Que se eliminen definitivamente las Empresas Promotoras de Salud, EPS, del sistema de seguridad social, propuso el senador Jorge Enrique Robledo, en el marco de la rendición de cuentas convocada por la Corte Constitucional, que ordenó a la institucionalidad propiciar una transformación del sector.

Para el dirigente del Polo Democrático Alternativo, los cobros de administración  por la prestación de servicios de salud, “una especie de peaje” por el suministro, es la fuente principal del millonario desangre del sector.

Indicó que hay que promover una reforma estructural realmente trascendental que corrija los errores de la Ley 100, en la que se autorizó la creación de este tipo de entidades de carácter privado. Sin embargo, indicó que no se puede excluir el capital de particulares, pues una financiación exclusiva de dineros del Estado es una carga demasiado grande para la institucionalidad, que terminaría generando la misma precariedad en la atención.

Robledo aclaró que sí es necesario contar con entidades privadas, pero únicamente de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, que a través de redes de hospitales, clínicas y laboratorios aliviarían las cargas de responsabilidad.

Su pronunciamiento se dio en el marco de la primera audiencia de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, a través de la cual la Corte Constitucional trazó una serie de responsabilidades a entidades gubernamentales y organismos de control, en el propósito de consolidar un sistema de atención en salud que verdaderamente responda a la satisfacción de los derechos fundamentales y necesidades básicas de la ciudadanía.

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El modelo económico neoliberal convirtió el derecho fundamental a la salud en una vulgar mercancía, cuya relación paciente – empresa se basa en el principio capitalista de la máxima utilidad. Este aspecto implicó que el sistema de salud sufriera grandes transformaciones, para dar ingreso a la especulación financiera de los monopolios.

El nuevo paradigma transformó al paciente en un simple cliente o usuario; y al médico Director del Hospital en Gerente que responde por indicadores de desempeño y conduzca al hospital a ser autosuficiente con generación de utilidades. Esos excedentes, sólo es posible obtenerlos mediante: una oferta de servicios lo más cara posible, o sea con libertad de tarifas; y una racionalización del gasto, es decir, restringir citas, procedimientos y medicina, y abaratar la mano de obra, que significa, bajos salarios, atrasos en su pago, negación de prestaciones sociales, etc.

Para implementar este maquiavélico sistema de salud, el gobierno entregó a los mercaderes la “seguridad jurídica”, basada en la ley 100/93 y sus reglamentaciones, y para la flexibilización laboral dictó la ley 50/90 que permitió el surgimiento de tercerías o intermediaciones laborales como bolsas y agencias de empleo y las Cooperativas de Trabajo Asociado. Es una verdadera conspiración para “tumbarse” los recursos de la salud, unas veces en forma legal y, cuando no es suficiente, lo hacen mediante diversas formas de corrupción.

Las consecuencias, después de 18 años, están saliendo a la luz pública. Los clientes no aguantan más los abusos con su derecho a la salud, al cual todos concurrimos con aportes y el Estado lo hace por quienes no pueden. A su vez, los trabajadores tendrán que organizarse para detener el abuso contra médicos, especialistas, enfermeras, camilleros, administrativos, laboratorios, en general, con los que intervienen en el proceso de garantizar la salud a los colombianos.

Se han estado revelando datos del retroceso de la salud que indican que estamos ante una auténtica hecatombe impulsada desde el Congreso de la República y ejecutada por todos los Presidentes con sus Ministros. Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas aseguró a El Tiempo.com que “los 7,9 puntos del PIB que el país gasta en salud cada año, más de $35 billones, no llegan a la población”. El informe “Carga de enfermedad en Colombia 2008”, de la Universidad Javeriana encontró que “por enfermedades y fallecimientos prematuros el país pierde alrededor de 280 años de vida saludable por cada 1.000 habitantes, 106 años más en promedio que en 1995”. Este indicador refleja la eficiencia del sistema de salud.

Rubén Darío Gómez, de la Facultad Nacional de Salud Pública, afirma que “desde 1990 ha venido aumentando el número de muertes previsibles por causas como las fallas en saneamiento, diarreas, tétanos, malaria, dengue, desnutrición y tos ferina, sólo para señalar algunas. Y todas se pueden prevenir”, insiste. Y el Instituto Nacional de Salud reveló que en 2010 hubo 11.200 casos positivos de tuberculosis, es decir, 50 casos por cada 100 mil personas, cuando la tasa de incidencia para el 2006 era de 23 por 100 mil habitantes; la Organización Panamericana de la Salud ubica al país en el grupo de mayor riesgo por tuberculosis en América. El Dane informó que las muertes por enfermedad cardiaca pasaron de 55,6 casos por cada 100 mil habitantes en el 2005 a 64,6 en el 2008; es la principal causa de muerte y demuestra la deficiencia en el manejo de sus factores de riesgo. La Sífilis congénita registra 2.108 casos en 2010, con un crecimiento significativo desde el 2000, que reportó 945 casos. La incidencia pasó de 1,26 casos por cada 1.000 nacidos vivos en el 2000 a 2,45 en el 2010. En Malaria, en el 2000 la tasa de casos era de 5,9 por 1.000 habitantes, cifra que subió a 6,7 en el 2007; pero la OPS aseguró que Colombia tenía en realidad una tasa de 19,3 casos por 1.000 habitantes, por encima del promedio de América Latina, que es de 11. El Dane informó que en 2008 murieron 12.633 niños, la mayoría por males prevenibles tales como infecciones respiratorias, gastrointestinales y otras alteraciones perinatales.

Con toda esta hecatombe, el gobierno de Santos, en vez de derogar las leyes que la sustentan, les consolida el negocio y planea concentrar el monopolio del sistema de salud en unas pocas EPS.

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El senador Jorge Enrique Robledo le pidió la renuncia al ministro de Comercio Sergio Díaz-Granados, tras conocerse que su esposa, Paola Vergara, es asesora de Saludcoop. La exigencia la hizo el congresista del Polo Democrático durante el debate de control político a los ministros de Minas y de Protección Social sobre las condiciones laborales en la gran minería, debate que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta del Senado.

Dijo Robledo que la esposa del ministro hizo parte de la nómina de Saludcoop hasta septiembre de 2010, para pasar después a ser contratista de la misma EPS, por $150 millones. Entre sus funciones estaba la de advertirles a los directivos sobre las futuras normas que pudieran lesionar sus utilidades.

En la actualidad, la Superintendencia de Industria y Comercio, adscrita al Mincomercio, está investigando a Acemi y a catorce EPS, incluida Saludcoop, lo que le genera a Díaz-Granados un evidente conflicto de intereses.

Con este nuevo caso, más el del minhacienda Echeverri, ya son dos los ministros del presidente Santos involucrados en el escándalo de Saludcoop.

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Las ARP se han apropiado de 300 mil millones de recursos públicos. Se niegan los derechos de los trabajadores con enfermedades profesionales. Muy mala la situación en las trasnacionales del carbón.

Senador Robledo hará graves denuncias en debate del próximo martes 7 de junio.

El Sistema de Riesgos Profesionales es igual de perverso que el sistema de salud. Así lo señaló el senador Jorge Enrique Robledo, quien el próximo martes 7 de junio realizará un debate de control político en la Comisión V de Senado.

De acuerdo con una acción popular instaurada por un grupo de abogados y médicos, las ARP han usado 300 mil millones de pesos de recursos públicos para pagarles a las empresas de corretaje que les consiguen afiliados. A pesar de que este gasto no tiene nada que ver con la atención de los trabajadores que sufren un accidente de trabajo o padecen una enfermedad profesional, las administradoras de riesgos profesionales lo cargan a los recursos del sistema. Al parecer, también pagan con recursos públicos las cuotas a Fasecolda, gremio que las agrupa.

Al igual que las EPS, las ARP están dedicadas a negarles derechos y servicios a los trabajadores enfermos, puesto que sus utilidades aumentan en la medida en que no se reconozca el origen profesional de una patología. En Colombia se reconocen 138 enfermedades profesionales por cada 100.000 trabajadores afiliados al sistema, tasa que es inferior a la de países como Argentina, Alemania y Finlandia. Y no es porque los trabajadores colombianos se enfermen menos o porque en el país las condiciones laborales sean mejores, sino porque las ARP están dedicadas a negar el origen profesional de las patologías para aumentar sus utilidades.

El caso de la gran minería del carbón es supremamente grave. Esta es una actividad de alto riesgo en la que los trabajadores están expuestos a todo tipo de riesgos, incluidas las sustancias cancerígenas. En El Cerrejón hay más de 700 enfermos y en Drummond más de 800. Sin embargo, en los últimos 10 años en Drummond sólo se han reconocido 208 enfermedades profesionales y en Prodeco, empresa de la trasnacional suiza Glencore, tan sólo se ha reconocido un caso.

El senador Robledo expondrá estas y otras denuncias en el debate de control político que se realizará el próximo martes 7 de junio en la Comisión V de Senado. Aunque no será transmitido en directo, su intervención se podrá ver desde las 2 de la tarde enhttp://www.youtube.com/user/POLOMOIRTV. Con antelación se informará la hora y fecha de la transmisión en diferido.

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Terminó por saberse que Saludcoop le pagó al ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, 144 millones de pesos por un “estudio” en el que este le aconsejaba ampliar la integración vertical para aumentar sus ganancias, a pesar de que esta práctica induce a la corrupción en el sistema de salud. Ya está comprobado que el minhacienda mintió cuando dijo que no participó en el trámite de la reciente reforma a la salud que favoreció a las EPS (http://bit.ly/iRSvXe). Se supo al menos de otro “estudio” de Echeverri para Afidro, la organización de las trasnacionales de los medicamentos, en el que condena como lo peor todo control de precios, aunque se sabe que el descontrol facilita abusos y corruptelas. Bastante cuenta en la conocida soberbia de Echeverri disfrutar del respaldo de tan poderosos negociantes.

Entre las incontables formas de asaltar el sistema de salud –asalto que tiene como primera causa la Ley 100, creada para servirle a la intermediación de las EPS– están las marrullerías de las trasnacionales de los medicamentos, que incluso cobran en Colombia precios mayores que los que cobran en otros países. Por ejemplo, el tratamiento con Ciprofloxacina de marca es el más caro del mundo. O el Rituximab, que en Chile cuesta 2.000 dólares y en Colombia se pagaba a 3.500 y que, todavía ahora, con un insuficiente control, fruto de la presión de la Federación Médica, cuesta 2.500. O el del antihemofílico Factor VIIa recombinante (de 60 KUI), cuyo precio promedio internacional es de 2.8 millones de pesos pero que el gobierno de Colombia autoriza recobrar a 7.4 millones.

El ministro Santa María –quien se ganó el cargo por sus servicios a Fedesarrollo, cuna del neoliberalismo en Colombia– dijo que “el principio general es que existe libertad de precios” de los medicamentos, al igual que de los demás costos de la salud, “pues los precios son el resultado de la libre competencia”, como si no se supiera que el primer propósito de las EPS y las trasnacionales se dirige a que no haya competencia, objetivo que les facilitan la Ley 100 y un Estado sometido a sus intereses, de manera que puedan imponer los precios a su amaño. En su lucha por conseguir precios de monopolio, que provocan enfermedad y muerte, los negociantes globales de las medicinas fueron capaces de inventarse los productos “de marca” falsa, que son los mismos genéricos disfrazados de productos “de marca” a punta de gastos en publicidad.

Es tan agresiva la política de las trasnacionales de los medicamentos para imponer el monopolio, que el gobierno de Estados Unidos, actuando a su servicio, presiona a los otros países para que alarguen los tiempos de las patentes, uno de los principales objetivos de los TLC, como el que se le impuso a Colombia. En 2006, Afidro amenazó incluso al ministro de Comercio con aplicarle al país la cláusula de expropiación indirecta, una de las más agresivas e inicuas del TLC, porque este se atrevió a pensar en un tipo menor de control de precios a algunas medicinas.

Con todo cinismo, ya salieron las EPS a hacer alarmismo sobre una catástrofe si se hacen cambios de fondo al sector de la salud, cuando la catástrofe primordial son ellas mismas, cuya necesidad de existir solo se sustenta en los cálculos de los intermediarios financieros que se las inventaron. Toda organización de la salud debe gastar en médicos, medicinas, procedimientos hospitalarios y de otro tipo y administración. Pero no son necesarias unas EPS que se pagan la administración de los recursos y, además, se sacan como ganancias suyas una parte importante de los recursos que hacen falta para atender a los colombianos. Si en otros países del mundo, donde la salud funciona bastante bien, no se necesita de parásitas como las EPS, ¿por qué aquí sí?

Veinte años de paños de agua tibia a la Ley 100, que es la ley de las EPS, con el cuento de que van “arreglarla”, solo han servido para acrecentar el cáncer de los abusos y las corruptelas. Y ahora, cuando el mal ya casi arruina del todo al conjunto del sistema de salud, salen Santos, Echeverri y Santa María a decir que la solución es sacar un par de manzanas podridas y continuar con las EPS, es decir, con más del mismo menjurje que lesiona y humilla a los colombianos desde hace dos décadas.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca hundió la conciliación entre la Superintendencia de Salud y Saludcoop, negocio que, como se dijo aquí, de manera ilegal le pasaba al patrimonio de la EPS 627 mil millones de pesos a los que no tenía derecho. Esa plata se salvó para la salud. Pero no fue por obra del gobierno nacional.

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La intervención a Saludcoop, tratándose de la principal EPS, significó un crac para el sistema de salud. Hay dos líneas de análisis: La que lo atribuye a prácticas corruptas, y la que, fuera de desnudar la podredumbre, lo explica por las estructuras que la prohíjan. La primera aplica sanciones y promueve nuevas reformas limitantes de beneficios y, la segunda, demanda reemplazar el sistema imperante, de intermediación financiera, por una alternativa cimentada en la salud como derecho fundamental.

El sector salud de Colombia se basa en las EPS privadas que administran recursos parafiscales, por 19,5 billones de pesos, para financiar dos regímenes, contributivo y subsidiado, cada uno con el respectivo plan de atención. En 2009, los afiliados eran 41,1 millones, 58% del subsidiado; por fuera había 2,6 millones de personas. Al fondo administrado deben sumarse 8,1 billones de pesos provenientes del bolsillo de la gente y 2,05 de los entes territoriales para atender a aquellos no cubiertos. En cuanto al contributivo, de los 17,3 millones afiliados, sólo 8 aportan porque el resto son beneficiarios. El 60% de los 19,5 billones depende del presupuesto nacional, mientras el aporte privado depende del empleo y del trabajo formal.

La Ley 100 sometió al sector, donde son pocos los oferentes y los costos crecen constantemente, a la ampliación de la cobertura y para manejarla se montó una estructura intermediaria, con ánimo de lucro, que terminó convertida en un cartel. Aunque el valor entregado por cada afiliado ha crecido por encima de la inflación, al agregarse “mordidas” y “maromas”, el estallido fue inevitable.

El crac se refleja en el pasivo del balance del sistema. En junio de 2010, las deudas con clínicas y hospitales, de las EPS, Fosyga, entes territoriales y otras entidades estatales, eran de 3,8 billones de pesos; las obligaciones de departamentos y municipios con las EPS por el régimen subsidiado eran de 0,8 billones, y de un billón las del Fosyga con las EPS. Una burundanga, en la cual las cuentas por cobrar sumaban no menos del 35% de toda la financiación, un indicador explosivo.

El sistema agotó los medios para controlar gastos y elevar ganancias: Integración hacia atrás, trabajadores y médicos tercerizados, “eficiencia” en los tiempos de consulta y atención, abandono de la prevención, “paseo de la muerte” y demás. Esto se agrava con la sentencia T-760 que ordenó unificar el plan para ambos regímenes. La solución neoliberal es recortar derechos, empezando por el de tutela, y, como lo expresa el ministro Santamaría, en opinión consignada en documento del BID, “ofrecer beneficios por encima de los límites del plan subsidiado” causaría una “sostenibilidad aún más incierta”. (Ver http://slidesha.re/jNc7zO).

Hay razones de sobra para que el martes 24 de mayo miles de colombianos demanden la derogatoria de la ley 100, y se nieguen a que la gente del común pague el crac. La Salud será prueba de fuego para el gobierno de Santos.

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El senador Jorge Enrique Robledo llamó a todos los colombianos, sin distingos políticos ni de ningún tipo, a movilizarse el martes 24 de mayo en contra de la descomunal corrupción en el sistema de salud y por un cambio profundo, estructural, de la administración de sus recursos, sin intermediarios financieros.

La convocatoria ha sido hecha por la CUT y las organizaciones sociales del sector de la salud y están previstas marchas y manifestaciones en las principales ciudades. La de Bogotá partirá de la Plaza de Toros hacia las 9 de la mañana y enrumbará hacia la Plaza de Bolívar.

La salud como derecho y no como negocio, derogatoria de la Ley 100, no más EPS y ¡basta ya de abusos y humillaciones! son las principales consignas que se agitarán por todo el país durante la jornada.

El senador Robledo alertó que Santos quiere aprovechar la crisis de la salud, no para hacer cambios profundos, sino para ponerle unos paños de agua tibia y que lo principal siga igual, cambiando unos vivos por otros.

El Polo Democrático Alternativo, su bancada parlamentaria y su militancia estarán en primera fila en la lucha de resistencia civil que inicia la ciudadanía por hacer realidad el derecho a la salud.

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Robledo tuvo la razón, al igual que la Contralora, Sandra Morelli. ¿Qué hará Santos con el Supersalud y el Minhacienda?

La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de tumbar la conciliación entre el Superintendente de Salud y Saludcoop significa que se salvaron $627.000 millones de pesos que SaludCoop tendrá que devolverle al sistema de salud y se confirma, como lo habían advertido la Contralora Sandra Morelli y el senador Jorge Enrique Robledo, que el Superintendente de Salud, Conrado Gómez, actuaba en contra de la ley.

El congresista del Polo había advertido que la conciliación era ilegal, puesto que se había respetado el debido proceso y Saludcoop no podía utilizar los recursos parafiscales de la salud para aumentar en $627 mil millones su patrimonio.

La Contraloría también le advirtió a Conrado Gómez de la ilegalidad de su decisión. En un control de advertencia, la Contralora le señaló que las órdenes del anterior Superintendente a Saludcoop estaban “ajustadas a derecho y, por ende, son actos revestidos de legalidad”, y agregó que “en consecuencia, el contenido de las resoluciones y su motivación sustancial, en ningún caso puede constituirse en materia transigible, ni conciliable”.

El senador Robledo le pregunta al presidente Santos qué hará con el SuperSalud, que de manera ilegal pretendió devolverle a Saludcoop 627 mil millones de pesos de la salud de los colombianos y que es accionista de una EPS y hermano del presidente de Afidro, el gremio de las farmacéuticas trasnacionales. También le pregunta que hará con el ministro de Hacienda, que contrata con SaludCoop, tramita leyes que la favorecen, no informa de sus negocios con esta EPS y Afidro y, además, le dice mentiras al país.

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Senador Robledo se une a las reclamaciones de la Contralora. La intervención no debe ser para salvar a los administradores de Saludcoop

En una carta al Superintendente de Salud, la contralora Sandra Morelli lo conminó a investigar a fondo las irregularidades de Saludcoop y señaló que la intervención no puede limitarse simplemente a resolverle a esta EPS sus problemas de liquidez. La Contralora afirma que “de ninguna manera se justificaría ordenar una intervención administrativa solamente para que a través de soluciones particulares y con recursos públicos se reconstruyan los índices de solvencia y liquidez sin una verificación de todo el comportamiento atribuible a la administración de la EPS intervenida”.

El senador Jorge Enrique Robledo se unió a estos reclamos y le exigió al Superintendente ir más allá de los simples problemas de solvencia de la EPS. Explicó que numerosas pruebas demuestran que Saludcoop posiblemente esté involucrada en sobrecostos en medicamentos y apropiación de recursos públicos, a lo que se suman donaciones a partidos políticos y contratos con altos funcionarios del gobierno nacional, como el que celebró el ministro Juan Carlos Echeverry.

Robledo afirmó que existe el peligro de que el gobierno use la intervención de Saludcoop para actuar con la lógica del tapen-tapen y ocultar las graves irregularidades en las que ha incurrido esta EPS. Por eso llamó a los colombianos a movilizarse el próximo martes 24 mayo en defensa de la salud como derecho.

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Hay una corrupción reglamentada, legal: lo comprueban la destrucción del Seguro Social y el riesgo moral creado por la Ley 100. No se están atacando las formas legales de defraudar el patrimonio público. ¿No merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales?

Hace poco Daniel Samper Pizano, con ocasión de uno de estos debates en el Congreso, decía: “Parece que la corrupción encontró formatos reglamentarios”. Formatos reglamentarios son legalidades, normas, decretos, etc. Entonces ahí aparece como una especie de contradicción. ¿Corrupción legal? La que logra convertirse en norma probablemente sea la peor de las corrupciones. Hay una película circulando por ahí que valdría la pena que la vieran, se llama Trabajo confidencial, en inglés Inside Job, un documental bellamente realizado que muestra cómo el hundimiento del sector financiero norteamericano en 2007 y 2008 fue organizado reglamentariamente por las oligarquías financieras de Estados Unidos y los gobiernos de Bush y de Clinton para que sucediera como sucedió. Tenía que ocurrir, era imposible que no. Y todo fue legal. Hace unos años leí en un artículo cómo la oligarquía salvadoreña se robó la banca del país en medio de un proceso de privatización. Y decía el analista, un norteamericano: “Si usted revisa, todo se hizo con las normas en la mano”. Entonces ya aquí estamos llegando, se lo decía ahorita a un periodista, a la corrupción legal e ilegal. Somos unos genios para inventar cosas los seres humanos. Desde luego que nos empezamos a meter en un tema de altísima complejidad y de justas proporciones.

Está el caso de la contratación pública, en el que hay toda una normativa para que todo suceda reglamentariamente. Incluso ha aparecido una especie de profesión, la de los llamados sleeping partners extranjeros (socios durmientes) que aportan unos papeles para que la corrupción se pueda hacer de una manera determinada. Tienen calculadas hasta las comisiones. El caso de la salud puede ser el más clásico en lo que llama Daniel Samper formatos reglamentarios.

Aparece entonces la discusión: cuánto de lo que pasa se decide de manera técnica, supuestamente neutral, y cuánto es corrupción disfrazada de técnica. Por ejemplo, la Ley 100 es la que privatiza el sistema de salud colombiano. Había que arruinar al Seguro Social, porque no podía haber fuertes sistemas privados de pensiones y salud si no se arruinaba el Seguro Social. Y entonces se aprobaron leyes y se dictaron decretos para dejarle al Seguro Social los pensionados y quitarle los cotizantes; dejarle los afiliados más costosos en tratamientos de salud y sacarle los afiliados jóvenes. Había que arruinar la red pública hospitalaria, pues cómo más se monta un sistema privado de IPS sin antes arruinar la red pública hospitalaria. Así ocurrió, en efecto. La están arruinando y la están acabando y ya casi la van a liquidar por completo. Y claro, en el avance del negocio había que crear la integración vertical en salud, clave para tomarse el conjunto del sistema. El Congreso aprobó entonces nuevas leyes y el Ejecutivo dictó nuevos decretos.

Hay hechos todavía más monstruosos. Los gobiernos han roto en todas las formas el principio, que se supone sacrosanto, de no crear riesgo moral. Qué es el riesgo moral. Cuando me van a prestar plata, los banqueros me exigen darles todas las garantías del mundo, porque si no, corren el riesgo de perder el dinero. Eso, aun cuando sea molesto, tiene su lógica. Porque si a mí me prestan una plata y no doy garantías reales, quedo con las manos libres para no pagarles si no quiero. Miren ustedes cómo montó la Ley 100 el sistema de salud en el asunto del riesgo moral. Preguntémonos primero de dónde sale la ganancia de las EPS: el gobierno nacional le da 500 mil pesos en promedio a una EPS del contributivo y le dice que con esa suma tiene que cumplir con el plan de salud por afiliado. Y además le dice que de ahí saque su ganancia. ¿Puede haber un mayor riesgo moral? Cuanto menos gaste la EPS en salud, en medicamentos, en médicos, más gana. Les doy un dato adicional: no hay ni una sola norma que indique cuál debe ser la tasa de ganancia adecuada. En distintas palabras, si usted es capaz de embolsillarse los 500 mil pesos, lo puede hacer. No existe ningún tipo de control legal.

¿Quién da la información para definir el precio de la UPC o unidad por capitación, en este caso, los 500 mil pesos? ¿De dónde sale la información para calcular que sea esta cifra y no otra? Toda la dan las EPS, que además van a ser las beneficiadas si la suma es 500 ó 600 mil. Pero además está el caso de la integración vertical, que agrava el fenómeno en proporciones descomunales, porque puede suceder que una EPS contrate con una clínica suya a precios escandalosos. Pierde la EPS pero está ganando la clínica o IPS. Y cuando hay sistemas cooperativos de por medio, la cosa es muy cómoda. Los gerentes pueden montar un sistema para defraudar a la EPS, porque su negocio consiste en convertirse en socio de la IPS, a las escondidas, claro está, porque son sociedades anónimas. Todo está perfectamente calculado.

Es el problema del sistema: todo es legal. Una EPS puede alegar que un Acetaminofen le costó cien mil pesos o que el lavado de una sábana le costó 600 mil, y nadie puede discutirle. ¿Eso es legal? Lo que dice otra norma, también fundamental, es que es la libre competencia la que fija todos los precios. Y entonces ya es la burla absoluta. En un sistema con estos niveles de riesgo moral y al que nadie vigila, porque no hay auditoría en serio ni fiscalía de ningún tipo, porque la teoría neoliberal es que unas EPS cuidan a las otras y es la libre competencia la que vigila, ¿cómo puede no haber corrupción? Si a usted le clavan un Acetaminofen de cien mil pesos, la culpa es suya porque usted no miró bien en el mercado y no compró donde era más barato. Todo esto es legal, pero ¿no es corrupción? Por eso sostengo que nadamos en un mar de pus en el sistema colombiano de salud.

Las EPS se tomaron el Estado. ¿Será que quienes legislan y decretan no lo saben? ¿No lo saben sino el senador Robledo y Sergio Isaza, de la Federación Médica Colombiana, y tanta gente que ha venido haciendo denuncias? Son las puertas giratorias propias del Estado colombiano. Entonces, les parece una genialidad que el superintendente de Salud sea hermano del presidente de Afidro, y resulta que esta es la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos, donde hay una de las peores situaciones en cuanto a corrupción en el sistema de salud colombiano. Y ahí lo tiene el doctor Santos, quien ahora resultó dizque de abanderado de la lucha contra la corrupción en el sector salud. La crisis de la salud debe convertirse en un debate de fondo, y yo pregunto: ¿Aquí no hay problema de normativa? ¿Es solo un problema penal? ¿Ese es todo el problema? El problema de la contratación en este escándalo de las vías, ¿es solo un problema penal? No. Así robar es una ganga.

Aquí hay formas complejas de defraudar el patrimonio público, formas legales, que son las más complicadas de todas. Y son precisamente las que no se están atacando. La puerta giratoria aquí se presenta como una genialidad. En estos días en que estamos discutiendo la terna del Polo, nos dicen desde afuera que los candidatos no sirven porque carecen de experiencia. Ya casi que habrá que decir que mejor que no la tengan, para lo que uno ve. Y esto tampoco es tema de debate. Por ejemplo, ahora se está tramitando un estatuto anticorrupción. Y recuerdo que yo un día presenté un proyecto de ley que prohibía que los funcionarios colombianos fueran y vinieran de los organismos internacionales de crédito y, claro, duró un minuto en hundirse. ¿No es también una forma de corrupción que alguien pueda negociar el TLC con Estados Unidos y a los quince días irse a trabajar al Banco Mundial? ¿Y no merece un debate a fondo que los funcionarios que hicieron la negociación de medicamentos en el TLC hayan terminado todos trabajando con las trasnacionales? Todo legal, por supuesto. Pero ¿no amerita un debate?

La corrupción reglamentada es a mi juicio el problema más grave de todos. Porque coger un cascarero que se roba por ahí cien pesos o cobra una comisión no tiene misterio. Y en eso parece que fuera a terminar el escándalo de la salud. Las cuentas del propio gobierno revelan que en los solos recobros al Fosyga puede haber una defraudación de hasta 1,25 billones de pesos en 2010. Lo tendrán que establecer los jueces. Lo explico. Se trata de cobrar como No POS rubros que en el 50% son del POS. ¿Y eso fue que una funcionaria se enloqueció? No. La Federación Médica ha venido denunciando que en los precios de los medicamentos hay recobros con unas cifras difíciles de creer si no estuvieran en los documentos. Que yo sepa, no existen medicamentos de más de cien millones de pesos y aquí uno se encuentra, en solo dos años, con 96 mil millones de pesos en recobros de medicamentos de más de 100 millones de pesos, absolutamente documentados. Todo legal, por supuesto. El laboratorio vendió a ese precio y el que compró, compró, y qué le vamos a hacer, es que no es buen gerente. Y sobre esas cifras querían montar la UPC del año que seguía. Lo pone al descubierto el estudio de la Universidad Nacional de Colombia con el que yo empecé esta discusión. Inflaron las cifras de los gastos en medicamentos en un billón de pesos y no es ilegal lo que hicieron, porque las cifras son las que ellos dan y las dan como les da la gana. Entonces, como el escándalo estalló a partir del estudio de la Universidad Nacional de Colombia –y aclaro, a mí no me lo entregó la Universidad–, entonces el Ministerio no le quiere permitir a la Universidad salir a divulgarlo ni le quita tampoco la confidencialidad para que la Universidad no pueda defenderlo, mientras que los cancerberos de las EPS sí andan atacando en público a la Universidad Nacional de Colombia. Realmente, todo lo que está pasando es muy grave.

Segunda intervención:

Dos cosas más, para terminar. Lo primero, señalar que todo el mundo es consciente del nivel de corrupción del sector público, pero hay algo sobre lo que no hay claridad. Por norma, salvo el funcionario que se roba un cenicero o cosas menores, no hay corrupción en el sector público que no cuente por lo menos con un socio en la empresa privada. El hecho ha sido cuidadosamente velado, pero es real. La corrupción fundamental en el sector público no es una corrupción de yo con yo. Es la manguala con el laboratorio, con el contratista. Tantas cosas que se pueden hacer con la empresa privada. Es importante señalarlo.

Lo segundo. He enfatizado en la idea de que hay una corrupción que puede incluso terminar siendo legal en la medida en que el Estado acaba siendo tomado por los corruptos. Y expresé que había un problema de ley. En el caso de la salud, estoy seguro de que lo hay. La Ley 100 induce a la corrupción, que además se expresa en decretos, resoluciones y otras mil formas. En la contratación pública, cuando me refiero a la ley, no hago alusión a una específica, sino a la normativa, a la legalidad, que puedo resumir en una frase: el problema es el modelo de contratación. Sería muy raro que hubiera un modelo de contratación al que la ley no le abriera el camino, pero en lo que nos podemos poner de acuerdo es que si los corruptos se siguen tomando la posibilidad de crear la normativa, podría llegar a suceder que el día de mañana se lo roben todo y que todo fuera legal, lo que sería de una gravedad inaudita.

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En 2009, SaludCoop contrató con E-Concept, empresa del minhacienda Juan Carlos Echeverri, estudios por 144 millones de pesos. Echeverri le recomendó a SaludCoop, para mejorar el negocio, ampliar la integración vertical, práctica que facilita abusos y corruptelas.

La denuncia, originada en Noticias Uno, fue amplificada hoy en su twitter por el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático.

El minhacienda Echeverri tuvo un activo papel en la reforma a la salud de Santos, que mantuvo la integración vertical en favor de las EPS. “No era ilegal que Echeverri participara activamente en la reforma a la salud –comentó Robledo–, pero si es antiético que ocultara sus negocios con SaludCoop”.

El congresista del Polo preguntó: “¿Qué dice Santos de las andanzas de su ministro? ¿El ministro Santa María, muy amigo de Echeverri, de la Ley 100 y de la integración vertical, no sabía de este negocio? Muy raro sería”.

“Otro caso de puerta giratoria, de los negocios privados, en este caso disfrazados de academia, al Estado –concluyó–. Por eso no quieren derogar la Ley 100.  También otra razón más para las grandes movilizaciones en todo el país el próximo 24 de mayo por la derogatoria de la Ley 100. No más humillaciones y EPS”.

Para detalles de la denuncia, ver: http://t.co/QALgQ8F

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En nada sorprende la intervención de SaludCoop. Porque los hechos eran tan graves y de tanto tiempo que el tapen-tapen ya no daba más, asediado por las acusaciones de quienes no se dejaron silenciar. A Santos y a Angelino, que nunca dijeron ni pío, les tocó montarse en las denuncias, no fuera que los superaran los acontecimientos, luego de que fracasara el intento del minprotección, Mauricio Santa María, de silenciar la gran sobrefacturación de medicamentos del Grupo SaludCoop detectada por la Universidad Nacional de Colombia, al igual que otros casos que se denunciaron en el Senado. Quien revise las posiciones y las fechas verá que el gobierno se movió tarde y a regañadientes (http://bit.ly/jpna5G).

El que tenga que responder ante la justicia que responda, y que esta le garantice el debido proceso. Pero este problema no puede limitarse a un caso penal. Es bastante más complejo. Se está ante un sistema, el de la Ley 100 de 1993 –en cuyo diseño participaron Gaviria, Santos y Uribe–, perverso, torcido, que induce y facilita cualquier desproporción, hasta terminar navegando en un mar de pus. Porque la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de la nación, lo que significa que primero son las ganancias de los intermediarios y luego lo demás. A mucha gente la enferma y la mata la Ley 100.

El sistema es tan sesgado que el gobierno les da a las EPS del contributivo 500 mil pesos por afiliado al año, para que de ellos se paguen los derechos de salud. Pero también les dice que de esos 500 mil pesos saquen sus ganancias, con lo que las empuja a la peor práctica: cuanto menos medicamentos, especialistas y hospitalizaciones les den a los pacientes, más plata ganan los negociantes de la salud. Otro caso. Una EPS puede reportar que una pastilla de acetaminofén o lavar una sábana le costó una suma estrambótica, hasta la más absurda, y ello no solo no es ilegal sino que puede no suscitar reclamo alguno, porque las normas dicen que no hay control de precios y que estos los determina la “libre competencia” entre las EPS. Árbol que nace torcido…
Además de que la Ley 100 genera este espanto, sus desarrollos normativos, tan neoliberales como la propia ley, contribuyen al saqueo de los recursos públicos. Tal el caso de la integración vertical entre las EPS y las IPS (clínicas, por ejemplo), que puede llevar a que un gerente de una EPS que a su vez sea socio de una IPS organice las cosas para cobrar altos precios por los servicios, de manera que la IPS defrauda a la EPS y al sistema de salud, pero el gerente se enriquece. Y son muchas más las formas como se saquean los recursos de la salud.

Aplicadas las necesarias sanciones, lo principal es el debate de fondo. ¿Va a cambiarse el modelo de salud o van a fritar unos peces flacos y hasta gordos para que todo siga igual? ¿Cambiarán a unos vivos poderosos por otros más vivos y más poderosos? El negocio es tan grande –27 billones de pesos en lo público– que alborota la codicia hasta en Wall Street. El ministro Santa María, fiel a su dogmatismo interesado, dijo que era absurdo derogar la Ley 100, cuando lo absurdo es no derogarla, porque ella es la causa del problema. La corrupción es la fiebre y la enfermedad es el modelo económico de salud, sin cuyo reemplazo nada se modificará de verdad e incluso puede empeorarse.
Lo principal que hay que comprender es que las EPS sobran, no se necesitan en un sistema de salud. Cualquier sistema exige gastar en médicos, enfermeras, medicinas y procedimientos, en clínicas y otros centros de atención, tanto públicos como privados, y también en gerentes y administradores en general. Pero las EPS, tras el pretexto de que administran los recursos públicos, cobran lo que cuesta la administración y, además, sacan grandes ganancias para hacer con ellas lo que se les antoje, utilidades que hacen falta para darles buena salud a los colombianos.

La dificultad para cambiar de fondo el modelo de salud es que la Ley 100 cuenta con amigos poderosos: el cartel de las EPS de ahora y del futuro, el sector financiero, las cúpulas de los partidos santistas, el jefe del Estado y la Casa Blanca, que mediante el libre comercio impone la salud como negocio y el libertinaje en los precios de los medicamentos y demás gastos. La ventaja es que crece un gran movimiento por la salud y la dignidad nacional que exclama: ¡Basta ya! ¡No más abusos y corruptelas! ¡No más humillaciones! ¡La salud debe ser un derecho y no un negocio! Este es, sin duda, el gran debate democrático del momento en Colombia.

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Lo inhabilita ser hermano del presidente del gremio que agrupa las trasnacionales de los medicamentos y socio de una empresa accionista de una EPS. También se empeña en darle 639 mil millones a una EPS. Finalmente, el debate en el Senado sí va esta tarde.

En el debate al ministro de la Protección, que tendrá lugar hoy en la cámara alta, el senador Jorge Enrique Robledo le pedirá al gobierno no seguir sosteniendo al superintendente de Salud, Conrado Gómez, pues pesan sobre él tres graves inhabilidades.

Conrado Gómez es hermano de Francisco de Paula Gómez, director de Afidro, la agremiación que agrupa a las trasnacionales de los medicamentos, sujetas a la vigilancia de la Supersalud, lo que supone una flagrante incompatibilidad. Conrado Gómez es además accionista de la empresa contratista Multiproyectos S. A. –cuyo objeto es hacer negocios con los sistemas de salud–, socia a su vez de la EPS Multimédicas S. A., también objeto de vigilancia por el mismo organismo de control.

Hace unos meses, Conrado Gómez echó atrás una resolución en firme tomada por el anterior Superintendente de Salud, que le exigía a SaludCoop devolverle al erario $630 mil millones que la EPS se había apropiado de manera ilegal. A raíz de este hecho, calificado por Robledo como de extrema gravedad, la Contralora Sandra Morelli le hizo a Gómez un control de advertencia y lo llamó a no insistir en una decisión inconveniente e ilegal.

El debate será transmitido en directo por la Señal Institucional y porwww.senado.gov.co a partir de las 6 de la tarde.

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Ante las revelaciones hechas hoy por el presidente Santos sobre la corrupción en el sistema de salud, el senador Jorge Enrique Robledo declaró que las cifras de las defraudaciones son astronómicamente mayores, porque ascienden a billones de pesos y el desfalco ha durado lustros. El senador del Polo Democrático anunció que sacará a la luz el horror en el debate de control político que le hará mañana al ministro de la Protección.

El escándalo que estalló hoy, dijo también, es el reconocimiento a las verdades que vienen denunciando de tiempo atrás la Federación Médica Colombiana, las organizaciones sindicales, Ifarma, Misión Salud, la academia y ONG preocupadas por el tema.

Robledo insistió en que las actuaciones del cartel de la macrocorrupción obedecen en buena parte a que la Ley 100 es una ley perversa, porque en pos de ganancias exorbitantes induce a todo tipo de prácticas perniciosas.

El congresista del Polo Democrático acusó a todos los gobiernos, incluido este, por haber mantenido una actitud alcahueta y expresó su temor porque al final se frite a unos cuantos peces chicos o grandes, pero dejando intacto el sistema privatizador. Si no se deroga la Ley 100 y se hacen correctivos de fondo, los vivos poderosos de hoy acabarán siendo reemplazados por otros más vivos y todavía más poderosos.

Está previsto que el debate en plenaria se inicie hacia las seis de la tarde, con transmisión en directo por la Señal Institucional y por www.senado.gov.co. Son citantes los senadores Jorge Enrique Robledo y Alexánder López.

Para escuchar el audio: http://bit.ly/l9zYQX

Los invitamos a seguir la narración en vivo del debate sobre el Cartel de la Salud y las EPS en la cuenta de twitter http://twitter.com/#!/RobledoSomos desde las 6pm.

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Según el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia, Acemi y catorce EPS conformaron un cartel, acto ilegal que José Miguel de la Calle, el Superintendente de Industria y Comercio, debe sancionar con una multa de 15.545 millones de pesos. Dicho cartel –el calificativo está en el informe– tiene como fin “negar la prestación de los servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el Fosyga (No POS), vía aprobación de tutela o CTC, para de esta manera obtener ingresos adicionales”. Los cargos se prueban en detalle porque los investigadores tuvieron acceso a los discos duros de los computadores de los acusados.

Más torcida no puede ser la maniobra: 1. Negarle al enfermo el servicio de salud al que tiene derecho en el POS, derecho cuyos costos, con la UPC, el gobierno se los paga a las EPS por anticipado. 2. Obligado por el rechazo, el afiliado debe poner una tutela para que un juez le ordene a la EPS entregar las medicinas o realizar el procedimiento. 3. La EPS le recobra al Fosyga el precio de lo ordenado por el juez –el llamado No POS–, de manera que el sistema de salud paga dos veces el mismo tratamiento.

El “acuerdo anticompetitivo para la negación de los servicios” del POS –dice la Super– también sirve “para ocultar y falsear la información” que las EPS le entregan al gobierno, con el propósito de presionar el incremento de valor de la UPC y aumentar sus utilidades, porque estas crecen cada vez que sube el monto de la UPC. Para agravar las cosas, la investigación confirmó algo sabido: que la “fuente primaria de la información” son las propias EPS y que “los diferentes mecanismos de verificación usados” por el Minprotección son “insuficientes para confirmar la veracidad de la información reportada”. Les creen por fe; como a las trasnacionales mineras. Tras de que la Ley 100 es perversa, porque mientras peor sea el servicio que presten más ganan las EPS, las autoridades no las controlan ni con la menor seriedad. Engañar al sistema de salud es una ganga. Entre tanto, el ministro Santa María, neoliberal hasta el ridículo, sugiere que el control lo ejerce la mano invisible del mercado, como eufemísticamente llaman a las zarpas de algunos.

El Supersalud, por otro lado, informó que de una muestra de 182 medicinas y procedimientos ordenados por tutela, el 54.9 por ciento pertenecía al POS y detectó situaciones como la de una EPS que en una semana, en tres comités técnicos científicos, decidió 733 casos, lo que hace “físicamente imposible realizar un procedimiento técnicamente bien hecho” (El Tiempo, Abr.26.11). No sorprende que la Superindustria resaltara lo astronómico del incremento de los pagos del Fosyga a las EPS por No POS. En 2006, las catorce EPS de Acemi le recobraron al Fosyga 336 mil millones de pesos, monto que en 2009 subió a 1.79 billones de pesos –un incremento de 434 por ciento–, con lo que la participación de este rubro en sus ingresos operacionales pasó del 5.6 al 18 por ciento.

Hay otras grandes ganancias de las EPS que también provienen de su organización como cartel: les imponen a las IPS, a las públicas y a las privadas, que les presten servicios con contratos leoninos, pagos de facturas con el plazo que se les da la gana y sin intereses de mora y “negociar” las cuentas bajo la pena de no pagarlas. A las IPS que no arruinan las obligan a sumarse por acuerdo expreso o tácito a la integración vertical de las EPS, integración que facilita los negocios turbios entre la empresa matriz y las asociadas, todo en detrimento de otros prestadores de servicios de salud, de médicos y enfermeras y de la calidad del servicio a los colombianos.

Este horror, que podría hasta hundir un sistema de salud al que por donde se lo toque le sale pus, tiene origen, primero, en los criterios perversos de la Ley 100, diseñada no para curar sino para dar ganancias monopolísticas. Y segundo, en que el aparato estatal supuestamente encargado de vigilar a los negociantes terminó cooptado por estos, en medio de una corrupción y una alcahuetería oficial de escándalo.

Santos contrató a Angelino porque lo conoció como funcionario de Pastrana y Uribe y vio cómo les sirvió fielmente, luego de saltar de sindicalista a gobiernista. Sabía que nadie mejor que él para un propósito execrable: cooptar para el santismo dirigentes sindicales y dividir a los trabajadores, para debilitar su lucha y facilitar engendros como el TLC. Están abusando del poder del Estado para montar un unanimismo a la brava, pero, eso sí, posando de progresistas. ¡No más angelinos!

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La mesa directiva del Senado aplazó el debate al ministro de la Protección y al superintendente de Salud, citado para hoy por los senadores del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo y Alexánder López. El debate quedó para el próximo martes 3 de mayo a partir de las 5 de la tarde.

Los senadores citantes se disponían a hacer graves denuncias en torno a sobrecostos en medicamentos por casi un billón de pesos en Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca, como también en torno a la conciliación hecha por el actual superintendente, Conrado Gómez, sobre otros 630 mil millones de dineros de la salud con los que pretende quedarse el mismo grupo financiero.

En el debate del próximo 3 de mayo se analizarán también las denuncias de la Superintendencia de Industria sobre el cartel montado por Acemi y 14 EPS para manipular los recursos del sistema de salud y las publicadas por la Federación Médica Colombiana sobre las manipulaciones de los precios de los medicamentos con los recursos del Fosyga.

El aplazamiento se originó por el trámite de la ley del Plan de Desarrollo.

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Es inaceptable que intente transferirle a SaludCoop $630.000 millones de la salud de los colombianos. También lo inhabilita ser hermano del presidente de la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos y ser socio de una empresa del negocio de la salud que, además, es accionista de una EPS.

El debate en el Senado sí va esta tarde.

Tres graves cargos en contra de Conrado Gómez, Superintendente de Salud, hará el senador Jorge Enrique Robledo, cargos que lo llevarán a preguntarle al Ministro de la Protección Social: ¿Por qué el gobierno sostiene al Superintendente de Salud?

El primero de los cargos tiene que ver con la decisión de Conrado Gómez de darle reversa a una decisión en firme del anterior Superintendente de Salud, reculada que significa que SaludCoop podrá quedarse con $630 mil millones de dineros de la salud de los colombianos, plata de la que la EPS se apropió de manera ilegal. Ante la gravedad de lo que se intenta, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, le hizo un control de advertencia al Supersalud Gómez, llamándolo a no insistir en esa decisión inconveniente y contraria a la legalidad.

El segundo cargo se refiere a que el Superintendente Conrado Gómez es hermano de Francisco de Paula Gómez, director de Afidro, la agremiación de las trasnacionales de los medicamentos, trasnacionales que deben ser vigiladas por la Superintendencia de Salud, situación que genera una evidente incompatibilidad.

Y el tercero se refiere a que Conrado Gómez es accionista –minoritario, pero accionista– de Multiproyectos S.A., empresa cuyo fin es hacer negocios con empresas del sistema de seguridad social en salud de Colombia y de otros países. Como si fuera poco, Multiproyectos S.A. es socia de la EPS Multimédicas S.A., empresa que también debe ser vigilada por la Superintendencia de Salud.

El senador Robledo le preguntará al ministro Mauricio Santa María por qué, entre los nueve millones de colombianos que votaron por Juan Manuel Santos, el gobierno escogió precisamente a Conrado Gómez para desempeñarse como Superintendente de Salud.

Nota: aunque el presidente del Senado, Armando Benedetti, no presidirá la sesión de hoy, el debate sobre la salud y las EPS se realizará en el día de hoy y pasaré en directo por la Señal Institucional, Canal Congreso y www.senado.gov.co

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Según la Superindustria, 14 EPS y Acemi se confabularon para apropiarse ilegalmente de sumas enormes de los recursos públicos de la salud. Por este y otros casos, podría estarse ante la mayor defraudación de la historia del país.

El senador Jorge Enrique Robledo anunció que a su debate del próximo martes en la plenaria del Senado le agregará el reciente caso denunciado por la Superintendencia de Industria y Comercio según el cual 14 EPS y Acemi (la organización que las agrupa) se confabularon para defraudar el sistema de salud. Según las investigaciones, aquí se “constituyó un cartel –en el sentido estricto de la palabra– para eliminar cualquier competencia entre ellas y apropiarse ilegalmente de sumas enormes de los recursos públicos destinados a la salud de los colombianos”, concluyó el dirigente del Polo Democrático Alternativo.

Como resultado de la investigación, el Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia le solicitó al Superintendente de Industria y Comercio multar con $15.450 millones a Acemi y a las 14 EPS involucradas en el ilícito.

De acuerdo con lo informado por El Tiempo en el día de hoy (http://bit.ly/hDaZsi), Acemi y las 14 EPS se coludieron para negarles a los colombianos derechos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) de salud, de manera que las EPS pudieran recobrarlos como No POS en el Fosyga, con lo que, en la práctica, cobraban dos veces por el mismo servicio o medicamento y se apropiaban de grandes sumas de recursos públicos.

El senador del Polo Democrático Alternativo resaltó que la investigación señale que, en 2006, los recobros al Fosyga de las 14 EPS denunciadas representaran el 5.6% de sus ingresos operacionales y que para el 2009 esos recobros representaran el 18%, y que ese incremento porcentual signifique que sus recobros al Fosyga pasaron de $336.000 millones a $1.8 billones, un incremento altísimo, de 434%, en cuatro años.

El senador Robledo concluyó afirmando que estos hechos, sumados a otros que presentará en el debate, aportados por la Universidad Nacional de Colombia, la Federación Médica Colombiana y el propio Ministerio de la Protección Social, así como por la Contraloría General de la República, podrían destapar una de las mayores defraudaciones del erario en la historia del país.

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INSPECCIÓN DE LA CONTRALORÍA A SALUDCOOP

INFORME-CID-UPC-SALUD-2010-MAR.02

Estudio suficiencia upc-2011

DENUNCIA FEDERACIÓN MÉDICA

CONTROL DE ADVERTENCIA CGR

CARTA SOBRE DETRIMENTO PATRIMONIO PÚBLICO

CARTA SOBRE DENUNCIA A CONTRALORÍA

CARTA A SUPERSALUD SOBRE CONSCILIACIÓN

CARTA A MIN PROTECCIÓN SOBRE ESTUDIO UN

BOLETÍN SOBRE ESTUDIO DE MIN PROTECCIÓN

BOLETÍN SOBRE CONTROL DE ADVERTENCIA DE LA CONTRALORÍA

ARTÍCULO

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Severo enjuiciamiento a la Ley 100 y al caso Saludcoop. Mueren más colombianos por la Ley 100 que por todas las violencias que martirizan el país. Sobrefacturación en medicamentos por un billón de pesos. La Supersalud no puede autorizarle a Saludcoop tomar $600.000 millones de la plata de la salud.

El senador Jorge Enrique Robledo confirmó que, según lo acordado con el presidente del Senado, Armando Benetti, el debate sobre la salud, las EPS y el caso Saludcoop se realizará el martes 26 de abril.

En el debate se demostrará que la Ley 100 no es la ley para salud de los colombianos, sino para el negocio con la salud de los colombianos, hecho que explica por qué la normativa y los gobiernos privilegian las ganancias de unos pocos sobre la salud del país.

Según dos estudios, de la Universidad Nacional de Colombia y del Ministerio de la Protección, en 2009 aparece una sobrefacturación en medicamentos del orden de un billón de pesos, sobrecostos en los que las tres EPS del grupo Saludcoop aportan la parte fundamental.

También se tratará sobre las documentadas denuncias de la Federación Médica que demuestran otra enorme sobrefacturación en los medicamentos No POS y los recobros al Fosyga.

Y se explicará por qué la Contraloría General de la República tiene razón cuando le advierte a la Supersalud que no puede autorizarle a Saludcoop apropiarse de 600 mil millones de pesos de la plata de la salud de los colombianos.

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“Con la inspección de la Contraloría General de la República a Saludcoop se confirma la gravedad de lo que está sucediendo”, afirmó el senador Jorge Enrique Robledo, tras conocerse que el pasado martes la entidad ingresó a las oficinas de la EPS más grande del país para revisar su información financiera y contable.

Abogados expertos en el tema señalaron que el órgano de control sólo hace este tipo de diligencias cuando existen indicios graves de un posible detrimento al patrimonio público. La actuación de la Contraloría se asemeja a los allanamientos que la Fiscalía hace en materia penal, hecho que demuestra las gravísimas implicaciones de la inspección.

La visita se realiza en medio de los fuertes cuestionamientos que se le han hecho a esta EPS. Estudios de la Universidad Nacional y del propio Ministerio de la Protección Social encontraron un sobrecosto en los precios de los medicamentos de Saludcoop y las dos EPS de su propiedad, Cafesalud y Cruz Blanca, que pueden alcanzar la astronómica cifra de billón de pesos.

Ademas, hace un año la Superintendencia de Salud le ordenó a Saludcoop devolver más de 600 mil millones de pesos de recursos públicos que había invertido en gastos diferentes a los servicios de salud de sus afiliados, decisión que la Contraloría considera legal pero que el Superintendente del gobierno de Juan Manuel Santos, sin razón, revocó.

El senador Jorge Enrique recordó que el próximo 26 de abril se expondrán estos y otros temas en el debate de control político al Ministro de la Protección Social.

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El estudio del Minprotección sobre el caso de las EPS no se conocía. Se confirman los hallazgos de la Universidad Nacional. Sobreprecios en medicamentos de hasta 5.000 por ciento. Mientras los técnicos del Ministerio recomiendan aumentar UPC en 1,91%, el ministro Santa María la subió en 4,25% y les da a las EPS 193 mil millones de pesos de más.

El informe titulado “Estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la Unidad de Pago por Capitación para garantizar el Plan Obligatorio de Salud en el año 2011” del Ministerio de la Protección Social, para definir el reajuste de la UPC en 2011, le da la razón al CID de la Universidad Nacional, señaló el senador Jorge Enrique Robledo. El Ministerio encontró que los gastos reportados por las EPS, sin incluir la Nueva EPS, se incrementaron entre 2008 y 2009 en 18 por ciento, nueve veces más que la inflación. Y según las mismas cifras, en 2009 las EPS del régimen contributivo dijeron haber gastado en medicamentos 166 por ciento más que en 2008, un aumento inaceptable.

Las EPS que más aportan al incremento irregular, señaló el congresista del Polo Democrático, son las del Grupo Saludcoop (Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud). Las cifras del estudio no se explican por “cambios demográficos, epidemiológicos o de tecnologías en salud” ni por “incrementos en las coberturas del POS y ni en el IPC que para el año 2009 fue del 2%”, concluyen los técnicos del gobierno.

El estudio también encuentra que a 429.307 personas se les suministraron medicamentos sin ser ordenados por ningún médico, según lo reportado por las EPS, lo que representa un gasto no sustentado de 87 mil millones de pesos.

Al analizar lo gastado en veinte medicamentos de uso frecuente, el Ministerio encontró un incremento promedio en el gasto del 601%, que en el caso del omeprazol es del 506%, en el metropol 1.007%, la azatioprina 5.171%, la glibenclamida 1.773%, el hierro 1.662%, el interferón alfa 1.916%, en la amitripilina 1.545%, entre otros.

Robledo explicó que el estudio del gobierno recomendó que la UPC en el 2011 se ajustara en 1,91%, ubicándola en $494.277. Pero la Comisión de Regulación en Salud, donde tiene asiento el Ministro de la Protección Social, hizo caso omiso de esta recomendación y la aumentó en el doble, 4,25%, diferencia que significa que a las EPS les girarán $193 mil millones de más frente a lo que recomendaba el estudio del gobierno.

Para conocer el estudio del Ministerio, ver el siguiente vínculo:http://moir.org.co/IMG/pdf/008.M.P..pdf

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De acuerdo con El Tiempo, “el presidente de Saludcoop, Carlos Palacino, confirmó que un grupo de empleados de la Contraloría llegó a la sede principal de la compañía (que incluye a las EPS Saludcoop, Cafesalud y Cruz Blanca) y aseguró que se entregó toda la información solicitada por los funcionarios”.

El diario relacionó esta visita de la Contraloría con las denuncias hechas por el senador Jorge Enrique Robledo, quien, apoyado en estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia, ha explicado que mientras el grupo Saludcoop dijo haber gastado en medicamentos $207.000 por afiliado en promedio durante 2009, las restantes EPS reportaron un gasto de $36.324, 5.7 veces más, diferencia que lleva a concluir una sobrefacturación total del orden de $825.000 millones.

El senador del Polo Democrático Alternativo saludó que la contralora, Sandra Morellli, asuma con independencia y valor civil las funciones propias de su cargo y comentó que no le “sorprende la medida, dada la gravedad de las denuncias”.

Jorge Enrique Robledo también explicó que el debate en el Senado sobre este caso, que debía realizarse el próximo martes, se aplazó para el 26 de abril, en razón de que el ministro Santa María argumentó que estaría por fuera del país en la primera fecha.

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Para el martes 12 de abril quedó el debate de control político al ministro de la Protección Social, Mauricio Santa María, en torno a los sobrecostos en medicamentos por cerca de un billón de pesos descubiertos al Grupo Saludcoop. Los citantes son los senadores del Polo Democrático, Alexander López y Jorge Enrique Robledo.

Los congresistas se proponen cuestionar también la decisión tomada hace semanas por el Superintendente de Salud, que le revocó al Grupo Saludcoop la orden de devolverle al Estado 600 mil millones de pesos. Decisión que la Contralora General de la República objetó y señaló la existencia de un “inminente riesgo de menoscabo al patrimonio público.”

En la citación también se tratarán los sobreprecios en medicamentos denunciados por la Federación Médica Colombiana, según la cual entre 2007 y 2009 las EPS reportaron un valor inflado en dos billones de pesos en las medicinas que recetan a los pacientes.

El debate, aprobado hoy por la plenaria del Senado, se transmitirá en directo por la Señal Institucional y el Canal Congreso.

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Doctor

MAURICIO SANTA MARÍA

Ministro de la Protección Social

Ciudad

Ref.: Es muy grave que el Ministerio considere imposible que sobrecostos en medicamentos por 825 mil millones de pesos puedan ser una defraudación al patrimonio público.

Atento saludo.

En primer lugar, debo lamentar que solo el 26 de marzo haya contestado la solicitud que le envié el 6 de marzo.

Pero es más grave la poca importancia que le otorga a los hallazgos del estudio de la Universidad Nacional y, según sus respuestas, del propio Ministerio de la Protección. Porque Usted considera que de lo encontrado no se puede concluir que pueda existir un posible detrimento del patrimonio público.

El estudio de la Universidad Nacional encontró que las tres EPS del grupo Saludcoop posiblemente sobrefacturaron medicamentos por más de 825 mil millones de pesos. El estudio señala que el valor informado por Saludcoop supera en porcentajes enormes los promedios reportados por el resto de las EPS: por ejemplo, 246% más en Loratadina, 87% más en Acetaminofén y 34% más en Ibuprofeno. Esto quiere decir que casi un billón de pesos de los colombianos, que deberían haberse gastado en servicios de salud, pudo perderse en sobrecostos de medicamentos.

Además, también podría constituir un detrimento del patrimonio público hacer aumentar en adelante la UPC por encima de lo que aumentaron los gastos de las EPS, porque estas empresas se apropiarían los excedentes. Y un fraude así tendría consecuencias no solo en el 2011, sino también en los años subsiguientes.

Tomé nota que en su respuesta cambió los términos que usaba para referirse a las medidas tomadas por el Ministerio frente a este escándalo, mención pública que solo hizo cuando yo le pregunté por el caso. En el boletín de prensa del 8 de marzo se afirma que su cartera “tomó las medidas pertinentes y estableció las respectivas denuncias con los soportes de manera oportuna” y que se efectuaron las denuncias ante los entes de control. Pero ahora Usted afirma que el “Ministerio procedió a informar a los organismos de control”, cosa bien distinta y más porque lo que se requería era denunciar y no solo informar, dada la gravedad del caso.

Tengo el convencimiento que el Ministerio de la Protección Social no ha atendido este grave caso como debiera.

Por último, le recuerdo que aún no me ha contestado las siguientes preguntas:

1. ¿Es cierto que Saludcoop remitió al Ministerio “información equivocada”? Favor sustentar la respuesta.

2. ¿Es cierto que el Ministerio solicitó a Saludcoop revisar la información? Favor remitir copia de la comunicación por medio de la cual, el Ministerio hizo esta solicitud.

3. Favor remitir el informe corregido por Saludcoop.

4. ¿Es cierto que el Grupo Saludcoop tiene una base de datos distinta a la del Ministerio? En caso de serlo, favor explicar cuáles son las diferencias entre las dos bases de datos y explicar por qué son diferentes, si, según la ley, toda la información debe estar en una sola base de datos.

5. ¿Por qué la información del Ministerio de la Protección Social señala que “la denuncia” fue presentada a la Contraloría y este ente de control dice que ello no es cierto?

6. ¿Por qué el Ministerio de la Protección Social no anexó los estudios técnicos a las comunicaciones que envió a los órganos de control?

7. ¿Cuáles han sido los resultados de las gestiones adelantadas por el Ministerio de la Protección Social sobre el caso que nos ocupa? ¿Se ha abierto alguna investigación?

Agradezco su atención. Atentamente,

JORGE ENRIQUE ROBLEDO

Senador

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El presidente del Senado decidió suspender la sesión convocada para el día de hoy. De esa manera, por cuarto martes consecutivo, fue imposible que se tramitara la proposición del senador Jorge Enrique Robledo citando al ministro de la Protección Social, no obstante la gravedad de los temas a debatir.

El senador del Polo Democrático recordó que la Universidad Nacional de Colombia encontró sobreprecios en los medicamentos reportados por el Grupo Saludcoop en 2009 por $825 mil millones. Explicó que la Contralora, Sandra Morelli, en un control de advertencia le dijo al Superintendente de Salud que no podía autorizar a Saludcoop para convirtiera en patrimonio suyo más de $600 mil millones de recursos de la salud. Y dijo que también aspira a debatir sobre lo denunciado por la Federación Médica, que encontró otros sobreprecios en medicamentos que pueden sumar otros dos billones de pesos.

“Es el colmo –dijo Robledo–que no se pueda convocar un debate de control político de tanta importancia como este, así como otros que seguramente querrán citar otros colegas”. Y agregó que en nueve años que lleva en la corporación es la primera vez que se da una situación como esta.

Robledo anunció que mañana y todos los días que sean necesarios propondrá que el debate se apruebe y realice.

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