Muchas voces autorizadas se han pronunciado en contra de la explotación petrolífera que pretende autorizar el gobierno en las Áreas Marinas Protegidas y en la Reserva de Biosfera Seaflower, ubicadas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Investigadores, académicos, columnistas, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y el Programa Ambiental del Caribe (adscrito a la Organización de Naciones Unidas), entre otros, exponen los riesgos de permitir que en esa zona marina se extraiga petróleo o gas.

El coordinador del Programa Ambiental del Caribe, Nelson Andrade Colmenares, en carta dirigida a la Cancillería expone: “Vemos la exploración de hidrocarburos en el área de Seaflower como un inminente riesgo, no sólo para los ecosistemas del Archipiélago…, sino para la región en su conjunto, en particular las áreas que se encuentran corriente abajo de la corriente del Caribe. El derrame del Golfo de México nos debe servir a todos de experiencia de lo que pudiese ocurrir si el petróleo se disemina en una región oceánica tan abierta y sujeta a rápidas corrientes. Las plataformas de perforación siempre botan algo de petróleo, y siempre existe el riesgo de un derrame más grande.”

A pesar de los llamados de atención, el gobierno ya ha realizado operaciones sísmicas en la zona. Proceso que no se le comunicó a los raizales de la zona, a quienes por su condición de minoría étnica se les deben consultar previamente todas las actividades que afecten o puedan llegar a afectar su modo de vida. Aquí no existe lugar a las interpretaciones de los funcionarios. Abundantes sentencias de la Corte Constitucional ratifican la necesidad de la consulta previa a comunidades como la raizal, la cual los gobiernos nacionales históricamente han desatendido e incluso, como en este caso, violado sus derechos.

La barrera arrecifal de Providencia y Santa Catalina, donde se ubica la Reserva de Biosfera Seaflower, es la mayor de Colombia y la tercera más grande del mundo. Posee la mayor diversidad de corales blandos en el Caribe occidental. Y Colombia, como suscriptor del Convenio de Biodiversidad Biológica, le solicitó a la Unesco declarar el Archipiélago reserva mundial de biosfera, cosa que sucedió en 2000. Y como lo explica Coralina: El Área Marina Protegida Seaflower “de manera similar como Galápagos, la Gran Barrera de Arrecife, Tubbataha y el Golfo de California exhiben una alta diversidad de hábitats y ecosistemas marinos.”

Para detener la exploración petrolera en la zona que comprende la Reserva Seaflower, Coralina instauró una acción popular. Los habitantes del Archipiélago se oponen, acción a la que se están sumando más colombianos. Espero que el gobierno no se esté aprovechando de lo alejada de la zona y del poco conocimiento que tiene la mayoría de los colombianos de la riqueza biológica del Archipiélago para permitir el avance del proyecto.

Ante los riesgos latentes, no existe la posibilidad de desarrollar sosteniblemente la extracción de hidrocarburos en la zona. Les solicito detener definitivamente cualquier actividad de exploración. Proyectos como este me confirman en la idea de que la “locomotora” de la minería y el petróleo es más bien una aplanadora que va a arrasar el medio ambiente, afectar la vida de las comunidades, que paga bajísimos impuestos y cuyas ganancias se van para el exterior y no contribuyen de ninguna forma al progreso nacional y, al contrario, lo entorpecen y evitan.

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La Reserva Federal de Estados Unidos, FED, emitió entre 2008 y 2010 más de dos millones de millones de dólares. Para restablecer los circuitos de circulación del dinero adquirió títulos hipotecarios “basura”, bonos del Tesoro en manos del mercado de capitales y otros valores, con lo cual ha creado excedentes de liquidez.

¿Para dónde corre este dinero? Las condiciones monetarias en Estados Unidos, por el bajo valor, a veces negativo, de la tasa de interés y por la inestabilidad de la recuperación, no garantizan inversiones rentables, ni nuevas burbujas, inmobiliarias o de empresas de Internet como otrora, y han impelido a buscar mercados emergentes donde hacer agostos. La crisis europea acentuó dicha tendencia, habiendo enormes sumas varadas en los paraísos fiscales.

Las valorizaciones bursátiles en dólares en 2010 fueron inverosímiles. En Mongolia, donde cotizan empresas mineras, con explotaciones en el desierto del Gobi para surtir a China, fueron del 405,8%. En otras, como Sri Lanka del 128%; en Argentina del 82%; en Tailandia del 70%; en Ucrania del 68%; en Estonia del 65%; en Indonesia del 50,2%; en Colombia del 48,4%; en Chile del 39,8% y en Turquía del 34,6%. Según el índice MSCI, los activos bursátiles, principalmente las acciones empresariales, aumentaron en todo el mundo el 7,42%, mientras en los emergentes crecieron el 13,08%, viniendo, una parte del incremento, de la revaluación de las monedas nativas a las que se convierten los dólares importados. Este es un fenómeno global.

El capital financiero, resultado de la fusión entre el capital bancario y el industrial, lo baña todo, impactando también las cotizaciones de productos primarios transados en las bolsas de valores. Siete de los diez fondos más gananciosos en Inglaterra invierten en oro y el promedio de sus valorizaciones fue 66,92%; igual ocurre con los hidrocarburos y con el café. Los alimentos básicos nuevamente son filón para los especuladores y su índice de precios se disparó a récords históricos, afectando a los países importadores de cereales y oleaginosas como Colombia. Esa es razón principal de la carestía, más que el invierno. La política económica en los países emergentes se orienta a facilitar esa avalancha de dólares, a desaguarla asegurándoles máximas tasas de ganancia, a la Confianza Inversionista. Las leyes fiscales de Santos y Echeverry, que descartan cualquier control al ingreso de capitales foráneos, apuntan hacia allí. Grupos económicos, como AVAL o GEA, intermedian tales maniobras y traen dólares, prestados o mediante bonos emitidos en Wall Street, para aplicarlos aquí jugosamente. Colombia y demás naciones emergentes ratifican el papel actual de los estados pequeños: “Ser eslabones en la cadena de operaciones del capital financiero mundial”. Son colonias y sus serviles gobernantes son los regentes.

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El gobierno anunció que esta tarde, haciendo uso de la Emergencia Económica, expedirá el decreto de reestructuración de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Por el texto que se conoce se trata de aprovecharse de la tragedia de millones de compatriotas –cuyos problemas deben ser atendidos por el gobierno sin manipulaciones y con seriedad, cosa que no viene sucediendo– para hacer una reforma neoliberal, es decir, apoyada en falacias, en contra del medio ambiente, en beneficio de la gran minería y violando la Constitución.

1. Constituye una falsedad adjudicarles la responsabilidad principal del desastre invernal a las CAR. Solo por ignorancia o por viveza puede afirmarse eso. Porque las normas no les dan poderes suficientes para intervenir con suficiencia en todos los asuntos ambientales del país y porque su presupuesto –de apenas 800 mil millones de pesos para treinta CAR– es a todas luces insuficiente. Es obvio que el presidente Juan Manuel Santos quiere usar a las CAR como chivo expiatorio para ocultar la enorme responsabilidad que en el desastre les cabe a su gobierno y al de Álvaro Uribe, y a los anteriores. Un ejemplo de su culpa: desde mayo del 2009, los habitantes de la zona del Canal del Dique, en el Atlántico, le advirtieron al Ministerio de Vías que el dique amenazaba con fallar y los gobiernos no hicieron absolutamente nada por impedirlo.

2. El verdadero y principal propósito del presidente Santos es arrebatarles la autonomía que la Constitución les confiere a las CAR frente al gobierno nacional, de manera que el jefe del Estado pueda manejarlas a su antojo. En las nuevas CAR, el director será escogido por el ministro de Ambiente y en los consejos directivos tendrán mayoría los nombrados a dedo por el gobierno. Con esto, el gobierno nacional reemplazará a todos los directores por incondicionales suyos y definirá cada nombramiento y contrato, luego de barrer con los cinco mil funcionarios actuales. Así logrará darles el pase a todos los proyectos de gran minería que hoy se encuentran severamente cuestionados por las CAR, como ocurre con el de la Anglo Gold Ashanti, en el Tolima, que amenaza las aguas del departamento. Otra razón más para entender por qué el jefe del Cerrejón, León Teicher, hablando en nombre de toda la gran minería, considera que con Santos “se nos volvió a aparecer la virgen”.

3. Esta determinación del presidente Juan Manuel Santos es antidemocrática e inconstitucional de varias maneras. Porque la Emergencia no sirve para justificar legalmente medidas como esta, que constituyen una especie de dictadura constitucional calculada para romper con la separación de los poderes. Porque este uso abusivo de la Emergencia apunta a arrebatarle al Congreso el derecho constitucional de reformar las CAR, a partir del debate político democrático. Y porque es por completo violatorio de la Carta arrebatarles la autonomía a las CAR y someterlas al control del poder Ejecutivo, pues dicha autonomía es de rango constitucional. Sobre esto último, la Corte Constitucional dijo:

“El mandato de coordinación entre las distintas autoridades ambientales no puede traducirse en una subordinación orgánica de las CAR a las autoridades nacionales, que anule el contenido de autonomía de las CAR.

Vulneran entonces la Carta todas aquellas regulaciones legales que desconozcan el manejo autónomo de sus asuntos por parte de esas entidades, ya que ese manejo hace parte del contenido constitucionalmente protegido de la autonomía” (Sentencia C-462 de 2008).

Como siempre en Colombia, no hay medida retardataria que no se presente en nombre de la lucha contra la politiquería, cuando los primeros politiqueros son los que así proceden para ocultar que su politiquería está puesta al servicio de intereses que no son los nacionales. Que lo que haya que mejorarles a las CAR –donde sin duda hay problemas–, se mejore, pero sin astucias ni manipulaciones demagógicas, respetando la Constitución y no para destruirles sus aspectos positivos.

Oficina de Prensa
Senador Jorge Enrique Robledo

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Los desastres naturales son más sociales que naturales. Casi todos los afectados son gente en la pobreza. El que ha regido y rige a Colombia es un régimen irresponsable, improvidente y negligente. Sí se advirtió oportunamente que buena parte de la catástrofe iba a ocurrir. Con la emergencia social, el gobierno se salta al Congreso. Mientras que en el mundo ríos como el Misisipí, el Nilo, el Yangtzé, son fuentes de generación de riqueza, aquí resultan fuentes de desgracias. Las inundaciones en La Virginia, en la Depresión Momposina, en La Mojana, desastres anunciados. Desde mayo de 2009 advirtieron las comunidades del sur del Atlántico sobre el rompimiento del Canal del Dique. Lo que hoy estamos viendo en el Dique ya había sucedido hace más de veinte años sin que los gobiernos hubieran hecho nada. Los del distrito de riego del Norte del Valle también lo advirtieron. Yo acuso al anterior y a este gobierno. El desastre como una oportunidad neoliberal y plutocrática. Se privatiza a Ecopetrol con el pretexto del invierno.

Empezar llamándole la atención al doctor Germán Vargas Lleras porque aquí se acaba de hacer una denuncia gravísima (se refiere a la decisión del gobierno de aplazar las elecciones para la gobernación
del Valle). En últimas, lo que se ha dicho, aun cuando no con la suficiente franqueza, es que en el caso del Valle se está violando la Constitución y la Ley con una lógica de decidir a la carta por parte del gobierno del presidente Santos. Lo ocurrido es de una gravedad inaudita. Esperemos que en algún momento haya una respuesta sobre ese caso.

En relación con los problemas del invierno voy a ser muy esquemático. Espero que apenas empiecen las sesiones extraordinarias citemos un debate de control político para poder hacer un análisis de fondo. Aquí hay hechos demasiado graves que están sucediendo y que debieran poder mirarse con la tranquilidad que hoy no hemos tenido, y además con tiempo para estudiar los documentos, porque desafortunadamente, señor ministro, prácticamente hoy nos entregaron los informes respectivos. El de diciembre nunca lo conocimos, y el de la semana pasada apenas nos lo entregaron hoy. Entonces pido que se haga un debate nacional en una plenaria del Senado para tratar este asunto.

Dos hechos iniciales. La gravedad del asunto no tiene discusión, y no voy a gastarme minutos valiosos señalando que se está ante un hecho muy grave. Hay afectados un número inmenso de compatriotas, los daños son descomunales, el sufrimiento que hay no tiene nombre, hay miles y miles de colombianos en unas condiciones infrahumanas, metidos en cambuches levantados con plásticos negros. Es lo primero que quiere dejar claro el Polo Democrático Alternativo, consciente del sufrimiento que se padece. Somos también claros en que se debe actuar con rapidez. Es más, en las regiones hay cada vez más el convencimiento de que el gobierno nacional está siendo lerdo a la hora de actuar y que los problemas no se están atendiendo con la diligencia debida, lo que aumenta el sufrimiento de esos compatriotas. Pero pongámonos de acuerdo en que hay que actuar y con la mayor celeridad. Sobre eso el Polo Democrático Alternativo no alberga ninguna duda.

Casi todos los afectados son gente en la pobreza

Decir sí, para deslindar campos, algo que nadie ha mencionado aquí, y es que estas tragedias, más que desastres naturales son desastres sociales. Porque la naturaleza actúa como le es propio a ella, una vez más fuerte, otra vez es más débil. Pero cuando se revisa de fondo el asunto, lo que se descubre es que aquí hay fenómenos económicos, sociales y políticos que son los que en últimas explican que la naturaleza se salga de control y provoque verdaderas catástrofes. Voy a poner un solo ejemplo para no hacerme largo: si uno mira a los damnificados por el invierno, la casi totalidad son pobres de
solemnidad, gente en la miseria, en el pauperismo, gentes que finalmente sufren más por la pobreza que por el invierno, por estar localizados donde no deberían, porque sus viviendas no están construidas como se debería, etcétera. Luego insisto en acuñar mi frase: los desastres naturales más que desastres naturales son desastres sociales. Sociales, repito, en el sentido amplio, incluyo lo político, lo económico, de un régimen irresponsable, como lo es el colombiano, no de ahora, sino desde siempre, un régimen improvidente, negligente, que no atiende en forma adecuada los problemas de la ciudadanía y particularmente de las capas débiles.

Absolución que no cabe

Pero el punto es que hay que atender esta catástrofe y de afán. La pregunta que surge es cómo hacerlo. Es aquí donde empiezan los debates. El gobierno ha tomado la decisión de decretar la emergencia social apelando a un artículo de la Constitución Nacional, el 215. Ese artículo entraña por lo menos dos graves inconvenientes, el primero, que como solo se puede aplicar si se trata de un hecho sobreviniente, extraordinario, fuera de control, la propia declaratoria de la emergencia social contiene entonces una absolución política a este y a los anteriores gobiernos, que suelen presentarse ante el país diciendo que no es que gobiernen mal, no es que hagan mal las cosas, sino que el invierno fue muy fuerte y nadie estaba en la posibilidad de prevenirlo. Pero voy a demostrar cómo sí se advirtió oportunamente que buena parte de este desastre iba a pasar.

Y lo otro que no me gusta de la emergencia social, un hecho si se quiere más grave, es que con la emergencia social el gobierno se salta al Congreso. Se le arrebata al Congreso de la República su capacidad legisladora. Dicho en otras palabras, lo que se establece es una especie de dictadura constitucional. Ya van 26 normas que han debido pasar por el Congreso de la República y no lo han hecho. Y falta ver cuántas más va a tomar el Ejecutivo, aprovechando la posibilidad que significa el invierno. Y esto no genera ni el menor debate dentro de la coalición de gobierno, lo que me preocupa muchísimo. Se les quita al Senado y a la Cámara el derecho a legislar, en muchos casos de manera arbitraria. Y sin embargo, ninguno de los representantes a la Cámara ni senadores del oficialismo dice una palabra. Ni siquiera se preguntan los alcances de las medidas ni con qué limitaciones se está utilizando la emergencia.

Desastres anunciados

Digamos además que son todos desastres anunciados, senadores y representantes. ¿Alguien puede afirmar que es nuevo que se inunde el sur de Bolívar, la Depresión Momposina, o que en La Virginia se inunden los barrios? Los que somos del Eje Cafetero llevamos cincuenta o sesenta años viendo cómo se inundan los mismos barrios en La Virginia, barrios que colindan con otros que no se inundan y nunca se van a inundar. Y sin embargo, se nos aduce que estamos ante fenómenos sorpresivos. ¿Nos van a hacer creer que el desastre de La Mojana es nuevo? No. El tema lo hemos tratado en la Comisión Quinta del Senado y hemos llegado a la conclusión de que Colombia es un país tan arrevesado, que debe haber muchos compatriotas que piensan que es una desgracia que haya agua, una desgracia que haya ríos. Mientras que en el mundo ríos como el Misisipí, el Nilo, el Yangtzé, son fuentes de generación de riqueza, aquí resultan fuentes de desgracias, porque hemos sido sistemáticamente mal gobernados.

Todos sabemos que la actual crisis tiene que ver con la deforestación. Pero ¿habrá alguien aquí que se atreva a argumentarme que el fenómeno de la deforestación es sobreviniente, extraordinario? ¿Nadie sabía que llevamos más de un siglo destruyendo las montañas de Colombia y tumbando los árboles Todos sabemos que este desastre ha golpeado en la Costa con especial crudeza, porque las ciénagas han sido destruidas, y como esas eran áreas naturales de inundación de los ríos que han desaparecido, las aguas adquieren entonces más poder destructor. Y todos sabemos que la Drummond, en el Cesar, está destruyendo la Ciénaga de la Zapatosa sin que nadie diga nada sobre ese hecho monstruoso. O es que no sabemos, además, cómo es que se desecan las ciénagas y se hacen intervenciones indebidas en las márgenes de los ríos para agrandar haciendas sin ninguna consideración técnica. Luego ahí tampoco hay nada de extraordinario ni sobreviniente.

Y esos compatriotas que desde hace décadas viven en zonas de inundación, ¿también es un hecho novedoso? ¿Es sobreviniente que tantos pobres de Colombia hayan construido sus casas donde no se debe construir? ¿Fue una sorpresa que se derrumbara la montaña sobre el barrio popular en el norte del Valle de Aburrá? No, ministro, el milagro era que el barrio no se hubiera caído, lo raro era que hubiera durado tanto en ese sitio.

Y desde junio el Ideam, senadores y representantes, y aquí tengo todos los informes, empezó a decirle al gobierno nacional: ojo con el invierno de este año que va a ser muy duro, ojo que viene el fenómeno de La Niña. Y están los informes de junio, de julio, de agosto, que le advierten al gobierno nacional que la situación está cada vez peor, que es más seguro que se viene un desastre, que ojo, ojo, con la Depresión Momposina, con el Canal del Dique, todo eso consta en los documentos. El propio jefe del Estado fue a La Mojana a hablar de las inundaciones y si La Mojana ya estaba inundada en agosto de 2010, cómo iría a estarlo en noviembre y en diciembre cuando aumentaran el invierno y el fenómeno de La Niña. Y me van a decir que fue una sorpresa y nadie lo sabía. Aquí cualquier cosa se podrá decir, senador Benedetti, menos que estamos ante un hecho sobreviniente, un hecho del que no pudiera saberse que fuera a ocurrir.

La falla del Canal del Dique se advirtió

Me he tomado un tiempo en mirar con detenimiento el que puede ser el más grave daño de este fenómeno invernal y de esta negligencia e irresponsabilidad de los diferentes gobiernos, el rompimiento del Canal del Dique. Aquí tengo, senadores, enviados por habitantes de esa zona del país, recortes de prensa. Este, por ejemplo, del periódico La Libertad, de Barranquilla, ¡del 24 de mayo de 2009!, donde dice que había pánico en la región porque se pensaba que el Canal del Dique se iba a reventar por los efectos del invierno. Aquí tengo también un acta del 20 de mayo de 2009, en papel membreteado del Invías, hace año y medio, suscrita por el Invías y por todos los dirigentes gremiales del sector agropecuario del sur del departamento del Atlántico, en la cual estos vuelven a advertir que si el gobierno nacional no interviene con seriedad, el dique puede reventarse y causar un desastre como el que ya había provocado en 1987. Lo que hoy estamos viendo ya había sucedido hace más de veinte años sin que los gobiernos hubieran hecho nada. Miren ustedes cómo tituló el 30 de agosto de 2010 el periódico La Libertad: “Amenaza del Dique: Si se desborda es responsabilidad de Mintransporte e Invías, dicen los habitantes del Cono Sur del Atlántico” (ver http://moir.org.co/IMG/pdf/003.pdf). ¿Les vamos a decir, doctor Vargas Lleras, a esos compatriotas que hoy sufren que no se sabía que eso iba a pasar? El Ministerio ni siquiera fue capaz de poner a un tipo en una moto o en un burro a caminar por el Canal del Dique y a estar pendiente de lo que pudiera suceder. Nada. Los alcaldes, me cuentan, mandaron propuestas para fortalecer las defensas de los municipios del sur del Atlántico y el Ministerio de Transporte de este gobierno, del doctor Juan Manuel Santos, apenas las aprobó el 5 de diciembre, cuando el Dique ya se había roto y cuando, por supuesto, la medida se convertía en una burla cruel.

Juicio de responsabilidades

No puedo hacer aquí una cosa distinta que acusar al régimen de toda esta tragedia, al gobierno anterior, el del presidente Álvaro Uribe, y también a este, en la medida de las proporciones, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Colombia no puede seguir siendo el país en donde pasa de todo y nadie responde. 25 mil muertos en Armero y nadie respondió. Sucede esta emergencia invernal y nadie responde. La gente del R.U.T., el distrito de riego del Norte del Valle, le advirtió desde hace rato al gobierno nacional que se iban a reventar los diques (ver http://www.roldanillo-valle.gov.co/…). Arreglarlos costaba en ese momento 4 mil millones de pesos. Hoy atender la emergencia vale 40 mil millones de pesos.

En estas circunstancias no se sorprendan, congresistas y colombianos, si la Corte Constitucional, que va a estudiar en detalle todos estos hechos, los analiza cuidadosamente y concluye que no se está ante hechos sobrevinientes, que no se está ante hechos sorpresivos, sino que se está ante hechos que habían sido anunciados oportunamente de una u otra manera.

El desastre como una oportunidad neoliberal

Habrá tiempo para examinar más detenidamente los decretos y los detalles. Afortunadamente acordamos hoy que sería un tema que se miraría en su debida oportunidad. Pero desde ya tengo varias inquietudes, ministro: ¿no encontraron ustedes en toda la Costa Atlántica, ni en el Partido Liberal, ni en Cambio Radical, ni el Partido Conservador, ni en el PIN, ni en todas las fuerzas del uribo-santismo, una sola persona que pudiera encabezar ese instrumento de reconstrucción que nombraron y hubo que conseguirse un cachaco? Sé que es un asunto menor, pero tiene por supuesto su importancia política. Porque les digo que al Polo Democrático Alternativo le sobra en la Costa Atlántica gente capaz para encabezar un proceso como este.

Me disgusta, y he de decirlo con franqueza, la lógica plutocrática de la dirección de la reconstrucción. Entre todos los 45 millones de colombianos, solo un banquero, y qué banquero, era el indicado para acometer esa empresa. Y con toda tranquilidad el decreto dispone que cinco de la empresa privada en la junta de reconstrucción. ¿Cinco de la empresa privada? Casi la mitad. No hay alcaldes, no hay gobernadores, no hay gente del común, pero sí cinco voceros de la empresa privada. Entonces me asalta una duda, y hay que decirlo con franqueza, sobre esa insistencia tan grande de que estos desastres son una oportunidad. Y pregunto: una oportunidad para qué, para quién, cómo es que se van a hacer las cosas. ¿Se trata de que el proceso de la reconstrucción sea un además un gran negocio en que unos cuantos se ganen toda la plata del mundo sacrificando lo que deberían ser los recursos ciudadanos? Son asuntos que vamos a mirar con detenimiento a lo largo de este proceso. Y se pone como ejemplo la reconstrucción del Forec, la reconstrucción de Armenia tras el sismo, que me tocó ver de cerca. Y son ya muchas las denuncias que han salido en la prensa. El ejemplo que ponen no es el mejor. Más les valdría buscar otros ejemplos de procesos que hayan resultado mejores que lo que resultó el proceso de la reconstrucción de Armenia.

Y sobre los decretos, voy a comentar uno solo por la brevedad del tiempo. Me parece por completo inaceptable que se le diga al Congreso de Colombia que la decisión de aumentar la privatización de Ecopetrol se explica por este asunto. Todos los colombianos supimos que el presidente Juan Manuel Santos propuso aumentar la privatización de Ecopetrol antes de sobrevenir este fenómeno, todos lo oímos y lo sabemos, y con otro propósito diferente. Se alcanzó incluso a presentar aquí en diciembre un proyecto de ley para adelantar la privatización de Ecopetrol. Y entonces uno se pregunta de qué es de lo que se trata este cuento. Con el pretexto del invierno y con el pretexto de que nadie se atreve a decir ni pío porque de pronto lo acusan de ser enemigo de los pobres que están en los cambuches, entonces aquí nada se puede discutir. En esa trampa no va a caer el Polo Democrático Alternativo. Le vamos a decir al pan, pan y al vino, vino, y si alguien va a manipular nuestras posiciones y nuestros puntos de vista, aceptamos el debate. Pero considero absolutamente inaceptable que se utilice el proceso de la emergencia para adelantar la privatización de Ecopetrol. Privatización que, entre otras cosas, ministro Vargas Lleras, ustedes tienen aquí votos de sobra para adelantar por la vía ordinaria del Congreso sin ningún problema. En 30 ó 40 días ustedes pueden aprobarlo, pero haciendo un trámite democrático, respetuoso de los derechos del Senado y de la Cámara, donde los congresistas, incluidos los de ustedes, puedan opinar. Y no con esta idea del baculazo, del pupitrazo, del tipo dictatorial que, repito, significan las emergencias en el ordenamiento jurídico, así sean constitucionales, cosa que no discuto mientras no diga nada en contra la Corte Constitucional.

Entonces miren ustedes cómo, sin entrar a analizar los demás decretos, qué liebre la que salta, que sapo inmenso: 30 por ciento de Ecopetrol va a quedar privatizado, matando la gallina de los huevos de oro, porque Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro. Nadie le transfiere más recursos al Estado que Ecopetrol. Y la sabiduría de esta tecnocracia neoliberal encabezada por el ministro Echeverri consiste en vender la gallina de los huevos de oro. Y la van a vender a menos precio, acuérdense de mí, como vendieron a menos precio el primer 10 por ciento. Y le van a hacer un daño inmenso a la valoración de las acciones de esa empresa y esa plata no va a aparecer de manera inmediata, porque todos sabemos que es un proceso complejo y que si esa plata le termina llegando a la reconstrucción lo hará quién sabe cuándo.

Estos lo digo simplemente para llamar en forma muy cordial a todo el Congreso, a la Cámara y al Senado, para que la segunda parte de este debate, que hoy no se hizo, en torno a si era conveniente o no adelantar esta decisión de la emergencia social, la segunda parte, la de los decretos, por lo menos, esa sí la hagamos con tranquilidad y se nos permita argumentar y razonar y proponer modificaciones y mirar cosas. Porque eso, que es solo lo que tiene de viso democrático esta pequeña revisión, se va a resolver mediante el pupitrazo y las ordenes burocráticas que salgan desde la Casa de Nariño, muy mal le está yendo al Congreso de la República de Colombia en esta etapa del gobierno del doctor Juan Manuel Santos.

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En la medida en que pasan los días va quedando cada vez más en evidencia, por ejemplo, que no hay tal bonanza petrolera. Si mucho, el año entrante se llegará a una producción de un millón de barriles y para el 2015 debemos empezar a perder la autosuficiencia, como lo afirma Óscar Vanegas, director del Centro de Altos Estudios Minero-Energéticos de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Lo otro es que el propio gobierno ha tenido que reconocer que va a ahorrar en el exterior el 30% de los recursos, si es que a eso se puede llamar ahorro, porque las tasas de interés son del medio por ciento anual.

Luego cuando a los colombianos les andan vendiendo pajaritos de oro sobre la plata que les va a llegar por una bonanza inexistente y por una plata que se va a dejar en el exterior, es claro que las cifras están por completo infladas. En este sentido, les hago un llamado muy cordial a todos los senadores que andan haciendo campaña electoral haciéndose lenguas de la cantidad de plata que les van a llevar a departamentos y municipios, porque van a quedar mal.

Lo que va a suceder, y esto resulta muy importante, es que el gobierno central se va a quedar con la plata de las regalías. Les van a quitar a los municipios y a los departamentos los recursos de que hoy disponen para atender lo que el ministro de Hacienda llama gastos chichigüeros. ¿Qué es un gasto chichigüero? Es como llama un magnate el gasto muy importante de un pobre. Van a coger los microproyectos municipales y departamentales y los van a dejar sin plata, para hacer grandes macroproyectos nacionales. Y por supuesto, perecerán los microcontratistas y florecerán los macrocontratistas vinculados a los macroproyectos. Luego las cosas no son como las ha venido mostrando el gobierno nacional.

También es muy discutible que vayan a dejar en ahorro el 30% de los recursos de las regalías a partir de una bonanza que no existe. Aquí nos dicen que vamos a ahorrar para el tiempo de las vacas flacas ahora que estamos en las gordas. Y resulta que aquí no estamos en ningunas vacas gordas, porque los pobres están en vacas flacas desde hace por lo menos un siglo. Decirle a un pobre que no va a estudiar él, porque va a estudiar el nieto, empieza a convertirse en una burla.

Por estas razones, nosotros insistiremos en que este proyecto no puede seguir avanzando, y además por una última razón.

Van a dejar la plata buena de la regalías en el exterior ganando intereses del orden del 0,6% anual, mientras que la plata de los narcotraficantes y de los especuladores financieros entra al país como Pedro por su casa, y todo en la lógica de la ley de la sostenibilidad fiscal, otra norma por completo retardaria.

Es el colmo que también le quiten al Congreso de la República toda iniciativa en el proyecto de ley reglamentaria. Porque, según el proyecto de acto legislativo, la ley reglamentaria tendrá que ser por iniciativa del gobierno nacional y si el Congreso no la aprueba, el gobierno nacional, mediante decreto, expedirá las normas. Es la forma de hacer de este Congreso un Congreso eunuco.

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 14 de diciembre de 2010, al votarse la conciliación de ley de regalías.

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Es el modelo económico y social y no el avance de las fuerzas productivas la causa principal que ha estado provocando los desórdenes en el clima del globo, sobre todo en las dos últimas décadas, con sequías e inundaciones alternadas, plagas y otros fenómenos de extrema gravedad, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo al instalar el foro sobre el cambio climático que tuvo lugar hoy en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional. El congresista del Polo subrayó en especial el desastre causado en el país por la terrible ola invernal, que acaba de cobrar cientos de víctimas en el Valle de Aburrá y mantiene bajo las aguas pueblos enteros y cultivos. “Cuando se mira la pobreza de los damnificados, también queda claro que estas tragedias son más sociales que naturales”, agregó.

En el foro participaron como ponentes el Encargado de Negocios de la Embajada de Bolivia, Arturo Suárez Vargas; Rafael Colmenares, por el Comité de Impulso al Acuerdo de los Pueblos y el Comité Nacional del Agua y la Vida; Aurelio Suárez, por Salvación Agropecuaria; Jorge Sánchez y Diego Rodríguez, de Censat Agua Viva; Héctor Fabio Gañán, dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; Felipe Rubio, con enorme experiencia como funcionario de Parques Nacionales; Rodrigo Acosta, por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos; Germán Augusto Figueroa, del Comité Prodefensa del Acueducto de Bucaramanga, y Francisco Puentes, del Movimiento de Oposición a la Minería en Páramos.

No se puede dejar de señalar, dijo Robledo, que son Estados Unidos y las demás potencias los que le están ocasionando los mayores daños al medio ambiente. La codicia al mando y el consumismo desenfrenado, que no tienen en cuenta la naturaleza, son también responsables en buena parte de lo que está ocurriendo. El congresista del Polo propuso en consecuencia un modelo de desarrollo que redunde en beneficio de toda la humanidad y no solo de unos pocos privilegiados.

Robledo exaltó la labor cumplida por algunas de las organizaciones promotoras del foro sobre el cambio climático, porque avizoraron lo que podía ocurrir y no han dejado de alertar a la opinión pública. Destacó también la participación de Recalca y de la CUT y el papel cumplido por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien se ha echado al hombro la responsabilidad ambiental. En contraste, Robledo cuestionó la política del actual presidente de Colombia, al que calificó de continuista del gobierno de Álvaro Uribe. “Lo que hay en el Plan de Desarrollo sobre agua es particularmente regresivo y apunta a privatizar aún más el vital recurso”.

Audio
http://www.moir.org.co/IMG/mp3/robledo_cambio_climatico_dic_06_10

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo

Bogotá, 6 de diciembre de 2010.

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El proyecto legislativo de reforma constitucional a la ley de Regalías, propuesto por el Gobierno y actualmente en trámite, ha generado todo tipo de reacciones en el país. El debate ha sido manipulado por el Gobierno Nacional, evitando la complejidad del asunto y evadiendo los verdaderos intereses que hay tras la reforma.

Como vocero del Polo Democrático Alternativo en la cámara alta, el senador Jorge Enrique Robledo expresó su total respaldo a las marchas realizadas el Jueves 21 de Octubre en Barrancabermeja, Riohacha, Valledupar, Yopal, Arauca, Villavicencio, Neiva y Orito para defender las regalías que el gobierno central va a confiscarles a los departamentos y a los municipios, privándolos de recursos indispensables para atender sus necesidades.

Las marchas ciudadanas, que se proponen exigirle al Congreso archivar el proyecto de acto legislativo actualmente en trámite, han sido organizadas por los Comités Departamentales por la Defensa de la Descentralización Administrativa y las Regalías.

“Las movilizaciones demuestran que este debate no se definirá en el Congreso sino en el país”, dijo Robledo al anunciar que el Polo continuará votando negativamente el proyecto. “Hasta hoy la Constitución –añadió– establece que los municipios y los departamentos tienen derechos sobre las regalías, como también derecho a decidir el gasto y otra serie de prerrogativas. ¿Qué es lo que se propone el proyecto? Confiscarles esos derechos y trasferirlos al gobierno nacional”. Ya entre el 2002 y el 2016, añadió, por el recorte a las transferencias, les quitan a municipios y departamentos la suma de 76 billones de pesos, a los que se agregan los 4 billones del Fondo Nacional de Regalías con los que también piensa quedarse. “Es un golpe de muerte a la descentralización y los entes territoriales están en mora de reivindicar sus derechos”, concluyó.

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Señora ministra, senadores, voy a hacer una intervención muy corta, porque no quiero repetir el pasado debate al que la señora ministra no pudo asistir. Me propongo centrarme en los términos en los que lo planteó el senador Juan Gómez. En tal sentido, la presentación que hace el senador es sesgada. Porque si uno lo oye con atención, le queda la idea de que el principal problema de los parques naturales de Colombia son los cultivos de coca y amapola. Pero si uno estudia las propias cifras que dieron la señora ministra y la policía, resulta que eso no es cierto. En el número de hectáreas deforestadas en los parques nacionales de Colombia, el área de cultivos ilícitos juega un papel insignificante, si es de eso de lo que estamos hablando, senador Juan Gómez. Porque suena muy tremendista aseverar que los cultivos de coca y amapola están destruyendo toda la biodiversidad del país.

Quiero demostrar con cifras que mi anterior afirmación es irrebatible. Nos aporta el Ministerio los datos de parques nacionales, el área completa y el área intervenida por la gente. La policía nos muestra otras estadísticas, el doble de las del Simci, Sistema Integrado de Monitoreo de los Cultivos Ilícitos, que es la entidad encargada de aportar, oficialmente, las cifras al respecto. Entonces las cifras dicen: Catatumbo-Barí, área intervenida por los colonos, 34.635 hectáreas, y en cultivos ilícitos, según la policía, mil, o sea, una relación de 34 a 1; El Cocuy, 13.385 hectáreas intervenidas, y 19 con cultivos ilícitos, no sé cuantas a uno; La Paya, 57.623 contra 640; Las Hermosas, 11.909 contra cero; Los Farallones de Cali, 30.655 contra 62; Nukak, 27.131 contra 1.464; Paramillo, 96.878 contra 150; La Macarena, sobre el que se hizo bastante ruido, 124.221 contra 3.797; Sierra Nevada de Santa Marta, que también sonó, 124.479 contra 1.200; Tatamá, 12.329 contra 87; Tinigua, 39.574 contra 1.200.

Lo primero que quiero dejar establecido es que el problema principal de los parques es anterior a los cultivos ilícitos. Es más, en los parques donde no se ven cultivos ilícitos es porque no hay presencia de colonos previa al cultivo de coca o amapola, que es un desarrollo del trabajo de la colonización. Es importante que lo dejemos claro, porque no se trata de ganar debates con astucias, sino de saber exactamente lo que está pasando. Antes de los cultivos ilícitos, surge un problema gravísimo en los parques nacionales y es que se llenan de colonización. La de la Macarena comienza hacia 1950, derivada de la violencia liberal-conservador y de todos los problemas históricos. El Ministerio señala que el problema no es sólo el narcotráfico sino también la pobreza, la marginalidad, las migraciones, la economía de mercado, el ordenamiento agrario. Aun si desaparecieran los cultivos ilícitos, subsistiría el problema que enfrentamos por el uso indebido de los parques naturales. Pues como lo observa también la ministra, en los parques naturales es tan ilegal sembrar papa o yuca como sembrar coca.

Aquí empieza a aparecer una deformación, la de achacarle todo el problema ambiental del país a los cultivos ilícitos. Por supuesto que estos impactan, pero no son el único factor. Se habla de tres millones de hectáreas deforestadas por culpa de los cultivos ilícitos. No me da la cifra, porque el pico de los cultivos ilícitos fue de 150 mil hectáreas. Se calcula que se tumban tres hectáreas de bosque por cada una de coca, y si eso es cierto, estaríamos hablando de 450 mil hectáreas, que dista bastante de la cifra registrada por la policía de dos millones doscientas mil, que me parece una exageración. Es probable que una parte muy grande de la deforestación ocurrida dentro de los parques tenga la misma explicación que la de sucedida por fuera de ellos, producida por grandes poblaciones que buscan donde establecerse. Con respecto a la cifra sobre cultivos ilícitos, la policía admite francamente que se trata de una inferencia. No abriga certeza sobre ella, y propone esperar las cifras del Centro de Investigaciones de Cultivos Ilícitos. Pero el Simci habla es de una importante disminución de los cultivos sin necesidad de fumigaciones. El ministerio ratifica, senador Juan Gómez, que sin necesidad de fumigaciones en los parques ha habido una gran caída, pero usted ignora el hecho por completo como si no existiera. Habrá que esperar, ojalá salgan las estadísticas del Simci ahora en junio, porque las estamos esperando desde marzo. Dice además el Ministerio que si se hace lo que ellos están planteando, es posible la erradicación manual en las áreas del sistema de parques naturales. De momento aceptémosle al gobierno ––yo no soy uribista, pero usted sí, senador Juan Gómez–– que es posible adelantar la erradicación manual. Sobre eso es sobre lo que todos debemos trabajar. ¿Y por qué afirmo que todos debemos trabajar en la erradicación manual? Porque, denle las vueltas que le den, la fumigación aérea sobre cualquier zona, pero en particular sobre los parques, le provoca un gran daño al ecosistema.

Vamos por partes. En las fumigaciones, lo primero es que la altura importa mucho, porque mientras más grande sea, mayor será el efecto deriva. A la altura a la que se está fumigando, el glifosato no sólo cae sobre el cultivo ilícito sino también sobre las vecindades. No hablemos todavía de si la gente se envenena o no. Por ahora dejemos establecido que se da un proceso de deforestación que algunos estudios calculan en el doble del área asperjada. Este hecho no se halla en discusión ni tiene nada que ver con lo que dijo el doctor Camilo Uribe. El glifosato es un herbicida sistémico de amplio espectro, que mata las plantas, y espero que sobre esto no haya controversia. Acepto que discutamos si uno lo puede echar a la ensalada, pero si usted llega a aseverar, senador Gómez, que el glifosato no mata las plantas, le ponen una demanda los de Roundup, la Monsanto, porque usted los está acusando de que su principal defoliante no actúa. De modo que nadie puede poner en duda aquí que cuando se tira el glifosato sobre la coca y cae también sobre otras plantas, estas se mueren. Y que se muera la vegetación en los parques naturales es un asunto supremamente grave.

Queda en pie la discusión de cuál es el efecto sobre los seres humanos. El doctor Uribe sostiene un concepto. No soy médico, pero he leído muchísimos conceptos que lo contradicen. El doctor Uribe señaló que él no opinaba ni sobre plantas ni sobre animales. Yo sí estoy opinando sobre las plantas, basándome en lo que dice Monsanto, y también sobre los animales, porque hay muchos que opinan que acaba con los pájaros, las lombrices y otros animales. Y sobre las secuelas en los seres humanos, repito, continúa el debate. Tengo en mi poder estudios en los cuales se prueba que hace más daño de lo que admite el doctor Uribe. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior de Cundinamarca sostienen que el glifosato daña de manera aguda y denuncian además un problema de toxicidad a largo plazo que nadie tiene claro, como lo reconoció el doctor Uribe, recordándonos como el DDT lo usó el país durante décadas convencido de que era inocuo. Y concluyó el doctor Uribe advirtiéndonos que no resulte que mañana cambie el concepto sobre la toxicidad del glifosato. Apoyados en esa duda razonable, científica, tanto Contraloría, como Defensoría, como Tribunal Superior aplican el principio de precaución, que hace parte de las normas jurídicas de Colombia y está establecido por acuerdos internacionales. Lo dejo sentado, porque parece como si fuéramos a aceptar que el glifosato no hace daño. No. Sí hace daño de una u otra manera.

El senador Juan Gómez, y en cierto sentido también la policía, presentan como máximo argumento que los narcotraficantes causan muchos daños en las zonas de parques. Y eso es cierto, nadie lo discute. El narcotráfico está generando un problema ambiental en los parques nacionales. Pero lo que aquí se cuestiona es diferente. Pregunto: el hecho de qué los narcotraficantes destruyan nuestros parques nacionales ¿autoriza al Estado colombiano a destruirlos? Es el problema de fondo y guarda estrecha relación con la ética pública. Lo expliqué en el debate pasado. ¿Puede el Estado secuestrar al secuestrador, asesinar al asesino o robar al ladrón? Presumo que nadie defendería eso. Entonces, si el narcotraficante acaba con la flora de un parque nacional, ¿puede el Estado, para perseguir al narcotraficante, destruir también la flora arguyendo que como ellos la destruyeron primero, yo la destruyo después? No es posible.

Quisiera, de paso, que alguien me mostrara una norma que estipule que porque yo soy cultivador de coca, tiene el Estado el derecho a destruirme la yuca que estoy cultivando. Es un abuso de autoridad, una arbitrariedad suprema. Existe la extinción de dominio. Pero una cosa es la extinción de dominio y otra que me estén quitando la comida de mis hijos que tengo sembrada al lado. Estamos cayendo en una especie de ley del talión si cuando yo siembro una hectárea de coca, me destruyen también la yuca con la que doy el sustento a mi familia. Me parece una monstruosidad, regresar al salvajismo. ¿No están haciendo ahí en Irak, con el mismo argumento, toda clase barbaridades?

Hasta ahora he sido muy cuidadoso en mis planteamientos y, con el mismo cuidado, paso a referirme a la manera como trata el problema el senador Juan Gómez. Quiero señalar que usted se equivoca, senador, porque los cultivadores de coca son campesinos que llevados por el hambre de un sistema como el que vivimos, absolutamente detestable, tuvieron que llegar hasta ese extremo. Es lo mismo que ocurre con los vendedores ambulantes, que tampoco son hampones, sino gente que así esté violando alguna norma, ha sido empujada a trabajar en las aceras por las condiciones sociales del país. El sano criterio de la democracia jurídica señala que a esas multitudes hay que darles un trato especial diferente al que da el Estado al hampa y la delincuencia.

Se nos acusa de ser cómplices del narcotráfico. Y créame, senador Juan Gómez, que si se trata de hacer frases ofensivas e hirientes, a mí no me iría mal. Pero yo brego a no volver estos debates un pleito personal ni a hacer afirmaciones que vayan más allá de los hechos. Le aseguro, senador, que de quienes aquí estamos, nadie está defendiendo el narcotráfico. Es una infamia que alguien se atreva a hacer esa afirmación, por lo menos en mi caso. Tengo algo que me ayuda a que esas infamias me reboten, senador Juan Gómez, porque hace mucho rato renuncié al dinero como razón de ser de mi vida. Soy invulnerable a cualquier acto de corrupción o cosa que se parezca. Se han dicho cosas, senador, y soy una persona calmada, pero no de los que ponen la otra mejilla.

Senador Juan Gómez, en un boletín de prensa salido hoy de su oficina, se afirma que usted “le pidió al gobierno iniciar las aspersiones en estas zonas de reserva y a los parlamentarios miembros de comunidades indígenas, vigilar sus resguardos o de lo contrario tendrán que desaparecer por complicidad”. No soy parlamentario indígena, pero me siento involucrado. La redacción es floja y a uno no le queda claro si los que tienen que desaparecer por complicidad son los senadores o los resguardos. Pero en ninguno de los dos casos cabe la afirmación, porque la polémica se centra en cómo se erradica, y hay dos posiciones enfrentadas, la de quienes sostienen que se debe hacer desde aviones y la de quienes aseveramos que no se debe erradicar así y menos en los parques nacionales, que es lo que sostenemos muchos en Colombia y en el mundo sin tener el menor nexo con el narcotráfico. Estas son posiciones de principios. Nadie tiene derecho desde el lado de la ley y de la morar a destruir un parque nacional. Así como nadie tiene derecho a secuestrar o asesinar. Asegura también su boletín de prensa, senador: “Frente a está situación el senador Gómez Martínez no dudó en exigir a los mismos líderes indígenas que vigilen el cumplimiento de las leyes en el caso del tráfico de drogas, o de ser necesario se pensaría en acabar con estas zonas de protección”. Esto si ya me parece una desproporción inaudita. Los líderes indígenas no son las autoridades de policía ni del ejército, no la DEA, ni el F-2, ni el DAS. Sucede allí como en el resto de Colombia. Senador Juan Gómez, usted fue alcalde de Medellín y no era responsable de cada bandido que hubiera en la ciudad. También en las comunidades indígenas hay gente que está por fuera de la ley. Siendo alcalde de Medellín, usted no respondía por las actividades de cada uno los individuos y eso que usted sí era autoridad de policía, que no las autoridades indígenas.

Este es un debate serio y hay que intentar manejar un poco de prudencia y de calma en las afirmaciones. No se trata de soltar exabruptos. Hay dos debates de fondo, el uno, para refutar a quienes sostienen que el problema principal de los parques nacionales son los cultivos de coca. La estadística demuestra que eso no es cierto. El problema principal son los procesos de colonización, que obedecen a mil razones. Y el segundo debate se centra en los métodos de erradicación, si en los parques naturales se puede resolver el problema con la erradicación manual y hasta hoy el gobierno dice que puede hacerse.

Aquí surge una pregunta: de no utilizarse la erradicación aérea, ¿sería suficiente con la erradicación manual? El Ministerio explica que si se avanza en el desarrollo de la estrategia, en la que se plantea una serie de requisitos, entre ellos el de viabilizar los procesos sociales con la participación de todas las entidades estatales competentes, será posible la erradicación manual en la áreas del sistema de parque nacionales. Espero que el gobierno nacional logre viabilizarlos, porque sería el colmo que la idea de hacer erradicación manual fuera simplemente para presentársela a Colombia y el mundo y por debajo de cuerda se hiciera lo contrario.

Creo que algunos medios oficiales están manejando otro criterio equivocado cuando afirman que, no importa que sea malo lo que hagamos, porque se trata de acabar con el narcotráfico. No, con esta estrategia no se va a acabar con el narcotráfico ni tampoco con el consumo. Lo único que se logra, como ya la experiencia lo ha probado, es mantener las cosas más o menos en el nivel en que están. Las propias estadísticas oficiales lo que revelan es que ni siquiera están desapareciendo los cultivos. Entre el 2001 y el 2002 había 246 mil hectáreas, sumado lo que dio el Simci para los dos últimos años, y asperjaron en el 2001, 2002 y 2003 la no despreciable cifra de 356 mil hectáreas, o sea, bastante más de lo que había en cultivos ilícitos y sin embargo el problema persiste. Estados Unidos lo admite con franqueza: no sube el precio de las drogas en las calles norteamericanas, lo que prueba que la estrategia no está funcionando, ni siquiera aplicando el criterio de que como se trata de acabar con el narcotráfico, no importa que los propios métodos sean de por sí un desastre. Pero lo de acabar con el narcotráfico no va a suceder, porque es obvio que sigue habiendo compradores, hay tierra, hay gente muriéndose de hambre para cultivarla y además están metidos en el negocio los narcotraficantes. No cabe entonces la desproporción de afirmar que este precio absolutamente gravoso lo tenemos que pagar los colombianos a cambio de acabar con el flagelo.

Quiero ratificar finalmente que el problema de los parques naturales en Colombia es más grave todavía que el problema de la coca y eso lo sabe el Ministerio. Para que algo sea cierto no hay necesidad de hacer una afirmación falsa. Para probar que los cultivos ilícitos dañan los parque naturales no hay necesidad de hacer la afirmación falsa de que el problema principal de los parques nacionales es el de los cultivos ilícitos. Ojalá hiciera la sección de parques naturales un estudio para establecer si lo que se siembra de coca y de amapola en los parques naturales son nuevas áreas o son áreas ya deforestadas por el proceso de colonización. Es probable que en buena parte no sea la coca la que esté causando en los parques naturales la tumbada de un solo árbol, porque es probable que los campesinos la estén sembrando en zonas donde ya la derriba de la selva primigenia se hizo hace muchos años para ganadería u otras destinaciones. Con esta consideración, el impacto de los cultivos de coca en los parque naturales podría ser cero.

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5 de diciembre de 2007

La reforma al Código de Minas favorece al capital trasnacional. Dice el FMI: los agrocombustibles van a disparar los costos de los alimentos en el mundo. El problema de fondo en la reforestación son los costos financieros. Lo que destina el Estado a reforestación son sumas ridículas.

Como el senador Manzur empezó su intervención haciendo una cuña a favor de la reforma del Código de Minas, empiezo la mía haciendo una cuña en contra de la reforma del Código de Minas. Realmente lo que se aprobó es muy malo, porque lo que hay en minería es muy malo, eso lo sabemos todos. Es horrible la situación ambiental de la minería, horribles las relaciones laborales de la minería, malísimo lo que las grandes empresas pagan de regalías y de impuestos, peor todavía el control del Estado sobre los negocios de la minería, espantoso el abandono de la pequeña y mediana minería por parte del sector público, terrible todo lo que hay. Y la reforma que hicieron no arregla nada, sino que organiza las cosas para echar unos pesos más en las arcas de las grandes trasnacionales de la minería. Es una reforma pro capital trasnacional, pro gran minería. Tiene gravísimas falencias, pero nos quieren meter el cuento de que es la octava maravilla del mundo. Eso explica por qué los senadores de esta Comisión, distintos al oficialismo, votamos en contra de esa reforma del Código de Minas.

Lo segundo es otra cuña, un llamado cariñoso a los senadores oficialistas. Acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional un artículo que se llama “El precio (de los alimentos) del éxito” –hay en el título un juego de palabras–, firmado por el señor Simon Johnson, consejero económico y director del Departamento de Estudios del Fondo Monetario Internacional, y lástima que no esté el ministro de Agricultura, está aquí al lado en otra Comisión, no sé si alcance a ir. Lo que dice sobre los agrocombustibles el Fondo Monetario Internacional es: primero, que se van a disparar los costos de los alimentos en el mundo. Segundo, que si se disparan, van a subir las tasas de interés en el mundo. Que eso será terriblemente negativo para las condiciones macroecómicas, principalmente de los países pobres de la tierra. Aquí está, se lo mando al que quiera, es cortico y no es muy doloroso leerlo. Que se va a producir hambre en grande en todos los pobres de las ciudades del mundo, es decir, en la mayoría de los habitantes de la tierra, incluidos los de Colombia. Y que va a aumentar el hambre entre mucha gente de la zonas rurales. Y todo esto dicho por el Fondo Monetario Internacional. Llamo la atención al respecto, porque Colombia va embalada en agrocombustibles y aquí el tema ni se discute. Tampoco se discute que los agrocombustibles se están produciendo en Colombia a través de inmensos subsidios. No digo que no pueda haber subsidios, pero por lo menos que se sepa. Lo otro, no se están produciendo ni se van a producir para la exportación, eso es paja, sino para el mercado interno.

Y lo otro que tampoco se discute: este cuento de los agrocombustibles se está produciendo para tapar el desastre de la negociación agrícola del TLC, en la cual en azúcar no ganamos nada que hubiéramos podido ganar, porque los gringos le cerraron las puertas y es el único bien de todo el arancel agrícola e industrial que nunca se desgravará. Y en el caso del aceite, a la palma africana la van a golpear con las importaciones de soya y de subproductos de la soya. Harto hay que discutir, senadores, sobre este tema de los agrocombustibles, pero les recomiendo, a ustedes y a todos los colombianos que nos oyen, este artículo del Fondo Monetario Internacional. Yo se lo doy a los compañeros de la Comisión Quinta del Senado para que no lo tengan que buscar.

El problema de fondo en la reforestación son los costos financieros

Con respecto a este tema que estamos debatiendo, digamos que todos estamos de acuerdo en las bondades de la reforestación. Sería el colmo que uno se opusiera a que se sembraran árboles y más en un país donde hay una situación tan dramática en este sentido, porque el país se ha deforestado de manera absolutamente antitécnica y se han creado problemas ambientales tremendamente graves. Diría que probablemente el peor problema ambiental del país sea el manejo de las aguas, en buena medida derivado de la deforestación antitécnica en todos estos años. Pero además, porque lo que se ha hecho o se está haciendo es pésimo. El ministro de Agricultura dice que hay 24 millones de hectáreas potenciales para asuntos forestales, y que de esas por lo menos 4,5 millones no tienen ninguna restricción por suelos, pero lo que hay sembrado son apenas 239 mil hectáreas. Uno tiene que señalar que no hay estímulo a la siembra de árboles en el territorio nacional. Lo que se ha sembrado apenas equivale al 0.1 por ciento del potencial total y al 5 por ciento del potencial, si se mira la restricción del suelo. Los daños ambientales causados por la deforestación son descomunales y lo que se hace para combatir el desastre es muy poco.

¿Cuál es el problema de fondo? Como dice Carlos Gaviria, aquí voy a caer un poco en mi manía pedagógica de intentar explicar cuál es el lío de la reforestación. En esencia, un problema de costos inherente a cualquier política de reforestación. ¿Por qué de costos? Porque no se puede hablar de negocios de reforestación de menos de veinte, veinticinco, treinta años para el retorno de las inversiones. Ahí hay un problema extremadamente complejo, porque al capital, tímido por naturaleza, no le suena mucho entrar allí. Y falta ver si aun cuando se tome la decisión, sembrar pueda ser rentable, cuando los costos financieros de una inversión a treinta años son por definición supremamente onerosos. Y el asunto se agrava porque en Colombia todavía hay bosques naturales, o sea, la posibilidad de cortar maderas sin costos financieros. Entonces los problemas de competitividad de la madera sembrada suelen ser muy complicados, porque hay que competir contra quienes están cortando el bosque natural sin costos financieros. Este es el enfoque que hay que darle al problema para empezar a atenderlo con seriedad.

¿Qué se deriva de aquí? Ojo, senadores, solo con inmensos subsidios del Estado es posible avanzar en planes serios de reforestación, porque no estoy hablando del señor iluminado a quien, sin hacer cuentas, le da por sembrar unos arbolitos. Sin cuantiosos subsidios del Estado no puede haber, ni en Colombia ni en ningún país del mundo, políticas de reforestación. Hay que decirlo con todas las letras o si no entendemos de qué es de lo que estamos hablando y todo se nos va en códigos y catálogos de buenas intenciones. Aquí el problema es si el Estado va o no a subsidiar. No lo ha hecho y por eso estamos como estamos. Porque los negociantes, y estamos hablando de negocios, no entran en negocios sino donde hay una ganancia asegurada. En síntesis, hay que subsidiar.

Y aquí aparece otra discusión. ¿Cómo hay que subsidiar? ¿Cuáles son los dilemas de los subsidios? Primer dilema, hay muchas cosas que requieren los subsidios del Estado. Por ejemplo, no hay planes de vivienda popular sin subsidios. No puede haber salud que valga la pena, y por eso el desastre de la Ley 100 –que mata más colombianos que todas las violencias–, porque la convirtieron en un vulgar negocio y el Estado se está retirando de un servicio tan esencial y se niega a subsidiar la atención en salud. No puede haber agricultura ni ganadería, ni en Colombia ni en el mundo, sin subsidios, así los neoliberales digan boberías y salgan a perorar que el mundo funciona sin subsidios. La Boeing no puede hacer jets sin subsidios. El mundo del capitalismo es en buena medida el mundo de los subsidios. Entonces aparece el dilema: ¿a qué le damos el subsidio? ¿A la vivienda, a la reforestación, a la salud, a la educación? Otro dilema: ¿a quién? ¿Se subsidia a los pobres? ¿A los ricos? En el caso de la producción de madera, hablar de pobres es una necedad. No es posible hacer planes de reforestación de pobres, empezando porque la tierra de los pobres es tan pequeña que si siembran un árbol en ella, les toca salirse de la parcela. O si les caben diez arbolitos, de eso no pueden vivir, para no hablar de que lo que les cuesta esperar a que el árbol crezca para venderlo. Por definición, este no puede ser un negocio de pobres. Entonces surge la pregunta: ¿subsidiamos a los ricos? ¿En qué condiciones? Y cuando hablamos de ricos, ¿de qué estamos hablando? ¿De ricos de 500, de mil, de un millón de hectáreas? Otra pregunta: ¿Vamos a respaldar la Ley Forestal en la idea de que los subsidios sean para el gran capital, el monopolista? Nos dijeron aquí que la ley era muy buena, pero como será de mala que el propio gobierno tuvo que peluquear lo que se aprobó en esta Comisión. ¿Pero se va a avanzar en esa idea, es decir, los subsidios para el gran capital? Simplemente estoy planteando los dilemas. Entonces me replican, no puede haber negocio de reforestación sin capital extranjero. Y pregunto, los pocos recursos nacionales para pagar subsidios ¿se los vamos a dar a los extranjeros? ¿Eso es lo que se quiere? No tengo una posición de xenofobia, de odio a los extranjeros, pero me llama mucho la atención y me molesta ¡que ser extranjero resultó lo mejor en Colombia! Los colombianos somos como unas especies de inútiles que si nos quebramos, no importa. Pero eso sí, si mencionan la palabra extranjero, es inteligente, es honrado, es perfecto, nos va a salvar. Simplemente pongo la duda y hago una pregunta sencilla: los pocos subsidios del Estado colombiano, los pocos en total y los pocos que van a reforestación, todavía más exiguos, ¿se los vamos a dar los extranjeros para que cojan las ganancias y se las lleven al exterior? O los vamos a condicionar, así sean nacionales, a que inviertan en el país las utilidades que logren con esos subsidios. Porque es que aquí aparece el Estado dando plata y cuando alguien da la plata, tiene derecho a decidir. Por ejemplo, ¿no tienen derecho los cultivadores de caña del Valle del Cauca a los subsidios del alcohol carburante, viceministro, o son solo para los ingenios, como hoy está sucediendo? Los subsidios al alcohol carburante no les llegan tampoco a los jornaleros de la caña, a quienes solo les pagan unos sueldos bajísimos y los están echando de los puestos mediante la mecanización del corte. Les dejo planteada esa duda.

¿Cuál es el interés nacional? Sembrar árboles, sí, pero ¿y quién los siembra, los pequeños, los medianos, los grandes? Cómo los siembran, qué tasa de utilidad se les va a dar, entran los extranjeros, sí o no, etc., son todos los dilemas que hay que discutir en esta Comisión. Porque al final, un ministro, por bueno que sea, digamos, hace lo que se le da la gana y aquí ni siquiera se sabe de qué estamos hablando, ni qué es lo que se está discutiendo, ni por qué se está votando.

La gran contradicción que enfrentamos aquí es la pobreza del país, porque no solo subsidiar es un lío, sino que además tenemos en Colombia un producto per cápita del orden de dos mil dólares al año, mientras que el de los países civilizados oscila entre treinta y cuarenta mil dólares al año. Y cada vez es peor, lo que es aún más grave. Este país está tan mal gobernado, que cada vez la distancia que nos separa de los países desarrollados es mayor. Les doy este dato: en 1900 el producto per cápita gringo con respecto al de Colombia era cinco veces mayor. Hoy es veinte veces. Es la prueba reina de lo mal que se ha gobernado a Colombia, incluido el actual gobierno. Pero este es el problema del subsidio, porque del producto per cápita depende de qué tanto se puede subsidiar. Los países pobres tienen mucho menos para subsidiar que los países ricos. Y esto no se va a resolver porque el capital extranjero venga y tire aquí unos pesos que después nos cobran de mil maneras, así no sea de manera inmediata. Alguien paga el almuerzo, ministro, esa es una cosa que no debieran ustedes perder de vista.

Concluyo diciendo que lo que hay es un desastre: graves daños ambientales, precarios recursos para la reforestación, sumas ridículas, chichiguas, ministro. Entonces, ¿para qué alcanza la plata de la reforestación? Alcanza para los titulares de prensa, porque al grueso de los colombianos les presentan en letras gruesas unos cuantos millones y les parece mucha plata. Las chichiguas alcanzan para producir los titulares de prensa con los que los ministros sacan pecho y condecoran gente. Segunda cosa para la que alcanzan las chichiguas, para favorecer a unos cuantos conmilitones, por lo común mediante procesos clientelistas. Generalmente los subsidios del Estado terminan en los bolsillos de quienes menos lo necesitan o de quienes no los necesitan en absoluto, porque tienen dinero suficiente con qué hacer otros negocios. Realmente la situación es lamentable porque no veo una política seria. Hay platica con que conseguirse unos voticos y hacer clientelismo y sacar titulares en la prensa, pero al problema grueso de la reforestación, de extrema gravedad, no se le hace ni cosquillas con las actuales políticas, ni siquiera por un problema de buena o mala voluntad, que no viene al caso, sino porque estamos sumidos en esta realidad que estoy denunciando.

Y por supuesto, las concepciones no apuntan a sacar el país adelante, sino a apacentar el rebaño. En Colombia nunca ha habido políticas de desarrollo de verdad. Lo que ha habido son unas políticas encaminadas a impedir que los pobres se reboten, para que sigan eternamente en la pobreza sin protestar ni alzar la voz.

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Un acto, ya no bárbaro, sino propio del salvajismo. Vergüenza universal para Colombia. Un horror dinamitar a los erradicadores manuales. Con el pecado y sin el género. ¿Por qué siembran coca nuestros campesinos? Según la lógica del gobierno, mejor pedir perdón que permiso. El narcotráfico no va a disminuir. ¿Qué sigue después, los micoherbicidas? La teoría del mal menor.

Soy de los muchísimos habitantes de Colombia y el mundo convencidos de que las fumigaciones que se hacen en Colombia producen inmensos daños ambientales. No comparto la teoría de que los productos tóxicos no intoxican ni producen daños, aun cuando el gobierno y la embajada estadounidense hayan gastado sumas importantes bregando a convencernos de que los venenos no envenenan. Esperemos que el señor ministro de Ambiente no vaya hoy a insistir en lo mismo y no terminemos un poco en el oso de ayer, cuando el señor ministro de Agricultura se gastó media hora hablando de las vacas locas, en una visión seudocientífica, para explicar lo que no pasó de ser una arrodillada ante la Casa Blanca.

Estoy entonces convencido, no obstante los estudios que nos traiga la embajada estadounidense, de que estos son venenos y hacen daño, y no solo sobre plantas y animales, sino también sobre la gente. Hay algo que se comenta poco: se está fumigando lo que se llama cultivos intercalados, de coca con la comida y el pancoger. Los venenos terminan cayendo sobre la coca y sobre el plátano y sobre la gente y sobre las vacas y sobre los niños y sobre todo. Es un acto de barbarie lo que se está haciendo en Colombia, el único país del mundo que fumiga con tóxicos desde aviones sobre este tipo de cultivos.

Y hemos llegado a un punto que es, cómo diría, la vergüenza universal para nuestro país. Hemos pasado ya el umbral de fumigar hasta los parques naturales. Les quiero recordar a los senadores de la Comisión Quinta, a los que están desde hace días, como el senador Serrano, que esto de fumigar los parques lo viene intentando el gobierno nacional desde hace rato. El primer debate sobre fumigaciones que hice hace dos o tres años fue para intentar parar una fumigación de parques ya decidida y que logramos impedir. Pero al año siguiente volvieron a intentarlo con el famoso estudio de la OEA. Luego a mí no me ha sorprendido que por fin el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez se haya salido con las suyas y se estén fumigando los parques naturales, con el argumento de que las fumigaciones no hacen daño. No me sorprende tampoco que se haya utilizado un pretexto para iniciar las fumigaciones sobre las reservas ecológicas y quiero poner a los colegas del Senado como testigos de que el gobierno lo había intentado antes por lo menos dos veces.

Si fumigar la geografía del país es un acto bárbaro, hacerlo sobre los parques naturales es ya un acto de salvajismo, un estadio anterior a la barbarie, un acto que nos deja muy mal ante la gente civilizada del planeta. Cómo explicar, desde una lógica democrática y de tipo científico en el mundo de hoy, que un Estado sea capaz de fumigar con tóxicos sus propios parques naturales. Y menos aún cuando se miran las áreas afectadas, porque si es con las áreas del Simci, donde hay coca, son 3.300 hectáreas en La Macarena contra 85 mil en el resto del país. Pero si es contra las áreas calculadas por el Departamento de Estado, que es el que manda aquí y de pronto pueda tener mejores datos que la ONU, es contra 144 mil hectáreas. Entonces no logra uno entender cómo si hay más de cien mil hectáreas en coca, para poner una cifra promedio, se empieza por fumigar las tres mil de un parque natural, cuando lo obvio es, en una actitud benévola con el medio ambiente, acabar primero con los cultivos ilícitos de otras partes y ver por último qué hacer con el problema de la coca en los parques naturales e insistir, tal como se venía haciendo, con la erradicación manual, a la cual yo no me opongo ni nadie en esta Comisión ni nadie en el país.

Debo también insistir en que me parece un horror, y así lo expresé en una declaración que saqué en esos días, el hecho de que se pongan trampas con dinamita y se haga explotar a los campesinos que están haciendo la erradicación manual de la coca. Lo dije oportunamente y hoy lo reitero. No comparto este tipo de actitudes. Quienes como yo llevamos toda una vida militando en una organización política que no le ha hecho un tiro a nadie ni ha secuestrado ni ha extorsionado, tenemos toda la autoridad moral para decirlo de manera muy directa. No se puede levantar la teoría, ni de un lado ni del otro, de que todo vale porque hay un conflicto armado en Colombia. Ratifico entonces aquí públicamente que rechazo que se minen esos campos procediendo contra los erradicadores, pero afirmo también que, en respuesta, el Estado tampoco puede proceder de cualquier manera, primero, porque está en la obligación de hacer la erradicación manual garantizando la vida de esos compatriotas que han sido contratados para llevarla a cabo. La reacción no puede ser salirse de la erradicación manual con el pretexto de protegerles la vida a esos compatriotas. No, el Estado debe hacer erradicación manual y al mismo tiempo protegerles la vida a esos compatriotas.

De la misma manera, el Estado no puede fumigar ni el resto del país ni los parques con el argumento de que también los que están sembrando coca le hacen daños al medio ambiente. Cosa que es cierta. En un parque natural o en cualquier sitio quien siembra coca o amapola le hace un daño al medio ambiente. Pero de ahí no se puede concluir que como esas personas dañan el medio ambiente, entonces el Estado puede hacer lo mismo. Sería como una especie de ley del talión absurda y absolutamente inaceptable. Hay de por medio un problema ético frente al cual no podemos hacer concesiones. El Estado no puede secuestrar al que secuestra, ni asesinar al que asesina, ni robar al que roba. Se supone que hasta el peor Estado del mundo es una entidad superior a quienes deciden ponerse por fuera de las normas jurídicas. Esta es la discusión. Y es muy grave lo que afirma con razón el senador Torres de que toda la fumigación en Colombia, pero particularmente la de los parques, se hace contra las leyes de la República. Fue medio bochornoso, señor ministro, ver que más se demoró el presidente Uribe en dar la orden de fumigar, cuando ya estaban cayendo el glifosato y el cosmoflux sobre el Parque Natural de La Macarena. Aquí se pone en evidencia una especie de sello que marca estos tiempos de decadencia en el país y el mundo, resumido en aquella vieja frase de un ministro francés que, impresionado porque las leyes que tenía no le eran útiles a pesar de haber sido diseñadas por él mismo, por allá en el siglo XIX, entonces dijo: “La legalidad nos mata”. Ese es un poco el sino de la época: la norma en Colombia es la ausencia de normas, es moverse al filo de la ley, es tener para todo la interpretación. Un funcionario al que conocí en Manizales decía: “Es mejor pedir perdón que permiso”. Es la misma hazaña de Hommes, recuerdan, cuando admitía: puede que mi medida sea ilegal, pero mientras me la tumban en alguna Corte, yo voy cobrando los impuestos. Algo similar sucede aquí. Mientras la justicia decide si fue legal o ilegal la fumigación, ya el gobierno la hizo. Si uno se pone a mirar este pleito que se ha montado con las fumigaciones, concluye que hay una especie de machismo presidencial: si ustedes me hacen esto, yo les hago lo otro, menoscabando lo que se supone es la fuerza moral del Estado, porque hay ciertos límites que no se deben pasar.

Con el pecado y sin el género

Todo esto de la fumigación se justifica con una especie de pragmatismo muy propio de la época, el del fin justifica los medios, la perversión moral más grande que uno pueda encontrar. Y con este cuento no hay horror que no se cometa, el que secuestra, ¿por qué secuestra? Porque me gano una plata. El que es narcotraficante, ¿por qué hace narcotráfico? Porque me gano una plata. Entonces el fin justifica los medios, pero cuando el Estado entra en esa lógica de que como el narcotráfico o los cultivos ilícitos están por fuera de la ley, entonces, eso parece autorizar al Estado para hacer cualquier cosa.

¿Pero cuál es, además, el problema aquí? Que se quedaron con el pecado y sin el género. Ni siquiera logran el fin que se proponen justificar con esos medios ilegales, porque las propias cifras del Departamento de Estado, de donde sale la orden de fumigar –si no hubiera Casa Blanca de por medio, digámoslo con franqueza, aquí no se estaría fumigando y mucho menos los parques naturales– así lo demuestran. Hay un artículo de The New York Times, que ojalá todo el mundo leyera, del 20 de agosto pasado, contundente: después de 4.800 millones de dólares y seis años de fumigaciones, el área es básicamente la misma del año 2000, e inclusive un poco superior, 136.200 hectáreas de coca en el año 2000 contra 144.000 de hoy. Dice The New York Times, citando cifras del Departamento de Estado, en análisis avalados por todos los especialistas gringos en estos asuntos, que “el precio de la coca ha caído y la pureza permanece alta, signo de que la droga hoy es tan disponible como siempre”. Esta es la prueba reina del fracaso de la estrategia, porque ¿cuál era la lógica cuando se diseña? Reduzcamos los cultivos a la mitad para que se disparen los precios en el mercado estadounidense y para que así menos gente pueda comprar cocaína o heroína. Esa es la teoría, pero los hechos muestran es un fiasco. 4.800 millones de dólares gastados y no sé cuántos muertos y cuántas tragedias en Colombia, porque ellos ponen la plata pero los muertos los ponemos aquí. Un día le decía a Sabas Pretelt que allá se soplan las rayas de perica, mientras que los colombianos pagan el precio. Y añade The New York Times algo que guarda relación con el debate de ayer. Para los cultivadores locales el incentivo de plantar y preservar sus cultivos de coca es enorme, pues ningún otro cultivo paga tan consistentemente como la coca. Más tarde voy a regresar a este punto y lo voy a vincular con el TLC que ustedes quieren aprobar, senadores de la mayoría uribista.

Fumigan y fumigan, pero no baja la oferta ni suben los precios. Lo explicaba Francisco Santos en un estudio que hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se está produciendo mucho más de lo que daban los cálculos, porque los productores han afinado la manera de producir, con mejores variedades, etcétera. Esto cada vez más es una agricultura trabajada con todas las de la ley, y entonces las productividades se disparan. Los cultivadores de coca actúan con la misma racionalidad con que actúa cualquier agricultor. Si el negocio es bueno, están en el negocio. Y si empiezan a presionarlos, hacen esfuerzos por ser más productivos, para mantenerse en el negocio. Por ejemplo, pasaron de cuatro a seis cosechas al año y otra serie de datos que no voy a dar para no hacerme largo. Luego no es cierto, como lo ha sostenido el gobierno, que era que el mercado internacional lo estaban abasteciendo con cocaína almacenada. Eso es paja, mentiras piadosas que se mete la gente a sí misma bregando a justificar lo que no puede justificarse de esa manera.

¿Por qué siembran coca nuestros campesinos?

¿Cuál es el problema de fondo? Hay un lío, no diría que insoluble aun cuando sí muy difícil de resolver, como punto de base del análisis. En un extremo hay consumidores, millones en Estados Unidos, una sociedad en decadencia con mil problemas de todos los órdenes que explican que mucha gente, y lo lamento porque no me gusta que se envenene esa nación, está consumiendo drogas. Es una realidad que está ahí. De otro lado, hay en Colombia un montón inmenso de campesinos, jornaleros e indígenas, profesionales del agro. Es un hecho que parece no entenderse en los análisis. Un campesino es al agro como un médico al quirófano. Tiene que estar ahí. No se siente bien si no es ahí. Esa es su vida, esa es su lucha y va a hacer todos los esfuerzos del mundo por ser campesino o en Boyacá o en el Caquetá o en donde sea, porque es en el único sitio donde se realiza. Entre los indígenas colombianos este fenómeno cultural es todavía más fuerte. Decirle a un indígena, por ejemplo, que se cambie de región es como tirarle una bomba atómica. No cabe en la mentalidad de un indígena abandonar sus lares, los sitios de los antepasados.

Y a esos cientos de miles de campesinos e indígenas les aplican los gobiernos una política agropecuaria de ruina, y eso lo saben bien los senadores de la Comisión Quinta. En la década pasada se perdieron más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios por cuenta de la apertura, en la que tanto tuvo que ver el doctor Santos, en esos días ministro de varias administraciones. ¿Y qué pasó con la gente que se arruinó en el maíz o en la papa o en el trigo o en la cebada? Bueno, esa es la gente que está hoy en los cultivos ilícitos. ¡Y dónde más quieren ustedes que estén! Se refugian allá en esas lejanías a sembrar ese tipo de plantíos porque los otros no les dan, no les operan, no hay vías, no hay respaldo de ningún tipo, los ponen contra la pared con las importaciones.

Hago una pregunta muy simple a los miembros de la mayoría: si hay una crisis grave en la leche por el TLC, ¿qué le pasa a la economía del Caquetá? Es un departamento que produce leche casi de milagro, o sea en las peores condiciones que uno se pueda imaginar, y la transportan hasta Bugalagrande. Si se acaba el arroz con el TLC, ¿qué va a pasar con el Meta y Casanare, productores casi todos de secano, que son los que más van a sufrir porque son los más pobres del arroz? Ese cuento de que aquí se quiebran son los agricultores ricos es paja de don Rudolf Hommes. No, se quiebran, además de unos cuantos ricos –porque también se van a quebrar–, miles y miles de pobres primero que nadie. Y eso es lo que viene con el TLC. Todos sabemos que es así. Ustedes podrán estar en desacuerdo conmigo cuando yo afirmo que se van a quebrar unos y ustedes dirán que un poquito menos, bueno, pero me tienen que reconocer que aquí se va a quebrar muchísima gente. Y me tienen que reconocer otra cosa. ¿Cuál es la fuerza moral del imperio cuando le impone a Colombia fumigar sus tierras y fumigar a sus campesinos e indígenas como cucarachas mientras les arrebata al mismo tiempo la posibilidad de ganarse la vida honradamente cultivando la alimentación que es capaz de consumir Colombia? Este es aquí en últimas el debate de fondo. Ustedes podrán darle mil vueltas, pero este es el punto que estamos obligados a abordar. Va a haber más cultivos de coca con el TLC, es obvio. O qué piensan ustedes que van a hacer los campesinos que quedan en Boyacá en la papa si el TLC los quiebra. Pasaron del trigo a la cebada y de la cebada a la papa y ahora están en la papa y en la leche, y si se acaba la papa y la leche o se ven disminuidos en materia grave, qué vamos a hacer con ellos.

Este es un problema social, senadores, pero el imperio lo convierte en un problema de policía. Y ojo con esto, ministros. El mismo problema de estos compatriotas en la ilegalidad por razones sociales lo afrontamos con los vendedores ambulantes, también por fuera de las leyes de la República hacer por ventas en la calle. Y qué hacemos entonces con ellos, ¿los fumigamos? ¿Y con los vendedores de minutos de los celulares, a quienes el gobierno también trata como ilegales, otro problema social? ¿Y con los del mototaxismo, qué hacemos? ¿Fumigarlos? Falta todavía un paso en la degradación y es que lleguemos a los rickshaws orientales porque ya no le alcance a la gente ni para comprar moto y entonces a uno lo lleven al tuntún como cuando era muchacho. Hasta allá podemos llegar. ¿Por qué, en resumen, a este caso de los campesinos que cultivan coca, un problema social, se le da tratamiento policivo o militar? Porque aparece atravesado el imperio haciendo unas exigencias que no se corresponden con interés nacional.

Entre el extremo del pobre consumidor gringo, a quien veo como una víctima, y la actividad productiva del pobre indígena o campesino o jornalero nuestro, a quien veo también como otra víctima, hay en la mitad el negocio del narcotráfico, que debe separarse. Nuestros campesinos no son narcotraficantes, los consumidores gringos no son narcotraficantes, son víctimas, cosa distinta, y no pueden ser tratados de la misma manera. En Estados Unidos no tratan a sus consumidores como narcotraficantes, ni siquiera en los estados más reaccionarios, pues allí avanza una concepción que los trata como enfermos, lo que en últimas son. Pero resulta que para el gobierno colombiano, nuestros campesinos, los que menos culpa tienen, porque inclusive ni siquiera disfrutan del acceso a la cultura con que cuenta el consumidor gringo, sí resultan ser unos hampones. Y al verdadero narcotraficante qué.

El narcotráfico no va a disminuir

Le voy a poner otro cascabel al gato. ¿Cuál es el éxito de la política contra el narcotráfico? Extraditan casi uno a la semana o a la quincena para Estados Unidos y, pese a todo, el negocio crece como hongos después de la lluvia, obvio, un negociazo de ese calibre. Ahora, digamos que no los despachan a todos, también está más o menos sabido, lo que no debe entenderse como que yo esté de acuerdo con que se utilice la extradición como un mecanismo de coacción política, como se viene usando. No, no creo que esa sea la manera de hacer las cosas. Está más o menos claro que en los próximos años el narcotráfico no va a disminuir en este país, no se va a poner bajo control, no va a ser ni siquiera seriamente golpeado, de ninguna manera. Lo que está habiendo es toda una reorganización del narcotráfico y de los narcotraficantes, que básicamente van a permanecer intactos frente a las leyes de la República. Y ahí si no hay autoridad suficiente. Hacen cosas, lo reconozco, y mandan cada quince días o cada mes a unas personas al zoológico de Nueva York a que se pudran. Pero el problema sigue vivito y coleando y ustedes saben muy bien de qué estamos hablando.

Quiero terminar mi intervención repudiando de manera enfática cualquier fumigación, pero en particular la que se está aplicando sobre los parques naturales. Repudio que a la población civil, en este conflicto armado que se vive en Colombia, se la maltrate de una parte y de otra. El debate guarda estrecha relación con los derechos de la gente y con las normas de la civilización. Uno como Estado no puede decir que como usted está en el sitio equivocado, entonces le damos con toda porque el fin, muy noble, lo justifica. Eso no puede ser así. El Estado no puede caer en lo que está cayendo.

El otro problema de fondo es que Colombia no tiene derecho a definir de manera soberana esta política. Nos la imponen. La determinan en la Casa Blanca, a su gusto, según su conveniencia. Y además la determinan mal. La W informaba hoy, no sé si ustedes lo oyeron, que en Londres están por el piso los precios de la heroína. Y están por el piso porque Estados Unidos cuando invade Afganistán acaba con el poco agro que había, y entonces en Afganistán todos los pobres están dedicados a sembrar amapola, y hay heroína hasta para tirar para arriba, en Londres, particularmente.

En suma, el debate tiene que ver con la soberanía de Colombia. No me opongo a que tengamos relaciones con Estados Unidos. Es un tema en el que a mí se me macartiza y tergiversa. No me opongo a que tengamos negocios con Estados Unidos, pero sí a que nuestro país determine sus principales políticas en función de los intereses y de los puntos de vista de Estados Unidos. Así no es posible nada, senadores. Con esa lógica este país se seguirá hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y claro, en la espuma de lo que se hunde podemos estar localizados unos cuantos, ustedes y hasta yo. Algunos podremos volar, como las mariposas sobre el pantano, por encima del desastre nacional. Pero el país se sigue hundiendo y estos problemas se van a seguir agravando y no se van a resolver. Si algo falta en Colombia es que nos sentemos a mirar cada situación, pero con una actitud de soberanía nacional. En el caso que nos ocupa, yo no dudo de la complejidad del problema, pero el punto es que hay que ver cómo corregimos el rumbo, porque lo que se está haciendo es perfectamente indebido.

¿Qué viene después? ¿Micoherbicidas?

Y pregunto: ¿qué sigue después de la fumigación de los parques naturales, ministro del Ambiente? ¿Los micoherbicidas? Los gringos nos tienen amenazados con los micoherbicidas desde hace rato. Se intentó aprobar el año pasado, como lo denuncié aquí, una ley para fumigarnos con hongos, un arma de la guerra biológica y que puede producir una catástrofe ambiental. Me replicará ahora, me dirá el ministro, que ya el gobierno dijo que no. Sí, ya dijeron ustedes que no, como también habían dicho que no a la fumigación de los parques, como antes habían dicho que no a la fumigación del territorio nacional. Vuelvo y pregunto: hasta dónde va a llegar la escalada de los gringos en este conflicto, en este tema específico del tratamiento de los cultivos ilícitos. ¿Cuál es el límite, o no hay límite? Y si hay algún límite, ¿quién lo ha definido? ¿Los gringos? ¿Por nosotros? No lo creo. Ya hay poderes en Estados Unidos moviéndose a favor de los micoherbicidas, y ustedes saben eso. Dentro de cinco o seis meses nos repiten que volvió a fracasar la estrategia antidrogas, y entonces alguien dirá, ¿cuál es la conclusión? Pues los micoherbicidas. O falta ver qué otra atrocidad se inventarán. Espero que no sea la de fumigar a los cultivadores desde aviones, pero a tiros, porque esa es una opción que todavía ustedes no han utilizado. Que pasen los aviones y les echen bala a los que están allá abajo cultivando.

Insisto en preguntar: cuál es el límite, cuál es el punto en que este gobierno se va a parar en la raya y a decir, hasta aquí llegamos. Estamos viendo hechos tan dramáticos e increíbles como el de las vacas locas, como el de la negociación del TLC, sometidos ante los ojos del mundo a toda clase de actitudes atrabiliarias por parte de la Casa Blanca. No nos van a venir con discursos seudocientíficos a apaciguar con que eso de las vacas locas no es tan grave, por no sé que cuento ahí del señor ministro de Agricultura, que viene y nos habla media hora de los estudios de los gringos, parecía el viceministro de Agricultura de Estados Unidos. ¡Y por qué no nos citó más bien los estudios de los japoneses, que no permiten esas importaciones de carne, de nivel científico tan alto como el de los gringos!

Concluyo afirmando que lo que se está haciendo es demasiado mal hecho, demasiado equivocado, demasiado inhumano, y aun con eso, ni siquiera logran lo que se han propuesto, de modo que se quedan con el pecado y sin el género. Entiendo la dificultad del asunto, pero les pido que lo que decidamos hacer sea una decisión soberana.

Réplica: La teoría del mal menor

Senador Montes, los senadores citantes, sean quienes sean, tienen el derecho, normatizado en el Congreso de Colombia, y así lo indica la costumbre, de hacer la última intervención con tiempo suficiente para hacer referencia a lo que han dicho los ministros. De otro modo va a terminar sucediendo que uno hace su intervención y se va. Uno hace su primera intervención. Hablan los ministros sobre la intervención de uno y la interpretan como quieran y resulta que a uno se le dan 30 segundos para replicar. Qué tiene que ver eso con la democracia. Ustedes detentan aquí la mayoría, colegas del uribismo, y pueden imponer lo que quieran, pero se equivocan si establecen ese tipo de procedimientos. Los ministros disponen de cien mil horas en los medios de comunicación, frente a solo unas cuantas fracciones de tiempo que tenemos los congresistas y más si no pertenecemos al oficialismo.

Voy a hacer entonces unos comentarios muy breves. Lo primero, senadores y ministros, no tienen que invitarme a ver las fotos de los labriegos despedazados para que yo sea sensible frente a ese caso atroz. Aquí lo que hay que discutir es qué hacemos frente a ese hecho. Créanme, a mí esto tal vez me haya tocado más de cerca que a ustedes. Esos eran labriegos llevados allá como carne de urna por alguien en Caldas. Era gente cercana a mis afectos, buena parte de ellos semijornaleros del café o cafeteros empobrecidos. Si ustedes miran el día en que yo saqué mi declaración sobre el tema, van a ver que fue por ahí cuatro o cinco días después del bombazo, porque quedé realmente impresionado y tuve que sentarme a pensar qué decía frente al hecho. Lo que estamos discutiendo no es eso, es el qué hacer.

Creo que un país distinto al nuestro lo que haría sería aumentar la protección a esos labriegos, así sea costoso. Esa sería también mi solución. La fumigación nos vale a 13 millones de pesos hectárea, y la eficacia ya hemos visto que es muy poca. En cambio, la eficacia de la erradicación manual es mayor. Entonces, gastemos más plata en proteger a esos labriegos. No seamos tan cicateros con los pobres, seamos generosos con ellos. Y hay mil mecanismos, no me voy a entrar en detalle, porque o si no el senador Montes se molesta más conmigo. Pero hay mil mecanismos para hacer esa erradicación manual sin que se den esos riesgos.

Otro asunto es que a mi juicio es ilegal fumigar los parques. La analogía que he usado de que el Estado no puede asesinar al que asesina o robar al que roba, creo que le cabe a este punto. Lamento que sea usted, señor ministro de Ambiente, el que asegure que no le parece que fumigar con venenos un parque natural de la República de Colombia sea el peor crimen que se pueda cometer contra el medio ambiente. Que lo diga el doctor Santos, ministro de la Defensa, o mejor, de la guerra, se entiende, pero que sea el ministro de Ambiente me parece lamentable. Me uno a las voces de los ambientalistas que dicen que la política ambiental de este gobierno es terriblemente dañina.

Arguye usted, doctor Santos, que aquí hay que utilizar la teoría del mal menor, puesta por usted en boca de De Gaulle. Es una teoría, pero si no tiene límites ni está asentada en concepciones de principios se reduce al mismo pragmatismo de que el fin justifica los medios, y entonces quedamos supremamente mal. Estoy de acuerdo con la teoría del mal menor, pero sostengo que a usted no le sirve para justificar la fumigación de los parques, porque sería el horror pasar de la teoría del mal menor a la del fin justifica los medios, en buena parte el problema nacional. Cuál es el mal menor en este caso. El ministro dice que fumigar los parques. Retomo lo que dice el senador Araújo y que llama la atención: ¿hasta cuándo el Plan Colombia va a ser una caja negra que Colombia aplica a rajatabla y sea como sea? Porque diría que aquí el mal menor no es realmente el menor, cuando lo que está en juego es la pérdida de la soberanía nacional. Colombia no está haciendo, como bien lo recordó el senador Araújo, lo que Colombia cree que conviene hacer, sino lo que los gringos le impongan.

Y les cuento, senadores de la Comisión Quinta, que el Plan Colombia no consta solo de este componente militar y antidrogas. Contiene nueve páginas de letra menuda donde se consagra, por ejemplo, que si no respaldamos las políticas del libre comercio de Estados Unidos, nos cancelan el Plan Colombia. Está dicho en el texto. Nos impone el Plan Colombia, y cuando quiera, doctor Santos, le traigo el texto, la especialización en cultivos tropicales. Nos impone las privatizaciones, tengo los documentos, no me cabecee que no. Y por eso fue que cuando ustedes le pidieron a Bush que les diera un tratamiento considerado en el TLC, que no les dieron, los gringos les respondieron, no, nosotros ya estamos pagando con el Plan Colombia, llegó la hora de que paguen ustedes lo que allá estamos invirtiendo.

Pero además usted dice que en este negocio hay unos empresarios del mal, una manera amable de llamar a todo tipo de narcotraficantes. No solo aquí hay empresarios del mal, ministro Santos. ¡Qué me dice usted de los empresarios del mal que orquestaron una mentira monumental para poder justificar la invasión a Irak! Al lado de esos empresarios del mal que hicieron el horror de Irak, los de aquí, si vamos a hablar del calibre de la agresión, son unas monjitas de la caridad.

En Colombia corre la idea de que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para nuestro país, así como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se decía que lo que era bueno para la General Motors era bueno para Estados Unidos. Y mire usted, ¿cuál es la estrategia del Plan Colombia? No es la de acabar con los cultivos ilícitos, sino la de reducirlos a la mitad. Reducir el narcotráfico a sus justas proporciones, una teoría similar a la del doctor Turbay Ayala de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Si logran el cometido, no se va a acabar el narcotráfico, sino que el precio de las drogas, dice los documentos de los ideólogos gringos, subirá en las calles de Estados Unidos en una proporción importante y menos gente comprará las drogas. Esa es la lógica gringa y debo reconocer que tiene una racionalidad, pero que suba el precio de la droga allá quiere decir que ha subido aquí, doctor Santos, y entonces, cuando usted reduzca a la mitad los cultivos de coca en Colombia se habrá disparado el precio de la cocaína y los narcotraficantes, exportando menos, recibirán básicamente el mismo ingreso. Luego la teoría del Plan Colombia tal vez sea sensata para el Imperio, se lo acepto, pero para nosotros es una teoría de pacotilla, porque si usted busca reducir los ingresos de los delincuentes colombianos o de la guerrilla por la vía de disminuir la producción de coca, no lo va a lograr. Usted, que ha estudiado asuntos de economía sabe que lo que digo es de una racionalidad impecable. No puede hacer nada. Lo que es bueno para Estados Unidos, no es bueno en este caso para Colombia.

Colombia debe tener una estrategia propia contra el narcotráfico, estoy de acuerdo con eso, y me uno a algunas de las voces que se han expresado aquí en ese sentido. Es más, pienso que la legalización, de la manera simplona como se plantea, no opera, no está claro cómo debiera ser. En gracia de discusión, mantengámonos en la ilegalidad. Claramente, los que están combatiendo la ilegalidad del negocio no lo hacen bien, porque de entrada no atacan las causas profundas del problema, ni en Estados Unidos ni en Colombia. Cómo se van a atacar las causas profundas, si estamos en el libre comercio y vamos para un TLC que quebrará a decenas de miles de campesinos. Les digo con franqueza, ministros, que no me satisfacen sus explicaciones y que me ratifico en cada una de las cosas que he dicho.

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Este es un asunto que rebasa de lejos los asuntos ambientales, entendidos en el sentido restrictivo del término. Hay quienes piensan que el medio ambiente solo atañe a las plantas, los animales y las aguas, pero definitivamente hay que entenderlo como un problema, primero que todo, de los seres humanos, de las personas, de nuestros compatriotas. El presente debate, entonces, si bien es cierto va a mirar en detalle lo que sucede en el medio ambiente entendido en el sentido restrictivo, se va a ocupar de aspectos tales como el de la propia política con la cual el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos vienen enfrentando el problema del narcotráfico, porque de otra manera no se entiende realmente lo que viene ocurriendo y no pueden tomarse los que a mi juicio serían los correctivos necesarios. Quiero también señalar que a mediados de la semana pasada la doctora Sandra Suárez, ministra del Medio Ambiente, anunció que el gobierno había tomado la decisión de suspender la fumigación aérea sobre los plantíos de coca y amapola en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, decisión que hay que celebrar, fruto a mi juicio de la enorme presión ciudadana que en el país y el exterior se ha venido haciendo. Deseo celebrar la decisión y llamar la atención a los colombianos de cómo cuando las gentes se movilizan y luchan para reclamar sus derechos es posible derrotar inclusive a fuerzas que se presentan como imbatibles.

Como la decisión que anuncia el Ministerio ––curiosamente, pues lo ha debido hacer la Dirección Nacional de Estupefacientes o el Consejo Nacional de Estupefacientes o el presidente de la República o el ministro del Interior–– no hace explícita la cancelación definitiva de las fumigaciones y señala además que mantiene vigente la Resolución 013 del 93, motivo del presente debate, lo que hay no es otra cosa que una especie de time, como se dice en baloncesto. Debe derogarse de inmediato la Resolución 013, que no es atroz solo porque permita la fumigación en los Parques Naturales, sino también porque amplía el espectro de las zonas fumigables. Esto último es supremamente grave. El gobierno terminó autorizando la fumigación sobre las zonas de reserva, sobre los resguardos indígenas, sobre los cuerpos de agua ––por lo menos los pequeños afluentes––, sobre los cultivos intercalados e incluso sobre las zonas pobladas, porque se redujeron las franjas de protección de 2 mil a 100 metros, en unos casos, lo que significa que va a caer veneno de manera inexorable sobre zonas sobre las que no debiera de ninguna manera haber fumigaciones. Caen ahí también los subpáramos.

Lo que hay que señalar entonces es que, aun cuando ha habido un éxito grande que habrá que defender, esta lucha debe conducir a la derogatoria de la Resolución 013 de 1993, como bien lo señalara ayer el editorial del periódico Portafolio, porque es una medida que avergüenza a Colombia ante el mundo.

Quiero además detenerme en un detalle. Se trata de una Resolución mañosamente redactada para violar las normas que rigen en Colombia, porque se reducen las franjas de protección apoyándose en el Decreto 1843 de 1991, una norma viejísima sobre los reglamentos que deben cumplir los pilotos que fumigan en cualquier tipo de cultivos, incluidos los lícitos. Pero ese mismo decreto en el cual se apoya el gobierno para reducir las zonas de protección prohíbe de manera explícita fumigar en los Parques Naturales. Resulta a mi juicio una vergüenza, señor ministro, que el Consejo Nacional de Estupefacientes atente contra el medio ambiente basado en una norma, pero no la utilice para proteger los Parques Naturales de Colombia, como de manera expresa se estipula. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo del debate es que desde hace muchos años, los gobiernos persisten en una actitud, o de violar las normas, o de interpretarlas de manera mañosa, o de utilizar normas que no debieran venir al caso, o de modificarlas para poder atropellar, en este caso, fumigando con glifosato desde aviones.

Creo interpretar de cerca a muchísimos colombianos que se interesan en el tema del medio ambiente, como también a numerosos extranjeros. Todos ellos coinciden en que ha caído muy mal lo que ha venido decidiendo el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda. Es evidente que hay unas decisiones ya tomadas de ir desmontando algunos puntos de la política medioambiental definidos en años anteriores. Y hay una serie de políticas internas y decisiones administrativas. No ha caído muy bien, debo decirlo, y lamento que la ministra Sandra Suárez no esté aquí hoy, su nombramiento como ministra de Ambiente. Hubiera preferido decirlo estando ella presente, pero dado que andan en esas gestiones de lo que podríamos llamar el turismo ministerial, que se ha ido poniendo tan de moda, me toca hacerlo sin ella, y es que no cae bien que se designe como ministra de Ambiente a quien hasta hace poco era la directora del Plan Colombia, de la parte que llaman social del Plan Colombia, el mascarón de proa tras el cual se disfraza la política de fumigar los cultivos ilícitos como se viene haciendo. Que un personaje que está en una cosa pase de pronto a hacer exactamente lo contrario no puede caer bien.

Alguien me dirá: no, pero es que ella no era la que fumigaba en el Plan Colombia, cosa completamente cierta. Lo que pasa es que esta lucha medioambiental exige una cierta actitud de militancia. Si quienes defienden el medio ambiente no actúan con una actitud de fuerte compromiso y convencimiento, si no son capaces de defender principios y de dejar sentadas las cosas que no harían bajo ninguna consideración, no pueden esperar que el público les crea. Se requiere una gran independencia, convencimiento y valor civil, que por supuesto no se ven en esa permuta de puestos que hizo doña Sandra.

Para entender lo que está ocurriendo hay que pasar revista al inmenso problema del narcotráfico en el mundo. Aunque son cosas bien sabidas, conviene recordarlas. Son múltiples aspectos. Hay un problema de consumidores, otro de producción de cocaína y heroína, otro de producción de coca y amapola––que no es lo mismo–– y otro de tráfico de ilícitos que deja fabulosas ganancias.

El grueso del consumo está localizado en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos. Una reciente encuesta realizada en Estados Unidos por el propio gobierno señala que hay 19 y medio millones de gringos consumidores de droga. De ellos, 14.6 millones de marihuana, 2 millones de cocaína ––de ellos, 567 mil de crack–– y 1.2 millones de alucinógenos, incluidos 676 mil de éxtasis–. Advirtamos de paso que, en Estados Unidos, la marihuana se produce en lo fundamental en el propio territorio. Ese fue uno de esos cultivos que Colombia perdió en la competencia internacional con Estados Unidos. La primera conclusión entonces es que el consumo se localiza principalmente en los países desarrollados y, en particular, en Estados Unidos. El consumo de drogas, como cualquier consumo, está relacionado con el desarrollo material.

La Oficina Nacional para el control de drogas de la Presidencia norteamericana señala que en 2001 los consumidores gastaron 35 mil 300 millones de dólares. Estoy usando estadísticas oficiales, porque quiero moverme dentro de cifras que puedan ser aceptadas por todos, pero aclaro que, en algunos estudios, las cifras son mayores. Hoy gastaron, repito, 35 mil 300 millones de dólares frente a 69 mil 900 millones de dólares que gastaban en 1990, o sea, ahí hay un hecho positivo, una franca disminución del consumo en la medida en que han aparecido políticas de educación y persuasión que han tenido su impacto.

¿Cómo se distribuye en general el negocio del narcotráfico? A los cultivadores solamente les llega el 1%; a los procesadores que transforman la coca en cocaína les llega el 4% y a los traficantes internacionales, el 20%, mientras que a los países desarrollados les queda nada menos que el 75%. Son las cifras que aporta el profesor Iván de Rementería en un estudio para la Universidad de los Andes.

En los países consumidores ganan las redes que trafican al por mayor y al detal ––el negocio principal es este último, y es por ello que la ganancia se queda principalmente allá. Ganan los vendedores de precursores químicos, sin los cuales no es posible producir la droga, y hacen también utilidades fabulosas los banqueros, que lavan las enormes sumas que se mueven por todo el sistema financiero internacional. Lavar la plata de la droga es una parte grande del negocio, que no se puede hacer sin la banca norteamericana y sin los paraísos financieros instalados en todo el mundo para ocultar la corrupción de uno y otro tipo. Ganan los traficantes de armas y, así sea de carambola, gana Monsanto, el fabricante de Roundup, el herbicida que se está utilizando en las fumigaciones colombianas.

Analicemos ahora el problema de los cultivadores. ¿De quiénes se trata? ¿Quiénes son esos colombianos que están sembrando coca y amapola a lo largo del territorio nacional, si no estoy mal, en 180 municipios. Según estudios del Departamento Nacional de Planeación para el departamento de Putumayo, una de las regiones donde se halla localizado un buen segmento del cultivo, el 78% de los habitantes presenta necesidades básicas insatisfechas y está por debajo de los niveles de pobreza. Dentro de ese porcentaje, el 12% se encuentra en la miseria. Ese 78% de Putumayo contra 37% en el resto de Colombia, es decir, más del doble. 12% de miseria allá, frente a 8% en el resto del país.

En las cabeceras urbanas del Putumayo, y esto de urbanas pongámoslo entre comillas, vive el 59%; solo el 45% cuenta con acueducto y apenas el 58 con electricidad. Lo que estoy intentando resumir con estas cifras es que los cultivadores de coca y amapola son por sobre todo unos colombianos pobres y miserables que no se enriquecen con el negocio. Aquí hay que separar de manera tajante el boyante negocio del narcotráfico y la inmensa pobreza que se aprecia en la base de la pirámide. Los cultivadores de coca y amapola son campesinos, indígenas y jornaleros que a duras penas medio se sostienen con el cultivo, con el agravante de que en las zonas donde hay coca y amapola el costo de la vida es muy alto y los recursos de salud y educación muy escasos. Hay una reflexión que debe hacerse: qué diablos hacen por allá esos colombianos. Para qué se fueron tan lejos, si no salen de la pobreza y les cae además la condición de convertirse en ilegales, con todas las consecuencias que eso trae consigo, y además los fumigan como cucarachas desde aviones.

La pregunta no es difícil de contestar. Desde siempre, en Colombia, la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas, pero particularmente desde 1990. No es casual, pienso yo, que el auge de los cultivos de amapola y de coca coincida más o menos con el año 1990, cuando empieza a aplicarse en el país la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional. La política neoliberal, así haya a quienes moleste la palabra, se tradujo en la pérdida de un millón 800 mil hectáreas de producción agrícola y en la desaparición de 234 mil hectáreas de cafetales, como producto de la crisis económica.

Esos millares de compatriotas están allí en buena medida porque el Estado no es capaz de ofrecerles en otras zonas la posibilidad de producir cultivos rentables. Y están metidos en la coca y la amapola porque tampoco allí les funciona el resto de los cultivos. El Estado no ha sido capaz de ofrecerles las garantías de producción agrícola que hagan que sea mejor negocio, o por lo menos igual, cultivar plátano que coca, o cultivar maíz o criar ganado. Esa es la realidad social de fondo en el asunto y esto habrá que tenerlo muy en cuenta porque guarda estrecha relación con las posiciones asumidas por los organismos de control con respecto a las fumigaciones, tal como lo veremos más adelante. Y es para hacerse una pregunta, señor presidente [se dirige al senador Carlos Arturo Clavijo, presidente de la Comisión Quinta], a usted que se interesa en los asuntos del agro: ¿qué le va a suceder al país una vez se aplique el TLC o el ALCA y se nos arrebaten los dos millones de hectáreas de agricultura lícita que aún quedan? ¿Y qué le va a ocurrir cuando la abundantísima mano de obra vea la coca y la amapola como la única alternativa?

¿Qué tan eficaz ha sido esta política con respecto a lo que se supone su propósito, cual es el de reducir de manera importante la producción de coca y amapola? Lo que nos vienen arguyendo quienes la auspician es que el fin justifica los medios y que no importa cuán atroz sea el medio mientras el fin sea noble, cosa que por supuesto es una monstruosidad moral. Ellos aducen que como el tráfico de estupefacientes es tan malo, cualquier método resulta válido.

Están fumigando el país desde hace 30 años, más en los últimos por supuesto, ¿y qué nos dice la Dirección Antinarcóticos de la Policía? Que en 2001 había en números redondos 144 mil hectáreas de coca y asperjaron 94 mil. Uno pensaría, haciendo cuentas, que quedaron entonces 50 mil. Pues no. En 2002 había 102 mil. Volvieron y asperjaron otras 130 mil y en 2003 volvieron a fumigar otras 132 mil. ¿Entonces? Lo que la propia estadística de la Dirección Antinarcóticos deja en claro es que en coca fumigan bastante más de lo que supuestamente debería haber. ¿Qué es lo que sucede? Primero, que las fumigaciones no son tan eficaces como se afirma y, segundo, que quienes la están produciendo vuelven a cultivarla en nuevas áreas en producción. Lo que termina habiendo es una especie de sustitución. Coca que se fumiga aparece de nuevo en otro sitio o en el mismo. Sumadas, las hectáreas existentes en el 2001 y 2002 eran 246 mil. Y resulta que fumigaron en los últimos tres años 356 mil, es decir, cien mil más de lo que supuestamente había.

Parte del problema, colombianos y senadores, obedece a un enredo bárbaro de cifras. Según El Tiempo de la semana pasada, la CIA habla de una “reducción histórica” de cultivos de 144 mil a 130 mil entre 2000 y 2003, datos que no coinciden por supuesto con los que dan otros informes. La situación se ha terminado volviendo medio ridícula. Si esto no fuera tan doloroso, señor ministro, sería hasta chistoso. En un documento que tengo aquí a la mano, la Contraloría General cuenta una anécdota y es que hay un pleito entre la oficina del Departamento de Estado encargada de medir desde aviones cuánta coca queda y la CIA, que tiene otro aparato también encargado de medir. Se formó el pleito porque el uno decía que en 2001 había subido el área en 20% y la otra, que había bajado. La oficina nacional para el control de las drogas de la Presidencia de Estados Unidos decidió hacer una investigación a ver qué era lo que pasaba, por qué salían esas contradicciones tan grandes, y descubrió que las diferencias entre el uno y la otra eran del orden del 79%. La CIA y el Departamento de Estado ni siquiera estaban de acuerdo en lo que significaba la palabra erradicar. Al final, y esta es la parte ridícula del asunto, termina diciendo la investigación de la Presidencia que el método del Departamento de Estado no permite saber si lo que se está identificando es coca u otra clase de cultivos. ¡Hágame el favor! ¡El método no permite saber si lo que se está fumigando es coca u otra clase de cultivos! Y concluye también que la técnica de la CIA no permite una estimación adecuada por las distorsiones en la imagen, las fumigaciones del terreno o la atmósfera. Hasta esta situación hemos llegado.

La prueba reina de que esto no está funcionando, y la entiende cualquier aficionado a la economía o cualquier ciudadano medianamente informado, es que no está subiendo el precio de la droga en las calles norteamericanas. Acaba de hacer la Presidencia de Estados Unidos un estudio sobre 25 ciudades norteamericanas. Concluye que en los precios, las facilidades para el consumo, la disponibilidad y la pureza no hay cambio en las calles norteamericanas, lo que quiere decir que la estrategia está fracasando, porque es fácil entender que si hubiera una reducción de la producción, tendría que haber dificultades en la disponibilidad, debería subir el precio y se vería amenazada la pureza.

En El Tiempo del 18 de enero de 2004 los reporteros le preguntan al embajador de Estados Unidos en Colombia, señor William Wood, si ha bajado el flujo de narcóticos a Estados Unidos y dice: “No estamos seguros”. Agrega: “No hemos visto con certeza un cambio en el mercado norteamericano” y se pone a hacer especulaciones de qué será lo que está pasando. Pero lo cierto es que él no está seguro que ha habido una reducción en el flujo.

¿Cuál es el problema general? Lo voy a mencionar, no porque sea el centro del debate sino porque interesa. Uno, hay millones de consumidores o, en distintas palabras, una inmensa demanda en el mercado mundial. Dos, hay narcotraficantes de sobra, porque las utilidades del narcotráfico son excelentes. Por mucho que sea el riesgo y muy dura la cárcel, se sabe que en el capitalismo siempre que haya una gran ganancia, habrá también quien se arriesgue, incluso al cadalso, y este es el caso típico. Tres, hay tierras de sobra en el planeta para esta actividad, no solo aquí en la zona andina sino en el resto del mundo tropical, pues se trata de cultivos tropicales. Y hay finalmente, por la enorme pobreza de la región y de la humanidad, cultivadores de sobra. En síntesis, todos los factores están dados, no falla ni uno solo y no tiene ninguno por donde fallar. Ahí están los consumidores, ahí los narcotraficantes, ahí las tierras y ahí los cultivadores, los cuatro requisitos necesarios.

Lo anterior ha llevado a que un buen número de gente opine al respecto que aquí lo que hay que hacer es legalizar el consumo y han criticado de múltiples maneras lo que se viene haciendo Milton Friedman, Premio Nóbel de economía, de la derecha neoliberal furibunda, acusa al gobierno de Estados Unidos de ser el responsable de las diez mil muertes que se producen al año en Estados Unidos por causa del narcotráfico. Dice que es un problema moral que el gobierno vaya por ahí matando a 10 mil personas, porque convierte en delincuentes a personas que puede que hagan algo que usted y yo no aprobamos, dice Friedman, pero que no le causa daño a nadie más.

En los mismos términos se pronuncia George Soros, importante financista norteamericano. Pero bueno, no voy a entran en este debate. Simplemente lo anoto como un hecho en el que nos podemos poner de acuerdo: la única bala de plata que habría contra este problema sería la legalización.

Ustedes se acuerdan de la historia de Drácula. Solo cae si uno le dispara con una bala de plata. Pasa lo mismo con el narcotráfico. Si se legaliza el consumo, todo se vuelve un negocio que cambia por completo. Seguramente la Philips Morris terminaría concentrando la comercialización de coca o cocaína, como lo hace con la del café. Cambiaría todo.

Pero también es cierto, señor ministro, que esto de la legalización tropieza con fuertes resistencias, de orden moral, por ejemplo. Alguna gente no la apoya porque sus convicciones morales no se lo permiten. Hay gente que por razones políticas no puede compartirla. En fin, hay muchas razones, digamos, respetables, para oponerse a la legalización y hay también razones de conveniencia. Los primeros enemigos son los narcotraficantes. Si el narcotráfico es negocio, es porque es ilegal. Entonces yo presumo que todos las mañanas, los narcotraficantes del mundo entero le ponen velas a las imágenes para que el negocio no se les vaya a terminar. Esto lo anoto simplemente como un hecho, porque es importante que el Senado y los colombianos tengan completo el panorama. Estamos haciendo el presente debate con la premisa de que es ilegal, gústele a quien le guste. Es ilegal el consumo, como ilegal el narcotráfico, como ilegal la producción de coca y amapola. Vamos a centrar el debate ahí, porque es el único debate que hay que hacer.

También está definido como ilegal el cultivo de coca y amapola. No tendría por qué serlo, pues distingamos: una cosa es la coca y otra la cocaína, de la misma manera que entre el vino y la uva hay una enorme diferencia. Y aquí hagamos al margen una acotación. Las comunidades indígenas son consumidoras habituales de coca como una costumbre ancestral. Es importante tenerlo en cuenta, señor ministro.

En la medida en que es ilegal el narcotráfico, estoy de acuerdo con que el Estado ejerza alguna actividad punitiva. ¿De qué manera? Básicamente, se han venido fijando dos posiciones. La de quienes decimos que la actividad del Estado debe sujetarse a la ley y mantener una actitud ética, moral, democrática en la persecución del traficante, tal como debe hacerlo en la persecución de cualquier delito. Al asesino el Estado no lo puede asesinar, al ladrón el Estado no le puede robar, al torturador no lo puede torturar. No es cierto, colombianos y senadores, que porque el narcotráfico sea un problema gravísimo, el Estado tiene el derecho a violar leyes y a hacer lo que le dé la gana.

¿Qué decimos quienes sostenemos una concepción democrática? Que la coca y la amapola hay que perseguirlas y erradicarlas, pero mediante sistemas de erradicación manual que preserven la fauna, las plantas y las personas. Debe aprobarse al tiempo una política social y económica del Estado que les ofrezca a campesinos, indígenas y jornaleros alternativas de distinto orden para que se dediquen a otras actividades agronómicas. El campesino, el indígena y el jornalero son profesionales del trabajo manual agrícola, no delincuentes. Esa es su profesión, señor ministro. Aun cuando sean pobres, es gente supremamente respetable. El deber mínimo del Estado es entonces ayudarles a esos compatriotas a que trabajen dentro de su profesión. Es el campo donde se realizan y se convierten en gente respetable.

La política opuesta, antidemocrática, es la de fumigarlos como cucarachas y, de paso, convertirlos en vendedores de chontaduros en las calles de Bogotá. Y no solo asperjarlos con tóxicos, sino hacerlo desde aviones. Subrayo desde aviones, porque buena parte del debate se centra en este hecho.

Entremos ya a mirar puntos más restrictivamente medioambientales. Lo primero, ¿con qué se fumiga? Con herbicidas de amplio espectro, unos productos químicos diseñados para matar plantas de distintas especies. Queda entonces en claro que estos productos matan la coca y la amapola, pero también otras plantas. Pero el hecho de que sean diseñadas para matar plantas no quiere decir que no les hagan daño a otros seres vivos. Son herbicidas tóxicos, tal como lo establecen las propias etiquetas con que Monsanto, la gran trasnacional gringa dueña de este negocio, pone a la venta el Roundup, que es como se llama comercialmente el producto. Las etiquetas dicen cosas como estas: el veneno no debe tocar a las personas ajenas a la fumigación; hay que hacer esfuerzos por que no se lo lleve el viento; de ninguna manera debe caer sobre las aguas, ni tampoco sobre otros cultivos, y menos sobre los que sean de uso comercial; no echar si se prevé lluvia inminente; ponerlo fuera del alcance de animales y alimentos; si se va a usar en cultivos permanentes, ojalá se haga con bomba de espalda para poder controlar de manera más precisa la aspersión; no almacenar junto a semillas y alimentos; destruir los embalses, en fin, quiero dejarles, colombianos y senadores, la idea de que es tóxico, no solo para la planta de coca, sino también para otras plantas, las personas y los animales.

En 1997 fue obligada Monsanto a quitar de la etiqueta una leyenda en que afirmaba que era un “producto biodegradable, no tóxico, inofensivo y seguro para el medio ambiente”. Se la hicieron borrar en ESTADOS UNIDOS, porque era una afirmación propagandística desproporcionada. Está documentado por la literatura científica, en Japón y Australia, por ejemplo, que quien se tome el glifosato se muere. Y, sin embargo, por ahí andan diciendo algunos, de la manera más alegre, que “eso no hace nada”. ¡Ojo, que no es un cuento! Llamo a los hinchas de este tóxico a que no vayan a hacer la gracia de tomarse ni siquiera una cucharada.

Previenen además los investigadores sobre el riesgo de carcenogénesis. Por los efectos en los suelos ––no tengo tiempo de detallar la parte, digamos, científica y médica del asunto––, las fumigaciones con glifosato pueden producir cáncer.

Dicen también los estudiosos, nacionales y extranjeros, que es dable predecir mutaciones genéticas por cambios en el DNA. También que puede producir teratogénesis, daños severos en los fetos de personas y animales.

El Roundup contiene en su formulación básica no solo glifosato, sino además Poea, un químico que la propia EPA, la agencia ambiental de Estados Unidos, reconoce como un severo irritante de la piel y corrosivo a los ojos. El Poea es tres veces más tóxico que el glifosato y también tiene efectos cancerígenos y mutagénicos.

Aquí en Colombia le agregan al Roundup otro producto de la misma familia llamado Cosmoflux. Combinados, los sulfactantes Cosmoflux y Poea juegan un papel medio diabólico, pues aumentan la peligrosidad del glifosato. Actúan como quitándoles la piel a las personas y a los animales sobre los que entran en contacto para que luego el glifosato consiga actuar mejor en su obra de destrucción. Cosmoflux y Poea aumentan la acción venenosa, tóxica, del glifosato.

¿Cuánto se está asperjando en Colombia, doctor Sabas Pretelt? El año pasado, un millón 381 mil litros de Roundup. Sobre los efectos dañinos, ahí en la pared hay exhibidas unas fotos que muestran a las claras los efectos sobre personas, animales y plantas. Pero también se están causando efectos crónicos, en la medida en que las aspersiones se mantengan a lo largo de años, como es el caso nuestro.

El otro día escuché en esta Comisión a algún senador que argumentaba: hombre, el Roundup es lo que están echando los jardineros en mi finca, lo que se echa en los cultivos de caña y de café. Y es verdad. Roundup es probablemente el herbicida más vendido en el mundo y se utiliza en muchísimos cultivos. Pero eso no le quita lo tóxico. Porque si se probara que no es tóxico, habría que meter a los de Monsanto a la cárcel por pillos, pues no estaría produciendo los efectos que afirma en la etiqueta. Voy a diferenciar entonces claramente lo que es el uso agrícola y el uso no agrícola del Roundup. Está reglamentada en todas partes la cantidad de Roundup que ha de tener la mezcla utilizada para fines agrícolas y para fines no agrícolas. Luego la idea de que en mi finca yo lo uso no cabe aquí, porque en las aspersiones aéreas lo que se emplea es el Roundup en cantidades que precisamente lo clasifican como no agrícola. Los porcentajes son del orden del doble frente a los usados, por ejemplo, en los cañaduzales del Valle del Cauca, como madurante. El que se asperja desde el aire en las fumigaciones es entre siete y catorce veces más poderoso. Luego no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque estamos hablando de productos de diferente calidad.

En todo esta política se presenta un problema no menos grave, que todavía no se ha aclarado ante el país: ¿qué es lo que se está echando en realidad? Hasta por lo menos septiembre de 2002, lo que las avionetas arrojaban desde el aire no era el Roundup Ultra, sino el Roundup SL o Export, señor ministro, y es un detalle cardinal.

Coincidencialmente, a partir de ese mismo mes, septiembre de 2002, la EPA de Estados Unidos decidió que no se volviera a utilizar el Roundup SL, sino el Ultra. O, por mejor decir, prohibió el Export o SL. La Defensoría del Pueblo de Colombia acaba de advertir que las autoridades antinarcóticos continúan aquí echando el SL. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque el Roundup SL salía en Estados Unidos con un letrero que decía: “Tóxico para no venta en los Estados Unidos”. La EPA no ha dudado en sancionar a los agricultores que en Estados Unidos continúan usándolo. Y se sabe, porque hay investigaciones de gente seria al respecto, que Monsanto ya decidió no usar el SL en Estados Unidos.

El otro asunto clave es la forma de aplicarlo. Según las mismas normas de aplicación, un producto de esta naturaleza es más tóxico en usos no agrícolas. Monsanto recomienda que se eche con bombas de espalda, precisamente para controlar la aspersión. Desde el principio se advirtió que no debía usarse desde aviones, un asunto que me parece clave en el debate, doctor Sabas Pretelt, porque el avión no garantiza, por el llamado “efecto deriva”, que esa gota de líquido solo caiga donde se hallan la coca y la amapola. En forma inexorable, el viento hace que caiga en sembradíos y en los sitios poblados. Claro que la Resolución 013 autoriza fumigar sobre cultivos intercalados. La orden es explícita: fumigar coca y amapola, más plátano, yuca y lo que haya. Y la misma Resolución elevó la altura a la que pueden volar las avionetas, lo que hará que el efecto deriva sea mayor.

Quiero hacer hincapié en que, por este hecho que señalo, no cabe la comparación entre las aspersiones aéreas y el uso comercial. Pero hay otro factor: las zonas donde se cultiva la coca y la amapola suelen ser zonas de montaña bordeadas de grandes árboles, donde es imposible que las avionetas logren volar a baja altura. Ahí se ve una foto de una avioneta que sí estuvo a la altura mínima deseada, quizá solo un segundo o dos, no estuvo más, porque enseguida volvió a elevarse.

Expertos norteamericanos calculan que cuando las cosas empeoran, aun por dentro de las normas, el veneno termina cayendo sobre el doble del área fijada. O en distintas palabras, cuando en Colombia decimos que se fumigan 131 mil hectáreas, se han fumigado en realidad 260 mil.

¿Sobre quién cae el veneno? Esta es otra parte crucial del asunto. Por el efecto deriva que he estado yo explicando, no solo cae sobre la coca y la amapola sino también sobre otras áreas. Ya la Resolución 013 autorizó fumigar los cultivos intercalados, como plátano, yuca y demás. El veneno están tirándolo ex profeso sobre cultivos no ilícitos y además sobre las vacas y sobre los perros y sobre las gallinas y sobre el campesino que cultiva y la señora y la abuela y los hijos. Están fumigando a nuestros campesinos como cucarachas, señor ministro, campesinos que a mi juicio son gente honrada y trabajadora a quien las condiciones del país la obligaron a emigrar hacia allá.

La fumigación que se está haciendo viola incluso las normas del EPA, la agencia ambiental norteamericana. Las normas de la EPA exigen mantener controlados los riesgos sobre la salud y el medio ambiente, cosa que en Colombia no ocurre; demanda que la fumigación sea legal, y aquí ha sido ilegal, como vamos a demostrarlo, y ha dicho que va a haber reparación sobre los daños, lo cual es una de las burlas más grandes. Como los tóxicos se están dispersando por áreas extensas, senador Serrano, se aprobó una norma en la que se estipula que el campesino al que le caiga la fumigación tiene derecho a exigir una reparación del Estado, algo perfectamente elemental.

No solo caen sobre el cultivo intercalado, sino también sobre los vecinos, sobre los buenos y los malos y sobre todo el mundo. La Defensoría del Pueblo ha documentado casos de fumigación de cultivos adscritos al programa del Plante, diseñado para que el campesino se alejara de la amapola y de la coca y cultivara otros productos. Según las cifras del Ministerio del Interior, los campesinos han elevado 4.497 reclamos, de los cuales las oficinas del gobierno solo han admitido cinco. ¿Por qué? Porque las normas están mañosamente redactadas para que el campesino no pueda hacer el reclamo o para que le quede muy difícil. Una de ellas exige que los peticionarios sean dueños de la finca o del predio, cuando todos sabemos que las zonas de colonización se caracterizan precisamente porque no tienen escrituras, ¿o eso no lo sabe el gobierno? En los reclamos, la policía actúa de juez y parte. Adelanta las fumigaciones de la forma como lo viene haciendo y es ella misma la que determina si hubo o no daño y cuánto vale. Es una burla para los colombianos que viven en la zona.

¿Cómo han evolucionado las normas? En forma desastrosa. La primera opinión legal que hubo en Colombia la emitió un comité de expertos en herbicidas nombrado por el Instituto Nacional de Salud en 1984, cuando se agrava el problema. Los expertos concluyen que no se debe echar ni Paraquat ni Roundup (glifosato) ni 2.4D, el famoso agente naranja de los gringos, y rechazan con especial severidad, por razones obvias, la idea de que se haga desde aviones. Lo del avión es crucial en esta discusión que estamos haciendo. Y sin embargo, se les dio vía libre.

Más adelante el gobierno nacional contrató en 1988 a la firma Ecoforest Ltda. para que diera una opinión. Ecoforest acepta que se use el glifosato, pero advierte: “Eso sí, nunca desde aviones”, y agrega: “No sobre cultivos intercalados ni en zonas de minifundio”, por el problema del efecto de deriva que hemos venido mencionando.

Vienen después unos años de trucos y astucias y, en 1992, el Consejo Nacional de Estupefacientes anunció que se iniciarían de manera experimental fumigaciones contra la coca. Después, también de manera experimental ––porque esa era la astucia––, la extendieron contra la amapola y en 1994 se anuncia contra todos los cultivos. Entonces ¿cuál es la evolución de las normas, de manera premeditada o no, doctor Sabas Pretelt? Primero, utilizar normas viejas de antes de las fumigaciones y de antes del Ministerio del Medio Ambiente para evadir las medidas obvias de protección medioambiental, sanas y sensatas, que debieron tomarse. Buscaban como rábulas a ver que inciso y que artículo de las normas viejas les servía para aplicárselo a esto, un fenómeno completamente nuevo. Para este tipo de fumigaciones, senador Manzur, se esgrimen las mismas normas que se usan para fumigar el arroz, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay otro hecho evidente, y es ver cómo va avanzando la desvergüenza en la modificación de las nuevas Resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Uno nota que al principio le van entrando como avergonzados, porque saben lo que está sucediendo, pero después se destapan hasta llegar a la fumigación de los parques naturales. Desde ya les anuncio, a propósito, que voy a terminar mi intervención mostrando una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre lo nuevo que ellos están planeando, para que vean hacia donde se están moviendo las cosas. La evolución es muy grave y la pregunta que hay que hacerse es hasta dónde van a llegar, cuál es el límite. No les funciona la estrategia, pero la tienen que hacer, y entonces vamos a ver dentro de un rato lo que están pensando.

En 1984, el Ministerio de Salud pidió un plan de vigilancia epidemiológica y en 1992 y otra vez en 1994, ratificó la petición, y esta es la hora en que el plan no se ha hecho. Llevamos 20 años bregando a que se cumpla una decisión tomada por el Ministerio de Salud en 1984 relativa al Plan de Manejo Ambiental. Desde luego que esto no se arregla con planes de manejo ambiental ni con cuestiones epidemiológicas, porque lo que se le está imponiendo al país es una monstruosidad, pero bueno, bregando a que no se vea tan mal se intentan aplicar unas normas que en algo deben morigerarla. Pues bien, en 1996 el Ministerio del Medio Ambiente pidió otro Plan de Manejo Ambiental y después de toda clase de burlas, de trucos y de astucias interpuestos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio lo tuvo que imponer en el año 2001.

Al Ministerio le tomó cinco años, pero la Dirección Nacional de Estupefacientes apeló y al Ministerio le tocó ratificarlo en el 2002. Seis años para que hubiera una norma que en algo morigerara, siquiera en el papel, los efectos de las fumigaciones. Pero además la Defensoría del Pueblo conceptúa que el Plan que se terminó imponiendo no cumple lo exigido en 1996, pues es demasiado tímido y no resuelve el problema. Hay otro pleito con una auditoría técnica exigida por el Ministerio de Ambiente. Fue pedida en el 2000, estamos en 2004 y todavía no se han podido poner a caminar las recomendaciones. Esto no arregla el problema, repito, pero sí muestra la actitud displicente, negligente, irresponsable, con que se viene haciendo la fumigación, incluso dentro de su propia lógica, como lo demuestra el que haya habido tres instituciones distintas al Consejo Nacional de Estupefacientes que han fijado posición, porque tienen legalmente el derecho a hacerlo, como son la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ––en una acción popular que está pendiente de un fallo en sala plena en el Consejo de Estado, y esperemos que los magistrados hagan honor a una actitud democrática y respetuosa de las leyes de la República––, y las tres en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Qué han dicho? Desde luego, antes de la decisión tomada por el gobierno de fumigar los parques naturales, o sea, antes de la Resolución 013, que agrava muchísimo el problema.

¿Qué han dicho? Primero, que se suspenda la fumigación aérea, porque los riesgos de daños agudos y crónicos a la salud y al medio ambiente son inmensos. No hay que ser un mago para verlo. Así de simple es la decisión que toman las tres instituciones. Conceptúan que las fumigaciones pueden producir daños crónicos tales como los efectos cancerígenos y esgrimen un principio que consagran las leyes de la República, particularmente la Ley 99 de 1993, como también los tratados internacionales firmados por Colombia, el principio de precaución, el mismo que acaba de utilizar el presidente Borja, del Ecuador, para prohibir las fumigaciones en ese país, un principio que a mi juicio constituye un avance de la humanidad. ¿Cómo se enuncia? Aun cuando no hubiere certeza absoluta y científica de que una determinada medida produce daño, si el riesgo es grande, no se toma, aplicando el criterio de precaución.

En el caso que nos ocupa, el gobierno de Colombia y el Departamento de Estado norteamericano sostienen que el Roundup no hace daño, pero hay otros muchos que creemos que sí es supremamente pernicioso. Estados Unidos tiene sus especialistas a sueldo, ¡cómo no va a tener Monsanto especialistas de sobra a sueldo que le justifiquen cualquier cosa! Sería increíble. Y Estados Unidos, el mismo que invadió a Irak con el cuento de las armas de destrucción masiva, ¡no va a tener científicos a sueldo para justificar cualquier cosa! Pero bueno, aceptemos, doctor Pretelt, que los científicos del lado de allá son tan buenos como los del lado de acá. Entonces, lo que hay es una discusión de tipo científico. Muchos científicos en el mundo sostienen que hace daño y otros que no.

Ayer me llegó por internet un documento sobre lo que parece el último efecto negativo del glifosato, senador Manzur, para que le echemos ojo en la Comisión, y es que puede disparar el crecimiento del hongo del Fusarium, tal como se halla documentado en Canadá y en Australia. Por la acción que ejerce sobre el medio ambiente, el glifosato quizá termine disparando el crecimiento de hongos perniciosos y venenosos. Pero bueno, aceptemos que se trata de un debate. Los amigos de Monsanto y del gobierno de Estados Unidos y de Colombia arguyen que el Roundup no hace daño. Un sinnúmero de científicos sostienen que hace daño, otros que no, y entonces ¿que dicen el tribunal administrativo de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo? Que en esos casos hay que aplicar el principio de precaución, un principio del sentido común.

Me pregunto qué sucedería si un padre de familia mandara a un hijo de 3 años a hacer un mandado a la esquina a comprar unos dulces, y el niño tuviera que cruzar la Séptima por allá a la altura de la 90. Es probable que él pudiera demostrar matemáticamente que dado el ancho de la calle y el número de carros no sea tan alto el riesgo. La pregunta es: ¿por qué no manda ese padre a su hijo a cruzar la Séptima? Por algo que aquí hemos llamado principio de precaución. Si yo no estoy seguro. mejor no lo hago. Es un principio clave y un avance de la humanidad. Si hay riesgo de que un agroquímico cause cáncer, así no haya certeza desde el punto de vista científico, lo sensato es no aplicarlo. Y lo mismo sucede con los demás efectos negativos que un veneno pueda acarrear sobre personas, animales y otras plantas.

La Defensoría del Pueblo insiste en otro principio clave, el llamado principio de discriminación positiva. Y es que esos compatriotas que están allá en una actividad ilícita y penalizada por las leyes de Colombia no pueden ser tratados como hampones, porque no lo son. Dónde está la ley de Colombia que estipula que al que siembra coca lo pueden fumigar como una cucaracha. Dónde está la ley de Colombia según la cual, si yo siembro aquí coca y amapola, me pueden quitar el platanal que tengo al lado, cuál es la norma, no existe. La Defensoría afirma entonces que es algo elemental de la democracia el que se discrimine positivamente a esos compatriotas, a quienes no podemos ver como unos hampones, porque no lo son. E insisto en la idea. El cultivador de coca y amapola es un campesino laborioso que se puso por fuera de la ley porque las circunstancias sociales lo obligaron a ello, al igual que al vendedor ambulante, también penalizado por las normas y que tampoco es un hampón.

¿En qué consiste el principio de discriminación positiva? En reconocer que esos compatriotas, más que beneficiarios, son víctimas del negocio, víctimas a los cuales los ha sometido la sociedad.

Contraloría, Defensoría y Tribunal de Superior de Cundinamarca, tres entes supremamente respetables que pertenecen a la estructura del Estado, se han puesto de acuerdo, porque esto de fumigar viola varios artículos de la Constitución Nacional, viola el Código de Recursos Naturales, viola la Ley 30 de 1986, viola la Ley 99 de 1993 y viola el Decreto 1843 de julio 22 de 1991, una condena anterior a la fumigación de los parques, porque lo de fumigar los parques naturales ya es, como se dice coloquialmente, la tapa del congolo.

Una mención muy breve a la importancia de los parques. Colombia es un país de una biodiversidad maravillosa, un recurso descomunal allí en nuestras manos. Si proporcionamos con el área, probablemente sea el país más biodiverso del mundo y esto no son cuentos de hippies, porque en la biodiversidad de nuestros parques naturales podría estar la cura del cáncer o del sida y las fumigaciones podrían terminar con ese aspecto de la vida. Colombia es en el mundo uno de los países principales en especies animales y vegetales que solo existen aquí, y eso es lo que se está queriendo fumigar.

Esta batalla la hemos ganado hasta donde va de aplazar las fumigaciones y espero ganarla en la norma, que la norma cambie por lo menos en lo que tiene que ver con parques, porque realmente es un descrédito para los colombianos padecer un gobierno que sea capaz de aceptar las fumigaciones de los parques naturales. Es una vergüenza universal, doctor Sabas Pretelt, habérseles pasado siquiera la idea por la cabeza. Pero ahora se nos dice, no, ahí están los bandidos sembrando coca y haciéndoles daño a los parques. Y es verdad. Estamos en contra de que en los parques se siembre coca y cualquier otro cultivo, porque no se debe sembrar nada.

Esa no es aquí la discusión. Muchas personas dañan el medio ambiente de los parques cuando siembran coca, pero eso no autoriza al gobierno a replicarles causando todavía más daño, porque el gobierno no puede asumir la actitud del delincuente para perseguir al delincuente. Este es un principio de la civilización que nadie lo puede desconocer o caemos en la barbarie, en la vieja ley del talión de ojo por ojo diente por diente.

Hay un último aspecto, probablemente el más grave. Es vox populi que no son decisiones soberanas del gobierno de Colombia ni la política antinarcóticos ni en especial las fumigaciones. Colombia es el único país del mundo que fumiga desde aviones. Estados Unidos es el primer productor de marihuana en el mundo, y yo pregunto: ¿en Estados Unidos, las autoridades fumigan desde aviones los cultivos de marihuana? Por supuesto que no. ¿En Estados Unidos fumigan desde aviones los cultivos de marihuana que hay en los parques naturales? Por supuesto que no. Pero aquí sí fumigan desde aviones los cultivos ilícitos, como una imposición de Estados Unidos que se remonta a los años 1971 y 1972. Después, en 1973, Nixon declara la guerra contra las drogas, y Estados Unidos la convierte en un asunto de seguridad nacional. El mundo debe temblar cada vez que a los gringos se les ocurre decir que un tema cualquiera es de seguridad nacional, porque es una especie de doble cero, como el de James Bond, que le da licencia para todo. Cuando el gobierno de Estados Unidos afirma que un asunto cualquiera es de seguridad nacional, vale todo, hasta invadir, como acaba de hacerlo en Irak para robarle el petróleo.

La política antidrogas que se viene aplicando en Colombia no es una recomendación de aplicación voluntaria. No, aquí existe un sistema de certificaciones. Si Colombia no hace lo que el gobierno de Estados Unidos quiere en lucha antinarcóticos, Washington mueve sus fichas para paralizar los créditos de Colombia ante las agencias internacionales de crédito. Esto se monta es pistola en mano. Aquí estamos sometidos a una extorsión del gobierno de Estados Unidos. El ATPA, hoy Apdea, concedió unas preferencias arancelarias a las exportaciones colombianas, condicionadas a que Colombia aplique la política antinarcóticos trazada por Estados Unidos y bautizada como Plan Colombia. Pero el Plan Colombia, senadores, no comprende tan solo el campo de los narcóticos, no es solo aviones y fusiles, sino también pensiones, privatizaciones, sueldos, todo. El Plan Colombia contiene un párrafo, no me canso de repetirlo, donde se establece que no importa que las importaciones acaben con el sector agropecuario. ¿Por qué? Nuestro país, afirma el Plan Colombia, tiene como alternativa la especialización en cultivos tropicales, lo he leído en esta Comisión más de una vez. No solo nos desbaratan, no solo nos imponen la política antinarcóticos, sino que nos imponen una política agraria que es en buena medida el fundamento del problema de coca y amapola que padecemos. El ALCA y el TLC también nos están condicionando a lo mismo. Es tanto el sometimiento de Colombia, que hay una enorme desproporción. Ellos se soplan el bazuco allá, se corren las líneas de cocaína allá, y nos fumigan aquí. Ellos se quedan con la plata allá y los muertos los ponemos nosotros aquí. ¡Es una cosa como de locos! Es la desastrosa realidad a la que estamos sometidos.

Como muchos colombianos de las más diversas concepciones políticas y filosóficas estamos unidos en la idea de que fumigar los parques naturales es la tapa del congolo de toda la política antinarcóticos de Estados Unidos, miren ustedes lo que dice el editorial de El Tiempo del 14 de marzo de 2004, para que vean que no son cuentos del Senador Robledo esta idea de que la fumigación de los parques es una monstruosidad. Lo que El Tiempo recomienda es que se haga erradicación manual y que se le den alternativas a los campesinos, en otros términos, lo obvio, lo democrático, aquello en lo que se pone de acuerdo cualquiera. Pero miren lo que termina concluyendo el editorial de El Tiempo. Blindar los parques sin fumigarlos sería anteponer a Estados Unidos, por una honrosa vez, el interés nacional de un país con el segundo patrimonio ambiental del planeta. No fumigar los parques, dice El Tiempo, sería poner como principal el interés nacional de Colombia, por una honrosa vez, frente al interés de Estados Unidos.

Esto que digo molesta a mucha gente, particularmente a los gringos y a sus socios menores y comisionistas. Pero, doctor Sabas Pretelt, alguien tiene que atreverse a denunciar que el rey anda desnudo y que utiliza un lenguaje procaz y que manda la mano donde no la debe mandar. Esto es una realidad. Si no partimos de los hechos, no vamos a poder arreglar, de ninguna manera, los problemas del país.

Me refiero en seguida a una cuestión de táctica, porque este problema es en cierta medida un problema militar. ¿Cuál es la situación? Estados Unidos está localizado aquí en Colombia y en otros cincuenta países donde se pueden producir cultivos ilícitos y narcotráfico se puede hacer en 150 países. En un mapa cualquiera, uno miraría a Estados Unidos como una víctima de todos los demás países del mundo, diría el presidente Bush, todo el mundo echándole hacia allá cocaína y heroína. Y lo curioso es que el eje de la política norteamericana no consista en blindar las propia fronteras, el espacio geográfico menor, sino que prefiera regar la guerra por el mundo entero intentando controlarlo y abarcarlo todo.

Seguramente me va a replicar el doctor Sabas Pretelt en sus explicaciones que la idea es acabar con la coca y la amapola en Colombia, así esos cultivos se vayan para Perú, para Ecuador o para el África o para el Asia. Digamos que ese sería un criterio poco amistoso con los vecinos. Presionemos la bomba aquí para que el problema se vaya para otro lado. Bueno, uno diría, pensando con la racionalidad del doctor Londoño Hoyos, que si la estrategia tuviera éxito ––y no creo que lo tenga, pero vamos a suponer que sí ––, nos resolvería el problema a nosotros. La pregunta es: ¿y eso en qué les resuelve el problema a los gringos? Para efectos prácticos, si es verdad que están en una guerra contra las drogas, a los gringos los debería tener sin cuidado si la droga llega de un sitio o de otro, porque finalmente el problema es del consumo de sus ciudadanos.

Hay entonces una pregunta que insisto en hacer: ¿por qué los gringos aplican la estrategia más absurda de todas, la de salir a perseguir el flagelo en 150 países diferentes, en vez de concentrar la interdicción en el narcotráfico que ingresa a las propias fronteras, cuando ellos cuentan con el principal ejército, la principal aviación y la principal armada del mundo para hacerlo? Entonces con franqueza les digo que yo no creo, por todo lo que he dicho, que de verdad sea cierto que exista una guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno norteamericano encaminada a resolver ese problema, incluso, en su propia lógica. No creo que exista y no les puedo creer a las autoridades norteamericanas, porque es demasiado inconsistente. Entiendo lo que está sucediendo más como un pretexto para poder intervenir en Colombia, Perú, Bolivia y en todas partes e imponernos lo que se les dé la gana. Ya nos anunciaron que van a doblar el número de militares gringos en Colombia y esos no son juegos. Lo que ocurre es que el país se ha ido acostumbrando al intervencionismo norteamericano. No es un juego, pues ¿qué es un soldado? Una persona armada para defender el interés nacional de la bandera que juró defender. Un soldado gringo en el territorio colombiano llega a defender por sobre todo los intereses de la bandera norteamericana. Y ahora anuncian que nos van a doblar el número de soldados y el país ni se conmociona.

Entonces al final, aquí lo que necesitamos es una política que no fumigue los parques, que no envenene el medio ambiente ni a los colombiano ni a las plantas ni a los animales, una política que haga erradicación manual, que les dé alternativas, sustitutos agrícolas, a quienes están metidos en cultivos ilícitos. Pero, por sobre todo, necesitamos una política soberana. No le podemos entregar la decisión, como se viene haciendo, doctor Sabas Pretelt, al gobierno de Estados Unidos.

En el debate que probablemente adelantaremos el senador Merheg y yo esta noche, en la Plenaria del Senado, sobre ALCA, TLC y agro, vamos a ver cómo la política agrícola que nos va a imponer Estados Unidos consiste en que Colombia debe renunciar a cultivar cereales y todo aquello que no sea tropical. Y aquí hago una ironía, porque el principal cultivo tropical y el único rentable, que es la coca, ¡vienen y lo fumigan!

Por último, la denuncia que les anuncié desde el principio, lo más grave de todo. En 1999, por una recomendación de la ONU, que hay que repudiar y que avergüenza a las Naciones Unidas, y que fue auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, se intentó fumigar en Colombia la coca y la amapola con el hongo Fusarium oxysporum. Fue un escándalo de la madona en Colombia y en el mundo. Si fumigar con Roundup es un horror, fumigar con un hongo, eso si ya es la locura, porque los hongos por definición mutan a una velocidad inmensa. Puedo echar un hongo aquí y en cosa de horas se me vuelve incontrolable, y más en un ambiente tropical como este, complejo y poco estudiado. La propia EPA de Estados Unidos aclara que cuando ellos hablan de glifosato lo hacen en referencia a Estados Unidos, pero que no saben qué pasa en las zonas tropicales. Bueno, se formó un polvero y ¡claro! les tocó meterse el rabo entre las piernas y echar para atrás la fumigación con el Fusarium. Como sería el tierrero que protestó hasta el Ministerio de Medio Ambiente.

Aquí tengo en mi poder, doctor Sabas Pretelt, y usted lo debe saber, una carta de doña Deborah McCarthy, Subsecretaria Encargada de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimientos de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos ––y al Departamento de Estado lo llaman algunos el Ministerio de Colonias–, una carta dirigida al embajador colombiano en Washington, Luis Alberto Moreno, en la que le pide su colaboración en el esfuerzo por informar mejor a los funcionarios del gobierno de Colombia sobre los avances en las investigaciones y desarrollo del uso de micoherbicidas contra cultivos ilícitos. Micoherbicidas es como los agrónomos llaman a los hongos. La carta es de octubre 3 del 2003, o sea, es un pleito nuevo.

Dice que el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara ha alentado al Departamento de Estado para que trabaje con el gobierno de Colombia en la investigación y desarrollo del uso de micoherbicidas contra los cultivos de coca y amapola. Dice que en este verano, o sea, hace poco menos de un año, la embajada de Estados Unidos le preguntó al presidente Uribe si estaba interesado en usar micoherbicidas contra los cultivos ilícitos en Colombia y el presidente Uribe explicó que estaba dispuesto a aprender más, y le pidió al Departamento de Estado que instruyera a sus expertos del Instituto Colombiano de Agricultura, ICA. ¿Qué es lo que estamos denunciando? Doña Deborah McCarthy le manda una carta al embajador Moreno en que le dice que los gringos están interesados en resucitar el programa de micoherbicidas, que eso ya la embajada norteamericana se lo dijo al presidente Uribe de Colombia y que el presidente Uribe contestó que estaba interesado en aprender más sobre el asunto, y que entonces invitaran a unos funcionarios a Washington para ver como hacían eso.

Tengo otra carta en mi poder, y por eso digo, doctor Sabas Pretelt, que usted debe saberlo, firmada por el embajador Moreno y dirigida al Ministro del Interior y de Justicia, en que le echa el cuento y le dice que por favor mire a ver cómo el gobierno escoge los expertos que vayan a Estados Unidos a que los catequicen sobre micoherbicidas.

Además, la funcionaria del Departamento de Estado, según lo revela Moreno, pide que se incluya a funcionarios involucrados directamente en la toma de decisiones de la política en materia de lucha contra las drogas y que no sean expertos en estos asuntos.

A mí me parece demasiado grave, doctor Sabas Pretelt, primero, que los gringos intenten nuevamente fumigar con micoherbicidas, porque aun cuando la misiva está redactada en lenguaje diplomático, no hay que ser un zorro para saber qué es lo que se está moviendo aquí. Los gringos están moviéndose, senadores y colombianos, para de nuevo intentar fumigar la coca y la amapola de Colombia y de la zona amazónica con micoherbicidas, hongos de altísima peligrosidad.

Lo segundo que veo demasiado grave es que se lo plantean al presidente de Colombia y el mandatario de los colombianos no rechaza de plano la propuesta, como debió hacerlo de modo categórico. Porque aquí no hay que ser especialista en medio ambiente pasa saber que fumigar con hongos escapa a todo control y es jugar con candela de verdad. Pero el presidente de Colombia no rechaza de plano la propuesta y el asunto sigue caminando. Entonces el Departamento de Estado le manda carta al embajador Moreno, que también camina sobre el asunto y le envía otro mensaje al doctor Sabas Pretelt de la Vega. Insisto en advertir sobre la gravedad de la denuncia, que confirmar la pregunta con la que empecé el presente debate: ¿hasta dónde van a llegar, cuál es él limite? Y si no le funcionan los hongos, en una estrategia absolutamente fracasada, ¿qué se van a inventar?

Termino entonces, ministro, senadores y colombianos, insistiendo en la gravedad de lo que está ocurriendo y en la importancia de que Colombia persiga los cultivos ilícitos mediante criterios soberanos que permitan la erradicación manual y la política de cultivos alternativos. Quiero declarar que no estoy planteando cosa distinta a que se cumplan las normas de Colombia en lo que tiene que ver con el problema que nos convoca hoy.

E insisto en que a los micoherbicidas, a los hongos, les cortemos el vuelo antes de que arranque la fumigación. Les hago un llamado muy cordial en tal sentido a los senadores y a los colombianos, como también a las organizaciones ambientalistas de Colombia y del mundo, para que empecemos desde ya una movilización general, civilizada, democrática, hasta obtener dos garantías: una, que no habrá fumigación sobre los parques nacionales en Colombia, porque la norma se deroga; y dos, que se cancelará cualquier experimentación en micoherbicidas para usar contra la coca y la amapola, porque se trata de un problema de principios. Espero que la lucha terminemos ganándola, para que definitivamente se deje de fumigar desde aviones con glifosato y otros venenos en contra de los cultivos de coca y amapola de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.

Aclaración en respuesta al senador Salomón Saade

Esta cuestión de los micoherbicidas, del uso del hongo Fusarium oxysporum, seguramente el mismo que van a utilizar, porque otros no funcionan bien, es un asunto que ya se discutió en Colombia y muy duro. Fue un debate intenso del que sin duda tuvo conocimiento el doctor Álvaro Uribe Vélez.

Sería como si alguien le dijera al presidente de la República, señor presidente, vamos a tirar una bomba atómica en el Caquetá, y entonces él respondiera que le va a ser una consulta al Ministerio de Salud a ver si eso puede producir daño. De ese tamaño es el problema.

Pero bueno, más que la propia opinión de Álvaro Uribe, en la que usted y yo podemos no estar de acuerdo, sí nos podemos poner de acuerdo en algo muy grave: el que el Departamento de Estado de Estados Unidos está arriando nuevamente la idea de fumigar con hongos el territorio nacional. El hecho es de una gravedad apenas similar a la comparación que hago de la bomba atómica, y no es una exageración. Cuando estamos hablando de hongos, hablamos de amenazas extremadamente graves, porque un hongo fuera de control puede desatar una destrucción descomunal de las especies vegetales y animales en Colombia.

Sobre el tema hay cosas que son escalofriantes. Los hongos, senador Saade, son un instrumento de la guerra biológica. Se han estudiado en el mundo como armas de guerra, como armas de destrucción masiva, de guerra, porque, para poner un ejemplo, usted puede coger un hongo y arrojarlo sobre los trigales de Estados Unidos y acabar con la producción de trigo en ese país. Estamos hablando de amenazas mayúsculas. Supongo que el doctor Uribe Vélez debería disponer de esa información, pero bueno, es probable que no lo sepa. Pero pongámonos de acuerdo en una posición, así mantengamos divergencias, y es en la de unirnos todos para impedir que se adelante en Colombia la fumigación en parques naturales y la fumigación con micoherbicidas.

No se fumiga en parques y dos no se fumiga con hongos. Todo lo demás lo podemos seguir discutiendo, nos da tiempo, pero estos son dos hechos de extrema gravedad, senador Saade.

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El caso de la lora Paquita. Exportación ilegal de caracoles pala. Se redelimita reserva en Cerros Orientales de Bogotá. Ley Forestal, de Aguas y de Páramos. Privatización de servicios ecoturísticos en los parques naturales. EU presiona otra vez para fumigar parques naturales. El estudio de la CICAD-OEA. IDEA de la Universidad Nacional refuta a la CICAD. Son labriegos paupérrimos. Estrategia de fumigaciones fracasó rotundamente. EU y Colombia: descomunal desigualdad en estrategia antidrogas. Relaciones entre imperio y colonia.

Gracias, señor presidente. Empiezo saludando a la doctora Sandra Suárez, ministra de Ambiente. No sobra lamentar que el ministro de Agricultura se haya excusado, que estemos empezando sin el ministro del Interior y que, como ocurrió en estos días con el Banco de la República, su Ministerio no hubiera respondido hasta anoche el cuestionario enviado. Creo, señor presidente, que este tipo de conductas se deben mirar con seriedad. Es muy difícil hacer debates de control político si la información llega incompleta o a destiempo. Y finalmente, lamentar que la transmisión en directo de este debate, sobre la que ya estaba informada la opinión pública, se viera suspendida ayer por decisión de la Presidencia de Senado. Irá en diferido, pero no deja de ser un hecho digno de lamentar.

El debate se citó inicialmente para mirar unos aspectos del funcionamiento del Ministerio de Ambiente, pero por el camino apareció la muy alta posibilidad de que el gobierno decida fumigar los parques nacionales naturales de Colombia y hubo que adicionar la proposición en tal sentido. Lo que hace que se nos agrande el debate, senadores y colombianos. Y por el camino me encontré, doctora Sandra Suárez, con otra serie de hechos que tienen que ver con su Ministerio y que voy a mencionar aquí, no centrándome en ellos, pero pienso que es importante que el país se entere de algunos hechos que suceden allí. No se trata de sorprenderla con estos puntos. Voy apenas a dejarlos mencionados, pero pienso que sería una lástima no aprovechar este debate para mirar todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente.

El debate se divide en dos partes. Una, que enfoca lo del Ministerio de Ambiente, y otra, el problema de las fumigaciones. El primer tema tiene que ver con que, en Colombia, hay un enorme descontento entre la gente interesada en el medio ambiente por la política que el gobierno del doctor Uribe Vélez viene agenciando. Toda la política medioambiental viene siendo severamente cuestionada. Voy a empezar mirando dos casos relacionados con su Ministerio y con el Incoder, y que a mi juicio son actos de simple corrupción, a mi juicio muy graves, porque han ocurrido en la barbas de los propios funcionarios. Son casos de vox pópuli en el Ministerio y que terminan en actos de corrupción. Y dependiendo de las explicaciones que usted nos dé al respecto, doctora Sandra Suárez, concluiré o no pidiendo su renuncia. Porque una cosa es que los ministros tengan políticas generales de Estado que uno no comparta y eso es parte de la política. Y otra cosa es que en sus Ministerios sucedan cosas que no deben suceder bajo ninguna consideración. Aquí se pone la discusión en un terreno completamente distinto.

El caso de la lora Paquita

Los casos hacen referencia a la exportación de una lora ya famosa, de nombre Paquita, y con la exportación de caracoles pala, especies de fauna silvestre debidamente protegidas en Colombia. Para entender la importancia del asunto, en el mundo entero existe un acuerdo del que Colombia es signataria, que es la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, Cites, que permite hacer negocios en el mercado internacional con esas especies, siempre y cuando se cumplan unos requisitos muy especiales. Hay algunos casos en que no se puede hacer definitivamente comercio. Son especies de la vida silvestre en muchas ocasiones en peligro de extinción o por lo menos seriamente amenazadas. Por ello es un negocio tan controlado como supremamente lucrativo. Pero además es un negocio en el que la corrupción marca unas diferencias descomunales. Quien logre, en este negocio, corromper o violar impunemente las normas, por supuesto que hace unas ganancias supremamente grandes. Entonces es un negocio lícito si se hace de acuerdo con las normas del Cites, e ilícito por fuera de esas normas. Este es el primer hecho que voy a destacar. Se trata del negocio clásico en el que quien logra violar las normas dispara sus utilidades. Por lo mismo, los riesgos de corrupción son enormes.

Si por negligencia o errores del gobierno de Colombia y particularmente del Ministerio de Ambiente, que es el que representa a Colombia ante Cites, se toman decisiones indebidas o negligentes o equivocadas o corruptas, Colombia puede terminar sancionada. Sanción que consiste en prohibirle exportar especies silvestres por un tiempo determinado. Y, no hay que olvidarlo, Colombia recoge unos dólares importantes de esas exportaciones de la vida silvestre.

¿Cuál es el caso de la lora Paquita? Alguien me preguntaba, cómo, ¿usted va a hacer un debate sobre una lora? Y alguien me ayudó en la argumentación: si eso pasó con una lora, ¡que no pasará con asuntos de mayor importancia! Fíjense entonces en la relatividad del hecho. El debate cobra importancia porque lo que estamos mirando no es el problema de un solo espécimen, sino examinando cómo se manejan las cosas en el Ministerio del Ambiente.

Esta historia de la lora la conocimos los colombianos por un artículo de casi media página en el periódico El Tiempo, el 16 de enero de 2005, en el que se contaba cómo algún diplomático de algún país de las Antillas, al terminar su misión diplomática, había intentado sacar de Colombia una lora hacia su país. Y que cuando intentó tramitar el permiso para sacar su lora, la famosa Paquita, se encontró con que en el Ministerio le habían hecho una serie de exigencias legales que él no había podido cumplir. El artículo se escribe en el momento en que, por tal motivo, está varada la salida de la lora. Faltaba particularmente obtener el Cites, el permiso sine qua non. Por la crónica se sabe que el diplomático compró la lora de buena fe, una compra ilegal pero de buena fe. La compró en el Caguán, en algún viaje que él hizo por allí. La lora estaba en el Batallón Cazadores y él la adquirió en marzo de 2000. Queda claro cómo sucedió el asunto. El embajador se encuentra una lora en el Caguán y la compra. Y cuando va a regresar a su país de origen, tramita un permiso para salir con su lora, pero el asunto se le enreda porque hay que cumplir una serie de requisitos legales.

En febrero 14, otra vez El Tiempo le gasta al caso un buen tamaño, y titula el artículo “Paquita voló del país”. Hasta aquí todo marcha bien. Pero el 27 de febrero, el doctor Gonzalo Andrade, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, y quien había trabajado en el Instituto de Medio Ambiente como director de ecosistemas, publica un artículo en el que se pregunta: ¿cómo salió Paquita del país? ¿Qué pasó con las normas legales al respecto? Y llama la atención sobre otro hecho grave ocurrido en el Ministerio de Ambiente simultáneamente, el de la exportación indebida de caracoles pala, que vamos a mirar después.

Cuando hacemos la indagación y le pedimos al Ministerio que nos explique cómo hicieron para cumplir las normas para sacar la lora, nos encontramos con lo siguiente: resulta que el Cites que expide el Ministerio lo firma el doctor Leonardo Muñoz, último director de Ecosistemas, apoyado en una resolución de la Corporación Regional del Amazonas, Corpoamazonas, en cuya jurisdicción se encuentra el Caguán. En el documento se afirma que se entregó la mencionada lora Paquita al diplomático que estaba intentando sacarla del país, como secuestre depositario. Dice Corpoamazonas que la solicitud de custodia de la lora se la hicieron el 20 de diciembre de 2004, y que el 27 de diciembre expidió la resolución que permitía sacar al ave en mención. Por las fechas, es evidente que alguien está mintiendo, porque no casa la historia que está certificando Corpoamazonas con la que el diplomático cuenta en el periódico El Tiempo. La resolución dice que los animales serán llevados por el custodio desde San Vicente del Caguán hasta Bogotá. No, el animal estaba en Bogotá desde el año 2000. Corpoamazonas se obliga a hacer entrega de los animales al secuestre mediante la firma de las partes. Pero resulta que en el documento no aparece la firma del secuestre a quien se le entrega la lora, firma que es uno de los requisitos exigidos por la ley. Afirma también Corpoamazonas que la entidad se obliga a realizar visitas de control y seguimiento, y es obvio que si la lora va a salir del país, no puede haber visitas de control y seguimiento. Y, por último, la firma que aparece en el documento es un garabato ilegible.

Sobre todo esto quiero llamar la atención, porque atañe a la legalidad del asunto. Y quiero insistir en un punto específico: el permiso de los Cites es clave, porque cualquier hecho que viole el Cites le abre el paso a la corrupción.

Lo que se afirma es que la lora la decomisó Corpoamazonas, y que una vez decomisada se la entregó al secuestre, cosa que sabemos no es cierta. Pero además no se adjuntan unos certificados que ha debido adjuntar Corpoamazonas: primero, la diligencia del decomiso, la diligencia de la sanción, documentos que deberían constar para poder expedir el Cites. Y aclaro que para poder sacar la lora Corpoamazonas había tenido que nombrarlo era de tenedor oficial. Cuando el escándalo estalla, porque se convierte en un escándalo dentro del Ministerio, va a suceder una de las cosas que a mí más me perturban, y es que el 7 de marzo se le informa al grupo de control interno disciplinario del Ministerio que se extravió el expediente de la exportación de la lora. ¡Oportunamente extraviado! Inmediatamente después que empieza el ruido en la prensa del país sobre lo legal o ilegal de la exportación de la lora, se extravía el expediente. Y nos dice la señora ministra en las respuestas al cuestionario que el expediente sigue extraviado. Cosa supremamente grave, porque sin el expediente se le vuelve muy difícil a la Procuraduría adelantar la investigación para saber exactamente qué pasó.

Ahora el Ministerio nos va a decir aquí que, simplemente, ellos cumplieron, porque Corpoamazonas certificó el asunto y ellos, sobre esa base, se limitaron a expedir el Cites. Pero realmente no fue así. Ya hay sanciones que han hecho los organismos de control sobre el Ministerio de Ambiente en un caso anterior, hace un tiempo, de unos chigüiros, en que por proceder de esa manera fue sancionado el Ministerio. Porque el Ministerio debe observar la legalidad con el mayor rigor o no de los papeles que se le envían. Y más en un caso como este, en el que la señora ministra sabía muy bien de los enredos que estaban sucediendo. Tan sabía, que en el Canal Capital, el 15 de febrero, ella dice que la lora salió del país cumpliendo todos los requisitos mediante un trámite muy riguroso. Y por supuesto, ello no es así. Pero además, también lo sabía, porque la exportación de la lora se volvió un asunto, y así lo anota el periódico El Tiempo, de intrigas de ex ministros, de ex presidentes incluso. A mí la idea que me queda es que usted, señora ministra, fue por lo menos negligente en el caso que estamos debatiendo y que el Ministerio, a mi juicio y sin ninguna duda, terminó expidiendo un Cites que no podía expedir y cohonestando con una manipulación informativa hecha por Corpoamazonas, y que repito, viola de manera flagrante los trámites legales.

Exportación ilegal de caracoles pala

¿Cuál es el caso del caracol pala? Bien parecido. En febrero de este año, el mismo don Leonardo Muñoz Cardona, director de Ecosistemas del Ministerio, expide un Cites autorizando exportar un caracol, cuando se había dicho desde el año pasado que en 2005 no se podían exportar caracoles, una decisión legalmente sustentada por las autoridades pertinentes. ¿Cómo permite el Ministerio de Ambiente esa exportación? El subgerente de pesca y acuicultura del Incoder, doctor Carlos Mosquera, autoriza a Antillana, una firma que dirige el doctor Martín Echavarría, para hacer una exportación de 29 toneladas de caracol pala, en cifras redondas. Advirtamos que, por estar en serios peligros, el caracol pala es una especie cuya exportación está bajo control. Aduce el Incoder que es una exportación de 29 toneladas de unos inventarios del año 2003. ¡Ojo con la fecha! En diciembre de 2004, Incoder autoriza una exportación de caracoles que estaban en bodega, se supone, desde 2003. A partir de esta constancia, el Ministerio entrega el certificado Cites.

Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno empieza a mirar con detenimiento, descubre que la autorización del Incoder para exportar el caracol pala se hace violando las normas legales. O por lo menos, con movimientos muy sospechosos, cuya ilegalidad o legalidad tendrá que establecerla la Procuraduría. Creo que son abiertamente ilegales. ¿Y por qué estoy aseverando que esa exportación no se podía hacer? Porque en diciembre de 2003, el Incoder había certificado expresamente que la empresa Antillana solo tenía en bodega 5 toneladas de caracoles pala. Y el 6 de febrero de 2004 había ratificado que Antillana solo tenía en bodegas 5 toneladas de caracoles. ¿De dónde salen entonces las 29 toneladas de caracoles que está autorizando el Incoder en diciembre de 2004? Este es el problema del millón y, como lo voy a demostrar más adelante, lo sabía el Ministerio de Ambiente.

Se amparan los funcionarios del Incoder en que el 26 de noviembre de 2004, un funcionario del Incoder certifica que hay 29 toneladas de caracol pala en las bodegas de Antillana en Cartagena. Pero en ninguna parte dice el funcionario, doctores del Incoder y señora ministra, que fue caracol de 2003. Ese caracol podía haber sido pescado en el mismo año 2004 violando las normas, como vamos a ver más adelante, que prohibían hacer esa pesca exagerada. Luego es clarísimo que los funcionarios del Incoder, el doctor Carlos Mosquera Arango y después el director encargado para este efecto, el doctor Argiro de Jesús Ramírez Aristizábal, subgerentes de pesca y acuicultura del Incoder, hacen una certificación que no se corresponde con la realidad que ellos mismos habían certificado.

El Ministerio me va a replicar lo mismo: que el Incoder certificó y que nosotros, ante la certificación del Incoder y presumiendo la buena fe y la legalidad de los actos de los funcionarios públicos, simplemente expedimos el permiso Cites. ¿Pero cuál es la historia? Que el fraude de esta exportación venía desarrollándose desde junio de 2004. No les voy aquí a leer cada aspecto en detalle para no hacerme muy largo. Pero sí lo siguiente: el 4 de junio de 2004, funcionarios del Minambiente que estaban cumpliendo con sus deberes les comunican al Incoder y a los industriales que la cuota de exportación está agotada. El 3 de agosto, mediante derecho de petición, el Incoder le pide al Ministerio que le certifique cómo van las exportaciones, porque ni siquiera lo sabía, y le certifica lo que estoy diciendo. El 5 de agosto, la procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios de San Andrés Islas deja de nuevo establecido que la cuota de exportación está agotada. Al día siguiente, el Comité Ejecutivo de Pesca dice que la cuota para 2004 está agotada, que no se puede pescar más caracol pala a lo largo de ese año. El 2 de diciembre, es decir, solo cuatro días antes que el Incoder certifique cómo crecieron mágicamente los inventarios en las bodegas de Antillana, como por generación espontánea, la Procuraduría hace constar: “Estima improcedente esta Procuraduría cualquier solicitud de legalización de producto sobreexplotado” y que “por consiguiente, lo que se espera del Incoder es que inicie las acciones administrativas sancionatorias en los términos de la Ley 13 de 1990 y su Decreto Reglamentario”. ¿Qué es lo que hay aquí? Un caso de alcahuetería, por lo menos, del Ministerio del Medio Ambiente o de funcionarios del Incoder, funcionarios que son delegados de la ministra, frente a una actuación abiertamente indebida de funcionarios del Incoder que estaban autorizando algo que no se podía autorizar. Lo anterior viola la ley 13 del 90, o Estatuto de Pesca, la ley 99 del 93, la ley 17 del 81 e incluso el Código Penal en sus artículos 328 y 413. Y esto es vox pópuli en el Ministerio de Ambiente e involucra a funcionarios delegados por la ministra para que supervisen este tipo de acciones.

Se redelimita reserva en Cerros Orientales de Bogotá

Vamos a mencionar una serie de hechos que han venido sucediendo en el Ministerio y sobre los cuales probablemente tengamos que hacer otro debate en los próximos días, hechos que han causado escándalo en el país, según consta en editoriales del periódico El Tiempo. Primer caso que menciono, el de los Cerros Orientales, una reserva forestal que decreta el Inderena en 1976. De esa reserva quedó pendiente por hacerse el registro de la reserva. Qprohibido construir en esos cerros y se ordenó registrar esa reserva en las oficinas de registro, precisamente para evitar que se violara la ley. Pero el trámite nunca se hace. En el año 2001, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordena al Minambiente que haga el registro de la reserva. En agosto de 2004, la Corte Constitucional le ordena a Minambiente que haga el registro de la reserva. Y el 14 de abril de 2005, el Ministerio saca una resolución que redelimita la reserva de los bosques orientales, toda esta zona de los cerros de Bogotá, una de las zonas más costosas de Bogotá, pero no la registra. No la registra, repito, pero sí le cambia la forma a la reserva, reduciendo en 973 hectáreas el área y legalizando una serie de ocupaciones ilegales que allí había.

El hecho es tan escandaloso que el periódico El Tiempo, en su editorial del 5 de mayo, denuncia que la decisión del Ministerio “levantó en un zigzag inexplicable la reserva forestal hasta una cota de cien metros en algunas áreas y le quitó 973 hectáreas”. Agrega: “Deja abierta la posibilidad de que se eche abajo centenares de miles de árboles en las hectáreas que todavía no han sido intervenidas” y, en una actitud amable, el editorialista dice que “a lo mejor la ministra prefirió deshacerse de la pelota” y pasársela al alcalde de Bogotá. Pero el hecho de fondo que estoy señalando es que esa decisión le echó al bolsillo una suma descomunal de dinero a unos cuantos colombianos que tenían ocupados muchos de esos predios. Ese es el resumen del asunto, que abre la posibilidad de que otras zonas supuestamente protegidas se pierdan con una simple decisión, la de modificar los límites de las mismas.

Ley Forestal, de Aguas y de Páramos

Viene caminando por el Congreso de la República, ya pasó por esta Comisión Quinta, aquí ya se aprobó en una sesión en la que yo no estuve porque me encontraba fuera del país, el proyecto de ley forestal. Otro punto supremamente grave. Voy a leer lo que dice Manuel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente y hoy presidente del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques, una autoridad en la materia. Dice: “Leyes similares al proyecto aprobado en segundo debate por el Senado de la República (…) fueron precisamente las que generaron el arrasamiento e irreparable destrucción de enormes extensiones de selva tropical del Sudeste Asiático por parte de las grandes multinacionales madereras en corto período de tiempo. Esos inversionistas dejaron un paisaje de destrucción y de pobreza, y ahora buscan nuevas oportunidades madereras en la América tropical. Precisamente en el proyecto de Ley colombiano brillan por su ausencia las condiciones de conservación, uso y aprovechamiento del bosque natural y demás elementos necesarios para blindar el país contra la incursión de grandes empresas explotadoras de madera que cuentan con un negro currículo en materia de destrucción de los bosques. ¡Y ya fue aprobado, con esas características, en segundo debate por el Senado de la República”. Estas son palabras mayores, senadores. Claro que aquí dirá la ministra que eso no es ella, sino el Congreso de la República. No, no es tan fácil, porque si bien es cierto que el que aprueba es el Congreso, todos sabemos que el gobierno nacional, el uribismo, es mayoría en esta corporación. Y aquí no se aprueba nada sin el permiso del Presidente de la República. Y también todos sabemos que cuando hay un proyecto de ley que no le gusta al gobierno, y eso lo conocen bien las gentes del común, hacen hasta lo imposible para hundirlo. Luego espero que con esa explicación el Ministerio nos diga si esta defendiendo o no este proyecto.

Hay otro proyecto también muy grave, al que llamaría de la privatización del agua. Inicialmente no se presento así, pero ahí va. Que en la exposición de motivos dice que apunta a “orientar la planificación y administración del recurso hídrico en el territorio nacional”. Tiene origen en un documento Conpes, el 3343, que da los lineamientos y estrategias del desarrollo sostenible. Y dice el Conpes que se financiará con un crédito del Banco Mundial, cosa que no debe sorprendernos. En el numeral 2, inciso 2, del proyecto de ley se habla de la eficiencia en el manejo del agua. ¿Y saben cuál es la eficiencia en el manejo del agua, senadores y colombianos? Que sea buen negocio para la empresa privada, aun cuando dice que también para el Estado. Reza el texto: “Se debe buscar la racionalidad en su asignación y uso de manera que los beneficios socioeconómicos y ambientales derivados de las políticas e inversiones públicas y privadas que se desarrollen sean siempre superiores a sus costos”. Un eufemismo para decir que sean negocio. Estamos hablando no de la privatización de los acueductos, que ya viene caminando desde hace rato, sino del riesgo de la privatización del agua, cosa que ya ha sucedido en otros países y que es política del Banco Mundial desde hace bastante rato.

Menciono también otra ley que está caminando y contra la que voté en esta Comisión, que consiste en decretar, de manera a mi juicio arbitraria, que por encima de 3.000 metros todo es páramo y que el que este viviendo ahí se tiene que ir. Cosa que es una desproporción, porque el páramo se debiera definir de manera precisa. Le cuento esto, ministra, uno de los páramos más importantes que hay en Colombia queda en Nariño y está en 2.800 metros, en un ecosistema especial donde queda la Laguna de la Cocha. O sea, su ley no lo protege. Pero en cambio, con este proyecto, de convertirse en ley, van a sacar a miles y miles de familias campesinas que viven por encima de los tres mil metros y que hacen explotación agrícola. No se trata de que no se protejan los páramos, pero, primero, sobre la base de proteger lo que lo sea páramo y, segundo, entendiendo que hay unas realidades sociales complejas que no se pueden despachar con métodos despóticos.

Privatización de servicios ecoturísticos en los parques naturales

Por último, antes de entrar al tema de las fumigaciones, veamos el caso que se ha llamado de la privatización de los parques. Digamos que estrictamente se trata de la privatización de los servicios ecoturísticos de los parques, para no hacer presentaciones que no corresponden. Pero, ministra y directora de parques, el hecho que se limite a los servicios ecoturísticos no hace bueno el proyecto, porque es el inicio del proceso de la privatización. Y oír hablar de privatización de parques, así sea parcial, nos impresiona mucho por razones obvias a los que medio entendemos algo de esto del medio ambiente. Es que hay una contradicción inexorable, y que no depende de la buena voluntad de nadie. La que se presenta entre la búsqueda de la ganancia y la protección del medio ambiente. Hay muchos negocios que pueden funcionar en términos más o menos neutrales, digamos, sin producir daños ambientales. Pero mezclar el negocio con el medio ambiente suele generar una contradicción que fácilmente se antagoniza. Por una razón muy simple: la ganancia es por definición un propósito del corto plazo, mientras que el cuidado del medio ambiente es por esencia de largo plazo. Entonces, este planteamiento de privatizar los servicios en los parques no deja de parecer entonces un poco exótico.

Ahora, cuando uno va y mira cuál es la racionalidad del asunto, por qué lo hacen, descubre que hay una política de recortarle el presupuesto al Ministerio en la parte del medio ambiente. Y entonces ahí se confirman las denuncias hechas hace mucho rato por numerosos ambientalistas. Ellos han insistido en afirmar que cuando se juntaron los Ministerios de Medio Ambiente y de Desarrollo, la que terminó perdiendo fue la parte medioambiental. Además, la política medioambiental del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, muy propia de la concepción política que lo orienta, somete los asuntos medioambientales a los intereses de la ganancia y el capital, lo que equivale a decir que los menosprecia. En el documento Conpes, el que da la orden de adelantar la política de privatización en tres de esos parques, el Tayrona, la Isla de Gorgona y el Parque Nacional de los Nevados, en Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas, uno se sorprende mucho porque es un documento que trata supuestamente sobre política medioambiental, y no. Versa sobre cómo hacer buenos negocios y cómo garantizar que estos operen bien.

El doctor Guhl, un amplio conocedor de estos temas, señalaba hace poco que las experiencias internacionales en este terreno son negativas. Que no resulte que el día de mañana esta medida se convierta en la puerta abierta para gravísimos destrozos, también oportunamente analizados por gentes que uno consideraría del establecimiento y a quienes les ha llamado poderosamente la atención una política que atenta contra lo que debiera ser la lógica de un Ministerio del Medio Ambiente.

Entremos aquí al galope, señor presidente, cumpliéndole a sus tiempos, y pasemos al tema de la fumigación de los parques, sin duda, por muchísimas razones, un tema de importancia nacional y que tiene que ver con el Ministerio de Ambiente, pero por sobre todo con el del Interior. Lástima que el doctor Sabas se encuentre en este momento tramitando la ley de falta de garantías a la oposición en las próximas elecciones y por ello no pueda estar por aquí acompañándonos.

EU presiona otra vez para fumigar parques naturales

Ayer la ministra del Medio Ambiente y el ministro del Interior salieron a los noticieros a machacar que no era cierto que se estuvieran fumigando los parques. Yo les hago al respecto un reclamo cordial. Nadie ha dicho que en Colombia se estén fumigando los parques. Entonces esa refutación no cabe, es una astucia para ponernos como mentirosos o por lo menos como gente mal informada. Aquí lo que hemos dicho es que hace un año los gringos y el gobierno intentaron fumigar los parques, y los derrotamos. Y estamos denunciando que cocinan nuevamente la fumigada de los parques. Y este debate lo hacemos en buena parte bregando a evitar que se haga la fumigación. Es decir, si no están fumigando no es porque no quieran, sino porque no han podido. No porque no les guste, sino porque se les han atravesado palos en la rueda. Pero el gobierno no tiene por qué hacer afirmaciones que no se corresponden con los hechos.

Veamos primero si esta preocupación que tenemos porque van a fumigar los parques es un mero invento de Jorge Enrique Robledo y de unas cuantas organizaciones de ecologistas. Veamos algunos hechos cronológicos:

11 de abril de 2004, mister William Wood, embajador de Estados Unidos en Colombia, el virrey en persona, se toma el trabajo de escribir un artículo en la revista Cambio llamando la atención sobre lo que él considera el aumento de los cultivos ilícitos en los parques. Dice que hay que hacer algo y ofrece derrotarlos.

12 de abril, o sea, al otro día, el ministro de Defensa de Colombia le concede unas declaraciones a Caracol. El titular de Caracol es: “El gobierno asegura que la legislación debe permitir fumigar los parques naturales. Según el ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, la legislación deberá cambiarse para que permita la fumigación con glifosato en los parques naturales, donde están proliferando los cultivos ilícitos”. Hasta donde vamos no nos estamos inventando nada. Alguien decía que en política nada es casual y en este caso sí que es evidente que nada es casual.

22 de abril, a los once días de haber dado el virrey Wood la orden de poner los ojos sobre el tema, gran titular de El Tiempo: “Científicos de la OEA aseguran que glifosato no representa riesgo para los seres humanos”. Y salen don Sabas y todo el mundo a celebrar el estudio de la OEA.

Esa es la realidad. Están cocinando la idea de fumigar los parques naturales. Qué le hacemos. Lo que estamos dirimiendo es si la van a poder hacer o no.

El editorial de El Tiempo de ayer rechaza categóricamente la posibilidad de fumigar los parques. Y hoy el embajador Wood, el virrey, replica en tono gruñón que cómo se les puede ocurrir eso.

El estudio de la CICAD-OEA

Detengámonos un poco entonces sobre el estudio de la OEA. Dice el embajador Wood que el estudio es de la OEA, y no, no es de la OEA. Estrictamente hablando, lo hace la CICAD, o Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas, entidad adscrita a la OEA y que es un organismo policivo. Vamos a hilar delgado. Dice Wood que el estudio fue preparado durante varios años, ¡paja!, se empezó a contratar apenas en febrero del año pasado y lo entregaron el mes pasado, o sea, no se pudo preparar por varios años. Y dice además el señor Wood: “Es difícil concebir cómo una organización internacional respetada podría recomendar la continuación de una práctica que viola los acuerdos internacionales”. Presten atención a estas palabras: organización respetada. Y es que el informe de la OEA se proponía ponerle un mascarón de respetabilidad a lo que no pasa de ser un insólito acto de barbarie.

Empecemos por mirar la respetabilidad de la OEA. El estudio lo hace la Cicad, un organismo de policía adscrito a la OEA, pero lo pagan Estados Unidos e Inglaterra, los socios del genocidio en Irak, donde no fumigan con glifosato sino con miles de toneladas de bombas de verdad y desde hace rato. Para los que hemos estudiado un poco de historia americana, es evidente que, desde que se creó la OEA, no ha habido un solo acto de agresión de Estados Unidos sobre un país de América Latina que la OEA no haya avalado. Dicho con palabras más precisas, casi que no hay acto imperialista cometido por Estados Unidos en este continente que la OEA no lo haya avalado. Entonces, la respetabilidad que aduce el embajador norteamericano hay unos que no la reconocemos.

Y qué tal la imparcialidad de Monsanto. El Ministerio de Ambiente pregona que el de la OEA fue un estudio que se contrató para hacer una investigación “independiente, objetiva e imparcial”. Para algunos, basta que lo hayan hecho unos profesores de unas universidades extranjeras y ya con eso queda demostrado que está bien. Durante 26 años fui profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia y me he movido toda la vida en la academia, más o menos a buen nivel. Y tengo que decir que en el mundo de la academia hay gente de calidades superlativas, particularmente en Colombia, gente que normalmente es maltratada por el modelo económico prevaleciente. Pero también he de anotar que en la academia hay de todo. Ese cuento de que porque fulano de tal es 7académico y científico, ya lo que sale de su boca es palabra de Dios, es una bobería que no nos la pueden presentar a gente más o menos informada. Sobran los ejemplos de científicos que producen a diario todo tipo de armas atroces, de instrumentos de tortura, de instrumentos de destrucción masiva. Ensayos científicos con seres humanos es que lo hemos visto por montones a lo largo del siglo XX. De eso está plagada la historia de la humanidad. Luego no es con argumentos de autoridad como nos van a ganar el debate, porque además, si algo repudiamos en la academia, son precisamente los argumentos de autoridad. Que alguien mande más que otro, o tenga más plata que otro, o más poder que otro, no le concede la razón. Esto es el abecé de los debates académicos.

El estudio de la CICAD lo firma el doctor Keith Solomon, sobre quien no voy a entrar en detalles. Hemos invitado aquí para que nos haga alguna explicación breve al doctor Tomás León Sicard, PhD, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, director del Instituto de Estudios Ambientales, IDEA, una persona profundamente versada en el tema y quien, con otros colegas, también PhD varios de ellos, hicieron una evaluación del estudio de la OEA. Yo no soy especialista en los niveles en los que se mueve el profesor León, pero voy a arriesgarme a explicar algunas cosas que resultan evidentes y que están planteadas expresamente en el estudio de la CICAD. Parece increíble, pero el estudio dice: si se estudian los daños sobre la naturaleza por efecto de sembrar la coca o la amapola y se comparan con los daños de la fumigación, entonces los daños de la fumigación “son esencialmente despreciables”. Lo anterior puede ser cierto o no, pero la misma comparación es una astucia despreciable, porque el que está tumbando la naturaleza para sembrar coca y amapola es un delincuente, pues actúa por fuera de la ley. Pero, se supone, el Estado tiene que atenerse a las leyes y actuar con un mínimo de respetabilidad en sus decisiones. Y por ello no es comparable una cosa con la otra. El Estado no puede asesinar al que asesina, ni parecerle despreciable que torturen porque en las cárceles de Irak torturan más. Es inaudito que unos profesores universitarios contratados por la CICAD hagan una afirmación de ese calibre. Pero además, los profesores del IDEA le asestan al estudio de la CICAD unos golpes a mi juicio demoledores y que tienen que ver con la propia metodología, con la propia racionalidad con que fue concebido.

IDEA de la Universidad Nacional refuta a la CICAD

Con plena razón, los profesores del IDEA dicen que no aceptan que el informe de la OEA se presente como ambiental. Porque el profesor Solomon lo primero que afirma en su análisis es que ellos no van a considerar ni asuntos económicos ni sociales ni políticos. Y resulta que lo ambiental es por sobre todo eso, la relación entre el medio ambiente y la economía, la sociedad y la política. Como así que se nos aparecen como los dioses de la ciencia pura a opinar al respecto y sin más ni más nos van despachando conclusiones como esa de que la destrucción de cultivos por las siembras de coca puede ser peor que la de fumigar, o en distintas palabras, que viva la fumigación y sigan procediendo de la misma manera. Los autores sacan conclusiones que no se pueden extraer de las premisas, por lo demás, en buena parte basadas en estudios indirectos. Y hay un punto que me llamó profundamente la atención y me dejó muy preocupado. Buena parte de los datos sobre la supuesta inocuidad del glifosato, un producto de Monsanto, la toman Solomon y sus amigos de investigaciones amparadas por Monsanto y hechas por el profesor Gary Williams. ¡Qué tal la imparcialidad de Monsanto!

Me contó un amigo que acaba de llegar de Estados Unidos que allí se desató un escándalo que involucra al Instituto Nacional de Salud, por estar lleno de prácticas en que las farmacéuticas y los monopolios de agroquímicos colman de regalos y canonjías a los científicos que supuestamente deben evaluarlos. Si el profesor Williams es un amparado de Monsanto, ya de entrada despierta serias sospechas. Y aquí voy a recordar cuántos años se la pasaron los científicos a sueldo de Philip Morris y de la American Tobaco demostrando que el cigarrillo no hacía daño, mientras que otros sostenían que daba cáncer y hacía daño. Son montañas de libros. Con los mismos títulos, los mismos PhD y hasta los mismos laboratorios. Entonces no nos pueden venir a ganar este debate con argumentos de autoridad.

Llaman la atención los profesores de la Nacional sobre otro hecho. Es evidente que el daño fundamental del glifosato es sobre las plantas más que sobre los animales, aun cuando a estos también les haga daño. El glifosato es un herbicida, ¡o es que ahora nos va a venir a decir Monsanto que su herbicida ni siquiera mata las plantas! El glifosato daña todo por ser un herbicida de amplio espectro. No escoge coca ni amapola. Y resulta que una de las riquezas más valiosas de nuestros parques naturales es la biodiversidad. Y dicen que profesores de la Nacional que es tan malo el estudio, que los autores del CICAD son capaces hasta de afirmar que las áreas donde se fumiga no son las principales zonas de biodiversidad del país. Estoy llegando a la conclusión de que el profesor Solomon y sus amigos tumbaron a quienes financiaron el estudio. O, mejor, cumplieron a la perfección con el propósito del estudio.

Hoy en el periódico El Tiempo hay una carta de un profesor, debe de ser colombiano, residente en Miami, en la que llama la atención sobre cómo Colombia está convirtiéndose en uno de los países del mundo con mayor mortalidad infantil, en parte relacionada con los problemas de la espina bífida. Y este médico, miembro de la Asociación Internacional contra la Espina Bífida, me escribe una carta a mi oficina en la que me pide estudiar el asunto, especialmente grave al parecer en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde, coincidencialmente, se viene fumigando desde hace décadas.

Hay otro hecho, señora ministra, que alguien le cuente al doctor Sabas cuando termine el debate. Es abiertamente ilegal fumigar los parques. Lo prohíbe la ley, y no han podido cambiarla, lo prohíben acuerdos internacionales de los que Colombia es signataria. Al embajador Wood le da mucha rabia que El Tiempo le recuerde que las fumigaciones en los parques son ilegales, pero es así, ¡qué le vamos a hacer! Y además hay normas específicas, como el Decreto Ley 2811 de 1974 y el mismo Código de Recursos Naturales y de Protección al Ambiente, artículo 334, que prohíben el vertimiento, introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas de los parques naturales. En resumen, también es abiertamente ilegal lo que quieren hacer en los parques.

Son labriegos paupérrimos

¿Cuál es el aspecto social? ¿A quiénes son a los que fumigan? A las plantas, no solo a las ilegales sino también a las legales que están al lado. A las ranas, a los microorganismos, a las especies animales, a todo lo viviente. Pero además, como los aviones fumigan sobre áreas donde los cultivos de coca se hallan intercalados con los de pancoger y con las casas de los campesinos, ¡fumigan también a los campesinos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, y los animales domésticos, las vacas, las gallinas. Aquí repito la pregunta que les hice hace un año, señores del gobierno: ¿cuál ley de Colombia permite sancionar, no solo a quien delinque, sino también a su familia? ¿No se supone que es uno de los fundamentos de la democracia jurídica que si yo delinco soy yo el que pago, pero mi familia no tiene por qué ser sancionada ni agredida? Hasta principios tan elementales se los pasan aquí por la faja, como si nada. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿puede el Estado colombiano secuestrar al que secuestra, asesinar al que asesina, extorsionar al que extorsiona? Es una lógica de ley del talión absolutamente inaceptable.

¿Por qué están allá esos compatriotas? ¿Quiénes son ellos? En esas lejanías de los parques naturales de Colombia, en buena parte áreas selváticas, no están los narcotraficantes, los traquetos, los de las bambas, y aun menos los narcotraficantes gringos, sino miles de campesinos paupérrimos, indígenas paupérrimos, jornaleros paupérrimos, en un negocio miserable que tampoco los saca de la pobreza. Porque todos sabemos que producir hoja de coca rinde mayores ingresos que otros cultivos, pero en esas lejanías los artículos de primera necesidad son tan costosos que finalmente no compensan. ¿Por qué están allí estos compatriotas? Este es un reclamo que debe hacérsele a la sociedad y al Estado colombianos. Porque nunca ha habido en Colombia una política agropecuaria que respalde a nuestros campesinos para que puedan trabajar productivamente en las zonas civilizadas. Los campesinos se van por allá es huyéndole a la miseria del centro de Colombia, que se ha incrementado desde 1990, cuando el gobierno de Estados Unidos le impuso a Colombia la apertura y el neoliberalismo y perdimos más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios y trescientas mil hectáreas de cafetales. Y a propósito de la pobreza en las zonas cafeteras, ¿saben quién fue, colombianos, el funcionario norteamericano que estuvo en Londres, en la OIC, rompiendo el acuerdo internacional del café, que tantos problemas le ha creado a la caficultura? Fue un embajador de ingrata recordación, el señor Myles Frechette. Después de romper el Pacto Internacional del Café, al tipo lo intentaron nombrar embajador en Brasil, pero los brasileños no quisieron darle el beneplácito y entonces terminó en Bogotá de embajador.

Pues resulta que un número muy grande de los colombianos que han migrado a las zonas selváticas o semiselváticas, y esto los sé porque lo conozco de cerca, por haber vivido muchos años en la zona cafetera, son campesino y jornaleros del café. Es a estos millares de campesinos pobres a quienes los están fumigando como cucarachas. ¿Usted está de acuerdo con eso, señora ministra de Ambiente? ¡Es increíble que una ministra del Medio Ambiente pueda siquiera concebir que se termine fumigando a la población! ¿Qué derecho moral, qué autoridad política tienen para tratar a esos compatriotas de esa manera? Esa es gente en la que el Estado solo piensa el día que decide fumigarlos. Mientras tanto, ¡no existen! Estuvo hace poco en mi oficina un sacerdote italiano que trabaja en esas lejanías en labores de docencia y me decía: senador, consígame un maestro que se le mida a irse para la Bocana del Caguán. Que haya regiones enteras en que falten maestros confirma que, para el Estado, esos compatriotas solo existen cuando en Bogotá se ordena fumigarlos. El Estado no es salud, no es educación, no es vías, no es absolutamente nada.

Estrategia de fumigaciones fracasó rotundamente

Además, la política de erradicar o por lo menos disminuir la coca y la amapola mediante fumigaciones aéreas fracasó, y esto si se quiere es lo peor. Pienso que fue eso lo que al embajador Wood le hizo saltar la piedra con el editorial de El Tiempo de ayer, que expresamente afirma que la estrategia es un fracaso. Veamos algunas cifras: entre el 2000 y el 2003 las autoridades fumigan 260 mil hectáreas y solo se erradican 60 mil, por problemas de sustitución, de rebrotes, etcétera. ¡Este es el súmmum de la ineficiencia! Destruyen 260 mil y erradican de verdad apenas 60 mil. En el 2004 asperjan 135 mil hectáreas y la misma CIA admite que no se redujo ni una sola. Claro que de las informaciones de la CIA qué se puede pensar, si ellos fueron los mismos sabios que dijeron que el señor Hussein estaba lleno de armas de destrucción masiva, y, de ahí en adelante, del secretario de Estado para abajo, todos los embajadores dijeron que Irak estaba lleno de armas de destrucción masiva. A ratos uno no sabe por qué la información la dan los gringos de una manera o de otra. Pero lo cierto es que la misma CIA reconoce que las fumigaciones no funcionan.

En el departamento de Nariño, cuando se inicia el Plan Colombia, había cuatro mil hectáreas de coca. Cuatro años después, y después de haberse fumigado setenta mil hectáreas a fines del 2003, había en coca dieciocho mil y, según el gobernador de Nariño, sesenta mil. Más rotundo fracaso, imposible. The New York Times, citado por Daniel Samper Pizano, anota: “‘Cinco años y 3 mil millones de dólares después de iniciar aquí la más agresiva operación antinarcóticos, funcionarios colombianos señalan que han erradicado la cifra record de un millón de acres de cocales, pero la cocaína sigue tan disponible como antes, o aun más, en las calles norteamericanas’”. Agrega que la oferta de esta droga sube, su precio permanece estable y su pureza ha mejorado. Lo mismo afirma el Financial Times: “La guerra contra la droga no ha funcionado”. Y estas son opiniones de los propios estadounidenses, no de campesinos nuestros recluidos en la mitad de las montañas. Al embajador Wood, el 18 de enero de 2004, le preguntan: ¿ha bajado el flujo de la droga? Y él responde: “No estamos seguros… No hemos visto con certeza un cambio en el mercado norteamericano”. No lo ha visto ni con certeza ni sin certeza, ese es el hecho.

Este es un debate político, económico y social, aun cuando por supuesto también es ambiental. ¿Y cuál es el problema de fondo? El consumo. El consumo de los ciudadanos norteamericanos y europeos genera un mercado y está clarísimo que mientras haya capacidad de compra y deseo de consumir drogas, va a haber producción, porque ahí están las tierras, ahí los campesinos pobres y ahí los narcotraficantes nacionales y extranjeros. No vamos a discutir aquí si se debe legalizar o no. Aceptemos en gracia de discusión que lo que hay que hacer es perseguirla. Mientras sea ilegal, el Estado, el de aquí y el de Estados Unidos tiene que perseguirla. Y surge la pregunta: la persecución ¿dónde pone el énfasis? ¿Aquí o allá? Y la persecución ¿tiene límites o vale todo? Es claro que la persecución está centrada aquí en Colombia. Lo demuestran el Plan Colombia, los aviones, la fumigación, los centenares de agentes de la CIA, la DEA y el FBI, los mercenarios del ejército norteamericano, porque el país está lleno de soldados a sueldo, además de las tropas regulares norteamericanas. Pero hay un problema, los consumidores están allá. Allá es donde se soplan las rayas de cocaína y se las soplan gentes de todos los niveles de la sociedad norteamericana, cosa que yo lamento. Ojalá no fuera así, pero ese es el hecho crudo. ¿Y el negocio al detal dónde se realiza? Allá. Todos sabemos, no voy a dar cifras para no hacerme largo, que el mejor negocio es el que tiene que ver con el transporte, no con la producción en las zonas campesinas. Es en el transporte de aquí a las fronteras norteamericanas. El negocio importante es el del menudeo, que lo hace fundamentalmente la mafia norteamericana, ni siquiera los traquetos colombianos. Tiene que haber narcotraficantes de enorme importancia en Estados Unidos, así nunca la prensa hable de ellos ni la DEA los capture, pero allá tiene que haber unos capos inmensos. Y el negocio del lavado no puede funcionar sin cómplices en el sector financiero, porque el dinero hay que moverlo por los circuitos financieros y por los paraísos fiscales, y los bancos son principalmente los estadounidenses. Con los precursores químicos tampoco se ha podido, es increíble. No se puede hacer cocaína ni heroína sin precursores de origen industrial que salen de los países desarrollados. Hasta ahora no se ha podido aprobar una legislación seria que persiga la producción y el tráfico de precursores. Y las autoridades allá tienen todos los recursos del mundo. Allá es donde está la plata. 400 mil millones de dólares al año vale el presupuesto del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Pero la estrategia hay que imponérsela es a Colombia de esta manera bárbara como la vienen imponiendo, por el desgraciado sometimiento del gobierno nacional a este tipo de políticas.

EU y Colombia: descomunal desigualdad en estrategia antidrogas

Voy a hacer un comentario que sé que va a molestar a algunos. ¿Por qué ese tratamiento de semejante calibre de desigualdad, que se expresa de una manera muy gráfica, que todos los colombianos reclaman? ¿Por qué en Estados Unidos no se fumiga la marihuana, si ellos son los primeros productores mundiales? Ni siquiera en Afganistán se fumigan desde aviones los cultivos de amapola. Colombia es el único país del mundo que fumiga los cultivos desde aviones. ¿Por qué se nos pisotea así? ¿Cuál es la relación que tenemos con Estados Unidos en este y en otros casos? Y voy a decir una cosa que sé que molesta, pero alguien la tiene que decir: padecemos una relación con un país que es un imperio y que desarrolla una política imperialista frente a sus vecinos. Y hago una aclaración antes de continuar. No tengo un pleito con el pueblo norteamericano ni con la nación norteamericana. Esa es una nación admirable, tan buena como la que más. Los aportes del pueblo de Estados Unidos al progreso de la humanidad son muy importantes. Mencionemos uno solo, evidente, la Constitución de Filadelfia. La xenofobia tal vez sea uno de los peores defectos que pueda tener un ser humano. Mi pleito no es entonces con los ciudadanos norteamericanos. Uno dice “los gringos”, pero es una manera coloquial de decir las cosas. El pleito es con los jefes de ese país, con el señor Bush y compañía, que nos imponen lo que estoy denunciando aquí, políticas contrarias a los más elementales avances de la civilización, contrarias a la democracia, verdaderas monstruosidades como estas de fumigar los parques naturales de un país. ¿O es qué no hay principios ni límites? ¿Qué mundo estamos construyendo? Uno que no tiene principios ni límites. No me sorprendería, porque ya tuvimos la desgracia de leer un artículo del ministro de Comercio, doctor Botero, en el que de una u otra manera ponía en duda si se podía o no torturar a la gente. Increíble. Con esa lógica, si no les funciona el glifosato, pues tiren uno todavía más duro en vez de hacer la erradicación manual, que es lo que se debe hacer, porque aquí no estoy defendiendo esos cultivos. Nosotros estamos por la erradicación manual. Y que no se diga que no se puede hacer, porque allá está la gente, allá viven los campesinos y los indígenas, y con ellos mismos se hace la erradicación. Tengo en mi archivo documentos de los habitantes de la Sierra de la Macarena en los que ellos se muestran dispuestos a acordar con el Estado mecanismos de erradicación manual. Piden a cambio, por supuesto, que las autoridades les ayuden a establecer plantíos de otros productos que le permitan sobrevivir y no morirse de hambre. Un reclamo perfectamente natural. ¿Sirve o no sirve el método? Las cifras del Cimci del año pasado muestran que mediante procesos de erradicación manual disminuyó en los parques naturales el área sembrada. Esas son cifras válidas. Veamos que van a decir las nuevas. Pero aun si dicen que ha aumentado, ni así se debe hacer erradicación mediante fumigación aérea.

Relaciones entre imperio y colonia

Continuando con este lío del imperialismo, mencionemos el caso del Plan Colombia. Unos dólares para gastos de tipo militar, dólares que en general se gastan allá, lo que ponemos los colombianos son fundamentalmente los muertos y los heridos y los damnificados y los empobrecidos, mientras que los fusiles, las balas, los helicópteros, el glifosato, todo se compra en Estados Unidos. Hay algo que se conoce poco: el Plan Colombia no es solo fumigaciones, como piensan tantos colombianos, ni se limita al tema de las drogas. El Plan Colombia contiene un buen número de páginas de letra menuda sobre la economía nacional. En el Plan Colombia se lee, por ejemplo, que Colombia tiene que privatizar sus empresas de servicios, que hay que hacer la reforma pensional que está en marcha, que hay que actuar en la lógica aperturista de la globalización neoliberal. Allí se puede leer toda la política económica que nos está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. El Plan Colombia presiona al gobierna nacional para que firme el TLC. Y hay un rumor grande en Bogotá, según el cual, ante los forcejeos de sectores del empresariado en contra del TLC, los gringos vienen agitando que podrían empezar a interrumpir el flujo de recursos del Plan Colombia. Hechos todos estos supremamente graves, porque no solo nos maltratan con las fumigaciones, sino que estas políticas van amarradas al subdesarrollo del país.

Voy a leerles una cita escrita en el siglo XIX y que explica cómo son las relaciones entre el imperio y sus colonias, que es en parte lo que explica por qué las fumigaciones de los parques generan tanta reacción en el exterior, por qué son tantos los demócratas de Estados Unidos y de Europa que se vienen pronunciando contra ellas y presionando al gobierno nacional para que no las haga. Miren la cita lo que dice: “La profunda hipocresía y la barbarie propias de [este tipo de] civilización se presentan desnudas ante nuestros ojos cuando, en lugar de observar esa civilización en su casa, [la del imperio] donde adopta formas honorables, la contemplamos en las colonias, donde se nos ofrece sin ningún embozo”. Lo que no se atreven hacer en Estados Unidos lo hacen en Irak o lo hacen aquí. Pero eso no le quita su barbarie. Por el contrario, diría que la agrava, porque genera un sesgo completamente intolerable.

Concluyo insistiendo en un par de afirmaciones. Queda claro, primero, que la política medioambiental del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez es un desastre, lo que no nos sorprende, porque neoliberalismo y medioambiente antagonizan. Segundo, que hay dos casos muy graves en el Ministerio de Ambiente, el uno con respecto a la lora Paquita y el otro a los caracoles pala que pueden terminar llevándome, dependiendo de lo que diga la señora ministra, dependiendo de cómo explique el asunto y de hasta donde llegan sus responsabilidades, a pedir su renuncia. Y tres, que esto de las fumigaciones en los parques definitivamente es un acto de barbarie, un acto de agresión imperialista. Ese es el nombre exacto. Un acto de barbarie que el gobierno de Colombia tolera, de una forma que los colombianos no podemos respaldar, y en un proyecto que es un fracaso, pues si lo que apunta es a acabar con los cultivos ilícitos, cada vez más se pone más en duda. Porque se hace cada vez más evidente que el Plan Colombia aparece es como un instrumento para imponernos tratados como el TLC, y para eso sí funciona.

No es cierto que la fumigación sobre los parques naturales sea un hecho, no la han podido hacer, llevan un rato largo bregando a hacerla y no han podido. Por ello concluyo haciéndoles un llamado muy especial a todos los colombianos, particularmente a los ambientalistas, a que insistamos de manera democrática, civilizada, en decir ¡no a la fumigación de los parques! ¡No a la fumigación de los parques! ¡Sistemas de erradicación manual! ¡Independencia de este gobierno frente a las imposiciones de Estados Unidos! Aunque fuera de milagro.

Muchas gracias, señor presidente.

Segunda intervención

La señora ministra en su intervención hace un balance sobre todas las cosas positivas que ella dice haber hecho en el Ministerio y descalifica de manera bastante dura la gestión de todos los ministros anteriores de ese despacho. No voy a entrar a discutirlo. Simplemente le digo que aun cuando fuera cierto que Usted ha hecho muchas cosas positivas, eso no le valida las negativas que he denunciado aquí. Porque un acierto no justifica un error. En estos asuntos el que peca y reza no empata. Con respecto al asunto de los cerros orientales de Bogotá, sonó efectista lo que usted dijo de que es algo así como haberles salvado la casa a miles de pobres de los barrios orientales. No mencionó a otros estratos. Pero la operación hubiera podido hacerla mediante un trámite autorizado por la ley que se llama sustraer de la reserva, sin necesidad de redelimitar la reserva, que fue lo que se hizo y lo que aquí estamos discutiendo. Luego no le sirve esa argumentación de los pobres para justificar lo que a mí juicio hizo equivocadamente y que en los hechos termina favoreciendo a gente distinta de esos millares de habitantes de los barrios populares.

Tengo que decirle, señora ministra, y lo lamento más si se encuentra algo incómoda de salud, que definitivamente no me satisfacen sus explicaciones ni con respecto a la lora ni con respecto a los caracoles pala. Y que en ese sentido me toca con toda cordialidad manifestarle que usted debiera renunciar, porque en esos dos casos, a mi juicio muy graves, el Ministerio no actuó como debiera. Sus explicaciones no son satisfactorias. En el caso de la lora, todos los que hemos estudiado el caso sabemos que ese Cites se expidió a sabiendas de que el certificado de Corpoamazonas que lo amparaba era un documento espurio. Eso es vox pópuli en Colombia. Usted intentó volver el asunto un chiste diciendo que había otro Cites para otra lora. Pues si eso es cierto, ese Cites lo debió haber expedido su subalterno, Leonardo Muñoz, y si fue indebido, hay que sancionarlo. Es así de simple. Y si fue legal el trámite, no hay que hablar del caso. Pero ese otro Cites en nada modifica el asunto de la lora Paquita.

En el caso de los caracoles, usted intentó con un tecnicismo explicar el asunto. Pero aquí lo que hay que aclararle al país es cómo unos inventarios de cinco toneladas se convierten en veintinueve. Este hecho no ha tenido explicación en el debate. Insisto entonces en señalarle que ambos son asuntos bien graves que debieran conducir a su renuncia. Cosa que, por supuesto, sé no va a suceder, para la tranquilidad de los senadores amigos del gobierno.

Con respecto a la segunda parte del debate, la fumigación de los parques, voy a hacer unas cuantas afirmaciones. Con una intervención efectista, el doctor Vives (Director de estupefacientes) nos cuenta el caso de un niño que le llevaron supuestamente afectado por glifosato cuando él era gobernador. Un solo caso. Le cuento esto, doctor Vives. En estos días se dijo en la prensa que si uno entra a Google, el buscador de internet, y pone la palabra glifosato en inglés, le salen 347 mil menciones, y si la pone en español, 53.600 menciones. Muchas de ellas, supongo yo, hechas por Monsanto y afirmando que el glifosato hasta engorda, y otras de los amigos del gobierno diciendo que es una maravilla. Pero estén seguros de que hay también un número importante probando que el glifosato hace bastante daño. De esto no abriguen la menor duda.

En el debate ha quedado claro que naufragó estruendosamente la astucia del gobierno nacional y del gobierno de Estados Unidos, que nos sacaron el estudio de la CICAD-OEA para decir que todo quedaba resuelto, por el solo hecho de que ya unos místeres habían dado su opinión. Aquí hemos oído la opinión de unos especialistas, tan calificados por lo menos como los contratados por la OEA, y ellos afirman que ese estudio de la CICAD es bastante mediocre. No se sabe en últimas muy bien si fue que estos especialistas extranjeros terminaron tumbando a los contratistas o si cumplieron muy bien con los contratistas. En esto a uno le queda la duda. Senador De la Espriella, yo no me opongo al estudio de unos especialistas porque sean extranjeros, sería un absurdo. El hecho de que algo sea nacional o extranjero no lo convierte en correcto, de eso no se trata. Puse en duda la supuesta neutralidad de quienes contrataron el estudio de la CICAD y mencioné unos hechos. Quien invoca el argumento de autoridad es el embajador norteamericano, que hoy le manda una carta al periódico El Tiempo en la que dice que cómo van a poner en duda un estudio de la OEA. Y también el doctor Sabas Pretelt de la Vega, como aquí lo vimos, casi increíble, cuando dice: “Trajimos expertos internacionales. Fuera de toda sospecha”. Pregunto: por el hecho de ser internacionales, extranjeros, ¿están libres de toda sospecha? Y en ese momento recordé lo de Irak y recordé que durante décadas hubo especialistas llenos de cartones y de títulos que sustentaron que el cigarrillo no producía cáncer. Eso es parte ya de la historia universal de la infamia. Científicos prestigiosos, con todos los títulos del mundo, pero pagados por Philip Morris y por la British Tobacco. Esto me lleva a poner en duda el argumento de autoridad del doctor Sabas. Me atrevería a pedirle que tuviera en esto de los argumentos de autoridad una actitud patriótica y nacionalista. Cuánto hubiera dado por oír al doctor Sabas decir: “Trajimos expertos colombianos. Fuera de toda sospecha”, o que como fueron colombianos los que descalificaron el estudio de la CICAD, yo, como ministro, estoy con ellos. Eso también habría sido un error y sería una actitud igualmente sesgada, pero al menos democrática y patriótica.

Se adujo aquí que son tan malos los cultivos ilícitos, que se justifica toda acción, así sea mala, porque son más malos los cultivos ilícitos que la fumigación. Esa es una actitud de pragmatismo que uno puede entender. Pero los pragmatismos han de tener límites. Debe haber posiciones de principios o si no, el pragmatismo conduce es al degeneramiento de la posición. Si se trata de cosas menudas, puede ser, pero no es el caso. Aquí estamos hablando ¡de soberanía nacional!, ¡de imposiciones imperialistas!, ¡de fumigar los parques nacionales naturales de Colombia! Quedamos como unos salvajes ante el mundo si esa fumigación se da. No nos pueden decir que como los cultivos son muy malos, entonces se justificar lo que sea. Es muy grave, doctor Vives, que a usted le parezca bien que a la gente se le fumigue la yuca y el plátano porque estén al lado de los cultivos de coca. No creo que haya ley en Colombia que justifique eso…

Interpela el Doctor Vives: Una claridad, con todo respeto. El narcocultivador hace parte de toda una delincuencia organizada.

JER: No. El narcocultivador es un campesino.

Doctor Vives: Estaba hablando de que combinan el cultivo lícito con el ilícito en la misma área, para camuflarse.

JER: Porque si no, se mueren de hambre.

Doctor Vives: Entonces no confundamos una cosa con la otra.

JER: No estoy confundiendo. Usted me está hablando de fumigar los cultivos intercalados, de fumigar el cultivo ilícito junto con el lícito. Pero es que el cultivo de pancoger es prácticamente una inevitabilidad. Son unos campesinos pobres, minifundistas, que de manera inexorable siembran productos de pancoger al lado de los cultivos ilícitos. Es una inevitabilidad del fenómeno. Ahora, si a usted le parece que son narcocultivadores, eso hace parte del desenfoque. Si usted coge a un campesino pobre de Colombia que termina metido en cultivos ilícitos en medio de la selva porque en su región de origen se está muriendo de hambre y lo pone a la par del traficante internacional de cocaína, esto por supuesto no resiste el análisis. Y le repito, no creo que haya norma en Colombia que permita utilizar la lógica aquí ya denunciada por el senador Jaramillo de que como aquí hay un delincuente y al lado un inocente, entonces barrámoslos a todos. Esta fue la teoría del fiscal Ñungo, en la época de Turbay Ayala, cuando se hacían redadas generales y se hacían todo tipo de desmanes. Y el fiscal Ñungo pronunció una frase famosa: si para coger un culpable había que golpear o masacrar a unos cuantos inocentes, el negocio era bueno. Este es el punto de principios que ningún pragmatismo puede permitir.

Finalmente, otro hecho que es tozudo, que es como una montaña. Con todo y sus horrores, la fumigación ha fracasado como estrategia. Ahí están los cultivos, ahí esta el narcotráfico, ahí están los precios bajos de la droga en las calles de Estados Unidos. Lo dice el New York Times, lo dice el Financial Times, no lo digo yo. Esos son los hechos. O sea, que ni siquiera ese pragmatismo sin principios permite sustentar el hecho tozudo de que aquí lo que hay es una estrategia fracasada. Finalmente insisto en que si esta no fuera la estrategia de los gringos, del imperialismo norteamericano, estoy seguro de que no se estaría aplicando. Absolutamente seguro de eso. Es una imposición del imperialismo norteamericano. A ellos les conviene y no la imponen. Estrategia que esta llevando a absurdos tales, y lo comentábamos ahora aquí con el senador de la Espriella, en la escala de valores de Colombia es más grave este asunto del narcotráfico, cultivar drogas y esto, que por ejemplo, las masacres. Es a lo que van a terminar los procesos de paz en los que estamos, unas deformaciones absolutamente pasmosas. Que uno dice cómo es posible que esto se haga así. Pero sucede así porque viene impuesto desde el extranjero, entonces introduce una irracionalidad. Que para ellos es una racionalidad que para nosotros es una irracionalidad.

Tocará entonces seguir debatiendo sobre estas cosas y seguir vigilando. Y cuenten con que si fumigan los parques vamos a hacer un escándalo muy grande, porque ni siquiera con el famoso estudio de la OEA, que ya definitivamente quedó en su justísimo sitio en este debate, nos van a meter el cuento de que el glifosato no hace daño.

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Como el capital financiero que se mueve por el mundo no da puntada sin dedal, algún secreto debía tener el reciente interés del gobierno norteamericano y de los restantes países desarrollados en el medio ambiente de los atrasados. Bien curioso fue que, de un día para otro, los reclamos de los medioambientalistas, hasta ese momento estigmatizados como hipies depistados por los poderes establecidos, terminaran siendo de buen recibo y, más aún, dando pie a la creación de ministerios y a la expedición de leyes y decretos. Luego de que el presidente norteamericano, George Bush, en la Conferencia de Río de Janeiro trazara la línea, todos los gavirias del mundo, en un santiamén, se convirtieron en los campeones del aire puro, de las aguas limpias, de las flores y los pajaritos, preocupación de suyo sospechosa porque, a la par con estas supuestas sensibilidades, adoptaron el catecismo neoliberal, credo que, como se sabía y demostró la experiencia, ha generado la peor agresión medioambiental que pueda concebirse: la de sumir en la pobreza y la miseria a miles de millones de seres humanos.

No es casual, entonces, que en torno a la descontaminación de las aguas y de la disposición de las basuras, entre otros sectores, se haya legislado sin ninguna consideración por las realidades económicas nacionales, aún a costa de golpear sectores productivos incapaces de pagar los estándares ambientales impuestos desde el extranjero y de empobrecer aún más a la gente con las mayores alzas en las tarifas, a partir de medidas evidentemente desproporcionadas y carentes de toda sustentación científica. Tampoco es casual que detrás de cada política medioambiental se muevan los tiburones del capital financiero internacional a la caza de oportunidades en donde colocar sus créditos de usura, sus tecnologías —que en muchos casos no pasan de ser evidentes estafas— y sus insumos químicos, y de apoderarse de la operación de las plantas de tratamiento, todo precisamente enmarcado dentro de las políticas de privatización imperantes. A estas alturas hay que estar ciego para no darse cuenta de que muchas de las normas sobre el cuidado del medio ambiente definidas por el Estado colombiano solo pueden aplicarse si se recurre al capital financiero internacional y al aumento del hambre de millones de compatriotas, dadas las altas inversiones que requieren su cumplimiento. En la edición Nº 3 de El Usuario se transcribieron apartes de un artículo de la revista Fortune Americas del 16 de mayo del 2000, en el que se saborean porque en la privatización del agua en el mundo hay en juego 400 mil millones de dólares anuales y porque en el negocio de descontaminarla “el motor es la legislación”.

Algunos de los casos más aberrantes de lo que viene ocurriendo en Colombia ilustran lo expresado. Porque así lo exige la ley sobre medio ambiente, todos los municipios del país deberán instalar plantas de tratamiento de aguas residuales, necesítense o no se necesiten. A Bogotá —una ciudad en la que decenas de miles de familias no tienen acueducto ni alcantarillado—, se le impuso construir tres plantas de tratamiento. La primera, inaugurada hace poco y entregada en concesión a la compañía Degremont, subsidiaria de Suez Lyonnaise des Eaux, la más grande empresa de aguas del mundo, costó 200 millones de dólares, su operación anual costará 60 mil millones de pesos y solo debe remover —lo que está para verse— el 9 por ciento de la contaminación. Y en las dos que faltan habrá que invertir otros 800 millones de dólares, lo que elevará las tarifas en otro 20 por ciento (Editorial de El Tiempo, 20 de septiembre de 2000). A su vez, en la capital de Caldas habrá que construir cuatro plantas, a un costo, en pesos de 1998, de 140 mil millones, lo que impondría entregárselas por concesión al capital extranjero y duplicaría las tarifas de acueducto. Cómo será de absurda la norma que la asociación de empresas de acueducto y alcantarillado de Colombia la tiene demandada y que ese neoliberal por antonomasia que es el alcalde Peñalosa se ha negado a continuar con las obras planeadas y armó un pequeño alboroto al referirse a los términos de la contratación de la planta de tratamiento.

Apoyados en las normas vigentes, en la alcahuetería de algunos polítiqueros y en la voracidad propia de la empresa privada, Emas, la empresa de aseo de Manizales, logró imponerles a más de una docena de municipios de Caldas tener que pagar los costos de transportar sus basuras —en viajes redondos de 60 y más kilómetros (!)— hasta el relleno sanitario de Manizales. Y en los graves problemas financieros de las Empresas Públicas de Cali tiene un peso determinante la deuda de 465 mil millones de pesos que tienen origen en el crédito de 100 millones de dólares que se contrató para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Portafolio, 27 de septiembre de 2000).

De otra parte, a los empobrecidos caficultores de los cinco municipios del centro del departamento de Caldas les exigen hasta hacer control de lixibiados en sus beneficiaderos de café y les decretaron la llamada Tasa Retributiva, que no es otra cosa que un impuesto por contaminar el río Chinchiná, a pesar de que en ese afluente caen las aguas negras de Manizales, tiene una alta contaminación por aluminio porque en su cabecera desemboca la quebrada Termales, ninguna población surte su acueducto en él, cae unos pocos kilómetros abajo en el Cauca y no existe ningún estudio específico que diga qué tan grave es su contaminación, por qué hay que reducirla y en qué proporciones.

Y no es que se carezca de una actitud democrática que impida comprender que los colombianos y la humanidad deben preocuparse por la suerte de la naturaleza del país y del planeta en que habitan. Pero en este asunto, como en todos los demás que tengan que ver con lo económico y lo social, hay que hacer análisis concretos, hay que partir de aceptar que el capital tiene como única razón de ser obtener ganancias y hay que reconocer, como lo señalara Henry Kissinger, “lo que se denomina globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos”. Si por algo debemos luchar los colombianos, incluidos los que dedican su vida a preocuparse por los problemas del medio ambiente, es por dejar de ser los remeros de la balsa que conducen los monopolistas norteamericanos y sus cipayos, pues solo así, de manera soberana y con estricto apego a la ciencia y a las realidades nacionales, podrán determinarse las políticas que requiere nuestra nación para cuidar su medio ambiente y alcanzar su auténtico progreso.

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