Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Minas y Energía sobre la mina La Colosa, en el Tolima, y la hidroeléctrica de El Quimbo, en el Huila, Comisión Quinta, 23 de junio de 2009
Nuevo gravamen contra los ganaderos de leche. 2.700 familias van a ser desalojadas de la comuna San José, en Manizales. ¿Al capital extranjero hay que entregárselo todo? Para la AngloGold, dos millones y medio de hectáreas. Regalía irrisoria del 4 por ciento. Quién responde por el daño ambiental. Cajamarca no va a salir de pobre. AngloGold violó las leyes colombianas. Desastre ambiental. El proyecto minero va a demandar casi mil millones de metros cúbicos de agua. El Quimbo, una hidroeléctrica entregada al capital europeo. A Emgesa, en El Quimbo, se le otorga ilegalmente la licencia ambiental. Trámite irregular. Contraloría y Procuraduría en contra.
Antes de entrar en materia quiero hacer mención de dos puntos, el primero, ya señalado aquí, el de la leche, y quiero repudiar de manera enfática los nuevos gravámenes contra los ganaderos de leche. No es una medida progresista ni democrática, pero además es ilegal. No es que se reúnan un ministro y una agremiación, por encopetada que sea, y le van poniendo una carga parafiscal a medio millón de colombianos. No, se supone que aquí hay un Estado de Derecho. Las cargas parafiscales solo las puede imponer el Congreso de Colombia, previo debate, y no una agremiación con un ministro y como si fuera un negocio de compadres. Es absolutamente inaceptable.
Hay otro asunto que quiero mencionar, señor ministro. Estamos entrando en otro pleito. Estuve el domingo en una reunión con unos mil vecinos de una zona de Manizales a la que asistió el propio arzobispo de la ciudad, monseñor Fabio Betancur, porque hay una inconformidad muy grande porque usted, en asocio con el alcalde de la ciudad, están impulsando un proyecto de renovación urbana que me recuerda la renovación urbana de la Roma de Nerón. No sé si usted sabe que el incendio de Roma fue un proyecto de renovación urbana de especuladores inmobiliarios. El proyecto de Manizales es realmente de un extremismo y una desconsideración miedosos. Con el pretexto de atender unas personas que están en riesgo, y estoy de acuerdo con hay que atenderlas, ustedes van a desalojar de sus predios a 2.700 familias. Es algo escandaloso. El proyecto incluye aplicarle a la gente la utilidad pública para conseguirle un lote a algún negociante particular. Senador Luis Emilio Sierra, esto es inaceptable. Ese parquecito tecnológico del que están hablando no es más que otro negocio. Que ese señor o los señores interesados compren un lote en cualquier parte de Manizales, pero no les abarate usted, señor ministro, el precio de la tierra con una declaratoria de utilidad pública. Es un debate que vamos a hacer el semestre entrante, pero lo quería dejar planteado desde ya, porque hay mucha molestia en la ciudad y se reunieron el pasado domingo más de mil vecinos en un Colegio de la Arquidiócesis para protestar por este hecho.
¿Al capital extranjero hay que entregárselo todo?
Entrando ya en materia, yo no me opongo a que en Colombia opere capital extranjero. Por supuesto que no me opongo, siempre y cuando ese capital extranjero venga en beneficio del progreso nacional y no a hacer daños y destrozos. El capital extranjero puede llegar a hacer daños y destrozos como también a contribuir positivamente al desarrollo. Ahí lo que toca hacer siempre en cada caso es un análisis de costo-beneficio a ver si nos conviene o no, bajándolo de las falacias que se han planteado en Colombia de que siempre y en todos los casos, cualquier capital extranjero que llegue a Colombia es bueno y hay que entregárselo todo porque dizque nos va a salvar. ¡Paja! Si los colombianos no nos salvamos a nosotros mismos, nadie nos va a salvar de todas las tragedias que estamos viviendo.
Y lo mismo con respecto a la minería. No tengo una posición de principios en contra de la minería. Estoy empezando el debate por el tema de La Colosa, para seguir la exposición del doctor Mauricio Jaramillo. También aquí se trata de hacer un análisis de costo-beneficio a ver si son más los daños que los beneficios, porque todos sabemos que la minería, por definición, genera fuertes impactos ambientales.
Dichas estas dos cosas, añado una tercera. Uno de los pleitos grandes que están apareciendo en el negocio de la minería es que este gobierno y en especial este Ministerio tienen un marcadísimo sesgo en beneficio de la gran minería, en beneficio de las trasnacionales de la minería y en contra, a mi juicio, del trabajo minero de pequeños y medianos empresarios o artesanos o como se les quiera llamar, porque allá hay de todo. Esa actitud, senadores de la Comisión Quinta, está generando ya problemas extremadamente graves.
A Marmato llegó una trasnacional minera, la Colombia Goldfield, cerró 150 minas que compró baratas presionando a la gente, destruyó los molinos en que se procesaba el mineral y un buen día, en diciembre, se largó dejando todo tipo de deudas en el comercio y una hambruna en el municipio. Y no hay autoridad en Colombia que controle este tipo de cosas. Hay también serios problemas sociales en el Chocó y en el Bajo Cauca antioqueño por la persecución contra la pequeña y la mediana minería. Repito, no me opongo a que haya gran minería en Colombia, pero sí pienso que lo que necesitamos es un modelo económico dual, donde la gran minería actúe cumpliendo las normas, sin llegar como Atila y como los dioses de la tierra a hacer lo que se les da la gana, y que se tenga una especial consideración con los pequeños y medianos mineros. Pueden terminar ustedes, ministros, enfrentando problemas de orden público en ciertas regiones de Colombia donde los pequeños y medianos mineros están siendo desplazados por la gran minería.
Para la AngloGold, dos millones y medio de hectáreas
Porque aquí hemos llegado a absurdos, y lo que voy a denunciar lo cuenta la misma AngloGold Ashanti, en su reporte del 2007. Dice que en el 2004, ella y sus asociados presentaron propuestas de contratos para tomar tierras por ¡10.800.000 hectáreas!, o sea, se están quedando con todas las tierras de Colombia. Concluye que después de un proceso, para el 2008 se van a quedar con contratos por 2.500.000 hectáreas, un hecho que el país tiene que examinar con detenimiento, senador Jaramillo, porque aquí también los ciudadanos colombianos han de tener derecho a desarrollar actividad económica y porque es muy grave el poder político que deriva el capital extranjero de controlar porciones del territorio tan grandes, como si no existiera la soberanía nacional. Pregunto yo, quién en Barrancas o en un municipio de La Guajira se atreve a mover un dedo en contra de la opinión de la trasnacional que allí extrae el carbón o cómo es la política en el Cesar frente al poder de la Drummond y demás compañías.
No es cierto que estas empresas paguen regalías suficientes por el negocio del oro. La regalía es algo así como el precio que cobra la nación por ser la dueña del recurso. Pues bueno, en estos casos como el que estamos hablando de La Colosa, en Cajamarca, Tolima, la regalía es del 4%, una regalía ridícula. Resulta mejor negocio sacar el oro, transportar el oro o procesar el oro que ser el dueño del oro. Yo acepto en gracia de discusión que en la pequeña y mediana minería no haya regalía o haya una muy baja, pero que a empresas de estas proporciones se les cobre el 4% me parece inaudito. Y si además sabemos que esas empresas actúan con grandes rebajas tributarias en el impuesto de renta, si uno cruza la regalía ridículamente baja contra los descuentos tributarios, da que les regalamos el oro. Luego al final lo único que nos queda es el hueco, el desastre ambiental, porque en el balance completo del negocio, en lo que podríamos llamar en este caso el State Take (como se dice en petróleos), lo que toma el Estado por regalías y por impuestos, resulta que quedamos con saldos negativos.
Para darles una idea de cuán desiguales pueden ser las relaciones con estas regalías de que tanto nos hablan, porque el cuento es que vamos a salir de pobres con las regalías, digamos que de acuerdo con los cálculos dados por la propia empresa, este proyecto podría generarle a la nación colombiana, sumada a municipios y departamentos, unos 400 millones de dólares de regalías en toda la operación. Y si se llega a arruinar el distrito de riego de Usocoello en El Espinal, uno de los riesgos que afrontamos, se perderían al año en arroz 105 millones de dólares, que es lo que produce ese solo distrito de riego. A mí entonces me dicen 400 millones de dólares de regalías en toda la operación del proyecto contra amenaza de pérdidas de cien millones de dólares al año en el solo municipio de El Espinal y empiezo a poner en su justa proporción qué tan grandes son las regalías de las que estamos hablando.
Se le dice a la gente que es el proyecto que estaban esperando, que ahora sí vamos a salir de pobres, y en eso sí que engañan al pueblo. Se lo digo con todo cariño a las gentes de Cajamarca: vayan y miren en La Guajira si es verdad que con el carbón salieron de pobres o vayan y miren en el Cesar o vayan y mírenlo en El Bagre y Zaragoza, Antioquia, donde están sacando oro desde hace cien años y hoy esos dos municipios tienen porcentajes de pobreza y de miseria bastante más altos que el promedio nacional. Luego el espejismo del oro y de la minería hay que mirarlo con mucho detenimiento. Para la AngloGold sí que es un gran negocio, de eso no puedo tener la menor duda, un negocio excelente que le produce utilidades astronómicas, pero aquí el problema no es cuánto gana la AngloGold Ashanti, sino qué le pasa a Colombia, porque supone que ustedes los ministros representan el interés nacional y no el de la AngloGold Ashanti.
Quién responde por el daño ambiental
Hago esta advertencia, aquí se nos dice, se nos jura y se nos rejura, y estas compañías producen documentos de miles de páginas aduciendo que no va a pasar nada. Pero yo le pregunto a usted, ministro de Minas: ¿se compromete la AngloGold Ashanti con todo su patrimonio global a responder si en La Colosa fallan sus cálculos y hay una destrucción inmensa? Usted y yo sabemos que no responde, primero, porque esas trasnacionales traen el nombre completo cuando llegan a Colombia, pero a la hora de operar lo hacen con una subsidiaria. Usted lo acaba de vivir en el caso de Glencore en Cartagena, ministro. Se armó todo el ruido por el negocio con Glencore, una de las grandes del mundo, y cuando los suizos se le mamaron al negocio, como se dice coloquialmente, y dejaron al país metido, o a ustedes metidos, quién responde. Una empresita de pacotilla instalada en algún paraíso fiscal de Las Antillas, unos centros de corrupción, y no hay a quién caerle.
Pero además, y está dicho por los propios ministros y si me equivoco, me refutarán ustedes, no existe norma en Colombia que permita caerle a una empresa minera de estas el día de mañana si falla en sus cálculos y la mina produce un desastre. Si el día de mañana, senador Jaramillo, la operación de La Colosa acaba con el distrito de riego de Usosaldaña, no hay cómo caerle a la AngloGold Ashanti si ha cumplido con los requisitos planteados en el estudio ambiental, requisitos, digámoslo también desde ya, definidos por ellos mismos. Si en esto hay algo monstruoso, colombianos, es que a estas compañías les dice el gobierno, bueno, si quieren operar, tramiten una licencia ambiental. Pero resulta que la licencia ambiental la hace la compañía interesada. Ella es la que recolecta las cifras, la que las da, la que las pone, la que las trae. Ninguna capacidad de auditaje tiene el Ministerio del Medio Ambiente, un Ministerio ridículamente débil, suponiendo que sean inmunes frente a la corrupción en todos los niveles. Tan ridículamente débil, que no tiene con qué contradecir las cifras, porque no puede auditar su propia recolección, no nos echemos cuentos. Si algo es perverso en Colombia es que el interesado, el que quiere explotar la mina, es el que hace el estudio de impacto ambiental, porque las normas no dicen que paga la trasnacional o la empresa minera, pero el estudio lo hace una empresa independiente, o lo hace el Ministerio, el Estado colombiano. Eso de que el interesado es el que hace las vueltas le recuerda a uno la famosa historia del registro de Padilla. En unas elecciones por allá en el siglo XX, eran los interesados los que cargaban con la urna y con el resultado de las elecciones.
Y a esto hay que agregar una cosa sobre la que quiero protestar enfáticamente. Me parece inaceptable que esa empresa, allá en Cajamarca y El Quimbo, de Emgesa, en el Huila, anden repartiendo espejitos entre las comunidades pobres. Me parece absolutamente inaceptable. Es un acto de corrupción eso de que se vayan a repartir mercados y que saquen muelas y que den cursos de costura, con el único propósito de ganar opinión pública a favor del proyecto. Me parece un acto de corrupción. Es como si llegaran aquí, ministro, a repartirnos espejitos de oro de verdad para generar opinión pública. ¿Quién aceptaría esa práctica como un acto honrado? En eso quiero ser enfático, esos son actos de corrupción.
Que Cajamarca va a salir de pobre… no nos echemos cuentos. Cajamarca no va a salir de pobre, ni va a resolver sus problemas. El número de empleos que se crea reviste alguna importancia en la fase de construcción del proyecto. Después cae. Todo indica que van a tener que llevarse a la gente a vivir a Ibagué, porque si la ponen a residir en Cajamarca se arma un problema social de proporciones inmanejables. Pero además, y estas son situaciones que no analizan los estudios de impacto ambiental, ¿que va a pasar con el salario rural de la región? Esa es una zona de una producción agrícola importante en Colombia, y pienso que el salario rural se va a disparar y que la agricultura y la ganadería de Cajamarca van a perder competitividad. Hoy ellos venden mucho en Bogotá y el proyecto fácilmente va a generar un impacto dolorosísimo en las otras economías de la zona.
AngloGold violó las leyes colombianas
Está demostrado, y no voy a insistir en que la AngloGold Ashanti violó las leyes de la República de Colombia cuando hizo exploración en esa zona de reserva. De eso no hay duda. Tan no hay duda, que el Ministerio, no el más acucioso para perseguir estos casos, se tomó el trabajo de abrir una investigación. Ahí está un proceso que todavía no ha terminado. No me cabe entonces la menor duda de que violaron las normas. Lo dijo Cortolima, que les paró la obra, lo dijo la Procuraduría Agraria del Tolima. Hay, digamos, un consenso, y en ese sentido yo protesto aquí también, señor ministro, porque la AngloGold Ashanti haya dicho en un informe oficial que ella no ha roto ninguna ley de regulación desde que se inició la exploración en Colombia. Eso no es cierto, es informarle de manera falaz al mundo sobre lo que ha sucedido. No solo el negocio de AngloGold empieza violando flagrantemente las leyes de la República de Colombia que todos debemos cumplir, y en especial los extranjeros, que deberían dar ejemplo de cumplimiento, sino que además la licencia que usted ha expedido, señor ministro, también es ilegal, qué hacemos. Es una licencia que usted expide en medio de la ilegalidad.
Voy simplemente a leer unas cuantas opiniones de la Procuraduría General de la Nación, cuyos miembros no pertenecen, ni mucho menos, a las organizaciones de oposición. Dice el doctor Diego Alvarado Ortiz, procurador regional, funcionario que ha jugado un papel valeroso en la defensa de los intereses de los tolimenses: “Ahora AngloGold Ashanti solicita la sustracción del área que de concederse equivale a legalizar el no acatamiento de la Ley y premiar una compañía extranjera que flagrantemente violó entre otros el artículo 210 del Código de Recursos Naturales”. Esto es parte del alegato del doctor Alvarado. También se ha opuesto Cortolima y se ha opuesto la Contraloría Departamental del Tolima, no voy a entrar en detalle. El señor procurador general de la Nación dice que hay en su decisión, señor ministro, una manifiesta contradicción del acto administrativo con el ordenamiento jurídico superior, circunscrita a la violación de la ley y a la falta de motivación. Dice el procurador general de la Nación que hay falta de motivación en su decisión, o sea, que usted no tiene argumentos ni razones suficientes para haber concebido esa licencia. Considera el Ministerio Público que su resolución vulnera normas de carácter constitucional, especialmente los artículos 79 y 80 y referentes.
Hay una total ausencia de motivación, lo dice textualmente el señor procurador. No existe en la resolución una sustentación clara de las razones por las cuales la máxima autoridad ambiental del país accede a sustraer el área de la reserva forestal para adelantar estas actividades exploratorias. La ilegalidad es a mi juicio manifiesta, entre otras cosas, porque usted no puede irse en contra del Plan de Ordenamiento o POMCA de la cuenca del río Coello, y usted lo sabe bien, señor ministro, o debiera saberlo, porque es el abecé en estos debates ambientales. Luego la violación de la ley es en este caso flagrante. Usted no puede irse en contra del POMCA del río Coello ni del POT de Cajamarca. Hay además un agravante que a mí me mortifica, un detalle que en medio de la descomposición de este país tal vez pase inadvertido. Cómo es posible, ministro, que usted dé la licencia ambiental sin que haya salido una decisión sobre la violación de la ley cometida por AngloGold Ashanti en el caso de la mina de Cajamarca, cuando se está en pleno proceso de investigación de un delito. Cómo es posible que cuando debe resultar sancionada la empresa, usted la premie, como lo dijo el procurador, dándole la licencia ambiental.
Aun cuando fuera por razones de forma, ministro, usted ha debido esperarse a ver en qué terminaba el proceso, y yo creo que tiene que terminar en sanción. Pero a usted se le creó también un problema extremadamente grave de índole legal y moral y es que usted le entregó una licencia ambiental a una empresa que está siendo investigada por violación de la ley. ¿Usted cómo va a cuadrar esas dos cosas? No me sorprendería que dijera que este proyecto no empezó violando la ley. Ya en la práctica, a pesar del alegato de índole jurídico y moral que estoy haciendo, la empresa dirá, no importa lo que pase, que ya tenemos entre el bolsillo la licencia ambiental y ya veremos cómo arreamos ahí el resto del proceso.
Desastre ambiental
La importancia de la zona de la que estamos hablando está fuera de discusión. Les aseguro que en ningún país civilizado del mundo le darían la menor posibilidad a una empresa minera como esta en un proyecto de cielo abierto para intervenir un nudo de aguas como ese que abastece a medio Tolima. Aquí no estamos hablando de un proyecto en la mitad de un desierto ni de un área abandonada, sino de un proyecto en el corazón económico de Colombia, al lado de una carretera que estructura un desarrollo importantísimo del país. El impacto ambiental va a ser enorme, como lo certifica Pax Christi, una organización holandesa muy respetable que promueve análisis democráticos sobre el medio ambiente, intentando contrarrestar en parte el poder de las trasnacionales que son las únicas que hacen estudios, porque aquí el Ministerio de Minas no hace ni uno, de nada. Se ciñe a lo que le digan las trasnacionales, lo mismo que el Ministerio del Ambiente.
Trajeron a un especialista norteamericano, Robert Morant, y él explica cómo allí hay una serie de riesgos que tienen que ver con la acidez de las rocas y con procesos muy complicados. En aras de la brevedad, voy a resaltar uno solo, el del uso del agua. Afirman los de Pax Christi que el señor Carl Brechtel, en ese momento director de estudios de La Colosa, en nombre de AngloGold Ashanti, les reveló que necesitaban algo así como un metro cúbico de agua por cada tonelada de material extraído. Estos son proyectos que requieren mover mucho material, mucha roca, y necesitan mucha agua.
Hay que mover entre 20 y 35 millones de toneladas de piedra y material al año, y esto requiere entre 631 millones y 946 millones de metros cúbicos de agua. Este es un gran problema. El oro es lo menos que hay. El oro es como un gramo por cada tonelada. El problema es que hay que mover una cantidad descomunal de roca y para eso se necesita una inmensa cantidad de agua. AngloGold Ashanti afirma que ellos pueden reciclar el agua. Según sus cálculos, pueden salvar por ahí el 60% del agua utilizada. El otro 40% se pierde por problemas de evaporación, de filtración, de goteo, etcétera. Les recuerdo a ustedes que aguas abajo del proyecto está Ibagué, están varios municipios, está el distrito de riego del río Saldaña, en Espinal.
¿Cuál es la conclusión de este estudio? Las cantidades de agua que se necesitan para el proyecto serían gigantescas y podrían generar crecientes competencias y disputas con los demás usuarios ubicados mas allá, aguas abajo, como es el caso de los cultivadores de arroz. Suponiendo que no pasara nada con envenenamientos, con ambiente y con biodiversidad, aquí va a surgir un pleito por agua extremadamente grave, y además en unas pendientes superiores a 45 grados, en unas condiciones de explotación tremendamente complicadas, con unos desechos descomunales en piedra y en una zona de riesgo sísmico relativamente alto, pues tenemos al lado el volcán Machín, de erupciones explosivas muy fuertes, como está geológicamente demostrado.
Estamos entonces en una zona que tiene complicaciones de todos estos órdenes, con un proyecto que agrava los riesgos en proporciones descomunales. La investigación de los de Pax Christi concluye haciendo dos denuncias para mí bien importantes, y quiero reiterarlas, primero, que el Ministerio de Ambiente parece no entender el problema. Ellos estuvieron reunidos con ustedes, ministro, y con los de AngloGold Ashanti y parecieron no entender el problema o no estar interesados. La debilidad técnica de este Ministerio no me la puede refutar a mi nadie, porque además lo han estrangulado al máximo, haciendo que las posibilidades de un debate técnico sean supremamente complicadas.
Insisten también los de Pax Christi en que AngloGold no da garantías económicas con respecto a los efectos perversos que pueda ocasionar este proyecto. Si La Colosa termina en un desastre ecológico, la compañía minera no responde, como tampoco los del estudio. Dicen que es de maravilla, pero si le preguntamos si responden por el estudio, nos dicen, eso sí tampoco, porque aquí pueden suceder fenómenos que no controlamos. E insisto en lo que planteé al principio. Cómo así que el interesado es el que hace el estudio, eso es absurdo, porque al que aspira al negocio y quiere ganarse la plata, al final le importa un pepino si el Tolima se queda sin agua. El que hace el estudio es el que prueba, entre comillas, que todo está perfecto. Curiosa manera de gobernar a estos países. Aquí hay, no las voy a leer, quince, diecinueve razones más de riesgos ambientales denunciados por la Contraloría General de la República.
Antes de concluir este tema para pasar al de El Quimbo, señalemos que la Ley 99 del 93 consagra el principio de precaución, ratificado por la Corte Constitucional. El principio de precaución sugiere que en los casos en que no pueda demostrarse hasta la saciedad que un proyecto como estos no genera riesgos, lo sensato es ser precavido y no actuar. Es un principio de la vida social normal. Si yo voy caminando y hay una calle oscura donde me han dicho que asaltan, pues el principio de precaución me aconseja no pasar por ahí. Ahora, puede que no pase nada y puede que alguien en la esquina me diga no va a pasar nada, pero si uno es sensato no pasa. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Están amenazando una porción importantísima del departamento del Tolima y del país y no nos dan ninguna garantía con respecto a que no pase nada. Luego abstengámonos de llevar a la práctica el proyecto minero a cielo abierto.
El Quimbo, una hidroeléctrica entregada al capital europeo
El otro tema que quiero mencionar, señores ministros y presidente, es el de la represa de El Quimbo, en el Huila, y empiezo haciendo las dos advertencias del tema anterior. Creo que puede haber hidroeléctricas. No tengo por principios una posición en contra. El agua se supone que es gratis, pues cae del cielo y es energía limpia. La energía eléctrica tiene ese encanto, pero también digamos con franqueza que se ha abierto en el mundo un gran debate en torno a las hidroeléctricas y en eso debemos ser respetuosos. Hay mucha gente que está criticando con toda seriedad las hidroeléctricas por sus complicadas consecuencias ambientales. En Estados Unidos, por ejemplo, están incluso desmontando algunas. Pero, repito, no tengo una posición de principios en contra, como tampoco me opongo a que en Colombia haya inversión extranjera, siempre y cuando se demuestre que es positiva para el desarrollo del país.
Mi pleito con el Quimbo tiene que ver, primero, con las características económicas del proyecto. Se trata de un proyecto entregado a una trasnacional europea, la misma que controla a Emgesa. Hoy el capital europeo es igual al norteamericano. Es bueno que se sepa que hoy en el mundo, trasnacionales europeas y gringas para estos efectos todas son una, como diría el autor de Pax Christi.
El negocio empieza porque a Emgesa se le otorga un cargo por confiabilidad, algo así como si a usted le dicen: construya una hidroeléctrica que le pueda servir a Colombia para el día en que haya un déficit de energía. Eso a mí me parece que es sensato. Un país debe hacer esfuerzos por no caer en un apagón como del gobierno de César Gaviria. Sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el tipo de negocio, muy propio de esta época, de esos de los que yo llamo de burro amarrado, porque el gobierno le garantiza a la empresa que no va a perder plata prenda o no prenda las máquinas. Puede aumentar o disminuir un poco la ganancia, pero por lo menos está asegurada.
Es lo primero sobre lo que llamo la atención, porque estas gabelas a ese inversionista, y lo dice el Ministerio, se pagan con las tarifas, o sea, es a Pedro Pueblo al que le cobran en últimas el famoso cargo por confiabilidad. Y miren lo que dijo un boletín de prensa del palacio presidencial, en la lógica de la confianza inversionista: “El Presidente Uribe aseguró que El Quimbo se hará bajo el nuevo esquema del gobierno”, en el que primero se concede beneficio de zona franca, muy conocido por las andanzas de los hijos de Uribe. Zona franca quiere decir que las empresas no pagan impuesto de renta del 33% sino del 15, más otro poco de gabelas, en negocios del burro amarrado, y les enciman además un contrato de estabilidad jurídica por el cual no les será aplicada ninguna norma que afecte negativamente la economía de esas empresas. Si el día de mañana hay un nuevo impuesto de guerra, por ejemplo, esa empresa no lo pagará, como no lo paga Bavaria en el caso de la Zona Franca de Yumbo.
No les va mal a los señores de Emgesa en el negocio, pero miren que no paran aquí las gabelas. Es que la confianza inversionista lo que suele ocultar es para quiénes hay confianza, porque a la pequeña minería poca confianza inversionista le toca. Es como el cuento de hacer de Colombia un país de propietarios. No nos dicen de cuántos. El Ministerio de Ambiente le otorga además a Emgesa la licencia ambiental, y esto llama mucho la atención, pues creo que aquí hay una ilegalidad o por lo menos una irresponsabilidad. Se la dio el 15 de mayo de este año, pero el negocio de la disponibilidad se firma en junio del 2008, casi un año antes. Es inaudito, porque volvemos a lo mismo. Tienen en la práctica que darle la licencia ambiental, porque cómo no dársela, primero, porque si no, se corre el riesgo de inmensas demandas de Emgesa contra la nación. O suponiendo que no sea así, se desbarata todo el proyecto de prevención del riesgo en los negocios del cargo por disponibilidad. Es inaudito. El país tiene que aterrarse de la manera como lo están gobernando. Que esto lo hagan en la finca de alguien vaya y venga, que lo hagan en El Ubérrimo, me dice aquí el senador Jaramillo, pero que esto suceda en negocios de este calibre en que esté involucrada la Nación, sí es bien grave.
Después, el 1º de septiembre del año pasado, el presidente de la República y el Ministerio declararon de utilidad pública los terrenos donde se va a hacer El Quimbo. Qué quiere decir de utilidad pública. Que Emgesa prácticamente adquiere el poder de expropiar y de sacar a cualquier propietario que se oponga a sus requerimientos. La utilidad pública es aquí la utilidad particular del negocio de unos señores, en este caso Emgesa. Y como si fuera poco, el 15 de abril de 2009, el presidente de la República dispone instalar allí, para cuidar El Quimbo, al Batallón Especial Energético Vial Número 12 con 1.200 soldados.
Las solas instalaciones del batallón, como nos lo certificó el Ministerio de Defensa, valen 142.000 millones de pesos, y no sé cuánto costará sostener a los soldados. Pero entonces uno se pregunta, ¿esto es la confianza inversionista? Sí, la confianza inversionista es coger el poder del Estado para hacer cualquier desafuero en beneficio de unos negociantes, en este caso extranjeros. Estamos precisando las fechas para mostrar que el cargo por disponibilidad se le concedió a Emgesa hace un año y aún le siguen dando gabelas. Se les conceden regalándoles la plata, mejorándoles la utilidad cuando el negocio ya estaba definido. Digamos además que Emgesa es la dueña de Betania, la otra presa que hay sobre la zona, y la rentabilidad de Betania mejora en 35%, según dicen los especialistas.
Trámite irregular
¿Cómo ha sido el trámite? Bastante irregular, y hay otra cosa que quiero decir. La responsabilidad de Juan Lozano como ministro en estos dos casos que estamos denunciando es ineludible, absolutamente ineludible. Que al final le toque firmar al actual ministro no lo exime de ninguna culpa, pero tampoco al doctor Juan Lozano.
Este proyecto de El Quimbo intentó hacerse en 1995, por parte de Betania, creo yo. El Estado, intentó promover la construcción de El Quimbo (Betania es la hidroeléctrica que queda al lado de Neiva, y más arriba queda El Quimbo). Este es también un proyecto sobre el río Magdalena, nada menos que eso. Lo intentó entonces hacer Betania y el Ministerio de Ambiente le exigió un diagnóstico ambiental de alternativas, un análisis que le permitía al Ministerio analizar distintas alternativas para ver si valía la pena adelantar el proyecto, dado su impacto ambiental. El 31 de julio de 1997 el Ministerio de Ambiente negó la posibilidad de continuarlo. Afirmó que no es conveniente que se inunde una de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, cuando se considera que todo el departamento del Huila es pobre en tierras productivas, como lo consignó el estudio. A mi juicio, el Ministerio actuó en ese momento con unas razones muy poderosas y que voy a explicar ahora, porque siguen ahí y no han sido refutadas por el ministro actual. Como estaba negada la licencia ambiental, entonces Emgesa arranca a tramitar una nueva. Pero ahora resulta que el Minambiente sale con que ya no es necesario el diagnóstico ambiental de alternativas. Lo que era necesario en 1995, curiosamente ya no lo es en el 2008, siendo el mismo río, la misma montaña, las mismas condiciones ambientales.
¿Cuáles son las tres grandes razones que da el ministro? Muy endebles, ministro, muy malas sus argumentaciones. Dice primero que es en ese sitio donde hay que hacer la presa, porque ahí el río va encañonado entre dos montañitas. Bueno, para decir eso no hay que ser ingeniero ni ministro de Ambiente, pero ese no puede ser el único argumento, pues, si lo fuera, todo aquel que encontrara dos montañas cerca a la orilla de un río haría una presa, y por supuesto, sería un disparate. Segundo, usted hace aquí una afirmación demasiado inexacta y muy grave, ministro, cuando dice que El Quimbo va a optimizar el recurso hídrico en cuanto a regulación y control de inundaciones.
Quiero entonces señalar uno de los problemas que presenta el proyecto. Es una presa sobre el Río Grande de la Magdalena, el río que atraviesa a Colombia de sur a norte, para privatizar en últimas sus aguas. No es un proyecto multipropósito, y no es cierto que Betania y El Quimbo tengan que ver con la regulación y el control de inundaciones. De pronto, si de chiripa decide Emgesa que, según sus conveniencias, es bueno cerrar la presa, la cierran, y lo contrario si deciden que no es bueno, así se ahogue todo el mundo en El Banco o Tamalameque. En ninguna parte el ministro de Minas dice que el cargo de confiabilidad está atado a que Emgesa abra o no abra la compuerta de acuerdo con necesidades de inundación. Este es uno de los problemas graves del proyecto. Estamos cogiendo el primer río de Colombia y le vamos a dar un manejo absolutamente antitécnico. ¿Saben ustedes quiénes manejan el río Missisipi en EU, que, proporciones guardadas, es equiparable al Magdalena? Lo maneja el Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que allá no van a venir los privados a hacer negocitos de diez pesos con el Missisipi, un río demasiado importante para que el primer inversionista que no sepa que hacer con la plata llegue y monte un negocio y el gobierno se lo organice de acuerdo con sus conveniencias. No, en El Quimbo debería haber un proyecto multipropósitos, como ha debido ser Betania, como también un inmenso plan sobre todo el río Magdalena, similar al del Ródano, en Francia, también dirigido por el Estado, para que tenga que ver con generación eléctrica, con control de inundaciones y con riego. No se pueden montar proyectos de riego en el río Magdalena si uno no sabe si el agua le va a llegar o no. Luego es falsa esa afirmación que usted hace, ministro.
Y por último, usted afirma que no valen la pena las tierras que se pierden. Ahí medio se salva porque se apoya en una determinación del Ministerio de Agricultura del doctor Andrés Felipe Arias. Otra pilatuna del doctor Arias. Las cuentas que le tienen los agricultores colombianos son hartas. Cómo es posible que el ministro de Agricultura diga que se inundan 8 mil hectáreas de las mejores tierras del Huila, un departamento escaso en buenas tierras, y encima nos aduzcan que esto importa un pepino, que no hay problema, y que a los campesinos que allí habitan los pasen para otro lado y con eso queda resuelto. Definitivamente, un país mal gobernado. Ahí había posibilidad de hacer otras cosas. Hay análisis de posibilidades de presas menores, de proyectos multipropósitos, o sea, buscar alternativas, que lo único que haya no sea actuar como el caballo cochero viendo cómo se le monta un negocio a Emgesa y de ahí para allá las cosas se resuelvan como se pueda. Repito, no me opongo a que se genere electricidad en Colombia, pienso que es una de las fuentes de energía más bellas, si ustedes quieren, pero no puede ser el único criterio para organizar las cosas.
Lo segundo es que Emgesa también viola la Ley. Esto aquí ya se nos volvió una norma. Estas trasnacionales llegan y van violando la ley colombiana y detrás caen los Ministerios arreglándoles las violaciones y aprobándole los entuertos. También están bajo investigación. Ya hicieron un túnel grandísimo con un tremendo impacto ambiental. Donde está el proyecto también es una reserva. El Ministerio de Ambiente fue y miró el desastre y tuvo que empezar una investigación, pero mientras tanto les concede también la licencia ambiental en premio a sus violaciones a la ley. Les quiero decir algo con toda cordialidad, ministros: gobierno que pierde la dignidad no tiene nada. Si aquí puede llegar quien llegue a violar la Ley y la actitud del gobierno es decir hay que ser prácticos y conseguirnos unos dólares y lo demás no importa, eso ahí lo vamos arreglando… Así está funcionando el país y miren cómo vamos.
En la audiencia pública realizada no hace mucho, la oposición al proyecto fue muy grande. También hay que decirlo, lo señalaba el senador Jaramillo, en Colombia se hacen audiencias públicas y no importa lo que diga la gente. Mandan ahí unos funcionarios del Ministerio del Ambiente a tomar nota de que hablaron y al final eso no importa, porque siempre el Ministerio les cree es a los estudios de impacto ambiental de los interesados y termina concluyendo que son ellos quienes tienen la razón. Pero, para citar un solo ejemplo, el alcalde de Gigante dejó constancia de que el proyecto de la central hidroeléctrica no es favorable para el presente y el futuro de los giganteños.
Contraloría y Procuraduría en contra
La Contraloría General de la Nación, como organismo de control, ya lo había advertido: en ninguna parte conseguimos tierras como estas porque son de primer a calidad. La Procuraduría se está pronunciando también en contra. Afirma el procurador delegado para Asuntos Ambientales Agrarios: no es conveniente que se inunden unas de las mejores tierras con aptitud agrícola de la región, y sin embargo, el Ministerio otorga la licencia ambiental y no solo eso: allá están repartiendo espejitos, baratijas, lechonas y tamales e invitando a la gente a paseos. Un acto de corrupción, repito, esos son actos de corrupción. Que sean baratos, porque son con gente bien pobre, no les quita lo corrupto. Qué tal que llegaran a repartir baratijas entre los senadores para que no les hiciéramos estos debates. Son actos de corrupción. Entonces dicen: ahora sí llegó el progreso. Claro, creo que en el Huila ya nadie se lo va a creer, porque cuando construyeron Betania e inundaron tierras de excelente calidad, les dijeron a los opitas que ahora sí Betania los iba a sacar de la pobreza y que el turismo y no sé qué más. Bueno, vayan a Yaguará, el pueblo más afectado, y verán que es un pueblo fantasma. ¿Turismo? Cuál turismo, en un país lleno de pobres. ¿Será entonces que les van a montar una represa cada 20 kilómetros para que se bañen los huilenses? Eso es burlarse de ellos. Y les dicen que la pesca es la gran salvación, pero cómo se hace para montar un negocio de pesca si el dueño del agua les desocupa el lago si se le da la gana, por ser ese un derecho que tiene el operador de la represa.
Que el empleo, afirman. Pues sí, mientras se construye la presa habrá unos cuántos empleos, pero una vez empiece a funcionar, no habrá más que un guachimán y unos cuantos trabajadores. Es sabido que esas hidroeléctricas no generan empleo.
El impacto agrario es en cambio bien grande. Estamos hablando de 4.678 familias desalojadas y de que va a disminuir la producción agraria anual en por lo menos 32 mil millones de pesos. Entonces aquí nos dicen que vamos a coger a esos campesinos y los vamos a pasar para el lado. No les creo, ministro, eso lo veremos con el paso de los días, no les creo. Al final tal vez les tiren unos pesos y que cada cual se las arregle como pueda.
Aquí hay un problema de fondo que usted no resuelve: qué pasa con esta tierra que sale de la producción del departamento. Eso es lo que usted no explica. Esas son ocho mil hectáreas menos de tierra, que la gente ya no tiene y las va a perder para siempre, y además con esta advertencia. Mientras que una hidroeléctrica como esta produce muy pocos empleos una vez entra a operar, las ganancias las coge todas la trasnacional y se las lleva de Colombia. No las va a invertir en Tesalia ni en Gigante ni en Garzón. Se las lleva.
La producción agrícola genera un bienestar no solo entre los campesinos y los agricultores sino entre los jornaleros, entre los choferes, el de la chiva que los transporta, el del campero, el dueño del almacén de agroquímicos, el de la cantina, la modista, toda esa economía que está allí. Por eso Yaguará se volvió un pueblo fantasma, porque se rompieron esos encadenamientos y la laguna o la presa no es capaz de sustituirlos. Esto no lo analizan ustedes como pérdidas para la región. El propio Banco Mundial ya tiene estudios que dicen que con el cuento del progreso, algunos gobiernos suelen caer sobre esas comunidades de zonas apartadas, políticamente débiles, medio abandonadas, les ponen encima un proyecto de estos y que cada uno se organice como pueda. Miren ustedes por ejemplo lo que discutimos en el caso de Hidrosogamoso. El gobierno les dice: si usted tiene una hectárea de café le vamos a comprar la hectárea a precio de hectárea de café, si usted tiene una hectárea de cacao le compramos la hectárea a precio de hectárea de cacao. Y yo me preguntaba: ¿y por qué tierras que son tierras de hidroeléctrica, y no se pueden hacer hidroeléctricas en todas partes, se compran a precio de hectáreas de café o de banano o de cacao, y no de hidroeléctrica? Vimos en el negocio de los hijos del presidente que la tierra vale según lo que se pueda hacer en ella. Entonces si yo puedo en una hectárea montar una hectárea de café, esa tierra vale en función de la hectárea del café, pero si yo lo que puedo montar es una hidroeléctrica, ¿por qué a esos campesinos no les pagan la tierra a precio de hidroeléctrica sino de hectárea de café o de ganadería? Usted me va a decir, senador, este es el bien común, el beneficio público, y yo le replico: ¿el bien de la trasnacional europea Emgesa es el beneficio público? Esa argumentación se la puedo aceptar a usted con ciertas dudas en el caso de Betania, una hidroeléctrica organizada por el Estado colombiano, con lo que eso significa, pero este es un negocio de privados. Y vuelvo al caso de Manizales. Por qué si un señor quiere montar una panadería o un call center, que no es otra cosa que cuatro micrófonos, ¿por qué a ese señor le declaran el lote que quiere de utilidad pública? Porque es que el señor lo que va a hacer es un negocio como cualquier otro, que compre el lote donde quiera, pero por qué se lo entregan como utilidad pública y aquí por supuesto esta discusión cala.
Aquí hay un impacto ambiental muy grande, en una zona de bosque amazónico, es decir, hay todo un problema ambiental de biodiversidad, que no entré a detallar porque me pareció más interesante enfatizar en estos aspectos que pueden haberse comentado menos. Hay también un impacto cultural grave. Se van a inundar 78 áreas de interés arqueológico.
Cuáles son entonces mis conclusiones de este debate. Primero, es escandaloso lo de la confianza inversionista. Les quiero llamar la atención a los colombianos sobre esto, porque es que cada centavo que les regalen a estos monopolios, sobre todo en impuestos y utilidades, los tenemos que reponer los demás colombianos. Cuando aquí una trasnacional de estas no paga los impuestos que debería, a alguien le suben los impuestos en Colombia. En este negocio las tarifas las pagamos los colombianos y sobre todo los colombianos del montón. Segundo, se viola la ley flagrantemente, se maltrata el manejo del río Magdalena y se privatiza el agua. Este no es un asunto de menor cuantía. Se privatiza el agua y habrá pérdidas agrarias inmensas para la región. Al final todo resulta muy costoso porque hay que pagarles las utilidades a la trasnacional y, como si fuera poco, la que se genera en El Quimbo no se queda en Colombia, sino que se va para el exterior.
En esas circunstancias, tanto en el caso de La Colosa como en este, los reparos son muy grandes, y cuál es parte del problema. Que estas argumentaciones, estos razonamientos no perturban en nada al gobierno nacional. Senador Jaramillo, una de las cosas que a mi más me impresionan es que esas audiencias públicas realmente se convirtieron como en una pantalla. Habrá incluso que pensar si vale la pena ir a ellas, porque es simplemente como cumpliendo un rito. No digan ustedes que no les hicimos la audiencia pública, dicen, y después imponen lo que sea sin ninguna consideración, sin ningún análisis ni macro, ni micro ni absolutamente nada con respecto a lo que sucede.