Intervención del senador Jorge Enrique Robledo, vocero del Polo Democrático Alternativo, en la plenaria del Senado, como citante del debate al ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín Sardi, 20 de marzo de 2007,
para responder por la parapolítica
Que se conozca a fondo la verdad para que Colombia salga adelante. Por qué son hechos de suma gravedad. Existen las responsabilidades políticas. ¿Parapolítica o parauribismo? Opiniones nacionales e internacionales. Que Estados Unidos diga lo que sabe. Las denuncias, ¿un fruto de la seguridad democrática? Los resbalones del doctor Holguín. Las cortinas de humo del presidente. El Polo no combina las formas de lucha. El ministro debe renunciar y el Presidente debe explicar por qué tantos amigos suyos están implicados en este caso. Bloque de búsqueda.
Este debate no va a presentar cosas realmente nuevas. Es un debate que está armado sobre información de público conocimiento, divulgada por todos los medios de Colombia. A lo que apunta entonces es a armar este rompecabezas de la parapolítica y convertirlo en una presentación de conjunto, para mostrar, primero, la gravedad del fenómeno y señalar la inmensa responsabilidad política que le cabe al gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y la manera como ha resuelto el asunto. Al final voy a terminar solicitando la renuncia del señor ministro del Interior y de Justicia, porque a mi juicio él ha jugado un papel fundamental en la concepción que tiene este gobierno de no facilitar que se conozca la verdad, actuando en la lógica del “tapen-tapen”.
Hay en Colombia dos grandes posiciones con respecto al hecho escandaloso que estamos comentando. Una, la de quienes queremos que se conozca la verdad, y ese es el esfuerzo que voy a hacer porque se entienda mejor lo que ha pasado. Y otra, la de quienes no lo quieren y están entorpeciendo que esa verdad se conozca, a mi juicio empezando por el propio señor presidente de la República. Verdad que estamos buscando, senadores y colombianos, no por un prurito de martirizar a nadie y ni tampoco, en últimas, de echar a la cárcel a ningún colombiano, sino porque entendemos que si no se avanza en la verdad, si Colombia no es capaz de resolver con la verdad estos asuntos escandalosos que nos acosan, no va a ser posible avanzar por la senda de la paz, que es finalmente lo que todos queremos.
El debate lo está adelantando alguien que, como yo, ha pertenecido desde siempre a las filas de una organización de izquierda que nunca le ha hecho un tiro a nadie y que desde siempre ha pugnado porque las contradicciones entre los colombianos no se resuelvan a tiros. E insisto, cuando el Polo Democrático habla de la verdad, estamos enfatizando en la importancia de que se conozca a fondo para que sea un presupuesto básico con miras a que algún día los colombianos resolvamos nuestras contradicciones de una manera menos bárbara de como se ha venido haciendo en los últimos años.
Por qué son hechos de suma gravedad
Hecha esta aclaración, empiezo señalando muy brevemente la gravedad que nosotros le concedemos al fenómeno del paramilitarismo. Hay una gran confusión. Oye uno a ratos a colombianos que presentan los hechos como si fueran un asunto menor, que un documento se firmó, que no se firmó. Voy entonces a hacer algún comentario al respecto. No hay crímenes buenos y crímenes malos, no hay secuestros buenos y secuestros malos, ni homicidios buenos y homicidios malos. No importa de dónde vengan las actuaciones por fuera de la ley, todas le hacen un daño grandísimo a la gente. Y, en cierto sentido, a quien lo secuestran poco le importa quién lo haya secuestrado. Para la sociedad, en cambio, no da lo mismo si quien delinque es un ciudadano del común o una persona que de una u otra manera ejerce control sobre el poder del Estado. Recordemos, esto lo saben los abogados mejor que yo, que el Estado se constituye teniendo como una de sus propósitos principales concentrar en el Estado el monopolio de la fuerza, incluso el monopolio sobre la violencia. Monopolio que en el proceso de la civilización se va normatizando de mil maneras para que ese Estado y esos funcionarios que actúan en nombre del Estado no puedan abusar del enorme poder que les ha concedido la sociedad. Cuando hablamos entonces del paramilitarismo, de la parapolítica, de la parajusticia o del paraempresariado, señalamos un hecho monstruoso desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad: el de grupos de personas que se organizan para tomarse el poder del Estado y desde allí romper el monopolio de la fuerza para ponerla al servicio de propósitos privados, por fuera de cualquier tipo de control de signo democrático o incluso de cualquier forma de control. Esta la gravedad a la que estamos haciendo referencia.
La violencia que se ejerce desde el Estado o desde la presión de un paraestado, sea mayor o menor en su tamaño, no es equiparable a ninguna otra manifestación de rendimiento de la ley. Qué podrá haber más grave para un ciudadano que, por ejemplo, a un campesino le arrebaten sus tierras y cuando va a pedir la protección del alcalde, resulta que este es socio de quienes le robaron las tierras y cuando busca al personero, también este se halla implicado, y el juez también, y el policía también. ¿Podrá haber una situación más detestable desde el punto de vista del funcionamiento de una sociedad civilizada? Ese es el fenómeno que estamos denunciando aquí hoy, un fenómeno que alcanzó en Colombia proporciones dantescas. Voy a dar unas cuantas no más. A los desplazados por este tipo de violencia algunos autores los calculan en tres millones de colombianos. Entre el año 2002 y el 2005 hubo 865.000 desplazados en Colombia, muchos de ellos por la presión de los paramilitares. Se habla de que se le han arrebatado a la gente entre dos y medio y siete millones de hectáreas, un atentado de proporción descomunal. Hay ejércitos privados que se arrogaron el derecho de establecer la pena de muerte, que en Colombia no existe ni siquiera bajo la determinación del Estado. Entre 1991 y 2006 hubo 1.313 sindicalistas asesinados. El año pasado, según las centrales obreras, hubo 84 sindicalistas asesinados, aunque el gobierno nacional dice que no que fueron sino 25. Bueno, veinticinco en un país medianamente civilizado es un hecho absolutamente monstruoso. Hay que recordar que dentro del mismo fenómeno cayeron muertos cuatro candidatos presidenciales, dos de la Unión Patriótica, uno del M-19 y el propio Luis Carlos Galán, que de una u otra manera resultó muerto en este ambiente de descomposición nacional del que estamos hablando. En Colombia ha habido un genocidio político, el de la Unión Patriótica. Tres mil de sus militantes, ocho congresistas, trece diputados, sesenta concejales, todos asesinados, una cadena criminal quizá sin semejanza en ningún otro país de la tierra.
Los datos de la Corporación Arco Iris
Y hoy ha salido a plena luz este hecho de la parapolítica. Hay un estudio bien interesante que ojalá todos los colombianos leyeran, el de la Corporación Nuevo Arco Iris, un análisis académico hecho en colaboración con algunas universidades y financiado por el gobierno sueco. Un estudio que no es prueba final de nada, pero que sí hace un análisis sensato. Nos revela, por ejemplo, en cuántos municipios se puede confirmar presencia de paramilitares y que sucedió allí políticamente. Afirma la Corporación Arco Iris que en doce departamentos de Colombia hay un poder muy grande de la denominada parapolítica y que hay influencia en casi todos los restantes. En el año 2002, 28 senadores con sus fórmulas de Cámara fueron elegidos más o menos bajo el amparo de estas fuerzas. Recordemos que uno de los jefes del paramilitarismo dijo que el 30% del Congreso había sido elegido bajo su influencia. En el 2003, dice la misma Corporación, salieron elegidos bajo ese manto 285 alcaldes, seis gobernadores, 3.500 concejales. Y añaden que en las elecciones pasadas del 2006 fueron elegidos 83 congresistas de Colombia, entre ellos 31 senadores en zonas de fuerte influencia paramilitar. Se trata de un fenómeno de proporciones mayúsculas, como también lo es, por supuesto, la violencia que ejerce la guerrilla, otro de los problemas que queremos los colombianos resolver.
¿Cuáles son las causas del paramilitarismo? Se aducen dos, y pienso que ambas son ciertas, aun cuando no se tenga clara la proporcionalidad. Una primera, la de unos colombianos que se organizaron y decidieron ponerse al margen de la ley para protegerse de los desmanes de los movimientos guerrilleros. Pero también hay que decir que, al mismo tiempo y desde el principio, al paramilitarismo se vinculan organizaciones criminales que no tienen como su aspecto fundamental consideraciones políticas, sino que se organizan para aprovechar las circunstancias caóticas en su propio beneficio. Dejemos claro aquí, senadores y colombianos, que sin importar cuál haya sido el origen de esos grupos, el fin no justifica los medios. Es esta una idea sin la cual Colombia no podrá salir nunca adelante. Sin importar qué tan sano sea un fin, qué tan altruista sea un propósito, ni siquiera el mejor y el más soñado de los propósitos autoriza a nadie a constituir organizaciones al margen de la ley que procedan mediante la violencia contra sus compatriotas y que desaten olas de homicidios contra cantidades inmensas de gentes.
En tal sentido es muy dudoso, para decir lo menos, que alguien pueda alegar en hechos como los que estamos describiendo, en el grado y tamaño del fenómeno económico que he explicado, que participa en estos asuntos como una víctima de las circunstancias. Lo decía ya en un debate anterior. No, aquí las víctimas perdieron sus tierras antes que plegarse a este tipo de organizaciones. Aquí muchas de las víctimas perdieron su vida por defender la concepción democrática. Aquí las víctimas de verdad fueron desalojadas de sus lares por no plegarse ante los asesinos. Luego no comparto el criterio de quienes aducen que ellos fueron víctimas. ¿Víctimas que terminaron convertidas en jefes políticos de importancia nacional? ¿Víctimas que acabaron apoderándose de tierras por millones de hectáreas? ¿Víctimas que se enriquecieron a reventar en proporciones astronómicas?
Ante el predominio de la violencia, que ajusta medio siglo o aún más, ha habido desde siempre una mayoría de colombianos que hemos sostenido que por ahí no es la cosa, que hemos sostenido que en Colombia no hay solamente dos posiciones frente a estos fenómenos, por un lado la de quienes utilizan las armas y los instrumentos bélicos desde el lado del paramilitarismo y por el otro, quienes las utilizan desde el lado de la guerrilla, sino que aquí hay tres posiciones y las ha habido siempre. La tercera, que es en donde estamos casi todos los colombianos, es la de señalar que por ahí no son las cosas, que no va a ser así como vamos a resolver los problemas del país, posición que nos ha generado todo tipo de incomprensiones. Hoy más que nunca hay que repudiar que cada vez que se menciona la palabra paramilitarismo o parapolítica, como un resorte saltan los amigos del gobierno a hablar de la guerrilla, transmitiendo la idea, o por lo menos insinuándola, que quienes no comulgamos con las atrocidades del paramilitarismo es porque somos amigos de la guerrilla.
¿Quién cooptó a quién? Es un debate de importancia y no lo voy a desarrollar. Se dice que los paramilitares cooptaron a los dirigentes políticos. Pero otros, empezando por el señor fiscal general de la nación, han afirmado que no es así, sino que fueron los dirigentes políticos los que cooptaron a los paramilitares. Cualquiera de los dos casos es muy grave, pero claro que más si las cosas resultan ser como lo afirma el fiscal, y es que hubo organizaciones políticas que se apropiaron de la violencia y de los instrumentos bélicos para perpetuar su poder dentro del Estado. Aquí le hago mi primer reclamo al doctor Holguín. Me llama la atención, señor ministro, que usted diga que son indebidas esas generalizaciones del señor fiscal general de la Nación. Yo pienso en cambio que es clave que se discuta esa apreciación del señor fiscal y si resulta que lo predominante fue que los políticos cooptaron a los paramilitares y no al revés, que se sepa, pues eso nos va ayudando a aclarar las cosas.
Existen las responsabilidades políticas
El gran debate que se desarrolla en Colombia es si aquí hay sólo responsabilidades judiciales o también hay responsabilidades políticas. Ese es el pleito que tenemos con el gobierno nacional. El gobierno nacional y el propio presidente Bush han señalado que aquí lo que hay son responsabilidad judiciales y que responden los individuos, no el gobierno ni las organizaciones políticas. Dejemos que actúen los jueces, dice el presidente Bush, y los jueces definirán quién es o no responsable. Sostengo que la responsabilidad judicial efectivamente existe y es de carácter individual. Pienso que el hecho de que una persona delinca no compromete ni a sus parientes ni a sus amigos ni a sus copartidarios. Creo firmemente en la presunción de inocencia. Quienes hoy están en las cárceles de Colombia por cuenta de este escándalo también tienen el derecho a la presunción de inocencia. Creo que no puede haber retroactividad en las normas y que se les debe aplicar la norma que les sea más favorable, en fin, todos los instrumentos de la democracia jurídica deben beneficiar a esos compatriotas vinculados de una u otra manera a este escándalo. Y también deberá haber penas diferentes para quienes resulten condenados y la justicia tendrá que dilucidar en cada caso en qué consiste la infracción a la ley.
Pero que esto de la responsabilidad judicial sea cierto, no puede conducirnos, y, repito, este es el pleito fundamental que hoy tenemos con el gobierno en este terreno, no puede conducirnos a afirmar que no existen las responsabilidades políticas. Sería este el único país de la tierra en donde no exista la responsabilidad política. En este sentido me llama mucho la atención su respuesta a mi cuestionario, señor ministro, cuando yo le pregunto si hay o no, a juicio del gobierno, responsabilidades políticas y usted me dice que “el gobierno necesita saber en qué consisten estas”. Tendría entonces yo que asumir no sé cuál análisis para su caso, que es más grave, o bien porque usted ignora un asunto que no puede ignorar, o bien porque le falta al respeto a esta corporación al no responder con seriedad un cuestionario aprobado por la Plenaria del Senado.
¿Cuáles son las responsabilidades políticas? Desde hace centurias los países en trance de civilizarse se inventaron una garantía que protege a la sociedad, según la cual, quienes gobiernan o quienes gobernamos, por ese simple hecho de mandar políticamente en un país, gozando de una serie de privilegios, estamos obligados a ofrecerle a la sociedad comportamientos, conductas, actitudes que van más allá de lo que dicen las leyes. Ya en tiempos de Roma se acuñó aquella frase famosa que dice que “la mujer del César no sólo tenía que ser, sino parecer”, en la lógica de la responsabilidad política. Los gobernantes tienen que responder ante el país por los malos nombramientos, así no sea delito hacer un mal nombramiento. Si un gobernante escoge a un estúpido, deberá responder por esa designación desafortunada. Los gobernantes y los políticos tenemos que responder por las malas compañías con las que andemos por ahí, porque también eso hace parte de la responsabilidad política. También deben ser cubiertos los grandes desaciertos, como los daños a la imagen colectiva y al interés nacional, así no haya ley que los castigue, porque estamos hablando de responsabilidades políticas. Pongo aquí dos ejemplos. En algún país europeo en medio del verano, se murieron un día unos ancianos y debió renunciar el ministro de Salud. No fue que él le diera orden al sol de calentar más ni que les apagara el aire acondicionado. No. Es que se supone que en un país civilizado un anciano no se muere de calor en un verano. En estos días están cayendo las cabezas de funcionarios del ejército de Estados Unidos encargados de velar por la salud de los soldados, porque llevaron a unos heridos a unos hospitales llenos de ratas y de cucarachas. Se supone que en un país civilizado el gobierno no arroja a sus tropas a un chiquero. Todo esto que, repito, es elemental en cualquier país medianamente civilizado de la tierra viene aquí siendo escamoteado por quienes malgobiernan a Colombia desde hace mucho tiempo. Y por eso es que cuesta tanto trabajo entender este fenómeno de la responsabilidad política. Parece mentira, pero en Armero hubo 25.000 muertos, una catástrofe anunciada, y no hubo una renuncia, no hubo una sola sanción política. Como si no hubiera pasado nada. Hace unas semanas un bombazo por poco mata a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior de Guerra y no hubo una renuncia, ni un responsable, nada. El domingo pasado ocurrió en el país un hecho bochornoso cuando unas tropas extranjeras desarmaron en nuestro propio territorio a miembros de las fuerzas armadas colombianas y no hubo ninguna explicación política de ninguna índole. Por el contrario, el señor ministro de Defensa, más dicharachero que nunca, terminó hablando de lo que no le correspondía para evadir la responsabilidad política que le cabía en los dos últimos casos que acabo de mencionar. Quiero llamar la atención respecto de esto. Parte de la descomposición nacional, de la podredumbre que en tantos campos acosa a Colombia se explica, senadores y colombianos, porque quienes gobiernan a Colombia han logrado apoderarse de todos los privilegios, de todas las ventajas, de todas las canonjías, pero se niegan a asumir la responsabilidad política elemental que debiera corresponderles por todos estos casos que estamos denunciando.
¿Parapolítica o parauribismo?
¿Cómo es este fenómeno de la parapolítica? ¿De que se trata? Lo que he venido sosteniendo en los últimos días y que ha molestado bastante al doctor Carlos Holguín, hasta el punto de calumniarme en más de un ocasión, es que a mí no me gusta el término de parapolítica, porque me parece que es impreciso, que crea confusión, que trasmite la idea de que todos los que estamos en política nos hallamos de una u otra manera vinculados a hechos criminales. Y todos sabemos que eso no es cierto. Me puse entonces un día en la tarea de esclarecer la verdad haciendo cuentas, para que quienes estén implicados sean los que respondan políticamente, porque que no puede dar lo mismo estar en un partido fuertemente implicado a estar en un partido ajeno a toda acusación. Otra vez el problema de las responsabilidades políticas.
Miren las cifras que encontré, y me van a excusar que abunde en números, porque me está tocando dar una demostración matemática de las afirmaciones que estoy haciendo. De nueve congresistas presos o prófugos, nueve son uribistas, el ciento por ciento. De 19 congresistas que, según el periódico El Tiempo, están en capilla, 17 son uribistas, el 89.5%. De 32 firmantes del documento de Ralito, 29 son uribistas, el 90%. En el caso del DAS, el director y su cúpula, toda comprometida y todos uribistas, el ciento por ciento. De tres gobernadores enredados, uno ya preso y los otros dos enredados, los tres son uribistas, que da el ciento por ciento. De los seis alcaldes de Casanare implicados gravemente por la investigación, los seis son amigos del gobierno, luego el ciento por ciento son uribistas. La Corporación Arco Iris, ya expliqué su metodología, asegura que fueron elegidos en zonas de paramilitarismo 50 representantes a la Cámara, de los cuales 42 son uribistas, el 84%; 33 senadores también en las mismas circunstancias, y de ellos 31 uribistas, el 94%. Del total de los 83 congresistas que menciona la Corporación Arco Iris, 73 son uribistas, el 87%. Y cualquiera que se tome el trabajo de hacer las cuentas encontrará que van más de cien importantes jefes políticos del uribismo presos, prófugos, mencionados o sindicados en este escándalo de la parapolítica.
Me tomé entonces la libertad de acuñar un término y decir: aquí, más que parapolítica, lo que ahí es parapolítica uribista, es decir, parauribismo. Varios de mis contradictores me han dicho, senador Robledo, usted no puede insultar a los uribistas. No, señores, ese no es un insulto, es una afirmación que tiene un sustento de tipo científico y me perdonan que lo exprese así, porque resulta que las matemáticas son un instrumento de la ciencia.¿Quiere esto decir que cada uribista o que cada político uribista o que cada dirigente uribista esté involucrado en la parapolítica? Por supuesto que no. Lo he explicado hasta la saciedad. Pero el que cada uno de los uribistas no esté involucrado no niega las contundentes cifras que he venido aportando y que a mi juicio son esclarecedoras. Tengo que repudiar en este sentido el truco con el que algunos amigos del gobierno han intentado defenderse aseverando, no, es que el senador Robledo está insultando a todos los uribistas. Tampoco. Yo no estoy insultando a nadie, yo no insulto a nadie. Puedo decir cosas duras, porque son francas y tal vez molesten a algunos. Pero resulta que en este caso, quiero insistir, tengo el respaldo de las matemáticas. Y he dicho también una cosa que es cierta. Mi madre, que fue una mujer excepcional, falleció siendo uribista, pero mi madre no era parauribista. Y en ese sentido con toda cordialidad les digo a los uribistas de Colombia, ¡no se pongan bravos conmigo, pónganse bravos con los parauribistas, que son quienes han armado todo este enredo! Y permitamos que la verdad avance, que la verdad se sepa, para ver si vamos a poder resolver los problemas de Colombia.
El doctor Carlos Holguín Sardi me replica: senador, lo que pasa es que muchos de quienes están involucrados no eran uribistas al momento de cometer sus delitos, y concedámosle la razón por lo menos en parte. Pero entonces agregaría una pregunta que espero que usted me responda esta noche, doctor Holguín. Y es por qué tantos que estaban en otras banderías, siendo parapolíticos, se sintieron mejor en el uribismo y se trasladaron a sus toldas, y por qué el uribismo no tomó las medidas para impedir esa transferencia con la que usted intenta justificar unos asuntos que carecen de justificación.
Opiniones nacionales e internacionales
¿Qué tipo de aseveraciones se están haciendo en Colombia? Voy a mencionar un par de frases del doctor César Gaviria Trujillo, ex presidente de Colombia, ex secretario general de la OEA y presidente del Partido Liberal. Dice César Gaviria, y estos son cargos de importancia política: “Uribe ha sido laxo con los paramilitares” (El Espectador, Feb.04.07)
Agrega: “El presidente no usó todos los mecanismos que tenía para averiguar por las fechorías de muchas personas sobre las cuales ya había información de que podrían estar vinculados con el paramilitarismo. No la usó para que sus amigos pudieran hacer sus listas” (El Tiempo, Nov.19.07).
“En la campaña le pedí al Presidente que dijera que no quería ningún tipo de apoyo de sectores vinculados al paramilitarismo. Lo dije muchas veces. Infortunadamente, fracasé en conseguir respuesta (…) El Presidente ha debido decir de manera expresa que él no quería apoyo paramilitar, inclusive, ni siquiera el apoyo de La Gata. Esa señora, aun después de que la detuvieron, dijo que iba a votar por el Presidente Uribe, y él (o sea Uribe) y el gobierno se quedaron callados” (El Tiempo, NOV.19.07).
Y agrega el doctor Cesar Gaviria: “El presidente tuvo una actitud pasiva ante el tema de los congresistas vinculados con los paras. No se puede poner de espectador y mucho menos hacerse el de la vista gorda” (Cambio, NOV.20.06)
Ahora veamos lo que se está opinando en Estados Unidos, donde ya se habla del “paragate”. Todos sabemos que “paragate” vincula el fenómeno de la parapolítica con el Watergate. Y en Estados Unidos, cuando se le pone la terminación gate a algo, es porque se quiere poner el dedo acusador sobre la propia jefatura del Estado, pues recordemos que el escándalo del Watergate hizo caer al presidente Nixon. Luego en Estados Unidos de lo que se está hablando es de un fenómeno que no es aislado, sino que toca de manera muy cercana al propio gobierno de Colombia.
Afirma el Boston Globe: “La próxima víctima del escándalo de la ‘parapolítica’ bien podría ser la reputación de EU”. Y explica que tanta cercanía del gobierno de Estados Unidos al de Colombia va a terminar dañando la imagen de Estados Unidos en el exterior. Estoy resumiendo, podría leer muchos más apartes.
El señor Patrick Leahy, senador demócrata, presidente del Subcomité de Apropiaciones para las Relaciones Internacionales, un pez gordo de la política de Estados Unidos, dice que lo que está sucediendo “debería provocar una pausa para determinar con quién es que estamos tratando” en Colombia. Atención a esto. Se preguntan en el Senado de Estados Unidos “con quién es que estamos tratando en Colombia”. Y agrega Leahy en una entrevista publicada en El Tiempo (Mar.04.07): “Durante años mucha gente le insistió al gobierno que tomara medidas más fuertes contra los paras, cuando era obvio que adquirían más poder y riqueza”. Y agrega: “Lo que dije es que el gobierno no es simplemente una víctima. También permitió que los paramilitares florecieran, algunas veces actuando junto a ellos, otras, estimulándolos”.
Y recordemos, como un caso de la picaresca de este escándalo, lo que dijo el señor Joseph Blatter, presidente de la FIFA, quien le pidió al gobierno de Colombia no hacer demagogia con la supuesta sede para el Mundial de Fútbol y no utilizarlo como una especie de cortina de humo.
Mencionemos brevemente el caso de Chiquita Brands, que me impresiona mucho. Porque es el caso monstruoso de un monopolio trasnacional que financia durante años primero a la guerrilla y después a los grupos paramilitares, que participa en un contrabando de 3.700 ametralladoras y de 4 millones de proyectiles que tuvieron que causar daños inmensos en el territorio nacional. Pleito que termina resolviendo el gobierno de Estados Unidos con una multa relativamente menor de 25 millones de dólares, como si se tratara de una contravención de tránsito por pasarse un semáforo en rojo. Pero por sobre todo, y es lo que quiero denunciar aquí, las informaciones señalan que por lo menos durante un año Chiquita les giró a los paramilitares de Urabá, con la aquiescencia o por lo menos con el conocimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, es decir, del Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Y hubo conversaciones largas entre la gente de Chiquita y el gobierno de Estados Unidos viendo a ver al amparo de qué norma se podía seguir haciendo esta financiación criminal sin violar las leyes de Estados Unidos. Y hoy, un artículo en The New York Times –sobre el que espero, señor ministro, dé algún tipo de explicación el gobierno nacional– informa que un funcionario de Chiquita, el señor Mike Mittchel, dice que por lo menos hace tres años el gobierno de Colombia sabía de los pagos que había hecho Chiquita a las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que, digámoslo con precisión, eran las Convivir de la zona de Urabá. Convivir que, como todos sabemos, fueron auspiciadas por el señor presidente de la República cuando era gobernador de Antioquia. Convivir que, según informaciones de sobra, sirvieron de plataforma a la constitución de estas organizaciones criminales de las cuales estamos hablando.
Lo dice el doctor Jorge Humberto Botero, ex ministro de Estado de este gobierno: “A nadie debe sorprender que el fenómeno paramilitar tenga una dimensión política. En sus albores, en los años noventa, se manifestaba en las autodefensas (…) Estos grupos armados tuvieron, en aquella época, un dimensión legal, las ‘Convivir’ ” (elespectador.com, FEB.09.07). Estas son las denuncias sobre las que el país espera que el presidente de la República dé algún tipo de explicación.
¿Y qué sucede con el gobierno de Estados Unidos? Esto también hay que mencionarlo como otro hecho protuberante. A mí personalmente me perturbó en exceso que el señor presidente Bush hubiera venido a Colombia a decir que aquí las responsabilidades eran judiciales y que mientras la justicia estuviera andando, no había de qué preocuparse. Pienso que es una concepción inaceptable en este debate, porque, repito, el control político y la responsabilidad política sin duda que sí existen.
Y cómo así que dice el señor William Word, hasta hace nada embajador de Estado Unidos en Colombia: “Si Noguera (el director del DAS) es culpable, ese sí es un problema” (El Tiempo, Mar.18.07). No. Ya es un problema suficientemente grave lo que ha sucedido, como se va a explicar con detenimiento en la intervención del senador Alexander López, en donde el señor Noguera aparece involucrado en actividades criminales supremamente graves.
Qué sabe el gobierno de Estados Unidos, le pregunto de manera directa a la embajada de ese país en Colombia. Ellos que tienen aquí centenares de agentes de la CIA, de la DEA, del FBI, mercenarios y tropas regulares, ¿tampoco sabían nada de este fenómeno de la parapolítica? ¿También fue a sus espaldas? ¿No vieron el mastodonte que recorría a Colombia? Y hago otra pregunta que muchos nos estamos haciendo ¿Hasta dónde la extradición se está convirtiendo en un instrumento que impide que la verdad se conozca en Colombia? ¿Hasta dónde la discrecionalidad como se está manejando ese mecanismo está siendo utilizada, o en los hechos resulta conducir a que no se conozca la verdad que todos quisiéramos saber?
Las denuncias, ¿un fruto de la seguridad democrática?
El gobierno nacional en su defensa ha dicho que si lo del paramilitarismo se está destapando, todo se lo debemos a la política de la seguridad democrática. Es otro de los puntos cruciales del debate. No comparto esa afirmación, porque no puedo entender cómo el presidente Uribe y sus amigos estén porque se sepa la verdad y cuando cualquier colombiano dice pío a favor de que se conozca a fondo, lo menos que le sucede es que le meten una vaciada y lo acusan de todo tipo de desproporciones que apuntan a silenciar a quien se atreva a cuestionar. No. Aquí sí ha habido gente que ha destapado, y yo le pediría al gobierno nacional que les reconociéramos a esos compatriotas el esfuerzo que han hecho porque los hechos delictuosos se sepan. A la doctora Clara López, que puso la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, y al senador Gustavo Petro, que se ha jugado el pellejo bregando a desentrañar tantos secretos. La prensa escrita ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de muchos de estos hechos, como también la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados perdieron la tranquilidad de sus vidas por involucrarse en una investigación tan intrincada. La propia Fiscalía General de la Nación, gente toda que ha actuado en beneficio de que se conozca la verdad.
El gobierno aduce que la verdad se empieza a destapar por la Ley de Justicia y Paz. No acierta a demostrar esa aseveración, porque todos sabemos que la ley que aprobó este Congreso no contenía como una de sus exigencias fundamentales el esclarecimiento absoluto de la verdad. Se necesitó un fallo de la Corte Constitucional para que la verdad se convirtiera en requisito sin el cual no podría accederse a los beneficios del perdón de la sociedad. El fallo exige que se conozca a profundidad la verdad. Y cuando la Corte Constitucional lo emitió, ¿saben que dijo el doctor Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior en esos días? “Estoy preocupadísimo y perplejo”. No le gustó el fallo. Y revelan las informaciones de prensa que luego, tras advertir su acatamiento a regañadientes al Estado de derecho, agregó en tono resignado: “Ahora hay que pedir la ayuda de Dios” (El Espectador, May.21.06). La ayuda de Dios había que pedirla para Colombia, porque la Corte Constitucional había determinado que era importante conocer a profundidad la verdad. Uno de los senadores que está hoy recluido en La Picota expresó: “La ley de justicia queda sirviendo para nada” (El Espectador, May.21.06), porque la Corte Constitucional pidió que se supiera la verdad. No pueden entonces ni el Presidente ni usted, doctor Carlos Holguín, mostrarnos esa Ley como el instrumento fundamental para que se conociera la verdad.
Pocos días después, en septiembre del año pasado, el doctor Luis Carlos Restrepo, comisionado de Paz, afirmó: “Este es el momento de la verdad y no sé hasta donde el país está preparado para dar este paso” (Colprensa, Sep.03.07, EL Tiempo, Feb.25.07). ¡Cómo así que un vocero tan connotado del gobierno nacional intenta meterle miedo al país para impedir que se conozca la verdad!
¿Y cuál ha sido la posición del presidente Uribe? ¿No se supone que lo sabe todo, que no deja cabo suelto, que está al detalle de lo que ocurre en el país por ser él presidente, ministro, jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Y lo único que no sabía era este asunto de la parapolítica? ¿Aquí sí lo acosó la ignorancia? ¿Y no entiende nada de lo que está pasando? ¿Y que se hizo el entusiasmo del señor presidente la República cuando empezó el destape? Nunca hemos visto a aquel presidente acucioso, entusiasta, poniendo todo el poder del Estado que él controla al servicio de que se conozca la verdad. ¿Y, además, por qué tan agresivo? Si es verdad que él quiere que se conozca la verdad, por qué más se demora alguien en decir pío que el señor presidente en clavarle un epíteto, el más suave ese de que uno es guerrillero vestido de civil, y todo tipo de improperios contra las fuerzas de la oposición. Recordemos un poco de historia patria. ¿Qué pasó cuando las revistas Semana y Cambio se quejaron porque el señor presidente había nombrado a Noguera, ya ex director del DAS, como cónsul en Milán, premiándole con un cargo diplomático su participación en el escándalo que ya en ese momento lo acosaba? ¿Qué hizo el presidente de la República? ¿Asumió una actitud democrática, republicana, de respeto a la libertad de prensa? No, todo lo contrario. No entiendo cómo en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa se dice que este es un gobierno respetuoso de los medios de comunicación después de versiones como las que vimos contra el director de la revista Semana cuando empezó a hablarse del señor Noguera y del escándalo del DAS. No voy a leer las frases, pero fueron insultantes, agresivas, y apuntaban a silenciar a esas revistas por atreverse a preguntar cuál era el fondo del asunto. Y con respecto al señor Noguera, hay que verle las flores al presidente Uribe: que yo dormí en la casa de él, que fue mi jefe de campaña, que pongo la mano en el fuego por este personaje, que es un hombre incontaminado y una buena persona. Miren ahora todo lo que se está sabiendo, en un asunto en el cual la responsabilidad política del Presidente está fuera de duda. Él puede pretextar que no eligió a los senadores involucrados, pero él sí nombró al señor Noguera. Era nada menos que el jefe de su policía secreta, cargo en el que solo le respondía a él. La responsabilidad política del jefe del Estado es aquí inmensa. Responsabilidad política por la cual ya debiera estar respondiendo. ¡Cómo así que si algún día lo condenan, según dice el doctor Uribe, yo daré alguna explicación, en un país en el que cualquier pleito demora años, de forma tal que la responsabilidad política se evade.
Recordemos el caso de la señora canciller María Consuelo Araújo. Cuando el país todo, en un solo clamor, le exige la renuncia argumentando que dejarla en la Cancillería le hacía daño a este país, al Estado colombiano, el presidente de la República salió a decir: “No voy a permitir que el debate politiquero afecte a la Canciller”. De modo que cuando en Colombia las gentes de bien, doctor Holguín, pedían que se protegiera la majestad del Estado en sus relaciones internacionales, el señor Presidente, como única respuesta, le clavó el inri a cada colombiano que analizara con seriedad este fenómeno cubriéndolo con el rótulo de politiquero, uno de los peores epítetos que le puedan a uno poner en este país.
¿Qué sucedió cuando reventó el escándalo? La primera declaración del presidente Uribe ¿saben cuál fue? Que actúe la justicia. Olímpico, como si fuera un inspector de policía, y agregó: “Que todos aquellos que hayan tenido relaciones de una u otra naturaleza con el paramilitarismo, lo digan y se lo digan al país sin ambages y sin dilaciones” (El Tiempo, Nov.18.06). Aquel día yo dije, pues sí, pongan un transmilenio, que ahí mismo todos los que tuvieron que ver con el escándalo van a hacer cola para ir a contar la verdad. Y miren lo que agregó el presidente Uribe en el Congreso de la Federación de Cafeteros cuando empezó a saberse el gravísimo escándalo del que estamos hablando: “En estos días voy a pedirles a los que puedan ir al Congreso porque no hayan sido recluidos, por orden de la Corte Suprema de Justicia, en una cárcel, que por favor acudan a cumplir el deber y que voten favorablemente la agenda legislativa” del gobierno. (Sistema de Noticias de la Presidencia, Nov.29.06, y RCN Radio). Es decir, que mientras los meten a la cárcel, mientras llegan por ustedes para recluirlos en prisión, vayan votándome la agenda legislativa, fue en suma lo que dijo el presidente de la República. Y agregó: “Congresista que haya cometido un delito, congresista sobre quien vengan una dudas que obliguen a la justicia a detenerlo o algo por el estilo, pues que lo reemplace el que sigue en la lista, para que se preserve la institucionalidad” (Helena Villamizar, El Nuevo Siglo, Feb.25.07). Que a cada uno que metan a la cárcel, que lo reemplace el que sigue en la lista para que se preserve la institucionalidad. Y yo les pregunto a los uribistas que de manera tan acuciosa están proponiendo reformas y pidiendo que se sancione a los partidos comprometidos ¿qué opinión tienen de esa posición del presidente de la República mediante la cual autorizó la alcahuetería de que aparezca una especie de suplente que le mantenga las mayorías en esta Corporación?
Cuál fue además la posición del ministro Sabas Pretelt cuando, después de las elecciones, los colombianos descubrieron que las supuestas sanciones que se les habían hecho a algunos uribistas se estaban convirtiendo en una burla. Recordemos los hechos. La embajada norteamericana presionó para que algunos dirigentes de los partidos uribistas fueran sancionados antes de las elecciones de Congreso del año pasado. Sanciones que efectivamente se dieron, pero que una vez pasada la campaña, el presidente Uribe, que había estado también haciendo acusaciones contra alguna organización uribista, terminó haciéndose el de la vista gorda. Y miren ustedes la respuesta del ministro del Interior de ese entonces, doctor Sabas Pretelt. Le preguntan: “¿Qué va a pasar con las personas que fueron expulsadas del uribismo y resultaron elegidas al Congreso?” Respondió: “El gobierno siempre respetó las decisiones de los partidos. Ellos tienen la facultad de ver con quien trabajan o no en sus organizaciones. Una vez elegidos, todos los congresistas tienen el mismo respeto y aprecio del gobierno colombiano”. El periodista, aterrado, le insiste en la pregunta y le dice: “¿Aceptarán la ayuda de los parlamentarios a los que el gobierno pidió investigar?” Contesta Sabas: “El Presidente no tomó partido. Cuando conoció las denuncias hizo lo que todo buen demócrata: pidió que las investigara la fiscalía. Si alguien tiene credencial de congresista, a esa persona hay que respetarla. Y, como ministro, trabajaré con cada uno de ellos. Si están en la oposición, para entenderme con ellos. Y si no, para que nos apoyen con entusiasmo en la aprobación de los proyectos. El apoyo de todos los congresistas en bienvenido” (El Tiempo, Jul.09.06). Me viene a la memoria la clásica cita de la politiquería tradicional, que dice: “Prometer para conseguir y, una vez conseguido, olvidar lo prometido”. En los países civilizados estas astucias, las mentirillas de los gobernantes, se pagan con altísimos costos de responsabilidad política, lo que, por supuesto, aquí no ocurre.
Los resbalones del doctor Holguín
Analicemos paso a paso las posiciones del doctor Carlos Holguín con respecto a este escándalo. Estaba yo convaleciente de alguna cirugía el año pasado y me tocó ver el magistral debate del senador Gustavo Petro con respecto a este asunto de la parapolítica, el 18 de octubre de 2006. Ese día y ahí está en los anales del Congreso, el doctor Carlos Holguín Sardi hizo una intervención que a mi juicio le ha debido costar el puesto, porque fijó como posición central del gobierno que no es bueno que se conozca la verdad, es decir, la posición del “tapen-tapen”. Afirmó incluso que el país va donde va, en sus cosas buenas, porque en Colombia no se han esclarecido hechos gravísimos de la historia de Colombia. Voy a leerles lo que dijo textualmente el doctor Carlos Holguín Sardi: “Yo, que soy de la generación del Frente Nacional, puedo decirlo con alguna autoridad: en qué andaríamos los colombianos si todavía a estas alturas estuviéramos buscando en qué consistió la verdad en la violencia entre Conservadores y Liberales. ¿Adónde estaríamos todavía? Qué nos habría pasado si la grandeza de Laureano Gómez y de Alberto Lleras no hubiera dicho borrón y cuenta nueva, arranquemos con el Frente Nacional hacia un nuevo país y no volvamos a pensar en lo que nos hicimos los unos a los otros” (Plenaria del Senado, Oct.18.06). ¡El día en que se le daba la largada casi que oficial al esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo, sale Carlos Holguín Sardi a proponernos a los colombianos que el “tapen-tapen” es lo beneficioso para el futuro de Colombia! Aquí me permito una digresión. Es bien probable que buena parte de la violencia que hoy nos abruma tenga que ver, doctor Holguín, con que en aquellos días no se conoció a fondo la verdad de una catástrofe que dejó cerca de medio millón de muertos.
También dijo el doctor Carlos Holguín Sardi, en pleno escándalo de la parapolítica y siendo presidente de su Partido, al hacer referencia a un aval para algún familiar de la señora Enilce López, conocida en los medios con el nombre de “La Gata”: “No se le puede negar la inscripción a nadie, así sea el hijo de Al Capone” (Semana, Mar.06.07).
Y planteó como positivo el cierre del Congreso, una de las principales cortinas de humo en este debate.
Otro día le preguntan al doctor Holguín Sardi: “¿Supo de la cita de Ordosgoitia con los paras?” Ordosgoitia es un dirigente conservador firmante del Pacto de Santa Fe de Realito y hoy encartado con la justicia. ¿Saben qué dijo el doctor Carlos Holguín? “Algo alcancé a oírle, pero muy anecdóticamente, de esas cosas que nadie les para bolas”. Señor ministro, ¿de esas cosas a las que nadie les para bolas?
“En las pasadas elecciones presidenciales y del Congreso –alega también el doctor Holguín–, no hubo ningún tipo de infiltración paramilitar”. Senadores, uno no sabe si reírse o llorar de un ministro del Interior que afirma orondo que en las pasadas elecciones no hubo ningún tipo de infiltración paramilitar.
Es el mismo ministro que aseveró con la mayor tranquilidad: “El documento (de Ralito) es un compendio de la Constitución y desde ese punto de vista no tiene nada de impropio (…) Yo lo refrendaría”. Refrendarlo quiere decir, señor ministro, suscribirlo. Agradezcamos que usted no haya sido invitado a esa reunión, porque podría haber terminado en la encartada en que se encuentran algunos de los que sí asistieron. ¿No tiene nada impropio el Pacto de Ralito? La Corte Suprema afirma, explicando la gravedad de este fenómeno de la parapolítica: “Quien accede a la función pública merced el poder corrupto o intimidante de la organización paramilitar, se convierte en miembro de ella y participa desde su particular posición en el desarrollo del proyecto delincuencial” (El Espectador, Feb.18.07).
Dice también el doctor Holguín: “Ya están dadas todas las garantías para las elecciones de octubre” (Ibíd.). Pero la OEA acaba de testificar que hay por lo menos tres mil nuevos hombres alzados en armas. Y el señor Frank Pearl, consejero para la Reinserción, informa que hay 4.731 reinsertados que nadie sabe dónde están. Y el señor ministro le garantiza al país que todo está bajo control para las elecciones del final de este año.
Las cortinas de humo del presidente
Uno de los hechos más turbadores de esta lógica con la cual el gobierno ha venido adelantando esta campaña de ocultamiento es la táctica de las cortinas de humo, la táctica de poner a mirar hacia donde no es, táctica especialmente repudiable y aplicada por el señor presidente de la República cuando nos acusa de ser terroristas vestidos de civil, o cuando dice que otro dirigente del Polo no es un facilitador, sino un cómplice de las FARC, o cuando dice que el doctor Carlos Gaviria tiene un sesgo guerrillero y le exige que explique cuál es su amistad con el ELN y las FARC, o cuando dice que el doctor Navarro es un incitador de la violencia, todas calumnias, afirmaciones mendaces y que apuntan a crear la falacia de que aquí unos son amigos del paramilitarismo y otros amigos de la guerrilla. No. Aquí hay unos que estamos en la tercera posición, y esa es la posición que hemos venido defendiendo. Pero agrego más: y si alguien hiciera alguna acusación contra una persona afecta con cualquier tipo de organización criminal, ¿eso le quitaría menos gravedad al fenómeno de la parapolítica? ¿Eso le quitaría menos gravedad al fenómeno del paramilitarismo? ¿Cuántos de los muertos resucitarían, porque esa situación se terminara estableciendo? ¿Cuántas de las tierras arrebatadas a tantos colombianos les regresaría porque eso fuera así? La vieja táctica de intentar descalificar los hechos atacando a las personas. La vieja táctica de sustituir el análisis sobre los hechos por los ataques a las personas.
Con respecto al cuestionario del debate, doctor Holguín, tengo que lamentar que usted hubiera respondido de esta manera irresponsable. Le preguntamos: “¿Se sostiene el gobierno nacional en cada una de las acusaciones que el Presidente Uribe Vélez ha hecho contra dirigentes del Polo?” Responde el doctor Carlos Holguín: “Sí”. Le preguntamos: “¿Qué pruebas tiene el gobierno? Por favor aportarlas”. Y saben qué responde el doctor Carlos Holguín Sardi: “Declaraciones públicas”. Aquí no hay que probar nada, el gobierno no se ve en la obligación de confirmar nada. Le preguntamos: “¿Hay terroristas vestidos de civil en el Congreso, según dijo el presidente? Mencionarlos con nombre propio. Aportar las pruebas”. No los mencionó en su respuesta, doctor Holguín, ni aportó ninguna prueba, pero miren en cambio la respuesta que nos transmite el doctor Holguín, en la cual sugiere que aquel que esté en la oposición al presidente Álvaro Uribe Vélez, por ese simple hecho, ya se convierte en terrorista vestido de civil. Paso a leer lo que responde el doctor Holguín: “Hay muchas formas de hacer terrorismo y si el señor Presidente de la república de Colombia no tuviere la popularidad y la credibilidad de que goza ante el pueblo colombiano, la tragedia que se hubiere presentado por las declaraciones tendenciosas y humillantes de miembros de la oposición hubieren sido de enorme relevancia con unos daños de gran trascendencia”. A mí este tipo de posiciones me recuerda los días de Francisco Franco en España, cuando si un español le echaba un abajo al gobierno, terminaba con sus huesos en la cárcel, porque dizque había vulnerado la majestad del Estado español.
Uribe goza, y es uno de los problemas graves que se denuncian en este debate, de una especie de derecho que no tiene ningún otro colombiano, y es el derecho a faltar a la verdad sin que ningún juez juzgue o analice su comportamiento. Porque como lo juzga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y él sabe que allí cuenta con mayorías suficientes, se cree facultado para hacer cualquier tipo de afirmación.
Han venido insistiendo de manera astuta en que las acusaciones provienen de gente que fue del M-19, hasta en eso manipulan. Manipulan, primero, porque el M-19 se amnistió, con el voto favorable del senador Álvaro Uribe Vélez. Manipulan, segundo, porque es sabido que Gustavo Petro y Antonio Navarro y los demás dirigentes del Polo que se amnistiaron han cumplido con toda honradez con el propósito de no resolver a tiros los problemas de los colombianos, situación que no parece estar garantizada de ninguna manera por el actual proceso de paz que se vive en Colombia. Y manipulan, tercero, porque el gobierno tiene que saber, y usted lo sabe, doctor Carlos Holguín Sardi, que de los dieciocho congresistas con que cuenta hoy el Polo, apenas uno es amnistiado, el senador Gustavo Petro, y los demás no tenemos ningún tipo de responsabilidad en hechos de ese calibre.
El Polo no combina las formas de lucha
La posición del Polo, senadores y colombianos, está en su concepción programática, en sus estatutos, en sus declaraciones públicas, en las declaraciones de sus dirigentes. Y esto señálemelo como un asunto perfectamente meritorio de nuestra organización, y sobre esto no puede haber dudas y le exigimos seriedad al gobierno, no puede haber dudas de que el Polo no combina las formas de lucha, no tiene establecido en sus propósitos el empleo de instrumentos bélicos para resolver ninguna de las contradicciones y clama a favor de procesos de paz que nos conduzcan a resolver estos problemas en Colombia.
En un acto de desproporción inaudito, ministro Carlos Holguín, usted se atrevió a decirme en un programa de La Noche que yo, Jorge Enrique Robledo y el MOIR habíamos auspiciado en Colombia el alzamiento armado y la combinación de las formas de lucha. Ese día le llamé la atención y le repliqué que eso no lo podía usted decir, porque no era cierto. Usted reculó en parte y afirmó: “No voy a decir que echar bala”, pero que sí hacíamos movilizaciones y luchas estudiantiles. Pero unos días después, ante todos los medios de comunicación de Colombia, se atrevió a hacer otra afirmación mentirosa, que yo espero rectifique esta noche: “Quienes durante cuarenta años, como el señor Robledo, le enseñaron a este país a que eran legítimas todas las formas de lucha para tomarse el poder y apelaron a todas las formas de lucha”. (Feb.28.07. Noticias RCN TV del mediodía). Y todos sabemos que esa teoría de la combinación de todas las formas de lucha es una teoría mediante la cual se justifica, de un lado y del otro, el empleo de la violencia contra los contendores. Usted tenía que saberlo ya en ese momento, doctor Carlos Holguín Sardi, porque ya había tenido una semana par averiguarlo, si es que no lo sabía desde antes, que el MOIR, y ese es uno de mis orgullos y de los orgullos de esta organización, desde que empezamos en la vida política colombiana, por allá a mitades de la década del sesenta, nunca estuvimos de acuerdo o auspiciamos por acción o por omisión el alzamiento armado. Eso es historia de Colombia, que usted tiene cómo saber, señor ministro del Interior. Son muchos los colombianos importantes del establecimiento de Colombia que pueden dar fe de lo que estoy diciendo. Pero si no le basta mi punto de vista, lo invito a que lea el libro de uno de sus ideólogos, el doctor José Obdulio Gaviria, titulado Sofismas del terrorismo en Colombia (Planeta, 2005), que en las páginas 19, 20 y 21 le hace el reconocimiento al MOIR de haber sido una de las primeras organizaciones que en Colombia se opuso al alzamiento armado. Usted tenía que saber eso, señor ministro Carlos Holguín, y sin embargo usted, porque estaba incómodo por cualquier cosa que yo dije, porque hablé del parauribismo, entonces se sintió con el derecho, muy propio de la política nacional, de agredir al otro. Ese no es un estilo democrático ni tampoco un estilo positivo. Yo les pido a quienes me escuchan que miren con atención las ideas que he venido exponiendo y verán que he ido escogiendo las palabras de manera cuidadosa para no decir más de lo que estoy en condiciones de demostrar.
Concluyo repudiando varias de las reformas políticas que viene proponiendo el uribismo bajo el sofisma de que van a resolver el problema de la parapolítica y el crimen en las elecciones. ¿Cómo así que cerrar el Congreso? Lo propuso una distinguida senadora del uribismo. Resulta entonces que aquí todos estamos vinculados a esta clase de delitos, todos tenemos ese tipo de baldones en nuestra existencia. Por supuesto que no. Y cómo así, les pregunto yo a esa senadora y a los amigos del gobierno, que la solución al problema de la parapolítica consiste, por ejemplo, en quitarle la credencial al senador Gustavo Petro o al senador Jorge Enrique Robledo o a tantos que hay aquí, incluidos partidarios del gobierno, que no tienen nada que ver con actuaciones criminales. Y cómo así, pregunto también, que los votos que eligieron al Congreso sí son votos espurios, pero que esos mismos votos no son espurios cuando se tratan de darle legitimidad al señor presidente de la República. ¿Saben cuántos votos pusieron los nueve congresistas hoy en la cárcel? Cerca de medio millón de votos. Medio millón de votos que se transfirieron también al presidente de la República. Medio millón de votos que tampoco salieron sin el respaldo del jefe del Estado, o es que ignoramos cómo se hace política en Colombia, donde los congresistas respaldan al presidente y el presidente respalda a los congresistas y una parte de los votos de los parlamentarios recibe reciprocidades desde el Estado colombiano.
El propio presidente la República dijo también que hay que acabar o golpear la circunscripción nacional. ¿No sabe el jefe del Estado que es la circunscripción nacional el ámbito en el cual el voto de opinión se concreta en una realidad electoral? ¿No sabe el señor presidente que en Colombia hay un grupo grande de congresistas, todos los del Polo, que nos saldríamos al Senado sin ese voto de opinión de la circunscripción nacional? ¿No sabe que lo mismo les pasa a los movimientos de cristianos y a varios distinguidos líderes de todos los sectores? ¿Cómo es que favorecer el clientelismo hirsuto de las regiones favorece la honradez en las votaciones? Y entonces el gran argumento del Presidente y del doctor Carlos Holguín es alegar que la circunscripción nacional hace muy costosas las votaciones. ¡Que tal! De modo que de lo que se trata es de hacerlas más baratas, y para qué, doctor Holguín, ¿para poner la corrupción en sus justas proporciones, como diría el doctor Julio César Turbay Ayala? ¿De eso es de lo que se trata? Que los votos se compren y se vendan más baratos en Colombia eliminando la circunscripción nacional electoral, que es, repito, donde se concreta el voto de opinión.
Bloque de búsqueda
Conclusiones. A Uribe lo cerca un número inmenso de responsabilidades políticas. Está sitiado por este escándalo de la parapolítica, que lo toca de cerca de mil maneras. Soy de los que siguen esperando a que el presidente de la República le dé la cara al país, y nos explique por qué cerca de cien altos jefes políticos suyos terminaron, o presos, o prófugos, o sindicados, o mencionadas. Que diga lo que quiera, pero que diga algo, que no nos trate como minusválidos mentales, que asuma su responsabilidad política, que si desea diga que todo sucedió a sus espaldas, que él no vio el mastodonte del paramilitarismo y la parapolítica que recorría el territorio nacional, pero que diga algo y asuma su responsabilidad política. Creo, y esto lo propuse ya en el debate de la señora canciller, que el país está en mora, y es una facultad exclusiva del presidente Uribe, de constituir algo así como un bloque de búsqueda de la verdad, que es lo que necesitamos establecer. Lo voy a decir en palabras del presidente Cesar Gaviria: “El Presidente y el gobierno deberían anunciar que van a contribuir con toda su capacidad de investigación en el proceso que ha iniciado la Corte y que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuirán” (El Tiempo, Nov.19.07). Que el DAS, la policía y la inteligencia militar contribuyan al esclarecer los hechos. Digámoslo también en palabras de Patrick Leahy, senador gringo, al cual es probable le ponga más cuidado la mayoría gobiernista que el que me pueda poner a mí: “Los arrestos son el comienzo. Pero si el gobierno es serio en cortar sus vínculos con el paramilitarismo debe dedicar muchos más recursos y personal a la investigación” (El Tiempo, Mar.04.07). ¡Más recursos y personal a la investigación!
El último aspecto que señalo, doctor Carlos Holguín, por todas las razones antes explicadas, es que usted debiera presentar renuncia a su cargo, porque usted no es garantía desde la jefatura de esa cartera de que avance la verdad que todos los colombianos estamos buscando, por las muchas razones que acabo de exponer. El país se está descomponiendo, y aquí me dirijo a los uribistas, a todos los colombianos, a los liberales, a los conservadores, a la gente del Polo, a todo el mundo, el país está en una condición de extrema debilidad, y de como salgamos de estos insucesos va a depender la suerte de la nación. Y no podremos salir hacia adelante si no avanza la verdad. Que haya perdón, sí, que haya perdón. Que haya también reparación a las víctimas, pero por sobre todo que haya verdad, para que podamos avanzar por el camino que requerimos los colombianos y dejar de resolver las contradicciones a tiros. Porque si el grueso de los habitantes de este país sigue manteniendo bajas sus defensas contra la politiquería y la corrupción, o alcahueteándole a este gobierno cualquier afirmación, por descabellada que sea, porque simplemente lo dice el presidente de la República, o sigue cayendo en el garlito de que aquí quienes pedimos la verdad somos unas personas despreciables y detestables, el país no va a poder salir adelante. El país solo saldrá adelante, compatriotas, y me dirijo también a los uribistas que no están involucrados en este escándalo, si el pueblo colombiano se blinda contra todos estos fenómenos de la corrupción de los que estamos hablando, si el pueblo colombiano asume como una actitud de lucha la búsqueda de la verdad y si le exige al gobierno nacional que asuma la responsabilidad política que le corresponde.
Réplica al ministro
Lo primero, solicitarle, yo diría que exigirle, al senador Carlos García que retire una insinuación malévola que él hizo en contra de las comunidades indígenas de Riosucio, Caldas. Y por su conducto, porque es probable que tenga ese origen, que eso lo aclare también la senadora Adriana Gutiérrez, también miembro del Partido de la U. Porque no se pueden hacer insinuaciones malévolas, que incluso pueden conducir a hechos graves, peligrosos para una comunidad a la que le quieren volver un crimen ser indígena, porque en Colombia ser indígena es una especie de crimen, y ahora parece que si yo sacara unos cuantos votos entre esas comunidades indígenas, eso permite insinuaciones malévolas. Dejo constancia de que el senador García debe corregir esa insinuación que hizo aquí y que es absolutamente inaceptable.
Lo segundo, me ratifico en lo que dije con respecto a la permanencia en el Ministerio del doctor Carlos Holguín, puesto que nada de lo que él dijo desvirtúa mis aseveraciones. Pienso que por el bien de este país debe renunciar a su cargo de ministro de Estado. Entre otras razones, porque él se llena de calificativos y adjetivos, pero finalmente no refuta nada de lo que yo dije, sino que simplemente le da vueltas y vueltas, saliéndose del tema, y sin hacer referencia a mis acusaciones, llenas de números y de citas textuales. Leí no sé cuántas citas de lo que él dijo, de lo que dijo el presidente Uribe, de lo que dijeron los funcionarios del gobierno nacional, todas para demostrar que aquí hay en marcha una política de “tapen-tapen”. El ministro ni se refiere a eso.
Quisiera hacer mención a una táctica muy típica de este gobierno. Y es que cuando se ataca al presidente de la República, en Colombia o en el exterior, el uribismo intenta volverlo un ataque a Colombia, a todos los colombianos. No. No dudo de la importancia de ministros como el doctor Juan Manuel Santos o el doctor Carlos Holguín, pero de ahí a pensar que ellos son Colombia y que criticarlos a ellos equivale a un ataque a toda la nación, me parece, por lo menos, exagerado. Para no decir que es otra evidente cortina de humo para sacarle el quite a los debates que estamos planteando.
Me preocupa mucho, doctor Carlos Holguín, que usted tienda a constituir una especie de delito de opinión en torno al terrorismo. Tanto por las respuestas escritas, como por lo que dijo, queda en claro que aquí se empieza a tachar como terrorista a todo aquel que descalifique al gobierno o al presidente. Yo entendía, doctor Carlos Holguín, que en Colombia no había delitos de opinión, una reivindicación de muchas décadas. De ahí que ustedes no puedan convertir en delito de opinión las aseveraciones de los contrarios, por duras que sean. Y mucho menos convertir en el delito de terrorismo las opiniones que se expresen. Ese tipo de actitudes conducen a romper las más elementales normas de la democracia. Por esa vía, el solo hecho de hablar se empieza a convertir en una actividad subversiva.
Quiero también hacer referencia a los incidentes ocurridos el día en que estuvo el presidente Bush de visita en Colombia. A mí me da hasta lástima que se presenten unas imágenes perfectamente editadas. ¿Por qué no se muestra en extenso lo que allí sucedió? ¿Por qué no se muestran las miles y miles de personas que estaban en la concentración y que no tuvieron ningún tipo de actitud que pueda ser condenable? Si se hubiera mostrado completo el asunto, se habría visto que después de los incidentes entre ese grupo de jóvenes y la policía, la manifestación se mantuvo por lo menos media hora más antes de que la misma fuerza pública decidiera, de manera a mi juicio absolutamente innecesaria, disolverla con gases, dando paso a los desmanes que terminaron sucediendo. También mis afirmaciones como vocero del Polo Democrático Alternativo fueron editadas en los noticieros para ocultar la parte en la que yo expliqué que esos actos de fuerza por parte de algunos manifestantes no eran orientaciones del Polo Democrático Alternativo, no eran manifestantes del Polo Democrático Alternativo. Actos que yo repudié de manera absolutamente enfática, como los repudió el senador Gustavo Petro y el doctor Carlos Gaviria. ¿Por qué no se dicen esas cosas? ¿Por qué este propósito de manipularlo todo, para poder crucificar al Polo, porque infortunadamente en un acto en el que nosotros estuvimos sucedieron los hechos lamentables y repudiados por nosotros? Yo hice unas censuras a la actitud de la fuerza pública, censuras que mantengo. Por qué se quiere presentar estos incidentes, repito, lamentables pero relativamente menores, como un hecho de una proporción inconmensurable, como actos de terrorismo. Por qué se intenta decir que sólo sucedieron en Colombia, cuando por esos mismos días prácticamente todas las movilizaciones que hubo en el continente americano en contra del presidente Bush produjeron incidentes de diversos tipos por parte de barras bravas que se comportan así en Buenos Aires, en Sao Paulo, en mil sitios. Y aquí esto lo quieren volver cabeza de proceso contra el Polo Democrático Alternativo, como una cosa gravísima, en la actitud de que el pueblo colombiano no puede salir a la calle ni tiene derecho a protestar, porque si algo especial sucede en las movilizaciones, en las protestas, entonces sus dirigentes son indebidamente condenados y perseguidos.
Por todas estas consideraciones, el Polo Democrático Alternativo no retira una sola de las palabras que dijimos en este debate y nos ratificamos en la idea en que el doctor Carlos Holguín estaría mejor disfrutando de su pensión de jubilación o en un cargo distinto al de ministro del Interior.