Bogotá, marzo 30 de 2011
Doctor
MAURICIO SANTA MARÍA
Ministro de la Protección Social
Ciudad
Ref.: Es muy grave que el Ministerio considere imposible que sobrecostos en medicamentos por 825 mil millones de pesos puedan ser una defraudación al patrimonio público.
Atento saludo.
En primer lugar, debo lamentar que solo el 26 de marzo haya contestado la solicitud que le envié el 6 de marzo.
Pero es más grave la poca importancia que le otorga a los hallazgos del estudio de la Universidad Nacional y, según sus respuestas, del propio Ministerio de la Protección. Porque Usted considera que de lo encontrado no se puede concluir que pueda existir un posible detrimento del patrimonio público.
El estudio de la Universidad Nacional encontró que las tres EPS del grupo Saludcoop posiblemente sobrefacturaron medicamentos por más de 825 mil millones de pesos. El estudio señala que el valor informado por Saludcoop supera en porcentajes enormes los promedios reportados por el resto de las EPS: por ejemplo, 246% más en Loratadina, 87% más en Acetaminofén y 34% más en Ibuprofeno. Esto quiere decir que casi un billón de pesos de los colombianos, que deberían haberse gastado en servicios de salud, pudo perderse en sobrecostos de medicamentos.
Además, también podría constituir un detrimento del patrimonio público hacer aumentar en adelante la UPC por encima de lo que aumentaron los gastos de las EPS, porque estas empresas se apropiarían los excedentes. Y un fraude así tendría consecuencias no solo en el 2011, sino también en los años subsiguientes.
Tomé nota que en su respuesta cambió los términos que usaba para referirse a las medidas tomadas por el Ministerio frente a este escándalo, mención pública que solo hizo cuando yo le pregunté por el caso. En el boletín de prensa del 8 de marzo se afirma que su cartera “tomó las medidas pertinentes y estableció las respectivas denuncias con los soportes de manera oportuna” y que se efectuaron las denuncias ante los entes de control. Pero ahora Usted afirma que el “Ministerio procedió a informar a los organismos de control”, cosa bien distinta y más porque lo que se requería era denunciar y no solo informar, dada la gravedad del caso.
Tengo el convencimiento que el Ministerio de la Protección Social no ha atendido este grave caso como debiera.
Por último, le recuerdo que aún no me ha contestado las siguientes preguntas:
1. ¿Es cierto que Saludcoop remitió al Ministerio “información equivocada”? Favor sustentar la respuesta.
2. ¿Es cierto que el Ministerio solicitó a Saludcoop revisar la información? Favor remitir copia de la comunicación por medio de la cual, el Ministerio hizo esta solicitud.
3. Favor remitir el informe corregido por Saludcoop.
4. ¿Es cierto que el Grupo Saludcoop tiene una base de datos distinta a la del Ministerio? En caso de serlo, favor explicar cuáles son las diferencias entre las dos bases de datos y explicar por qué son diferentes, si, según la ley, toda la información debe estar en una sola base de datos.
5. ¿Por qué la información del Ministerio de la Protección Social señala que “la denuncia” fue presentada a la Contraloría y este ente de control dice que ello no es cierto?
6. ¿Por qué el Ministerio de la Protección Social no anexó los estudios técnicos a las comunicaciones que envió a los órganos de control?
7. ¿Cuáles han sido los resultados de las gestiones adelantadas por el Ministerio de la Protección Social sobre el caso que nos ocupa? ¿Se ha abierto alguna investigación?
Agradezco su atención. Atentamente,
JORGE ENRIQUE ROBLEDO
Senador