Robledo Somos Todos

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre fumigación con glifosato en el Parque Nacional Natural de La Macarena, Comisión Quinta, 13 de septiembre de 2006

Un acto, ya no bárbaro, sino propio del salvajismo. Vergüenza universal para Colombia. Un horror dinamitar a los erradicadores manuales. Con el pecado y sin el género. ¿Por qué siembran coca nuestros campesinos? Según la lógica del gobierno, mejor pedir perdón que permiso. El narcotráfico no va a disminuir. ¿Qué sigue después, los micoherbicidas? La teoría del mal menor.

Soy de los muchísimos habitantes de Colombia y el mundo convencidos de que las fumigaciones que se hacen en Colombia producen inmensos daños ambientales. No comparto la teoría de que los productos tóxicos no intoxican ni producen daños, aun cuando el gobierno y la embajada estadounidense hayan gastado sumas importantes bregando a convencernos de que los venenos no envenenan. Esperemos que el señor ministro de Ambiente no vaya hoy a insistir en lo mismo y no terminemos un poco en el oso de ayer, cuando el señor ministro de Agricultura se gastó media hora hablando de las vacas locas, en una visión seudocientífica, para explicar lo que no pasó de ser una arrodillada ante la Casa Blanca.

Estoy entonces convencido, no obstante los estudios que nos traiga la embajada estadounidense, de que estos son venenos y hacen daño, y no solo sobre plantas y animales, sino también sobre la gente. Hay algo que se comenta poco: se está fumigando lo que se llama cultivos intercalados, de coca con la comida y el pancoger. Los venenos terminan cayendo sobre la coca y sobre el plátano y sobre la gente y sobre las vacas y sobre los niños y sobre todo. Es un acto de barbarie lo que se está haciendo en Colombia, el único país del mundo que fumiga con tóxicos desde aviones sobre este tipo de cultivos.

Y hemos llegado a un punto que es, cómo diría, la vergüenza universal para nuestro país. Hemos pasado ya el umbral de fumigar hasta los parques naturales. Les quiero recordar a los senadores de la Comisión Quinta, a los que están desde hace días, como el senador Serrano, que esto de fumigar los parques lo viene intentando el gobierno nacional desde hace rato. El primer debate sobre fumigaciones que hice hace dos o tres años fue para intentar parar una fumigación de parques ya decidida y que logramos impedir. Pero al año siguiente volvieron a intentarlo con el famoso estudio de la OEA. Luego a mí no me ha sorprendido que por fin el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez se haya salido con las suyas y se estén fumigando los parques naturales, con el argumento de que las fumigaciones no hacen daño. No me sorprende tampoco que se haya utilizado un pretexto para iniciar las fumigaciones sobre las reservas ecológicas y quiero poner a los colegas del Senado como testigos de que el gobierno lo había intentado antes por lo menos dos veces.

Si fumigar la geografía del país es un acto bárbaro, hacerlo sobre los parques naturales es ya un acto de salvajismo, un estadio anterior a la barbarie, un acto que nos deja muy mal ante la gente civilizada del planeta. Cómo explicar, desde una lógica democrática y de tipo científico en el mundo de hoy, que un Estado sea capaz de fumigar con tóxicos sus propios parques naturales. Y menos aún cuando se miran las áreas afectadas, porque si es con las áreas del Simci, donde hay coca, son 3.300 hectáreas en La Macarena contra 85 mil en el resto del país. Pero si es contra las áreas calculadas por el Departamento de Estado, que es el que manda aquí y de pronto pueda tener mejores datos que la ONU, es contra 144 mil hectáreas. Entonces no logra uno entender cómo si hay más de cien mil hectáreas en coca, para poner una cifra promedio, se empieza por fumigar las tres mil de un parque natural, cuando lo obvio es, en una actitud benévola con el medio ambiente, acabar primero con los cultivos ilícitos de otras partes y ver por último qué hacer con el problema de la coca en los parques naturales e insistir, tal como se venía haciendo, con la erradicación manual, a la cual yo no me opongo ni nadie en esta Comisión ni nadie en el país.

Debo también insistir en que me parece un horror, y así lo expresé en una declaración que saqué en esos días, el hecho de que se pongan trampas con dinamita y se haga explotar a los campesinos que están haciendo la erradicación manual de la coca. Lo dije oportunamente y hoy lo reitero. No comparto este tipo de actitudes. Quienes como yo llevamos toda una vida militando en una organización política que no le ha hecho un tiro a nadie ni ha secuestrado ni ha extorsionado, tenemos toda la autoridad moral para decirlo de manera muy directa. No se puede levantar la teoría, ni de un lado ni del otro, de que todo vale porque hay un conflicto armado en Colombia. Ratifico entonces aquí públicamente que rechazo que se minen esos campos procediendo contra los erradicadores, pero afirmo también que, en respuesta, el Estado tampoco puede proceder de cualquier manera, primero, porque está en la obligación de hacer la erradicación manual garantizando la vida de esos compatriotas que han sido contratados para llevarla a cabo. La reacción no puede ser salirse de la erradicación manual con el pretexto de protegerles la vida a esos compatriotas. No, el Estado debe hacer erradicación manual y al mismo tiempo protegerles la vida a esos compatriotas.

De la misma manera, el Estado no puede fumigar ni el resto del país ni los parques con el argumento de que también los que están sembrando coca le hacen daños al medio ambiente. Cosa que es cierta. En un parque natural o en cualquier sitio quien siembra coca o amapola le hace un daño al medio ambiente. Pero de ahí no se puede concluir que como esas personas dañan el medio ambiente, entonces el Estado puede hacer lo mismo. Sería como una especie de ley del talión absurda y absolutamente inaceptable. Hay de por medio un problema ético frente al cual no podemos hacer concesiones. El Estado no puede secuestrar al que secuestra, ni asesinar al que asesina, ni robar al que roba. Se supone que hasta el peor Estado del mundo es una entidad superior a quienes deciden ponerse por fuera de las normas jurídicas. Esta es la discusión. Y es muy grave lo que afirma con razón el senador Torres de que toda la fumigación en Colombia, pero particularmente la de los parques, se hace contra las leyes de la República. Fue medio bochornoso, señor ministro, ver que más se demoró el presidente Uribe en dar la orden de fumigar, cuando ya estaban cayendo el glifosato y el cosmoflux sobre el Parque Natural de La Macarena. Aquí se pone en evidencia una especie de sello que marca estos tiempos de decadencia en el país y el mundo, resumido en aquella vieja frase de un ministro francés que, impresionado porque las leyes que tenía no le eran útiles a pesar de haber sido diseñadas por él mismo, por allá en el siglo XIX, entonces dijo: “La legalidad nos mata”. Ese es un poco el sino de la época: la norma en Colombia es la ausencia de normas, es moverse al filo de la ley, es tener para todo la interpretación. Un funcionario al que conocí en Manizales decía: “Es mejor pedir perdón que permiso”. Es la misma hazaña de Hommes, recuerdan, cuando admitía: puede que mi medida sea ilegal, pero mientras me la tumban en alguna Corte, yo voy cobrando los impuestos. Algo similar sucede aquí. Mientras la justicia decide si fue legal o ilegal la fumigación, ya el gobierno la hizo. Si uno se pone a mirar este pleito que se ha montado con las fumigaciones, concluye que hay una especie de machismo presidencial: si ustedes me hacen esto, yo les hago lo otro, menoscabando lo que se supone es la fuerza moral del Estado, porque hay ciertos límites que no se deben pasar.

Con el pecado y sin el género

Todo esto de la fumigación se justifica con una especie de pragmatismo muy propio de la época, el del fin justifica los medios, la perversión moral más grande que uno pueda encontrar. Y con este cuento no hay horror que no se cometa, el que secuestra, ¿por qué secuestra? Porque me gano una plata. El que es narcotraficante, ¿por qué hace narcotráfico? Porque me gano una plata. Entonces el fin justifica los medios, pero cuando el Estado entra en esa lógica de que como el narcotráfico o los cultivos ilícitos están por fuera de la ley, entonces, eso parece autorizar al Estado para hacer cualquier cosa.

¿Pero cuál es, además, el problema aquí? Que se quedaron con el pecado y sin el género. Ni siquiera logran el fin que se proponen justificar con esos medios ilegales, porque las propias cifras del Departamento de Estado, de donde sale la orden de fumigar –si no hubiera Casa Blanca de por medio, digámoslo con franqueza, aquí no se estaría fumigando y mucho menos los parques naturales– así lo demuestran. Hay un artículo de The New York Times, que ojalá todo el mundo leyera, del 20 de agosto pasado, contundente: después de 4.800 millones de dólares y seis años de fumigaciones, el área es básicamente la misma del año 2000, e inclusive un poco superior, 136.200 hectáreas de coca en el año 2000 contra 144.000 de hoy. Dice The New York Times, citando cifras del Departamento de Estado, en análisis avalados por todos los especialistas gringos en estos asuntos, que “el precio de la coca ha caído y la pureza permanece alta, signo de que la droga hoy es tan disponible como siempre”. Esta es la prueba reina del fracaso de la estrategia, porque ¿cuál era la lógica cuando se diseña? Reduzcamos los cultivos a la mitad para que se disparen los precios en el mercado estadounidense y para que así menos gente pueda comprar cocaína o heroína. Esa es la teoría, pero los hechos muestran es un fiasco. 4.800 millones de dólares gastados y no sé cuántos muertos y cuántas tragedias en Colombia, porque ellos ponen la plata pero los muertos los ponemos aquí. Un día le decía a Sabas Pretelt que allá se soplan las rayas de perica, mientras que los colombianos pagan el precio. Y añade The New York Times algo que guarda relación con el debate de ayer. Para los cultivadores locales el incentivo de plantar y preservar sus cultivos de coca es enorme, pues ningún otro cultivo paga tan consistentemente como la coca. Más tarde voy a regresar a este punto y lo voy a vincular con el TLC que ustedes quieren aprobar, senadores de la mayoría uribista.

Fumigan y fumigan, pero no baja la oferta ni suben los precios. Lo explicaba Francisco Santos en un estudio que hizo la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se está produciendo mucho más de lo que daban los cálculos, porque los productores han afinado la manera de producir, con mejores variedades, etcétera. Esto cada vez más es una agricultura trabajada con todas las de la ley, y entonces las productividades se disparan. Los cultivadores de coca actúan con la misma racionalidad con que actúa cualquier agricultor. Si el negocio es bueno, están en el negocio. Y si empiezan a presionarlos, hacen esfuerzos por ser más productivos, para mantenerse en el negocio. Por ejemplo, pasaron de cuatro a seis cosechas al año y otra serie de datos que no voy a dar para no hacerme largo. Luego no es cierto, como lo ha sostenido el gobierno, que era que el mercado internacional lo estaban abasteciendo con cocaína almacenada. Eso es paja, mentiras piadosas que se mete la gente a sí misma bregando a justificar lo que no puede justificarse de esa manera.

¿Por qué siembran coca nuestros campesinos?

¿Cuál es el problema de fondo? Hay un lío, no diría que insoluble aun cuando sí muy difícil de resolver, como punto de base del análisis. En un extremo hay consumidores, millones en Estados Unidos, una sociedad en decadencia con mil problemas de todos los órdenes que explican que mucha gente, y lo lamento porque no me gusta que se envenene esa nación, está consumiendo drogas. Es una realidad que está ahí. De otro lado, hay en Colombia un montón inmenso de campesinos, jornaleros e indígenas, profesionales del agro. Es un hecho que parece no entenderse en los análisis. Un campesino es al agro como un médico al quirófano. Tiene que estar ahí. No se siente bien si no es ahí. Esa es su vida, esa es su lucha y va a hacer todos los esfuerzos del mundo por ser campesino o en Boyacá o en el Caquetá o en donde sea, porque es en el único sitio donde se realiza. Entre los indígenas colombianos este fenómeno cultural es todavía más fuerte. Decirle a un indígena, por ejemplo, que se cambie de región es como tirarle una bomba atómica. No cabe en la mentalidad de un indígena abandonar sus lares, los sitios de los antepasados.

Y a esos cientos de miles de campesinos e indígenas les aplican los gobiernos una política agropecuaria de ruina, y eso lo saben bien los senadores de la Comisión Quinta. En la década pasada se perdieron más de un millón de hectáreas de cultivos transitorios por cuenta de la apertura, en la que tanto tuvo que ver el doctor Santos, en esos días ministro de varias administraciones. ¿Y qué pasó con la gente que se arruinó en el maíz o en la papa o en el trigo o en la cebada? Bueno, esa es la gente que está hoy en los cultivos ilícitos. ¡Y dónde más quieren ustedes que estén! Se refugian allá en esas lejanías a sembrar ese tipo de plantíos porque los otros no les dan, no les operan, no hay vías, no hay respaldo de ningún tipo, los ponen contra la pared con las importaciones.

Hago una pregunta muy simple a los miembros de la mayoría: si hay una crisis grave en la leche por el TLC, ¿qué le pasa a la economía del Caquetá? Es un departamento que produce leche casi de milagro, o sea en las peores condiciones que uno se pueda imaginar, y la transportan hasta Bugalagrande. Si se acaba el arroz con el TLC, ¿qué va a pasar con el Meta y Casanare, productores casi todos de secano, que son los que más van a sufrir porque son los más pobres del arroz? Ese cuento de que aquí se quiebran son los agricultores ricos es paja de don Rudolf Hommes. No, se quiebran, además de unos cuantos ricos –porque también se van a quebrar–, miles y miles de pobres primero que nadie. Y eso es lo que viene con el TLC. Todos sabemos que es así. Ustedes podrán estar en desacuerdo conmigo cuando yo afirmo que se van a quebrar unos y ustedes dirán que un poquito menos, bueno, pero me tienen que reconocer que aquí se va a quebrar muchísima gente. Y me tienen que reconocer otra cosa. ¿Cuál es la fuerza moral del imperio cuando le impone a Colombia fumigar sus tierras y fumigar a sus campesinos e indígenas como cucarachas mientras les arrebata al mismo tiempo la posibilidad de ganarse la vida honradamente cultivando la alimentación que es capaz de consumir Colombia? Este es aquí en últimas el debate de fondo. Ustedes podrán darle mil vueltas, pero este es el punto que estamos obligados a abordar. Va a haber más cultivos de coca con el TLC, es obvio. O qué piensan ustedes que van a hacer los campesinos que quedan en Boyacá en la papa si el TLC los quiebra. Pasaron del trigo a la cebada y de la cebada a la papa y ahora están en la papa y en la leche, y si se acaba la papa y la leche o se ven disminuidos en materia grave, qué vamos a hacer con ellos.

Este es un problema social, senadores, pero el imperio lo convierte en un problema de policía. Y ojo con esto, ministros. El mismo problema de estos compatriotas en la ilegalidad por razones sociales lo afrontamos con los vendedores ambulantes, también por fuera de las leyes de la República hacer por ventas en la calle. Y qué hacemos entonces con ellos, ¿los fumigamos? ¿Y con los vendedores de minutos de los celulares, a quienes el gobierno también trata como ilegales, otro problema social? ¿Y con los del mototaxismo, qué hacemos? ¿Fumigarlos? Falta todavía un paso en la degradación y es que lleguemos a los rickshaws orientales porque ya no le alcance a la gente ni para comprar moto y entonces a uno lo lleven al tuntún como cuando era muchacho. Hasta allá podemos llegar. ¿Por qué, en resumen, a este caso de los campesinos que cultivan coca, un problema social, se le da tratamiento policivo o militar? Porque aparece atravesado el imperio haciendo unas exigencias que no se corresponden con interés nacional.

Entre el extremo del pobre consumidor gringo, a quien veo como una víctima, y la actividad productiva del pobre indígena o campesino o jornalero nuestro, a quien veo también como otra víctima, hay en la mitad el negocio del narcotráfico, que debe separarse. Nuestros campesinos no son narcotraficantes, los consumidores gringos no son narcotraficantes, son víctimas, cosa distinta, y no pueden ser tratados de la misma manera. En Estados Unidos no tratan a sus consumidores como narcotraficantes, ni siquiera en los estados más reaccionarios, pues allí avanza una concepción que los trata como enfermos, lo que en últimas son. Pero resulta que para el gobierno colombiano, nuestros campesinos, los que menos culpa tienen, porque inclusive ni siquiera disfrutan del acceso a la cultura con que cuenta el consumidor gringo, sí resultan ser unos hampones. Y al verdadero narcotraficante qué.

El narcotráfico no va a disminuir

Le voy a poner otro cascabel al gato. ¿Cuál es el éxito de la política contra el narcotráfico? Extraditan casi uno a la semana o a la quincena para Estados Unidos y, pese a todo, el negocio crece como hongos después de la lluvia, obvio, un negociazo de ese calibre. Ahora, digamos que no los despachan a todos, también está más o menos sabido, lo que no debe entenderse como que yo esté de acuerdo con que se utilice la extradición como un mecanismo de coacción política, como se viene usando. No, no creo que esa sea la manera de hacer las cosas. Está más o menos claro que en los próximos años el narcotráfico no va a disminuir en este país, no se va a poner bajo control, no va a ser ni siquiera seriamente golpeado, de ninguna manera. Lo que está habiendo es toda una reorganización del narcotráfico y de los narcotraficantes, que básicamente van a permanecer intactos frente a las leyes de la República. Y ahí si no hay autoridad suficiente. Hacen cosas, lo reconozco, y mandan cada quince días o cada mes a unas personas al zoológico de Nueva York a que se pudran. Pero el problema sigue vivito y coleando y ustedes saben muy bien de qué estamos hablando.

Quiero terminar mi intervención repudiando de manera enfática cualquier fumigación, pero en particular la que se está aplicando sobre los parques naturales. Repudio que a la población civil, en este conflicto armado que se vive en Colombia, se la maltrate de una parte y de otra. El debate guarda estrecha relación con los derechos de la gente y con las normas de la civilización. Uno como Estado no puede decir que como usted está en el sitio equivocado, entonces le damos con toda porque el fin, muy noble, lo justifica. Eso no puede ser así. El Estado no puede caer en lo que está cayendo.

El otro problema de fondo es que Colombia no tiene derecho a definir de manera soberana esta política. Nos la imponen. La determinan en la Casa Blanca, a su gusto, según su conveniencia. Y además la determinan mal. La W informaba hoy, no sé si ustedes lo oyeron, que en Londres están por el piso los precios de la heroína. Y están por el piso porque Estados Unidos cuando invade Afganistán acaba con el poco agro que había, y entonces en Afganistán todos los pobres están dedicados a sembrar amapola, y hay heroína hasta para tirar para arriba, en Londres, particularmente.

En suma, el debate tiene que ver con la soberanía de Colombia. No me opongo a que tengamos relaciones con Estados Unidos. Es un tema en el que a mí se me macartiza y tergiversa. No me opongo a que tengamos negocios con Estados Unidos, pero sí a que nuestro país determine sus principales políticas en función de los intereses y de los puntos de vista de Estados Unidos. Así no es posible nada, senadores. Con esa lógica este país se seguirá hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y claro, en la espuma de lo que se hunde podemos estar localizados unos cuantos, ustedes y hasta yo. Algunos podremos volar, como las mariposas sobre el pantano, por encima del desastre nacional. Pero el país se sigue hundiendo y estos problemas se van a seguir agravando y no se van a resolver. Si algo falta en Colombia es que nos sentemos a mirar cada situación, pero con una actitud de soberanía nacional. En el caso que nos ocupa, yo no dudo de la complejidad del problema, pero el punto es que hay que ver cómo corregimos el rumbo, porque lo que se está haciendo es perfectamente indebido.

¿Qué viene después? ¿Micoherbicidas?

Y pregunto: ¿qué sigue después de la fumigación de los parques naturales, ministro del Ambiente? ¿Los micoherbicidas? Los gringos nos tienen amenazados con los micoherbicidas desde hace rato. Se intentó aprobar el año pasado, como lo denuncié aquí, una ley para fumigarnos con hongos, un arma de la guerra biológica y que puede producir una catástrofe ambiental. Me replicará ahora, me dirá el ministro, que ya el gobierno dijo que no. Sí, ya dijeron ustedes que no, como también habían dicho que no a la fumigación de los parques, como antes habían dicho que no a la fumigación del territorio nacional. Vuelvo y pregunto: hasta dónde va a llegar la escalada de los gringos en este conflicto, en este tema específico del tratamiento de los cultivos ilícitos. ¿Cuál es el límite, o no hay límite? Y si hay algún límite, ¿quién lo ha definido? ¿Los gringos? ¿Por nosotros? No lo creo. Ya hay poderes en Estados Unidos moviéndose a favor de los micoherbicidas, y ustedes saben eso. Dentro de cinco o seis meses nos repiten que volvió a fracasar la estrategia antidrogas, y entonces alguien dirá, ¿cuál es la conclusión? Pues los micoherbicidas. O falta ver qué otra atrocidad se inventarán. Espero que no sea la de fumigar a los cultivadores desde aviones, pero a tiros, porque esa es una opción que todavía ustedes no han utilizado. Que pasen los aviones y les echen bala a los que están allá abajo cultivando.

Insisto en preguntar: cuál es el límite, cuál es el punto en que este gobierno se va a parar en la raya y a decir, hasta aquí llegamos. Estamos viendo hechos tan dramáticos e increíbles como el de las vacas locas, como el de la negociación del TLC, sometidos ante los ojos del mundo a toda clase de actitudes atrabiliarias por parte de la Casa Blanca. No nos van a venir con discursos seudocientíficos a apaciguar con que eso de las vacas locas no es tan grave, por no sé que cuento ahí del señor ministro de Agricultura, que viene y nos habla media hora de los estudios de los gringos, parecía el viceministro de Agricultura de Estados Unidos. ¡Y por qué no nos citó más bien los estudios de los japoneses, que no permiten esas importaciones de carne, de nivel científico tan alto como el de los gringos!

Concluyo afirmando que lo que se está haciendo es demasiado mal hecho, demasiado equivocado, demasiado inhumano, y aun con eso, ni siquiera logran lo que se han propuesto, de modo que se quedan con el pecado y sin el género. Entiendo la dificultad del asunto, pero les pido que lo que decidamos hacer sea una decisión soberana.

Réplica: La teoría del mal menor

Senador Montes, los senadores citantes, sean quienes sean, tienen el derecho, normatizado en el Congreso de Colombia, y así lo indica la costumbre, de hacer la última intervención con tiempo suficiente para hacer referencia a lo que han dicho los ministros. De otro modo va a terminar sucediendo que uno hace su intervención y se va. Uno hace su primera intervención. Hablan los ministros sobre la intervención de uno y la interpretan como quieran y resulta que a uno se le dan 30 segundos para replicar. Qué tiene que ver eso con la democracia. Ustedes detentan aquí la mayoría, colegas del uribismo, y pueden imponer lo que quieran, pero se equivocan si establecen ese tipo de procedimientos. Los ministros disponen de cien mil horas en los medios de comunicación, frente a solo unas cuantas fracciones de tiempo que tenemos los congresistas y más si no pertenecemos al oficialismo.

Voy a hacer entonces unos comentarios muy breves. Lo primero, senadores y ministros, no tienen que invitarme a ver las fotos de los labriegos despedazados para que yo sea sensible frente a ese caso atroz. Aquí lo que hay que discutir es qué hacemos frente a ese hecho. Créanme, a mí esto tal vez me haya tocado más de cerca que a ustedes. Esos eran labriegos llevados allá como carne de urna por alguien en Caldas. Era gente cercana a mis afectos, buena parte de ellos semijornaleros del café o cafeteros empobrecidos. Si ustedes miran el día en que yo saqué mi declaración sobre el tema, van a ver que fue por ahí cuatro o cinco días después del bombazo, porque quedé realmente impresionado y tuve que sentarme a pensar qué decía frente al hecho. Lo que estamos discutiendo no es eso, es el qué hacer.

Creo que un país distinto al nuestro lo que haría sería aumentar la protección a esos labriegos, así sea costoso. Esa sería también mi solución. La fumigación nos vale a 13 millones de pesos hectárea, y la eficacia ya hemos visto que es muy poca. En cambio, la eficacia de la erradicación manual es mayor. Entonces, gastemos más plata en proteger a esos labriegos. No seamos tan cicateros con los pobres, seamos generosos con ellos. Y hay mil mecanismos, no me voy a entrar en detalle, porque o si no el senador Montes se molesta más conmigo. Pero hay mil mecanismos para hacer esa erradicación manual sin que se den esos riesgos.

Otro asunto es que a mi juicio es ilegal fumigar los parques. La analogía que he usado de que el Estado no puede asesinar al que asesina o robar al que roba, creo que le cabe a este punto. Lamento que sea usted, señor ministro de Ambiente, el que asegure que no le parece que fumigar con venenos un parque natural de la República de Colombia sea el peor crimen que se pueda cometer contra el medio ambiente. Que lo diga el doctor Santos, ministro de la Defensa, o mejor, de la guerra, se entiende, pero que sea el ministro de Ambiente me parece lamentable. Me uno a las voces de los ambientalistas que dicen que la política ambiental de este gobierno es terriblemente dañina.

Arguye usted, doctor Santos, que aquí hay que utilizar la teoría del mal menor, puesta por usted en boca de De Gaulle. Es una teoría, pero si no tiene límites ni está asentada en concepciones de principios se reduce al mismo pragmatismo de que el fin justifica los medios, y entonces quedamos supremamente mal. Estoy de acuerdo con la teoría del mal menor, pero sostengo que a usted no le sirve para justificar la fumigación de los parques, porque sería el horror pasar de la teoría del mal menor a la del fin justifica los medios, en buena parte el problema nacional. Cuál es el mal menor en este caso. El ministro dice que fumigar los parques. Retomo lo que dice el senador Araújo y que llama la atención: ¿hasta cuándo el Plan Colombia va a ser una caja negra que Colombia aplica a rajatabla y sea como sea? Porque diría que aquí el mal menor no es realmente el menor, cuando lo que está en juego es la pérdida de la soberanía nacional. Colombia no está haciendo, como bien lo recordó el senador Araújo, lo que Colombia cree que conviene hacer, sino lo que los gringos le impongan.

Y les cuento, senadores de la Comisión Quinta, que el Plan Colombia no consta solo de este componente militar y antidrogas. Contiene nueve páginas de letra menuda donde se consagra, por ejemplo, que si no respaldamos las políticas del libre comercio de Estados Unidos, nos cancelan el Plan Colombia. Está dicho en el texto. Nos impone el Plan Colombia, y cuando quiera, doctor Santos, le traigo el texto, la especialización en cultivos tropicales. Nos impone las privatizaciones, tengo los documentos, no me cabecee que no. Y por eso fue que cuando ustedes le pidieron a Bush que les diera un tratamiento considerado en el TLC, que no les dieron, los gringos les respondieron, no, nosotros ya estamos pagando con el Plan Colombia, llegó la hora de que paguen ustedes lo que allá estamos invirtiendo.

Pero además usted dice que en este negocio hay unos empresarios del mal, una manera amable de llamar a todo tipo de narcotraficantes. No solo aquí hay empresarios del mal, ministro Santos. ¡Qué me dice usted de los empresarios del mal que orquestaron una mentira monumental para poder justificar la invasión a Irak! Al lado de esos empresarios del mal que hicieron el horror de Irak, los de aquí, si vamos a hablar del calibre de la agresión, son unas monjitas de la caridad.

En Colombia corre la idea de que lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para nuestro país, así como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial se decía que lo que era bueno para la General Motors era bueno para Estados Unidos. Y mire usted, ¿cuál es la estrategia del Plan Colombia? No es la de acabar con los cultivos ilícitos, sino la de reducirlos a la mitad. Reducir el narcotráfico a sus justas proporciones, una teoría similar a la del doctor Turbay Ayala de reducir la corrupción a sus justas proporciones. Si logran el cometido, no se va a acabar el narcotráfico, sino que el precio de las drogas, dice los documentos de los ideólogos gringos, subirá en las calles de Estados Unidos en una proporción importante y menos gente comprará las drogas. Esa es la lógica gringa y debo reconocer que tiene una racionalidad, pero que suba el precio de la droga allá quiere decir que ha subido aquí, doctor Santos, y entonces, cuando usted reduzca a la mitad los cultivos de coca en Colombia se habrá disparado el precio de la cocaína y los narcotraficantes, exportando menos, recibirán básicamente el mismo ingreso. Luego la teoría del Plan Colombia tal vez sea sensata para el Imperio, se lo acepto, pero para nosotros es una teoría de pacotilla, porque si usted busca reducir los ingresos de los delincuentes colombianos o de la guerrilla por la vía de disminuir la producción de coca, no lo va a lograr. Usted, que ha estudiado asuntos de economía sabe que lo que digo es de una racionalidad impecable. No puede hacer nada. Lo que es bueno para Estados Unidos, no es bueno en este caso para Colombia.

Colombia debe tener una estrategia propia contra el narcotráfico, estoy de acuerdo con eso, y me uno a algunas de las voces que se han expresado aquí en ese sentido. Es más, pienso que la legalización, de la manera simplona como se plantea, no opera, no está claro cómo debiera ser. En gracia de discusión, mantengámonos en la ilegalidad. Claramente, los que están combatiendo la ilegalidad del negocio no lo hacen bien, porque de entrada no atacan las causas profundas del problema, ni en Estados Unidos ni en Colombia. Cómo se van a atacar las causas profundas, si estamos en el libre comercio y vamos para un TLC que quebrará a decenas de miles de campesinos. Les digo con franqueza, ministros, que no me satisfacen sus explicaciones y que me ratifico en cada una de las cosas que he dicho.

Este es un debate que se ha convocado para hablar del impacto en el medio ambiente de las fumigaciones aéreas con glifosato y en particular para debatir la decisión tomada el año pasado de fumigar los parques naturales del país.

Este es un asunto que rebasa de lejos los asuntos ambientales, entendidos en el sentido restrictivo del término. Hay quienes piensan que el medio ambiente solo atañe a las plantas, los animales y las aguas, pero definitivamente hay que entenderlo como un problema, primero que todo, de los seres humanos, de las personas, de nuestros compatriotas. El presente debate, entonces, si bien es cierto va a mirar en detalle lo que sucede en el medio ambiente entendido en el sentido restrictivo, se va a ocupar de aspectos tales como el de la propia política con la cual el gobierno de Colombia y el de Estados Unidos vienen enfrentando el problema del narcotráfico, porque de otra manera no se entiende realmente lo que viene ocurriendo y no pueden tomarse los que a mi juicio serían los correctivos necesarios. Quiero también señalar que a mediados de la semana pasada la doctora Sandra Suárez, ministra del Medio Ambiente, anunció que el gobierno había tomado la decisión de suspender la fumigación aérea sobre los plantíos de coca y amapola en los Parques Nacionales Naturales de Colombia, decisión que hay que celebrar, fruto a mi juicio de la enorme presión ciudadana que en el país y el exterior se ha venido haciendo. Deseo celebrar la decisión y llamar la atención a los colombianos de cómo cuando las gentes se movilizan y luchan para reclamar sus derechos es posible derrotar inclusive a fuerzas que se presentan como imbatibles.

Como la decisión que anuncia el Ministerio ––curiosamente, pues lo ha debido hacer la Dirección Nacional de Estupefacientes o el Consejo Nacional de Estupefacientes o el presidente de la República o el ministro del Interior–– no hace explícita la cancelación definitiva de las fumigaciones y señala además que mantiene vigente la Resolución 013 del 93, motivo del presente debate, lo que hay no es otra cosa que una especie de time, como se dice en baloncesto. Debe derogarse de inmediato la Resolución 013, que no es atroz solo porque permita la fumigación en los Parques Naturales, sino también porque amplía el espectro de las zonas fumigables. Esto último es supremamente grave. El gobierno terminó autorizando la fumigación sobre las zonas de reserva, sobre los resguardos indígenas, sobre los cuerpos de agua ––por lo menos los pequeños afluentes––, sobre los cultivos intercalados e incluso sobre las zonas pobladas, porque se redujeron las franjas de protección de 2 mil a 100 metros, en unos casos, lo que significa que va a caer veneno de manera inexorable sobre zonas sobre las que no debiera de ninguna manera haber fumigaciones. Caen ahí también los subpáramos.

Lo que hay que señalar entonces es que, aun cuando ha habido un éxito grande que habrá que defender, esta lucha debe conducir a la derogatoria de la Resolución 013 de 1993, como bien lo señalara ayer el editorial del periódico Portafolio, porque es una medida que avergüenza a Colombia ante el mundo.

Quiero además detenerme en un detalle. Se trata de una Resolución mañosamente redactada para violar las normas que rigen en Colombia, porque se reducen las franjas de protección apoyándose en el Decreto 1843 de 1991, una norma viejísima sobre los reglamentos que deben cumplir los pilotos que fumigan en cualquier tipo de cultivos, incluidos los lícitos. Pero ese mismo decreto en el cual se apoya el gobierno para reducir las zonas de protección prohíbe de manera explícita fumigar en los Parques Naturales. Resulta a mi juicio una vergüenza, señor ministro, que el Consejo Nacional de Estupefacientes atente contra el medio ambiente basado en una norma, pero no la utilice para proteger los Parques Naturales de Colombia, como de manera expresa se estipula. Una de las cosas que vamos a ver a lo largo del debate es que desde hace muchos años, los gobiernos persisten en una actitud, o de violar las normas, o de interpretarlas de manera mañosa, o de utilizar normas que no debieran venir al caso, o de modificarlas para poder atropellar, en este caso, fumigando con glifosato desde aviones.

Creo interpretar de cerca a muchísimos colombianos que se interesan en el tema del medio ambiente, como también a numerosos extranjeros. Todos ellos coinciden en que ha caído muy mal lo que ha venido decidiendo el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, la fusión del Ministerio de Medio Ambiente con el de Vivienda. Es evidente que hay unas decisiones ya tomadas de ir desmontando algunos puntos de la política medioambiental definidos en años anteriores. Y hay una serie de políticas internas y decisiones administrativas. No ha caído muy bien, debo decirlo, y lamento que la ministra Sandra Suárez no esté aquí hoy, su nombramiento como ministra de Ambiente. Hubiera preferido decirlo estando ella presente, pero dado que andan en esas gestiones de lo que podríamos llamar el turismo ministerial, que se ha ido poniendo tan de moda, me toca hacerlo sin ella, y es que no cae bien que se designe como ministra de Ambiente a quien hasta hace poco era la directora del Plan Colombia, de la parte que llaman social del Plan Colombia, el mascarón de proa tras el cual se disfraza la política de fumigar los cultivos ilícitos como se viene haciendo. Que un personaje que está en una cosa pase de pronto a hacer exactamente lo contrario no puede caer bien.

Alguien me dirá: no, pero es que ella no era la que fumigaba en el Plan Colombia, cosa completamente cierta. Lo que pasa es que esta lucha medioambiental exige una cierta actitud de militancia. Si quienes defienden el medio ambiente no actúan con una actitud de fuerte compromiso y convencimiento, si no son capaces de defender principios y de dejar sentadas las cosas que no harían bajo ninguna consideración, no pueden esperar que el público les crea. Se requiere una gran independencia, convencimiento y valor civil, que por supuesto no se ven en esa permuta de puestos que hizo doña Sandra.

Para entender lo que está ocurriendo hay que pasar revista al inmenso problema del narcotráfico en el mundo. Aunque son cosas bien sabidas, conviene recordarlas. Son múltiples aspectos. Hay un problema de consumidores, otro de producción de cocaína y heroína, otro de producción de coca y amapola––que no es lo mismo–– y otro de tráfico de ilícitos que deja fabulosas ganancias.

El grueso del consumo está localizado en los países desarrollados y particularmente en Estados Unidos. Una reciente encuesta realizada en Estados Unidos por el propio gobierno señala que hay 19 y medio millones de gringos consumidores de droga. De ellos, 14.6 millones de marihuana, 2 millones de cocaína ––de ellos, 567 mil de crack–– y 1.2 millones de alucinógenos, incluidos 676 mil de éxtasis–. Advirtamos de paso que, en Estados Unidos, la marihuana se produce en lo fundamental en el propio territorio. Ese fue uno de esos cultivos que Colombia perdió en la competencia internacional con Estados Unidos. La primera conclusión entonces es que el consumo se localiza principalmente en los países desarrollados y, en particular, en Estados Unidos. El consumo de drogas, como cualquier consumo, está relacionado con el desarrollo material.

La Oficina Nacional para el control de drogas de la Presidencia norteamericana señala que en 2001 los consumidores gastaron 35 mil 300 millones de dólares. Estoy usando estadísticas oficiales, porque quiero moverme dentro de cifras que puedan ser aceptadas por todos, pero aclaro que, en algunos estudios, las cifras son mayores. Hoy gastaron, repito, 35 mil 300 millones de dólares frente a 69 mil 900 millones de dólares que gastaban en 1990, o sea, ahí hay un hecho positivo, una franca disminución del consumo en la medida en que han aparecido políticas de educación y persuasión que han tenido su impacto.

¿Cómo se distribuye en general el negocio del narcotráfico? A los cultivadores solamente les llega el 1%; a los procesadores que transforman la coca en cocaína les llega el 4% y a los traficantes internacionales, el 20%, mientras que a los países desarrollados les queda nada menos que el 75%. Son las cifras que aporta el profesor Iván de Rementería en un estudio para la Universidad de los Andes.

En los países consumidores ganan las redes que trafican al por mayor y al detal ––el negocio principal es este último, y es por ello que la ganancia se queda principalmente allá. Ganan los vendedores de precursores químicos, sin los cuales no es posible producir la droga, y hacen también utilidades fabulosas los banqueros, que lavan las enormes sumas que se mueven por todo el sistema financiero internacional. Lavar la plata de la droga es una parte grande del negocio, que no se puede hacer sin la banca norteamericana y sin los paraísos financieros instalados en todo el mundo para ocultar la corrupción de uno y otro tipo. Ganan los traficantes de armas y, así sea de carambola, gana Monsanto, el fabricante de Roundup, el herbicida que se está utilizando en las fumigaciones colombianas.

Analicemos ahora el problema de los cultivadores. ¿De quiénes se trata? ¿Quiénes son esos colombianos que están sembrando coca y amapola a lo largo del territorio nacional, si no estoy mal, en 180 municipios. Según estudios del Departamento Nacional de Planeación para el departamento de Putumayo, una de las regiones donde se halla localizado un buen segmento del cultivo, el 78% de los habitantes presenta necesidades básicas insatisfechas y está por debajo de los niveles de pobreza. Dentro de ese porcentaje, el 12% se encuentra en la miseria. Ese 78% de Putumayo contra 37% en el resto de Colombia, es decir, más del doble. 12% de miseria allá, frente a 8% en el resto del país.

En las cabeceras urbanas del Putumayo, y esto de urbanas pongámoslo entre comillas, vive el 59%; solo el 45% cuenta con acueducto y apenas el 58 con electricidad. Lo que estoy intentando resumir con estas cifras es que los cultivadores de coca y amapola son por sobre todo unos colombianos pobres y miserables que no se enriquecen con el negocio. Aquí hay que separar de manera tajante el boyante negocio del narcotráfico y la inmensa pobreza que se aprecia en la base de la pirámide. Los cultivadores de coca y amapola son campesinos, indígenas y jornaleros que a duras penas medio se sostienen con el cultivo, con el agravante de que en las zonas donde hay coca y amapola el costo de la vida es muy alto y los recursos de salud y educación muy escasos. Hay una reflexión que debe hacerse: qué diablos hacen por allá esos colombianos. Para qué se fueron tan lejos, si no salen de la pobreza y les cae además la condición de convertirse en ilegales, con todas las consecuencias que eso trae consigo, y además los fumigan como cucarachas desde aviones.

La pregunta no es difícil de contestar. Desde siempre, en Colombia, la pobreza ha sido mayor en las zonas rurales que en las urbanas, pero particularmente desde 1990. No es casual, pienso yo, que el auge de los cultivos de amapola y de coca coincida más o menos con el año 1990, cuando empieza a aplicarse en el país la política impuesta por el Fondo Monetario Internacional. La política neoliberal, así haya a quienes moleste la palabra, se tradujo en la pérdida de un millón 800 mil hectáreas de producción agrícola y en la desaparición de 234 mil hectáreas de cafetales, como producto de la crisis económica.

Esos millares de compatriotas están allí en buena medida porque el Estado no es capaz de ofrecerles en otras zonas la posibilidad de producir cultivos rentables. Y están metidos en la coca y la amapola porque tampoco allí les funciona el resto de los cultivos. El Estado no ha sido capaz de ofrecerles las garantías de producción agrícola que hagan que sea mejor negocio, o por lo menos igual, cultivar plátano que coca, o cultivar maíz o criar ganado. Esa es la realidad social de fondo en el asunto y esto habrá que tenerlo muy en cuenta porque guarda estrecha relación con las posiciones asumidas por los organismos de control con respecto a las fumigaciones, tal como lo veremos más adelante. Y es para hacerse una pregunta, señor presidente [se dirige al senador Carlos Arturo Clavijo, presidente de la Comisión Quinta], a usted que se interesa en los asuntos del agro: ¿qué le va a suceder al país una vez se aplique el TLC o el ALCA y se nos arrebaten los dos millones de hectáreas de agricultura lícita que aún quedan? ¿Y qué le va a ocurrir cuando la abundantísima mano de obra vea la coca y la amapola como la única alternativa?

¿Qué tan eficaz ha sido esta política con respecto a lo que se supone su propósito, cual es el de reducir de manera importante la producción de coca y amapola? Lo que nos vienen arguyendo quienes la auspician es que el fin justifica los medios y que no importa cuán atroz sea el medio mientras el fin sea noble, cosa que por supuesto es una monstruosidad moral. Ellos aducen que como el tráfico de estupefacientes es tan malo, cualquier método resulta válido.

Están fumigando el país desde hace 30 años, más en los últimos por supuesto, ¿y qué nos dice la Dirección Antinarcóticos de la Policía? Que en 2001 había en números redondos 144 mil hectáreas de coca y asperjaron 94 mil. Uno pensaría, haciendo cuentas, que quedaron entonces 50 mil. Pues no. En 2002 había 102 mil. Volvieron y asperjaron otras 130 mil y en 2003 volvieron a fumigar otras 132 mil. ¿Entonces? Lo que la propia estadística de la Dirección Antinarcóticos deja en claro es que en coca fumigan bastante más de lo que supuestamente debería haber. ¿Qué es lo que sucede? Primero, que las fumigaciones no son tan eficaces como se afirma y, segundo, que quienes la están produciendo vuelven a cultivarla en nuevas áreas en producción. Lo que termina habiendo es una especie de sustitución. Coca que se fumiga aparece de nuevo en otro sitio o en el mismo. Sumadas, las hectáreas existentes en el 2001 y 2002 eran 246 mil. Y resulta que fumigaron en los últimos tres años 356 mil, es decir, cien mil más de lo que supuestamente había.

Parte del problema, colombianos y senadores, obedece a un enredo bárbaro de cifras. Según El Tiempo de la semana pasada, la CIA habla de una “reducción histórica” de cultivos de 144 mil a 130 mil entre 2000 y 2003, datos que no coinciden por supuesto con los que dan otros informes. La situación se ha terminado volviendo medio ridícula. Si esto no fuera tan doloroso, señor ministro, sería hasta chistoso. En un documento que tengo aquí a la mano, la Contraloría General cuenta una anécdota y es que hay un pleito entre la oficina del Departamento de Estado encargada de medir desde aviones cuánta coca queda y la CIA, que tiene otro aparato también encargado de medir. Se formó el pleito porque el uno decía que en 2001 había subido el área en 20% y la otra, que había bajado. La oficina nacional para el control de las drogas de la Presidencia de Estados Unidos decidió hacer una investigación a ver qué era lo que pasaba, por qué salían esas contradicciones tan grandes, y descubrió que las diferencias entre el uno y la otra eran del orden del 79%. La CIA y el Departamento de Estado ni siquiera estaban de acuerdo en lo que significaba la palabra erradicar. Al final, y esta es la parte ridícula del asunto, termina diciendo la investigación de la Presidencia que el método del Departamento de Estado no permite saber si lo que se está identificando es coca u otra clase de cultivos. ¡Hágame el favor! ¡El método no permite saber si lo que se está fumigando es coca u otra clase de cultivos! Y concluye también que la técnica de la CIA no permite una estimación adecuada por las distorsiones en la imagen, las fumigaciones del terreno o la atmósfera. Hasta esta situación hemos llegado.

La prueba reina de que esto no está funcionando, y la entiende cualquier aficionado a la economía o cualquier ciudadano medianamente informado, es que no está subiendo el precio de la droga en las calles norteamericanas. Acaba de hacer la Presidencia de Estados Unidos un estudio sobre 25 ciudades norteamericanas. Concluye que en los precios, las facilidades para el consumo, la disponibilidad y la pureza no hay cambio en las calles norteamericanas, lo que quiere decir que la estrategia está fracasando, porque es fácil entender que si hubiera una reducción de la producción, tendría que haber dificultades en la disponibilidad, debería subir el precio y se vería amenazada la pureza.

En El Tiempo del 18 de enero de 2004 los reporteros le preguntan al embajador de Estados Unidos en Colombia, señor William Wood, si ha bajado el flujo de narcóticos a Estados Unidos y dice: “No estamos seguros”. Agrega: “No hemos visto con certeza un cambio en el mercado norteamericano” y se pone a hacer especulaciones de qué será lo que está pasando. Pero lo cierto es que él no está seguro que ha habido una reducción en el flujo.

¿Cuál es el problema general? Lo voy a mencionar, no porque sea el centro del debate sino porque interesa. Uno, hay millones de consumidores o, en distintas palabras, una inmensa demanda en el mercado mundial. Dos, hay narcotraficantes de sobra, porque las utilidades del narcotráfico son excelentes. Por mucho que sea el riesgo y muy dura la cárcel, se sabe que en el capitalismo siempre que haya una gran ganancia, habrá también quien se arriesgue, incluso al cadalso, y este es el caso típico. Tres, hay tierras de sobra en el planeta para esta actividad, no solo aquí en la zona andina sino en el resto del mundo tropical, pues se trata de cultivos tropicales. Y hay finalmente, por la enorme pobreza de la región y de la humanidad, cultivadores de sobra. En síntesis, todos los factores están dados, no falla ni uno solo y no tiene ninguno por donde fallar. Ahí están los consumidores, ahí los narcotraficantes, ahí las tierras y ahí los cultivadores, los cuatro requisitos necesarios.

Lo anterior ha llevado a que un buen número de gente opine al respecto que aquí lo que hay que hacer es legalizar el consumo y han criticado de múltiples maneras lo que se viene haciendo Milton Friedman, Premio Nóbel de economía, de la derecha neoliberal furibunda, acusa al gobierno de Estados Unidos de ser el responsable de las diez mil muertes que se producen al año en Estados Unidos por causa del narcotráfico. Dice que es un problema moral que el gobierno vaya por ahí matando a 10 mil personas, porque convierte en delincuentes a personas que puede que hagan algo que usted y yo no aprobamos, dice Friedman, pero que no le causa daño a nadie más.

En los mismos términos se pronuncia George Soros, importante financista norteamericano. Pero bueno, no voy a entran en este debate. Simplemente lo anoto como un hecho en el que nos podemos poner de acuerdo: la única bala de plata que habría contra este problema sería la legalización.

Ustedes se acuerdan de la historia de Drácula. Solo cae si uno le dispara con una bala de plata. Pasa lo mismo con el narcotráfico. Si se legaliza el consumo, todo se vuelve un negocio que cambia por completo. Seguramente la Philips Morris terminaría concentrando la comercialización de coca o cocaína, como lo hace con la del café. Cambiaría todo.

Pero también es cierto, señor ministro, que esto de la legalización tropieza con fuertes resistencias, de orden moral, por ejemplo. Alguna gente no la apoya porque sus convicciones morales no se lo permiten. Hay gente que por razones políticas no puede compartirla. En fin, hay muchas razones, digamos, respetables, para oponerse a la legalización y hay también razones de conveniencia. Los primeros enemigos son los narcotraficantes. Si el narcotráfico es negocio, es porque es ilegal. Entonces yo presumo que todos las mañanas, los narcotraficantes del mundo entero le ponen velas a las imágenes para que el negocio no se les vaya a terminar. Esto lo anoto simplemente como un hecho, porque es importante que el Senado y los colombianos tengan completo el panorama. Estamos haciendo el presente debate con la premisa de que es ilegal, gústele a quien le guste. Es ilegal el consumo, como ilegal el narcotráfico, como ilegal la producción de coca y amapola. Vamos a centrar el debate ahí, porque es el único debate que hay que hacer.

También está definido como ilegal el cultivo de coca y amapola. No tendría por qué serlo, pues distingamos: una cosa es la coca y otra la cocaína, de la misma manera que entre el vino y la uva hay una enorme diferencia. Y aquí hagamos al margen una acotación. Las comunidades indígenas son consumidoras habituales de coca como una costumbre ancestral. Es importante tenerlo en cuenta, señor ministro.

En la medida en que es ilegal el narcotráfico, estoy de acuerdo con que el Estado ejerza alguna actividad punitiva. ¿De qué manera? Básicamente, se han venido fijando dos posiciones. La de quienes decimos que la actividad del Estado debe sujetarse a la ley y mantener una actitud ética, moral, democrática en la persecución del traficante, tal como debe hacerlo en la persecución de cualquier delito. Al asesino el Estado no lo puede asesinar, al ladrón el Estado no le puede robar, al torturador no lo puede torturar. No es cierto, colombianos y senadores, que porque el narcotráfico sea un problema gravísimo, el Estado tiene el derecho a violar leyes y a hacer lo que le dé la gana.

¿Qué decimos quienes sostenemos una concepción democrática? Que la coca y la amapola hay que perseguirlas y erradicarlas, pero mediante sistemas de erradicación manual que preserven la fauna, las plantas y las personas. Debe aprobarse al tiempo una política social y económica del Estado que les ofrezca a campesinos, indígenas y jornaleros alternativas de distinto orden para que se dediquen a otras actividades agronómicas. El campesino, el indígena y el jornalero son profesionales del trabajo manual agrícola, no delincuentes. Esa es su profesión, señor ministro. Aun cuando sean pobres, es gente supremamente respetable. El deber mínimo del Estado es entonces ayudarles a esos compatriotas a que trabajen dentro de su profesión. Es el campo donde se realizan y se convierten en gente respetable.

La política opuesta, antidemocrática, es la de fumigarlos como cucarachas y, de paso, convertirlos en vendedores de chontaduros en las calles de Bogotá. Y no solo asperjarlos con tóxicos, sino hacerlo desde aviones. Subrayo desde aviones, porque buena parte del debate se centra en este hecho.

Entremos ya a mirar puntos más restrictivamente medioambientales. Lo primero, ¿con qué se fumiga? Con herbicidas de amplio espectro, unos productos químicos diseñados para matar plantas de distintas especies. Queda entonces en claro que estos productos matan la coca y la amapola, pero también otras plantas. Pero el hecho de que sean diseñadas para matar plantas no quiere decir que no les hagan daño a otros seres vivos. Son herbicidas tóxicos, tal como lo establecen las propias etiquetas con que Monsanto, la gran trasnacional gringa dueña de este negocio, pone a la venta el Roundup, que es como se llama comercialmente el producto. Las etiquetas dicen cosas como estas: el veneno no debe tocar a las personas ajenas a la fumigación; hay que hacer esfuerzos por que no se lo lleve el viento; de ninguna manera debe caer sobre las aguas, ni tampoco sobre otros cultivos, y menos sobre los que sean de uso comercial; no echar si se prevé lluvia inminente; ponerlo fuera del alcance de animales y alimentos; si se va a usar en cultivos permanentes, ojalá se haga con bomba de espalda para poder controlar de manera más precisa la aspersión; no almacenar junto a semillas y alimentos; destruir los embalses, en fin, quiero dejarles, colombianos y senadores, la idea de que es tóxico, no solo para la planta de coca, sino también para otras plantas, las personas y los animales.

En 1997 fue obligada Monsanto a quitar de la etiqueta una leyenda en que afirmaba que era un “producto biodegradable, no tóxico, inofensivo y seguro para el medio ambiente”. Se la hicieron borrar en ESTADOS UNIDOS, porque era una afirmación propagandística desproporcionada. Está documentado por la literatura científica, en Japón y Australia, por ejemplo, que quien se tome el glifosato se muere. Y, sin embargo, por ahí andan diciendo algunos, de la manera más alegre, que “eso no hace nada”. ¡Ojo, que no es un cuento! Llamo a los hinchas de este tóxico a que no vayan a hacer la gracia de tomarse ni siquiera una cucharada.

Previenen además los investigadores sobre el riesgo de carcenogénesis. Por los efectos en los suelos ––no tengo tiempo de detallar la parte, digamos, científica y médica del asunto––, las fumigaciones con glifosato pueden producir cáncer.

Dicen también los estudiosos, nacionales y extranjeros, que es dable predecir mutaciones genéticas por cambios en el DNA. También que puede producir teratogénesis, daños severos en los fetos de personas y animales.

El Roundup contiene en su formulación básica no solo glifosato, sino además Poea, un químico que la propia EPA, la agencia ambiental de Estados Unidos, reconoce como un severo irritante de la piel y corrosivo a los ojos. El Poea es tres veces más tóxico que el glifosato y también tiene efectos cancerígenos y mutagénicos.

Aquí en Colombia le agregan al Roundup otro producto de la misma familia llamado Cosmoflux. Combinados, los sulfactantes Cosmoflux y Poea juegan un papel medio diabólico, pues aumentan la peligrosidad del glifosato. Actúan como quitándoles la piel a las personas y a los animales sobre los que entran en contacto para que luego el glifosato consiga actuar mejor en su obra de destrucción. Cosmoflux y Poea aumentan la acción venenosa, tóxica, del glifosato.

¿Cuánto se está asperjando en Colombia, doctor Sabas Pretelt? El año pasado, un millón 381 mil litros de Roundup. Sobre los efectos dañinos, ahí en la pared hay exhibidas unas fotos que muestran a las claras los efectos sobre personas, animales y plantas. Pero también se están causando efectos crónicos, en la medida en que las aspersiones se mantengan a lo largo de años, como es el caso nuestro.

El otro día escuché en esta Comisión a algún senador que argumentaba: hombre, el Roundup es lo que están echando los jardineros en mi finca, lo que se echa en los cultivos de caña y de café. Y es verdad. Roundup es probablemente el herbicida más vendido en el mundo y se utiliza en muchísimos cultivos. Pero eso no le quita lo tóxico. Porque si se probara que no es tóxico, habría que meter a los de Monsanto a la cárcel por pillos, pues no estaría produciendo los efectos que afirma en la etiqueta. Voy a diferenciar entonces claramente lo que es el uso agrícola y el uso no agrícola del Roundup. Está reglamentada en todas partes la cantidad de Roundup que ha de tener la mezcla utilizada para fines agrícolas y para fines no agrícolas. Luego la idea de que en mi finca yo lo uso no cabe aquí, porque en las aspersiones aéreas lo que se emplea es el Roundup en cantidades que precisamente lo clasifican como no agrícola. Los porcentajes son del orden del doble frente a los usados, por ejemplo, en los cañaduzales del Valle del Cauca, como madurante. El que se asperja desde el aire en las fumigaciones es entre siete y catorce veces más poderoso. Luego no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque estamos hablando de productos de diferente calidad.

En todo esta política se presenta un problema no menos grave, que todavía no se ha aclarado ante el país: ¿qué es lo que se está echando en realidad? Hasta por lo menos septiembre de 2002, lo que las avionetas arrojaban desde el aire no era el Roundup Ultra, sino el Roundup SL o Export, señor ministro, y es un detalle cardinal.

Coincidencialmente, a partir de ese mismo mes, septiembre de 2002, la EPA de Estados Unidos decidió que no se volviera a utilizar el Roundup SL, sino el Ultra. O, por mejor decir, prohibió el Export o SL. La Defensoría del Pueblo de Colombia acaba de advertir que las autoridades antinarcóticos continúan aquí echando el SL. ¿Por qué es importante la diferenciación? Porque el Roundup SL salía en Estados Unidos con un letrero que decía: “Tóxico para no venta en los Estados Unidos”. La EPA no ha dudado en sancionar a los agricultores que en Estados Unidos continúan usándolo. Y se sabe, porque hay investigaciones de gente seria al respecto, que Monsanto ya decidió no usar el SL en Estados Unidos.

El otro asunto clave es la forma de aplicarlo. Según las mismas normas de aplicación, un producto de esta naturaleza es más tóxico en usos no agrícolas. Monsanto recomienda que se eche con bombas de espalda, precisamente para controlar la aspersión. Desde el principio se advirtió que no debía usarse desde aviones, un asunto que me parece clave en el debate, doctor Sabas Pretelt, porque el avión no garantiza, por el llamado “efecto deriva”, que esa gota de líquido solo caiga donde se hallan la coca y la amapola. En forma inexorable, el viento hace que caiga en sembradíos y en los sitios poblados. Claro que la Resolución 013 autoriza fumigar sobre cultivos intercalados. La orden es explícita: fumigar coca y amapola, más plátano, yuca y lo que haya. Y la misma Resolución elevó la altura a la que pueden volar las avionetas, lo que hará que el efecto deriva sea mayor.

Quiero hacer hincapié en que, por este hecho que señalo, no cabe la comparación entre las aspersiones aéreas y el uso comercial. Pero hay otro factor: las zonas donde se cultiva la coca y la amapola suelen ser zonas de montaña bordeadas de grandes árboles, donde es imposible que las avionetas logren volar a baja altura. Ahí se ve una foto de una avioneta que sí estuvo a la altura mínima deseada, quizá solo un segundo o dos, no estuvo más, porque enseguida volvió a elevarse.

Expertos norteamericanos calculan que cuando las cosas empeoran, aun por dentro de las normas, el veneno termina cayendo sobre el doble del área fijada. O en distintas palabras, cuando en Colombia decimos que se fumigan 131 mil hectáreas, se han fumigado en realidad 260 mil.

¿Sobre quién cae el veneno? Esta es otra parte crucial del asunto. Por el efecto deriva que he estado yo explicando, no solo cae sobre la coca y la amapola sino también sobre otras áreas. Ya la Resolución 013 autorizó fumigar los cultivos intercalados, como plátano, yuca y demás. El veneno están tirándolo ex profeso sobre cultivos no ilícitos y además sobre las vacas y sobre los perros y sobre las gallinas y sobre el campesino que cultiva y la señora y la abuela y los hijos. Están fumigando a nuestros campesinos como cucarachas, señor ministro, campesinos que a mi juicio son gente honrada y trabajadora a quien las condiciones del país la obligaron a emigrar hacia allá.

La fumigación que se está haciendo viola incluso las normas del EPA, la agencia ambiental norteamericana. Las normas de la EPA exigen mantener controlados los riesgos sobre la salud y el medio ambiente, cosa que en Colombia no ocurre; demanda que la fumigación sea legal, y aquí ha sido ilegal, como vamos a demostrarlo, y ha dicho que va a haber reparación sobre los daños, lo cual es una de las burlas más grandes. Como los tóxicos se están dispersando por áreas extensas, senador Serrano, se aprobó una norma en la que se estipula que el campesino al que le caiga la fumigación tiene derecho a exigir una reparación del Estado, algo perfectamente elemental.

No solo caen sobre el cultivo intercalado, sino también sobre los vecinos, sobre los buenos y los malos y sobre todo el mundo. La Defensoría del Pueblo ha documentado casos de fumigación de cultivos adscritos al programa del Plante, diseñado para que el campesino se alejara de la amapola y de la coca y cultivara otros productos. Según las cifras del Ministerio del Interior, los campesinos han elevado 4.497 reclamos, de los cuales las oficinas del gobierno solo han admitido cinco. ¿Por qué? Porque las normas están mañosamente redactadas para que el campesino no pueda hacer el reclamo o para que le quede muy difícil. Una de ellas exige que los peticionarios sean dueños de la finca o del predio, cuando todos sabemos que las zonas de colonización se caracterizan precisamente porque no tienen escrituras, ¿o eso no lo sabe el gobierno? En los reclamos, la policía actúa de juez y parte. Adelanta las fumigaciones de la forma como lo viene haciendo y es ella misma la que determina si hubo o no daño y cuánto vale. Es una burla para los colombianos que viven en la zona.

¿Cómo han evolucionado las normas? En forma desastrosa. La primera opinión legal que hubo en Colombia la emitió un comité de expertos en herbicidas nombrado por el Instituto Nacional de Salud en 1984, cuando se agrava el problema. Los expertos concluyen que no se debe echar ni Paraquat ni Roundup (glifosato) ni 2.4D, el famoso agente naranja de los gringos, y rechazan con especial severidad, por razones obvias, la idea de que se haga desde aviones. Lo del avión es crucial en esta discusión que estamos haciendo. Y sin embargo, se les dio vía libre.

Más adelante el gobierno nacional contrató en 1988 a la firma Ecoforest Ltda. para que diera una opinión. Ecoforest acepta que se use el glifosato, pero advierte: “Eso sí, nunca desde aviones”, y agrega: “No sobre cultivos intercalados ni en zonas de minifundio”, por el problema del efecto de deriva que hemos venido mencionando.

Vienen después unos años de trucos y astucias y, en 1992, el Consejo Nacional de Estupefacientes anunció que se iniciarían de manera experimental fumigaciones contra la coca. Después, también de manera experimental ––porque esa era la astucia––, la extendieron contra la amapola y en 1994 se anuncia contra todos los cultivos. Entonces ¿cuál es la evolución de las normas, de manera premeditada o no, doctor Sabas Pretelt? Primero, utilizar normas viejas de antes de las fumigaciones y de antes del Ministerio del Medio Ambiente para evadir las medidas obvias de protección medioambiental, sanas y sensatas, que debieron tomarse. Buscaban como rábulas a ver que inciso y que artículo de las normas viejas les servía para aplicárselo a esto, un fenómeno completamente nuevo. Para este tipo de fumigaciones, senador Manzur, se esgrimen las mismas normas que se usan para fumigar el arroz, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay otro hecho evidente, y es ver cómo va avanzando la desvergüenza en la modificación de las nuevas Resoluciones del Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Uno nota que al principio le van entrando como avergonzados, porque saben lo que está sucediendo, pero después se destapan hasta llegar a la fumigación de los parques naturales. Desde ya les anuncio, a propósito, que voy a terminar mi intervención mostrando una carta del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre lo nuevo que ellos están planeando, para que vean hacia donde se están moviendo las cosas. La evolución es muy grave y la pregunta que hay que hacerse es hasta dónde van a llegar, cuál es el límite. No les funciona la estrategia, pero la tienen que hacer, y entonces vamos a ver dentro de un rato lo que están pensando.

En 1984, el Ministerio de Salud pidió un plan de vigilancia epidemiológica y en 1992 y otra vez en 1994, ratificó la petición, y esta es la hora en que el plan no se ha hecho. Llevamos 20 años bregando a que se cumpla una decisión tomada por el Ministerio de Salud en 1984 relativa al Plan de Manejo Ambiental. Desde luego que esto no se arregla con planes de manejo ambiental ni con cuestiones epidemiológicas, porque lo que se le está imponiendo al país es una monstruosidad, pero bueno, bregando a que no se vea tan mal se intentan aplicar unas normas que en algo deben morigerarla. Pues bien, en 1996 el Ministerio del Medio Ambiente pidió otro Plan de Manejo Ambiental y después de toda clase de burlas, de trucos y de astucias interpuestos por la Dirección Nacional de Estupefacientes, el Ministerio lo tuvo que imponer en el año 2001.

Al Ministerio le tomó cinco años, pero la Dirección Nacional de Estupefacientes apeló y al Ministerio le tocó ratificarlo en el 2002. Seis años para que hubiera una norma que en algo morigerara, siquiera en el papel, los efectos de las fumigaciones. Pero además la Defensoría del Pueblo conceptúa que el Plan que se terminó imponiendo no cumple lo exigido en 1996, pues es demasiado tímido y no resuelve el problema. Hay otro pleito con una auditoría técnica exigida por el Ministerio de Ambiente. Fue pedida en el 2000, estamos en 2004 y todavía no se han podido poner a caminar las recomendaciones. Esto no arregla el problema, repito, pero sí muestra la actitud displicente, negligente, irresponsable, con que se viene haciendo la fumigación, incluso dentro de su propia lógica, como lo demuestra el que haya habido tres instituciones distintas al Consejo Nacional de Estupefacientes que han fijado posición, porque tienen legalmente el derecho a hacerlo, como son la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ––en una acción popular que está pendiente de un fallo en sala plena en el Consejo de Estado, y esperemos que los magistrados hagan honor a una actitud democrática y respetuosa de las leyes de la República––, y las tres en la misma dirección y en el mismo sentido. ¿Qué han dicho? Desde luego, antes de la decisión tomada por el gobierno de fumigar los parques naturales, o sea, antes de la Resolución 013, que agrava muchísimo el problema.

¿Qué han dicho? Primero, que se suspenda la fumigación aérea, porque los riesgos de daños agudos y crónicos a la salud y al medio ambiente son inmensos. No hay que ser un mago para verlo. Así de simple es la decisión que toman las tres instituciones. Conceptúan que las fumigaciones pueden producir daños crónicos tales como los efectos cancerígenos y esgrimen un principio que consagran las leyes de la República, particularmente la Ley 99 de 1993, como también los tratados internacionales firmados por Colombia, el principio de precaución, el mismo que acaba de utilizar el presidente Borja, del Ecuador, para prohibir las fumigaciones en ese país, un principio que a mi juicio constituye un avance de la humanidad. ¿Cómo se enuncia? Aun cuando no hubiere certeza absoluta y científica de que una determinada medida produce daño, si el riesgo es grande, no se toma, aplicando el criterio de precaución.

En el caso que nos ocupa, el gobierno de Colombia y el Departamento de Estado norteamericano sostienen que el Roundup no hace daño, pero hay otros muchos que creemos que sí es supremamente pernicioso. Estados Unidos tiene sus especialistas a sueldo, ¡cómo no va a tener Monsanto especialistas de sobra a sueldo que le justifiquen cualquier cosa! Sería increíble. Y Estados Unidos, el mismo que invadió a Irak con el cuento de las armas de destrucción masiva, ¡no va a tener científicos a sueldo para justificar cualquier cosa! Pero bueno, aceptemos, doctor Pretelt, que los científicos del lado de allá son tan buenos como los del lado de acá. Entonces, lo que hay es una discusión de tipo científico. Muchos científicos en el mundo sostienen que hace daño y otros que no.

Ayer me llegó por internet un documento sobre lo que parece el último efecto negativo del glifosato, senador Manzur, para que le echemos ojo en la Comisión, y es que puede disparar el crecimiento del hongo del Fusarium, tal como se halla documentado en Canadá y en Australia. Por la acción que ejerce sobre el medio ambiente, el glifosato quizá termine disparando el crecimiento de hongos perniciosos y venenosos. Pero bueno, aceptemos que se trata de un debate. Los amigos de Monsanto y del gobierno de Estados Unidos y de Colombia arguyen que el Roundup no hace daño. Un sinnúmero de científicos sostienen que hace daño, otros que no, y entonces ¿que dicen el tribunal administrativo de Cundinamarca y la Defensoría del Pueblo? Que en esos casos hay que aplicar el principio de precaución, un principio del sentido común.

Me pregunto qué sucedería si un padre de familia mandara a un hijo de 3 años a hacer un mandado a la esquina a comprar unos dulces, y el niño tuviera que cruzar la Séptima por allá a la altura de la 90. Es probable que él pudiera demostrar matemáticamente que dado el ancho de la calle y el número de carros no sea tan alto el riesgo. La pregunta es: ¿por qué no manda ese padre a su hijo a cruzar la Séptima? Por algo que aquí hemos llamado principio de precaución. Si yo no estoy seguro. mejor no lo hago. Es un principio clave y un avance de la humanidad. Si hay riesgo de que un agroquímico cause cáncer, así no haya certeza desde el punto de vista científico, lo sensato es no aplicarlo. Y lo mismo sucede con los demás efectos negativos que un veneno pueda acarrear sobre personas, animales y otras plantas.

La Defensoría del Pueblo insiste en otro principio clave, el llamado principio de discriminación positiva. Y es que esos compatriotas que están allá en una actividad ilícita y penalizada por las leyes de Colombia no pueden ser tratados como hampones, porque no lo son. Dónde está la ley de Colombia que estipula que al que siembra coca lo pueden fumigar como una cucaracha. Dónde está la ley de Colombia según la cual, si yo siembro aquí coca y amapola, me pueden quitar el platanal que tengo al lado, cuál es la norma, no existe. La Defensoría afirma entonces que es algo elemental de la democracia el que se discrimine positivamente a esos compatriotas, a quienes no podemos ver como unos hampones, porque no lo son. E insisto en la idea. El cultivador de coca y amapola es un campesino laborioso que se puso por fuera de la ley porque las circunstancias sociales lo obligaron a ello, al igual que al vendedor ambulante, también penalizado por las normas y que tampoco es un hampón.

¿En qué consiste el principio de discriminación positiva? En reconocer que esos compatriotas, más que beneficiarios, son víctimas del negocio, víctimas a los cuales los ha sometido la sociedad.

Contraloría, Defensoría y Tribunal de Superior de Cundinamarca, tres entes supremamente respetables que pertenecen a la estructura del Estado, se han puesto de acuerdo, porque esto de fumigar viola varios artículos de la Constitución Nacional, viola el Código de Recursos Naturales, viola la Ley 30 de 1986, viola la Ley 99 de 1993 y viola el Decreto 1843 de julio 22 de 1991, una condena anterior a la fumigación de los parques, porque lo de fumigar los parques naturales ya es, como se dice coloquialmente, la tapa del congolo.

Una mención muy breve a la importancia de los parques. Colombia es un país de una biodiversidad maravillosa, un recurso descomunal allí en nuestras manos. Si proporcionamos con el área, probablemente sea el país más biodiverso del mundo y esto no son cuentos de hippies, porque en la biodiversidad de nuestros parques naturales podría estar la cura del cáncer o del sida y las fumigaciones podrían terminar con ese aspecto de la vida. Colombia es en el mundo uno de los países principales en especies animales y vegetales que solo existen aquí, y eso es lo que se está queriendo fumigar.

Esta batalla la hemos ganado hasta donde va de aplazar las fumigaciones y espero ganarla en la norma, que la norma cambie por lo menos en lo que tiene que ver con parques, porque realmente es un descrédito para los colombianos padecer un gobierno que sea capaz de aceptar las fumigaciones de los parques naturales. Es una vergüenza universal, doctor Sabas Pretelt, habérseles pasado siquiera la idea por la cabeza. Pero ahora se nos dice, no, ahí están los bandidos sembrando coca y haciéndoles daño a los parques. Y es verdad. Estamos en contra de que en los parques se siembre coca y cualquier otro cultivo, porque no se debe sembrar nada.

Esa no es aquí la discusión. Muchas personas dañan el medio ambiente de los parques cuando siembran coca, pero eso no autoriza al gobierno a replicarles causando todavía más daño, porque el gobierno no puede asumir la actitud del delincuente para perseguir al delincuente. Este es un principio de la civilización que nadie lo puede desconocer o caemos en la barbarie, en la vieja ley del talión de ojo por ojo diente por diente.

Hay un último aspecto, probablemente el más grave. Es vox populi que no son decisiones soberanas del gobierno de Colombia ni la política antinarcóticos ni en especial las fumigaciones. Colombia es el único país del mundo que fumiga desde aviones. Estados Unidos es el primer productor de marihuana en el mundo, y yo pregunto: ¿en Estados Unidos, las autoridades fumigan desde aviones los cultivos de marihuana? Por supuesto que no. ¿En Estados Unidos fumigan desde aviones los cultivos de marihuana que hay en los parques naturales? Por supuesto que no. Pero aquí sí fumigan desde aviones los cultivos ilícitos, como una imposición de Estados Unidos que se remonta a los años 1971 y 1972. Después, en 1973, Nixon declara la guerra contra las drogas, y Estados Unidos la convierte en un asunto de seguridad nacional. El mundo debe temblar cada vez que a los gringos se les ocurre decir que un tema cualquiera es de seguridad nacional, porque es una especie de doble cero, como el de James Bond, que le da licencia para todo. Cuando el gobierno de Estados Unidos afirma que un asunto cualquiera es de seguridad nacional, vale todo, hasta invadir, como acaba de hacerlo en Irak para robarle el petróleo.

La política antidrogas que se viene aplicando en Colombia no es una recomendación de aplicación voluntaria. No, aquí existe un sistema de certificaciones. Si Colombia no hace lo que el gobierno de Estados Unidos quiere en lucha antinarcóticos, Washington mueve sus fichas para paralizar los créditos de Colombia ante las agencias internacionales de crédito. Esto se monta es pistola en mano. Aquí estamos sometidos a una extorsión del gobierno de Estados Unidos. El ATPA, hoy Apdea, concedió unas preferencias arancelarias a las exportaciones colombianas, condicionadas a que Colombia aplique la política antinarcóticos trazada por Estados Unidos y bautizada como Plan Colombia. Pero el Plan Colombia, senadores, no comprende tan solo el campo de los narcóticos, no es solo aviones y fusiles, sino también pensiones, privatizaciones, sueldos, todo. El Plan Colombia contiene un párrafo, no me canso de repetirlo, donde se establece que no importa que las importaciones acaben con el sector agropecuario. ¿Por qué? Nuestro país, afirma el Plan Colombia, tiene como alternativa la especialización en cultivos tropicales, lo he leído en esta Comisión más de una vez. No solo nos desbaratan, no solo nos imponen la política antinarcóticos, sino que nos imponen una política agraria que es en buena medida el fundamento del problema de coca y amapola que padecemos. El ALCA y el TLC también nos están condicionando a lo mismo. Es tanto el sometimiento de Colombia, que hay una enorme desproporción. Ellos se soplan el bazuco allá, se corren las líneas de cocaína allá, y nos fumigan aquí. Ellos se quedan con la plata allá y los muertos los ponemos nosotros aquí. ¡Es una cosa como de locos! Es la desastrosa realidad a la que estamos sometidos.

Como muchos colombianos de las más diversas concepciones políticas y filosóficas estamos unidos en la idea de que fumigar los parques naturales es la tapa del congolo de toda la política antinarcóticos de Estados Unidos, miren ustedes lo que dice el editorial de El Tiempo del 14 de marzo de 2004, para que vean que no son cuentos del Senador Robledo esta idea de que la fumigación de los parques es una monstruosidad. Lo que El Tiempo recomienda es que se haga erradicación manual y que se le den alternativas a los campesinos, en otros términos, lo obvio, lo democrático, aquello en lo que se pone de acuerdo cualquiera. Pero miren lo que termina concluyendo el editorial de El Tiempo. Blindar los parques sin fumigarlos sería anteponer a Estados Unidos, por una honrosa vez, el interés nacional de un país con el segundo patrimonio ambiental del planeta. No fumigar los parques, dice El Tiempo, sería poner como principal el interés nacional de Colombia, por una honrosa vez, frente al interés de Estados Unidos.

Esto que digo molesta a mucha gente, particularmente a los gringos y a sus socios menores y comisionistas. Pero, doctor Sabas Pretelt, alguien tiene que atreverse a denunciar que el rey anda desnudo y que utiliza un lenguaje procaz y que manda la mano donde no la debe mandar. Esto es una realidad. Si no partimos de los hechos, no vamos a poder arreglar, de ninguna manera, los problemas del país.

Me refiero en seguida a una cuestión de táctica, porque este problema es en cierta medida un problema militar. ¿Cuál es la situación? Estados Unidos está localizado aquí en Colombia y en otros cincuenta países donde se pueden producir cultivos ilícitos y narcotráfico se puede hacer en 150 países. En un mapa cualquiera, uno miraría a Estados Unidos como una víctima de todos los demás países del mundo, diría el presidente Bush, todo el mundo echándole hacia allá cocaína y heroína. Y lo curioso es que el eje de la política norteamericana no consista en blindar las propia fronteras, el espacio geográfico menor, sino que prefiera regar la guerra por el mundo entero intentando controlarlo y abarcarlo todo.

Seguramente me va a replicar el doctor Sabas Pretelt en sus explicaciones que la idea es acabar con la coca y la amapola en Colombia, así esos cultivos se vayan para Perú, para Ecuador o para el África o para el Asia. Digamos que ese sería un criterio poco amistoso con los vecinos. Presionemos la bomba aquí para que el problema se vaya para otro lado. Bueno, uno diría, pensando con la racionalidad del doctor Londoño Hoyos, que si la estrategia tuviera éxito ––y no creo que lo tenga, pero vamos a suponer que sí ––, nos resolvería el problema a nosotros. La pregunta es: ¿y eso en qué les resuelve el problema a los gringos? Para efectos prácticos, si es verdad que están en una guerra contra las drogas, a los gringos los debería tener sin cuidado si la droga llega de un sitio o de otro, porque finalmente el problema es del consumo de sus ciudadanos.

Hay entonces una pregunta que insisto en hacer: ¿por qué los gringos aplican la estrategia más absurda de todas, la de salir a perseguir el flagelo en 150 países diferentes, en vez de concentrar la interdicción en el narcotráfico que ingresa a las propias fronteras, cuando ellos cuentan con el principal ejército, la principal aviación y la principal armada del mundo para hacerlo? Entonces con franqueza les digo que yo no creo, por todo lo que he dicho, que de verdad sea cierto que exista una guerra contra el narcotráfico por parte del gobierno norteamericano encaminada a resolver ese problema, incluso, en su propia lógica. No creo que exista y no les puedo creer a las autoridades norteamericanas, porque es demasiado inconsistente. Entiendo lo que está sucediendo más como un pretexto para poder intervenir en Colombia, Perú, Bolivia y en todas partes e imponernos lo que se les dé la gana. Ya nos anunciaron que van a doblar el número de militares gringos en Colombia y esos no son juegos. Lo que ocurre es que el país se ha ido acostumbrando al intervencionismo norteamericano. No es un juego, pues ¿qué es un soldado? Una persona armada para defender el interés nacional de la bandera que juró defender. Un soldado gringo en el territorio colombiano llega a defender por sobre todo los intereses de la bandera norteamericana. Y ahora anuncian que nos van a doblar el número de soldados y el país ni se conmociona.

Entonces al final, aquí lo que necesitamos es una política que no fumigue los parques, que no envenene el medio ambiente ni a los colombiano ni a las plantas ni a los animales, una política que haga erradicación manual, que les dé alternativas, sustitutos agrícolas, a quienes están metidos en cultivos ilícitos. Pero, por sobre todo, necesitamos una política soberana. No le podemos entregar la decisión, como se viene haciendo, doctor Sabas Pretelt, al gobierno de Estados Unidos.

En el debate que probablemente adelantaremos el senador Merheg y yo esta noche, en la Plenaria del Senado, sobre ALCA, TLC y agro, vamos a ver cómo la política agrícola que nos va a imponer Estados Unidos consiste en que Colombia debe renunciar a cultivar cereales y todo aquello que no sea tropical. Y aquí hago una ironía, porque el principal cultivo tropical y el único rentable, que es la coca, ¡vienen y lo fumigan!

Por último, la denuncia que les anuncié desde el principio, lo más grave de todo. En 1999, por una recomendación de la ONU, que hay que repudiar y que avergüenza a las Naciones Unidas, y que fue auspiciada por el gobierno de Estados Unidos, se intentó fumigar en Colombia la coca y la amapola con el hongo Fusarium oxysporum. Fue un escándalo de la madona en Colombia y en el mundo. Si fumigar con Roundup es un horror, fumigar con un hongo, eso si ya es la locura, porque los hongos por definición mutan a una velocidad inmensa. Puedo echar un hongo aquí y en cosa de horas se me vuelve incontrolable, y más en un ambiente tropical como este, complejo y poco estudiado. La propia EPA de Estados Unidos aclara que cuando ellos hablan de glifosato lo hacen en referencia a Estados Unidos, pero que no saben qué pasa en las zonas tropicales. Bueno, se formó un polvero y ¡claro! les tocó meterse el rabo entre las piernas y echar para atrás la fumigación con el Fusarium. Como sería el tierrero que protestó hasta el Ministerio de Medio Ambiente.

Aquí tengo en mi poder, doctor Sabas Pretelt, y usted lo debe saber, una carta de doña Deborah McCarthy, Subsecretaria Encargada de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimientos de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos ––y al Departamento de Estado lo llaman algunos el Ministerio de Colonias–, una carta dirigida al embajador colombiano en Washington, Luis Alberto Moreno, en la que le pide su colaboración en el esfuerzo por informar mejor a los funcionarios del gobierno de Colombia sobre los avances en las investigaciones y desarrollo del uso de micoherbicidas contra cultivos ilícitos. Micoherbicidas es como los agrónomos llaman a los hongos. La carta es de octubre 3 del 2003, o sea, es un pleito nuevo.

Dice que el presidente del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara ha alentado al Departamento de Estado para que trabaje con el gobierno de Colombia en la investigación y desarrollo del uso de micoherbicidas contra los cultivos de coca y amapola. Dice que en este verano, o sea, hace poco menos de un año, la embajada de Estados Unidos le preguntó al presidente Uribe si estaba interesado en usar micoherbicidas contra los cultivos ilícitos en Colombia y el presidente Uribe explicó que estaba dispuesto a aprender más, y le pidió al Departamento de Estado que instruyera a sus expertos del Instituto Colombiano de Agricultura, ICA. ¿Qué es lo que estamos denunciando? Doña Deborah McCarthy le manda una carta al embajador Moreno en que le dice que los gringos están interesados en resucitar el programa de micoherbicidas, que eso ya la embajada norteamericana se lo dijo al presidente Uribe de Colombia y que el presidente Uribe contestó que estaba interesado en aprender más sobre el asunto, y que entonces invitaran a unos funcionarios a Washington para ver como hacían eso.

Tengo otra carta en mi poder, y por eso digo, doctor Sabas Pretelt, que usted debe saberlo, firmada por el embajador Moreno y dirigida al Ministro del Interior y de Justicia, en que le echa el cuento y le dice que por favor mire a ver cómo el gobierno escoge los expertos que vayan a Estados Unidos a que los catequicen sobre micoherbicidas.

Además, la funcionaria del Departamento de Estado, según lo revela Moreno, pide que se incluya a funcionarios involucrados directamente en la toma de decisiones de la política en materia de lucha contra las drogas y que no sean expertos en estos asuntos.

A mí me parece demasiado grave, doctor Sabas Pretelt, primero, que los gringos intenten nuevamente fumigar con micoherbicidas, porque aun cuando la misiva está redactada en lenguaje diplomático, no hay que ser un zorro para saber qué es lo que se está moviendo aquí. Los gringos están moviéndose, senadores y colombianos, para de nuevo intentar fumigar la coca y la amapola de Colombia y de la zona amazónica con micoherbicidas, hongos de altísima peligrosidad.

Lo segundo que veo demasiado grave es que se lo plantean al presidente de Colombia y el mandatario de los colombianos no rechaza de plano la propuesta, como debió hacerlo de modo categórico. Porque aquí no hay que ser especialista en medio ambiente pasa saber que fumigar con hongos escapa a todo control y es jugar con candela de verdad. Pero el presidente de Colombia no rechaza de plano la propuesta y el asunto sigue caminando. Entonces el Departamento de Estado le manda carta al embajador Moreno, que también camina sobre el asunto y le envía otro mensaje al doctor Sabas Pretelt de la Vega. Insisto en advertir sobre la gravedad de la denuncia, que confirmar la pregunta con la que empecé el presente debate: ¿hasta dónde van a llegar, cuál es él limite? Y si no le funcionan los hongos, en una estrategia absolutamente fracasada, ¿qué se van a inventar?

Termino entonces, ministro, senadores y colombianos, insistiendo en la gravedad de lo que está ocurriendo y en la importancia de que Colombia persiga los cultivos ilícitos mediante criterios soberanos que permitan la erradicación manual y la política de cultivos alternativos. Quiero declarar que no estoy planteando cosa distinta a que se cumplan las normas de Colombia en lo que tiene que ver con el problema que nos convoca hoy.

E insisto en que a los micoherbicidas, a los hongos, les cortemos el vuelo antes de que arranque la fumigación. Les hago un llamado muy cordial en tal sentido a los senadores y a los colombianos, como también a las organizaciones ambientalistas de Colombia y del mundo, para que empecemos desde ya una movilización general, civilizada, democrática, hasta obtener dos garantías: una, que no habrá fumigación sobre los parques nacionales en Colombia, porque la norma se deroga; y dos, que se cancelará cualquier experimentación en micoherbicidas para usar contra la coca y la amapola, porque se trata de un problema de principios. Espero que la lucha terminemos ganándola, para que definitivamente se deje de fumigar desde aviones con glifosato y otros venenos en contra de los cultivos de coca y amapola de Colombia. Muchas gracias, señor presidente.

Aclaración en respuesta al senador Salomón Saade

Esta cuestión de los micoherbicidas, del uso del hongo Fusarium oxysporum, seguramente el mismo que van a utilizar, porque otros no funcionan bien, es un asunto que ya se discutió en Colombia y muy duro. Fue un debate intenso del que sin duda tuvo conocimiento el doctor Álvaro Uribe Vélez.

Sería como si alguien le dijera al presidente de la República, señor presidente, vamos a tirar una bomba atómica en el Caquetá, y entonces él respondiera que le va a ser una consulta al Ministerio de Salud a ver si eso puede producir daño. De ese tamaño es el problema.

Pero bueno, más que la propia opinión de Álvaro Uribe, en la que usted y yo podemos no estar de acuerdo, sí nos podemos poner de acuerdo en algo muy grave: el que el Departamento de Estado de Estados Unidos está arriando nuevamente la idea de fumigar con hongos el territorio nacional. El hecho es de una gravedad apenas similar a la comparación que hago de la bomba atómica, y no es una exageración. Cuando estamos hablando de hongos, hablamos de amenazas extremadamente graves, porque un hongo fuera de control puede desatar una destrucción descomunal de las especies vegetales y animales en Colombia.

Sobre el tema hay cosas que son escalofriantes. Los hongos, senador Saade, son un instrumento de la guerra biológica. Se han estudiado en el mundo como armas de guerra, como armas de destrucción masiva, de guerra, porque, para poner un ejemplo, usted puede coger un hongo y arrojarlo sobre los trigales de Estados Unidos y acabar con la producción de trigo en ese país. Estamos hablando de amenazas mayúsculas. Supongo que el doctor Uribe Vélez debería disponer de esa información, pero bueno, es probable que no lo sepa. Pero pongámonos de acuerdo en una posición, así mantengamos divergencias, y es en la de unirnos todos para impedir que se adelante en Colombia la fumigación en parques naturales y la fumigación con micoherbicidas.

No se fumiga en parques y dos no se fumiga con hongos. Todo lo demás lo podemos seguir discutiendo, nos da tiempo, pero estos son dos hechos de extrema gravedad, senador Saade.