Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre la privatización de las electrificadoras regionales, Comisión Quinta del Senado, 10 de junio de 2008.
Quiero, antes de entrar en materia, registrar mi coincidencia con las expresiones hechas en estos días por el presidente Chávez, de Venezuela, en el sentido de que los secuestrados tienen que ser liberados sin ninguna condición y que la lucha armada ya no se justifica. Plantearía un matiz de diferencia: no se justifica ahora, ni se ha justificado en los últimos cuarenta años, como algunos hemos venido sosteniéndolo desde siempre. Ojalá esto contribuya a lograr que los colombianos que hoy se pudren en las selvas de Colombia regresen a la tranquilidad de sus casas.
Casos de Hidroprado y Chec
No voy a hacer referencia al caso de Hidroprado, porque lo ha planteado con toda claridad mi colega, el senador Mauricio Jaramillo, en una intervención que comparto en su totalidad y de la que resalto el hecho clarísimo de que la represa no se le quiso vender al departamento del Tolima sino que se decidió privatizarla en condiciones de absoluta anormalidad y al departamento le pusieron “conejo”, “conejo” que no sería el primero. Ya el senador Serrano acaba de señalar el caso de Ecogas, aquí hemos denunciado cómo el presidente de la República se comprometió con el sindicato de los trabajadores a no privatizar Ecopetrol y lo privatizó y la señora Yidis Medina, mentadísima en estos días, se empeña en demostrar ante los jueces que el propio presidente de la República también le puso “conejo”, por lo menos parcial, en una deuda que había contraído con ella.
No es nuevo el sesgo del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas en contra de los intereses de las regiones. Es el mismo que hemos venido sufriendo en Caldas en el caso de la CHEC y que el doctor Óscar Iván Zuluaga conoce bien. El gobierno nacional nunca quiso facilitar las cosas para que su retiro del control de la CHEC beneficiara al departamento de Caldas, sino que se empeñó en que tenía que beneficiar a EPM, empresa que yo he respaldado siempre, pero es evidente en este caso que las cosas se hicieron en contra del interés regional de los caldenses.
Y ahora estamos, doctor Óscar Iván Zuluaga, en que el gobierno nacional se obstina en colocar nuevamente en manos de EPM la fracción que le queda en la CHEC, una fracción importante del orden del 27%, en vez de transferírsela o vendérsela en condiciones cordiales a los caldenses, cosa que les hace daño a los intereses del departamento de Caldas. Y es inaceptable también lo que se está diciendo: o se le entrega a EPM o no hay plata del gobierno nacional para atender los gravísimos problemas de vías que padece el departamento de Caldas, en ese estilo del presidente de la República de condicionar cualquier centavo que ofrece a las regiones a que se tenga que compartir toda idea suya, por disparatada que sea, un estilo que uno tiene que repudiar. Le insisto, doctor Óscar Iván Zuluaga, que para los intereses del departamento de Caldas, de donde usted y yo somos oriundos –aun cuando, como se dice, yo tengo doble nacionalidad, porque también soy tolimense–, lo mejor es que el gobierno nacional facilite que las acciones que aún tiene en la CHEC se queden o en el municipio de Manizales o en el departamento.
Rechazo a actitud fascistoide del ministro Arias
No puedo dejar pasar otro asunto que, así no sea de manera precisa del tema, sí pertenece a esta Comisión de asuntos agrarios. Están pasado cosas graves, senadores. Aquí tengo Portafolio, del 6 de junio pasado, donde dice: “El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias amenazó al director de Cega, Eduardo Uribe, con mandarlo a la cárcel” por un informe que él hizo sobre el Ministerio de Agricultura y el programa Agro Ingreso Seguro, AIS. El Cega, Centro de Estudios Agropecuarios, es una respetable institución de investigación adscrita a la Universidad de los Andes. Y esa entidad publica un informe que dice que el AIS no es un buen plan tal como se viene desarrollando y saca otra investigación según la cual los empresarios agropecuarios coinciden en que el sector agropecuario está muy mal. Y el ministro Arias, además de pegarle una vaciada al señor decano de Economía de los Andes, en un foro realizado en esa Universidad, salió de allí y le mandó una carta al doctor Uribe, director del Cega, amenazándolo con meterlo siete años a la cárcel por el informe. Inaudito. ¡Hasta dónde vamos a llegar, señor ministro de Hacienda! Voy a hacer una afirmación con todas las letras: es una actitud fascistoide del ministro de Agricultura que tenemos que repudiar. He estado en la academia toda la vida y si hay algo repudiable, que asquea, es ver al Estado presionando a los académicos para que sus investigaciones se ciñan a los términos que le convienen al gobierno. Es una desvergüenza. Estoy siendo muy duro en las palabras, pero es que no caben otras. De cuándo acá un ministro se atreve a amenazar con cárcel a un académico porque sacó una investigación cuyos cálculos no son del agrado del ministro de Agricultura. Es lo mismo que viene haciendo el gobierno con el DANE. Dice la misma información de Portafolio que ya casi tiene listo el doctor Arias cómo es que el DANE debe hacerle los cálculos a su Ministerio. ¡Eso qué es! Que el ministro de Agricultura le diga al DANE cómo calcular las cifras, qué es este horror. Debería ser delito, usted sabe lo que le voy a decir, doctor Óscar Iván Zuluaga, destruir las series estadísticas de un país para beneficiar a un ministro o a un gobierno. Es algo demasiado grave. Cómo pueden ustedes gobernar si no saben cuáles son las cifras, si cada ministro las pone en duda cuando se le da la gana y si echan a las patadas a dos directores del DANE porque las cifras no le gustan al doctor Álvaro Uribe Vélez. Les llamo la atención a la gente seria, incluidos los uribistas, pero que sean responsables en este tema de las estadísticas nacionales.
“Los planes del FMI, no una opción sino una obligación”
Entrando ya en materia, este es un debate sobre privatizaciones en el que voy a mencionar tres aspectos. Primero, un vistazo general a las privatizaciones; segundo, el caso concreto de la privatización de las electrificadoras regionales y cómo se intentaron vender a menos de su valor. Y tercero, voy a mirar con algún detenimiento el caso de la privatización de Enertolima y el papel de la Empresa de Energía de Pereira, EEP, un caso bien extraño, turbio o por lo menos no claro, que puede de servir de ejemplo para mostrar cómo es que se feria el patrimonio de la nación con maniobras abiertamente ilegales o por lo menos bien curiosas y que dan la idea de un favorecimiento a algún tipo de personajes.
El periódico El Tiempo, el 25 de septiembre de 1984, lejana la cita, titula: “Dice su director, planes del FMI no son una opción sino una obligación”. Es importante dejar en claro que cuando el gobierno de Colombia le firma al FMI un acuerdo es de obligatorio cumplimiento, bajo pena de sanciones por parte de esa institución.
El Plan Colombia: definido con el gobierno de Estados Unidos, otro asunto que se ha silenciado pero que a mí no se me olvida. El Plan Colombia incluyó el despeje de El Caguán. Los gringos no daban los pasos que dieron para ese Plan si no se despejaba El Caguán. Fue un hecho que se supo en una discusión que tuvieron el presidente Uribe y el ex presidente Pastrana. Pero lo que me interesa del Plan Colombia para el punto de las privatizaciones es un texto que dice: “Las empresas y la banca estatal serán privatizadas (…) ISA e Isagen, dos electrificadoras de orden nacional, y catorce distribuidores de energía regionales de menor tamaño ya están para la venta”. Otra imposición. Pero miren ustedes cómo amarran los gringos una cosa con otra. La Carta de Intención al FMI suscrita por el gobierno de Colombia el 20 de diciembre de 2001, ¿saben cómo se titula? “FMI acoge el Plan Colombia”. Estos norteamericanos de la Casa Blanca son desconfiados: no es solo que el doctor Pastrana me firme el Plan Colombia. Es que me lo amarre al FMI, no como una opción, dice su director, sino como una obligación. Y hay otro documento, de abril del 2005, en que el actual gobierno se compromete a “contratar “un banco de inversión para poder llevar varias empresas regionales de electricidad (la Empresa de Energía de Cundinamarca, la Electrificadora del Meta, la Empresa de Energía de Boyacá, la Electrificadora de Santander y la Central Eléctrica del Norte de Santander S. A.) al punto de venta en junio de 2006” (pp. 8). Primera idea, esto no es un invento de los colombianos, sino una imposición del capital trasnacional de Estados Unidos, que viola la soberanía nacional de Colombia.
Segunda idea, el Conpes 3241 (Agt.25.03), explicando por qué entraron en crisis las empresas regionales de energía, las que se van a privatizar, y es clave saber cómo es que van amarrando las cosas, dice: “La suscripción de contratos mal gestionados que se utilizaron para la financiación de proyectos, en algunos casos innecesarios, conllevaron a la inviabilidad financiera a entidades estatales como CHEC, EBSA, Electrolima y EDEQ”. Vamos a mirar con algún detenimiento el caso de Electrolima, en lo relacionado con un fallo de un Tribunal de Arbitramento en el que Electrolima perdió $67.000 millones en beneficio de la Sociedad Energética de Melgar, en un contrato de BOOT que produjo un escándalo en su momento. El fundamento de las crisis de estas empresas no es el que han querido explicar los amigos del neoliberalismo, sino que tiene que ver con contratos definitivamente mal hechos. En el caso de Caldas, que conocemos de cerca, los famosos PPA de Termodorada, por ejemplo, unos contratos leoninos a mi juicio, firmados por estúpidos o por corruptos, y como abrigo mis dudas de que alguien pueda tener capacidad para firmar un negocio importante siendo un estúpido, pues uno suele sacar una conclusión diferente.
Privatizaciones, siempre a menos precio
La otra discusión es lo de los precios de venta. Miren, senadores, lo que me encontré: Mauricio Cabrera, uno de los más reputados economistas colombianos, hablando de la privatización de Ecopetrol, y aquí toca darle una puntadita a la privatización de Ecopetrol, porque no se nos puede olvidar que la vendieron a menos precio, regalada, afirma: “Es lógico que los compradores privados van a exigir un precio muy bajo por las acciones de Ecopetrol. Inclusive inferior al que pagaron por ISA, el cual fue muy criticado en su momento” (Portafolio, Agt.08.06). Y al doctor Gutiérrez, gerente de ISA cuando su privatización y ahora, de Ecopetrol, nos lo tienen convertido en el gran prócer de Colombia. Y cuando uno escarba un poquito su genialidad y las razones para volverlo prócer, encuentra que ha vendido dos empresas a menos precio. Curioso país este en el que estamos viviendo los colombianos. A uno lo vuelven prócer si vende su empresa a menos precio, defraudando el interés nacional. Y Eduardo Sarmiento, otro economista reputadísimo de esos que no venden su conciencia, asevera sobre el mismo tema: “Como ha ocurrido en todas las privatizaciones en Colombia y en América Latina, adquirirán la empresa (Ecopetrol) por debajo de su valor real”. No fuimos nosotros solamente los que advertimos lo que iba a pasar. También gente de este calibre advirtió cómo se iba a defraudar el interés público. Eduardo Sarmiento da ejemplos de ventas a menos precio, y voy a leer a la carrera unos cuantos de los dichos por él o por otros para que nos hagamos una idea de cuál es el mar en el que navegamos.
Kilovatio de hidroeléctrica: se vendió al 50% de lo que costaba construirlo. Termocartagena: lo recibió Minhacienda en US$154 millones y lo vendió en US$15 millones. Los solos edificios y terrenos valían US$18 millones. Termotasajero: la Nación lo tasó en US$130 millones y lo vendió en US$28 millones. Telecom: vendida en US$271 millones y valía US$2.200 millones. Corelca: el ex ministro, no el senador, Armando Benedetti, advirtió que en un negocio con Enron –con esos pillos, ¡hágame el favor!, ahí están todos en la cárcel en Estados Unidos–, intentaron poner el gas de Ecopetrol a US$0,40 y valía a US$1,75 (ET, Agt.14.06). ISA: el propio Álvaro Uribe Vélez (Dinero, Feb.2001), lo he dicho veinte veces aquí, dijo que la iban a vender en 400 millones de dólares menos de lo que valía, y efectivamente, el doctor Gutiérrez la vendió. Y las acciones entre julio de 2001 y el 2 de septiembre de 2007 se valorizaron en 425,02%. No, no se valorizaron. Fue que se vendieron por menos de su valor real. Isagen: el caso de Isagen clama al cielo, como el de Ecopetrol. El 8 de agosto de 2007 venden las acciones y el 2 de septiembre de 2007 valían 69,9% más. ¡En menos de un mes! Vendida a menos precio también.
De eso es de lo que estamos hablando, de unas privatizaciones que se hacen sobre la base de vender a menos las empresas para beneficiar a unos gatos grandes y lustrosos, así de pronto metan a la señora de los tintos de Ecopetrol para que El Tiempo pueda titular de alguna manera acomodaticia. Esto por supuesto incluye alzas en las tarifas. Les voy a leer las cifras de los incrementos en las tarifas hechos con la privatización, que además de defraudar el patrimonio público, acarrea hambre. Privatización es hambre y alza en las tarifas para que los colombianos coman menos, se vistan menos y se eduquen menos.
Fuertes alzas en las tarifas y represión a los trabajadores
Voy a leer unos pocos casos para no hacerme largo. Entre junio de 1995 y octubre de 2007, incremento real, real, no nominal, en pesos de 1995, descontando inflación. Santander, en estrato 1, incrementos, 248%. Norte de Santander, en estrato 2, 233%. Boyacá, en estrato 3, 395%. Empresa de Energía de Pereira, que la están alistando también, en estrato 4, 118%. Meta, en estrato 5, 154%. Cundinamarca, en estrato 6, 198%. Hice como la escalera para no repetir mucho asunto, pero digamos, en Cundinamarca en estrato 1, 361%, en 2, 467%, en 3, ¡457 por ciento!
Y me dicen que la política de la privatización es muy buena, senador Hugo Serrano, tan buena que para desarrollarla tienen que reventar de hambre a los colombianos. Y todo, para que tres o cuatro ricachos, casi todos trasnacionales, se embolsillen unas utilidades fabulosas. Pero cuando yo digo que lo que están montando es una plutocracia, que es el gobierno de los monopolios y las trasnacionales, al doctor Arias se le despelucan los cabellos que aún le quedan. Yo simplemente estoy haciendo una afirmación con base científica.
Persecución a los trabajadores
Hay otro aspecto muy grave y repudiable en estas privatizaciones. Todas se montan sobre la base de perseguir implacablemente a los trabajadores. No hay privatización que no incluya la persecución de los trabajadores. Es que el país ha llegado a un nivel aterrador de desfachatez. Miren ustedes lo que me encontré en el Conpes 3224 (Agt.11.03), de este gobierno, sobre Enertolima: “Es una empresa que tiene una planta de personal eficiente y con prestaciones de ley, es decir, que no tiene beneficios convencionales”. La empresa es eficiente, dice el gobierno, porque sus trabajadores carecen de beneficios convencionales. Cualquiera diría que los beneficios convencionales, que les permiten a los trabajadores ganarse unos centavitos más de lo que se le dé la gana al patrón, son una actividad criminal, contraria al progreso de Colombia. Para el gobierno, quien logre obtener un beneficio convencional se vuelve sospechoso. Toda esta política privatizadora viene acompañada de destrucción de los sindicatos y, así sea coincidencia, de sindicalistas muertos y desaparecidos, de inestabilidad laboral absoluta, de pésimos salarios. Y en resumidas cuentas, doctor Óscar Iván Zuluaga, de menos democracia. No puede haber concepción democrática en un país que no respete a los sindicatos, no para que sean unas figuras decorativas, como un cuadro, sino para que ejerzan su derecho a firmar contrataciones colectivas y a conquistar beneficios convencionales que superen las cláusulas de ley, usted sabe esto. Cuando la OIT se refiere en términos negativos a este gobierno, lo hace porque ve que no hay libertades sindicales, aun cuando la verdad es que ha sido blandengue frente a este gobierno en lo que tiene que ver con sus relaciones con los trabajadores.
¿Es un crimen que un pobre gane un poquito más que el salario mínimo? ¿Es negativo para el país? ¿Es malo que el obrero Pedro Pérez, en Cúcuta o en Bucaramanga o en Ibagué, en vez de ganarse 400 mil se gane 500 u 800 mil pesos y le compre a la modista más camisas para su señora o al tendero un poco más de libras de chocolate o de café? ¿Es malo que ese trabajador pueda llevar a sus hijos de pronto a un matinal el domingo a que vean una película? ¿Es contrario al progreso de Colombia? ¡Qué tipo de capitalismo es este! Cualquiera que haya estudiado un poquito de economía sabe que el capitalismo no puede crecer sobre la absoluta hambre del pueblo. ¿Es malo que los ciudadanos norteamericanos o europeos ganen un poco más que los de Colombia? No. Lo que explica las fortalezas de esas economías es que su pueblo gana algo, y así gasta, y como gasta algo funciona mejor la economía porque hay más quien compre. ¿Es malo para los productores de panela, pregunto yo, que un trabajador de una empresa de energía compre tres atados más al mes? ¿Es malo para un panelero? ¿Es malo para un fabricante de camisas que un trabajador sindicalizado compre dos camisas más al año? Es un horror lo que está pasando en Colombia, viendo cómo una cúpula, allá en las nubes, vinculada al capital extranjero, todo lo tiene y todo lo puede en medio de un país que ya parece casi un país de parias, donde tomarse una aguapanela se empieza a convertir en un delito.
Contraloría advirtió que iba a haber detrimento patrimonial
¿Cómo valorizaron las electrificadoras? Dice la Contraloría General de la República que las de Norte de Santander, Santander, Meta, Cundinamarca y Boyacá, el Ministerio de Minas fueron valorizadas en 200 mil millones de pesos menos de lo que valían o del precio al que las valorizó la propia Contraloría. Pero con esta advertencia, que agrava todavía más el asunto, y es que la Contraloría General de la República le manda al gobierno un control de advertencia porque se van a vender las empresas a menos precio. Dice el doctor Turbay: “Continuar el proceso bajo esas condiciones implicaría el riesgo de menores ingresos para el Estado, lo que podría configurar detrimento patrimonial”. Y miren lo que agrega, especialmente grave –supongo que por eso es que no vino el ministro de Minas, le debió de haber dado pena darle la cara a esta Comisión. La Contraloría, dice el doctor Turbay, encontró “serias dificultades para obtener la información necesaria sobre los ejercicios de valoración adelantados por las bancas de inversión contratadas por ese Ministerio”. Está denunciando el contralor que le embolataron la información, nada menos, que la información “ha sido fragmentaria e insuficiente, debido a la reticencia a suministrarla, según consta en comunicación suscrita por el señor viceministro, en la que aduce el extravagante argumento de que la propiedad intelectual del estudio contratado y pagado por el Estado, por valor de $2 mil millones, es del contratista.” El Estado contrata un míster para que le haga la valoración y cuando el propio Estado, por conducto de uno de sus organismos de control, le dice al Ministerio que le deje ver el estudio, allá le dicen que no, porque se viola la propiedad intelectual. ¿Esto qué es? ¿En qué país estamos? Aquí yo he dicho muchas veces, en son de ironía, que para que el ministro de Agricultura me dé unas cifras, hay que someterlo a tortura. Comparen las respuestas que me dio el Ministerio de Hacienda y el de Minas para este debate. Les hicimos a los dos las mismas preguntas y el uno dice, esta pregunta se la contesta el Ministerio de Hacienda. Y el Ministerio de Hacienda dice, no, esa pregunta se la contesta el Ministerio de Minas. Y yo me quedo viendo un chispero, porque, además, buena parte de las respuestas me las entregaron ayer a última hora. Vamos a ver qué tenemos hacer, senadores de la Comisión. Pongámonos todos de acuerdo para que estos ministros respeten nuestro trabajo y nos respondan oportunamente y como debe ser.
El contralor le hace entonces al Ministerio el control de advertencia. ¿Y saben qué hizo el Ministerio? Nada. Siguió para adelante con la venta como si no estuviera pasando nada. Si hoy está suspendida fue porque acciones populares de los trabajadores ante los jueces lograron pararla, como se dice, a la brava, a pesar de que el contralor había dicho que no siguieran. Y el gobierno, como si nada. Aquí el gobierno hace lo que se le da la gana, porque aquí no valen ni Rama Judicial ni Legislativa. Aquí el que manda es el doctor Álvaro Uribe Vélez, y es dándole. Y si un senador de la República, el doctor Alexander López, ha sido dirigente sindical, eso ya se le vuelve cabeza de proceso y vemos al propio jefe de Estado diciéndole a un general de la policía en un consejo comunitario: oiga, general, métame a ese senador a la cárcel. ¡Eso qué es! Opina la Contraloría y les importa un pepino. Bueno, pero una vez los jueces de la República pararon esa venta a menos precio del patrimonio público, les tocó entonces moverse y en un conjunto de decretos de enero de este año ya valoraron las empresas en 210 mil millones de pesos más y ahora nos informan que todavía las están valorando. Vamos a mirar con lupa la nueva valoración. Ni crean que se las vamos a visar en los precios que a ustedes se les antoje.
El operador privado se quedará con el control
Les hago un llamado muy cariñoso a los santandereanos y a todos los que están en esto, porque ya el asunto está llegando al colmo. Santander y otros departamentos han dicho: nosotros queremos quedarnos con las empresas con tal de que no se las den a los privados, porque saben que esos privados hacen fiesta con ellas y ponen el servicio donde se les da la gana y suben las tarifas y contratan como quieren y hacen lo que se les viene a la cabeza. Entonces los departamentos están bregando a quedarse con el 51% de las acciones, lo mismo que intentó el Tolima con Hidroprado, o lo que quisimos hacer con CHEC en Caldas. Y miren ustedes las del ministro de Minas (LR, May.14.08): “El departamento que compre el 51% debe cederle el control de por vida al operador. Para esto, habrá un acuerdo de accionistas desde el principio que es inmodificable”. Vuelvo y hago la pregunta: ¿hasta dónde va a llegar esto? El Estado, a través de un departamento, compra la mayoría de las acciones para quedarse con el control y para operar, por supuesto. Y desde el Ministerio le dicen, no, usted puede tener las acciones que quiera pero operará y tendrá el control el privado. Con franqueza les pregunto, ministros: ¿ustedes a quién representan en este asunto? ¿A la nación colombiana, al Estado colombiano, o a los negociantes privados? Ustedes de cuándo acá se arrogan el derecho de otorgarles a la brava a unos negociantes más derechos y más representatividad que al Estado colombiano. Eso es lo que están haciendo ustedes, y a la brava: las empresas del Estado tienen que quedar bajo el control de los privados, sea como sea. Y me preguntarán por qué eso me preocupa tanto. Muy sencillo, porque todos sabemos que quien opera una empresa tiene todas las ventajas del mundo, inclusive, la de defraudar a sus socios. Eso lo sabe cualquiera. Me imagino que estarán pensando para refutarme que es que los del Estado son muy pillos y si operan, se roban las empresas. Yo les digo, bueno, si tienen pillos de esos en sus partidos, échenlos. Pero es medio absurdo lo que están haciendo. Les hago una sugerencia cariñosa a los uribistas: no escupan hacia arriba. Porque si la teoría es que hay que entregárselas a un privado porque los públicos roban, yo diría, cuáles públicos roban. Y con franqueza le diría a un senador de cualquier departamento que esté dispuesto a entregar a los particulares la operación de la empresa, senador, ¿por qué no tiene en sus filas quién la administre con honradez? Porque aquí precisamente lo que estamos tratando de hacer algunos es tener un gobierno de gente respetable a la que no haya que quitarle las cosas de la mano porque, si no, se las embolsillan.
Esto me lleva a otro punto. Ustedes le habrán oído la cantaleta al doctor Álvaro Uribe Vélez: confianza inversionista, confianza inversionista, confianza inversionista. Les pregunto: ¿es a esto a lo que ustedes llaman confianza inversionista? Coger la propiedad pública y entregársela a la brava a los privados, así sean minoría, ¿es a eso a lo que ustedes llaman confianza inversionista? Y que además la renta que paguen no sea del 33% sino del 9% y que haya zonas francas que le permitan al gobierno escoger a dedo a quién le conceden todo tipo de beneficios tributarios. No, eso no es confianza inversionista. O si lo es, se consigue de una manera absolutamente repudiable, porque se supone que los intereses del Estado deben estar por encima de los intereses de los particulares.
Hay algo muy oscuro en lo de Enertolima y la EEP
Veamos lo de Enertolima. Sobre la venta de Enertolima, algún amigo de Ibagué me mandó esta frase, que debiéramos grabar en piedra: “Primero llegaron por los puestos, después por los contratos y finalmente por las empresas”. No voy a leer todos los documentos, pero queda claro, en los de la Contraloría General de la República, que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no intentó salvar la empresa para el interés público, sino que su intervención condujo fue a su privatización. La Superintendencia de Servicios Públicos no juega en el bando de los intereses del Estado colombiano, sino en el de los monopolios privados que están comprando esas empresas. Y eso es lo que nos dice la Contraloría que sucedió en el caso del departamento del Tolima.
Ya mencioné lo del famoso contrato de BOOT con la Sociedad Energética Melgar, SEM, en que el interés tolimense termina defraudado en $67.000 millones. ¿Cómo fue el negocio de Electrolima o Enertolima? La empresa fue comprada por un consorcio llamado Empresa de Energía del Combeima. Hubo un concurso entre tres empresas a ver quién se quedaba con la Electrificadora del Tolima y el consorcio ganador fue el constituido por Aseo Capital, con 25%, Enelar, con 40%, y Servicios Integrales del Valle, con 25%, las tres empresas de propiedad de Alberto Ríos Velilla. O sea, el comprador efectivo de Electrificadora del Tolima, dueño de muchas otras compañías –tiene negocios hasta en el Transmilenio de Santiago de Chile–, anda rondando también en la privatización de las empresas regionales. El 10% restante es de la Empresa de Energía de Pereira. Pues bien, el consorcio ganador derrotó en esa operación a otros que se interesaban, entre ellos, el Grupo Nule, cada vez más famoso en la vida del país, y a otro personaje bien conocido, William Vélez, no el congresista, sino un homónimo. La oferta fue por 251 mil millones de pesos, voy a redondear cifras.
Lo primero que llama la atención es que a los pocos días de cerrada la operación, los compradores le vendieron el 50% del negocio al Grupo Nule, al que acababan de derrotar en la licitación. Entonces uno se pregunta si había una manguala previa. ¿Sí hubo puja entre los oferentes o el negocio estaba cuadrado desde antes de una determinada manera? Lo otro que queda claro en las investigaciones es que los compradores de Enertolima, organizados en la Empresa Capitalizadora del Tolima, no solo venden la mitad, lo que los exime de una serie de compromisos tanto en aporte de capital como en crédito, sino que, además, a esas alturas, octubre de 2007, todo lo deben. De acuerdo con informaciones que tengo aquí, habían aportado como capital apenas 5 mil millones de pesos. Aparece Aseo Capital debiéndole a alguien casi 8 mil millones de pesos, porque aquí aparece un tercero que no se sabe muy quién es, y fácilmente puede ser el señor Alberto Ríos Velilla, por lo menos en el caso de EEP es el señor Alberto Ríos Velilla; Enelar, debiendo 12 mil; Servicios Integrales del Valle, 7,9 mil millones, y EEP debiendo 3.187 millones. De modo que quien se ganó la licitación no puso nada, básicamente la cédula, unos pesos, pero fíjense: lo primero que hace es vender la mitad. La otra mitad se la consigue con recursos de crédito.
Si el negocio se hace viable, es porque la Financiera Eléctrica Nacional, FEN, les aporta un crédito de 153 mil millones de pesos. Alberto Ríos Velilla se compromete a poner recursos de crédito por 177 mil millones, pero de esos 177 mil, la FEN, o sea, el Estado colombiano, le pone 153 mil millones, en un crédito a diez años, con período de gracia a capital de tres años y tasas de intereses pagaderas a trimestre vencido de DFT más 5%. Quisiera ver a cuántos colombianos nos prestan a DTF más 5%. En mi oficina hicieron la cuenta: solo en los tres años de gracia a capital, los tres años en que no tienen que abonar a capital, si eso se compara con intereses comerciales, del orden de 23, de 25%, da que a estos señores les regala el Estado como subsidio 68.850 millones de pesos, un regalo en este caso compartido por mitad entre el Grupo Nule y Alberto Ríos Velilla. A la Empresa de Energía de Pereira le toca una fraccioncita.
Resumiendo, empresas compradas con la cédula en las que el Estado es el que termina poniendo una parte fundamental de la plata y la otra se la levantan con recursos de crédito fáciles de conseguir, porque si a uno le entregan una empresa de servicios públicos, obtener recursos en los bancos no tiene chiste. Me dicen además mis informantes que la Empresa de Energía del Tolima tenía 20 mil millones de pesos en caja. O sea, que cuando se compra la empresa, esta cifra se asume como parte del negocio, un hecho que también me parece por lo menos extraño. Es probable que los ministros me digan ahora, senador, todo fue legal. Realmente, no sé. Pero lo cierto es que no deja de ser un favoritismo expreso en beneficio de unos personajes para quitarle la propiedad al sector público. Quiero insistir en que estamos en la plutocracia. Todo para los monopolios nacionales o extranjeros y que el Estado pague los platos rotos.
Es turbio el negocio de la EEP en Enertolima
¿Cómo entra en el asunto la Empresa de Energía de Pereira? Les cuento que en este momento están bregando a privatizar a la Empresa de Energía de Pereira con el argumento de que está en problemas. Problemas que por supuesto no son nuevos. Ahora, lo primero que llama la atención es que una empresa en problemas, la Empresa de Energía de Pereira, termine metiéndose a comprar una parte de Electrolima. ¿Cómo? ¿A cuento de qué? Y vamos a ver que el negocio todavía es más curioso, más extraño y diría que hasta turbio, pienso incluso que se mueve en la ilegalidad, y me llama mucho la atención que el Ministerio de Hacienda reconozca que no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo.
¿Por qué había que meter a la Empresa de Energía de Pereira en el negocio de Enertolima? Porque las condiciones del concurso exigían acreditar experiencia, que se supone que no era solo poniendo plata, sino también conocimientos técnicos. Pero aquí tengo una certificación del secretario de la Empresa de Energía de Pereira donde dice que “la EEP no ha participado en la administración y operación de Enertolima”. O sea, si la incluyeron en el negocio con el cuento de que iba a transferir conocimientos, ella nunca lo hizo, porque tengo la certificación de que nunca estuvo en eso y supongo que ni tiene puesto en la mesa de la junta directiva porque detenta apenas el diez por ciento de las acciones.
¿Cómo empezó el negocio? Acta de junta directiva del 12 de octubre de 2004, el alcalde de Pereira, Juan Manuel Arango Vélez, que va a estar durante todo el tiempo en este negocio. El gerente es Juan Carlos Valencia Montoya. Hago la advertencia de que el gerente solo está presente en esa primera reunión de junta directiva y que después van a venir otras reuniones importantes. ¿Cómo se presenta el negocio frente a la junta directiva de la Empresa de Energía de Pereira? Dice el gerente que el propone “que la empresa participe en el regateo entrando en la etapa de precalificación firmando la carta de intención (en el negocio de Enertolima) donde la Empresa de Energía (de Pereira) aportaría su good will, su experiencia y las empresas SEM Ltda (que no sé si sea la misma de Melgar)* y Servigenerales S.A. E.S.P. aportarían el presupuesto”. La Empresa de Energía de Pereira aportaría el good will –creo que la frase debió haber sido el know how–, su experiencia, y los otros ponen la plata. Son negocios que conocemos vulgarmente con el nombre del socio capitalista y el socio industrial. Una integrante de la junta, la doctora Sonia Vargas, les llama la atención y les dice, ojo con ese negocio, y pregunta si ahí van a arriesgar plata de la Empresa de Energía de Pereira. “El señor gerente responde que él se compromete a que la carta de intención quede redactada de tal manera que se asegure que no se vea afectado el presupuesto de la empresa”. Para mí queda claro entonces que en la Empresa de Energía de Pereira le dan el pase a Valencia para meterse en el negocio sobre la base de que no pone plata. Hasta aquí no le veo problema, porque si yo soy la Empresa de Energía de Pereira y me puedo ganar una plata simplemente aportando el conocimiento técnico de unos especialistas que vayan a Ibagué y ayuden a echarle cabeza a alguno que otro problema, pues está bien. No le encuentro mucho misterio. Pero es que, como vamos a verlo, el negocio evoluciona. La Empresa de Energía de Pereira, que solo iba a aportar el know how, pasa a convertirse en accionista y a conseguir plata prestada.
Y un hecho insólito, senadores y doctor Óscar Iván Zuluaga: la plata no se la presta la banca. Se la presta un particular, que resulta ser –el que adivine se gana una galletita– el doctor Alberto Ríos Velilla. Él es quien pone la plata para que la Empresa de Energía de Pereira entre como socia. Y Ríos Velilla aparece ahora como uno de los que están interesados en comprar la Empresa de Energía de Pereira, cerrando por completo la vuelta.
Después de esa primera reunión de junta directiva hay otras, ya con un gerente distinto al doctor Juan Carlos Valencia, ahora con la gerencia del doctor Jorge Ospina Marín y con la alcaldía del mismo doctor Juan Manuel Arango. A estas alturas queda claro que la Empresa de Energía de Pereira termina metiendo plata en el negocio, pero sin carta de intención, ni valoración, ni estudios serios que demuestren que para la Empresa de Energía de Pereira es bueno meterse de cabeza en el negocio. Nunca se revela que quien va a prestar la plata es el doctor Alberto Ríos Velilla, ni que una de sus empresas, socia también en el negocio de la privatización de Enertolima, es Enelar, la empresa de alumbrado público de Pereira, de la que es propietario Ríos Velilla. Él puede que viva aquí, no sé si sea bogotano, pero lo cierto es que tiene intereses en Pereira. Curiosamente, nunca se comunica en ningún acta que es el doctor Alberto Ríos Velilla el que va a prestar la plata. Y otra cosa no menos extraña: la figura que se le termina dando a la maniobra es que la Empresa de Energía de Pereira responde por la deuda pignorando las acciones y los dividendos, una manera de evadir que sea la banca la que termine prestando la plata. Por fuerza nos tenemos que preguntar por qué una empresa de energía de carácter público termina haciendo créditos con particulares. No sé que dirá la Contraloría General de la República, a la que yo invité aquí. Pero sí voy a escuchar con mucho cuidado lo que diga ahora al respecto el Ministerio de Hacienda.
A la Empresa de Energía de Pereira la meten inicialmente en el negocio diciéndole que entra con el 20%, pero al final la dejan con el 10%, porque el Grupo Nule compró la mitad y entonces de una vez la bajan al piso. Queda claro en todo el proceso que los compradores nunca tuvieron la plata, sino que terminaron consiguiéndola no sé exactamente cómo: en el caso de Pereira, ya lo vimos, con un particular. La junta directiva dice por ejemplo que la pignoración por la deuda “se haría a favor de las personas que los consorciados determinen”. Ni siquiera ellos saben quién es el que les va a prestar la plata, o lo saben y no lo dicen. Y les trasfieren la responsabilidad a sus socios. Esto es algo bien importante y que puede explicar todas estas vueltas: cuando el señor Alberto Ríos Velilla le presta la plata a la Empresa de Energía de Pereira, le dice que le tiene que pagar a intereses corrientes bancarios. Le dice además que la deuda se pagará con los dividendos y que será respaldada con la pignoración de las acciones. Esto de la pignoración es todo el tiempo la manera de evadir la primera decisión de la junta directiva, porque como no podían aparecer comprometidos los recursos de la Empresa de Energía de Pereira, entonces se inventan la ficción de que, en efecto, no aparecen vinculados los recursos de la Empresa de Energía de Pereira sino tan solo las acciones que están pignoradas en el negocio. Es un manejo que podría ser legal, pero que también resulta muy extraño. Porque aparece la empresa respondiendo con un pedacito. Se dice además que el negocio es “con opción de compra de estas por parte del acreedor”. Si el día de mañana la Empresa de Energía de Pereira decide vender sus acciones, ¿quién en últimas se va a quedar con ellas? Adivinen. Alberto Ríos Velilla. Prácticamente nadie va a estar interesado, por esta cláusula que queda establecida y que puede ayudar a esclarecer el punto.
Un truco leguleyo
Veamos cómo son los montos de la operación. Ríos Velilla le presta a la Empresa de Energía de Pereira 3.687 millones de pesos, 500 que son aporte de capital y 3.182 que debe asumir por “su participación en la Empresa Capitalizadora Tolima S.A. ESP”. A estas alturas, diciembre de 2007, la deuda va en 4.537 millones de pesos, es decir, en solo un año se ha encarecido en 850 millones. Esta deuda come unos 50 millones de pesos/mes. Los abogados que han estudiado el caso, porque aquí la pregunta que hay que hacerse es por qué si ese negocio era tan bueno, no se hizo de una manera transparente y por qué la Empresa de Energía de Pereira no acudió a un banco cualquiera, por ejemplo a aquel donde tenía depositados sus recursos, a decirles préstenme 3.687 millones de pesos para un negocio que voy a hacer, sino que recurrió a un particular. Y habría quedado con toda tranquilidad y toda libertad y sin discusión por hacer, salvo si el negocio era bueno, regular o malo. El problema que ellos enfrentaban era que si la plata se conseguía mediante un contrato bancario formal, había que cumplir con una serie de requisitos, que en este caso se evadieron porque le dieron el nombre de convenio. Aquí hay abogados para todo. Resulta entonces que el negocio de la Empresa de Energía de Pereira con Ríos Velilla no es un contrato sino un convenio. Ahora ustedes lo leen, aquí lo tengo, y no es otra cosa que la cláusula de un contrato en el que el uno se compromete a poner una plata y el otro a pagarla de cierta manera, etc. Cuál es el asunto, se preguntan los abogados. Que si esto hubiera sido no un convenio sino un contrato, miren lo que habría tenido que hacer la Empresa de Energía de Pereira. Primero, certificar la capacidad de pago de la deuda de acuerdo con la Ley 358 de 1997, la Ley 819 de 2003 y el decreto 610 de 2002, pero de la manera como lo hicieron se libraron de ese trámite. Segundo, había que haber hecho una evaluación de las alternativas sobre el ofrecimiento más favorable, según el Decreto 2681 de 1993: estudiar intereses, plazos, capacidad financiera, cumplimiento, una serie de aspectos que son los propios de este tipo de negocios y, por supuesto, habrían tenido que demostrar con seriedad en la junta directiva que se trataba de un buen negocio, lo que tampoco nunca se demostró. Esta era una operación clásica de crédito público, porque lo que hacen es endeudarse en casi cuatro mil millones de pesos. Una empresa de servicios públicos, hasta para comprar una alhaja cualquiera, debe someterse a la ley. Dice la Ley 80 de 2993, artículo 41, parágrafo 2: “Para efectos de la ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentra la contratación de empréstitos”. Obvio. Dice que los contratos de crédito público “son aplicables a las empresas de servicios públicos oficiales y mixtas” (Ley 533/99 y Ley 781/02). Esta es una empresa oficial de servicios. Ojo con esta otra cláusula: estos empréstitos no están autorizados con particulares, sino con entidades crediticias. Estos empréstitos requieren del concepto previo del Confis y del DNP (Ley 80/93, art. 41, parágrafo 2, inciso 5). Lo que no se hizo. Todo esto fue lo que evadieron con el famoso truco del convenio.
Dice la empresa Nexia Internacional, el 7 de octubre, la que hace la debida diligencia del proceso de privatización en que hoy está metida EPP, que estos negocios tienen a la empresa expuesta a riesgos: “La empresa está expuesta a un riesgo en la toma de la decisión consistente en la inversión realizada en la Capitalizadora del Tolima SA cuya operación se torna compleja en tanto que los recursos fueron aportados por la EEP en calidad de préstamo por una persona natural sin que sea clara la viabilidad de este tipo de negocios, aspecto que fue advertido por el Ministerio de Hacienda y Crédito público mediante comunicado emitido en el mes de junio de 2007”. Y usted me dice en sus respuestas, doctor Óscar Iván Zuluaga, que el Ministerio no tenía conocimiento. Dice Nexia “que no existen documentos que den claridad acerca de los términos de negociación toda vez que existe un pasivo a favor del señor Alberto Ríos Velilla por el valor comentado, del que se reconocen intereses a la tasa de interés corriente bancaria, sin que exista cobro de intereses por el préstamo hecho a la Capitalizadora del Tolima San Andrés”. Aquí hay un enredo. Según Nexia Internacional, parte del embrollo es que aparece EPP como prestándole a la empresa socia de este negocio. Dice que en “la cuenta por cobrar no se obtuvo evidencia de documento que respalde la operación”. Y que “en su comunicado el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, advierte que este tipo de operaciones debe efectuarse con el sistema financiero y además que la entidad debe cerciorarse de la idoneidad de la persona con la cual se contrata con el fin de prevenir que dineros de origen ilícito sean utilizados para cualquier fin con la unidad respectiva. No evidenciamos el estudio recomendado por parte del Ministerio de hacienda”. Tengo aquí el concepto que Diana Porras, coordinadora del Grupo de Asuntos Legales, le rinde al doctor Néstor David González, subdirector de Administración y Servicio de la Deuda, los dos del Ministerio de Hacienda, en el que deja en claro que ahí hay un enredo que no se ha despejado.
La privatización de EEP cierra el círculo
En este momento están bregando a privatizar la Empresa de Energía de Pereira. El procedimiento acaba de ser suspendido por un juez de la República respondiendo a una acción que interpusieron algunos ciudadanos pereiranos. Resaltan varias cosas que son increíbles. A quienes están privatizando la empresa no se les ocurrió que había que tramitar ante el concejo municipal el cambio de naturaleza para convertirla en una empresa mixta, un trámite absolutamente elemental. Tampoco cumplieron una cláusula que está en la Constitución Nacional, según la cual primero deben ofrecerles las acciones a los trabajadores y a lo que llaman sector solidario. La Procuradora Judicial 38, de Pereira, insiste mucho en la gravedad que ella le concede a que estén apareciendo como posibles compradores de la Empresa de Energía de Pereira precisamente quienes son sus socios privados en el negocio de la Electrificadora del Tolima. Es algo que a mí también me ha llamado poderosamente la atención y a lo que no le encuentro explicación satisfactoria, si lo amarro con los antecedentes que estoy mencionando y que son por lo menos bastante curiosos. En aras de la brevedad, no voy a entrar a calificar en detalle este tipo de conductas, porque todo indica que aquí se está cerrando un círculo en beneficio de un determinado personaje, en este caso, el señor Alberto Ríos Velilla. Y no es suficientemente clara la razón por la cual la Empresa de Energía de Pereira aparece en el negocio de Enertolima ni la manera como se ejecuta. Ni encuentro tampoco claridad en por qué se mete a comprar el 10% de unas acciones. Los que entendemos un poco de estas cosas sabemos que es por lo menos una decisión discutible para una empresa que está en dificultades. Y mucho menos clara es la manera cómo se hace la operación. Al final terminan apareciendo sus socios, todos interesados en ser quienes se queden con el control de la empresa, unos socios que ya tienen el poder sobre la empresa de Alumbrado Público de Pereira.
Concluyo en el conjunto del debate diciendo que hay unas imposiciones que nos vienen de afuera en beneficio de monopolios privados. Hay serios problemas en las negociaciones de estas empresas. Traen acarreadas las alzas de tarifas y presuponen la persecución de los trabajadores; quiero enfatizar este aspecto. Y quisiera que a este asunto de Empresa de Energía de Pereira, señor contralor delegado presente hoy aquí, se le pegara una mirada con todo detenimiento hasta que se desentrañe qué fue lo que pasó. Y al Ministerio de Hacienda le pido que nos aclare si conceptúa que es legal que la Empresa de Energía de Pereira se esté endeudando con particulares de la manera como lo hizo, y si en este caso se cumplieron todas las formalidades prescritas por la ley.
Réplica del senador citante a la intervención del ministro de Hacienda y del viceministro de Minas y Energía
Voy a mencionar rápidamente varias cosas. El señor viceministro dice que las tarifas se fijan igual para las empresas públicas y para las privadas. Y con eso intenta refutar que el alza de las tarifas está vinculada a la privatización. Eso es así, ministro. Uno les pediría a los funcionarios que hiciéramos estos debates con seriedad, sin importar quién gane o quién pierda, para que por lo menos los colombianos entiendan de qué se trata. Ahora bien, usted sabe que el alza de tarifas se impulsa en Colombia para poder privatizar las empresas, porque con las anteriores tarifas no se podía, era imposible. Recuerdo la frase de un funcionario de la CHEC en Manizales diciendo que “era más fácil vender un gallinazo con una ala partida que privatizar a la CHEC con las tarifas que tenía” en ese momento, a mediados de la década del 90. Si las empresas públicas no tuvieran unas tarifas tan altas, no se podrían privatizar. Es así de simple.
Mientras que el Estado es capaz de operar una empresa de servicios públicos cubriendo con la tarifa los costos de producir el servicio y ampliar las redes y los costos financieros, y nada más, siempre el privado necesitará un tercer ítem, que es el de la utilidad. Y eso es precisamente lo que hace que las tarifas en las empresas privadas de servicios públicos siempre tengan que ser más costosas. La escala tarifaria en un país con empresas de servicios públicos estatales puede ser de un costo inferior al de un país con empresas de servicios públicos privatizados, sin que siquiera se estén quebrando ni nada de ese corte. Es un fenómeno perfectamente claro en la literatura y lo reconoce incluso la ley 142 cuando establece que la tarifa tiene que garantizar la ganancia del inversionista, es más, dice: las ganancias de tipo monopolístico.
Usted afirma, y en eso tampoco es serio usted, viceministro, que no importa quién opere las empresas. Así el Estado tenga el 51%, no importa que el operador sea el privado. Todos sabemos, e insisto en que uno aquí debe hacer labores de pedagogía, que el operador adquiere unas ventajas y un poder inmenso sobre el otro socio. No es como dice aquí algún senador, que el operador es como el chofer. Pues ojo, doctor Reyes, porque un chofer de esos lo pone a usted a cambiar la llanta, en el caso de que usted sea el gobernador de Santander. Seamos serios en el debate. Aquí hace un momento hablaron incluso de una prima por operar que hay que pagar y que es un reconocimiento a las ventajas. El operador tiene un poder inmenso para determinar con quién se contrata y dónde se consiguen los créditos. Lo voy a decir de una manera más brusca: el operador adquiere el derecho de robarle al socio, si se le da la gana. Es más, se lo voy a poner al revés, señor viceministro. Muéstreme un solo caso en el mundo en que un privado que detente el 51% de las acciones de una empresa le ceda al otro socio la operación, así el otro sea un privado. Muéstreme un solo caso.
El caso de la CHEC, ya lo mencionó aquí el senador Sierra, nos tocó a nosotros mirarlo de cerca. Vimos cómo estrangularon a esa empresa hasta forzar su venta. Le mantuvieron un contrato de PPA extremadamente leonino, impuesto por el gobierno nacional y en el que la CHEC perdía más de 30 mil millones de pesos anuales. No le aceptaron subir las tarifas hasta tanto no quedó lista su venta, en este caso, a EPM, la empresa escogida por el presidente de la República, un caso clásico en el que se estrangula la una empresa para privatizarla o traspasársela a un tercero. Y lo de Enertolima es la misma cosa. Ustedes la sanean pero con el propósito de entregársela a un privado, al cual le hacen un favor inmenso. Aquí hablé del regalo de un crédito subsidiado de la FEN a un privado, baratísimo. Vaya a ver cuántos privados consiguen créditos con esa tasa de interés en el mercado, bueno, por lo menos no los pequeños ni los medianos, digo yo, ni la gente del común. Aquí no faltará algún magnate dueño de un banco al que le presten plata a esa tasa, y no estoy hablando ni de Pedro Pérez ni de Juan Rodríguez, que están pagando tasas de interés del orden del 30%.
Me llama también la atención, viceministro, como a todo el mundo, que yo le señalo aquí que el competidor, el derrotado en la licitación, termina tres o cuatro días después con el 50%, no el 49%, de lo que había comprado el grupo de Ríos Velilla, y usted, actuando como juez de la República, dictamina que a eso no le ve ningún problema. Yo esperaba siquiera, viceministro, que le dijera a esta Comisión que hoy mismo le iba a pedir a la Fiscalía o a la Procuraduría que investigaran si había habido colusión, algo normal en las empresas privadas, que se pongan de acuerdo, como se pusieron de acuerdo en la privatización de Carbocol, para comprar por menos de su valor. No me extraña: La verdad es que a mí de este gobierno ya no me sorprende absolutamente nada. Espero que la Contraloría sí le eche ojo a este asunto tan turbio y no absuelva a priori lo que puede ser una colusión para comprar a menos precio aumentando la defraudación al Estado colombiano.
No mencioné una cosa que se me pasó, y que es bien importante. Esas empresas que hoy están siendo privatizadas produjeron en el 2006 utilidades por 178 mil millones de pesos, dirigidas por el sector público. Aquí ni siquiera pueden decir que lo que van a vender es el hueso. No. Van a vender el lomo, porque si no es el lomo ningún privado compra, repitámoslo con franqueza. Sigo esperando que algún neoliberal me diga que va a privatizar la escuela del barrio más pobre de Ciudad Bolívar, a ver cuándo va a poner concretar la venta. O la carretera de San Félix a Marulanda, doctor Óscar Iván Zuluaga, a ver cuándo es que va a aparecer un generoso privado a adquirirla y el gobierno nacional, a ponerla en venta.
Mi debate no era sobre la privatización de EPP en este momento. Sobre ese punto simplemente me limité a señalar lo que señalan los jueces, que me parece el colmo que no legalicen esa venta y la intenten hacer violando las normas de la República. Ya solo eso me parece muy grave. No estoy de acuerdo con ninguna de esas privatizaciones, y más si hay detalles mostrando que la empresa está operando en condiciones satisfactorias y que cuenta con buen mercado, como se ha señalado. Pero lo que sí voy a señalar es esto: bajémonos de los eufemismos, se trata de una privatización. Porque aquí le montan a uno un alegato si la palabra es capitalización. No. Van a privatizar la empresa, así se llama. Pero como a ustedes les da como pena aceptar que es una privatización, entonces se inventan cosas, se han inventado varios mecanismos. Es más, aquí también con acuerdo de accionistas, según el cual, quien compre el 49% operará. El mismo negocio leonino que está imponiendo el gobierno nacional, porque en este país el mal ejemplo cunde. Cualquier cosa que se haga mala en Bogotá la repiten en Pereira o en cualquiera otra parte. Y dicen que es bueno privatizar porque antes los políticos eran, o éramos, no me acuerdo como dijeron, irresponsables y que mejor entregarle el sector público a la empresa privada. Con franqueza les digo que están siendo ahora todavía más irresponsables. Porque estos son negocios dañinos para el interés público. Salimos de Guatemala a guatepior. Venden las empresas porque no fueron capaces de administrarlas bien, pero siguen gobernando y administrando mal, como lo estamos viendo.
Poner como ejemplo de lo bueno la privatización de la electricidad en la Costa Atlántica falla también de raíz. Ese es un ejemplo bien malo, porque allá las empresas privatizadas están ultrasubsidiadas por el Estado, tanto que tuvieron que sacar a los más pobres de ellas, aquí hemos hecho debates sobre el tema. Ahí está la privatización de Corelca caminando. Y a Corelca le van a dejar el hueso, las deudas, los problemas, y al nuevo socio o al nuevo inversionista privado le van a dejar todo el lomo del negocio. Ahora, las privatizaciones han sido malas en todos los gobiernos. El caso de la privatización de las electrificadoras de la Costa en el gobierno de Samper es un ejemplo malísimo, aquí hemos hecho varios debates demostrando lo mala que ha sido para los costeños, estoy diciendo, para las gentes del común.
Me llama la atención que nada menos el Cega sostenga que es pésima la forma como funciona AIS y me parece además muy grave que el ministro de Agricultura quiera meter a la cárcel al director del Cega por atreverse a afirmarlo y también grave que aquí se salga a defender AIS como si nada. Les pediría a quienes defiende Agro Ingreso Seguro que algún día nos trajeran una cifra, una siquiera, así sea por equivocación, porque es algo que se va haciendo ya molesto.
Aquí hay un senador que siempre dice que el problema es internacional. Ojalá dijera que también el crecimiento es internacional, porque esa es parte de la discusión. ¿Por qué ha crecido la economía del país, porque estamos en la seguridad democrática o porque le han llegado los influjos del crecimiento de la economía mundial? Creo que lo principal es lo segundo. Le voy a decir además a ese senador que no es cierto que los precios de la gasolina en Colombia estén determinados solo por los precios internacionales. Ya que no me creen a mí, créanle al doctor Óscar Iván Zuluaga, que acaba de decir que aquí tenemos impuestos a la gasolina del orden del 40%, mientras en Estados Unidos son del 12%. Les pediría que le crean al doctor Zuluaga aun cuando sea eso. Porque no se puede seguir aduciendo que en Colombia los precios de la gasolina son tan altos porque los precios internacionales del petróleo están por las nubes. Eso no es verdad. Ahora, cómo resolver este problema, doctor Name. Lo primero sería pedirle al doctor Óscar Iván Zuluaga que lo quisiera resolver, porque este es un Congreso medio eunuco que no tiene iniciativa en la fijación de impuestos ni en el gasto, pues no podemos cambiar la estructura tributaria. Si yo fuera el ministro Óscar Iván Zuluaga haría algo muy simple: súbanse los impuestos a los monopolios y a las trasnacionales para compensarles esas platas a las regiones y pónganse en cero el impuesto a la gasolina, un impuesto regresivo aquí y en cafarnaún. Pero claro, se necesita ponerle el cascabel al gato del FMI, cosa que no voy a recomendar, no sea que se me infarte un ministro en una de estas sesiones.
Lamentablemente, ministro Óscar Iván Zuluaga, declaro mi absoluta insatisfacción por la explicación que usted le ha dado a lo de ese crédito privado hecho a la empresa Electrificadora de Pereira, que a mí me parece por lo menos bastante sospechoso. ¿Por qué digo que es insatisfactoria la respuesta? Porque yo a usted en el cuestionario le pregunto cuál fue el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre el préstamo hecho por el señor Alberto Ríos Velilla a la Empresa de Energía de Pereira. Y usted me contesta: “Este Ministerio no tiene conocimiento sobre el asunto al que se refiere su pregunta. Y por lo tanto, se abstiene de conceptuar sobre ello”. Pero resulta que tengo aquí un documento del Ministerio de Hacienda, y lo cité ahora, donde se asegura que el Ministerio sí trato el caso. Y no lo trató como usted dice, en el sentido de que esto es un problema de la Ley 142, que autoriza ese tipo de contrataciones. Yo ya veré si las autoriza o no. Lo que asegura el documento del Ministerio de Hacienda es que allí hay una cosa por lo menos bien discutible. Voy a leer lo que dice el Ministerio, y me perdonan que me alargue un poco, porque se trata de un caso de extrema gravedad. Y también esperé de usted, señor ministro, una respuesta diferente, prometiéndole a esta Comisión entrar a investigar. Refiriéndose a este caso de la relación entre Ríos Velilla y la Empresa de Energía de Pereira, dice la doctora Diana Porras, coordinadora del Grupo de Asuntos Legales, documento que me entrega la empresa en Pereira. Le preguntan: ¿cómo considera usted que un privado sea el que preste la plata y que no sea un contrato sino un convenio? Contesta: “Teniendo en cuenta que la actividad está regulada en desarrollo del principio constitucional previsto en el artículo 335 de la Constitución, el cual se transcribe a continuación: ‘Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito’, de conformidad con lo anterior las actividades de captación y colocación (o sea de prestar plata) de recursos solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado dado su interés público. Por tanto, dichas actividades gozan de una especial regulación por parte del Estado”. Aquí las normas no exceptúan a las empresas de servicios públicos ni a la Ley 142 ni a nadie. (Intenta interpelar el ministro). Estoy citando a los especialistas. ¿Usted no es abogado, doctor Zuluaga, o sí? Dice la abogada, doctora Porras, que debe ser de excelente nivel si la tienen allí: Segundo: “También se debe tener en cuenta que las entidades estatales (ojo a este punto, este es bravo, esto tiene que ver hasta con la DEA) al celebrar este tipo de contratos deben seguir todas las reglas relativas a prevenir que dineros de origen ilícito sean utilizados para cualquier fin por la respectiva entidad. Por tanto, la entidad pública debe cerciorarse de la idoneidad de la persona con la cual se contrata y cumplir con las normas legales al respecto”. ¿Se cumplieron las normas legales? No, lo dicen los que hicieron todo el análisis de privatización de esta empresa. Tercer punto: “Adicionalmente, la Empresa de Energía de Pereira debe fundamentar presupuestalmente si la compra de acciones corresponde a un gasto de inversión con el fin de dar cumplimiento al artículo segundo de la ley 358”.
Lo menos que le pido, doctor Óscar Iván Zuluaga, es que me sustente o me refute por escrito, pero que por lo menos ordene investigar. Porque esto aquí se nos volvió un enredo. Yo pido que se investigue y el doctor Maiguasca va exonerando a priori a las empresas de cualquier responsabilidad. No sé si el doctor sea economista, pero con toda seguridad no es juez de la República. Al doctor Óscar Iván Zuluaga le pongo otro caso y me dice que tampoco pasó nada, a contrapelo de los conceptos de la propia Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda.
Interpela el Ministro de Hacienda: Está desenfocado en eso, senador Robledo.
Robledo: Estará desenfocada su funcionaria, no yo, ministro. Estoy simplemente leyendo. No soy abogado.
Replica el ministro: Ahí no dice nada de lo que usted pregunta.
Robledo: Esa es la eterna historia de este gobierno. Se volvió imposible que nos entiendan las preguntas. Esto se ha vuelto de una complicación gravísima. Uno pregunta una cosa y entonces no entienden la pregunta. Como los computadores, que si les falta un punto no entienden nada, cosa bien curiosa.
En todo caso me sostengo en mi debate ratificando todas y cada una de las afirmaciones que he hecho en esta sesión.