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Jorge Enrique Robledo

Como es inocultable que al agro colombiano (y no sólo al arroz) le irá horrible con el TLC, el gobierno ha salido con el cuento de que, en contraste, la industria ganará, teoría que también han expresado los presidentes de las dos principales organizaciones del sector. En especial, llama la atención que Juan Alfredo Pinto, el presidente de la Acopi, quien habla en nombre de los pequeños y medianos industriales, se haya atrevido a titular un artículo suyo con la siguiente frase: “La pyme, ganadora neta en el proceso de negociación del TLC” (El Tiempo, 28 de febrero de 2006). ¿Será verdad tanta belleza? ¿O es tan falsa la afirmación que hasta suena a ridícula?

De entrada, no deja de ser curioso que se diga que una industria extremadamente débil como la nacional pueda desafiar, y vencer, a la de la primera potencia industrial de la Tierra a la hora de defender el mercado interno colombiano, en donde vende más del 90 por ciento de sus productos, afirmación que es más cierta en el caso de las debilísimas pymes. También genera sospechas que digan que se va a vender en grande en Estados Unidos, derrotando a los productores de ese país y, además, a competidores como los chinos, los mismos que están desplazando a los empresarios colombianos en el propio territorio nacional. Y el análisis de detalle confirma estas advertencias.

Como el “libre comercio” en Colombia no va a empezar con el TLC, pues se remonta a 1990, lo primero es saber que las pérdidas industriales han sido mayores que las agrícolas, lo que es mucho decir. Entre 1993 y 1999, el PIB agropecuario creció muy poco, el 7,35 por ciento, pero el de la industria disminuyó 5,9 por ciento. Otro estudio, este de la Onudi y Mincomercio, muestra que en 1999 la industria se redujo en 25 por ciento, enorme caída que nunca sufrió el agro. Toda la razón le asistió a Carlos Arturo Ángel, presidente de la ANDI, cuando en los noventa habló de la “desindustrialización” del país, anticipándose a que en ese lapso la participación de la industria en el PIB cayó 5 por ciento, una pérdida descomunal. Y eso que estas cifras ocultan dos realidades que las empeoran: como en ellas cuenta la industria transnacional “la cual sufrió menos por su poder y porque la protegieron”, ocultan las mayores pérdidas de la nacional y velan también que entre las pymes hubo una auténtica masacre.

En lo que tiene que ver con la eliminación de los aranceles a las importaciones con el TLC, es indiscutible que le fue bastante más mal a la industria que al agro, pues ella se desgravará más rápido y reducirá su protección a cero, en todos sus sectores, en máximo diez años. Entonces, según estudio de Planeación Nacional (2003), perderán los fabricantes de maquinaria y equipo, madera, alimentos, hilados y fibras textiles, químicos, derivados del petróleo y el carbón, cauchos y plásticos y metálicos. De ahí que Camilo Llinás Angulo, Presidente de Acolfa (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes), señalara que “para nosotros el balance es negativo” y que, al preguntársele sobre exportaciones, agregara: “Primero vamos a ver quienes quedan” (El Colombiano, 4 de marzo de 2006).

El capítulo de propiedad intelectual en el TLC también golpea a la industria nacional porque tiene como uno de sus propósitos fortalecer el monopolio de las transnacionales y hacer más difíciles o imposibles los procesos de imitación, los cuales son requisito indispensable para poder innovar en ciencia y tecnología, donde reposa la única y verdadera posibilidad de salir del atraso y la pobreza.

Además, no puede Pinto demostrar que Colombia ganó en remanufacturados, si sus aranceles desaparecerán en máximo diez años, si “un usado más otro usado da como resultado un remanufacturado”, según explica Llinás, y si las importaciones de ropa y zapatos de segunda no quedaron prohibidas sino en licencia previa, categoría que significa que en cualquier momento pueden autorizarlas, como seguramente sucederá si los neoliberales se consolidan en el poder. Y tampoco acierta cuando presenta como gran cosa que las transnacionales podrán ser excluidas de las compras del Estado colombiano inferiores a trescientos millones de pesos, pues el tope es muy bajo si se trata de proteger a la industria nacional, y más si en este aspecto no se logró trato nacional para los productores colombianos en Estados Unidos.

Lo que llaman el “triunfo” de Colombia en el TLC se limita a haber conseguido lo que ya se tenía con el Atpdea, acuerdo que en general viene desde hace 15 años y que, a la vista está, no ha servido para aumentar de manera sustancial las exportaciones a Estados Unidos y mucho menos remontar la pobreza. ¿Cómo pueden presentar como gran cosa mantener el statu quo en exportaciones y abrir una enorme tronera en importaciones? ¿No se comprobó que el Atpdea es la carnada que oculta el garfio que se le clavará en la garganta a la nación?

El balance de cómo le va a ir a Colombia con el TLC no puede hacerse bien si no se distingue entre los intereses del capital nacional y el transnacional, según se deduce de la contradicción entre Afidro, vocera de las farmacéuticas extranjeras, y Asinfar, la agremiación del mismo sector que representa a los empresarios nacionales. Y que también se expresa en la posición de Acolfa y el silencio de las ensambladoras de automóviles, las cuales serán golpeadas por una reducción de los aranceles del 35 por ciento, pero que, como son transnacionales, se lucrarán importando sus vehículos al país. ¿Y cómo ganarán los trabajadores que perderán sus empleos?

La posición de la ANDI se explica con un silencio. ¿Por qué será que luego de tres solicitudes cordiales, todavía no logro que esa organización me responda y me demuestre que no son las transnacionales las que la controlan?

Jorge Enrique Robledo

Es sabido que las pérdidas agropecuarias del TLC van a ser inmensas, y puede demostrarse que las industriales serán mayores. Pero pocos conocen que el TLC es mucho más que comercio y que otras cláusulas incluso harán más daños. Porque las normas sobre importaciones y exportaciones ocupan seis capítulos del Tratado (100 páginas) y este tiene 23 capítulos (315 páginas, sin las 1.216 de los anexos y sin las de los otros tratados a los que ordena ingresar), los cuales adquirirán un rango parecido al de la Constitución (108 páginas), en el sentido de que nada podrá hacerse en Colombia que contradiga su texto.

El Tratado, como en una operación quirúrgica, le quita al país cada uno de los instrumentos que Estados Unidos y las demás potencias económicas usaron para desarrollarse. Se repite así la vieja maniobra imperialista que Friedrich List explicó como la de subir por la escalera y, una vez arriba, pegarle una patada a esta para que nadie más consiga llegar. Cómo será el TLC que se define como un OMC Plus, es decir, que con este la Casa Blanca impone capítulos enteros que no logró imponer en dicha organización neoliberal. ¡Y las normas de la OMC, que se aplican desde 1990, generaron el mayor retroceso de la historia del país!

El capítulo de propiedad intelectual fortalecerá el monopolio de las trasnacionales estadounidenses en contra de que Colombia desarrolle ciencia y tecnología, la base de todo progreso. Así, además y según la Organización Panamericana de la Salud, se elevarán los costos de los medicamentos en novecientos millones de dólares al año, pues no es cierto que esto lo impida una carta adjunta en el TLC, dado que Estados Unidos no la firmó. ¿Por qué el minComercio publica como parte del Tratado este y otros documentos que no suscribieron los estadounidenses? Habrá patentes para plantas y tampoco es cierto que se proteja la biodiversidad nacional ni los conocimientos tradicionales.

Colombia no podrá darles, en su territorio, ventajas económicas a los colombianos frente a los estadounidenses, lo que lesionará la inversión interna y les entregará a estos extranjeros el derecho a ganarse casi todos los contratos de las compras estatales. El TLC les otorga a los gringos la prerrogativa escandalosa, que no tendrán los colombianos y que no es parte de la OMC, de exigir indemnizaciones por “expropiación indirecta”, la cual aparecerá cuando una decisión estatal afecte, ¡no las propiedades sino las ganancias esperadas de una inversión suya en el país! ¡Y esta cláusula leonina cabe incluso contra decisiones en salud, educación y servicios públicos! ¡Un buen truco, además, para hacer irreversibles las privatizaciones!

El TLC les crea a los inversionistas estadounidenses una justicia especial para sus controversias con el Estado colombiano. Dice que se aplicará el derecho económico “consuetudinario”, explicado como el tradicionalmente usado por las trasnacionales en el mundo. ¿No se supone que el primer criterio de un contrato, como el TLC, es la precisión de las cláusulas? Le quita a Colombia casi todos los instrumentos con los que los países se protegen en las crisis financieras y de balanza de pagos, decisión monstruosa de estirpe colonialista. Y los colombianos podrán irse a trabajar a Estados Unidos, pero si aceptan empleos basura y entran por “el hueco”.

En telecomunicaciones se obliga a las empresas públicas colombianas a alquilarles sus redes, y a bajo precio, a los competidores gringos, los cuales ni siquiera tendrán que instalarse en el país. Y ya se supo que en parte la privatización de Telecom fue para adecuarse al TLC, porque este impone la absoluta igualdad entre las empresas del Estado y las trasnacionales de Estados Unidos. ¿No es el colmo igualar los derechos de la nación colombiana, expresada en su Estado, con los de cualquier mercachifle extranjero?

Y el TLC aumentará los negocios financieros de los estadounidenses en Colombia. En general sobre el tema, George Soros comentó: “Permitir que los bancos extranjeros entren en los mercados nacionales es un asunto totalmente distinto. Es probable que se lleven la mejor parte de todo el mercado donde disfrutan de ventajas competitivas y que dejen a los negocios minoristas menos rentables sin existencias”.