburos no tiene dentro de las funciones que le asigna el decreto (…) la de realizar estudios sobre mercados de bienes y servicios”. Hace ver que la ANDI “no tenía la logística ni el personal idóneo para ejecutar el contrato, por lo que debió subcontratar la realización del estudio”. Esto qué es, señores, qué son este tipo de prácticas que le llaman la atención a la Contraloría.

El 25 de mayo de 2010, y sigo citando documentos de la Contraloría, varios de sus investigadores le piden al contralor delegado de Minas y Energía y al director de Vigilancia Fiscal abrirle un proceso sancionatorio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “por las faltas reiteradas y continúas al desarrollo del proceso auditor evidenciadas por la demora reiterada en la entrega de la información, entrega de la información incompleta o no pertinente, así como de las continuas y reiteradas limitantes al uso de aplicativos informativos lo que en definitiva está obstaculizando de manera grave el normal desarrollo del actual proceso auditor”. Palabras mayores lo que se plantea este documento y que sustenta a lo largo de un poco de páginas.

Todo lo hasta aquí denunciado por la Contraloría General de la República me parece demasiado grave. Creo que en otro país, donde los ministros estrellas no fueran como el de Comercio de Colombia, que se da el lujo de tener a su señora como excontratista de Saludcoop, las sanciones no tardarían en llegar. Aquí no pasa nada.

Miremos ahora la carta del contralor delegado, Octavio Rafael García, al doctor Armando Zamora: “Por segunda ocasión la doctora Sonia Osorio se siente tratada en forma agresiva por la contratista, doctora Liliana Jaramillo, facilitadora por designación suya del proceso a la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. Lo que está denunciando el contralor delegado es una agresión de los contratistas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Y agrega. “Igualmente el líder del grupo, doctor Orlando Salamanca, informa el señalamiento suyo de interponer acciones penales por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en contra de miembros del grupo auditor u otros funcionarios de la Contraloría General de la República. Además usted ha expuesto que el proceso auditor es manejado por terceras personas ante lo cual desconoce el doctor Salamanca si se trata de acciones directas o de estrategias intimidatorias”. Es en resumen una carta que le dirige a usted el contralor delegado, acusándolo a usted, doctor Zamora, de estar incurriendo en este tipo de prácticas y amenazando a los auditores. Algo parecido di a conocer en el debate de Saludcoop, donde también es una práctica común de sus agresivos abogados amenazar con sanciones penales a los funcionarios que están cumpliendo con su deber, sanciones consistentes en que a un funcionario con un salario bien escaso le toca vender la casa para poder pagar el abogado que lo defienda de la acusación que le están haciendo. Prácticas como estas debieran dar por sí solas para que tuviera que renunciar un funcionario, si es que no ameritaría una destitución fulminante. Es el mundo al revés. Los auditores, funcionarios de rango medio o bajo, bregando a cumplir sus funciones, y se tropiezan con una especie de señor feudal que les monta una pelea y los amenaza con un proceso penal. Son prácticas inaceptables. Hasta dónde va a llegar este país.

Hay otro documento también especialmente grave, enviado a la ANH por Róger Alberto Sanguino Rodríguez, líder de la Comisión de Auditoría, el 26 de noviembre de 2010, y dirigido a la contralora delegada para el Sector de Minas, contando un hecho que les pasó. Resulta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos les dio una oficina a los funcionarios de la Contraloría General de la República para que adelantaran allí sus labores, especialmente complejas y largas y engorrosas. Miremos qué sucedió: “El 26 de noviembre del año en curso me dirigí a la oficina que la Agencia Nacional de Hidrocarburos destinó para el desarrollo de las funciones de la Contraloría, encontrando que de dicha oficina se extrajeron cuatro equipos de cómputo de mesa, un computador portátil, una impresora y dos teléfonos que habían sido asignados e inventariados a este grupo auditor. Este retiro se realizó sin la autorización de los miembros del equipo y este procedimiento se hizo sin la presencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República”. Doctor Zamora, esto es de una gravedad incalculable. Y agrega: “Lo anterior evidencia que la Agencia Nacional de Hidrocarburos siempre tuvo acceso a la mencionada oficina, lo cual por sí mismo es preocupante, sumado a lo anterior que el proceso auditor aún está en curso y en esos computadores se encontraba información vital para el desarrollo de la auditoría, la cual goza de reserva, elemento que no desconoce el sujeto de control”. En resumen, le sacaron la información a la Contraloría. “Lo expuesto denota una vez más las dificultades que a lo largo de la auditoría ha tenido que afrontar el equipo, dejando entrever las prácticas restrictivas y dilatorias que la Agencia Nacional de Hidrocarburos emplea con el fin de entorpecer y obstaculizar el proceso auditor”.

Es probable que yo sea tan joven que apenas hasta hoy vengo a enterarme de que aquí ocurren cosas como esta. O es probable que sea inaudita o que suceda por primera vez. Solo les reitero a los senadores y a los colombianos, a los medios de comunicación, no, porque brillan por su ausencia aquí, la gravedad de lo que está ocurriendo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y de una vez le digo al ministro Carlos Rodado, al que algún día, me imagino, le contarán de este debate, al que lastimosamente no vino, que si este es el ejemplo que se va a seguir en minería, donde vamos a salir de Ingeominas a la Agencia Nacional de Minería, que estamos pasando de Guatemala a Guatepeor. Lo que están tratando de montar en la ANH es una especie de superpoder por allá en las nubes al que los funcionarios encargados de auditarlo no pueden ni atreverse a asomar, Realmente cada vez se aterra uno más de las cosas que están pasando en nuestra querida Colombia.

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De camino al sur desde Neiva se pasa por Campoalegre, una planicie verde formada por los extensos cultivos de arroz, que la convierte en la capital arrocera del Huila. En estos días, próximos a las festividades del San Pedro, es usual que en los barrios y veredas se prenda la fiesta y se realicen reinados buscando quien los represente en el jolgorio mayor. El sábado pasado al transitar por la vía principal veía un tumulto de gentes repartiendo unos volantes, como normalmente ocurre en esta época, sin embargo en esta ocasión la razón era otra: vestidos con camisetas blancas los agricultores reclamaban la derogatoria de la resolución 970 del 2010 expedida por el ICA y la devolución de 70 toneladas de arroz paddy seco, decomisadas y que amenazan con quemar.

En el espíritu del Libre Comercio, que realmente es el de la hegemonía de los negocios de las transnacionales, los Ministerios y sus entidades adscritas han trazado todo tipo de políticas que procuran allanar los caminos para que una vez aprobados los TLC firmados con Estados Unidos y la Unión Europea, se facilite la toma de nuestro mercado por sus empresas; al tenor de ese propósito se han expedido normas que prohíben: la comercialización de leche cruda, el funcionamiento de los mataderos municipales y veredales, el uso de trapiches artesanales para moler caña panelera, el sacrificio de aves en los mataderos tradicionales y el uso de semillas nativas seleccionadas mediante métodos ancestrales, entre otras medidas.

En esta región, las empresas que producen semilla certificada no dan abasto para atender la demanda de cerca de 8.000 hectáreas que se siembran por semestre, esta es otra razón por la que productores de cuarenta años como el de la “semilla Cuellar”, bautizada así por él, se refiere por supuesto a la semilla que saca de la mejor parte de sus lotes, compra semilla certificada, siembra y selecciona un sector al que le da un tratamiento especial para aprovecharlo por una o dos cosechas como fuente de semilla, es la forma de bajar costos y garantizar una buena producción, pues es más segura que la que se siembra con las simientes de las casas comerciales que de continuo presentan problemas de bajos rendimientos.

A la sombra de la resolución mencionada, el ICA convierte a los agricultores y a los propietarios de secaderos en delincuentes a los que pretende judicializar, así doña Cenobia Calderón, que hace 22 años siembra su parcela “La Esperanza” en la vereda Nuevo Horizonte, que sufrió los rigores del invierno averiando el viaducto con que conducía el agua de riego a su cultivo, ahora perderá los granos que llevó a secar para esperar un mejor precio. Ni los descuentos de los molinos, ni los costos de los insumos, ni los intereses de los créditos, lograron arruinarla, pero ahora sí una norma.

El ICA que debería ser una institución al servicio del sector agropecuario, con funciones de prevención, investigación y transferencia de tecnología, termina convirtiéndose simplemente en el guardián al servicio de los intereses de transnacionales, que pretenden apropiarse del negocio de la producción de material vegetal, lo que amenaza la diversidad biológica indispensable para la supervivencia de las especies.

Tan importante resulta este cereal para la humanidad, que El Arca de Noé como se le llama a la bóveda global de semillas de Svlbard en el círculo polar Ártico, fue inaugurada en febrero del 2008, con el depósito de semillas de arroz de 104 países, ojalá se hayan guardado las variedades que hoy el ICA pretende quemarle a los agricultores de Campoalegre. Como los lecheros, los arroceros deben organizar la resistencia.

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Senador Robledo le hizo la pregunta al Director de la DIAN. Se puede repetir el caso de SAB Miller-Bavaria.

En carta dirigida a Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, el senador Jorge Enrique Robledo preguntó si por la venta del 20% de los activos de Drummond a Itochu Corporation se pagarán los impuestos que cualquier colombiano está obligado a cancelar por ganancias ocasionales.

Drummond informó que le vendió el 20% de sus activos a la japonesa Itochu Corporation por 1.523 millones de dólares. Por una operación como estas, los colombianos deben pagar un impuesto por ganancias ocasionales cuya tarifa es del 35% del precio de la venta, que en el caso del negocio de Drummond sería de 533 millones de dólares. Sin embargo, se especula que Drummond no pagará este tributo, como sucedió cuando la multinacional SAB Miller compró por siete mil millones de dólares los activos de Bavaria, negocio en el que no se pagó ni un centavo de impuestos.

Por esta razón, el senador Robledo le solicitó al director de la DIAN que explicara si por esta operación se pagará algún tipo de impuesto. “Sería muy grave que a esta trasnacional no se le cobrarán impuestos, cuando se sabe que por ganancias ocasionales el gobierno le cobra tributos hasta al colombiano más pobre”, afirmó el congresista.

El siguiente es el texto de la carta:

Bogotá, 16 de junio de 2011

Doctor

JUAN RICARDO ORTEGA

Director de la DIAN

Ciudad

Ref.: ¿Drummond deberá pagar impuestos por la venta de parte de sus activos?

La trasnacional Drummond informó que vendió el 20% de sus activos en Colombia a la japonesa Itochu Corporation por un valor de 1.523 millones de dólares. Por operaciones como estas, cualquier colombiano debe pagar un impuesto por ganancias ocasionales cuya tarifa es del 35% del valor de la venta, lo que equivaldría a cerca de 533 millones de dólares.

Sin embargo, se especula que Drummond no está obligada a pagar este tributo, como sucedió cuando la multinacional SAB Miller compró por siete mil millones de dólares los activos de Bavaria, operación que no fue objeto de imposición tributaria.

Sería extremadamente grave que el gobierno permitiera que esta operación se haga sin que se pague ni un peso de impuestos. Porque se sabe que por ganancias ocasionales hasta al colombiano más pobre debe pagar tributos.

Por la gravedad de esta situación, solicito a Usted informarme lo siguiente:

¿La DIAN exigirá el pago de impuestos por la venta del 20% de los activos de Drummond a Itochu Corporation? ¿Qué tributos serán cobrados? ¿Por qué valor? Favor sustentar las respuestas.

La presente solicitud la hago amparado en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, norma según la cual las peticiones de los congresistas deben contestarse en un término no superior a cinco días hábiles.

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4.500 accidentes de trabajo en los diez últimos años, solo en la Drummond, 700 enfermos profesionales hoy en El Cerrejón, casi ninguno reconocido por las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, muchos enfermos de cáncer y bronquitis en Cerromatoso obligados a renunciar a su trabajo, dan una idea de lo que ocurre en las trasnacionales de la gran minería, empresas que, junto con Cerromatoso, en contraste, tuvieron en 2010 utilidades operacionales por 2,4 billones de pesos.

La denuncia fue formulada hoy por el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y de Protección que tuvo lugar en la Comisión Quinta. El senador del Polo Democrático dijo además que en toda mina a cielo abierto, sea donde sea, por ser actividad de alto riesgo, se presentan traumatismos, accidentes y enfermedades por el uso de materiales cancerígenos, maquinaria que vibra, ruido intenso y repetitivo, pero que en Colombia se multiplican los padecimientos por las largas jornadas laborales, de doce horas al día y sesenta y más horas a la semana, la falta de controles por parte del Estado y las pésimas condiciones de trabajo.

Lo que hay en el trasfondo de este drama es que en Colombia se habla de “democracia” pero se desconocen los derechos democráticos de los trabajadores, tales como los de organización y contratación colectiva. “Aquí es más fácil conformar una banda de secuestradores que un sindicato”, agregó. Además, de la Cooperativas de Trabajo Asociado, son varias más las formas de subcontratación, diseñadas para negarles los derechos a los trabajadores.

El senador del Polo detalló cómo opera la subcontratación en cuatro empresas trasnacionales mencionadas y precisó que, de un total de 28 mil operarios, 53% son indirectos, lo que hace que la tasa de sindicalización sea de apenas 27%. ¿Cuál es el secreto?, preguntó. Los obreros de contratistas perciben en los mismos oficios menos de la tercera parte de lo que ganan los de nómina. “Y nos quieren ahora hacer creer que todo se va a arreglar con una acuerdo entre el gobierno, las empresas y algunos dirigentes sindicales –dijo–, en el marco del Pacto Obama-Santos. No, no es cierto que se vaya a eliminar la subcontratación en sus múltiples formas y menos que el TLC les sirva a los trabajadores”.

Colombia además ostenta el récord mundial en crímenes de dirigentes sindicales, con 2.857 en los últimos años, el 63% del total planetario, y 51 asesinatos en solo 2010.

Robledo terminó demandando que se respeten los derechos sindicales y que las trasnacionales no sigan empeñadas en desconocer las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. “Hay quienes creen en Colombia, con una lógica antediluviana, que al país le va mejor mientras peores sean las condiciones laborales”.

Audio: http://bit.ly/j12wbO

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El senador Jorge Enrique Robledo le pidió la renuncia al ministro de Comercio Sergio Díaz-Granados, tras conocerse que su esposa, Paola Vergara, es asesora de Saludcoop. La exigencia la hizo el congresista del Polo Democrático durante el debate de control político a los ministros de Minas y de Protección Social sobre las condiciones laborales en la gran minería, debate que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta del Senado.

Dijo Robledo que la esposa del ministro hizo parte de la nómina de Saludcoop hasta septiembre de 2010, para pasar después a ser contratista de la misma EPS, por $150 millones. Entre sus funciones estaba la de advertirles a los directivos sobre las futuras normas que pudieran lesionar sus utilidades.

En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, adscrita al Mincomercio, está investigando a Acemi y a catorce EPS, incluida Saludcoop, lo que le genera a Díaz-Granados un evidente conflicto de intereses.

Con este nuevo caso, más el del minhacienda Echeverri, ya son dos los ministros del presidente Santos involucrados en el escándalo de Saludcoop.

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Las ARP se han apropiado de 300 mil millones de recursos públicos. Se niegan los derechos de los trabajadores con enfermedades profesionales. Muy mala la situación en las trasnacionales del carbón.

Senador Robledo hará graves denuncias en debate del próximo martes 7 de junio.

El Sistema de Riesgos Profesionales es igual de perverso que el sistema de salud. Así lo señaló el senador Jorge Enrique Robledo, quien el próximo martes 7 de junio realizará un debate de control político en la Comisión V de Senado.

De acuerdo con una acción popular instaurada por un grupo de abogados y médicos, las ARP han usado 300 mil millones de pesos de recursos públicos para pagarles a las empresas de corretaje que les consiguen afiliados. A pesar de que este gasto no tiene nada que ver con la atención de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o padecen una enfermedad profesional, las administradoras de riesgos profesionales lo cargan a los recursos del sistema. Al parecer, también pagan con recursos públicos las cuotas a Fasecolda, gremio que las agrupa.

Al igual que las EPS, las ARP están dedicadas a negarles derechos y servicios a los trabajadores enfermos, puesto que sus utilidades aumentan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología. En Colombia se reconocen 138 enfermedades profesionales por cada 100.000 trabajadores afiliados al sistema, tasa que es inferior a la de países como Argentina, Alemania y Finlandia. Y no es porque los trabajadores colombianos se enfermen menos o porque en el país las condiciones laborales sean mejores, sino porque las ARP están dedicadas a negar el origen profesional de las patologías para aumentar sus utilidades.

El caso de la gran minería del carbón es supremamente grave. Esta es una actividad de alto riesgo en la que los trabajadores están expuestos a todo tipo de riesgos, incluidas las sustancias cancerígenas. En El Cerrejón hay más de 700 enfermos y en Drummond más de 800. Sin embargo, en los últimos 10 años en Drummond sólo se han reconocido 208 enfermedades profesionales y en Prodeco, empresa de la trasnacional suiza Glencore, tan sólo se ha reconocido un caso.

El senador Robledo expondrá estas y otras denuncias en el debate de control político que se realizará el próximo martes 7 de junio en la Comisión V de Senado. Aunque no será transmitido en directo, su intervención se podrá ver desde las 2 de la tarde enhttp://www.youtube.com/user/POLOMOIRTV. Con antelación se informará la hora y fecha de la transmisión en diferido.

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También se comentarán los casos de la gran minería en Marmato, Caldas, y en Cajamarca, Tolima

Los graves problemas que padecen los trabajadores de El Cerrejón, la Drummond, la Glencore y demás trasnacionales de la gran minería serán llevados a debate el martes 7 de junio en la Comisión Quinta por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

Contrasta el cuadro idílico con que abruman a diario a la opinión el gobierno y las trasnacionales con la dura realidad que se vive a diario en las grandes explotaciones de carbón, dijo Robledo. No solo hay una política calculada para impedir que se formen sindicatos, sino que el gobierno no aplica sanciones a las empresas, como lo ordena el Código. Y se permite a las ARP seguir desconociendo las indemnizaciones legales a que tienen derecho los obreros cuando son víctimas de enfermedades profesionales como la silicosis y el cáncer de pulmón o cuando sufren accidentes de trabajo.

El senador del Polo también se referirá al caso de Marmato, cuyo casco urbano quiere destruir la Medoro Resourses, y al de la Colosa, en Cajamarca, Tolima, donde Anglo Gold Ashanti pretende montar una mina de oro a cielo abierto, a pesar de que Cortolima, que es la autoridad ambiental, en 1997 declaró, y en 2011 ratificó, “agotado el recurso hídrico” en la cuenca del río Saldaña, de donde se deduce que no puede hacerse lo que pretende la trasnacional, por la sencilla razón de que esa mina a cielo abierto dejaría sin agua a los tolimenses.

El debate irá en diferido en la TV Institucional y oportunamente se comunicará la fecha y hora. Pero desde las 3:00 pm se podrá ver la intervención del senador Robledo en http://www.youtube.com/user/POLOMOIRTV.

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Evento en FACEBOOK

Como en el caso del Páramo de Santurbán en Santander detenido por la lucha denodada de amplios sectores ciudadanos de Bucaramanga y los demás municipios amenazados por la contaminación de sus aguas, los tolimenses debemos multiplicar las acciones necesarias para impedir que la AngloGold Ashanti continúe con sus planes de explotación a cielo abierto de la riqueza aurífera de La Colosa en el municipio de Cajamarca.

La AngloGold Ashanti ha invertido grandes cantidades de dinero en apoderarse de títulos mineros sobre el territorio que cubre la mina y gasta también en comprar conciencias en todos los sectores de la sociedad para que apoyen su nefasto propósito, a pesar de los daños evidentes que producirá tanto en Cajamarca como en todos los sectores del Valle del Magdalena que producen bienes agrícolas con las aguas que provienen del entorno de La Colosa y que serían utilizadas por la explotación minera y contaminadas irremediablemente.

La movilización citada por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, organicaciones sindicales, cívicas, de activistas medioambientales y de organizaciones juveniles debe contar con la participación de todos los ciudadanos de Ibagué y de las áreas que van a ser afectadas por la ambición desmedida de la transnacional AngloGold Ashanti, famosa por la destrucción ambiental en todas las partes del mundo en las que le han hecho conceciones para realizar sus proyectos mineros.

El senador Jorge Enrique Robledo invita al pueblo tolimense a manifestarse en contra de la exoplotaciópn minera de La Colosa por parte de la AngloGold Ashanti. La cita es en Ibagué el próximo viernes 3 de junio en Cortolima -Av. Ferrocarril con 44 Esquina-, a las 10 am.

¡MOVILICÉMONOS Y DESCARRILEMOS LA LOCOMOTORA MINEROENERGÉTICA!
¡EL 3 DE JUNIO TODOS LOS COLOMBIANOS SEREMOS TOLIMENSES!

Red Colombiana frente la Gran Minería Transnacional

http://www.facebook.com/reclamecolombia

https://twitter.com/#!/reclamecolombia

red@reclamecolombia.org

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Pese a estar absolutamente prohibido por la ley reempacar la leche en polvo, pues puede abrir el paso al contrabando y a todo tipo de abusos fraudulentos, las trasnacionales francesas Carrefour, Éxito y Carulla han convertido en norma distribuir leche reempacada, sin que hasta ahora haya sido posible que el gobierno las frene, denunció el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, durante el debate a los ministros de Agricultura y Protección y a la directora del Invima, que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta.

¿Qué se esconde detrás?, preguntó. ¿Por qué resulta tan rentable reempacar la leche en polvo y no comprársela directamente al pulverizador? La explicación podría ser que existe en el país todo un comercio ilegal de leches vencidas o degradadas o traídas de contrabando.

Además, el congresista incriminó a las tres trasnacionales, como también a Danone, Alquería, La Pradera y otras diecisiete empresas por seguir expendiendo lactosueros como si fueran leche, un engaño calculado ya puesto en evidencia por Analac y por la Superintendencia de Industria y Comercio. “Es una treta de mala leche”, agregó, citando un editorial del diario El Tiempo.

Según la Superintendencia, los lactosueros no son leche y tienen valores nutricionales muy inferiores, pero los precios al consumidor tienden a equipararse. Además, los empaques son similares, se emplean marcas alusivas y se encasillan en las mismas estanterías, por lo que el mercadeo tiene por objeto confundir y engañar, en perjuicio de las clases más pobres. Con estos productos, muy bajos en calcio y proteína, se maltrata a las madres lactantes y embarazadas y se profundiza la desnutrición infantil.

Lo que se viene con los TLC van a ser casos de mala leche pero centuplicados, concluyó el senador del Polo, porque Estados Unidos y Europa nos van a inundar literalmente de lactosueros.

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Hay indicios graves de que la leche en polvo marcas Carrefour, Éxito, Carulla, entre otras, es de contrabando. También hay engaño a los consumidores, al presentarles como de leche productos que no lo son. Daños graves a los ganaderos. El debate será transmitido en directo por Señal Institucional y Canal Congreso.

La leche en polvo que se comercializa en el país bajo las marcas Carrefour, Éxito y Carulla, entre otras, se reempaca en Cali y Bucaramanga. Esta práctica, prohibida por la legislación sanitaria, puede ser además de contrabando y con fechas vencidas.

De acuerdo con las leyes, la leche en polvo para consumo humano debe pulverizarse en Colombia. Las únicas plantas autorizadas para hacerlo están ubicadas en la Costa Atlántica, Antioquia, Cundinamarca y Bugalagrande, Valle. Sin embargo, estos hipermercados venden leche reempacada en Bucaramanga y Cali, a pesar de que, de acuerdo con las prohibiciones legales y los costos del transporte, debería salirles más barato comprarla directamente en las plantas pulverizadoras. Por ejemplo, en Medellín, dónde existe una planta pulverizadora, Carrefour vende una leche reempacada en Bucaramanga y, en Barranquilla, donde hay dos plantas pulverizadoras, Éxito ofrece su marca de leche en polvo reempacada en Cali.

En el debate también se denunciarán las prácticas de estos hipermercados para meterles a los consumidores gato por liebre: productos hechos con lactosueros, como si fueran leche.

Y se mostrará cómo todas estas prácticas empobrecen y arruinan a los ganaderos, que en el 65% de los casos poseen menos de ocho reses.

El senador Jorge Enrique Robledo explicará los detalles de esta denuncia en el debate que adelantará el próximo martes 31 de mayo a las 10 de la mañana en la Comisión Quinta y que será transmitido en directo por Señal Institucional y Canal Congreso.

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Algunos hipermercados están vendiendo leche en polvo ilegal con el permiso del gobierno nacional. Estos actos ilegales también lesionan a los ganaderos, porque reemplazan la producción interna por importaciones y deprimen los precios al productor. En debate de control político, senador Robledo explicará esta denuncia. TV en directo por la mañana desde la Comisión Quinta del Senado

A pesar de que se han identificado marcas de leche en polvo que se comercializan sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios, algunos supermercados siguen vendiéndola con el permiso del Invima. Así lo denunció el senador Jorge Enrique Robledo quien explicó que el gobierno está alcahueteándoles a las multinacionales vender leche en polvo reempacada, producto prohibido por las normas sanitarias.

El congresista también señaló que algunos hipermercados y las multinacionales lácteas siguen engañando a los consumidores colombianos con productos que hacen pasar por leche, pero que en realidad son mezclas de lactosueros importados y otros ingredientes, mezclas que tienen la mitad de nutrientes que los que aporta la leche. El engaño continúa porque la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que abrió una investigación sobre el caso, no suspendió la venta de este tipo de productos y los hipermercados mantienen sus tácticas de engaño a los consumidores.

Estas acciones ilegales le hacen daños a los consumidores y, además, a los ganaderos, pues su producción de leche termina reemplazada por productos importados, importaciones que acaban de hundir los de por sí malos precios de la leche al productor.

El próximo martes 31 de mayo el senador Robledo adelantará en la Comisión V del Senado un debate de control político a los Ministros de Agricultura y Protección Social y a la Directora del Invima en el que explicará en detalle esta denuncia. El debate se transmitirá en directo por el la TV institucional y del Congreso.

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Terminó por saberse que Saludcoop le pagó al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, 144 millones de pesos por un “estudio” en el que este le aconsejaba ampliar la integración vertical para aumentar sus ganancias, a pesar de que esta práctica induce a la corrupción en el sistema de salud. Ya está comprobado que el minhacienda mintió cuando dijo que no participó en el trámite de la reciente reforma a la salud que favoreció a las EPS (http://bit.ly/iRSvXe). Se supo al menos de otro “estudio” de Echeverri para Afidro, la organización de las trasnacionales de los medicamentos, en el que condena como lo peor todo control de precios, aunque se sabe que el descontrol facilita abusos y corruptelas. Bastante cuenta en la conocida soberbia de Echeverri disfrutar del respaldo de tan poderosos negociantes.

Entre las incontables formas de asaltar el sistema de salud –asalto que tiene como primera causa la Ley 100, creada para servirle a la intermediación de las EPS– están las marrullerías de las trasnacionales de los medicamentos, que incluso cobran en Colombia precios mayores que los que cobran en otros países. Por ejemplo, el tratamiento con Ciprofloxacina de marca es el más caro del mundo. O el Rituximab, que en Chile cuesta 2.000 dólares y en Colombia se pagaba a 3.500 y que, todavía ahora, con un insuficiente control, fruto de la presión de la Federación Médica, cuesta 2.500. O el del antihemofílico Factor VIIa recombinante (de 60 KUI), cuyo precio promedio internacional es de 2.8 millones de pesos pero que el gobierno de Colombia autoriza recobrar a 7.4 millones.

El ministro Santa María –quien se ganó el cargo por sus servicios a Fedesarrollo, cuna del neoliberalismo en Colombia– dijo que “el principio general es que existe libertad de precios” de los medicamentos, al igual que de los demás costos de la salud, “pues los precios son el resultado de la libre competencia”, como si no se supiera que el primer propósito de las EPS y las trasnacionales se dirige a que no haya competencia, objetivo que les facilitan la Ley 100 y un Estado sometido a sus intereses, de manera que puedan imponer los precios a su amaño. En su lucha por conseguir precios de monopolio, que provocan enfermedad y muerte, los negociantes globales de las medicinas fueron capaces de inventarse los productos “de marca” falsa, que son los mismos genéricos disfrazados de productos “de marca” a punta de gastos en publicidad.

Es tan agresiva la política de las trasnacionales de los medicamentos para imponer el monopolio, que el gobierno de Estados Unidos, actuando a su servicio, presiona a los otros países para que alarguen los tiempos de las patentes, uno de los principales objetivos de los TLC, como el que se le impuso a Colombia. En 2006, Afidro amenazó incluso al ministro de Comercio con aplicarle al país la cláusula de expropiación indirecta, una de las más agresivas e inicuas del TLC, porque este se atrevió a pensar en un tipo menor de control de precios a algunas medicinas.

Con todo cinismo, ya salieron las EPS a hacer alarmismo sobre una catástrofe si se hacen cambios de fondo al sector de la salud, cuando la catástrofe primordial son ellas mismas, cuya necesidad de existir solo se sustenta en los cálculos de los intermediarios financieros que se las inventaron. Toda organización de la salud debe gastar en médicos, medicinas, procedimientos hospitalarios y de otro tipo y administración. Pero no son necesarias unas EPS que se pagan la administración de los recursos y, además, se sacan como ganancias suyas una parte importante de los recursos que hacen falta para atender a los colombianos. Si en otros países del mundo, donde la salud funciona bastante bien, no se necesita de parásitas como las EPS, ¿por qué aquí sí?

Veinte años de paños de agua tibia a la Ley 100, que es la ley de las EPS, con el cuento de que van “arreglarla”, solo han servido para acrecentar el cáncer de los abusos y las corruptelas. Y ahora, cuando el mal ya casi arruina del todo al conjunto del sistema de salud, salen Santos, Echeverri y Santa María a decir que la solución es sacar un par de manzanas podridas y continuar con las EPS, es decir, con más del mismo menjurje que lesiona y humilla a los colombianos desde hace dos décadas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hundió la conciliación entre la Superintendencia de Salud y Saludcoop, negocio que, como se dijo aquí, de manera ilegal le pasaba al patrimonio de la EPS 627 mil millones de pesos a los que no tenía derecho. Esa plata se salvó para la salud. Pero no fue por obra del gobierno nacional.

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Los maestros y las comunidades nos señalan el camino con que contamos los demócratas para reconquistar nuestros derechos conculcados y defender lo nuestro: la resistencia civil. Apoyémoslos y aprendamos de su ejemplo.

Bogotá, 26 de mayo de 2011.

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La intervención a Saludcoop, tratándose de la principal EPS, significó un crac para el sistema de salud. Hay dos líneas de análisis: La que lo atribuye a prácticas corruptas, y la que, fuera de desnudar la podredumbre, lo explica por las estructuras que la prohíjan. La primera aplica sanciones y promueve nuevas reformas limitantes de beneficios y, la segunda, demanda reemplazar el sistema imperante, de intermediación financiera, por una alternativa cimentada en la salud como derecho fundamental.

El sector salud de Colombia se basa en las EPS privadas que administran recursos parafiscales, por 19,5 billones de pesos, para financiar dos regímenes, contributivo y subsidiado, cada uno con el respectivo plan de atención. En 2009, los afiliados eran 41,1 millones, 58% del subsidiado; por fuera había 2,6 millones de personas. Al fondo administrado deben sumarse 8,1 billones de pesos provenientes del bolsillo de la gente y 2,05 de los entes territoriales para atender a aquellos no cubiertos. En cuanto al contributivo, de los 17,3 millones afiliados, sólo 8 aportan porque el resto son beneficiarios. El 60% de los 19,5 billones depende del presupuesto nacional, mientras el aporte privado depende del empleo y del trabajo formal.

La Ley 100 sometió al sector, donde son pocos los oferentes y los costos crecen constantemente, a la ampliación de la cobertura y para manejarla se montó una estructura intermediaria, con ánimo de lucro, que terminó convertida en un cartel. Aunque el valor entregado por cada afiliado ha crecido por encima de la inflación, al agregarse “mordidas” y “maromas”, el estallido fue inevitable.

El crac se refleja en el pasivo del balance del sistema. En junio de 2010, las deudas con clínicas y hospitales, de las EPS, Fosyga, entes territoriales y otras entidades estatales, eran de 3,8 billones de pesos; las obligaciones de departamentos y municipios con las EPS por el régimen subsidiado eran de 0,8 billones, y de un billón las del Fosyga con las EPS. Una burundanga, en la cual las cuentas por cobrar sumaban no menos del 35% de toda la financiación, un indicador explosivo.

El sistema agotó los medios para controlar gastos y elevar ganancias: Integración hacia atrás, trabajadores y médicos tercerizados, “eficiencia” en los tiempos de consulta y atención, abandono de la prevención, “paseo de la muerte” y demás. Esto se agrava con la sentencia T-760 que ordenó unificar el plan para ambos regímenes. La solución neoliberal es recortar derechos, empezando por el de tutela, y, como lo expresa el ministro Santamaría, en opinión consignada en documento del BID, “ofrecer beneficios por encima de los límites del plan subsidiado” causaría una “sostenibilidad aún más incierta”. (Ver http://slidesha.re/jNc7zO).

Hay razones de sobra para que el martes 24 de mayo miles de colombianos demanden la derogatoria de la ley 100, y se nieguen a que la gente del común pague el crac. La Salud será prueba de fuego para el gobierno de Santos.

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El senador Jorge Enrique Robledo llamó a todos los colombianos, sin distingos políticos ni de ningún tipo, a movilizarse el martes 24 de mayo en contra de la descomunal corrupción en el sistema de salud y por un cambio profundo, estructural, de la administración de sus recursos, sin intermediarios financieros.

La convocatoria ha sido hecha por la CUT y las organizaciones sociales del sector de la salud y están previstas marchas y manifestaciones en las principales ciudades. La de Bogotá partirá de la Plaza de Toros hacia las 9 de la mañana y enrumbará hacia la Plaza de Bolívar.

La salud como derecho y no como negocio, derogatoria de la Ley 100, no más EPS y ¡basta ya de abusos y humillaciones! son las principales consignas que se agitarán por todo el país durante la jornada.

El senador Robledo alertó que Santos quiere aprovechar la crisis de la salud, no para hacer cambios profundos, sino para ponerle unos paños de agua tibia y que lo principal siga igual, cambiando unos vivos por otros.

El Polo Democrático Alternativo, su bancada parlamentaria y su militancia estarán en primera fila en la lucha de resistencia civil que inicia la ciudadanía por hacer realidad el derecho a la salud.

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Robledo tuvo la razón, al igual que la Contralora, Sandra Morelli. ¿Qué hará Santos con el Supersalud y el Minhacienda?

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tumbar la conciliación entre el Superintendente de Salud y Saludcoop significa que se salvaron $627.000 millones de pesos que SaludCoop tendrá que devolverle al sistema de salud y se confirma, como lo habían advertido la Contralora Sandra Morelli y el senador Jorge Enrique Robledo, que el Superintendente de Salud, Conrado Gómez, actuaba en contra de la ley.

El congresista del Polo había advertido que la conciliación era ilegal, puesto que se había respetado el debido proceso y Saludcoop no podía utilizar los recursos parafiscales de la salud para aumentar en $627 mil millones su patrimonio.

La Contraloría también le advirtió a Conrado Gómez de la ilegalidad de su decisión. En un control de advertencia, la Contralora le señaló que las órdenes del anterior Superintendente a Saludcoop estaban “ajustadas a derecho y, por ende, son actos revestidos de legalidad”, y agregó que “en consecuencia, el contenido de las resoluciones y su motivación sustancial, en ningún caso puede constituirse en materia transigible, ni conciliable”.

El senador Robledo le pregunta al presidente Santos qué hará con el SuperSalud, que de manera ilegal pretendió devolverle a Saludcoop 627 mil millones de pesos de la salud de los colombianos y que es accionista de una EPS y hermano del presidente de Afidro, el gremio de las farmacéuticas trasnacionales. También le pregunta que hará con el ministro de Hacienda, que contrata con SaludCoop, tramita leyes que la favorecen, no informa de sus negocios con esta EPS y Afidro y, además, le dice mentiras al país.

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Senador Robledo se une a las reclamaciones de la Contralora. La intervención no debe ser para salvar a los administradores de Saludcoop

En una carta al Superintendente de Salud, la contralora Sandra Morelli lo conminó a investigar a fondo las irregularidades de Saludcoop y señaló que la intervención no puede limitarse simplemente a resolverle a esta EPS sus problemas de liquidez. La Contralora afirma que “de ninguna manera se justificaría ordenar una intervención administrativa solamente para que a través de soluciones particulares y con recursos públicos se reconstruyan los índices de solvencia y liquidez sin una verificación de todo el comportamiento atribuible a la administración de la EPS intervenida”.

El senador Jorge Enrique Robledo se unió a estos reclamos y le exigió al Superintendente ir más allá de los simples problemas de solvencia de la EPS. Explicó que numerosas pruebas demuestran que Saludcoop posiblemente esté involucrada en sobrecostos en medicamentos y apropiación de recursos públicos, a lo que se suman donaciones a partidos políticos y contratos con altos funcionarios del gobierno nacional, como el que celebró el ministro Juan Carlos Echeverry.

Robledo afirmó que existe el peligro de que el gobierno use la intervención de Saludcoop para actuar con la lógica del tapen-tapen y ocultar las graves irregularidades en las que ha incurrido esta EPS. Por eso llamó a los colombianos a movilizarse el próximo martes 24 mayo en defensa de la salud como derecho.

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Hay una corrupción reglamentada, legal: lo comprueban la destrucción del Seguro Social y el riesgo moral creado por la Ley 100. No se están atacando las formas legales de defraudar el patrimonio público. ¿No merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales?

Hace poco Daniel Samper Pizano, con ocasión de uno de estos debates en el Congreso, decía: “Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”. Formatos reglamentarios son legalidades, normas, decretos, etc. Entonces ahí aparece como una especie de contradicción. ¿Corrupción legal? La que logra convertirse en norma probablemente sea la peor de las corrupciones. Hay una película circulando por ahí que valdría la pena que la vieran, se llama Trabajo confidencial, en inglés Inside Job, un documental bellamente realizado que muestra cómo el hundimiento del sector financiero norteamericano en 2007 y 2008 fue organizado reglamentariamente por las oligarquías financieras de Estados Unidos y los gobiernos de Bush y de Clinton para que sucediera como sucedió. Tenía que ocurrir, era imposible que no. Y todo fue legal. Hace unos años leí en un artículo cómo la oligarquía salvadoreña se robó la banca del país en medio de un proceso de privatización. Y decía el analista, un norteamericano: “Si usted revisa, todo se hizo con las normas en la mano”. Entonces ya aquí estamos llegando, se lo decía ahorita a un periodista, a la corrupción legal e ilegal. Somos unos genios para inventar cosas los seres humanos. Desde luego que nos empezamos a meter en un tema de altísima complejidad y de justas proporciones.

Está el caso de la contratación pública, en el que hay toda una normativa para que todo suceda reglamentariamente. Incluso ha aparecido una especie de profesión, la de los llamados sleeping partners extranjeros (socios durmientes) que aportan unos papeles para que la corrupción se pueda hacer de una manera determinada. Tienen calculadas hasta las comisiones. El caso de la salud puede ser el más clásico en lo que llama Daniel Samper formatos reglamentarios.

Aparece entonces la discusión: cuánto de lo que pasa se decide de manera técnica, supuestamente neutral, y cuánto es corrupción disfrazada de técnica. Por ejemplo, la Ley 100 es la que privatiza el sistema de salud colombiano. Había que arruinar al Seguro Social, porque no podía haber fuertes sistemas privados de pensiones y salud si no se arruinaba el Seguro Social. Y entonces se aprobaron leyes y se dictaron decretos para dejarle al Seguro Social los pensionados y quitarle los cotizantes; dejarle los afiliados más costosos en tratamientos de salud y sacarle los afiliados jóvenes. Había que arruinar la red pública hospitalaria, pues cómo más se monta un sistema privado de IPS sin antes arruinar la red pública hospitalaria. Así ocurrió, en efecto. La están arruinando y la están acabando y ya casi la van a liquidar por completo. Y claro, en el avance del negocio había que crear la integración vertical en salud, clave para tomarse el conjunto del sistema. El Congreso aprobó entonces nuevas leyes y el Ejecutivo dictó nuevos decretos.

Hay hechos todavía más monstruosos. Los gobiernos han roto en todas las formas el principio, que se supone sacrosanto, de no crear riesgo moral. Qué es el riesgo moral. Cuando me van a prestar plata, los banqueros me exigen darles todas las garantías del mundo, porque si no, corren el riesgo de perder el dinero. Eso, aun cuando sea molesto, tiene su lógica. Porque si a mí me prestan una plata y no doy garantías reales, quedo con las manos libres para no pagarles si no quiero. Miren ustedes cómo montó la Ley 100 el sistema de salud en el asunto del riesgo moral. Preguntémonos primero de dónde sale la ganancia de las EPS: el gobierno nacional le da 500 mil pesos en promedio a una EPS del contributivo y le dice que con esa suma tiene que cumplir con el plan de salud por afiliado. Y además le dice que de ahí saque su ganancia. ¿Puede haber un mayor riesgo moral? Cuanto menos gaste la EPS en salud, en medicamentos, en médicos, más gana. Les doy un dato adicional: no hay ni una sola norma que indique cuál debe ser la tasa de ganancia adecuada. En distintas palabras, si usted es capaz de embolsillarse los 500 mil pesos, lo puede hacer. No existe ningún tipo de control legal.

¿Quién da la información para definir el precio de la UPC o unidad por capitación, en este caso, los 500 mil pesos? ¿De dónde sale la información para calcular que sea esta cifra y no otra? Toda la dan las EPS, que además van a ser las beneficiadas si la suma es 500 ó 600 mil. Pero además está el caso de la integración vertical, que agrava el fenómeno en proporciones descomunales, porque puede suceder que una EPS contrate con una clínica suya a precios escandalosos. Pierde la EPS pero está ganando la clínica o IPS. Y cuando hay sistemas cooperativos de por medio, la cosa es muy cómoda. Los gerentes pueden montar un sistema para defraudar a la EPS, porque su negocio consiste en convertirse en socio de la IPS, a las escondidas, claro está, porque son sociedades anónimas. Todo está perfectamente calculado.

Es el problema del sistema: todo es legal. Una EPS puede alegar que un Acetaminofen le costó cien mil pesos o que el lavado de una sábana le costó 600 mil, y nadie puede discutirle. ¿Eso es legal? Lo que dice otra norma, también fundamental, es que es la libre competencia la que fija todos los precios. Y entonces ya es la burla absoluta. En un sistema con estos niveles de riesgo moral y al que nadie vigila, porque no hay auditoría en serio ni fiscalía de ningún tipo, porque la teoría neoliberal es que unas EPS cuidan a las otras y es la libre competencia la que vigila, ¿cómo puede no haber corrupción? Si a usted le clavan un Acetaminofen de cien mil pesos, la culpa es suya porque usted no miró bien en el mercado y no compró donde era más barato. Todo esto es legal, pero ¿no es corrupción? Por eso sostengo que nadamos en un mar de pus en el sistema colombiano de salud.

Las EPS se tomaron el Estado. ¿Será que quienes legislan y decretan no lo saben? ¿No lo saben sino el senador Robledo y Sergio Isaza, de la Federación Médica Colombiana, y tanta gente que ha venido haciendo denuncias? Son las puertas giratorias propias del Estado colombiano. Entonces, les parece una genialidad que el superintendente de Salud sea hermano del presidente de Afidro, y resulta que esta es la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos, donde hay una de las peores situaciones en cuanto a corrupción en el sistema de salud colombiano. Y ahí lo tiene el doctor Santos, quien ahora resultó dizque de abanderado de la lucha contra la corrupción en el sector salud. La crisis de la salud debe convertirse en un debate de fondo, y yo pregunto: ¿Aquí no hay problema de normativa? ¿Es solo un problema penal? ¿Ese es todo el problema? El problema de la contratación en este escándalo de las vías, ¿es solo un problema penal? No. Así robar es una ganga.

Aquí hay formas complejas de defraudar el patrimonio público, formas legales, que son las más complicadas de todas. Y son precisamente las que no se están atacando. La puerta giratoria aquí se presenta como una genialidad. En estos días en que estamos discutiendo la terna del Polo, nos dicen desde afuera que los candidatos no sirven porque carecen de experiencia. Ya casi que habrá que decir que mejor que no la tengan, para lo que uno ve. Y esto tampoco es tema de debate. Por ejemplo, ahora se está tramitando un estatuto anticorrupción. Y recuerdo que yo un día presenté un proyecto de ley que prohibía que los funcionarios colombianos fueran y vinieran de los organismos internacionales de crédito y, claro, duró un minuto en hundirse. ¿No es también una forma de corrupción que alguien pueda negociar el TLC con Estados Unidos y a los quince días irse a trabajar al Banco Mundial? ¿Y no merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales? Todo legal, por supuesto. Pero ¿no amerita un debate?

La corrupción reglamentada es a mi juicio el problema más grave de todos. Porque coger un cascarero que se roba por ahí cien pesos o cobra una comisión no tiene misterio. Y en eso parece que fuera a terminar el escándalo de la salud. Las cuentas del propio gobierno revelan que en los solos recobros al Fosyga puede haber una defraudación de hasta 1,25 billones de pesos en 2010. Lo tendrán que establecer los jueces. Lo explico. Se trata de cobrar como No POS rubros que en el 50% son del POS. ¿Y eso fue que una funcionaria se enloqueció? No. La Federación Médica ha venido denunciando que en los precios de los medicamentos hay recobros con unas cifras difíciles de creer si no estuvieran en los documentos. Que yo sepa, no existen medicamentos de más de cien millones de pesos y aquí uno se encuentra, en solo dos años, con 96 mil millones de pesos en recobros de medicamentos de más de 100 millones de pesos, absolutamente documentados. Todo legal, por supuesto. El laboratorio vendió a ese precio y el que compró, compró, y qué le vamos a hacer, es que no es buen gerente. Y sobre esas cifras querían montar la UPC del año que seguía. Lo pone al descubierto el estudio de la Universidad Nacional de Colombia con el que yo empecé esta discusión. Inflaron las cifras de los gastos en medicamentos en un billón de pesos y no es ilegal lo que hicieron, porque las cifras son las que ellos dan y las dan como les da la gana. Entonces, como el escándalo estalló a partir del estudio de la Universidad Nacional de Colombia –y aclaro, a mí no me lo entregó la Universidad–, entonces el Ministerio no le quiere permitir a la Universidad salir a divulgarlo ni le quita tampoco la confidencialidad para que la Universidad no pueda defenderlo, mientras que los cancerberos de las EPS sí andan atacando en público a la Universidad Nacional de Colombia. Realmente, todo lo que está pasando es muy grave.

Segunda intervención:

Dos cosas más, para terminar. Lo primero, señalar que todo el mundo es consciente del nivel de corrupción del sector público, pero hay algo sobre lo que no hay claridad. Por norma, salvo el funcionario que se roba un cenicero o cosas menores, no hay corrupción en el sector público que no cuente por lo menos con un socio en la empresa privada. El hecho ha sido cuidadosamente velado, pero es real. La corrupción fundamental en el sector público no es una corrupción de yo con yo. Es la manguala con el laboratorio, con el contratista. Tantas cosas que se pueden hacer con la empresa privada. Es importante señalarlo.

Lo segundo. He enfatizado en la idea de que hay una corrupción que puede incluso terminar siendo legal en la medida en que el Estado acaba siendo tomado por los corruptos. Y expresé que había un problema de ley. En el caso de la salud, estoy seguro de que lo hay. La Ley 100 induce a la corrupción, que además se expresa en decretos, resoluciones y otras mil formas. En la contratación pública, cuando me refiero a la ley, no hago alusión a una específica, sino a la normativa, a la legalidad, que puedo resumir en una frase: el problema es el modelo de contratación. Sería muy raro que hubiera un modelo de contratación al que la ley no le abriera el camino, pero en lo que nos podemos poner de acuerdo es que si los corruptos se siguen tomando la posibilidad de crear la normativa, podría llegar a suceder que el día de mañana se lo roben todo y que todo fuera legal, lo que sería de una gravedad inaudita.

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“La argumentación del Polo sobre la legalidad de la terna para la alcaldía es irrebatible. Si Santos no nombra de ella es por otras razones”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, quien precisó: “Tampoco tiene duda la ilegalidad del encargo de María Fernanda Campo, porque no pertenece al Polo y el reemplazo tiene que ser del PDA”.

“El gobierno está enredando –añadió–, y si Santos logra enredar el nombramiento del alcalde del Polo, seguirán gobernando los derrotados en las elecciones de 2007. Santos manda la terna del Polo al Consejo de Estado para demorar la decisión y dejar, ilegalmente, a una santista en la alcaldía”.

“Es muy grave que el Presidente viole la legalidad con vivezas y astucias para usurparle al Polo su derecho. Y encima hace demagogia sobre las garantías a la oposición”, concluyó.

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