Dos multitudinarias movilizaciones se realizaron en contra de las minas de oro a cielo abierto de Medoro Resources en Marmato, Caldas, y de Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, Tolima. En el primer caso, pretenden destruir el casco urbano de la población, incluida alcaldía, iglesia, escuelas, hospital y viviendas, causando un pueblicidio y un auténtico desplazamiento. Y en el segundo, dejarían sin agua sufíciente a una amplia región que se surte del río Coello. La codicia de poderosos inversionistas extranjeros y de sus socios nativos, respaldados por el gobierno nacional, versus el patrimonio económico, social y cultural de comunidades asentadas allí desde hace siglos.

La Colosa, en Cajamarca, queda en un área de reserva forestal de alta y muy alta importancia ambiental y en el nacimiento del río Coello, que baña siete municipios del Tolima, entre ellos Espinal, donde le da vida a Usocoello, el distrito de riego agrícola más grande de Colombia. Como estos proyectos mineros son de altísimo consumo de agua, para utilizar inmensas cantidades de cianuro al día, hay una contradicción insalvable con el agua de uso humano y agropecuario, entre otros problemas ambientales.

Si el debate sobre la conveniencia y legalidad de La Colosa se diera sin las presiones que suelen acompañar los grandes proyectos mineros, y más con los altos precio del oro y el muy cuestionado estilo de Anglo Gold Ashanti, este proyecto ya se habría hundido. Pero su trámite empezó mal. Un día, Álvaro Uribe anunció, como un éxito suyo, que esa sería la mina de oro más grande del mundo, afirmación que implicó que su gobierno y el de Santos esgrimirían su poder para imponerla. Sobre la supuesta lotería que se ganaron los tolimenses hay que decir que las regalías para Colombia son de apenas el 3.2 por ciento, y que de eso a ellos, por la reciente reforma, les tocará algo muy cercano al nada por ciento. Luego sus condiciones serán incluso peores que las de otros proyectos mineros, donde las gentes de las regiones no salieron de la pobreza y sí reciben los impactos negativos.

Las inconveniencias e ilegalidades de La Colosa se plantean desde hace años. En 2008, Cortolima, la autoridad ambiental, ordenó suspender la exploración. Y el año siguiente, Diego Alvarado Ortiz, Procurador Agrario y Ambiental del Tolima, le demostró al Minambiente que el proyecto violaba la ley. Pero Anglo Gold Ashanti, con el respaldo del alto gobierno, gasta millones para poner a su favor a la opinión pública. Tan cínica es su actitud, que hace poco le quitó el patrocinio al Festival del Folclor de Ibagué porque en los desfiles participan comparsas estudiantiles que critican a La Colosa.

Las movidas oficiales para imponer los proyectos mineros de las trasnacionales pasan de castaño a oscuro. El 6 de agosto de 2010, el Minambiente les quitó a las CAR el control del agua en la exploración minera, y la reforma de estos entes tiene como primer objetivo arrebatarles su autonomía para volverlas aparatos de bolsillo del Jefe del Estado e instrumentos de la aplanadora minera.

Lo que se mueve en Ibagué debe hacer sonar las alarmas de los demócratas. Carmen Sofía Bonilla, la valerosa directora de Cortolima, apoyada en estudios del Ideam, declaró “agotado el recurso hídrico” en el río Coello, lo que significa que no pueden otorgarse nuevas concesiones de agua –ni a Anglo Gold Ashanti ni a nadie–, porque el caudal que hay apenas si alcanza para los actuales usuarios, cuyo consumo humano y agropecuarios es legalmente prioritario. Y el problema tiende a complicarse porque el Ideam también ha dicho que en el Coello será grave el impacto del calentamiento global. Ante la declaratoria, un alto funcionario de la Gobernación presionó en la junta directiva de Cortolima para que la directora echara atrás la decisión, al tiempo que blandía unos papeles de la Contraloría que no tenían por qué estar en sus manos. El personaje quedó en ridículo y al desnudo cuando se mostró una resolución suya, de cuando él fue director de Cortolima, que declaraba “agotado el recurso hídrico” en el Coello.

Llamo al gobierno nacional a jugar limpio en el Tolima y a los tolimenses a sostener en alto su reconocida dignidad. Y llamo a los organismos de control a no permitir que funcionarios suyos sirvan de martillos contra una funcionaria que cumple con su deber.

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ANH, pésimo balance. No ha habido nuevos hallazgos de importancia. Medran por ahí algunos especuladores financieros dedicados a inflar las acciones en la bolsa. El negocio de Rubiales, bastante sospechoso. Graves denuncias de la Contraloría. La ANH obstaculiza la labor de los auditores e incluso ha llegado a amenazarlos.

Primero, unirme al querer de todos los senadores en la idea de que nos va a tocar mirar con más despacio este tema después del 20 de julio, ojalá un día que podamos empezar bien temprano la sesión para entrar en detalles.

ANH, pésimo balance

Hace unos días me preguntaron qué pensaba de la idea de montar algo así como una agencia nacional minera, copiando a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y dije que habrá que ver si es buena o mala idea. Pero si de lo que se trata es de montar un aparato parecido a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde ya tenemos que empezar a decir que la idea no es buena. Porque los resultados que aquí estamos viendo así lo indican.

El propósito principal que tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos era aumentar en proporciones importantes los hallazgos petroleros. Hay consenso en que no se ha cumplido. Si no lo saben los colombianos, es porque en el país, lamentablemente, las informaciones suelen darse recortadas. Aquí informan en cuánto ha aumentado la exportación, pero no sacan nunca la cifra del aumento en las reservas de petróleo. Y resulta que está aumentando la exportación, me lo explicó un especialista de una manera muy gráfica, no porque haya nuevos hallazgos, sino porque están sacando el crudo ya conocido de una forma más rápida. Me daba un buen ejemplo. Haga de cuenta, senador, que usted en vez de sacar por un pitillo el líquido de una botella de gaseosa lo saca por tres. Algo parecido nos está sucediendo aquí. Este, que era el principal propósito de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, no se ha cumplido.

Y en cambio sí ha habido deterioros evidentes, por ejemplo, con el nuevo contrato petrolero, el verdadero aporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Con el pretexto de atraer inversionistas, la ANH revivió el contrato ese de tipo colonial vigente en los inicios del siglo XX, que lo que hace es envilecer las condiciones de la participación del Estado en la renta petrolera. No lo voy a detallar, porque es de sobra conocido. Y cuando se mira quiénes son los inversionistas, descubre uno que se trata de un poco de empresas enclenques cuyo promedio de inversión es del orden de 18 millones de dólares y que no están produciendo ningún resultado de importancia. Ni siquiera en la propia lógica, que yo discuto, de entregarles el país a los inversionistas extranjeros, ha funcionado la ANH. Y cada vez se conoce más sobre unos contratistas sospechosos, como los que reseña hoy la prensa, al parecer unos aventureros que andan por ahí a ver qué pescan, como en río revuelto. Parecido a lo que está sucediendo en minería y que se sabía desde hace rato y apenas ahora se empieza a mencionar. Este solo tema daría para mirar hasta dónde aquí lo que hay son procesos de especuladores en el sentido estricto de la palabra, no petroleros sino financieros, dedicados a engordar acciones en bolsa. La otra vez el diario La República contó cómo en la Bolsa de Canadá alguna petrolera había inflado el valor de sus acciones dando informaciones falsas sobre supuestos hallazgos.

Segundo tema al que, desde ya se lo digo, doctor Zamora, voy a echarle ojo el semestre entrante. Cómo fue el negocio de Rubiales. El aumento de la producción ha estado principalmente en Rubiales, uno de esos campos viejos que ya estaba operando desde 1996, un campo que se le restituyó casi todo al Estado en 2007 y que la Agencia Nacional de Hidrocarburos transfirió a unos inversionistas privados. En vez de poner a Ecopetrol a explotar unas reservas ya sabidas, una actividad rentable incluso en ese momento, porque era negocio aun siendo de crudos pesados, curiosamente ese que, digamos, era una especie de lotería para el Estado colombiano, la ANH se lo transfirió a unos inversionistas privados, subdividiendo además los campos, otro manejo que no deja de ser por lo menos curioso.

Entonces desde ya le anticipo, doctor Zamora, que la idea es que le peguemos el semestre entrante una mirada en detalle a ver por qué Rubiales, que estuvo en manos de la nación, se terminó entregando a unos particulares. Uno supone que a la Agencia Nacional de Hidrocarburos le debe interesar que al país le vaya mejor.

Graves denuncias de la Contraloría

En tercer término voy a detenerme en una serie de denuncias que viene haciendo la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que me parecen también graves, doctor Zamora. Hay una investigación caminando en contra de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por la actitud contumaz de no facilitarle a la Contraloría las labores que le son propias. Me parece de una gravedad inaudita. Que los funcionarios de una agencia del Estado se dediquen a estorbarles a los entes de control el ejercicio legal y constitucional de auditar y vigilar me parece de lo peor que pueda hacer un funcionario. Y de eso es de lo que lo están acusando a usted, doctor Zamora, la Contraloría General de la República.

Voy simplemente a leer de varios informes, todos de la Contraloría General de la República, para que la Comisión Quinta del Senado se haga una idea de la gravedad de lo que estoy expresando. Mencionaré además algunos contratos que son por lo menos sospechosos. El informe de auditoría a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la vigencia del 2009 precisa: “En el trabajo de auditoría se presentaron las siguientes limitaciones que afectaron el alcance de nuestra auditoría. Primero, la inusual práctica de esa entidad de asignar a una contratista enlace para atender los requerimientos de información y coordinar”. La Contraloría señala, y no deja de ser bien llamativo, que dicha labor le compete a la oficina de control interno de la ANH y no a particulares. “Por otra parte existieron limitaciones de acceso a las dependencias de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y también se apreció que existieron restricciones en la comunicación directa con los funcionarios de la entidad. Se pudo establecer que la Agencia Nacional de Hidrocarburos no suministró oportunamente la información necesaria para los análisis. El acceso a la información presentó limitantes. La entidad no facilitó la interacción directa con los funcionarios dueños de los procesos”. Estoy mostrando una actitud que ya resumí. Agrega que “en el hallazgo número 7 hubo incertidumbre e inexactitud en la incorporación de las reservas de gas”. Sobre las cifras que ustedes aportan ha surgido una discusión, doctor Zamora. “La Contraloría observó que lo datos reportados para los periodos 2007-2009 de dicho indicador son discutibles, porque revuelven reservas probadas y probables”.

“Una alta contratación de servicios personales por cuenta de contratistas”, dice. “De 54 funcionarios de planta solo hay 44 cargos provistos y hay diez vacantes, pero hay 53 contratistas”, prácticas no menos curiosas. La Contraloría resalta un fenómeno importante que suele olvidarse en el caso de los contratistas y es que los trabajadores de planta se vuelven un acervo de la institución en la medida en que estudian y profundizan en sus conocimientos, conocimientos que se pierden en la medida en que se cambian los contratistas. No es un debate de poca monta, porque se trata de entidades en que la cuestión técnica pesa de forma decisiva.

Además de los casos de Fonade y de la FEN, ya mencionados aquí, me llama la atención un contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, por 2.250 millones de pesos. Puntualiza la Contraloría que la ANH “desconoció el principio de selección objetiva, ya que debió contratar el estudio a través de una firma consultora escogida por convocatoria pública”. Dice además: “La Agencia Nacional de Hidrocarburos no tiene dentro de las funciones que le asigna el decreto (…) la de realizar estudios sobre mercados de bienes y servicios”. Hace ver que la ANDI “no tenía la logística ni el personal idóneo para ejecutar el contrato, por lo que debió subcontratar la realización del estudio”. Esto qué es, señores, qué son este tipo de prácticas que le llaman la atención a la Contraloría.

El 25 de mayo de 2010, y sigo citando documentos de la Contraloría, varios de sus investigadores le piden al contralor delegado de Minas y Energía y al director de Vigilancia Fiscal abrirle un proceso sancionatorio a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, “por las faltas reiteradas y continúas al desarrollo del proceso auditor evidenciadas por la demora reiterada en la entrega de la información, entrega de la información incompleta o no pertinente, así como de las continuas y reiteradas limitantes al uso de aplicativos informativos lo que en definitiva está obstaculizando de manera grave el normal desarrollo del actual proceso auditor”. Palabras mayores lo que se plantea este documento y que sustenta a lo largo de un poco de páginas.

Todo lo hasta aquí denunciado por la Contraloría General de la República me parece demasiado grave. Creo que en otro país, donde los ministros estrellas no fueran como el de Comercio de Colombia, que se da el lujo de tener a su señora como excontratista de Saludcoop, las sanciones no tardarían en llegar. Aquí no pasa nada.

Miremos ahora la carta del contralor delegado, Octavio Rafael García, al doctor Armando Zamora: “Por segunda ocasión la doctora Sonia Osorio se siente tratada en forma agresiva por la contratista, doctora Liliana Jaramillo, facilitadora por designación suya del proceso a la Agencia Nacional de Hidrocarburos”. Lo que está denunciando el contralor delegado es una agresión de los contratistas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos a los funcionarios de la Contraloría General de la República. Y agrega. “Igualmente el líder del grupo, doctor Orlando Salamanca, informa el señalamiento suyo de interponer acciones penales por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en contra de miembros del grupo auditor u otros funcionarios de la Contraloría General de la República. Además usted ha expuesto que el proceso auditor es manejado por terceras personas ante lo cual desconoce el doctor Salamanca si se trata de acciones directas o de estrategias intimidatorias”. Es en resumen una carta que le dirige a usted el contralor delegado, acusándolo a usted, doctor Zamora, de estar incurriendo en este tipo de prácticas y amenazando a los auditores. Algo parecido di a conocer en el debate de Saludcoop, donde también es una práctica común de sus agresivos abogados amenazar con sanciones penales a los funcionarios que están cumpliendo con su deber, sanciones consistentes en que a un funcionario con un salario bien escaso le toca vender la casa para poder pagar el abogado que lo defienda de la acusación que le están haciendo. Prácticas como estas debieran dar por sí solas para que tuviera que renunciar un funcionario, si es que no ameritaría una destitución fulminante. Es el mundo al revés. Los auditores, funcionarios de rango medio o bajo, bregando a cumplir sus funciones, y se tropiezan con una especie de señor feudal que les monta una pelea y los amenaza con un proceso penal. Son prácticas inaceptables. Hasta dónde va a llegar este país.

Hay otro documento también especialmente grave, enviado a la ANH por Róger Alberto Sanguino Rodríguez, líder de la Comisión de Auditoría, el 26 de noviembre de 2010, y dirigido a la contralora delegada para el Sector de Minas, contando un hecho que les pasó. Resulta que la Agencia Nacional de Hidrocarburos les dio una oficina a los funcionarios de la Contraloría General de la República para que adelantaran allí sus labores, especialmente complejas y largas y engorrosas. Miremos qué sucedió: “El 26 de noviembre del año en curso me dirigí a la oficina que la Agencia Nacional de Hidrocarburos destinó para el desarrollo de las funciones de la Contraloría, encontrando que de dicha oficina se extrajeron cuatro equipos de cómputo de mesa, un computador portátil, una impresora y dos teléfonos que habían sido asignados e inventariados a este grupo auditor. Este retiro se realizó sin la autorización de los miembros del equipo y este procedimiento se hizo sin la presencia de los funcionarios de la Contraloría General de la República”. Doctor Zamora, esto es de una gravedad incalculable. Y agrega: “Lo anterior evidencia que la Agencia Nacional de Hidrocarburos siempre tuvo acceso a la mencionada oficina, lo cual por sí mismo es preocupante, sumado a lo anterior que el proceso auditor aún está en curso y en esos computadores se encontraba información vital para el desarrollo de la auditoría, la cual goza de reserva, elemento que no desconoce el sujeto de control”. En resumen, le sacaron la información a la Contraloría. “Lo expuesto denota una vez más las dificultades que a lo largo de la auditoría ha tenido que afrontar el equipo, dejando entrever las prácticas restrictivas y dilatorias que la Agencia Nacional de Hidrocarburos emplea con el fin de entorpecer y obstaculizar el proceso auditor”.

Es probable que yo sea tan joven que apenas hasta hoy vengo a enterarme de que aquí ocurren cosas como esta. O es probable que sea inaudita o que suceda por primera vez. Solo les reitero a los senadores y a los colombianos, a los medios de comunicación, no, porque brillan por su ausencia aquí, la gravedad de lo que está ocurriendo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Y de una vez le digo al ministro Carlos Rodado, al que algún día, me imagino, le contarán de este debate, al que lastimosamente no vino, que si este es el ejemplo que se va a seguir en minería, donde vamos a salir de Ingeominas a la Agencia Nacional de Minería, que estamos pasando de Guatemala a Guatepeor. Lo que están tratando de montar en la ANH es una especie de superpoder por allá en las nubes al que los funcionarios encargados de auditarlo no pueden ni atreverse a asomar, Realmente cada vez se aterra uno más de las cosas que están pasando en nuestra querida Colombia.

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Senador Robledo le hizo la pregunta al Director de la DIAN. Se puede repetir el caso de SAB Miller-Bavaria.

En carta dirigida a Juan Ricardo Ortega, director de la DIAN, el senador Jorge Enrique Robledo preguntó si por la venta del 20% de los activos de Drummond a Itochu Corporation se pagarán los impuestos que cualquier colombiano está obligado a cancelar por ganancias ocasionales.

Drummond informó que le vendió el 20% de sus activos a la japonesa Itochu Corporation por 1.523 millones de dólares. Por una operación como estas, los colombianos deben pagar un impuesto por ganancias ocasionales cuya tarifa es del 35% del precio de la venta, que en el caso del negocio de Drummond sería de 533 millones de dólares. Sin embargo, se especula que Drummond no pagará este tributo, como sucedió cuando la multinacional SAB Miller compró por siete mil millones de dólares los activos de Bavaria, negocio en el que no se pagó ni un centavo de impuestos.

Por esta razón, el senador Robledo le solicitó al director de la DIAN que explicara si por esta operación se pagará algún tipo de impuesto. “Sería muy grave que a esta trasnacional no se le cobrarán impuestos, cuando se sabe que por ganancias ocasionales el gobierno le cobra tributos hasta al colombiano más pobre”, afirmó el congresista.

El siguiente es el texto de la carta:

Bogotá, 16 de junio de 2011

Doctor

JUAN RICARDO ORTEGA

Director de la DIAN

Ciudad

Ref.: ¿Drummond deberá pagar impuestos por la venta de parte de sus activos?

La trasnacional Drummond informó que vendió el 20% de sus activos en Colombia a la japonesa Itochu Corporation por un valor de 1.523 millones de dólares. Por operaciones como estas, cualquier colombiano debe pagar un impuesto por ganancias ocasionales cuya tarifa es del 35% del valor de la venta, lo que equivaldría a cerca de 533 millones de dólares.

Sin embargo, se especula que Drummond no está obligada a pagar este tributo, como sucedió cuando la multinacional SAB Miller compró por siete mil millones de dólares los activos de Bavaria, operación que no fue objeto de imposición tributaria.

Sería extremadamente grave que el gobierno permitiera que esta operación se haga sin que se pague ni un peso de impuestos. Porque se sabe que por ganancias ocasionales hasta al colombiano más pobre debe pagar tributos.

Por la gravedad de esta situación, solicito a Usted informarme lo siguiente:

¿La DIAN exigirá el pago de impuestos por la venta del 20% de los activos de Drummond a Itochu Corporation? ¿Qué tributos serán cobrados? ¿Por qué valor? Favor sustentar las respuestas.

La presente solicitud la hago amparado en el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, norma según la cual las peticiones de los congresistas deben contestarse en un término no superior a cinco días hábiles.

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4.500 accidentes de trabajo en los diez últimos años, solo en la Drummond, 700 enfermos profesionales hoy en El Cerrejón, casi ninguno reconocido por las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, muchos enfermos de cáncer y bronquitis en Cerromatoso obligados a renunciar a su trabajo, dan una idea de lo que ocurre en las trasnacionales de la gran minería, empresas que, junto con Cerromatoso, en contraste, tuvieron en 2010 utilidades operacionales por 2,4 billones de pesos.

La denuncia fue formulada hoy por el senador Jorge Enrique Robledo en el debate a los ministros de Minas y de Protección que tuvo lugar en la Comisión Quinta. El senador del Polo Democrático dijo además que en toda mina a cielo abierto, sea donde sea, por ser actividad de alto riesgo, se presentan traumatismos, accidentes y enfermedades por el uso de materiales cancerígenos, maquinaria que vibra, ruido intenso y repetitivo, pero que en Colombia se multiplican los padecimientos por las largas jornadas laborales, de doce horas al día y sesenta y más horas a la semana, la falta de controles por parte del Estado y las pésimas condiciones de trabajo.

Lo que hay en el trasfondo de este drama es que en Colombia se habla de “democracia” pero se desconocen los derechos democráticos de los trabajadores, tales como los de organización y contratación colectiva. “Aquí es más fácil conformar una banda de secuestradores que un sindicato”, agregó. Además, de la Cooperativas de Trabajo Asociado, son varias más las formas de subcontratación, diseñadas para negarles los derechos a los trabajadores.

El senador del Polo detalló cómo opera la subcontratación en cuatro empresas trasnacionales mencionadas y precisó que, de un total de 28 mil operarios, 53% son indirectos, lo que hace que la tasa de sindicalización sea de apenas 27%. ¿Cuál es el secreto?, preguntó. Los obreros de contratistas perciben en los mismos oficios menos de la tercera parte de lo que ganan los de nómina. “Y nos quieren ahora hacer creer que todo se va a arreglar con una acuerdo entre el gobierno, las empresas y algunos dirigentes sindicales –dijo–, en el marco del Pacto Obama-Santos. No, no es cierto que se vaya a eliminar la subcontratación en sus múltiples formas y menos que el TLC les sirva a los trabajadores”.

Colombia además ostenta el récord mundial en crímenes de dirigentes sindicales, con 2.857 en los últimos años, el 63% del total planetario, y 51 asesinatos en solo 2010.

Robledo terminó demandando que se respeten los derechos sindicales y que las trasnacionales no sigan empeñadas en desconocer las indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. “Hay quienes creen en Colombia, con una lógica antediluviana, que al país le va mejor mientras peores sean las condiciones laborales”.

Audio: http://bit.ly/j12wbO

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También se comentarán los casos de la gran minería en Marmato, Caldas, y en Cajamarca, Tolima

Los graves problemas que padecen los trabajadores de El Cerrejón, la Drummond, la Glencore y demás trasnacionales de la gran minería serán llevados a debate el martes 7 de junio en la Comisión Quinta por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

Contrasta el cuadro idílico con que abruman a diario a la opinión el gobierno y las trasnacionales con la dura realidad que se vive a diario en las grandes explotaciones de carbón, dijo Robledo. No solo hay una política calculada para impedir que se formen sindicatos, sino que el gobierno no aplica sanciones a las empresas, como lo ordena el Código. Y se permite a las ARP seguir desconociendo las indemnizaciones legales a que tienen derecho los obreros cuando son víctimas de enfermedades profesionales como la silicosis y el cáncer de pulmón o cuando sufren accidentes de trabajo.

El senador del Polo también se referirá al caso de Marmato, cuyo casco urbano quiere destruir la Medoro Resourses, y al de la Colosa, en Cajamarca, Tolima, donde Anglo Gold Ashanti pretende montar una mina de oro a cielo abierto, a pesar de que Cortolima, que es la autoridad ambiental, en 1997 declaró, y en 2011 ratificó, “agotado el recurso hídrico” en la cuenca del río Saldaña, de donde se deduce que no puede hacerse lo que pretende la trasnacional, por la sencilla razón de que esa mina a cielo abierto dejaría sin agua a los tolimenses.

El debate irá en diferido en la TV Institucional y oportunamente se comunicará la fecha y hora. Pero desde las 3:00 pm se podrá ver la intervención del senador Robledo en http://www.youtube.com/user/POLOMOIRTV.

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Evento en FACEBOOK

Como en el caso del Páramo de Santurbán en Santander detenido por la lucha denodada de amplios sectores ciudadanos de Bucaramanga y los demás municipios amenazados por la contaminación de sus aguas, los tolimenses debemos multiplicar las acciones necesarias para impedir que la AngloGold Ashanti continúe con sus planes de explotación a cielo abierto de la riqueza aurífera de La Colosa en el municipio de Cajamarca.

La AngloGold Ashanti ha invertido grandes cantidades de dinero en apoderarse de títulos mineros sobre el territorio que cubre la mina y gasta también en comprar conciencias en todos los sectores de la sociedad para que apoyen su nefasto propósito, a pesar de los daños evidentes que producirá tanto en Cajamarca como en todos los sectores del Valle del Magdalena que producen bienes agrícolas con las aguas que provienen del entorno de La Colosa y que serían utilizadas por la explotación minera y contaminadas irremediablemente.

La movilización citada por la Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional, organicaciones sindicales, cívicas, de activistas medioambientales y de organizaciones juveniles debe contar con la participación de todos los ciudadanos de Ibagué y de las áreas que van a ser afectadas por la ambición desmedida de la transnacional AngloGold Ashanti, famosa por la destrucción ambiental en todas las partes del mundo en las que le han hecho conceciones para realizar sus proyectos mineros.

El senador Jorge Enrique Robledo invita al pueblo tolimense a manifestarse en contra de la exoplotaciópn minera de La Colosa por parte de la AngloGold Ashanti. La cita es en Ibagué el próximo viernes 3 de junio en Cortolima -Av. Ferrocarril con 44 Esquina-, a las 10 am.

¡MOVILICÉMONOS Y DESCARRILEMOS LA LOCOMOTORA MINEROENERGÉTICA!
¡EL 3 DE JUNIO TODOS LOS COLOMBIANOS SEREMOS TOLIMENSES!

Red Colombiana frente la Gran Minería Transnacional

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red@reclamecolombia.org

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Marmato, el pesebre de oro de Colombia, es un municipio ubicado en las montañas del noroccidente caldense, en un sector estratégico gracias a su diversidad y a los enormes yacimientos de oro que se ubican bajo los pies de sus pobladores. Su tradición minera centenaria ha generado fuentes de empleo a todos sus pobladores, un crisol de culturas expresada en su población conformada en un 17% por indígenas y en un 55% por afrodescendientes. Esta enorme riqueza aurífera ha servido de sustento a incontables generaciones por más de 500 años y ha sido al mismo tiempo el blanco perfecto para que desde los años 80, numerosas compañías transnacionales sitúen sus intereses en este territorio.

En la historia reciente, la voracidad del capital extranjero en contubernio con los gobiernos de turno, se refleja en el cierre de 84 minas y la destrucción de nueve molinos por parte de la Colombian Goldfields, en un hecho que dejó sin empleo a más de 800 personas. Estas acciones son pruebas inequívocas de las intenciones que estas compañías tienen en países, como el nuestro, poseedores de recursos naturales preciosos que son codiciados por las grandes potencias.

La compañía canadiense Medoro Resources, que se fusionó con Colombian Golfields, cuenta en su junta directiva con ex ministros de Uribe como Hernán Martínez, de minas y energía y María Consuelo Araujo, ex canciller, entre otros altos ejecutivos. También hace parte de sus directivos, Augusto López, expresidente de Bavaria. La magnitud del proyecto que pretenden realizar en Marmato, conllevaría el arrasamiento de todo el pueblo en una explotación a cielo abierto, de la que, se estima, obtendrían unas 10 millones de onzas de oro. En este proceso se ha vendido la idea, a la opinión pública nacional e internacional, de que Marmato debe ser trasladado, reasentado, por los enormes riesgos que se presentan en el municipio, argumentos que falsean la información real y que van en contravía del estudio de Corpocaldas del 2009, en el que se manifiesta que son pocas las zonas de alto riesgo en Marmato y que de ninguna manera la mayor parte de su área se encuentra en zona de riesgo no mitigable. Bajo el manto de un acto humanitario intentan reubicar a los pobladores, expropiándoles no solo su territorio sino sus fuentes de empleo.

Las declaraciones del ministro de minas y energía y del presidente Santos siempre han estado orientadas en este sentido, posicionando opiniones falaces y avalando las prácticas que utilizan estas compañías en los territorios donde llegan, tales como el asfixiamiento de la pequeña minería y de los pobladores, todo ello en consonancia con las decisiones gubernamentales de perseguir a mineros pequeños y tradicionales como si se tratara de delincuentes de la peor calaña.

La locomotora minera de Santos pretende reprimarizar la economía a costos tremendamente altos para la población colombiana. En la actualidad, hay solicitudes de explotación para proyectos mineros sobre el 40% del territorio nacional, y el caso de Marmato es el ejemplo de la funesta política que pretende implantarse en vastas zonas de la geografía nacional. Debido a la importancia de esta lucha, invitamos a todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, ambientales y de resistencia a proyectos megamineros del país y a las personas interesadas a participar en la Primera Movilización Nacional por la Defensa de Marmato que será una marcha que comenzará en el Restaurante Valencia situado en la Carretera Central de Occidente vía Manizales-Medellín a aproximadamente 3 kms de la entrada a Marmato, y terminará en el casco urbano del municipio.

La marcha se realizará el Sábado, 14 de mayo de 2011, a partir de las 8 de la Mañana.

Invitan: Comité cívico pro-defensa de Marmato, Cabildo indígena Cartama de Marmato, Titanes de oro, Consejo regional indígena de Caldas CRIDEC, Red Colombiana Frente a la Gran Minería Transnacional RECLAME, Gestores del Mañana, Mineros de Echandia, Mineros de Cien Pesos, Mineros de Chaburquía, Asociación de Mineros Unidos de Marmato, Unión Nacional de Usuarios de Servicios Públicos.

Para mayor información sobre el evento comunicarse a los celulares 300 444 4883, 311 617 5816 o 310 451 3923, o escribir al correo marmatonosextrae@gmail.com

Nota: Quienes vayan a participar deben confirmar asistencia hasta el 13 de Mayo. Quienes vayan a dormir en Marmato deben llevar carpas, sacos para dormir y demás.

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Un Congreso eunuco y un país gobernado por el príncipe de Anapoima. El PND, la suma de libre comercio e inversión extranjera. Los artículos sobre minería, de corte fascistoide. Las tierras, a los magnates.

Los cincuenta artículos de facultades extraordinarias otorgadas al gobierno del presidente Santos por el Plan Nacional de Desarrollo hacen del Congreso un parlamento eunuco y dejan al desnudo un adefesio antidemocrático concebido para un país que más parece un feudo gobernado por el príncipe de Anapoima, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo al fijar hoy en la plenaria la posición del Polo Democrático Alternativo sobre la minería y el tema agropecuario.

El Plan Nacional de Desarrollo, añadió, es la misma política que ha regido el país desde hace veintiún años por mandato del FMI, la misma que devastó la industria y la agricultura y la que nos llevó a padecer los mayores niveles de desempleo en toda América. Citando al prestigioso economista Eduardo Sarmiento Palacios, Robledo resumió el PND como la suma de libre comercio más inversión extranjera.

No hay tales locomotoras, explicó el senador del Polo, ni en educación ni en vivienda ni en infraestructura ni en el agro, porque más parecen carros de balineras. Y la única que pudiera parecerlo, la de la minería, no es una locomotora, sino una aplanadora contra el medio ambiente, contra los trabajadores y contra el agro y la industria nacionales. Colombia ha venido retrocediendo a las aciagas épocas de la Corona española, cuando todo se hacía depender de la minería.

Hizo especial referencia a los artículos punitivos contra los pequeños y medianos mineros, a los que se castiga con multas y decomisos y con quitarles los títulos, además de las acciones penales. “Es una legislación de tipo fascistoide –precisó–, que trata un asunto económico y social como un caso de policía, en beneficio de las trasnacionales mineras”.

Al hacer alusión al tema agrario, dijo que los artículo os 45, 46 y 47, copiados casi íntegros del proyecto de ley de desarrollo rural que se le hundió a Arias Leyva, le allanan el camino a una concentración sin precedentes de la tierra. Citó el artículo de la revista Dinero titulado “Los nuevos llaneros”, en el que la publicación incluye a Luis Carlos Sarmiento Angulo y a Julio Mario Santo Domingo como los nuevos dueños de las tierras rurales, y precisó: “Nadie antes se había atrevido a hacer lo que Juan Manuel Santos y Juan Camilo Restrepo se proponen hacer con los baldíos del Estado: entregarlos sin tope alguno, no a los campesinos, sino a cualquier magnate extranjero o nacional que acredite unos requisitos mínimos”. Demandó que los tres artículos, metidos como un mico, sean retirados por el gobierno y presentados al Congreso en un proyecto aparte, para que se decida, no a las escondidas, sino de cara al país.

Robledo le preguntó al oficialismo si va a permitir que en Colombia haya un capitalismo que no sea el de los monopolios nacionales y extranjeros. “Es el debate de fondo”, aseveró. Rechazó de nuevo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, parte esencial del Plan Nacional de Desarrollo, y concluyó citando a Fedegan: ¿cómo es que el gobierno quiere un TLC en medio de la catástrofe invernal?

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Bogotá, 13 de enero de 2011

Doctor
LEÓN TEICHER
Presidente Carbones de Cerrejón Limited

Cordial saludo:

La producción de carbón es una de las actividades más lucrativas del país, en razón, entre otros, del alto precio del mineral y de lo bajo de las regalías e impuestos, situación que le ha permitido a Cerrejón obtener utilidades superiores a un billón de pesos.

En estas circunstancias, la negociación del pliego de peticiones presentado por Sintracarbón debe servir para mejorar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores sindicalizados, que son los que tienen contratos directos con la empresa.

Las peticiones laborales, que no dudo en calificar como sensatas y acordes con las posibilidades del negocio de los inversionistas, se hallan fundamentadas en hechos consistentes. Los salarios no reflejan las cuantiosas ganancias de la empresa, cuya escala salarial es de las más baratas del sector minero a escala mundial. Además, la mitad de trabajadores no están contratados directamente por Cerrejón sino por empresas contratistas, en condiciones laborales todavía peores y sin derecho a sindicalizarse ni a firmar convenciones colectivas. Y los problemas de salud que produce la extracción del carbón tienden a agravarse de forma muy grave. Ya son más de 700 los trabajadores que padecen de alguna enfermedad profesional.

Entonces, hago votos porque una empresa del enorme músculo financiero de Carbones de Cerrejón Limited, de propiedad de trasnacionales tan conocidas como BHP Billiton, PLC Angloamerican y Xstrata, encuentre la manera de llegar a un acuerdo con Sintracarbón que mejore sensiblemente las condiciones laborales de los trabajadores colombianos.

Con toda cordialidad, entonces, solicito a Usted hacer esfuerzos para que pueda llegarse en breve espacio de tiempo a una adecuada atención al pliego de peticiones presentado por los trabajadores.

Atentamente.

JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador de la República

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En la medida en que pasan los días va quedando cada vez más en evidencia, por ejemplo, que no hay tal bonanza petrolera. Si mucho, el año entrante se llegará a una producción de un millón de barriles y para el 2015 debemos empezar a perder la autosuficiencia, como lo afirma Óscar Vanegas, director del Centro de Altos Estudios Minero-Energéticos de la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Lo otro es que el propio gobierno ha tenido que reconocer que va a ahorrar en el exterior el 30% de los recursos, si es que a eso se puede llamar ahorro, porque las tasas de interés son del medio por ciento anual.

Luego cuando a los colombianos les andan vendiendo pajaritos de oro sobre la plata que les va a llegar por una bonanza inexistente y por una plata que se va a dejar en el exterior, es claro que las cifras están por completo infladas. En este sentido, les hago un llamado muy cordial a todos los senadores que andan haciendo campaña electoral haciéndose lenguas de la cantidad de plata que les van a llevar a departamentos y municipios, porque van a quedar mal.

Lo que va a suceder, y esto resulta muy importante, es que el gobierno central se va a quedar con la plata de las regalías. Les van a quitar a los municipios y a los departamentos los recursos de que hoy disponen para atender lo que el ministro de Hacienda llama gastos chichigüeros. ¿Qué es un gasto chichigüero? Es como llama un magnate el gasto muy importante de un pobre. Van a coger los microproyectos municipales y departamentales y los van a dejar sin plata, para hacer grandes macroproyectos nacionales. Y por supuesto, perecerán los microcontratistas y florecerán los macrocontratistas vinculados a los macroproyectos. Luego las cosas no son como las ha venido mostrando el gobierno nacional.

También es muy discutible que vayan a dejar en ahorro el 30% de los recursos de las regalías a partir de una bonanza que no existe. Aquí nos dicen que vamos a ahorrar para el tiempo de las vacas flacas ahora que estamos en las gordas. Y resulta que aquí no estamos en ningunas vacas gordas, porque los pobres están en vacas flacas desde hace por lo menos un siglo. Decirle a un pobre que no va a estudiar él, porque va a estudiar el nieto, empieza a convertirse en una burla.

Por estas razones, nosotros insistiremos en que este proyecto no puede seguir avanzando, y además por una última razón.

Van a dejar la plata buena de la regalías en el exterior ganando intereses del orden del 0,6% anual, mientras que la plata de los narcotraficantes y de los especuladores financieros entra al país como Pedro por su casa, y todo en la lógica de la ley de la sostenibilidad fiscal, otra norma por completo retardaria.

Es el colmo que también le quiten al Congreso de la República toda iniciativa en el proyecto de ley reglamentaria. Porque, según el proyecto de acto legislativo, la ley reglamentaria tendrá que ser por iniciativa del gobierno nacional y si el Congreso no la aprueba, el gobierno nacional, mediante decreto, expedirá las normas. Es la forma de hacer de este Congreso un Congreso eunuco.

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, plenaria del Senado, 14 de diciembre de 2010, al votarse la conciliación de ley de regalías.

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La Presidenta designó una subcomisión encargada de hacerles seguimiento a las renegociaciones en curso, aun durante el receso legislativo. Está conformada por los senadores Jorge Enrique Robledo, Lidio Arturo García, Manuel Guillermo Mora, Félix Valera, Luis Emilio Sierra, Milton Rodríguez y la propia Presidenta de la Comisión Quinta.

El siguiente es el texto de la carta enviada al ministro y suscrita por Daira Galvis y los miembros de la subcomisión:

Bogotá, 14 de diciembre de 2010

Doctor
CARLOS RODADO NORIEGA
Ministro de Minas y Energía
Ciudad

Atento saludo.

Ante esta Comisión Quinta Constitucional se han unido un sinnúmero de ciudadanos invocando por la necesidad que, previamente a la renegociación de los contratos de concesión correspondientes a la gran minería, se hace conveniente disponer una subcomisión de esta misma, a fin de establecer las condiciones que se cumplieron o se desarrollaron en dichas contrataciones; razón por la cual, atendiendo estas sugerencias, y en virtud del control político, obviamente nuestro deber, la Presidenta de la Comisión designó una subcomisión conformada por los Senadores Jorge Enrique Robledo Castillo, Lidio Arturo García Turbay, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Félix José Valera Ibáñez, Luis Emilio Sierra Grajales, Daira de Jesús Galvis Méndez y Milton Rodríguez Sarmiento, para hacer seguimiento a dichas renegociaciones, aún durante el receso legislativo.

Por lo anterior, hemos considerado sugerirle señor Ministro, que previamente a cualquier determinación sobre dicho particular, se nos remita un informe in extenso en torno al desarrollo de cada una de las concesiones a renovarse en el futuro y que, igualmente, se abstenga de firmar las renegociaciones en proceso hasta tanto se rinda el informe a los integrantes de la Comisión sobre su contenido y alcance.

Agradecemos de antemano la atención que merezca la presente.

Daira Galvis, Jorge Enrique Robledo, Lidio Arturo García, Manuel Guillermo Mora, Félix Valera, Luis Emilio Sierra, Milton Rodríguez.

Oficina de Prensa, Senador Jorge Enrique Robledo.
Bogotá, 17 de diciembre de 2010.

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Millones de colombianos viven en condiciones de riesgo. Desde hace décadas, en cada invierno, más y más zonas habitadas se inundan y aumentan los deslizamientos de tierra que aplastan a las gentes, otras comunidades esperan la catástrofe en las laderas de volcanes activos y deben pasar del 80 por ciento del total las edificaciones construidas sin técnicas de sismorresistencia. En Armero murieron 25 mil personas en una matanza anunciada que pudo evitarse y en Manizales, por ejemplo, hay 2.700 viviendas en montañas que nunca debieron edificarse. Y no ha habido un solo responsable por unos desastres que algunos llaman “naturales” pero que son más políticos y sociales, y que se aprovechan para hacer demagogia mal atendiendo damnificados.

En contraste, en silencio avanza la erradicación del casco urbano de Marmato, Caldas, una población en la que nunca ha habido un muerto por inundación, deslizamiento o temblor. Ya hace tres décadas, Ingeominas declaró la población como “zona de riesgo”. Muy acuciosa, en 2006, la Oficina de Asuntos Ambientales y Agrarios de la Procuraduría, mediante tutela, le exigió al Tribunal Administrativo de Caldas declarar la zona como “de alto riesgo” y ordenar su evacuación y reubicación, despropósito que el Tribunal rechazó. Y son bastantes las presiones y las platas usadas por la Gobernación de Caldas para trasladar el municipio a un punto llamado El Llano, donde ya construyeron unas cuantas viviendas y pasaron la Notaría, la Registraduría y la Personería.

¿Qué empuja trasladar una población de 470 años, habitada por dos mil habitantes, incluidos afrodescendientes e indígenas, y que en 1982 fue declarada Patrimonio Histórico de la Nación? ¿Por qué destruir las edificaciones donde hay 315 residencias, 58 negocios, 18 locales y 23 instituciones (colegio, iglesias, alcaldía, etc.), así como la cultura de una comunidad sui géneris que se resiste a que destruyan el sitio donde ella y sus mayores formaron sus hogares y tradiciones? ¿Cuál es la norma que autoriza este desplazamiento forzado? ¿Por qué en este caso sí se preocupan por un riesgo que ha sido evidentemente exagerado?

El “crimen” de los marmateños es que el poblado queda en las faldas de El Burro, un cerro donde la trasnacional canadiense Colombia Golfields Limited, propietaria de la Compañía Minera de Caldas, espera extraer 375 mil libras de oro a partir del 2011, mediante una explotación a cielo abierto de descomunal impacto ambiental que seguramente exigirá erradicar también, pero más adelante, buena parte del resto de los 8.500 habitantes del municipio. El área afectada llega a 32 mil hectáreas y cubre el vecino municipio de Caramanta, Antioquia.

Para apoderarse del oro de Marmato, que se extrae desde antes de la conquista española, la Colombia Golfields ha comprado los derechos de cerca de 100 pequeños mineros y espera sacar mediante argucias a otros 150, a pesar de que esa área fue declarada en 1954 como de pequeña minería, en tanto se dejó otra zona, que sería raro que la empresa no monopolizara luego, para las explotaciones mayores. Al decir de un marmateño, se emplean “amenazas apocalípticas de desastre total, mientras la multinacional va comprando a precios ridículos las posesiones centenarias”, incluidas las edificaciones del casco urbano. Y para presionarlos también se quitó la autoridad minera del municipio, se suspendió la legalización de 150 nuevas minas en trámite y les entraban la consecución de la dinamita que requieren sus trabajos.

El vicepresidente de la Compañía Minera de Caldas le escribe al ministro de Minas, Hernán Martínez (dic.01.06), que el proyecto exige “integrar” 250 minas, que ello es “una responsabilidad del Ministerio a su cargo” y que requiere que “suspenda la titulación en la zona” y sea “flexible” con las “causales de suspensión” de las explotaciones actuales. ¿Será casual que se tramite en el Congreso una reforma al Código de Minas pro gran minería, que incluye la integración de las pequeñas explotaciones con las grandes y permite expropiar en apenas treinta días cualquier edificación que le estorbe a un negocio minero? ¿Es falso que el traslado del pueblo “cuenta con el respaldo del gobierno”? (www.valoro.net/article.php?sid=86).

Y por unos daños de costos incalculables la trasnacional pagará regalías de solo el uno por ciento, porque la ley las ordena de apenas el cuatro por ciento y porque al quedarse con los derechos de los pequeños mineros se ganó una exención del 70 por ciento.

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Lejos de concluir el agravamiento de la crisis económica global, su tendencia es a empeorarse a niveles de espanto. Si se emplea la figura del tsunami económico que estalló en Wall Street, hay que precisar que todavía no ha terminado de cargarse de energía la ola principal que azota y azotará más al mundo. “La crisis en verdad se está tornando dramáticamente peor”, opina Kenneth Rogoff.

No son serios quienes dicen que Colombia está “blindada” o siquiera “preparada” frente a lo que ocurre, como si no se supiera que la economía nacional empezó a caer incluso antes de que se sintieran en el país los primeros efectos de la crisis mundial, confirmando que el sino que le impone el “libre comercio” a Colombia es el de cortos períodos en el que el producto crece principalmente en beneficio de un puñado de especuladores, trasnacionales y monopolios, para luego caer abruptamente, sacrificando, más que a nadie, a quienes no se beneficiaron o se beneficiaron poco del período anterior. Hora de recordar que la primera crisis del neoliberalismo –en 1999, la peor de la historia del país hasta hoy– no se inició en la banca sino en el llamado sector “real” de la economía, como podría volver a suceder.

La crisis global y las locales solo podrán agravarse, entre otras razones, porque ya se confirmó que Estados Unidos y las demás potencias, al igual que los organismos internacionales de crédito con las que estas desorganizan las economías de sus satélites, insistirán en el “libre comercio”, fórmula que apunta a traspasarles lo peor del problema a los países pobres de la tierra y a los pobres de todas las naciones. Una prueba más, por si faltara, de que el neoliberalismo no se ideó para resolver los problemas de los países débiles ni los de las gentes del común de todas partes, sino para favorecer a unos pocos.

En el pésimo manejo de la economía nacional resalta la abusiva decisión del gobierno de cobrar la gasolina y el ACPM como si el precio del barril de petróleo fuera a un precio mayor que el verdadero. Porque hasta el menos informado sabe que los más de dos billones de pesos que costará esa medida durante 2009 será la misma suma que no tendrán los colombianos para gastar en su beneficio y estimular la economía del país, estímulo que se requiere con urgencia.

***

En momentos en que tanto se nota el cabildeo a favor de que se le autorice a la AngloGold Ashanti explorar oro en el Área de Reserva Forestal Central, en Cajamarca, Tolima, no sobra que se sepan unas verdades poco conocidas. Una enorme explotación aurífera a cielo abierto en ese sitio –que removerá 30 mil toneladas diarias de roca y empleará cianuro en grandes cantidades– amenaza las aguas de una gran porción de ese departamento, entre ellas las del acueducto alterno de Ibagué y los municipios de Coello, Guamo y Espinal, incluido su distrito de riego, el más grande del país. Sobre el tema en litigio, Diego Alvarado, Procurador Judicial Ambiental Agrario del Tolima, “de manera reiterada”, le solicitó al ministro Juan Lozano “la negación total de la sustracción del área solicitada por Anglogold S.A.”, porque la legislación nacional la prohíbe.

En su posición –que respalda la Contraloría y coincide con la de Cortolima–, el Procurador agrega: “Desconcierta, Sr. Ministro (Lozano), que la sociedad minera establecida en Cajamarca hubiera iniciado labores de exploración sin solicitar la sustracción del área obligando a Cortolima, Resolución Nº 205 del 21 de febrero de 2008, a ordenar la suspensión de los trabajos de exploración por haber violado la legislación colombiana, especialmente la ambiental. Por esta misma razón, Sr. Ministro, cursa una investigación en contra de Anglogold S.A.”. También le dice que, “como si lo anterior fuera poco, ahora Anglogold S.A., solicita la sustracción del área –que de concederse– equivale a legalizar el no acatamiento de la ley y a premiar a una compañía extranjera que flagrantemente violó, entre otros, el artículo 210 del Código de Recursos Naturales de Colombia”.

Coletilla: aunque se cubran tras supuestas “noticias” y análisis “imparciales”, se nota que ciertos uribistas y criptouribistas conspiran, e incluso presionan con calumnias, para tener un Polo de bolsillo e impedir que sea una auténtica alternativa a la forma desastrosa como se ha gobernado a Colombia.

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El pasado 13 de noviembre, en momentos en que la Compañía Minera de Caldas les debía salarios y prestaciones a sus trabajadores, llegaron a las instalaciones, de propiedad de la trasnacional canadiense Colombia Goldfields, varios camiones para llevarse a Medellín los “equipos de cómputo, muebles y enseres, insumos y demás”. ¿El propósito? Venderlos al mejor postor para pagar –según dijeron– sus acreencias laborales y comerciales. En los días siguientes abandonaron sus operaciones en Marmato y terminaron de despedir a doscientos trabajadores, a muchos de los cuales no les cumplieron el compromiso de cancelarles el 10 de diciembre lo adeudado por prestaciones.

La decisión de la Colombia Golfields de dejar tiradas sus operaciones en Marmato por tiempo indefinido, hasta cuando se les antoje a sus propietarios, dejó además un reguero de deudas entre los comerciantes. Según el alcalde, “se marcharon, dicen que van a pagar, pero eso afirma todo el que debe. No tienen capacidad económica y generaron desorden social” (La Patria, Oct.07.08). El “desorden social” al que hace referencia el burgomaestre también tiene que ver con que en los últimos dos años la trasnacional adquirió y cerró 144 pequeñas minas de oro (de 250), donde se perdieron centenares de empleos, y con que había comprado y destruido, con su consecuente daño a la producción y el trabajo, varios de los molinos en los que los pequeños productores procesaban el material extraído de las minas.

La minera canadiense generó, entonces, enormes daños al entrar y al salir de Marmato, momentos en los que ni el Ministerio de Minas ni el de la Protección Social ni la Gobernación de Caldas intentaron impedir que sucediera lo que sucedió. Y menos hicieron para proteger el futuro de los marmateños, quienes desde hace siglos tienen en la explotación del oro la principal fuente de sus ingresos y hoy les toca ‘rebuscarse’ el sustento para sus familias migrando hacia otras partes o explotando las minas abandonadas por la compañía, pero con las grandes limitaciones técnicas propias de la pobreza de los mineros llamados ‘guacheros’, que los obliga a minar en medio de graves riesgos para su integridad personal.

Además de las grandes pérdidas que le provocó a Marmato el que se le permitiera a la Colombia Golfields la inaudita licencia de comprar las minas para cerrarlas y los molinos para destruirlos, para luego largarse sin previo aviso, el municipio también se quedó sin las regalías del oro que antes pagaban los pequeños los mineros. Y en el colmo de la alcahuetería con la trasnacional, el gobierno le permitió revertir los contratos de explotación de las minas adquiridas en contratos de exploración, por los que no pagó regalías durante dos años, y además la ha favorecido reiteradamente con la figura de la “suspensión de términos”, de manera que la empresa puede no explotar los yacimientos, pero estos tampoco revierten a la nación para que los exploten otros.

Que las autoridades actúen así no debe sorprender a nadie, porque tampoco dijeron nada cuando la Colombia Golfields hizo una campaña de terror presionando a los marmateños para que le vendieran baratas sus minas, utilizando la falacia de que la montaña iba a derrumbarse sobre ellos y que la empresa, “con el apoyo del gobierno”, tenía el poder para destruir el casco urbano municipal y montar una enorme explotación aurífera a cielo abierto, la de peor impacto ambiental y cuya licencia nunca ha tramitado. Y fue vergonzoso que varias Gobernaciones de Caldas pusieran sus dineros –bien escasos por cierto– al servicio de pasar la zona urbana de Marmato hacia El Llano, y en condiciones urbanísticas y habitacionales de mediocridad extrema, de forma que le disminuyeran los costos del proyecto a la empresa, la cual ha dicho que “el coste total (del desplazamiento) podría estar alrededor de los 20 millones de dólares, con la posibilidad de compartir este gasto con el gobierno” nacional.

Otra vez se confirma una de las verdades que más ocultan los gobiernos neoliberales, como el que padece Colombia: que si bien los intereses nacionales pueden coincidir con los extranjeros, con ganancias para los dos partes, también pueden ser contradictorios y hasta antagónicos, y que negar esta verdad elemental, como efectivamente la niegan, inevitablemente le provoca graves daños al país, porque quienes supuestamente lo representan actúan con la lógica falaz de que lo que es bueno para el capital trasnacional es bueno para Colombia.

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1. Sorprende Sr. Ministro Juan Lozano Ramírez, que INGEOMINAS haya otorgado tres títulos mineros a la empresa, en el día de hoy denominada Anglogold S.A., por encontrarse en el Área de Reserva Forestal Central –ley 2 de 1959– y por saber que correspondería a un megaproyecto, el tipo de minería que se llevaría a cabo y el fuerte impacto ambiental que produciría sobre la Zona de Reserva y sobre los usuarios del agua del río Coello y los habitantes de los municipios de El Espinal, El Guamo, y Coello. Inquieta igualmente, que hubiera desconocido el Código de Minas, Artículo 34 de la Ley 685 de 2001, que a diario consulta, analiza y aplica. Ignoró también INGEOMINAS, la sentencia de la Corte Constitucional C-339 de 2002, que se manifiesta sobre la constitucionalidad del Articulo 34 de la ley 685 de 2001, que establece que no pueden llevarse a cabo labores de exploración o explotación minera en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del medio ambiente. Tampoco tuvo en cuenta INGEOMINAS, el Código de Recursos Naturales el cual a través del Decreto 2811 de 1974, define las áreas de Reserva Forestal en los artículos 203, 204 y 205 y en el 207 determinó que el Área de Reserva Forestal sólo puede destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en ella existan o que se establezcan.

2. INGEOMINAS olvidó que el Decreto 1729 de 2002 definió la ordenación de las cuencas hidrográficas para mantener el equilibrio adecuado entre el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables y la conservación de la estructura biofísica de la cuenca, especialmente de los recursos hídricos en cuanto a su preservación, conservación, protección, prevención del deterioro y su restauración. La minería a cielo abierto, utilizando cianuro y extrayendo más de 30.000 toneladas diarias de material rocoso, en nada se compagina con la normatividad anterior.

3. INGEOMINAS, por el contrario si recordó el Artículo 210 del Código de Recursos Naturales, para recomendar la sustracción del área para adelantar labores de exploración minera, pero consideró equivocadamente de mayor utilidad pública la minería, antes que la utilidad y el interés público por el agua para el consumo humano y usos domésticos de más de 180.000 habitantes de los municipios de El Guamo, El Espinal y Coello y de un Distrito de Riego –USOCOELLO- que irriga más de 27.000 hectáreas.

4. Desconcierta, Sr. Ministro, que la sociedad minera establecida en Cajamarca hubiera iniciado labores de exploración sin solicitar la sustracción del área obligando a Cortolima, Resolución Nº 205 del 21 de febrero de 2008, a ordenar la suspensión de los trabajos de exploración por haber violado la legislación colombiana, especialmente la ambiental. Por esta misma razón, Sr. Ministro, cursa una investigación en contra de Anglogold S.A.

5. Como si lo anterior fuera poco, ahora Anglogold S.A., solicita la sustracción del área –que de concederse– equivale a legalizar el no acatamiento de la ley– y a premiar a una compañía extranjera que flagrantemente violó, entre otros, el Artículo 210 del Código de Recursos Naturales de Colombia.

6. La sustracción del área solicitada por la empresa minera no puede concederse, ni siquiera de manera condicionada, –figura inexistente en la legislación colombiana– porque Cortolima, en el Acuerdo 032 de noviembre 9 de 2006 adoptó en su integridad el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del río Coello y en el Acuerdo 026 de noviembre 13 de 2007 determinó el uso del suelo para la misma cuenca hidrográfica, dentro de la cual se encuentran los tres títulos mineros de Anglogold S.A., estableciendo como uso prohibido del suelo labores de minería a cielo abierto, en aluviones o simplemente de minería. Por otra parte. El POT de Cajamarca no contempla la actividad minera dentro de la Zona de Reserva Central.

7. El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT– no puede desconocer el Decreto 1729 de 2002 y conceder la sustracción del área solicita por la empresa minera referenciada, pues este dispone que. “las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales previstos en un plan de ordenación de una cuenca priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes o las establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación o manejo” Negrilla fuera de texto. Los títulos mineros de Anglogold se concedieron después del 2002, luego con mayor razón tiene aplicación el Decreto 1729 de 2002 y el mismo Decreto convalida los Acuerdos de Cortolima Nºs 032 de noviembre 9 de 2006 y 026 de noviembre 13 de 2007.

8. Igualmente, Sr. Ministro, debe señalarse que aunque las actividades mineras se desarrollan por fases o etapas, como son la exploración y explotación, el proyecto es uno sólo, en este caso “La Colosa”, y en tal virtud el Inciso 1 del Artículo 34 de la Ley 685 de 2001 anota: “No podrán ejecutarse trabajos de exploración y explotación mineras en zonas declaradas y delimitadas conforme a la normatividad vigente como de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables o del ambiente y que, de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia expresamente excluyan dichos trabajos”. En el inciso final del Artículo que nos ocupa se contempla la posibilidad de adelantar actividades mineras restringidas, por determinados métodos y sistemas que no afecten la zona de exclusión, siempre y cuando que el interesado allegue los estudios respectivos que demuestren la compatibilidad de la actividad minera con la conservación del área protegida. A pesar de lo anterior, si se tiene en cuenta que el oro del proyecto “La Colosa” se encuentra diseminado en las rocas, es decir, en concentraciones de pocos gramos por tonelada, pues la explotación debe ser intensiva y a cielo abierto -30.000 toneladas diarias, y además, como para la lixiviación del oro se utilizará cianuro, es imposible creer que esta actividad sea compatible con el uso del suelo en zonas de Reserva Forestal, pues el cianuro puede llegar a contaminar las aguas superficiales y subterráneas. Se refuerza lo anterior, si se tiene en cuenta que se arrasará la vegetación y el suelo en los sitios de las canteras, que serán gigantescas, y por ende eliminarán progresivamente muchos de los 300 o más vertimientos naturales de agua o manantiales que se encuentran dentro de las áreas concesionadas.

9. La Sentencia C-293 de 2002 M.P. Alfredo Beltrán Sierra declaró la constitucionalidad del numeral 6, Artículo 1, ley 99 de 1993 –Principio de Precaución- que literalmente anota: “Las autoridades ambientales, como ud. Sr. Ministro, y los particulares darán la aplicación al Principio de Precaución conforme al cual cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”. Cursiva fuera de texto. Para el asunto de la mina “La Colosa” y con base en este principio, en caso de presentarse dudas frente a la exploración o la explotación minera, la decisión debe inclinarse necesariamente hacia la protección del medio ambiente, pues si se adelanta la actividad minera y luego se demuestra que ocasionaba un grave daño ambiental, sería imposible revertir sus consecuencias. Las experiencias negativas derivas de la explotación de minas de oro diseminado a cielo abierto en Perú, Centro América, África y Sudáfrica, justifican las dudas con respecto al manejo que se da a este tipo de yacimientos, lo cual determina aplicar el Principio de Precaución y no abrir las puertas de la explotación al proyecto “La Colosa”, a través de la autorización de la sustracción del área, reitero, así sea condicionada.

10. Para terminar y de manera reiterada, la Procuraduría Judicial Ambiental y Agraria del Tolima solicita al Dr. Juan Lozano Ramírez, la negación total de la sustracción del área solicitada por Anglogold S.A., para el proyecto “La Colosa”. Manifiesta igualmente, el rechazo total a la sustracción condicionada, por inexistente en la legislación colombiana, y por ir en contravía de todo lo expuesto en este resumen jurídico de la ponencia.

DIEGO ALVARADO ORTIZ Procurador Judicial Ambiental y Agrario del Tolima Cajamarca, 20 de febrero de 2009

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Procuraduría, Contraloría y Cortolima dicen NO La trasnacional sí violó las leyes colombianas.

Un saludo muy especial a todas las autoridades, a los representantes de la empresa AngloGold Ashanti y a todos ustedes que nos acompañan, compañeros y compañeras. Estoy aquí porque pertenezco a la Comisión Quinta del Senado, la comisión de asuntos ambientales, mineros y agrarios. Empiezo aclarando, y no solo para quienes no me conocen, que no soy un político profesional. Estuve durante 27 años de profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Soy además tolimense, y es para mí un orgullo decir que soy tan ibaguereño como el palo de mango del Parque Murillo Toro. Conozco estas tierras, pero además déjenme decirles a las gentes de Cajamarca y de Anaime que pasé varias vacaciones de mi juventud en fincas de los alrededores. Cabe también dejar sentado que no tengo negocios de ningún tipo ni en el Tolima ni en ninguna parte de Colombia. Mi único ingreso se reduce a lo que recibo como congresista.

Hay inversiones del capital extranjero que no son convenientes

Llevo meses pensando en este caso, que hay que mirar con mucho detenimiento. A estas alturas lo que voy a expresar es la conclusión a la que he llegado hasta hoy. Comienzo por expresar que no tengo una posición de principios en contra de la minería. Pienso que puede hacerse. Tampoco tengo una posición de principios en contra del capital extranjero que invierta en Colombia, pero sí siento que los grandes proyectos hay que analizarlos detenidamente, porque hay unos que pueden ser inconvenientes y, si se comprueba que es así, mejor no hacerlos. Y hay inversiones del capital extranjero que no son convenientes y que por la misma razón, mejor no hacerlas. Pero enfatizo en que no abrigo una posición de principios en contra. Al proyecto que hoy ocupa nuestra atención tenemos que hacerle un análisis de costo-beneficio, porque de escrutar costos y beneficios sale una conclusión de manera más o menos natural, y es lo que nos dice si el proyecto debe realizarse o no.

Debo decirles a las gentes de Cajamarca, que son, digamos, quienes lo viven más de cerca, que no son ellas las únicas interesadas. No es así. A estos proyectos hay que mirarles su conveniencia no solo para Cajamarca y Anaime, por supuesto, sino también para Ibagué, Espinal y el resto del departamento del Tolima, y para Colombia. Si a Colombia le va mal, no le puede ir bien a Cajamarca ni a nadie. Y hay que medir los impactos de largo y de corto plazo. Una cosa puede no ser negativa en el corto plazo, pero sí muy negativa en el largo plazo. Y hay que mirar los impactos directos y los impactos indirectos. En síntesis, para no alargarme, hay que mirar el proyecto con tranquilidad y objetividad para sacar conclusiones que se acerquen a las conveniencias de la nación.

¿Otro “El Dorado”, como el del Chocó?

A alguien le oí decir que aquí estábamos ante un nuevo “El Dorado”. Y pregunto con toda franqueza: ¿se acuerdan ustedes de que la historia de El Dorado fue la que atrajo a los españoles a América y durante siglos sacaron oro y platino de lo lindo? Pero en 1819, el análisis que se hizo del costo-beneficio daba que era mejor que no hubiera Colonia española.

Estos proyectos mineros suelen aparecer como “Dorados”, pero si ustedes revisan lo ocurrido en el departamento del Chocó, donde ha habido desde hace siglos minería del oro y del platino, lo único que de verdad abunda es la miseria. Lo mismo pasa en el departamento de Antioquia, en los municipios del Bagre y Zaragoza, donde desde hace cien años se extrae oro y los índices de pobreza y miseria son pasmosos. Con decirles que duplican y triplican los promedios de pobreza de Antioquia, o sea, paradójicamente, lo más pobre del departamento son precisamente los municipios donde se hace extracción del oro. No quiere decir que siempre y en todos los casos sea así, pero estoy examinando con objetividad los hechos que nos rodean, para que podamos presentar las cosas como son y no solo desde un punto de vista. Basta con que ustedes vayan y miren la situación social en La Guajira y el Cesar y nos digan si es verdad que desaparecieron la pobreza y la miseria. No es cierto que haya desaparecido. Hay unos ciertos enclaves de modernidad, pero lo que prevalece allí es la miseria más espantosa que pueda imaginarse. Y no hablo solamente de las regalías e impuestos que se roban, porque yo francamente tengo que decirles, y este es un debate que hemos hecho en la Comisión Quinta, que me parece el colmo que en Colombia toleremos que las regalías para la minería del oro sean de un irrisorio 4 por ciento. ¿Qué quiere decir del 4 por ciento? Que de cada cien pesos, solo cuatro son para Colombia. Quiere decir que es mejor negocio sacar el oro y comercializarlo, que ser el propietario del recurso, porque eso es lo que vale finalmente la regalía, lo que le corresponde a la nación. Y cuando uno expresa en estos análisis lo que pagan las compañías por impuesto de renta, lo otro que nos presentan como muy atractivo en estos negocios, con franqueza tengo que decirles que en todos los casos lo que hemos descubierto es que no suelen pagar el impuesto de renta del 33%, sino mucho menos. Antier no más, para poner un ejemplo, la prensa señaló cómo a Glencore, en la Refinería de Cartagena, le habían bajado el impuesto de renta del 33% al 15%. Cuando uno cruza entonces renta y regalías, autoridades del departamento, al final casi nunca el saldo es positivo. No es verdad, al cruzar todos los costos, que de verdad nos estén quedando beneficios.

Y lo anterior encuentra una explicación muy lógica y es la manera más gruesa de ver el costo-beneficio para Colombia. Digámoslo con franqueza, este es un negocio de una compañía trasnacional, la Anglo Gold Ashanti, y es obvio que si vienen es porque en su conjunto van a sacar más del producto que lo que van a invertir en él. De otra manera no estarían aquí.

El impacto regional

¿Cómo será el impacto para la región? Examinemos primero lo que tiene que ver con maquinarias, materias primas e insumos, que no provienen de la región, sino de otros departamentos de Colombia o, lo que es peor, directamente del exterior. Si la maquinaria va a ser extranjera, en este tipo de lógica, no produce encadenamientos económicos que valgan la pena. En segundo término, digamos que una proporción bien grande de los empleos no son en todo estables ni relativamente bien remunerados, sino que son empleos bajo el régimen de contratistas y en condiciones salariales muy malas. Es el mismo caso de El Cerrejón, de Drummod, de Cerro Matoso. Decirles a las gentes de Cajamarca que van a salir de pobres, que este es el nuevo “El Dorado” y que se van a acabar los problemas de desempleo en la región no resiste análisis. Una de las consecuencias inevitables de estos proyectos es que infinidad de colombianos pobres, sin empleo y desesperados, apenas oigan que hay trabajo, se van a venir para Cajamarca. Es una realidad que todos sabemos ocurre. Y por supuesto, va a haber una competencia feroz por las pocas plazas que se ofrezcan. A uno suelen decirle: no, senador, vamos a imponer que sean empleos de la región, pero la verdad es que no existe ley en Colombia que obligue a que los empleos tengan que ser regionales. Y me resisto a creer que la gran maquinaria vaya a ser manejada por quienes carezcan de experiencia. Pero además, y estoy intentando ser muy franco, así genere molestias, la norma es que en todos los negocios en Colombia, y algo muy parecido sucede en la política, se aplica una norma: prometer para conseguir y una vez conseguido, olvidar lo prometido.

Veámoslo ahora desde el lado de las pérdidas. Las pérdidas son evidentes. Lo más seguro es que sea un proyecto de minería a cielo abierto, que suele producir un impacto ambiental absolutamente monstruoso, por el uso de maquinaria gigantesca, de dinamita, de explosivos, propio de un movimiento de piedra y tierra absolutamente descomunal. El impacto, por donde uno lo mire, en polución ambiental, en ruido, en destrucción de fauna y flora, es evidente. El riesgo sobre las aguas también es inevitable, no solo por la cantidad de agua que usa la minería, sino porque además, como bien lo sabemos, aquí hay una especie de nudo de aguas que abastece a buena parte del departamento. Toda esta zona del municipio de Cajamarca depende de ellas. Estamos hablando nada menos que de amenazar el primer distrito de riego de Colombia, el de Coello, en el municipio de El Espinal. Y estamos hablando de que amenaza por contaminación uno de los posibles acueductos alternos de Ibagué. Los ibaguereños sabemos lo que nos pasa con el acueducto cada vez que llueve en el páramo. Luego aquí hay riesgos de salud pública y los que ustedes quieran, sobre lo que hay información suficiente.

El principio de precaución

Los riesgos son muchos. Entonces dicen: sí, senador, hay un riesgo grande, pero lo vamos a poner bajo control, lo vamos a mitigar. Y yo, tomando de buena fe esas afirmaciones, digo, bueno, aceptemos que si sea así, pero qué garantía nos dan, qué certeza nos dan, quién nos jura aquí y se compromete con su peculio en todas sus proporciones a decir que pagan todos y cada uno de los daños que pueda generar este proyecto. Si el día de mañana nuestras peores prevenciones resultan ser ciertas y se pierde el distrito de riego de El Espinal, ¿quién responde? Si el día de mañana la agricultura de la región se acaba por la competencia de salarios y por contaminación, ¿quién responde? Si el día de mañana el agua del Coello le hace falta a Ibagué, a su servicio de acueducto, ¿quién responde? Sobre esto ya advirtió el señor procurador y la directora de Cortolima. La verdad, hace rato se inventó un principio muy progresista, muy inteligente y muy sensato, que está en todos los documentos internacionales, y se llama el “principio de precaución”. Muy elemental: allí donde no haya certezas, absténgase. Cuando el campesino va por un camino y teme que más adelante le salga un tigre o un maleante, dice: mejor no me meto. Eso es inteligente, porque aquí estamos hablando de un proyecto que puede hacer daños nadie sabe para cuánto tiempo, nadie sabe a cuántas personas. No es solo el impacto del día de hoy, sino también el del futuro.

Entre las gentes de Cajamarca, hasta donde yo pude ver, hay una actitud más o menos positiva frente a este proyecto. Además, ya mencioné que no es cierto que se vaya a acabar el problema del desempleo y la pobreza en la región. Eso no es verdad. Y vienen otros impactos, entre ellos, el alza en los arriendos, en el precio de la comida y en el costo de la vida. Y menciono de paso con franqueza otras lacras sociales que normalmente vienen pegadas de este tipo de proyectos, como pueden ser la prostitución y el alcoholismo. Quienes estudien el impacto ambiental para la compañía deben considerarlo y ver qué se va a hacer con ellos, porque todo lo termina pagando la región.

Digamos por último que un día se acaba el oro. Lo que he leído es que pueden ser unos catorce años de extracción. ¿Qué pasa después de que se acabe el oro? Los impuestos que hayan quedado, ahí quedaron. Los empleos que se hayan producido, se desaparecieron. Las compras que se puedan hacer aquí en la región, que repito, son pocas, tampoco estarán. Y el resto de cosas, ¿qué? Si se fue con el oro la agricultura, ¿qué hacemos? Si se fue con el agua la ganadería, ¿qué hacemos? Son preocupaciones válidas que uno tiene que plantear.

Según las autoridades, la Anglogold sí violó las leyes colombianas

Repudio de manera enfática que una empresa de capital extranjero trasnacional haya procedido violando las normas de Colombia en lo que tiene que ver con los parques naturales. Me parece absolutamente inaceptable, y en esto le doy toda mi solidaridad a la Procuraduría (*), a la Contraloría y a Cortolima. Lo menos que tiene que asegurar una empresa extranjera es cumplir más juiciosa que nadie las leyes de Colombia. Cuando los colombianos vamos al exterior somos respetuosos de las normas del país que nos aloja y esperamos que aquí suceda de la misma manera.

Concluyo repitiendo lo que dicen los campesinos: si así es el desayuno, cómo será el almuerzo. Si empiezan aprovechando una reserva forestal, que se supone que es sagrada y, como bien lo ha dicho el procurador (*), violarla es ilegal, cómo será el resto. Es que aquí, según entiendo, en la norma no hay discusión, y todo tiene que empezar por el respeto a las leyes de la República. Las normas establecen que no se puede desagregar esa reserva, salvo que previamente se modifique la ley. Qué otra cosa puede entonces hacer un senador de la República sino decir que se cumplan las leyes, como también lo están diciendo los funcionarios respectivos. A estas alturas, en síntesis, en mi análisis del costo y del beneficio, tengo la certeza de que son demasiados los costos, demasiados los riesgos, y en estas circunstancias, el proyecto no debe realizarse.

*Nota:

En el resumen jurídico de la ponencia del Procurador Judicial Ambiental Agrario del Tolima, Doctor Diego Alvarado Ortiz, dirigida al ministro Juan Lozano, puede leerse:

“4. Desconcierta, Sr. Ministro, que la sociedad minera establecida en Cajamarca hubiera iniciado labores de exploración sin solicitar la sustracción del área obligando a Cortolima, Resolución Nº 205 del 21 de febrero de 2008, a ordenar la suspensión de los trabajos de exploración por haber violado la legislación colombiana, especialmente la ambiental. Por esta misma razón, Sr. Ministro, cursa una investigación en contra de Anglogold S.A.”

“5. Como si lo anterior fuera poco, ahora Anglogold S.A., solicita la sustracción del área –que de concederse– equivale a legalizar el no acatamiento de la ley y a premiar a una compañía extranjera que flagrantemente violó, entre otros, el artículo 210 del Código de Recursos Naturales de Colombia”.

“10. Para terminar y de manera reiterada, la Procuraduría Ambiental y Agraria del Tolima solicita al Dr. Juan Lozano Ramírez, la negación total de la sustracción del área solicitada por Anglogold S.A. para el proyecto ‘La Colosa’. Manifiesta igualmente, el rechazo total a la sustracción condicionada, por inexistente en la legislación colombiana, y por ir en contravía de todo lo expuesto en este resumen jurídico de la ponencia”.

En términos similares se pronunciaron en la audiencia la Contraloría y Cortolima

El texto completo de la ponencia del Procurador es el siguiente:

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Nuevo gravamen contra los ganaderos de leche. 2.700 familias van a ser desalojadas de la comuna San José, en Manizales. ¿Al capital extranjero hay que entregárselo todo? Para la AngloGold, dos millones y medio de hectáreas. Regalía irrisoria del 4 por ciento. Quién responde por el daño ambiental. Cajamarca no va a salir de pobre. AngloGold violó las leyes colombianas. Desastre ambiental. El proyecto minero va a demandar casi mil millones de metros cúbicos de agua. El Quimbo, una hidroeléctrica entregada al capital europeo. A Emgesa, en El Quimbo, se le otorga ilegalmente la licencia ambiental. Trámite irregular. Contraloría y Procuraduría en contra.

Antes de entrar en materia quiero hacer mención de dos puntos, el primero, ya señalado aquí, el de la leche, y quiero repudiar de manera enfática los nuevos gravámenes contra los ganaderos de leche. No es una medida progresista ni democrática, pero además es ilegal. No es que se reúnan un ministro y una agremiación, por encopetada que sea, y le van poniendo una carga parafiscal a medio millón de colombianos. No, se supone que aquí hay un Estado de Derecho. Las cargas parafiscales solo las puede imponer el Congreso de Colombia, previo debate, y no una agremiación con un ministro y como si fuera un negocio de compadres. Es absolutamente inaceptable.

Hay otro asunto que quiero mencionar, señor ministro. Estamos entrando en otro pleito. Estuve el domingo en una reunión con unos mil vecinos de una zona de Manizales a la que asistió el propio arzobispo de la ciudad, monseñor Fabio Betancur, porque hay una inconformidad muy grande porque usted, en asocio con el alcalde de la ciudad, están impulsando un proyecto de renovación urbana que me recuerda la renovación urbana de la Roma de Nerón. No sé si usted sabe que el incendio de Roma fue un proyecto de renovación urbana de especuladores inmobiliarios. El proyecto de Manizales es realmente de un extremismo y una desconsideración miedosos. Con el pretexto de atender unas personas que están en riesgo, y estoy de acuerdo con hay que atenderlas, ustedes van a desalojar de sus predios a 2.700 familias. Es algo escandaloso. El proyecto incluye aplicarle a la gente la utilidad pública para conseguirle un lote a algún negociante particular. Senador Luis Emilio Sierra, esto es inaceptable. Ese parquecito tecnológico del que están hablando no es más que otro negocio. Que ese señor o los señores interesados compren un lote en cualquier parte de Manizales, pero no les abarate usted, señor ministro, el precio de la tierra con una declaratoria de utilidad pública. Es un debate que vamos a hacer el semestre entrante, pero lo quería dejar planteado desde ya, porque hay mucha molestia en la ciudad y se reunieron el pasado domingo más de mil vecinos en un Colegio de la Arquidiócesis para protestar por este hecho.

¿Al capital extranjero hay que entregárselo todo?

Entrando ya en materia, yo no me opongo a que en Colombia opere capital extranjero. Por supuesto que no me opongo, siempre y cuando ese capital extranjero venga en beneficio del progreso nacional y no a hacer daños y destrozos. El capital extranjero puede llegar a hacer daños y destrozos como también a contribuir positivamente al desarrollo. Ahí lo que toca hacer siempre en cada caso es un análisis de costo-beneficio a ver si nos conviene o no, bajándolo de las falacias que se han planteado en Colombia de que siempre y en todos los casos, cualquier capital extranjero que llegue a Colombia es bueno y hay que entregárselo todo porque dizque nos va a salvar. ¡Paja! Si los colombianos no nos salvamos a nosotros mismos, nadie nos va a salvar de todas las tragedias que estamos viviendo.

Y lo mismo con respecto a la minería. No tengo una posición de principios en contra de la minería. Estoy empezando el debate por el tema de La Colosa, para seguir la exposición del doctor Mauricio Jaramillo. También aquí se trata de hacer un análisis de costo-beneficio a ver si son más los daños que los beneficios, porque todos sabemos que la minería, por definición, genera fuertes impactos ambientales.

Dichas estas dos cosas, añado una tercera. Uno de los pleitos grandes que están apareciendo en el negocio de la minería es que este gobierno y en especial este Ministerio tienen un marcadísimo sesgo en beneficio de la gran minería, en beneficio de las trasnacionales de la minería y en contra, a mi juicio, del trabajo minero de pequeños y medianos empresarios o artesanos o como se les quiera llamar, porque allá hay de todo. Esa actitud, senadores de la Comisión Quinta, está generando ya problemas extremadamente graves.

A Marmato llegó una trasnacional minera, la Colombia Goldfield, cerró 150 minas que compró baratas presionando a la gente, destruyó los molinos en que se procesaba el mineral y un buen día, en diciembre, se largó dejando todo tipo de deudas en el comercio y una hambruna en el municipio. Y no hay autoridad en Colombia que controle este tipo de cosas. Hay también serios problemas sociales en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño por la persecución contra la pequeña y la mediana minería. Repito, no me opongo a que haya gran minería en Colombia, pero sí pienso que lo que necesitamos es un modelo económico dual, donde la gran minería actúe cumpliendo las normas, sin llegar como Atila y como los dioses de la tierra a hacer lo que se les da la gana, y que se tenga una especial consideración con los pequeños y medianos mineros. Pueden terminar ustedes, ministros, enfrentando problemas de orden público en ciertas regiones de Colombia donde los pequeños y medianos mineros están siendo desplazados por la gran minería.

Para la AngloGold, dos millones y medio de hectáreas

Porque aquí hemos llegado a absurdos, y lo que voy a denunciar lo cuenta la misma AngloGold Ashanti, en su reporte del 2007. Dice que en el 2004, ella y sus asociados presentaron propuestas de contratos para tomar tierras por ¡10.800.000 hectáreas!, o sea, se están quedando con todas las tierras de Colombia. Concluye que después de un proceso, para el 2008 se van a quedar con contratos por 2.500.000 hectáreas, un hecho que el país tiene que examinar con detenimiento, senador Jaramillo, porque aquí también los ciudadanos colombianos han de tener derecho a desarrollar actividad económica y porque es muy grave el poder político que deriva el capital extranjero de controlar porciones del territorio tan grandes, como si no existiera la soberanía nacional. Pregunto yo, quién en Barrancas o en un municipio de La Guajira se atreve a mover un dedo en contra de la opinión de la trasnacional que allí extrae el carbón o cómo es la política en el Cesar frente al poder de la Drummond y demás compañías.

No es cierto que estas empresas paguen regalías suficientes por el negocio del oro. La regalía es algo así como el precio que cobra la nación por ser la dueña del recurso. Pues bueno, en estos casos como el que estamos hablando de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, la regalía es del 4%, una regalía ridícula. Resulta mejor negocio sacar el oro, transportar el oro o procesar el oro que ser el dueño del oro. Yo acepto en gracia de discusión que en la pequeña y mediana minería no haya regalía o haya una muy baja, pero que a empresas de estas proporciones se les cobre el 4% me parece inaudito. Y si además sabemos que esas empresas actúan con grandes rebajas tributarias en el impuesto de renta, si uno cruza la regalía ridículamente baja contra los descuentos tributarios, da que les regalamos el oro. Luego al final lo único que nos queda es el hueco, el desastre ambiental, porque en el balance completo del negocio, en lo que podríamos llamar en este caso el State Take (como se dice en petróleos), lo que toma el Estado por regalías y por impuestos, resulta que quedamos con saldos negativos.

Para darles una idea de cuán desiguales pueden ser las relaciones con estas regalías de que tanto nos hablan, porque el cuento es que vamos a salir de pobres con las regalías, digamos que de acuerdo con los cálculos dados por la propia empresa, este proyecto podría generarle a la nación colombiana, sumada a municipios y departamentos, unos 400 millones de dólares de regalías en toda la operación. Y si se llega a arruinar el distrito de riego de Usocoello en El Espinal, uno de los riesgos que afrontamos, se perderían al año en arroz 105 millones de dólares, que es lo que produce ese solo distrito de riego. A mí entonces me dicen 400 millones de dólares de regalías en toda la operación del proyecto contra amenaza de pérdidas de cien millones de dólares al año en el solo municipio de El Espinal y empiezo a poner en su justa proporción qué tan grandes son las regalías de las que estamos hablando.

Se le dice a la gente que es el proyecto que estaban esperando, que ahora sí vamos a salir de pobres, y en eso sí que engañan al pueblo. Se lo digo con todo cariño a las gentes de Cajamarca: vayan y miren en La Guajira si es verdad que con el carbón salieron de pobres o vayan y miren en el Cesar o vayan y mírenlo en El Bagre y Zaragoza, Antioquia, donde están sacando oro desde hace cien años y hoy esos dos municipios tienen porcentajes de pobreza y de miseria bastante más altos que el promedio nacional. Luego el espejismo del oro y de la minería hay que mirarlo con mucho detenimiento. Para la AngloGold sí que es un gran negocio, de eso no puedo tener la menor duda, un negocio excelente que le produce utilidades astronómicas, pero aquí el problema no es cuánto gana la AngloGold Ashanti, sino qué le pasa a Colombia, porque supone que ustedes los ministros representan el interés nacional y no el de la AngloGold Ashanti.

Quién responde por el daño ambiental

Hago esta advertencia, aquí se nos dice, se nos jura y se nos rejura, y estas compañías producen documentos de miles de páginas aduciendo que no va a pasar nada. Pero yo le pregunto a usted, ministro de Minas: ¿se compromete la AngloGold Ashanti con todo su patrimonio global a responder si en La Colosa fallan sus cálculos y hay una destrucción inmensa? Usted y yo sabemos que no responde, primero, porque esas trasnacionales traen el nombre completo cuando llegan a Colombia, pero a la hora de operar lo hacen con una subsidiaria. Usted lo acaba de vivir en el caso de Glencore en Cartagena, ministro. Se armó todo el ruido por el negocio con Glencore, una de las grandes del mundo, y cuando los suizos se le mamaron al negocio, como se dice coloquialmente, y dejaron al país metido, o a ustedes metidos, quién responde. Una empresita de pacotilla instalada en algún paraíso fiscal de Las Antillas, unos centros de corrupción, y no hay a quién caerle.

Pero además, y está dicho por los propios ministros y si me equivoco, me refutarán ustedes, no existe norma en Colombia que permita caerle a una empresa minera de estas el día de mañana si falla en sus cálculos y la mina produce un desastre. Si el día de mañana, senador Jaramillo, la operación de La Colosa acaba con el distrito de riego de Usosaldaña, no hay cómo caerle a la AngloGold Ashanti si ha cumplido con los requisitos planteados en el estudio ambiental, requisitos, digámoslo también desde ya, definidos por ellos mismos. Si en esto hay algo monstruoso, colombianos, es que a estas compañías les dice el gobierno, bueno, si quieren operar, tramiten una licencia ambiental. Pero resulta que la licencia ambiental la hace la compañía interesada. Ella es la que recolecta las cifras, la que las da, la que las pone, la que las trae. Ninguna capacidad de auditaje tiene el Ministerio del Medio Ambiente, un Ministerio ridículamente débil, suponiendo que sean inmunes frente a la corrupción en todos los niveles. Tan ridículamente débil, que no tiene con qué contradecir las cifras, porque no puede auditar su propia recolección, no nos echemos cuentos. Si algo es perverso en Colombia es que el interesado, el que quiere explotar la mina, es el que hace el estudio de impacto ambiental, porque las normas no dicen que paga la trasnacional o la empresa minera, pero el estudio lo hace una empresa independiente, o lo hace el Ministerio, el Estado colombiano. Eso de que el interesado es el que hace las vueltas le recuerda a uno la famosa historia del registro de Padilla. En unas elecciones por allá en el siglo XX, eran los interesados los que cargaban con la urna y con el resultado de las elecciones.

Y a esto hay que agregar una cosa sobre la que quiero protestar enfáticamente. Me parece inaceptable que esa empresa, allá en Cajamarca y El Quimbo, de Emgesa, en el Huila, anden repartiendo espejitos entre las comunidades pobres. Me parece absolutamente inaceptable. Es un acto de corrupción eso de que se vayan a repartir mercados y que saquen muelas y que den cursos de costura, con el único propósito de ganar opinión pública a favor del proyecto. Me parece un acto de corrupción. Es como si llegaran aquí, ministro, a repartirnos espejitos de oro de verdad para generar opinión pública. ¿Quién aceptaría esa práctica como un acto honrado? En eso quiero ser enfático, esos son actos de corrupción.

Que Cajamarca va a salir de pobre… no nos echemos cuentos. Cajamarca no va a salir de pobre, ni va a resolver sus problemas. El número de empleos que se crea reviste alguna importancia en la fase de construcción del proyecto. Después cae. Todo indica que van a tener que llevarse a la gente a vivir a Ibagué, porque si la ponen a residir en Cajamarca se arma un problema social de proporciones inmanejables. Pero además, y estas son situaciones que no analizan los estudios de impacto ambiental, ¿que va a pasar con el salario rural de la región? Esa es una zona de una producción agrícola importante en Colombia, y pienso que el salario rural se va a disparar y que la agricultura y la ganadería de Cajamarca van a perder competitividad. Hoy ellos venden mucho en Bogotá y el proyecto fácilmente va a generar un impacto dolorosísimo en las otras economías de la zona.

AngloGold violó las leyes colombianas

Está demostrado, y no voy a insistir en que la AngloGold Ashanti violó las leyes de la República de Colombia cuando hizo exploración en esa zona de reserva. De eso no hay duda. Tan no hay duda, que el Ministerio, no el más acucioso para perseguir estos casos, se tomó el trabajo de abrir una investigación. Ahí está un proceso que todavía no ha terminado. No me cabe entonces la menor duda de que violaron las normas. Lo dijo Cortolima, que les paró la obra, lo dijo la Procuraduría Agraria del Tolima. Hay, digamos, un consenso, y en ese sentido yo protesto aquí también, señor ministro, porque la AngloGold Ashanti haya dicho en un informe oficial que ella no ha roto ninguna ley de regulación desde que se inició la exploración en Colombia. Eso no es cierto, es informarle de manera falaz al mundo sobre lo que ha sucedido. No solo el negocio de AngloGold empieza violando flagrantemente las leyes de la República de Colombia que todos debemos cumplir, y en especial los extranjeros, que deberían dar ejemplo de cumplimiento, sino que además la licencia que usted ha expedido, señor ministro, también es ilegal, qué hacemos. Es una licencia que usted expide en medio de la ilegalidad.

Voy simplemente a leer unas cuantas opiniones de la Procuraduría General de la Nación, cuyos miembros no pertenecen, ni mucho menos, a las organizaciones de oposición. Dice el doctor Diego Alvarado Ortiz, procurador regional, funcionario que ha jugado un papel valeroso en la defensa de los intereses de los tolimenses: “Ahora AngloGold Ashanti solicita la sustracción del área que de concederse equivale a legalizar el no acatamiento de la Ley y premiar una compañía extranjera que flagrantemente violó entre otros el artículo 210 del Código de Recursos Naturales”. Esto es parte del alegato del doctor Alvarado. También se ha opuesto Cortolima y se ha opuesto la Contraloría Departamental del Tolima, no voy a entrar en detalle. El señor procurador general de la Nación dice que hay en su decisión, señor ministro, una manifiesta contradicción del acto administrativo con el ordenamiento jurídico superior, circunscrita a la violación de la ley y a la falta de motivación. Dice el procurador general de la Nación que hay falta de motivación en su decisión, o sea, que usted no tiene argumentos ni razones suficientes para haber concebido esa licencia. Considera el Ministerio Público que su resolución vulnera normas de carácter constitucional, especialmente los artículos 79 y 80 y referentes.

Hay una total ausencia de motivación, lo dice textualmente el señor procurador. No existe en la resolución una sustentación clara de las razones por las cuales la máxima autoridad ambiental del país accede a sustraer el área de la reserva forestal para adelantar estas actividades exploratorias. La ilegalidad es a mi juicio manifiesta, entre otras cosas, porque usted no puede irse en contra del Plan de Ordenamiento o POMCA de la cuenca del río Coello, y usted lo sabe bien, señor ministro, o debiera saberlo, porque es el abecé en estos debates ambientales. Luego la violación de la ley es en este caso flagrante. Usted no puede irse en contra del POMCA del río Coello ni del POT de Cajamarca. Hay además un agravante que a mí me mortifica, un detalle que en medio de la descomposición de este país tal vez pase inadvertido. Cómo es posible, ministro, que usted dé la licencia ambiental sin que haya salido una decisión sobre la violación de la ley cometida por AngloGold Ashanti en el caso de la mina de Cajamarca, cuando se está en pleno proceso de investigación de un delito. Cómo es posible que cuando debe resultar sancionada la empresa, usted la premie, como lo dijo el procurador, dándole la licencia ambiental.

Aun cuando fuera por razones de forma, ministro, usted ha debido esperarse a ver en qué terminaba el proceso, y yo creo que tiene que terminar en sanción. Pero a usted se le creó también un problema extremadamente grave de índole legal y moral y es que usted le entregó una licencia ambiental a una empresa que está siendo investigada por violación de la ley. ¿Usted cómo va a cuadrar esas dos cosas? No me sorprendería que dijera que este proyecto no empezó violando la ley. Ya en la práctica, a pesar del alegato de índole jurídico y moral que estoy haciendo, la empresa dirá, no importa lo que pase, que ya tenemos entre el bolsillo la licencia ambiental y ya veremos cómo arreamos ahí el resto del proceso.

Desastre ambiental

La importancia de la zona de la que estamos hablando está fuera de discusión. Les aseguro que en ningún país civilizado del mundo le darían la menor posibilidad a una empresa minera como esta en un proyecto de cielo abierto para intervenir un nudo de aguas como ese que abastece a medio Tolima. Aquí no estamos hablando de un proyecto en la mitad de un desierto ni de un área abandonada, sino de un proyecto en el corazón económico de Colombia, al lado de una carretera que estructura un desarrollo importantísimo del país. El impacto ambiental va a ser enorme, como lo certifica Pax Christi, una organización holandesa muy respetable que promueve análisis democráticos sobre el medio ambiente, intentando contrarrestar en parte el poder de las trasnacionales que son las únicas que hacen estudios, porque aquí el Ministerio de Minas no hace ni uno, de nada. Se ciñe a lo que le digan las trasnacionales, lo mismo que el Ministerio del Ambiente.

Trajeron a un especialista norteamericano, Robert Morant, y él explica cómo allí hay una serie de riesgos que tienen que ver con la acidez de las rocas y con procesos muy complicados. En aras de la brevedad, voy a resaltar uno solo, el del uso del agua. Afirman los de Pax Christi que el señor Carl Brechtel, en ese momento director de estudios de La Colosa, en nombre de AngloGold Ashanti, les reveló que necesitaban algo así como un metro cúbico de agua por cada tonelada de material extraído. Estos son proyectos que requieren mover mucho material, mucha roca, y necesitan mucha agua.

Hay que mover entre 20 y 35 millones de toneladas de piedra y material al año, y esto requiere entre 631 millones y 946 millones de metros cúbicos de agua. Este es un gran problema. El oro es lo menos que hay. El oro es como un gramo por cada tonelada. El problema es que hay que mover una cantidad descomunal de roca y para eso se necesita una inmensa cantidad de agua. AngloGold Ashanti afirma que ellos pueden reciclar el agua. Según sus cálculos, pueden salvar por ahí el 60% del agua utilizada. El otro 40% se pierde por problemas de evaporación, de filtración, de goteo, etcétera. Les recuerdo a ustedes que aguas abajo del proyecto está Ibagué, están varios municipios, está el distrito de riego del río Saldaña, en Espinal.

¿Cuál es la conclusión de este estudio? Las cantidades de agua que se necesitan para el proyecto serían gigantescas y podrían generar crecientes competencias y disputas con los demás usuarios ubicados mas allá, aguas abajo, como es el caso de los cultivadores de arroz. Suponiendo que no pasara nada con envenenamientos, con ambiente y con biodiversidad, aquí va a surgir un pleito por agua extremadamente grave, y además en unas pendientes superiores a 45 grados, en unas condiciones de explotación tremendamente complicadas, con unos desechos descomunales en piedra y en una zona de riesgo sísmico relativamente alto, pues tenemos al lado el volcán Machín, de erupciones explosivas muy fuertes, como está geológicamente demostrado.

Estamos entonces en una zona que tiene complicaciones de todos estos órdenes, con un proyecto que agrava los riesgos en proporciones descomunales. La investigación de los de Pax Christi concluye haciendo dos denuncias para mí bien importantes, y quiero reiterarlas, primero, que el Ministerio de Ambiente parece no entender el problema. Ellos estuvieron reunidos con ustedes, ministro, y con los de AngloGold Ashanti y parecieron no entender el problema o no estar interesados. La debilidad técnica de este Ministerio no me la puede refutar a mi nadie, porque además lo han estrangulado al máximo, haciendo que las posibilidades de un debate técnico sean supremamente complicadas.

Insisten también los de Pax Christi en que AngloGold no da garantías económicas con respecto a los efectos perversos que pueda ocasionar este proyecto. Si La Colosa termina en un desastre ecológico, la compañía minera no responde, como tampoco los del estudio. Dicen que es de maravilla, pero si le preguntamos si responden por el estudio, nos dicen, eso sí tampoco, porque aquí pueden suceder fenómenos que no controlamos. E insisto en lo que planteé al principio. Cómo así que el interesado es el que hace el estudio, eso es absurdo, porque al que aspira al negocio y quiere ganarse la plata, al final le importa un pepino si el Tolima se queda sin agua. El que hace el estudio es el que prueba, entre comillas, que todo está perfecto. Curiosa manera de gobernar a estos países. Aquí hay, no las voy a leer, quince, diecinueve razones más de riesgos ambientales denunciados por la Contraloría General de la República.

Antes de concluir este tema para pasar al de El Quimbo, señalemos que la Ley 99 del 93 consagra el principio de precaución, ratificado por la Corte Constitucional. El principio de precaución sugiere que en los casos en que no pueda demostrarse hasta la saciedad que un proyecto como estos no genera riesgos, lo sensato es ser precavido y no actuar. Es un principio de la vida social normal. Si yo voy caminando y hay una calle oscura donde me han dicho que asaltan, pues el principio de precaución me aconseja no pasar por ahí. Ahora, puede que no pase nada y puede que alguien en la esquina me diga no va a pasar nada, pero si uno es sensato no pasa. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Están amenazando una porción importantísima del departamento del Tolima y del país y no nos dan ninguna garantía con respecto a que no pase nada. Luego abstengámonos de llevar a la práctica el proyecto minero a cielo abierto.

El Quimbo, una hidroeléctrica entregada al capital europeo

El otro tema que quiero mencionar, señores ministros y presidente, es el de la represa de El Quimbo, en el Huila, y empiezo haciendo las dos advertencias del tema anterior. Creo que puede haber hidroeléctricas. No tengo por principios una posición en contra. El agua se supone que es gratis, pues cae del cielo y es energía limpia. La energía eléctrica tiene ese encanto, pero también digamos con franqueza que se ha abierto en el mundo un gran debate en torno a las hidroeléctricas y en eso debemos ser respetuosos. Hay mucha gente que está criticando con toda seriedad las hidroeléctricas por sus complicadas consecuencias ambientales. En Estados Unidos, por ejemplo, están incluso desmontando algunas. Pero, repito, no tengo una posición de principios en contra, como tampoco me opongo a que en Colombia haya inversión extranjera, siempre y cuando se demuestre que es positiva para el desarrollo del país.

Mi pleito con el Quimbo tiene que ver, primero, con las características económicas del proyecto. Se trata de un proyecto entregado a una trasnacional europea, la misma que controla a Emgesa. Hoy el capital europeo es igual al norteamericano. Es bueno que se sepa que hoy en el mundo, trasnacionales europeas y gringas para estos efectos todas son una, como diría el autor de Pax Christi.

El negocio empieza porque a Emgesa se le otorga un cargo por confiabilidad, algo así como si a usted le dicen: construya una hidroeléctrica que le pueda servir a Colombia para el día en que haya un déficit de energía. Eso a mí me parece que es sensato. Un país debe hacer esfuerzos por no caer en un apagón como del gobierno de César Gaviria. Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el tipo de negocio, muy propio de esta época, de esos de los que yo llamo de burro amarrado, porque el gobierno le garantiza a la empresa que no va a perder plata prenda o no prenda las máquinas. Puede aumentar o disminuir un poco la ganancia, pero por lo menos está asegurada.

Es lo primero sobre lo que llamo la atención, porque estas gabelas a ese inversionista, y lo dice el Ministerio, se pagan con las tarifas, o sea, es a Pedro Pueblo al que le cobran en últimas el famoso cargo por confiabilidad. Y miren lo que dijo un boletín de prensa del palacio presidencial, en la lógica de la confianza inversionista: “El Presidente Uribe aseguró que El Quimbo se hará bajo el nuevo esquema del gobierno”, en el que primero se concede beneficio de zona franca, muy conocido por las andanzas de los hijos de Uribe. Zona franca quiere decir que las empresas no pagan impuesto de renta del 33% sino del 15, más otro poco de gabelas, en negocios del burro amarrado, y les enciman además un contrato de estabilidad jurídica por el cual no les será aplicada ninguna norma que afecte negativamente la economía de esas empresas. Si el día de mañana hay un nuevo impuesto de guerra, por ejemplo, esa empresa no lo pagará, como no lo paga Bavaria en el caso de la Zona Franca de Yumbo.

No les va mal a los señores de Emgesa en el negocio, pero miren que no paran aquí las gabelas. Es que la confianza inversionista lo que suele ocultar es para quiénes hay confianza, porque a la pequeña minería poca confianza inversionista le toca. Es como el cuento de hacer de Colombia un país de propietarios. No nos dicen de cuántos. El Ministerio de Ambiente le otorga además a Emgesa la licencia ambiental, y esto llama mucho la atención, pues creo que aquí hay una ilegalidad o por lo menos una irresponsabilidad. Se la dio el 15 de mayo de este año, pero el negocio de la disponibilidad se firma en junio del 2008, casi un año antes. Es inaudito, porque volvemos a lo mismo. Tienen en la práctica que darle la licencia ambiental, porque cómo no dársela, primero, porque si no, se corre el riesgo de inmensas demandas de Emgesa contra la nación. O suponiendo que no sea así, se desbarata todo el proyecto de prevención del riesgo en los negocios del cargo por disponibilidad. Es inaudito. El país tiene que aterrarse de la manera como lo están gobernando. Que esto lo hagan en la finca de alguien vaya y venga, que lo hagan en El Ubérrimo, me dice aquí el senador Jaramillo, pero que esto suceda en negocios de este calibre en que esté involucrada la Nación, sí es bien grave.

Después, el 1º de septiembre del año pasado, el presidente de la República y el Ministerio declararon de utilidad pública los terrenos donde se va a hacer El Quimbo. Qué quiere decir de utilidad pública. Que Emgesa prácticamente adquiere el poder de expropiar y de sacar a cualquier propietario que se oponga a sus requerimientos. La utilidad pública es aquí la utilidad particular del negocio de unos señores, en este caso Emgesa. Y como si fuera poco, el 15 de abril de 2009, el presidente de la República dispone instalar allí, para cuidar El Quimbo, al Batallón Especial Energético Vial Número 12 con 1.200 soldados.

Las solas instalaciones del batallón, como nos lo certificó el Ministerio de Defensa, valen 142.000 millones de pesos, y no sé cuánto costará sostener a los soldados. Pero entonces uno se pregunta, ¿esto es la confianza inversionista? Sí, la confianza inversionista es coger el poder del Estado para hacer cualquier desafuero en beneficio de unos negociantes, en este caso extranjeros. Estamos precisando las fechas para mostrar que el cargo por disponibilidad se le concedió a Emgesa hace un año y aún le siguen dando gabelas. Se les conceden regalándoles la plata, mejorándoles la utilidad cuando el negocio ya estaba definido. Digamos además que Emgesa es la dueña de Betania, la otra presa que hay sobre la zona, y la rentabilidad de Betania mejora en 35%, según dicen los especialistas.

Trámite irregular

¿Cómo ha sido el trámite? Bastante irregular, y hay otra cosa que quiero decir. La responsabilidad de Juan Lozano como ministro en estos dos casos que estamos denunciando es ineludible, absolutamente ineludible. Que al final le toque firmar al actual ministro no lo exime de ninguna culpa, pero tampoco al doctor Juan Lozano.

Este proyecto de El Quimbo intentó hacerse en 1995, por parte de Betania, creo yo. El Estado, intentó promover la construcción de El Quimbo (Betania es la hidroeléctrica que queda al lado de Neiva, y más arriba queda El Quimbo). Este es también un proyecto sobre el río Magdalena, nada menos que eso. Lo intentó entonces hacer Betania y el Ministerio de Ambiente le exigió un diagnóstico ambiental de alternativas, un análisis que le permitía al Ministerio analizar distintas alternativas para ver si valía la pena adelantar el proyecto, dado su impacto ambiental. El 31 de julio de 1997 el Ministerio de Ambiente negó la posibilidad de continuarlo. Afirmó que no es conveniente que se inunde una de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que todo el departamento del Huila es pobre en tierras productivas, como lo consignó el estudio. A mi juicio, el Ministerio actuó en ese momento con unas razones muy poderosas y que voy a explicar ahora, porque siguen ahí y no han sido refutadas por el ministro actual. Como estaba negada la licencia ambiental, entonces Emgesa arranca a tramitar una nueva. Pero ahora resulta que el Minambiente sale con que ya no es necesario el diagnóstico ambiental de alternativas. Lo que era necesario en 1995, curiosamente ya no lo es en el 2008, siendo el mismo río, la misma montaña, las mismas condiciones ambientales.

¿Cuáles son las tres grandes razones que da el ministro? Muy endebles, ministro, muy malas sus argumentaciones. Dice primero que es en ese sitio donde hay que hacer la presa, porque ahí el río va encañonado entre dos montañitas. Bueno, para decir eso no hay que ser ingeniero ni ministro de Ambiente, pero ese no puede ser el único argumento, pues, si lo fuera, todo aquel que encontrara dos montañas cerca a la orilla de un río haría una presa, y por supuesto, sería un disparate. Segundo, usted hace aquí una afirmación demasiado inexacta y muy grave, ministro, cuando dice que El Quimbo va a optimizar el recurso hídrico en cuanto a regulación y control de inundaciones.

Quiero entonces señalar uno de los problemas que presenta el proyecto. Es una presa sobre el Río Grande de la Magdalena, el río que atraviesa a Colombia de sur a norte, para privatizar en últimas sus aguas. No es un proyecto multipropósito, y no es cierto que Betania y El Quimbo tengan que ver con la regulación y el control de inundaciones. De pronto, si de chiripa decide Emgesa que, según sus conveniencias, es bueno cerrar la presa, la cierran, y lo contrario si deciden que no es bueno, así se ahogue todo el mundo en El Banco o Tamalameque. En ninguna parte el ministro de Minas dice que el cargo de confiabilidad está atado a que Emgesa abra o no abra la compuerta de acuerdo con necesidades de inundación. Este es uno de los problemas graves del proyecto. Estamos cogiendo el primer río de Colombia y le vamos a dar un manejo absolutamente antitécnico. ¿Saben ustedes quiénes manejan el río Missisipi en EU, que, proporciones guardadas, es equiparable al Magdalena? Lo maneja el Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que allá no van a venir los privados a hacer negocitos de diez pesos con el Missisipi, un río demasiado importante para que el primer inversionista que no sepa que hacer con la plata llegue y monte un negocio y el gobierno se lo organice de acuerdo con sus conveniencias. No, en El Quimbo debería haber un proyecto multipropósitos, como ha debido ser Betania, como también un inmenso plan sobre todo el río Magdalena, similar al del Ródano, en Francia, también dirigido por el Estado, para que tenga que ver con generación eléctrica, con control de inundaciones y con riego. No se pueden montar proyectos de riego en el río Magdalena si uno no sabe si el agua le va a llegar o no. Luego es falsa esa afirmación que usted hace, ministro.

Y por último, usted afirma que no valen la pena las tierras que se pierden. Ahí medio se salva porque se apoya en una determinación del Ministerio de Agricultura del doctor Andrés Felipe Arias. Otra pilatuna del doctor Arias. Las cuentas que le tienen los agricultores colombianos son hartas. Cómo es posible que el ministro de Agricultura diga que se inundan 8 mil hectáreas de las mejores tierras del Huila, un departamento escaso en buenas tierras, y encima nos aduzcan que esto importa un pepino, que no hay problema, y que a los campesinos que allí habitan los pasen para otro lado y con eso queda resuelto. Definitivamente, un país mal gobernado. Ahí había posibilidad de hacer otras cosas. Hay análisis de posibilidades de presas menores, de proyectos multipropósitos, o sea, buscar alternativas, que lo único que haya no sea actuar como el caballo cochero viendo cómo se le monta un negocio a Emgesa y de ahí para allá las cosas se resuelvan como se pueda. Repito, no me opongo a que se genere electricidad en Colombia, pienso que es una de las fuentes de energía más bellas, si ustedes quieren, pero no puede ser el único criterio para organizar las cosas.

Lo segundo es que Emgesa también viola la Ley. Esto aquí ya se nos volvió una norma. Estas trasnacionales llegan y van violando la ley colombiana y detrás caen los Ministerios arreglándoles las violaciones y aprobándole los entuertos. También están bajo investigación. Ya hicieron un túnel grandísimo con un tremendo impacto ambiental. Donde está el proyecto también es una reserva. El Ministerio de Ambiente fue y miró el desastre y tuvo que empezar una investigación, pero mientras tanto les concede también la licencia ambiental en premio a sus violaciones a la ley. Les quiero decir algo con toda cordialidad, ministros: gobierno que pierde la dignidad no tiene nada. Si aquí puede llegar quien llegue a violar la Ley y la actitud del gobierno es decir hay que ser prácticos y conseguirnos unos dólares y lo demás no importa, eso ahí lo vamos arreglando… Así está funcionando el país y miren cómo vamos.

En la audiencia pública realizada no hace mucho, la oposición al proyecto fue muy grande. También hay que decirlo, lo señalaba el senador Jaramillo, en Colombia se hacen audiencias públicas y no importa lo que diga la gente. Mandan ahí unos funcionarios del Ministerio del Ambiente a tomar nota de que hablaron y al final eso no importa, porque siempre el Ministerio les cree es a los estudios de impacto ambiental de los interesados y termina concluyendo que son ellos quienes tienen la razón. Pero, para citar un solo ejemplo, el alcalde de Gigante dejó constancia de que el proyecto de la central hidroeléctrica no es favorable para el presente y el futuro de los giganteños.

Contraloría y Procuraduría en contra

La Contraloría General de la Nación, como organismo de control, ya lo había advertido: en ninguna parte conseguimos tierras como estas porque son de primer a calidad. La Procuraduría se está pronunciando también en contra. Afirma el procurador delegado para Asuntos Ambientales Agrarios: no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, y sin embargo, el Ministerio otorga la licencia ambiental y no solo eso: allá están repartiendo espejitos, baratijas, lechonas y tamales e invitando a la gente a paseos. Un acto de corrupción, repito, esos son actos de corrupción. Que sean baratos, porque son con gente bien pobre, no les quita lo corrupto. Qué tal que llegaran a repartir baratijas entre los senadores para que no les hiciéramos estos debates. Son actos de corrupción. Entonces dicen: ahora sí llegó el progreso. Claro, creo que en el Huila ya nadie se lo va a creer, porque cuando construyeron Betania e inundaron tierras de excelente calidad, les dijeron a los opitas que ahora sí Betania los iba a sacar de la pobreza y que el turismo y no sé qué más. Bueno, vayan a Yaguará, el pueblo más afectado, y verán que es un pueblo fantasma. ¿Turismo? Cuál turismo, en un país lleno de pobres. ¿Será entonces que les van a montar una represa cada 20 kilómetros para que se bañen los huilenses? Eso es burlarse de ellos. Y les dicen que la pesca es la gran salvación, pero cómo se hace para montar un negocio de pesca si el dueño del agua les desocupa el lago si se le da la gana, por ser ese un derecho que tiene el operador de la represa.

Que el empleo, afirman. Pues sí, mientras se construye la presa habrá unos cuántos empleos, pero una vez empiece a funcionar, no habrá más que un guachimán y unos cuantos trabajadores. Es sabido que esas hidroeléctricas no generan empleo.

El impacto agrario es en cambio bien grande. Estamos hablando de 4.678 familias desalojadas y de que va a disminuir la producción agraria anual en por lo menos 32 mil millones de pesos. Entonces aquí nos dicen que vamos a coger a esos campesinos y los vamos a pasar para el lado. No les creo, ministro, eso lo veremos con el paso de los días, no les creo. Al final tal vez les tiren unos pesos y que cada cual se las arregle como pueda.

Aquí hay un problema de fondo que usted no resuelve: qué pasa con esta tierra que sale de la producción del departamento. Eso es lo que usted no explica. Esas son ocho mil hectáreas menos de tierra, que la gente ya no tiene y las va a perder para siempre, y además con esta advertencia. Mientras que una hidroeléctrica como esta produce muy pocos empleos una vez entra a operar, las ganancias las coge todas la trasnacional y se las lleva de Colombia. No las va a invertir en Tesalia ni en Gigante ni en Garzón. Se las lleva.

La producción agrícola genera un bienestar no solo entre los campesinos y los agricultores sino entre los jornaleros, entre los choferes, el de la chiva que los transporta, el del campero, el dueño del almacén de agroquímicos, el de la cantina, la modista, toda esa economía que está allí. Por eso Yaguará se volvió un pueblo fantasma, porque se rompieron esos encadenamientos y la laguna o la presa no es capaz de sustituirlos. Esto no lo analizan ustedes como pérdidas para la región. El propio Banco Mundial ya tiene estudios que dicen que con el cuento del progreso, algunos gobiernos suelen caer sobre esas comunidades de zonas apartadas, políticamente débiles, medio abandonadas, les ponen encima un proyecto de estos y que cada uno se organice como pueda. Miren ustedes por ejemplo lo que discutimos en el caso de Hidrosogamoso. El gobierno les dice: si usted tiene una hectárea de café le vamos a comprar la hectárea a precio de hectárea de café, si usted tiene una hectárea de cacao le compramos la hectárea a precio de hectárea de cacao. Y yo me preguntaba: ¿y por qué tierras que son tierras de hidroeléctrica, y no se pueden hacer hidroeléctricas en todas partes, se compran a precio de hectáreas de café o de banano o de cacao, y no de hidroeléctrica? Vimos en el negocio de los hijos del presidente que la tierra vale según lo que se pueda hacer en ella. Entonces si yo puedo en una hectárea montar una hectárea de café, esa tierra vale en función de la hectárea del café, pero si yo lo que puedo montar es una hidroeléctrica, ¿por qué a esos campesinos no les pagan la tierra a precio de hidroeléctrica sino de hectárea de café o de ganadería? Usted me va a decir, senador, este es el bien común, el beneficio público, y yo le replico: ¿el bien de la trasnacional europea Emgesa es el beneficio público? Esa argumentación se la puedo aceptar a usted con ciertas dudas en el caso de Betania, una hidroeléctrica organizada por el Estado colombiano, con lo que eso significa, pero este es un negocio de privados. Y vuelvo al caso de Manizales. Por qué si un señor quiere montar una panadería o un call center, que no es otra cosa que cuatro micrófonos, ¿por qué a ese señor le declaran el lote que quiere de utilidad pública? Porque es que el señor lo que va a hacer es un negocio como cualquier otro, que compre el lote donde quiera, pero por qué se lo entregan como utilidad pública y aquí por supuesto esta discusión cala.

Aquí hay un impacto ambiental muy grande, en una zona de bosque amazónico, es decir, hay todo un problema ambiental de biodiversidad, que no entré a detallar porque me pareció más interesante enfatizar en estos aspectos que pueden haberse comentado menos. Hay también un impacto cultural grave. Se van a inundar 78 áreas de interés arqueológico.

Cuáles son entonces mis conclusiones de este debate. Primero, es escandaloso lo de la confianza inversionista. Les quiero llamar la atención a los colombianos sobre esto, porque es que cada centavo que les regalen a estos monopolios, sobre todo en impuestos y utilidades, los tenemos que reponer los demás colombianos. Cuando aquí una trasnacional de estas no paga los impuestos que debería, a alguien le suben los impuestos en Colombia. En este negocio las tarifas las pagamos los colombianos y sobre todo los colombianos del montón. Segundo, se viola la ley flagrantemente, se maltrata el manejo del río Magdalena y se privatiza el agua. Este no es un asunto de menor cuantía. Se privatiza el agua y habrá pérdidas agrarias inmensas para la región. Al final todo resulta muy costoso porque hay que pagarles las utilidades a la trasnacional y, como si fuera poco, la que se genera en El Quimbo no se queda en Colombia, sino que se va para el exterior.

En esas circunstancias, tanto en el caso de La Colosa como en este, los reparos son muy grandes, y cuál es parte del problema. Que estas argumentaciones, estos razonamientos no perturban en nada al gobierno nacional. Senador Jaramillo, una de las cosas que a mi más me impresionan es que esas audiencias públicas realmente se convirtieron como en una pantalla. Habrá incluso que pensar si vale la pena ir a ellas, porque es simplemente como cumpliendo un rito. No digan ustedes que no les hicimos la audiencia pública, dicen, y después imponen lo que sea sin ninguna consideración, sin ningún análisis ni macro, ni micro ni absolutamente nada con respecto a lo que sucede.

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Gran minería del carbón, en manos de trasnacionales

Este debate de la minería, lo mismo que el del petróleo que hicimos la semana pasada, tiene mucho que ver con la presencia del capital foráneo en Colombia. Porque prácticamente toda la gran minería del carbón está en manos del capital extranjero. Ya el Estado colombiano, que era socio, fue sacado de todos los negocios. Ese hecho me obliga entonces, tal como hace ocho días, a empezar mi intervención dejando sentados unos cuantos criterios. Dado que con cierta frecuencia, en mi caso y en el de otros colombianos, ponemos los ojos sobre la inversión extranjera en Colombia y sobre los negocios con las trasnacionales, hay quienes sacan la falsa conclusión de que nosotros estamos en contra de todo trato con los extranjeros. Y resulta que esa es una visión que no obedece a la realidad. Estamos es en contra de los malos negocios con los extranjeros. Si Colombia hace un buen negocio en un acuerdo internacional o en un contrato de minería o en industria con cualquier capital foráneo, pues bienvenido sea. El problema es que cuando esos negocios no son buenos para el país, uno debe caer a investigarlos. Y si esa clase de negocios resultan ser tan a menudo lesivos para el interés nacional, y leoninos los contratos, no puede uno menos de tropezarse con esa realidad y denunciarla.

No me opongo por principio a que haya inversión extranjera. Pero, y le pongo un pero, siempre y cuando sea positiva para el país. Nadie podría compartir una inversión que actúe en Colombia con una lógica de corrupción para favorecer sus propios intereses en contra del interés nacional. Nadie aplaude la corrupción ni de los nacionales ni de los extranjeros. Como tampoco una inversión extranjera que le haga daños graves al medio ambiente o que maltrate las relaciones laborales con los trabajadores colombianos o que no pague los impuestos que debe pagar. Son realidades que hay que mirar no solo en el caso de los extranjeros, porque tampoco vamos a aceptar que haya nacionales que no paguen los impuestos que debieran pagar o que maltraten a los trabajadores. El fenómeno se agrava en el caso de las trasnacionales, porque tienen no solo un peso muy grande en la economía de estos países, sino también una capacidad inmensa para incidir en sus legislaciones y para influir a los propios jefes políticos y gobernantes, llevándolos a tomar decisiones inconvenientes. Hace ocho días, y hoy la vuelvo a leer, citaba a Carlos Lemos Simmonds, que llegó a ser Presidente de la República de Colombia después de una carrera muy larga, y él menciona la corrupción en estos términos: “Como se ha demostrado en infinidad de oportunidades, es el interesado en ganar la licitación el que se aproxima al funcionario y engrasa la mano con la mordida y con la comisión. Esta ocurrencia es particularmente frecuente en la corrupción trasnacional. Muchas de las grandes multinacionales reservan en sus presupuestos una cuantiosa partida destinada a gestionar influencias y a comprarlas muy bien”. Esto es de público conocimiento. Abundan los libros, los análisis. Ha habido incluso momentos, en algunos países, en que la corrupción es deducible de los impuestos, cosa casi increíble pero definitivamente cierta.

Disminuyen impuestos al capital extranjero

El otro hecho que vale dejar sentado y que también planteé la semana pasada hace referencia a una actitud muy frecuente en las trasnacionales cuando invierten en países como los nuestros. En la Revista Cepal, número 82, de abril de 2004, de la Cepal “una institución internacional vinculada a los poderes del mundo y a la que nadie puede señalar como de izquierdista o de oposición”, el señor Andrew Mold señala cosas como esta: “La rentabilidad de los negocios de la empresas extranjeras que invierten en regiones pobres, es extraordinariamente alta”. Y hace un análisis cuidadoso sobre el caso de los impuestos, qué tanto tributan las trasnacionales en estos países, un asunto que por supuesto nos tiene que interesar. Cuenta cómo las empresas de Estados Unidos en Colombia han logrado disminuir sus impuestos. En 1983 pagaban el 59,7% por renta, y en 1999 estaban pagando el 32,3%, una caída bastante alta en sus tributos. Revela incluso el señor Mold que las tasas impositivas de las trasnacionales en los países desarrollados son superiores a las de los países subdesarrollados, hecho más o menos normal dentro de su lógica, pero que a nosotros nos causa problemas. Y señala que si las trasnacionales pagaran en los países del Tercer Mundo las mismas tasas de tributación que pagan en sus países sedes, los ingresos para el total de los países como Colombia aumentarían en 35 mil millones de dólares al año. Estamos hablando de enormes sumas de dinero, sumas que pueden marcar la diferencia entre el desarrollo y el subdesarrollo, en número de escuelas, hospitales, vías, por una evasión o una disminución de ingresos fiscales de 35 mil millones de dólares al año. Añade este especialista, señor Andrew Mold, que se presenta una descomunal evasión de impuestos por subfacturación y sobrefacturación en las cuentas de las trasnacionales. En distintas palabras, inflan los gastos y disminuyen los ingresos. Hay toda una manipulación en libros, dice él, y estos son hechos conocidos. Agrega que el manejo de los precios de transferencia, de esa importación y exportación, “se ve facilitado por el gran volumen de transacciones transfronterizas que tienen lugar en los sectores de la minería y el petróleo”. Minería y petróleo son dos sectores sobre los cuales recomienda echar ojo el señor Mold, porque allí, según dice, son bien frecuentes tales prácticas. Señalo lo anterior para darle piso al hecho de que cuando ponemos el ojo en estos contratos no lo hacemos por un mero capricho, sino porque hay muchos y funestos antecedentes que nos obligan a mantener la guardia en alto.

Se viene otra reforma tributaria. Está prácticamente lista, y vamos a ver en que momento la pasa el presidente Uribe. Una reforma que ha sido calificada como estructural y que, todos lo sabemos, consistirá en bajarles los impuestos a monopolios y trasnacionales y, para compensar, subirles el recaudo por IVA y por retención en la fuente a los salarios. Bajarles los impuestos a los ultrapoderosos del mundo y de Colombia y subírselos a los pobres y a las capas medias.

Voy a hacer una mención brevísima al caso de las Salinas de Zipaquirá, porque está cerca de vencerse la concesión que la ha venido explotando. Es un tema sentidísimo entre los zipaquireños, entrañablemente ligado a su propia historia. Hay un proyecto de ley en trámite, y esperemos que corra con suerte, para que se garantice que la salina va a quedar bajo el control del municipio de Zipaquirá y de sus trabajadores. Que no termine en manos de alguna trasnacional o de algún monopolio nacional, porque pensamos que lo conveniente y lo mejor para los habitantes de ese importante municipio de Cundinamarca es que siga beneficiándolos a ellos antes que a nadie. Sería una especie de absurdo que terminara por fuera del control de quienes deben ser los legítimos beneficiarios. Pero en Colombia estamos.

Gobierno cambia contratos en perjuicio de Colombia

Paso a mencionar un aspecto que iba a ser el tema central del debate, aunque apenas voy a tocarlo de pasada. Tiene que ver con los cambios en los contratos del carbón a raíz de la ley 685 de 2001. Hay unos cambios que se originan en estudios del Banco Mundial y de la Cepal, lo dijo el viceministro de Minas, doctor Manuel Maiguashca, en la respuesta que me dio al cuestionario, estudios según los cuales, “nuestro país no era competitivo en minería a nivel mundial y latinoamericano”. Lástima que no haya venido ninguno de los señores del gobierno, ni el ministro ni el viceministro ni ningún funcionario, porque uno se formula una pregunta: ¿habrá algo que valga la pena en Colombia que no sea decidido según el punto de vista de la banca internacional o del capital extranjero? ¿Se les ocurrirá algún día hacer alguna cosa por cuenta propia? Dice entonces el Banco Mundial que el país no era competitivo en minería a nivel mundial y de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir que no era competitivo? Que los negocios no eran lo suficientemente buenos para el capital extranjero, que ha montado una competencia global para ver quién le ofrece más garantías, o, en otras palabras, quién le vende más barato nuestros recursos y nuestras posibilidades, o si no, no viene a estos países.

La ley 685 eliminó las asociaciones como aspecto fundamental de la política minera. Ahora es el capital privado el que actúa solo. E igualó los derechos y los intereses de los nacionales y los extranjeros. A mí la medida me parece terriblemente perniciosa. Un país puede tener trato con los extranjeros, pero igualar a estos con los nacionales no resiste el análisis, porque definitivamente no son lo mismo. La ley 685 es una norma fundamentalmente diseñada para estimular la gran minería, impidiendo por ejemplo que se la grave con impuestos especiales. Ese es su enfoque. Su lógica no es respaldar la minería pequeña y mediana del país, incluso la de empresarios relativamente importantes en Colombia, sino que trata de adecuar a Colombia para la gran minería de los grandes conglomerados internacionales que controlan el sector en el mundo entero. Los contratos y los yacimientos, y hasta el subsuelo, se entregan prácticamente a perpetuidad, porque se van a suscribir contratos a treinta años prorrogables por otros treinta, o sea, sesenta años de explotación, y además, podrá haber una tercera prórroga en la que tendrá preferencia el titular, de modo que fácilmente vamos a soportar contratos de un siglo.

Las regalías las bajaron del 15 a entre el 5 y el 10 por ciento, una merma considerable. Quiero llamar la atención sobre las regalías, porque esa es una palabra que se oye y que la gente no entiende bien. La regalía no es más que el nombre que se le da al precio del recurso. Quien detenta una explotación minera cualquiera debe pagar impuesto de renta, como lo paga cualquier actividad económica, pero también pagar por el recurso, porque el petróleo, el carbón, el oro, están en la tierra y son de la nación colombiana. La regalía es entonces lo que esa persona le paga a la nación por el recurso. Cuando a uno le dicen que en explotaciones de menos de tres millones de toneladas, el recurso vale el 5%, uno concluye que el país está al borde de regalarlo. Porque el resto del ingreso, que es impuesto de renta, lo paga el que pone una panadería o una fábrica de camisas, en las que el Estado no da nada. Aquí el Estado pone nada menos que el recurso y por él las trasnacionales le están pagando sumas insignificantes. Sumas que uno, en la pequeña y mediana minería, podría entender como una manera de estimular la actividad nacional. Pero cuando a mí me dicen que a una trasnacional se le entrega el recurso por el cinco o por el diez por ciento, yo concluyo que se le está regalando. Y en petróleo sucede algo similar, porque si uno compara el State Take del orden del 50% y renta del 38,5%, resulta que el recurso está valiendo el 11,5%. Hace poco me informaban los analistas de mi oficina que el contrato soñado por el neoliberalismo es el contrato petrolero de la plataforma continental inglesa, en que el recurso vale cero pesos, es decir, se regala. A mí alguien me tiene que explicar cuál es la razón para que el recurso, petróleo, carbón o lo que sea, termine vendiéndose a precios insignificantes o se regale. A cuenta de qué, si aquí a nadie le regalan nada. Y resulta que a estos superconglomerados prácticamente se les regala el recurso. Y como si fuera poco, el impuesto de renta es cada vez menor, no solo por la tasa que se les impone, sino también por la rebaja oculta producto de las exenciones, inmensas para el caso de la gran minería, sobre las cuales infortunadamente no tuvimos la información suficiente para poder analizarlas. Pero sabemos que hay descuentos a la reinversión de utilidades, descuentos en IVA, descuentos a importaciones, etc. Al final terminan es entonces montando sus empresas casi con la plata de la nación, con la plata del míster, podríamos añadir.

¿Quién fiscaliza a Drummond?

El viceministro me acepta en las respuestas que estoy en lo cierto, pero que, eso sí, “el mayor énfasis de aquí en adelante lo pondrá el Estado en la fiscalización de las obligaciones a cargo de los particulares”. El Estado se sale del negocio. A partir de ahora solo cobrará regalías e impuestos y no actuará como empresario. Dicen, no estaremos como empresarios, pero, eso sí, fiscalizaremos en serio. Y ahorita vamos a examinar cómo es que fiscalizan en serio, porque resulta que tampoco fiscalizan, tal como lo veremos en el contrato de la Drummond. Caemos entonces en el peor de los mundos.

Hablando de la fiscalización del Estado, dice el documento de Contraloría al que hice antes referencia, documento aún no definitivo: “Es ineficiente y permite poner en riesgo los intereses de la nación, por cuanto no realiza procedimientos de control mínimos como la exigencia de un seriado de facturas que podrían representar eventualmente un detrimento fiscal de gran magnitud”.

No puedo dejar de mencionar, así sea muy brevemente, el caso de El Cerrejón Zona Norte. Recordemos que el Estado colombiano fue socio de la Exxon en el montaje de esa inmensa empresa y Colombia invirtió cerca de mil seiscientos millones de dólares. Al final, cuando vendió, entre cuatrocientos y quinientos sesenta millones de dólares “se discute la cifra”, no recuperamos ni lo invertido. Lo que el Estado cobró por la venta de la parte nacional ni siquiera pagó las deudas que tenía Carbocol. Llamo la atención sobre cómo, curiosamente, Colombia termina saliéndose del negocio justo en el preciso momento en que el negocio del carbón se pone mejor que nunca. Es de lo más extraño. Colombia se mete en el contrato, muy discutible en su momento, porque le dicen los analistas, los gringos, que es el mejor negocio del mundo. Y apenas se mete, le dicen que no, que ya el negocio no es tan bueno, y entonces tiene que salirse. Colombia se sale y vende a menos precio sus bienes, pero apenas se sale, el negocio vuelve de pronto a ser el mejor del mundo. Y todas son casualidades que se van presentando, pero en la sucesión de las casualidades siempre a Colombia le va mal.

Estos proyectos no han dejado de ser muy discutidos. Recordemos que Luis Carlos Galán hizo sonoros debates sobre el primer contrato de El Cerrejón. El contrato de Drummond y de Glencore en el Cesar también fue objeto de grandes discusiones en el Cesar. Pero estos debates, como el que hoy tenemos con el TLC, siempre son despachados con un simple argumento, y es que esas minas son la redención del país, la redención de las regiones, y aquel que se oponga o critique es un enemigo del progreso. Queda entonces la controversia más desbalanceada del mundo. Los partidarios del proyecto, por malo que sea, son los que llegan a Chiriguaná, a Barranca, a Fonseca, a prometerle a la gente que por fin va a salir de la pobreza. Y los que están advirtiendo que se van a tumbar la plata, que el negocio es muy malo, que así no debe ser, quedan fichados como enemigos del progreso.

Pobreza abrumadora y desalojo de la población

Esta semana que pasó estuve tres días en La Guajira y el Cesar mirando este asunto. Y cualquier cosa podrá decirse menos que el carbón de La Guajira y el carbón del Cesar son la redención de ambas regiones. La pobreza, el atraso y la miseria que uno ve son escalofriantes. En Riohacha, la capital de La Guajira, ni siquiera hay acueducto. Las empresas trasnacionales son enclaves de riqueza dentro de un medio que vive en condiciones paupérrimas. Cerrejón tiene para sus técnicos una especie de Miami instalado en la mitad del desierto, rodeado de cercas y policías y donde solo ellos pueden estar. Pero un paso más allá se ve a unos niños en una miseria tal, que dan ganas de llorar. Lo del Cesar es terrible. En las vías, cada hueco parece un cráter lunar, destruido por las propias volquetas que transportan la riqueza carbonífera. Es un espectáculo horrible ver un tren cargado con cien vagones que viaja disparado hacia Bahía Portete, cargado de riqueza, y al lado los wayúus en la total miseria mirándolo pasar, sin agua, sin nada, con tres chivos. Quiero entonces llamar la atención sobre un hecho grueso: no es cierto que esos proyectos sean la redención de ambas regiones. Repito, fui allá y me bajé, miré, conversé con la gente.

Voy a denunciar otro hecho a mi juicio muy grave. Yo no lo sabía y me imagino que el grueso de los colombianos también lo ignora, y es que la mina se ha montado sobre el inmenso desalojo de multitud de compatriotas que vivían en esas tierras, muchos de ellos indígenas y otros muchos de comunidades negras, todos desalojados en una especie de alianza macabra entre las autoridades locales y departamentales, la policía y el ejército y los dueños de la mina. Tengo en mi poder numerosas denuncias. Han desalojado poblados enteros como Manantial, Zaraíta, Roche, Patilla, Oreganal, Chancleta, Tabaco, Espinal y Caracolí. Algunos de ellos han logrado sostenerse y pelear, pero a la mayor parte los han sacado. La entrada a uno de esos poblados es una carretera que el Cerrejón Zona Norte cierra a las seis de la tarde. Es como una cárcel. El que no entre o salga antes de la seis ya no lo puede hacer. Esta sola denuncia daría para un debate. Porque uno entiende que se haga la explotación, pero lo mínimo que uno exige es que la gente que tuvo la desgracia de poseer allí mejoras o propiedades sea tratada con consideración. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, del año 2002, que ordena la “construcción de la estructura comunal y el desarrollo de un plan de vivienda para la comunidad de Tabaco”. Se trata de una decisión del máximo tribunal de Justicia de Colombia, que ordena que los habitantes de Tabaco, el poblado en mención, deben ser atendidos en sus reclamos y relocalizados en condiciones similares a las que tenían antes. Pero la norma no se cumple. Hay una tutela de la Corte Constitucional, la 528, que ordena proteger la integridad de las personas de Espinal y Caracolí, indígenas y negros, y tampoco se cumple. El abogado que defiende a estos ciudadanos ha terminado preso. Son hechos supremamente serios. Con un agravante: se sabe más de ellos en el exterior que en Colombia, situación de común ocurrencia con las tragedias nacionales. Esperemos que la denuncia sirva para ver si se le da salidas a dicha situación, que sigue sucediendo y que puede agravarse porque viene la ampliación de los contratos y un mayor número de personas van a estar amenazadas con nuevos desalojos por haber cometido el crimen de estar localizadas donde el capital extranjero ha puesto el ojo.

Lo que dice Contraloría sobre el contrato

Entremos a examinar el contrato de Drummond. Cuando estaba preparando el debate sobre la minería en su conjunto, me tropecé por el camino con un borrador de análisis de la Contraloría General de la República, que desglosa con mucha minuciosidad el contrato 078-88 suscrito entre el Estado y la Drummond, una compañía gringa cuyos negocios están aquí en un noventa por ciento y que explota el carbón en los municipios de Chiriguaná, El Paso (corregimiento de La Loma) y La Jagua de Ibirico, empresa que, según se dice, está muy conectada con el doctor Fabio Echeverri Correa, asesor muy cercano al Presidente de la Republica. Es la misma empresa a la que en estos días le otorgaron también la concesión del petróleo en el subsuelo debajo de los mantos de carbón. La administración del doctor Uribe Vélez le acaba de entregar a la Drummond una concesión petrolera en medio de un pleito escabroso con otra empresa, la Llanos Oil. Lástima que uno no tiene tiempo para mirar todas las cosas que valdría la pena analizar, pero hay aquí un enredo que por lo menos llama a curiosidad. Y los gringos están negociando otro contrato para ampliar el área. Pero más grave aún, y sobre esto quiero llamarle la atención a la Comisión, se está discutiendo todavía a qué precio va a pagar la Drummond el carbón de los últimos cinco años. Se halla todo tan al garete, que desde hace cinco años esa trasnacional está pagando el carbón a un precio provisional y en la actualidad hay una especie de alegato para definir de una vez a cómo va pagarlo. Voy a presentar al final una proposición para que esta Comisión vigile ese negocio. Porque, como vamos a verlo, de entrada está perfectamente mal planteado y es contrario al interés nacional.

¿Qué es lo que dice el contrato? Procedamos a desglosarlo. Lo primero que llama la atención es que se firma en 1988, pero ya en 1994 llevaba cinco grandes modificaciones. Más se demoran en firmar que en empezar las grandes modificaciones, que, según dice el estudio de Contraloría, se hicieron sin estudios previos. Y muestra de entrada el negocio una cláusula con la que uno no puede estar de acuerdo. En el momento en que el carbón llega a la boca de la mina, la Drummond lo controla y hace con él lo que se le da la gana, como si fuera de ella, y no lo es, porque la parte de las regalías sigue siendo de la nación. Drummond transporta el carbón desde la boca de la mina hasta el puerto, le cobra a la nación esos costos, pero la nación no tiene ninguna injerencia sobre los costos que ocurren entre la boca de la mina y el puerto. El carbón aparentemente se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, pero la verdad verdadera es que no es así. No se vuelve de la Drummond en la boca de la mina, sino tan solo al final, cuando termina el proceso. Y esto le cuesta bastante a la nación.

En el contrato inicial no se estableció una exportación mínima de carbón. Se necesitó un otrosí, una ampliación del contrato, para que se estableciera que la Drummond tenía que hacer una exportación mínima, obligación que era del interés de Colombia, porque no da lo mismo exportar una u otra cantidad, porque las regalías cambian. Y hay una última denuncia, también gruesa, sobre lo que llamo criterios básicos del contrato, y es algo casi increíble. El contrato de la mina vence en el 2019, pero el contrato con el tren, clave en el negocio, porque sin tren no hay negocio, vence en el 2021. A cualquiera le llama la atención que haya un desfase de dos años y medio entre el contrato del tren y el de la mina. ¡Cómo es posible! Es obvio que la nación queda sometida al chantaje que le quiera poner la Drummond, porque sin tren no hay mina. No es posible que la nación rescate la mina para su interés, cualquiera que sea, si la Drummond se le queda esos dos años y medio con el tren. Es una pregunta que me voy a hacer aquí todo el tiempo. Quienes aceptan cláusulas de este tipo lo hacen, digo yo, por corrupción, primera posibilidad; otra posibilidad, porque son bobos; otra posibilidad, por negligencia; cuarta, una combinación de todas estas. Pero llama muchísimo la atención el desbarajuste y no tengo criterios para probar qué es lo que sucede. Lo cierto es que o hay corrupción, o hay estupidez “que yo descartaría, porque a esos niveles nadie es estúpido, o no hubiera llegado ahí”, o unos grados de negligencia también bastante increíbles.

El caso aberrante del transporte

Ya expliqué que Colombia tiene que pagar el costo del transporte, pero en buena medida su utilidad, su regalía, depende de lo que valga el transporte. Luego en este negocio el problema del transporte se torna crucial. Pero miren ustedes lo que me contesta al respecto el Viceministro de Minas. Me dice que en La Loma y en El Cerrejón Zona Norte, “estas tarifas (del transporte) están pactadas de manera contractual, lo que implica que no necesariamente son los costos del transporte reales, sino los estipulados para reducirlos del precio FOB para el cálculo de las regalías”. Es decir, el Ministerio informa que los precios del transporte pueden no ser los reales, pero en todo caso no los cobran. Vamos a ver las graves implicaciones que ello trae consigo. Nosotros le hacemos también al ministro una pregunta específica sobre las condiciones del transporte, no solo del férreo, sino del vial y del marítimo. Responde que no hay problema, que todo está funcionando muy bien, pero guarda silencio sobre un hecho que ha causado un escándalo en la región: ¿quién paga los daños de la carretera La Jagua de Ibirico-La Loma-Santa Marta? Allí hay un problema de extrema gravedad, y cualquiera que la haya recorrido lo sabe. Es la misma carretera que va de Bogotá a Santa Marta, y esta destruida desde La Loma hacia allá, porque estamos hablando de quinientas tractomulas descomunalmente grandes que transportan carbón, no de Drummond, porque Drummond lo saca por tren, sino de Glencore. Y el viceministro no habla nada de eso. Uno se pregunta por qué en los contratos no se contempló la estabilidad de la carretera, pese a los daños inmensos causados por esas tractomulas, que simplemente se limitan a pagar un peaje, como un ciudadano más.

Detallemos lo del transporte, un asunto que clama al cielo. La mina queda en el Cesar y hay que llevar el carbón hasta el puerto en Ciénaga, cerca de Santa Marta. Inicialmente la ruta por tractomula salía de La Loma, iba hasta el río Magdalena o a una ciénaga cercana, allí se embarcaba, se iba por el Canal del Dique y llegaba a Cartagena. En Cartagena lo montaban en planchones a unos buques y los buques se lo llevaban al exterior. Es una ruta de 465 kilómetros y sobre ella se calculó el negocio, a pesar de que ya se estaba hablando de otra posible ruta. La que terminó utilizándose fue esta segunda, toda terrestre, en tren 20 km desde la mina hasta la red férrea que va de Bogotá a Santa Marta, 172 km por esa red férrea hasta Santa Marta, y de ahí un kilómetro hasta el puerto que tiene la Drummond en la capital del Magdalena. El trayecto se rebajó de 465 km a 193 km. 2,4 veces más larga la primera que la segunda, seis movimientos contra cuatro movimientos, y esto último cuenta, porque encarece mucho los fletes estar bajando de un medio a otro, de la tractomula al río, del río a no sé qué, trasteos supremamente costosos. ¿Y qué pasó? Cualquiera diría que el cambio se hizo para abaratar los costos y que salió beneficiada la nación. Pero los analistas comentan que los precios de los fletes subieron de manera notoria, del orden del 30%. La ruta quedó 272 km más corta, se hace por tren, sistema de transporte más barato que el de camiones y, sin embargo, nos sale 30% más costoso.

Esos costos los han separado de cero a 6 millones de toneladas transportadas y de seis a diez millones de toneladas. De cero a 6 millones, en la primera ruta valía 13 dólares y en la segunda 17. Y de 6 a 10 millones, se pasó de 12 a 15 dólares, aumentos del 31,6 y del 32 por ciento, respectivamente. Cualquiera se pregunta entonces para qué se cambió la ruta, si ahora es más costoso. Y si desde el principio se sabía lo de la segunda ruta, para qué se inventaron la primera, superenredada. De entrada era una ruta que echaba el carbón hacia el sur, alejándolo del puerto, para no hablar de contaminación, tema al que más tarde haremos referencia. Es el tipo de cosas que enturbian el contrato. El viceministro nos dice que no importa el precio del flete, pero resulta que no lo están cobrando. Ingeominas denuncia que “en estos informes no se encuentran certificaciones sobre inversiones realizadas en infraestructura para transporte, manejo y trasiego desde la mina hasta el embarque”, pero lo que nos dice el viceministro es que eso no importa. ¿Tampoco importa el detrimento patrimonial? De acuerdo con los analistas que he venido citando, en el caso del transporte se habla de un posible detrimento patrimonial de 21,9 millones de dólares.

El precio del carbón

Cómo se fija el precio del carbón, la otra variable clave. Aquí hay un problema de costo, cuánto vale extraer el carbón, y hay otro, no menos importante, a cuánto se vende, porque de eso dependen las regalías para Colombia. Lo primero que llama la atención es que, de acuerdo con el contrato, solo se valora el carbón por el grado de BTU, una medida relacionada con la posibilidad de elevar un grado Fahrenheit un litro de agua. El punto es que los carbones valen en parte por el BTU. Cuanto más calor produzcan, más valen, por razones obvias. Entonces un punto vital en este negocio es la calidad del carbón, porque de ella depende el precio por tonelada. Curiosamente, el contrato solo considera el BTU, pero resulta que los carbones no solo valen por el BTU, sino por otros factores como las kilocalorías, los azufres, las cenizas, los sulfuros y la humedad, y que no se incluyen en el contrato. Por supuesto que Drummond sí los usa, como vamos a verlo más adelante. Los tiene que usar.

Pero como si fuera poco lo anterior, el precio del carbón, y es algo para mirar con detenimiento en la comisión que nombremos, no se fija de acuerdo con unas normas claras de precios internacionales, sino que se halla atado al de Cerrejón Zona Norte, y el contrato dice que de acuerdo con un “grado similar”, cláusula que también llama la atención, porque si por algo no puede pecar un contrato es por ser indeterminado. ¡Qué diablos significa grado similar! No está definido en ninguna parte. Queda entonces un hueco abierto que se presta para cualquier tipo de interpretación. Con un agravante. En la actualidad ya no está vigente este factor, porque la nación salió del negocio de Cerrejón Zona Norte. Lo habían atado al de La Guajira, porque decían, como la nación es socia, eso nos da cierta garantía en lo del precio. Pero llama la atención que en el momento en que se hace el contrato, ya se estaba hablando de que la nación iba a salir del negocio del Cerrejón Zona Norte, como efectivamente salió. Y así, desde el 2001, desde cuando dejó la nación de ser socia, viene la Drummond fijando a su arbitrio el precio del carbón, provisionalmente, y en este momento la Drummond y el Estado colombiano están negociando para saber a qué precio nos van a pagar el carbón. ¡Cinco años sin definir el precio! Parece increíble, pero es lo que está sucediendo. Es un desgreño absoluto. Pero además, hasta donde llegan mis informes, Drummond está diciendo que el precio que se fije no va a ser con retroactividad al 2001, sino hacia el futuro. No. Lo primero que hay que establecer es si el pago hecho del 2001 para acá sí fue el adecuado, porque no vamos a aceptar lo que a la Drummond se le antoje.

Sobre el precio, dice exactamente la cita de los analistas de la Contraloría: “El precio internacional para los carbones de la zona debe…ser el referente obligado para la liquidación de regalías”. Lo obvio es fijar a precios internacionales, no de manera exacta, porque hay particularidades, pero ese sí tiene que ser el referente y no ponerse a inventar otros. El borrador de Contraloría también dice que “no existen condiciones contractuales para que las condiciones se estén dando” en la fijación de ese precio.

Hasta donde va el análisis, todo parece indicar que el precio no se está fijando como precio del día, sino como contratos a futuro, y las diferencias son considerables. Nadie entiende por qué se están fijando precios a futuro. Digamos, a futuros, el precio es 42 dólares tonelada y a hoy es 64 dólares, o sea, estamos hablando de una diferencia de casi veinte dólares por tonelada. Con un agravante, y es que le apareció al negocio un contratista, un intermediario, a la hora de vender el carbón. La idea era que Drummond vendía el carbón, y de pronto, en algún momento, resulta que Drummond le vende es a Interocean Coal Sales, una subsidiaria de la Drummond, como todo parece indicar, en alguna de esas islas paraíso de Las Antillas. Y resulta que ni el contrato 078-88 ni ningún otrosí hablan de la existencia de ese contratista y de ese intermediario. Drummond además no explica por qué cambia las condiciones ni por qué apareció el intermediario. Por definición, un intermediario, así fuera el más pulcro, genera aumentos en los costos de comercialización y disminuye el ingreso de la nación. Con otro agravante. A la Drummond le puede hacer Colombia algún tipo de vigilancia, según el contrato, pero cómo se la hace a Interocean Coal Sales, si resulta que esta empresa no tiene ningún contrato con la nación.

Dice el borrador del que estoy hablando: “La única explicación de este hecho -un hecho monstruoso en el contrato-, reside en el hecho de que Drummond le pudiera ’dar manejo al precio de venta’ sin opción de fiscalización por parte del Estado”. Y todo ha ocurrido con el silencio y la alcahuetería de la autoridad minera. Que primero fue Ecocarbón, luego Minercol, ahora Ingeominas. Dice el análisis que estoy citando: “El silencio de la autoridad minera ha permitido la figura de la comercializadora, y también ha permitido que los precios de venta de la Drummond a la misma, los cuales son inferiores a los precios internacionales, afecten los intereses del país”. Estamos hablando de hechos bochornosos, escandalosos.

Interpela el senador Serrano:

Senador, para que el país sepa, el problema es de precios, un deducciones y tiene que ver finalmente con los precios FOB en las deducciones con las regalías. ¿Usted cree que al país no le han pagado las regalías a los cuales tiene derecho y usted reclama para el país mayor atención en lo que tiene que ver con las regalías?

Para allá vamos, senador Serrano.

Regresando al tema del BTU, quien certifica la calidad del carbón es una empresa llamada CGC de Colombia. No es la autoridad minera. También esta tiene un contratista, que se supone envía los informes, porque la explotación minera es una actividad que tiene que estar chequeándose continuamente. Pero no es Ingeominas la que recibe directamente los resultados, pues le llegan a través de la Drummond. Y Drummond los manda sin sellos siquiera y sin papel membreteado de SGS, es decir, Drummond le cuenta a Colombia lo que se supone que dice SGS. Los análisis de la SGS los traduce o los copia o los modifica la Drummond. ¿Y saben quién le paga a SGS, que se supone que es la que le hace una especie de interventoría? Le paga la Drummond.

Añade el análisis de Contraloría que a una firma extranjera, JT Boyt, cuando miró lo de los BTU en 1987, le daban BTU de 12.076. Drummond, en algún documento, habla después de BTU de 11.700. Los analistas sacan el promedio, reportado a partir de cifras de Drummond, y obtienen solo 11.564. Entonces surge la pregunta: ¿cuántos son los BTU de ese carbón, el único factor que se está teniendo en cuenta para avalar el precio? Hay otro hecho escandaloso, porque se certifica no solo calidad sino peso, ¡y es que faltan 152 facturas entre el 23 de enero de 2004 y el 14 de septiembre de 1005! ¡Faltan 152 y Minercol confiesa que no sabe dónde están, y no solo no lo sabe, sino que en últimas lo que dice es que tampoco le importa! De acuerdo con promedios que dan estos analistas, las 152 facturas podrían representar once millones de toneladas. El desgreño absoluto.

Todo en el contrato conspira contra el interés nacional

¿Cómo es lo de la solución de controversias? Dicen los analistas que el proceso no es claro ni ordenado, que es confuso. Son unos contratos curiosamente redactados para que se presten a mañas. Había dentro del contrato un tribunal de arbitramento según las leyes de Colombia, y resulta que Colombia terminó afectada en un tribunal internacional en París por el pleito de la Drummond con Fenoco, cuando nada tenía que ver Colombia con Fenoco.

Hay otros puntos que llaman la atención. Dice uno que si Drummond decide vender su parte y si en 60 días Colombia no objeta la venta, queda aceptada por silencio administrativo. Cualquiera se hace la pregunta: ¿y en 60 días quién valora un negocio de estos?

El proyecto se hizo exento de IVA, con tasa de cambio preferencial, con exenciones a las importaciones, con Plan Vallejo, condicionado a régimen de inversión extranjera en la gran minería, con licencias de medio ambiente y transporte garantizadas, en una palabra, el Estado se sometió a todas las condiciones que la empresa quiso poner. Los solos reintegros de IVA valen 259 mil millones de pesos. En la exploración, de acuerdo con el contrato, el Estado solo tiene acceso a información sobre ella en los tres primeros años, y resulta que ahí hay carbón para toda la vida. Inicialmente la Drummond debía preferir a los nacionales en igualdad de condiciones con los extranjeros, preferencia que se termina embolatando. Algo hay sobre formación de trabajadores que no resulta claro. Las llamadas inversiones sociales, unos pocos dólares que dio Drummond por ahí para hacer demagogia en la zona, se hicieron cinco años después de la fecha en que estaban estipuladas. El Estado puede supervisar, pero no tiene la obligación de adelantar una auditoría seria. Se intentó inicialmente ponerle un interventor al proyecto, pero la Drummond no aceptó y lo que terminó habiendo fue un representante técnico con bajísimos poderes. Y hay otra serie de aspectos sobre los que ejerce el control la Drummond y que afectan el interés nacional.

Es el Estado el que tiene que dar la autorización para aumentar la exportación. Y el Estado no aprovechó el cambio de volumen exportado para mejorar el contrato, como es lo natural y lo obvio. Si vamos a pasar de 13 millones a 14,5 ó de 5,5 a 13 de toneladas, presionemos a la trasnacional y volvamos a examinar qué es lo que esta pasando con este contrato, tal como lo hubiera hecho cualquier empresa privada si la circunstancia fuera al revés.

Otro capítulo bochornoso es el de unas supuestas ganancias para la nación. El contrato establecía como atractivo para Colombia que, además de las regalías, en ciertas condiciones aparecía una ganancia, que se daba con relativa facilidad: de cero a 20 millones de toneladas de exportaciones, el 2%; y de 20 a 40 millones, el 9%. Casi con nada, por ese 2% inicial, ya había algo de ganancia para la nación. Pero esta es la hora en que por ese concepto no le ha entrado a la nación ni un centavo de ganancias, y repito, no estoy hablando de regalías, sino de ganancias, una figura diferente. Y las exportaciones han pasado de 4 millones doscientas mil toneladas en 1995 a 20 millones ochocientas mil toneladas en el 2004, un aumento de 519 por ciento. Y los precios se han movido de 44,77 dólares la tonelada a 78,70 en diciembre de 2004 y a 66,78 en mayo de 2005, lo que equivale a aumentos entre el 76 y el 50 por ciento. Y con ese aumento de exportaciones y precios, porque hay una bonanza carbonera en el mundo, producto de la bonanza petrolera “bonanza para unos y quiebra para otros”, de la que algo le tocaba al país, no aparece un centavo de ganancia. Los analistas sopesaron el asunto y descubrieron que los supuestos que se hicieron en el contrato original para decirle al Estado colombiano: es que usted se va a ganar una plata en ciertas circunstancias, se calcularon de manera mañosa para que no se pudieran cumplir y fuera imposible que apareciera la ganancia, porque los precios tendrían que ser tales y los volúmenes tales, que resultaba imposible lograr dicha ganancia.

Lo de los supuestos es tan bárbaro que, de acuerdo con ellos, Drummond debe de estar perdiendo sumas del orden de 50 millones de dólares, y sin embargo, dispara la producción. Lo anterior, para que veamos cómo son de amañados los supuestos en beneficio de la trasnacional. Agregan los analistas: “Dado que este valor es muy alto (el precio base, y yo no voy a entrar en demasiados detalles porque nos volvemos muy largos) en el momento de hacer el cálculo de la ganancia, esta no resulta posible; y más aún, conlleva a que teóricamente no existan ganancias para la multinacional, y por ende para la nación”. Concluyen: “Drummond percibe ganancias millonarias, mientras presuntamente obtiene pérdidas”. En los hechos está ganado plata, pero si se aplicaran las tablas de las que estamos hablando, tablas que le abren el camino a la ganancia colombiana, estaría obteniendo pérdidas. El país es engañado en el contrato. Esto nos puede valer, como presunto detrimento fiscal, 43 millones ochocientos mil dólares.

El detrimento probable del costo del transporte, más el detrimento de la ganancia, más otro detrimento que aparece, relacionado con la ganancia en el transporte, suma todo 77,6 millones de dólares. Y no entro a calificar, porque los hechos son suficientemente gruesos.

Daño ambiental de enormes proporciones

Paso a referirme a un asunto del que vine muy preocupado en la reciente visita a La Guajira y el Cesar. Se está produciendo un daño ambiental de proporciones gigantescas. El polvillo del carbón, más el polvo que levantan las tractomulas, viene haciendo graves daños, no solo en la bahía de Santa Marta y en toda la zona turística, muy importante para la economía, sino también de ahí hasta Ciénaga, daños graves en Bahía Portete y daños graves por todas partes.

Voy simplemente a leer un artículo que salió el 14 de mayo en el periódico El Tiempo: “Por el polvillo del carbón hay problemas respiratorios”es el antetítulo. “Nube negra cubre a La Jagua”, el título. La Jagua de Ibirico es un lugar clave en el negocio de Drummond y de Glencore. “Siete de cada 10 pacientes de este municipio del Cesar (…) acuden al médico por problemas en el sistema respiratorio”. “La estela de carboncillo que liberan las más de 500 tractomulas” que se mueven por ahí. “Una nube oscura lo ahoga todo. En ella se confunden los restos de carbón con el polvo de la carretera”. Cuando van a consulta médica “las 22 personas que cada día, en promedio, buscan atención médica por problemas respiratorios agudos”, “el motivo más frecuente de la consulta: la bronconeumonía”. ¿Los más afectados? “Los niños menores de 2 años y los ancianos”. Dice el médico Luis Roberto Padrón: “Casi es imposible encontrar una placa (radiografía) normal”. “Lo peor es que cuando los casos se complican, los enfermos deben ser remitidos”, porque el centro de salud, el hospital que hay no sirve. Dice la médica de La Jagua: “Hay pacientes a los que en la autopsia se les encontraron los pulmones negros, cuando en vida jamás se fumaron un cigarrillo”. La noticia agrega al final que el doctor Augusto Jiménez Mejía, presidente de la Drummond, dice que todo está perfecto y que ellos lo tienen todo bajo control.

El estudio de los funcionarios de Contraloría del que he venido hablando señala que en el propio contrato lo del medio ambiente se planteó desde el principio terriblemente mal. Primero, porque prácticamente nada se estableció para la fase de exploración y de montaje, y segundo, porque prácticamente nada se dijo sobre restitución y compensación. Aquí estamos corriendo el riesgo de que haya un daño ambiental supremamente grave con grandes costos para la nación y para la gente, y que no haya cómo caer sobre la Drummond para que responda por los daños que está causando.

Las huelgas en Drummond y Glencore

Paso a hacer, por último, una mención breve sobre las relaciones laborales. Este debate lo habíamos citado en marzo, y coincide ahora con que hay una huelga en Drummond y en Glencore. Por razones obvias, este asunto merece también atención especial. Y encontré varias situaciones que me preocupan. Se trata de unas relaciones obrero-patronales tremendamente deterioradas, porque la actitud de la empresa es, precisamente en el momento en que están haciendo unas ganancias inmensas y en un contrato tan desastroso para el país, caerles a los trabajadores. Estamos hablando de unos quince mil trabajadores en números redondos. Cerca de la mitad no están enganchados directamente ni por Cerrejón Zona Norte ni por Drummond ni por Glencore, sino que son vinculados por medio de contratistas, llámense como se llamen. Por ejemplo, Cerrejón Zona Norte tiene cerca de trescientos contratistas. Un sistema de enganche que, como todos lo sabemos, tiene un solo propósito verdadero, y es que esos trabajadores no aparezcan como empleados de sus auténticos patronos. Es un fenómeno bien conocido. Lo miramos aquí en el caso de los corteros de la caña y los ingenios, donde, les cuento, decidieron mecanizar el corte de la caña, un hecho nuevo que tenemos que examinar algún día, pues aquí nos dijeron que lo del alcohol carburante había que hacerlo por los trabajadores, y resulta que ya tomaron la decisión de mecanizar el corte, luego van a echarlos a la calle. Pero, bueno, al punto al que quiero ir es que con el sistema de contratistas meten un intermediario entre el auténtico patrón y los asalariados, de forma tal que estos no puedan constituir sindicato y queden en estado de suma indefensión en sus reclamos. El gran negocio. Porque no hay nada más débil que un trabajador solo como individuo contra una empresa gigantesca. Es Pedro Pérez o Juan Rodríguez contra el señor Drummond, uno a uno. Imposible mayor indefensión que esa. Donde se imponen los contratistas, no hay organización sindical, no hay pliegos de peticiones, no hay contratación colectiva, no hay huelga, no hay nada. Lo que muestran las cifras son unas diferencias abismales entre los salarios de los trabajadores enganchados por las empresas y los salarios de los que figuran a sueldo de los contratistas. Con un agravante que se da por razones obvias, y es que hay una permanente presión de las empresas por reducir cada vez más el número de trabajadores contratados directamente y por aumentar el de contratistas. Los que están enganchados directamente tienen sobre ellos todo el tiempo una espada de Damocles, una enorme presión, porque el patrón los mantiene entre ceja y ceja para ver cómo les cambia las condiciones de contratación o los despide.

Se escuchan numerosos reclamos de que la Drummond ni siquiera cumple las normas sobre procesos de despido. Hay trabajadores que son despedidos a las dos de la mañana, en el turno de la noche. Los tiran en una carretera, sacados por la seguridad de la empresa. Hay graves denuncias sobre el grado de explotación a que están siendo sometidos los aprendices del Sena, que como son aprendices, parece suponer la trasnacional, entonces están trabajando casi por la sola comida. Uno podría entenderlo en el caso de las pequeñas empresas, pero aquí estamos hablando de empresas descomunales y con unas utilidades astronómicas. Como si fuera poco, la ley 789, en mala hora aprobada por este Congreso a propuesta de la Presidencia de la República, les golpeó durísimo los salarios a estos trabajadores, porque les rebajó el porcentaje por horas extras y trabajo nocturno, y por dominicales y festivos. Pregunté en cuántos empleos aumentó la contratación para compensar la baja de los salarios, porque en su momento ese fue el pretexto para aprobar la ley, y, por supuesto, no aumentó en nada el empleo, porque son unas empresas altamente mecanizadas. Vuelvo entonces a denunciar lo que dijimos oportunamente. La ley se dirige es a favorecer a sectores que no necesitaban en nada de ese nueva gabela para hacer actividad nueva.

Irregularidades en la asistencia médica

Hay un problema de salud sumamente grave, que también clama al cielo. Se trabaja con unas máquinas inmensas, bien modernas sin duda, lo que no significa que no sea un trabajo supremamente duro. Es más, esa minería de cielo abierto está clasificada como riesgo 5, el máximo riesgo, claro que no para pensiones, que son las cosas curiosas de la legislación colombiana. Para pensiones deja de ser riesgo cinco y se vuelve de riesgo común y corriente, pues la ley solo incluye en riesgo 5 la minería de socavón. Son trabajos durísimos. Por ejemplo, se ve mucha afectación de columna vertebral, porque en una de las minas están estableciendo un procedimiento absurdo, y es que no trituran lo suficiente las grandes piedras antes de echarlas a la volqueta, sino que las tiran, las descargan, y esas piedras descomunalmente grandes caen al volco con el chofer dentro de la cabina. Es tan fuerte el remezón que produce la piedra al caer sobre la volqueta, que termina afectando negativamente la columna. Se habla también, y aquí tengo las cifras, de un número grande de trabajadores con problemas osteomusculares, con afecciones respiratorias, con líos en los pulmones. Y con un agravante, y es que parece haber, hasta donde logré investigar, una especie de contubernio entre la empresa, las EPS y las ARS, que son las que pagan las incapacidades por enfermedades profesionales o accidentes laborales, de forma tal que enredan al trabajador. La una dice una cosa, la otra dice otra y en los hechos al trabajador no lo atienden ni le pagan lo justo. Algunos trabajadores, cuando se ven seriamente afectados en su salud, prefieren renunciar o negociar con la empresa cualquier tipo de retiro, y están con algún grado de incapacidad que no se les reconoce. Todo indica que existe, hasta donde pude averiguar, una especie de alcahuetería, razonable para la empresa, porque cada trabajador de planta que logre sacar y reemplazar con un contratista le representa otro excelente negocio, por las diferencias salariales tan notorias y porque los trabajadores viejos ganan más que los nuevos, inclusive, en el caso de los de planta. Le resulta otro muy buen negocio cambiar trabajadores veteranos por trabajadores jóvenes.

Me parece a mí bochornoso que un monopolio de ese tamaño y poder, venido a un país que lo recibe, como ya lo hemos visto, despilfarrando el interés nacional, se meta a quitarle al trabajador cada centavo que se gane. Esa es la razón de la huelga, que fundamentalmente tiene que ver con este lío de los contratistas, con las relaciones obrero-patronales y con las condiciones de vida de los alrededores, supremamente malas, un mar de riqueza por un lado y una miseria que escandaliza, por el otro.

Hay otra denuncia que me lleva a pensar, definitivamente, que la codicia es una cosa seria. Ha venido la Drummond estableciendo la siguiente práctica: cuando un trabajador se accidenta, no lo incapacita, sino que lo pone a hacer un oficio que no riña con la incapacidad. Pongo un ejemplo. Si se le machuca un dedo de la mano derecha, le pone una tarea para la mano izquierda. Y entonces no aparece como incapacitado. Lo que tiene un encanto para las empresas, porque le bajan los costos generales de afiliación y de atención en salud. Chichipatos diría alguien, tirándole al centavo, cuando si uno mira el tamaño de las operaciones y el número de los trabajadores, en este como en los demás negocios del capital financiero, ve que se mueve mucha plata.

Proposición

Concluyo presentando una proposición para que le nombremos un comité de seguimiento a este lío de la renegociación de los precios del carbón de la Drummond, a la deuda que tiene Drummond con el Estado colombiano desde el año 2001, deuda contraída con la alcahuetería del Estado colombiano, es cierto, pero que está ahí.

Pienso que hay que insistir en que los precios, y diría que todos, deben fijarse de acuerdo con precios internacionales y de una manera sistemáticamente clara, que no permitan interpretación. Cómo es posible que haya cláusulas en este contrato tan absolutamente escandalosas, que parecen redactadas por niños de quinto de primaria. El pago debe ser retroactivo al 2001. Aquí no nos puede salir Drummond con el cuento de que hacia atrás pagaron el precio que se les dio la gana y Colombia les tiene que decir que sí. No. Lo que hay es una deuda grande con la nación, por un monto que es lo que debe establecerse, y si la deuda existe, está obligada la Drummond a pagarla. ¿O será que cuenta con los rábulas suficientes que tienen ya la coma o el punto y coma o las comillas que les permiten evadir la obligación? Nos montaron un negocio en el que Colombia va de buena fe, pero cuál es la buena fe de la Drummond. Estoy seguro de que el señor Drummond, dueño del consorcio, gasta centenares de millones de dólares al año en auditoría a sus propios funcionarios para que no le tumben la plata. Así es como funcionan todas las empresas grandes. Después de que alguien logra crecer en el negocio y llega a contratar a cientos o a miles de empleados, tiene que montar auditorías. Y las trasnacionales gastan sumas inmensas en auditoría. Pero resulta que Colombia no gasta en auditoría lo que debiera gastar y entonces no entiende uno por qué Colombia confía a ciegas en los empleados de la Drummond, en los que no confía ni siquiera el señor Drummond. Es otra paradoja de este contrato, que Colombia maneja de manera manguiancha y a la loca, como salga. Se nos dirá que el señor Drummond y sus gerentes son los más honrados del mundo. ¿Por qué entonces el señor Drummond gasta sumas astronómicas en auditorías sobre sus empleados? Porque así funciona el capitalismo. En el capitalismo, nadie confía en nadie. ¿Por qué el Estado colombiano sí confía en la trasnacional? ¿No debiera gastar sumas enormes de esos contratos en auditoría, revisándolos en nuestros propios laboratorios, midiendo con nuestras propias pesas? No hay gente, como me lo explicaba un especialista. En el caso del petróleo hay ingenieros de Ecopetrol, no sé con que detalle pero los hay, marcando a ver si es verdad que están sacando el petróleo que las trasnacionales dicen que sale. Esto no ocurre aquí. Es obvio que en estas condiciones, absolutamente indeseables, no son convenientes los contratos con el capital extranjero. A mí alguien me tiene que probar que sí lo son, me tiene que explicar por qué son deseables este tipo de contratos.

El problema medioambiental que se está creando es de proporciones mayúsculas. ¿Quién lo va a pagar? Cuando la Drummond y la Glencore y la Exxon se vayan, dentro de treinta, sesenta o cien años, además del hueco, ¿qué nos va a quedar? ¿Los pulmones destrozados de millones de colombianos? ¿Nuestras playas del Caribe convertidas en basureros por el hollín del carbón? Y quién lo paga. ¿Ellos? ¿Después de que se vayan?

El caso de los desalojados clama también al cielo. Un maltrato a unos indígenas y a unos negros pobres, paupérrimos. No resultaría muy costoso colocarlos en condiciones similares a las que tenían, respetándoles su comunidad, sus relaciones familiares, sus casas, que son parte esencial de la vida.

Y está el maltrato a los trabajadores, a los asalariados. Aquí digamos una cosa con toda franqueza. Ese carbón estaba ahí desde hace millones de años, y solo se volvió plata, dólares, riqueza, el día en que las manos de la gente lo sacaron a la superficie. Antes no valía nada. Lo menos que uno espera, en una actitud democrática, es que esos trabajadores sean contratados directamente. ¡No más sistema de contratistas, por inicuo! Qué diríamos los senadores de la República si nos establecieran un sistema de contratistas y nos dijeran que ya no somos empleados del Estado colombiano, para escamotearnos una parte de nuestros ingresos. Pues eso es precisamente lo que está sucediendo allí. Dejo constancia de la gravedad de los hechos con los que me tropecé en este análisis. Y dejo constancia de que no me sorprendería que los demás contratos fueran iguales o peores. Sería interesante mirar en detalle lo de Glencore en La Jagua y lo del Cerrejón Zona Norte.

Segunda intervención

Primero, expreso mi acuerdo con las constancias que ha dejado el senador Hugo Serrano. Me inclino a creer que la política petrolera de este gobierno y de los anteriores ha sido un desastre, una política equivocada que nos a llevar inexorablemente a un desabastecimiento y a perder la suficiencia petrolera. Es un hecho inexorable y eso le va a causar tragedias inmensas al país.

Segundo, el negocio del gas de La Guajira fue un pésimo negocio. Y eso que logró mejorarse con nuestros debates. Pero usted pide fórmulas, senador Manssur. Es que no se oye sino lo que interesa. Por ejemplo, y lo hemos mencionado no sé cuántas veces, en el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP) hay cerca de mil millones de dólares en el exterior a tasas de interés del uno y dos por ciento anual, suma que podría estar invirtiéndose en las necesidades petroleras del país. El ministro volvió a decir hace ocho días que Ecopetrol tiene su capacidad de endeudamiento absolutamente intacta, casi virgen, pero el problema, dijo también, es que no se pueden utilizar esos recursos, ni el del FAEP ni la capacidad de endeudamiento de Ecopetrol, por realidades fiscales. Yo lo traduzco a lenguaje normal y digo, porque el Fondo Monetario Internacional no deja, lo prohíbe, porque al FMI le parece que es lo mismo invertir en una refinería que invertir en whisky para una parranda. En el fondo termina siendo así esa triste realidad. El FMI tiene un interés oculto, porque representa a quien representa y para ellos es mejor que la refinería no la haga Ecopetrol, sino el capital extranjero. Esas son realidades. U ordeñen un poco menos a Ecopetrol. Hay muchas cosas que podrían hacerse. No es que no se puedan hacer, sino que la lógica del capital extranjero no permite hacerlas.

Quiero hacer una mención sobre el tema de la seguridad jurídica, que algún día de pronto discutimos con despacio, el asunto. El senador Serrano nos está planteando un debate interesante. Él dice, aquí los contratos petroleros se hicieron con petróleo a un precio, beneficiando en materia bien notoria a las trasnacionales, pero los precios reales han sobrepasado de lejos esos cálculos y podrían sobrepasarlos todavía mucho más, y hasta podrían terminar quintuplicando los que se usaron en los análisis para el peor contrato petrolero del mundo para Colombia, y el mejor para las trasnacionales. A mí no me parece de ninguna manera una desproporción que el senador Serrano diga que planteemos una nueva manera de distribuir. Se nos replica que no, por lo de la estabilidad jurídica. No, la estabilidad jurídica, entendida como la importancia de que los inversionistas tengan garantías, no se nos puede convertir en el dios del manejo de la economía nacional. Aquí el único criterio no puede ser la seguridad de los inversionistas. Aquí tenemos un país, una gente, una serie de necesidades que estamos obligados a atender. Cuando las cosas se ponen al revés y el contrato no funciona para los inversionistas, ¿qué sucede? El inversionista se retira o pide la renegociación del contrato. Y ahí si no importa la seguridad jurídica. Pero cuando se trata del interés nacional, la seguridad jurídica se nos vuelve absolutamente sacrosanta. Quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay un cambio en las realidades, y lo elemental sería que tuviera consecuencias jurídicas. Ahora, si seguimos armando un mundo en que lo único que importa es el interés de las trasnacionales vamos a terminar regalando nuestros recursos minero-energéticos sin cobrarles ni impuestos, y para allá vamos. Pero ese mundo es inviable, por lo menos en lo relacionado con los intereses del común de la gente. En ese mundo, senador Manzur, tres o cuatro podrán vivir como príncipes y otros podrán ahí sostenerse en una vida más o menos decorosa alrededor de esos príncipes. Pero el común de la gente va a quedar sin ninguna posibilidad de desarrollo.

Con respecto al asunto energético, quiero hacer una mención. Es un debate que sería más de fondo y más de principios. Pienso que el país ha rodado con suerte, entre comillas, porque fue tal el daño que el neoliberalismo le hizo a la economía nacional y tal el estancamiento en cerca de una década, que no fue necesario hacer nuevas inversiones en energía eléctrica. Y ahí vamos tirando, digamos, pero con el riesgo que señala el senador Serrano, muy cierto, de que si llega a haber una falta de lluvias y de milagro un pequeño crecimiento de la economía, fácilmente caemos en una crisis. Esa es una realidad que está ahí latente, ojo con eso. No hemos caído en una crisis de energía eléctrica es porque hemos estado en una crisis económica peor. Ahora, a favor de que no haya tanta urgencia de construir una nueva generación milita el que con la destorcida de la economía mundial que ya estamos viendo venir y con el TLC, va a haber tantos daños al aparato productivo que es probable que con esa capacidad de energía con que ahora contamos, senador Serrano, podamos pasar los próximos veinte años, pero no porque la política sea sana, sino porque el desbarajuste es tal que al fin y al cabo ni energía se va a necesitar.

Porque la actual política de privatización encierra un problema: es casi imposible que un inversionista privado invierta en generación de energía, salvo que sea en térmicas, inversiones relativamente bajas y de corto plazo. Una contradicción que hay que mirar. ¿Quién está invirtiendo en generación hoy en el país? EPM, que no está obligada a funcionar con la lógica de los inversionistas privados. Pero, repito, la política de privatización tiene esa contradicción insoluble, que es la pregunta de siempre: y quién va a construir la generación. Si Colombia fuera más sensata, no avanzaría en la privatización de Isagen ni en la de ISA, ni en la de EPM, con el propósito de que queden esas empresas como una especie de colchón de amortiguamiento para el día en que haya en que hacer inmensas inversiones en generación hidráulica, que es donde debe hacerse la principal inversión, aun cuando sea a pérdida, y pongo a pérdida entre comillas. Es que la racionalidad de la economía de un país no se puede analizar con la racionalidad del inversionista privado. En este sentido un país tiene el deber, senador Manzur, de mantener inversiones a pérdida, entre comillas, en el sector energético, así sea para prevenirse de un desastre mayor más adelante. El día en que el Estado solo actúe con la lógica del inversionista privado y que solo haga lo que sea rentable de manera inmediata, no habrá posibilidad de que la economía funcione. Y estoy hablando de la economía del capitalismo, porque hay sectores de la economía del capitalismo adonde no va el capital privado, porque el riesgo es muy alto o la tasa de utilidad muy baja, pero que la sociedad necesita. Esto es parte del debate de fondo, en nuestro caso, contra las concepciones de la privatización, que son cortoplacistas y que no se meten en este tipo de asuntos, porque al final les importa un pepino si el país se apaga, como le importa una higa a la Drummond que en el Cesar se muera la gente de hambre. La ganancia privada no se mueve en estos terrenos, pero los países, las naciones, si están en la obligación de hacerlo.

Aquí se mencionó que hay un error grave en la ley 685, o Código Minero, porque se están otorgando licencias de acuerdo con el criterio de primer llegado, primer despachado, es la frase. Primero en el tiempo, primero en el derecho. Al que llega de primero le dan el área. Eso es parte del Código aprobado por este Congreso, en una época en que yo no hacía parte de él, dejo constancia. Y aquí ya se sugirió que el responsable es el representante Petro, porque él señaló unos argumentos, lo dijo el ministro. Es el mundo al revés. El representante Petro hace cuatro años, cuando se aprobó el Código, era de la minoría, de la oposición. Entonces decir que la ley quedó como quedó porque el doctor Petro dio cualquier opinión sobre un artículo u otro, no tiene sentido, porque finalmente los proyectos los aprueban son las mayorías. Y que el doctor Mejía, que lleva cinco años en el Ministerio y que según creo tuvo que ver con el trámite de la ley, pretenda zafar su responsabilidad, me parece una desproporción. No quise antes referirme al doctor Mejía en este debate, porque él no estaba y quería darle la posibilidad de que se defendiera en otra oportunidad, pero digámoslo, senador Manssur: todo este desastre de Drummond, que lleven cinco años con precios provisionales, es responsabilidad precisa del señor ministro de Minas. Es en su cartera en la que sucede este desgreño. Repito, no lo había mencionado como una consideración amable, dado que el ministro no estaba. Pero ya que se trata el tema, y se pretende echarle la culpa a un representante de la oposición por un artículo que no funciona del Código Minero, entonces reabramos el debate, porque es una desproporción afirmar que la calidad de las leyes de la República dependa de un solo congresista de la oposición y no de la mayoría y del gobierno, que, como todos lo sabemos, es el que hace aprobar las leyes.

Con todo gusto voy a dar a quien lo solicite la copia del documento sobre el cual hice este debate, porque pienso que es importante que el país lo conozca. Lo debe conocer. Y al mismo tiempo le pido formalmente al señor Contralor General de la República que lo finiquite, que saque la versión definitiva, con las glosas que haya que hacer y los cambios, pero que salga. He llamado borrador a este primer documento, pero realmente no lo es. Es un primer documento de Contraloría, codificado como Scmin13, del 30 septiembre de 2005, hecho por funcionarios de Contraloría. Llevamos ya casi medio año y el documento definitivo no sale, un documento clave y más en el momento en que se está negociando lo que se está negociando con la Drummond.

Y expreso también mi solidaridad con la carta que le envía el senador Serrano al doctor Hernández Gamarra. El Contralor no nos puede venir a decir, diecisiete meses después de ese desbarajuste y de esa pérdida de más de cien millones de dólares en Ecopetrol, por los errores de esta administración, como también se denunció aquí oportunamente, que no ha tenido tiempo de estudiar el asunto. Eso no lo puede afirmar un Contralor. Que diga cualquier otra cosa pero no eso, y en ese sentido me sumo a la carta del senador Serrano.

Por último, voy a leer la proposición, que puede ser una conclusión práctica de este debate. Proposición: solicito a la honorable Comisión del Senado de la República, se conforme una comisión de seguimiento a los precios de referencia con los que se liquidan las regalías del Contrato 078 de 1988, celebrado entre la Nación y la Drummond, mediante el cual se explota el carbón de las minas del Cerrejón, en La Guajira, y de La Loma, en el Cesar. Tal comisión deberá contar con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República. Firmo yo y los senadores que quieran firmar.

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Anoche, cuando estaba leyéndome este ladrillo de proyecto de ley, un amigo me mandó por Internet una frasecita que voy a leer aquí, no solo porque me parece interesante, sino también porque me ayuda a plantear el enfoque que tengo sobre la reforma al Código de Minas.

Es una frase de Paul Getty, uno de los magnates del petróleo en Estados Unidos. La frase empieza citando la Biblia, Salmos 26-8: “Los pobres heredarán la tierra”. Y Getty agrega: “Pero no los derechos sobre los minerales”.

Habría que hacer una precisión. Cuando Getty dice que los pobres no van a heredar los derechos sobre los minerales, hace alusión a los pobres de cada país, pero últimamente caben también ahí todos los países pobres, entre ellos el nuestro, donde venimos perdiendo los derechos sobre los minerales.

Voy a hacer enseguida una segunda afirmación que me aburre hacer, créanme que me aburre, pero me toca. Cuando el doctor Hernán Martínez fue nombrado ministro de Minas, yo le expresé mi desacuerdo. Le planteé que no era conveniente esa puerta giratoria entre las trasnacionales y el Estado, que no me gustaba. Con franqueza le dije que a mí no me gustaba que él hubiera sido más de 30 años un hombre de la Exxon Mobil y que después llegara al Ministerio de Minas a organizar los asuntos del petróleo, justo cuando empezó la privatización de Ecopetrol.

Hoy tengo que repetírselo al ministro de Minas. Doctor Martínez, no me gusta que usted esté en ese cargo y frente a este proyecto de reforma al Código de Minas, porque es un proyecto que beneficia a las trasnacionales, al gran capital extranjero, a la gran minería. Usted podrá replicarnos que fue redactado con plena neutralidad, pero es tan favorable al capital extranjero y a las grandes trasnacionales que siempre va a quedar por lo menos la duda, y ante la duda, abstente. Es mejor cortar por lo sano. Y entonces me toca repetir, aun cuando me aburre, que usted, doctor Martínez, no debiera ser el ministro de Minas de Colombia.

Una reforma pro gran minería

El actual Código de Minas, Ley 685, es de por sí bien malo. No lo voy a analizar en detalle porque no hay tiempo, pero voy a señalar lo que a mi juicio configura su peor pecado y que empeora el proyecto de reforma. Es que el actual Código desintegró la atención de la minería nacional. ¿En qué sentido? Es una ley pro gran minería, pro capital extranjero, que intenta crear un mundo en el que el Estado no tiene derecho a apropiarse los beneficios que la naturaleza nos brinda, un mundo en el que la pequeña empresa minera tampoco tiene ningún derecho. El actual Código desintegra lo que a mi juicio debe ser la explotación minera en Colombia si se quiere salvaguardar, primero, la posibilidad del Estado, no solo de ganar regalías, sino de participar en la producción como lo hacía antes, bien asociándose o bien de manera directa. Lo que escasea hoy en el mundo no es el capital, esa es una de las falacias de la globalización neoliberal, sino los recursos naturales. La pregunta no es qué haría Colombia si no viniera el capital, sino qué haría el capital si no existiera Colombia. Sobra la plata, no saben qué hacer con ella, y lo que hace falta en el mundo son las riquezas naturales. Ayer el petróleo marcó 80 dólares y aquí estamos privatizando a Ecopetrol, senador Manzur, porque el gobierno aduce que lo importante son unos cuantos miles de dólares que se consiguen en cualquier banco del mundo. Muchos bancos harían cola detrás de Ecopetrol para prestarle plata sin necesidad de que el gobierno la privatice.

Lo segundo es que el actual Código de Minas considera a la pequeña minería solo de manera tan tangencial, tan secundaria, que uno termina concluyendo que la ve como indeseable. La Ley 685 es un código pro gran minería, pro capital extranjero, pues por sus costos la gran minería suele ser lejana a las posibilidades del capital nacional en un país como el nuestro, que podría ser muy rico, pues cuenta con grandes posibilidades, pero lo que pasa es que lo gobiernan tan mal que ya casi lo destruyen.

En resumen, tenemos un código malísimo, mal planteado, mal concebido. ¿Y qué hace la reforma que está proponiendo el gobierno? Empeorar la mala concepción. No lo digo yo, lo afirma la Contraloría General de la República en un informe que tengo aquí y que les voy a leer muy brevemente: “Teniendo en cuenta las fuertes implicaciones negativas que tienen algunos de los artículos más importantes de este proyecto, como es el caso de la delimitación de áreas especiales para ser adjudicadas a operadores estratégicos –aclaro: operador estratégico es una frase eufemística para referirse a la gran minería y al capital transnacional–, la integración de áreas correspondientes a contratos de antiguos aportes –aclaro: integración es una palabra dirigida contra la yugular de los pequeños y medianos mineros colombianos y es otro de los adefesios del proyecto, incluso la integración de áreas correspondientes a la autorización temporal sobre materiales de construcción–, la Contraloría considera que el Proyecto de Ley en cuestión va en contra de los principios de igualdad”. Conclusión absolutamente evidente, porque la reforma al código es también pro gran minería, pro gran capital trasnacional.

Y afirma la Contraloría que la reforma “no mejora las sustanciales deficiencias del actual código, no arregla los problemas del actual código”. Y miren lo que agrega, a mi juicio mortal, esto solo hunde la reforma al Código: “No defiende los intereses de la Nación”.

Este es el gran debate económico en el país, señoras y señores de las minerías de todos los tamaños. El debate no es si el capital debe ganar plata, sino si la ganancia del capital coincide o no con el interés nacional, porque países como Colombia donde no se le exige al capital, sobre todo al gran capital, que su interés coincida con el interés nacional, nos quedamos en el subdesarrollo.

Aquí hay gente que es capaz de amasar fortunas parecidas a las mayores del mundo. Aquí se hacen negocios similares a los que se hacen en Nueva York, Berlín o Tokio, con iguales tasas de ganancia o mayores. Pero en la pobreza, Colombia no se parece a Estados Unidos o a Japón, en el sentido en que allá es del 10 %, y aquí del 60 %. Aquí la pobreza es africana, y nuestros pobres no se parecen a los pobres de Tokio y de Berlín, sino a los pobres de Burundi y Sudán. ¿Por qué? Porque desde hace mucho rato en Colombia el gran capital monopolista funciona contra el interés nacional, una aberración que un Congreso no debiera permitir, porque se supone que aquí representamos el interés de la nación, no el interés de algunos particulares. Cuando el interés de un particular coincide con el de la nación, bienvenido sea, pero de otra manera estamos en el deber de rechazarlo.

La reforma al Código se tira una jugada medio filosófica. Hay que hacer, afirma, una explotación racional. Esa parece que fuera a ser la espada con la cual van a arrinconar a todo el mundo. Cogen al pequeño y al mediano minero y le preguntan: ¿su explotación es racional, sí o no? Si no, se va, porque con la reforma solo se quedan las racionales.

Aquí la discusión se vuelve interesante. Yo fui toda la vida profesor en la universidad y me interesan estos detalles. Bueno, ¿y qué diablos es racional? Porque si a uno lo van a fusilar por no ser racional, se le vuelve clave averiguar qué quiere decir la palabreja.

En la sustentación de motivos, el doctor Hernán Martínez aclara qué se entiende por racional al explicar por qué hay que evitar las pequeñas explotaciones: porque ellas “destruyen los yacimientos –estoy citando entre comillas–, depredan los campos y deterioran el medio ambiente”. Y pone como ejemplo la explotación del carbón en Boyacá y Cundinamarca. Yo agrego: ¡Ojo, carboneros de Boyacá y Cundinamarca! Para el nuevo Código ustedes son como una roya, una langosta que le hace daño a la economía nacional y a la racionalidad que este país debe tener.

¡Aducir que son los pequeños los que depredan los campos, después de conocer uno las explotaciones de la gran minería del carbón en La Guajira y el Cesar, donde las trasnacionales arrancan la capa vegetal de cien mil o doscientas mil hectáreas, secan los ríos y acaban con las aves, y venir a decirle a uno que son los pequeños los que depredan! No, si algo espanta es el inmenso poder tecnológico con que cuenta la gran minería para depredar en forma escandalosa. El senador Manzur lo mencionó de refilón, pero yo lo destaco: está empezando a hablarse de cerrar los hoteles en la zona turística de Santa Marta por el daño ambiental que está causando la gran minería del carbón.

El deterioro de la carretera La Loma-Santa Marta es otro escándalo, monstruoso, senador Manzur, tractomulas gigantescas operando cien horas a la semana, porque los contratos imponen ese tipo de relaciones laborales.

Venir entonces a decirnos que el problema aquí es la pequeña minería es bien discutible en la lógica misma de la racionalidad. Pero además yo hago una pregunta entrando más en detalle en la discusión: ¿hay diferentes racionalidades, es decir, una racionalidad puede ser distinta de otra racionalidad y tan racionales las dos?

Pongo un ejemplo. Las empresas pueden decir: “Traemos la mayor máquina que hoy existe en el mundo y no habrá ya un solo trabajador en la gran minería de la Costa”, porque la sola máquina lo va a hacer todo. Eso sería muy racional desde muchos puntos de vista. Pero yo pregunto, y desde el punto de vista del empleo, ¿cuál es la racionalidad? Si una máquina desplaza a diez, a cincuenta mil trabajadores, ¿cómo es el análisis de la racionalidad aquí y en Estados Unidos, cuando allá el problema de empleo es uno y aquí tenemos uno diferente? Simplemente lo estoy poniendo como ejemplo. No me estoy oponiendo a que se usen las grandes máquinas, simplemente estoy llamando la atención de cómo no nos van a sacar de la manga la espada de la racionalidad para proceder de manera irracional, por lo menos en ciertos aspectos de lo que estamos analizando.

El objetivo es lograr que las empresas sean sólidas y expertas. Sólidas y expertas, bonita manera de hablar de gran minería y de trasnacionales. En Colombia se volvió un crimen que la empresa de uno no sea sólida, porque uno es pobre y tiene problemas y no ha logrado acumular suficiente riqueza y queda al borde de la ruina porque los bancos no le prestan y porque le caen encima todos los líos de los pequeños y los medianos, y todo eso va a volverse un delito en Colombia según el nuevo Código de Minas.

Y expertas. Otra discusión bien interesante. ¿Quién es más experto? Un asunto que sería bueno discutir.

“Integrar áreas”, una espada contra los pequeños y medianos

El proyecto habla de las “áreas especiales” y dice de manera textual que apunta a “evitar el fraccionamiento” para lograr integración vertical, propia del gran capital –una frase técnica para ilustrar fenómenos de gran producción–, para hacer explotación racional y además, lo dicen de frente, para hacer gran minería. Otra espada contra los pequeños y medianos. Agrega que hay que alargar la etapa exploratoria ocho años y dice que es un plazo “adecuado”, entre comillas, para la gran minería.

El proyecto afirma que hay que integrar las áreas, tanto las adyacentes como las no adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una empresa aquí, de cualquier tamaño, seguramente gran minería, y si al lado hay unos pequeños, yo puedo obligarlos a integrarse. Integrarse es otro eufemismo para que el grande se pueda absorber al pequeño en condiciones determinadas por el grande, y esto inclusive con áreas no adyacentes.

Podría suceder que en algún departamento donde haya mil minas relativamente pequeñas aparezca una gran empresa que adquiera una de esas pequeñas, como parece ser lo que se mueve en el caso de Marmato, en Caldas, que conozco más o menos de cerca, y entonces las obligue a todas a absorberse. En la racionalidad de la gran minería, eso es muy racional. Pero es probable que no lo sea en otros casos.

Hay otro punto en el proyecto, doctor Martínez, a mi juicio escandaloso, y es el caso del canon superficiario, una plata que en la minería hay que pagar distinta de la regalía, por el derecho a ocupar un área o a tener un derecho sobre un área. ¡Esto es increíble! Lo dice la Contraloría: el nuevo canon que está proponiendo el proyecto del gobierno le disminuye en 66% el pago por hectárea a la gran minería, mientras que se lo duplica a la mediana. Es bochornoso, ministro, senadores, porque los demás argumentos aquí expuestos ustedes me los podrán discutir y concluir que yo no abrigo la razón, pero que ustedes les cobren menos a los magnates del mundo, al señor Paul Getty, que a los pequeños y medianos mineros de este país, me parece absolutamente inconcebible.

Mi propuesta

¿Qué se debería hacer? Se debiera aprovechar esta reforma al Código Minero, frente al cual estamos todos de acuerdo en que es muy malo y en que hay que cambiarlo, para avanzar, diría, en por lo menos una dirección fundamental. El nuevo Código Minero debe atender las realidades de la minería toda, debe ser un Código que considere la gran minería, pero sin excluir al Estado de la posibilidad de explotar los yacimientos, bien sea mediante mecanismos de asociación o de participación directa. A mí me tienen que echar alguna teoría para explicarme por qué la Nación colombiana, que nos representa a los 42 millones, no puede estar en este buen negocio. O me van a echar el mismo cuento que están echando ahora con lo de Ecopetrol, que se la van a vender a los colombianos y entonces yo pregunto: ¿Y de quién es? Pues de los 42 millones de colombianos. Se la van a vender a cien o doscientas mil personas. ¿Y de cuando acá cien o doscientos mil es más que 42 millones?

Entonces, primero, debe ser un Código que integre todas las posibilidades, o sea, presencia del Estado, de un Estado empresarial, sí, porque si el negocio es bueno, por qué nos sacan a todos, por qué me sacan a mí de ese negocio, ¿a cuenta de qué? A cuenta de una ideología bastante barata por lo demás, que arguye que el Estado no puede participar en la economía, una teoría que no resiste análisis por ningún lado.

La gran minería, ya lo dije, por supuesto que puede estar, y como también lo dije aquí en este mismo recinto en una audiencia empezando el año, el capital extranjero sí, pero no así. Y debe haber un capítulo entero sobre la pequeña y la mediana minería, senadores, un capítulo entero, que considere sus problemas financieros y sus problemas tecnológicos, los problemas medioambientales, sus problemas de transporte, para que los atienda lo mejor que se pueda. No puede ser que el único ferrocarril que hay en Colombia lo monopolice el gran capital trasnacional, y la pequeña y mediana minería tenga que sacar su carbón en tractomula, casi como si estuviéramos en el siglo XIX. Aquí hay que mirar un cúmulo de aspectos, las tasas impositivas, las regalías, etc. Creo en resumen que hay que introducir en el Código un capítulo entero de protección de la pequeña minería. No puede ser que el Código proteja solo la gran minería, excluyendo a la pequeña.

Y plantearía varios puntos para la discusión, senadores de la Comisión Quinta. Pienso que hay que volver a mirar lo de las regalías. Para explicarles a los colombianos que nos están viendo, la regalía es lo que le pagan las empresas a la Nación por el recurso que está enterrado. La Nación colombiana es la propietaria del recurso, pero resulta que en el negocio del carbón, y en el del oro ni se diga, todo el mundo gana más que ella. Resulta mejor negocio sacar el carbón, mejor negocio transportarlo, mejor negocio embarcarlo, mejor negocio revenderlo, mejor negocio financiarlo, cualquier cosa es mejor negocio que ser el propietario del recurso.

Mirar lo de los impuestos, porque aquí el problema es que el State Take, es decir, lo que le toca al Estado, la suma de las regalías y los impuestos, es muy bajo. A uno le dicen: “No, es que la regalía es buena”, pero uno va y mira y no, y también mira los impuestos y resulta que son bajísimos, están llenos de exenciones tributarias, entonces por lo menos que nos sinceremos y que nos digan cuánto es el State Take en cada negocio, para ver si es verdad que están pagando renta del 36%, o las nuevas inversiones son con rentas inferiores a uno, a cero, o sea, son impuestos de renta negativos.

Analicemos lo del medio ambiente. El nuevo Código debe estipular normas serias sobre medio ambiente. No puede ser que las trasnacionales de la gran minería estén destruyendo la industria turística de la Costa Atlántica y aquí tengamos que quedarnos simplemente esperando a que cumplan o no cumplan con los planes de reforestación y eso no importe. Allá hay un problema gravísimo. O nos quedemos mirando lo que sucedió en Cúcuta, que nos tocó debatir en la Comisión Quinta. Alguien –esa es la teoría oficial– dinamita o le hace un hueco al tubo del oleoducto y se hace un reguero inmenso de petróleo que les crea un problema sanitario y ambiental gravísimo a las gentes de Cúcuta, porque la capital se queda más de dos semanas sin agua, y cuando vamos y miramos aparece evidente la negligencia de Ecopetrol. Ecopetrol no contaba con suficientes elementos de protección y de control. Y cuando yo digo por qué, los directivos de Ecopetrol y el propio ministro de Medio Ambiente me sacan una ley que dice que la gran minería y este tipo de negocios no responden por estos accidentes y están eximidos de cualquier responsabilidad.

No, yo aquí les hago un llamado muy cordial a los extranjeros que explotan minas o yacimientos en Colombia. No puede ser así. Esto no es una colonia del capital extranjero ni de ningún gran capital.

El Código debe crear una eficiente auditoría del Estado. Quisiera que este fuera un punto central, doctor Martínez, pongámonos de acuerdo, y establezcamos que en todos los proyectos de gran minería un buen tanto por ciento se gaste para financiar una fuerte auditoría del Estado. No es posible que las grandes empresas gasten una suma bien importante de sus utilidades o de sus costos para pagar auditoría procurando que los gerentes no se roben las empresas, y el Estado colombiano solo tenga por ahí tres o cuatro funcionarios con un lápiz bregando a hacer las cuentas para auditar negocios de tres mil millones de dólares. Aquí entonces nos pagan las trasnacionales lo que se les antoja y Colombia prácticamente no tiene derecho a saber si es verdad, por ejemplo, que el carbón que está saliendo es el que dicen ellas que está saliendo o es una cantidad diferente.

Miremos los derechos laborales. ¡No, señores del gran capital! En la gran minería los derechos laborales deben cumplirse de manera sagrada. Cómo así que mediante sistemas de contratistas no contratan directamente a los trabajadores para disminuirles los salarios y cercenarles los derechos laborales. O cómo así que hay actividades que producen enfermedades profesionales de extrema gravedad, que crean gravísimos problemas de columna vertebral, ahí están las estadísticas, y ellos se hacen los locos, y cuando los trabajadores reclaman, les inventan todo tipo de sofismas, porque se vuelve un crimen contraer una enfermedad profesional.

Concluyo proponiendo que aprovechemos esta reforma al Código, señor presidente, para cambiar en serio lo que hay y de paso hago un llamado cordial a los pequeños y medianos mineros: organícense, que mi experiencia aquí de cinco años me dice que quien no presiona y no se mueve no logra que sus derechos le sean reconocidos, y más sabiendo todos, como lo sabemos, que aquí en el Congreso de la República se mueve activamente la gran minería.

Mi sugerencia muy cordial es a los pequeños y a los medianos a que se organicen para que sus intereses sean debidamente considerados, no solo de oído, sino como un derecho. Y a los congresistas para que nos pongamos de acuerdo y aprobemos un Código que considere bien los intereses del Estado, los intereses de la gran minería y los intereses de los pequeños y medianos mineros.

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Voy hacer una intervención de tipo general para sustentar por qué pienso que este proyecto es por completo inconveniente. Que aun cuando la Contraloría no lo dice, queda claro que la opinión del organismo de control es que el enfoque es incorrecto. Está dicho en todos sus documentos y lo acabamos de oír. Voy a dar mis razones de por qué es un proyecto bastante inconveniente.

Pero antes de entrar en materia, lástima que se nos fue el senador Reyes, porque él puso el ejemplo de un carro para justificar la venta de acciones de Ecopetrol. No comparto ese estilo de discutir con ejemplos. En la academia no se usa. Entonces si se va a discutir con ejemplos, la pregunta es quién los pone. Al respecto quiero decirle, senador Reyes, que veo que volvió: su ejemplo serviría si ya hubieran dado la plata. Claro, yo tengo un carro viejo y si le invierto una plata, vale más, pero lo que usted no me puede alegar es que si tiene por allá un carro viejo estacionado y por aquí una plata que no ha traído, el carro solito vale más. Sería un acto de magia y, por supuesto, esas cosas no suceden. No le ha entrado un peso a Ecopetrol, no ha habido ningún cambio en Ecopetrol, y ya las acciones están valiendo 46% más. ¿Por qué? Porque las vendieron a menos precio. No porque se haya valorizado la empresa, sino porque las vendieron a menos precio. Y hay un hecho evidente: calcularon barril de petróleo a 48 dólares y esta a cien. Eso empieza a marcar las diferencias.

El actual es un mal código

Entrando en el tema que nos ocupa, el Código que hoy tenemos ya es en sí un código pro gran minería. Así se diseñó en su momento. Un código que sacó al Estado prácticamente del negocio, explicado además por todas las concepciones del Banco Mundial, que supone que es la empresa privada la única que debe hacer este tipo de negocios. A ese Código le cae bien una frase que leí en estos días, en un foro que citó el senador Manzur, una frase de Paul Getty, el gran petrolero gringo. Dice Getty: “Los pobres heredarán la tierra (Salmos 26;8)”. Y agrega Getty: “Pero no los derechos sobre los minerales”. El Código que tenemos es pro gran minería y la reforma, como voy a explicarlo cuidadosamente, genera una cantidad inmensa de problemas. Este código no tiene arreglo y no me voy a meter en el cuento de coger a Frankenstein, pintarle los labios, ponerle aretes y salir a decir que queda bien. Espero que me tengan paciencia para explicar algunos temas gruesos.

El Código es un mal código y uno esperaría que con la reforma se arregle de alguna manera. Se vuelve entonces importante preguntarnos qué es lo que tiene de malo. Voy a hacer un recuento breve de los horrores que están sucediendo en la minería colombiana para demostrar no solo que el Código es malo, sino también que las reformas propuestas por el gobierno lo único que hacen es darle más gabelas a la gran minería, pero sin arreglar los problemas que padece la minería, ni la grande ni la pequeña.

Empiezo leyendo una frase de Joseph Stiglitz, porque esta idea de la gran minería en cierta medida es un eufemismo para hablar de trasnacionales. Gran minería es por definición trasnacionales y está muy imbuida por el espíritu de la época, según el cual todo lo que sea de trasnacionales es bienvenido, todo lo que sea capital extranjero es bienvenido y si son trasnacionales y capital extranjero tiene uno que tender a aplaudir, porque si pone dudas queda uno como antediluviano. Joseph Stiglitz es ciudadano estadounidense, Premio Nóbel de Economía y altísimo funcionario del Banco Mundial por tiempos muy largos, o sea, uno de estos personajes que conocen por dentro el mundo de las trasnacionales. Y miren lo que dice el señor Stiglitz. Comienza afirmando que la inversión extranjera puede jugar un papel importante en los países, y advierte: “Pero no en todos los casos”, cosa que es razonable. Un inversionista extranjero puede generar un efecto positivo, pero también uno negativo. Sigue diciendo Stiglitz: “La lista de las legítimas reclamaciones contra la inversión extranjera directa tiene más aspectos. Dicha inversión a menudo solo florece merced a privilegios especiales arrancados a los Estados. (…) Privilegios [que] con frecuencia son el resultado de la corrupción, del soborno a funcionarios del gobierno. La inversión extranjera directa solo llega al precio de socavar los procesos democráticos.” ¿Se requiere hacer comentarios para mostrar la gravedad de lo que está afirmando? Sigue Stiglitz: “Esto es particularmente cierto en las inversiones en minería, petróleo y otros recursos naturales, donde los extranjeros tienen un incentivo real para obtener concesiones a precios bajos”. Llamo la atención sobre esto, porque apunto a ponerlo en su sitio. Puede haber inversión extranjera, pero miren ustedes la alerta que hace una persona tan conocedora de este tipo de procesos.

Es inevitable la contradicción entre minería y medio ambiente, y, en general, entre producción y medio ambiente, pero en la minería suele ser más complicado el asunto, por razones de índole técnica que no voy a explicar y también por otra razón muy grande: en ciertas circunstancias, en el negocio de la minería puede haber utilidades descomunales. Entonces, cuando la utilidad es exorbitante, los riesgos se disparan, porque aparecen todo tipo de fenómenos supremamente difíciles de manejar. Voy a leer otra frase, esta vez de un inglés del siglo XIX, el señor J. F. Dunning, cuando se discutía cómo operaba el capitalismo. La frase es muy bella, porque explica bien cómo funciona el mundo. Dice: “El capital odia la ausencia de ganancias o una ganancia mínima, como la naturaleza tiene horror al vacío. Si la ganancia es conveniente, el capital se muestra valiente: un 10 por ciento asegurado, y se le puede emplear en todas partes; un 20 por ciento y se entusiasma; un 50 por ciento y es de una temeridad demencial; al 100 por ciento pisotea todas las leyes humanas; con el 300 por ciento no hay crimen que no se atreva a cometer, inclusive a riesgo del cadalso. Cuando el desorden y la discordia dan ganancia, los estimula. Prueba de ello, el contrabando y la trata de negros”. Hoy podríamos decir, prueba de ello el narcotráfico o ciertos negocios mineros en que hay utilidades escandalosas. Por ejemplo, el negocio minero de la invasión de Estados Unidos a Irak. Van y hacen una matanza descomunal en ese país detrás de los hidrocarburos del pueblo iraquí.

Este hecho de que con el 300 por ciento no hay crimen que el capital no se atreva a cometer aplíquenselo al medio ambiente y miren el lío que se genera. Porque el cuidado del medio ambiente se termina convirtiendo en un obstáculo para la obtención de esas ganancias. Normalmente, recuperar pérdidas medioambientales es supremamente complicado. Y miremos lo que está pasando. La gran minería del carbón en la Costa Atlántica está haciendo huecos de 300 metros de profundidad, en superficies que pueden llegar a tener decenas de miles de hectáreas. Allí se van a acabar los ríos, no hablemos de los pajaritos, una destrucción de tierras agropecuarias absolutamente descomunal. No voy a entrar en detalles, porque esto es bien conocido. El lío que tenemos en las playas de Santa Marta, con inmensas pérdidas ambientales. Y hay gravísimos problemas de salud. Los médicos de La Jagua de Ibirico dicen que ciudadanos que en esa región nunca se han fumado un cigarrillo, en las placas les salen los pulmones negros. Son también problemas medioambientales. Ha habido desplazamiento de poblaciones, por ejemplo, la de Tabaco, en La Guajira, contigua a El Cerrejón, desalojada por la fuerza. No hubo bala porque los policías le ganaron a garrote a la gente y la sacaron. Todo detrás de esas ganancias de las que estamos hablando. Son pérdidas ambientales descomunales, una realidad que también afecta a la pequeña minería, y esto hay que decirlo con franqueza. La pequeña minería también genera unos problemas ambientales supremamente graves que no voy a detallar.

Daños ambientales y laborales, bajos impuestos, corrupción, falta de auditoría

Quién paga los costos ambientales, pregunta la Contraloría General de la República. Al final, de una u otra manera, los termina pagando la nación, todos los colombianos. Lo veíamos en Santa Marta. Si el famoso tren ese que van a meter por debajo de las camas de unos hoteles y de unos apartamentos termina desvalorizando esas propiedades, pues los propietarios van a demandar a la nación y la nación va a tener que pagar y se acaba el cuento. Y estos cálculos no los hace nadie. ¿Cuánto ha costado el deterioro de la red vial entre La Loma y Santa Marta? ¿Quién paga los muertos de la mil doscientas tractomulas que van como yoyos por la región? Estas son realidades. Tan mal anda lo del asunto medioambiental, que el Ministerio de Ambiente, que no es propiamente que esté muy vigilante, pide que se deroguen los artículos 203, 204, 207, 211, 213, 215, 282, 292 y 298 del actual Código. Les pregunto a los ponentes: ¿van a derogar esos artículos? No lo han mencionado. En estos días, en Suárez, Cauca, se derrumbó una mina y hubo veintidós muertos, aplastados como cucarachas. Hace unos días, en Santander, su tierra, senador Mora, otro montón de gente muerta en una mina. ¿Pero saben qué es lo increíble, saben qué pasó en Suárez? Que veinte días antes de la matanza, Ingeominas estuvo por allá y dijo: esta mina es ilegal y se les va a caer encima. Pero no la cerraron, siguió funcionando, advertidos de que se les iba a caer encima y de que estaba funcionando en condiciones de ilegalidad.

La solución de los problemas va a ser un lío, como el que se va a armar en la Costa con el problema de las tractomulas. Meten el tren que les va a mejorar las ganancias a las trasnacionales y van a quedar sin empleo más de mil choferes, porque esas tractomulas no quedarán valiendo nada. ¡Ojo con todos los empleos indirectos de toda la región, otro enredo que aparece!

No son menos graves los problemas laborales. En la gran minería más de la mitad de los trabajadores no son contratados directamente por las empresas, sino a través de un sistema de subcontratistas, para birlarles sus derechos laborales. Y en el resto de la minería ni se diga los líos que hay, mejor ni mencionarlo. Los problemas de salud ocupacional, problemas de daño de columna vertebral gravísimos en El Cerrejón, Glencore, Drummond todos perfectamente documentados. Unas jornadas labores absolutamente antitécnicas, doce horas pegados de unas máquinas descomunales que les licuan prácticamente la columna vertebral.

Y está el problema de las regalías y los impuestos. A mi juicio, las regalías que se pagan son malísimas. En el negocio de la minería todo el mundo gana más plata que el dueño del mineral. Gana más el que lo saca, el que lo transporta, el que lo asegura, el que lo revende, el que comercializa, todos ganan más que Colombia, que es el dueño del mineral. Pero oye uno decir: no, senador Robledo, tenga en cuenta el State Take y los impuestos de renta. Bueno, miren los datos que me certificó el ministro de Hacienda: renta, promedio de la gran minería en la Costa, en el año 2000, 32%; en el año 2003, 36,9%. ¿Saben cuánto fue el año pasado? 25,5%. En el año 2003 subieron un poco los impuestos, estaban en menos de lo legal, el 38,5%, que es lo que se supone, dependiendo de las modificaciones, y ahora están en 25,5%. ¡Les bajaron en 11,4% el impuesto de renta! ¿Cuánta plata le significa esto a la nación? Y aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de promedios. Uno quisiera ver detalles, porque casi hay que someterlos a tortura para conseguir la información. Parecido al caso con el ministro de Agricultura, a quien hay que ponerle la llave “doble Nelson”, como la llaman los luchadores, para que canten alguna cosa. Cuando se trata de la información, es igual con todos los funcionarios del Estado. Ahí hay un problema gravísimo, estamos hablando de la plata del país, porque ellos dicen que el deterioro ambiental es muy grave y todo es muy grave, pero que eso sí, ganamos plata. Y entonces, cuando voy a mirar toda la plata que ganamos, toca relativizar la discusión.

Lo de la concentración de la riqueza se ha ido volviendo una norma. Ya ni se discute. Pero en la primera página de cualquier texto de economía lee uno que en el capitalismo los monopolios privados son indeseables. Porque claro, hacen utilidades que son rentísticas, se quedan ellos con una parte fundamental de la ganancia de la sociedad, o, en distintas palabras, les quitan en la práctica las ganancias a otros sectores de la economía y eso no es positivo, por supuesto que no.

Además de la corrupción que ya mencioné y que cita el propio Stiglitz¸ se pierde la soberanía nacional. Un hecho que me impresionó mucho fue ver a un gran jefe de una de estas empresas mineras de la Costa, el gerente de Drummond en Colombia, un ciudadano colombiano, encabezando una carta al presidente de la República en la que le decía: que haya TLC como sea. Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero uno se pregunta: un empleado de Mr. Gary Drummond ¿sí tendrá derecho ético de estar diciéndole al presidente de Colombia que hay que aprobar un TLC como sea? ¿Sí representa ese colombiano los intereses nacionales o representa los intereses de los extranjeros?

Hay un aspecto aún peor, y es el del control del Estado, como la Contraloría lo dicho de mil maneras. Dan ganas de llorar la auditoría que el Estado ejerce sobre estos negocios. Estamos en manos de estas trasnacionales para que hagan lo que se les dé la gana. No voy a leer los informes de la Contraloría para no hacerme largo, pero es así. Miren ustedes lo que averigüé en estos días. Cualquier trasnacional o empresa importante de Colombia se gasta más o menos entre 2 y 5% de sus ventas en auditoría. ¿Por qué? Obvio, porque si en la empresa no hay una auditoría muy eficaz, alguien se termina robando la plata. El capitalismo solo se pudo convertir en capitalismo de administración contratada, en capitalismo en grande, cuando apareció la auditoría. Cuando yo soy el dueño del capital y el que maneja la empresa, pues no me robo la plata porque es mi propiedad. Pero si delego, aparece el riesgo del fraude. Las empresas se gastan sumas descomunales auditando los negocios para que la gerencia no se robe la plata. Entonces uno esperaría que el Estado colombiano se gastara una plata importante de verdad auditando estos negocios con las trasnacionales, pero lastimosamente no es así, no se audita. Por ejemplo, una figura que existe de “representantes técnicos” no aparece en esas minas. Entonces, en cierto sentido, cuánto carbón se despacha es lo que digan las empresas privadas. La calidad del carbón es, más o menos, lo que digan, los costos son los que digan. Y resulta que en varios de los contratos hay una figura que se llama la “ganancia presuntiva”, que depende del grado de utilidad que se logre. Y nunca en ningún contrato se ha logrado un peso de utilidad de esos para el Estado colombiano, porque no sólo lo calcularon de manera que fuera prácticamente imposible, sino que además fácilmente nos están inflando todos los costos para que nunca aparezca. Da grima. Es uno de los hechos más graves de todo lo que está sucediendo. La debilidad de Ingeominas, la empresa que se supone tiene que hacer la auditoría, es absolutamente terrible. La situación empeora con cada cambio de nombre de la empresas que deben proteger el interés nacional, como también lo dice la Contraloría. Cada nueva empresa del Estado es peor que la anterior. Es un desastre que el Estado colombiano no vigile si le están robando o no la plata.

¿Para qué una reforma, si empeora lo que hay?

Estos son en síntesis los problemas del Código de Minas. Yo evalúo entonces la reforma al Código de Minas preguntando: ¿y cuál de esos problemas va a resolver? O por lo menos ¿a cuál de esos problemas le apunta? O si no, para qué hacemos la reforma. Si no vamos a arreglar ninguno de los líos que tenemos, para qué diablos hacemos la reforma. ¿Qué es lo que yo encuentro en el proyecto? Mantiene la concepción, y ahora lo voy a explicar para que no se crea que son pruritos nuestros, pro gran minería, que parte de una idea que el gobierno no puede demostrar y es suponer que lo de la gran minería sí funciona bien. Por ejemplo, que la gran minería en lo del medio ambiente sí funciona bien y lo que hemos demostrado aquí es lo contrario. Es un poco la solución del mercado: la gran minería nos va a solucionar todos los problemas. Les voy a leer lo que dice la exposición de motivos del Ministerio. Las exposiciones de motivos, para los colombianos que no lo saben, es como la parte que uno medio entiende de los proyectos de ley, porque es donde le dicen qué es lo que quiere el autor, porque el articulado resulta muy difícil de seguir. ¿Qué dice entonces la exposición de motivos sobre el Código actual? Que “ha conducido a que cualquier persona sin acreditar capacidad técnica y económica alguna adquiera la calidad de titular de los contratos y sean muy escasos los proyectos serios y eficientes”. Más adelante vamos a ver que ellos mismos reconocen que los proyectos serios y eficientes son los de la gran minería. “Que las modificaciones se encaminan a conseguir una verdadera industria minera” y que la verdadera industria minera es la gran minería: “El desarrollo de la industria minera permitirá la ejecución de los grandes proyectos estratégicos (…) por parte de empresas sólidas y expertas”. De nuevo estamos hablando de la gran minería.

Veamos un poco en detalle qué termina pasando. Creo, senador Manzur, que no hay que irritarse con el senador indígena Ramiro Estacio cuando defiende aquí su punto de vista indígena. A mí francamente no me gusta esa cierta irritación. Siento como que se irritan, ¡no! No nos irritemos. Porque él tiene razón cuando afirma que este proyecto no fue consultado, cuando aquí dicen que sí lo fue, pero ojo, senador Manzur, también dijeron que había sido consultada la Ley Forestal que ustedes aprobaron aquí y ya la Procuraduría conceptuó que no se había consultado, lo que la vicia de nulidad, y era a eso a lo que se refería el senador Estacio. Es decir, ya le pasó a esta Comisión, senador Manzur. Ustedes aquí aprobaron la Ley Forestal en contra de la opinión del senador Estacio, que dijo que ustedes no habían consultado. También creo que no se consultó. Un foro no es una consulta. Una consulta es una operación más compleja y por supuesto que este Código afecta en más de un punto los derechos indígenas. Por ejemplo, le voy a poner uno bien peliagudo, exigido por la Drummond en un otrosí del contrato, o si no, no hubiera pagado la plata esa que debía. Y es que no le pueden dar a otra empresa condiciones mejores porque a Drummond se le daña la competitividad. Y eso afecta a los indígenas. Si los indígenas tienen una mina y usted le da a otro minero, allí cerca, mejores condiciones económicas que al indígena, lo está lesionando, lo saca del negocio. Pero podríamos mirar eso con más detalle. Créame, senador, que es así, no consultaron, y por supuesto, que los afecta este ejemplo que le acabo de poner, metido por la Drummond en un contrato. Drummond le dijo al gobierno: les pago la plata que le debo, reducida por supuesto porque tampoco es que sean tan generosos, pero eso sí, me ponen este otro punto en el contrato: de aquí en adelante, nadie en Colombia podrá tener un contrato mejor que el que el Estado colombiano le otorgó a Drummond.

El tiempo de las exploraciones, dice la exposición de motivos, hay que alargarlo. Dice además la exposición de motivos que eso es bueno porque se le mejoraron las condiciones a la gran minería, pero además, senador Manzur, usted en su ponencia vuelve y lo alarga. Se volvió indefinido, porque eso de que se puedan hacer prórrogas de dos años lo vuelve indefinido. Y aquí se ha dicho mucho, y usted lo mencionaba, senador Manzur, que eso no es bueno porque se congelan las áreas, lo que es más o menos razonable. Pero entonces las solución es al revés y están es agravando el problema.

Como ya lo mencionó la Contraloría, les bajan el canon superficiario a las mayores empresas, lo que también afecta el congelamiento las áreas. Les voy a dar este dato impresionante. En Colombia hay una trasnacional del oro, que ya entró o está entrando, llamada Quehdada, subsidiaria de la Anglo Gold Ashanty, una de las trasnacionales más grandes del mundo en minería, que en este momento está comprando títulos y pidiendo derechos sobre cuatro y medio millones de hectáreas en 322 municipios. Estas cosas las debiera controlar el Código minero. Les hago una pregunta con toda cordialidad a los amigos del gobierno: ¿sí es bueno que una empresa tenga derechos mineros en 322 municipios de Colombia? ¿Es bueno que una empresa minera de ese calibre termine controlando los concejos municipales de 322 municipios? ¡O quién controla el concejo municipal de La Jagua de Ibirico o el de los pueblos mineros de La Guajira! Estos son problemas graves del manejo de la economía nacional. El senador Manzur, entusiasta de este proyecto, lo modifica rebajándoles la renta otra vez a las trasnacionales, una propuesta que viola la ley, senador Manzur, se lo hace ver el propio ministro de Hacienda, y sin embargo se hace la propuesta. Creo que es un artículo que van a terminar retirando, pero, senador Manzur, con franqueza se lo digo, ¡otra rebaja de impuestos a las trasnacionales! Esa tesis de que el gran capital no debe pagar impuestos o que debe pagar menos es absurda. Ya no estamos hablando ni siquiera de los ricos de Colombia sino de los ricos del mundo. Estamos hablando de bajarle los impuestos a Exxon Mobil, la queridísima empresa donde trabajó más de 30 años el ministro de Minas. Lástima que no este aquí para decir lo que voy a decir ahora: este proyecto parece redactado por las trasnacionales. Me da pena con ustedes, pero es así.

Hay dos grandes artículos que configuran la idea de que es una reforma pro gran minería. Uno es el de la delimitación de las áreas especiales. Se trata de escoger unas áreas especiales en Colombia para contratarlas en unas condiciones también especiales. Dice que es para que participen “empresas mineras con estructura y experiencia adecuadas para el desarrollo de grandes proyectos mineros”. Y agrega el artículo que la ley “evitará que la misma –o sea el área– sea fraccionada por los solicitantes mineros en perjuicio de la explotación integral y racional del yacimiento”. Entonces hay que evitar que se fraccionen las áreas, o sea, un código para la gran minería. Nos dicen que es más racional así. Vamos a discutir lo de la racionalidad, pero de momento lo objetivo es que es un código para la gran minería. “Integrar las áreas”, esa es otra figura, novedosa por lo menos en Colombia. Es que existen derechos, entonces los puedan integrar, pero ¿integrar en beneficio de quién? ¿Del más grande o del más pequeño? ¿Bajo el control de quién quedará el área? Es evidente que la norma está perfectamente concebida para hacer negocios de mayor escala. Pero la exposición de motivos de este artículo lo dice de manera que a mí me alegra que lo diga, así con toda franqueza, porque es como se deben discutir las cosas. Dice que esto de la “integración de las áreas es para la explotación racional y para desarrollar una sola estrategia de exportación, trasporte y venta, entre otros”, o sea, para concentrar el negocio.

Entonces se van con Constitución en mano a sostener esto de la integración, porque yo no sé qué tan legal sea. Artículo 80: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución”, dice la Constitución. Y miren ustedes la conclusión –los abogados son capaces de cualquier cosa, y lo digo con todo cariño por los abogados, pues tengo un hijo que está estudiando derecho–, miren, lo que acabo de leer no utiliza la palabra “racional” en ninguna parte, pero dice: “Como se observa, la explotación racional de los recursos es un objetivo tanto constitucional como legal que debe ser desarrollado”. Pero resulta que la Constitución no utiliza la palabra racional. Se inventan ellos que está allí para aducir que es un objetivo constitucional. Y miren cómo explican lo que quiere decir racional: “Adicionalmente dicho principio –o sea, el de la racionalidad– se apoya en razones de orden técnico y económico, pues las áreas con un potencial interesante –es decir las buenas, el lomo, donde están los recursos en grande– deben explotarse siguiendo un planteamiento minero organizado y unificado para evitar que al fragmentarse en pequeñas explotaciones o proyectos destruyan los yacimientos, depreden los campos y deterioren el medio ambiente”. O sea, si no es la gran minería, unificando los campos, lo que pasa es que al fragmentarse en pequeñas explotaciones o proyectos, repito, estoy leyendo, destruyen los yacimientos, depredan los campos y deterioran el medio ambiente, y para que no queden dudas de qué están pensando, ponen un ejemplo de ese desastre: “Como desafortunadamente ha ocurrido con gran parte de las explotaciones carboníferas en el altiplano cundiboyacense”, que, como sabemos, está lleno de pequeña minería. Esa es la tesis, reconózcanme, senador Manzur y senadores de la mayoría uribista, que eso es lo que quieren hacer: afinar, mejorar las gabelas y las condiciones para la gran minería. La explicación es que la pequeña minería hace muchos daños y yo no dudo que en la pequeña y en la mediana haya mil problemas que el Código tampoco intenta solucionar, como bien lo afirma la Contraloría. El Código no hace nada para la pequeña minería fuera de intentar ponerla en condición de que no exista. Entonces el problema de la pequeña minería se va a arreglar es logrando que no exista, o porque no se le dan concesiones, o porque la van a integrar con la gran minería. Un estilo en la lógica de que el niño está enfermo y para curarlo de la enfermedad se lo mata y se acaba el problema, se le desaparece sin duda alguna la enfermedad.

Grande y pequeña minería

Aquí voy a plantear una discusión. Ya está claro que la gran minería no está exenta de los deterioros ambientales, que incluso pueden ser mayores. ¿Qué deteriora más, la pequeña minería carbonera de socavón del altiplano cundiboyacense o la gran minería a cielo abierto en la Costa Norte de Colombia? No sé, no soy especialista en el tema, no tengo muy claro si ese daño de la minería de cielo abierto es o no reversible, puede que sí, puede que no. Estamos hablando de centenares de miles de hectáreas que estamos perdiendo de pronto para siempre. Las trasnacionales dicen que vuelven y ponen los arbolitos y se arregla todo. Yo no lo creo mucho. Pero en todo caso, ¿hoy qué hace más daño, la minería de socavón o la de cielo abierto?

Los líos laborales están presentes en las dos formas de minería y también los demás problemas en general. Pero aquí aparece otra discusión: ¿qué es eso de la racionalidad? Senador Manzur, se lo planteé a usted el otro día, porque eso de la racionalidad depende de muchas cosas. Por ejemplo: para un país lleno de desempleo, la racionalidad de la gran maquinaria, que sin duda la tiene y por eso existe, ¿sí es racional frente al desempleo? Los países serios esto lo discuten de fondo, ¿cómo hacer para que el empleo no desaparezca? En Boyacá, en cambio, es probable que sea poco racional esa explotación minera de pico y pala desde el punto de vista de lo tecnológico, pero también que tengan menos problemas de desempleo que los existentes en el Cesar y La Guajira. Los camioneros nos lo plantearon en Santa Marta en estos días. Nos dijeron, senadores, si ustedes nos sacan a nosotros los de los camiones, ya no va a haber entonces el lío de la contaminación por los camiones, pero se van a perder no se sabe cuántos empleos. Y eso me interesa que la Contraloría lo mire: de qué racionalidad estamos hablando. Lo que ocurre, me dicen, es que la pequeña minería no paga impuestos y yo les replico que la grande también paga bien poco. Y si no pagan impuestos los de la pequeña minería, ¿qué hay que hacer? Lograr que paguen o incluso no, porque si no pagan, de pronto acumulan capital a cierta velocidad. Las pequeñas o medianas empresas se pueden volver grandes precisamente porque no pagan impuestos. En cambio los impuestos que no pagan las trasnacionales se van de Colombia. Le hago un llamado a toda la gente de la academia y sobre todo a los jóvenes a no tragar entero. Muy bonitas las palabras racionalidad, eficiencia, pero qué quieren decir. En esos restaurantes de “corrientazos” baratísimos probablemente las condiciones higiénicas no sean las mejores, pero son baratos y le pegan directo a la racionalidad de los pobres. O cómo es la cosa. Un pobre va y se mete un almuerzo de 30 ó 40 dólares en condiciones higiénicas sobresalientes, suponiendo que sí lo sean, y es algo muy racional con respecto a su úlcera o su salud, pero resulta que se le muere de hambre la familia porque se queda sin plata.

Hay algo que me escandalizó más en la propuesta y es la idea de generar un Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Y esto me parece de lo más pro gran minería que se pueda ver. Soy amigo de racionalizar las cosas, de que se planifiquen de la mejor manera y me parece sensato que haya un Plan Nacional de Ordenamiento Minero. Pero lo que sí veo desproporcionado es que se diga lo siguiente: “En la elaboración, modificación y ejecución de los Planes de Ordenamiento Territorial o cualquier otro instrumento de planificación del territorio las autoridades competentes se sujetarán al Plan Nacional de Ordenamiento Minero”. Con franqueza les digo, cómo se les ocurre esto. La Contraloría ahí mismo pegó el brinco. El Ministerio de Ambiente dice que no vayan a aprobar eso, porque es una locura. Pero cómo lo pusieron, no entiendo. Estamos hablando de que la minería puede generar problemas ambientales gravísimos, y miren ustedes, en Perú ya hay unos líos gravísimos, líos políticos, de confrontaciones entre las comunidades que no quieren que les destruyan su territorio y unas empresas mineras que llegan como vinieron en la Colonia. Acuérdense el Cerro del Potosí, en Bolivia, o los destrozos de la gran minería inglesa en el Chocó y el nordeste de Antioquia. Vayan a El Bagre, a Istmina, a todos esos sitios, para ver los horrores que dejaron las trasnacionales con el cuento de que nos iban a sacar del subdesarrollo. Estoy hablando de hechos, no de pruritos izquierdista.

Aquí se ha dicho que el sector va a mejorar mucho por aquello de la responsabilidad social empresarial. Esa es una frasecilla con la que andan haciendo ahora mucho ruido. Es chistoso, aunque no pude traer la cita textual. Milton Friedman, el gringo ideólogo de esta tendencia, Premio Nóbel de Economía, el que orientó a Pinochet, asegura que la única responsabilidad social de las empresas es hacer las cosas con miras a ganar harta plata. La Ley 142 de servicios públicos establece que el principal criterio para administrar las empresas de servicios públicos privatizadas es ganar plata. O sea, esa tal responsabilidad social son cuentos, pero además, y lo denuncia la Contraloría, “lo que se señala en el artículo de responsabilidad social empresarial habla de unos comportamientos voluntarios de las empresas”. Entonces una ley que, según se supone, se va a preocupar por la sociedad y la vida de la gente, lo deja a voluntad de unas empresas como estas de la gran minería que tienen fama de depredadoras en el mundo entero. No hay otra forma, me dice el senador Manzur. Entonces no lo pongamos, o si lo ponemos, no le echemos el cuento al senador Ramiro Estacio de que se trata de un gran artículo. Porque no funciona, no opera, para que no nos metamos cuentos. Además no creo que un artículo que confunde a la gente sea bueno. Pienso que si en algo debemos preocuparnos quienes tenemos responsabilidades es en decir las cosas con toda claridad y no generar ilusiones. Porque el problema existe, senador Manzur, entonces intentémoslo resolver en las normas y no pongamos cosas en las normas que creen la ilusión de que se van a resolver, cuando no es así. Es el mismo problema del trabajo de los niños. Está prohibido en todas las leyes, luego meterlo en este nuevo Código no resuelve nada. En parte aquí el problema no es que no haya normas, sino que hay normas que no se cumplen. Y no se cumplen porque el Estado no gasta lo que debiera en hacerlas cumplir. Si la minería le produce tantos ingresos al Estado, por qué no se gasta una parte importante de esos ingresos bregando a que se cumplan las normas. No, todo queda al garete, la plata se coge para otra cosa y esta minería se hace con los horrores con los que se está haciendo.

Yo me uno a la idea que expresa la Contraloría de que este proyecto no sirve. Creo que no tiene arreglo. Con franqueza les digo, no me voy poner en el esfuerzo de intentar arreglarlo, porque no tiene sentido. Lo que al final queda es Frankestein con los labios pintados y aretes, pero el mismo Frankestein. Y el senador Robledo, como un idiota útil avalando un proyecto con el que no está de acuerdo. Yo en eso no me voy a poner. No les voy a molestar la vida bregando a maquillar lo que no tiene arreglo. No tiene solución, porque está mal enfocado, mal planteado.

El principal argumento, la defensa de la soberanía

Pienso que tres grandes cosas debería tener un código minero, como grandes criterios. Primero, más Estado controlando, cobrando impuestos, asegurando que se paguen las regalías. Porque ese es el patrimonio de la nación y es el Estado el que tiene que velar por él. Y particularmente, más Estado frente a las trasnacionales. Que un pequeño minero de Boyacá se le tumbe unos pesos en impuestos al Estado, a mí no me gusta y estoy en desacuerdo y no debiera ser así. Pero que se los tumben Drummond, Glencore, Xtrata, Anglo Gold Ashanty, personalmente me revuelve la úlcera, porque puedo demostrar que es más grave para el desarrollo del país lo segundo que lo primero, aun cuando moralmente pueda ser idéntico el caso. Para dividir la propuesta en dos, más Estado en todo, en impuestos, en regalías, en medio ambiente, en los derechos laborales.

Lo segundo, debiera haber un capítulo entero de respaldo a la pequeña y mediana minería. ¿Qué vamos a hacer con la pequeña y la mediana minería? Mire, senador Manzur, no se hagan ilusiones pensando que la pequeña minería se va a acabar porque le van a dar gabelas a la grande y que así se van a resolver los problemas. Tengo informes que señalan que en África, donde ya se ha aplicado este tipo de reformas, entre el 20 y el 25 de la minería sigue siendo pequeña. Y es lo que va a terminar pasando aquí, porque además, en la miseria en la que está el país, el TLC nos empuja a que todo lo hagamos con minería. El TLC va a acabar con el agro y la industria y el país va a sobrevivir de la minería. Fácilmente están diseñados horrores para este país en lo que tiene que ver con minería. Pero esa pequeña minería no se va a acabar porque ustedes le den gabelas a la grande. Debiera haber entonces un capítulo entero, incluso por esta última razón que estoy planteando, pero claro que por razones sociales y ni se diga de otros órdenes. Una pequeña minería a la que además dejaron sin medios de transporte. Aquí cogieron el único tren que había en Colombia para salir a la Costa Norte y se lo entregaron a unas trasnacionales y entonces los mineros del centro del país tienen que sacar su carbón en camiones. ¡Eso qué es! Para no hablar de lo que fue ese negociado del tren, que cuanto más lo estudio más me impresiona. Sobre esto vamos a hacer otro debate en la Plenaria de Senado, de cómo fue que se tumbaron el tren que era de Colombia. Entonces me uno a una frase con la que terminó la Contraloría su primer informe. Dice Contraloría: uno, este articulado no arregla los problemas del Código y dos, no defiende los intereses de la nación. Y ese para mí es el principal argumento. Decía algún día, que ganen plata, estamos en el capitalismo, pero el problema es cómo la ganancia no se pone en contraposición con los intereses de la nación, que es lo que nos pasa en este proyecto. Se pone contra los intereses de la nación y la ganancia se queda sin justificación, porque cuando el que gana genera progreso de verdad, bienvenida la ganancia, pero si genera deterioro, las cosas no funcionan.

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