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¿Qué dice Santos de las andanzas del minhacienda Echeverri?, pregunta Robledo

Echeverri contrató con Saludcoop por 144 millones. Otra razón para movilizarse masivamente el 24 de mayo. 9.350 personas han ingresado al youtube de Robledo a ver el debate sobre el sistema de salud.

En 2009, SaludCoop contrató con E-Concept, empresa del minhacienda Juan Carlos Echeverri, estudios por 144 millones de pesos. Echeverri le recomendó a SaludCoop, para mejorar el negocio, ampliar la integración vertical, práctica que facilita abusos y corruptelas.

La denuncia, originada en Noticias Uno, fue amplificada hoy en su twitter por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

El minhacienda Echeverri tuvo un activo papel en la reforma a la salud de Santos, que mantuvo la integración vertical en favor de las EPS. “No era ilegal que Echeverri participara activamente en la reforma a la salud –comentó Robledo–, pero si es antiético que ocultara sus negocios con SaludCoop”.

El congresista del Polo preguntó: “¿Qué dice Santos de las andanzas de su ministro? ¿El ministro Santa María, muy amigo de Echeverri, de la Ley 100 y de la integración vertical, no sabía de este negocio? Muy raro sería”.

“Otro caso de puerta giratoria, de los negocios privados, en este caso disfrazados de academia, al Estado –concluyó–. Por eso no quieren derogar la Ley 100.  También otra razón más para las grandes movilizaciones en todo el país el próximo 24 de mayo por la derogatoria de la Ley 100. No más humillaciones y EPS”.

Para detalles de la denuncia, ver: http://t.co/QALgQ8F

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¿Qué ha hecho el gobierno ante las denuncias por la compra a Minewolf de equipos para desminado?

No poner en riesgo la vida de cientos de erradicadores civiles pide Robledo.

Carta enviada por el senador Jorge Enrique Robledo al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, 11 de mayo de 2011.

Desde el 2006 se han registrado 227 víctimas civiles que han sido vinculados por el gobierno a tareas de erradicación de cultivos ilícitos. A pesar de ello, el gobierno insiste en usar campesinos pobres en labores que son estrictamente militares. Le solicito entonces explicarme por qué el gobierno se empeña en continuar con una política que pone en riesgo la vida de centenares de colombianos e informar la manera como los erradicadores son contratos. Favor detallar que tipo de contrato tienen y con quien lo firman.

Por otro lado, el 8 de marzo de este año le enviaron una denuncia muy grave sobre las irregularidades que se presentaron en la compra del Barreminas Mine Wolf, equipo que se utiliza para eliminar minas antipersonales. Este proceso que fue coordinado por el Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales (PAICMA), secretaría técnica de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, comisión que Usted preside.

De acuerdo con el denunciante, el gobierno japonés donó 857 mil dólares a Colombia para la compra de un equipo barreminas. El PAICMA le solicitó a tres empresas, Minewolf, Hitachi y Bozena, la presentación de ofertas para la compra del equipo. La oferta de Bozena fue por 382 mil dólares, la de Hitachi por 641 mil dólares y Minewolf ofreció un equipo valorado en 857 mil dólares.

El gobierno decidió contratar el equipo más caro que ofrecía Minewolf. El PAICMA argumentó que el Centro de Acción contra Minas de Croacia (CROMAC por sus siglas en inglés) había certificado que este era el mejor equipo de los tres. Sin embargo, el director del CROMAC certificó que esta organización no había dado una opinión sobre equipos de desminado para ser usados en Colombia, lo que evidencia las graves irregularidades que se presentaron en este proceso de contratación.

Toda esta información le fue suministrada a Usted junto con todas las pruebas. Por lo tanto, le solicito remitirme un informe que detalle que se ha hecho frente a estas denuncias que tienen que ver con un asunto de gran importancia para el país como lo es el desminado

La presente solicitud la hago amparado en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, norma según la cual las peticiones de los congresistas deben contestarse en un término de cinco (5) días hábiles.