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Pese a estar absolutamente prohibido por la ley reempacar la leche en polvo, pues puede abrir el paso al contrabando y a todo tipo de abusos fraudulentos, las trasnacionales francesas Carrefour, Éxito y Carulla han convertido en norma distribuir leche reempacada, sin que hasta ahora haya sido posible que el gobierno las frene, denunció el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, durante el debate a los ministros de Agricultura y Protección y a la directora del Invima, que tuvo lugar hoy en la Comisión Quinta.

¿Qué se esconde detrás?, preguntó. ¿Por qué resulta tan rentable reempacar la leche en polvo y no comprársela directamente al pulverizador? La explicación podría ser que existe en el país todo un comercio ilegal de leches vencidas o degradadas o traídas de contrabando.

Además, el congresista incriminó a las tres trasnacionales, como también a Danone, Alquería, La Pradera y otras diecisiete empresas por seguir expendiendo lactosueros como si fueran leche, un engaño calculado ya puesto en evidencia por Analac y por la Superintendencia de Industria y Comercio. “Es una treta de mala leche”, agregó, citando un editorial del diario El Tiempo.

Según la Superintendencia, los lactosueros no son leche y tienen valores nutricionales muy inferiores, pero los precios al consumidor tienden a equipararse. Además, los empaques son similares, se emplean marcas alusivas y se encasillan en las mismas estanterías, por lo que el mercadeo tiene por objeto confundir y engañar, en perjuicio de las clases más pobres. Con estos productos, muy bajos en calcio y proteína, se maltrata a las madres lactantes y embarazadas y se profundiza la desnutrición infantil.

Lo que se viene con los TLC van a ser casos de mala leche pero centuplicados, concluyó el senador del Polo, porque Estados Unidos y Europa nos van a inundar literalmente de lactosueros.

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Hay indicios graves de que la leche en polvo marcas Carrefour, Éxito, Carulla, entre otras, es de contrabando. También hay engaño a los consumidores, al presentarles como de leche productos que no lo son. Daños graves a los ganaderos. El debate será transmitido en directo por Señal Institucional y Canal Congreso.

La leche en polvo que se comercializa en el país bajo las marcas Carrefour, Éxito y Carulla, entre otras, se reempaca en Cali y Bucaramanga. Esta práctica, prohibida por la legislación sanitaria, puede ser además de contrabando y con fechas vencidas.

De acuerdo con las leyes, la leche en polvo para consumo humano debe pulverizarse en Colombia. Las únicas plantas autorizadas para hacerlo están ubicadas en la Costa Atlántica, Antioquia, Cundinamarca y Bugalagrande, Valle. Sin embargo, estos hipermercados venden leche reempacada en Bucaramanga y Cali, a pesar de que, de acuerdo con las prohibiciones legales y los costos del transporte, debería salirles más barato comprarla directamente en las plantas pulverizadoras. Por ejemplo, en Medellín, dónde existe una planta pulverizadora, Carrefour vende una leche reempacada en Bucaramanga y, en Barranquilla, donde hay dos plantas pulverizadoras, Éxito ofrece su marca de leche en polvo reempacada en Cali.

En el debate también se denunciarán las prácticas de estos hipermercados para meterles a los consumidores gato por liebre: productos hechos con lactosueros, como si fueran leche.

Y se mostrará cómo todas estas prácticas empobrecen y arruinan a los ganaderos, que en el 65% de los casos poseen menos de ocho reses.

El senador Jorge Enrique Robledo explicará los detalles de esta denuncia en el debate que adelantará el próximo martes 31 de mayo a las 10 de la mañana en la Comisión Quinta y que será transmitido en directo por Señal Institucional y Canal Congreso.

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Algunos hipermercados están vendiendo leche en polvo ilegal con el permiso del gobierno nacional. Estos actos ilegales también lesionan a los ganaderos, porque reemplazan la producción interna por importaciones y deprimen los precios al productor. En debate de control político, senador Robledo explicará esta denuncia. TV en directo por la mañana desde la Comisión Quinta del Senado

A pesar de que se han identificado marcas de leche en polvo que se comercializan sin el cumplimiento de los requisitos sanitarios, algunos supermercados siguen vendiéndola con el permiso del Invima. Así lo denunció el senador Jorge Enrique Robledo quien explicó que el gobierno está alcahueteándoles a las multinacionales vender leche en polvo reempacada, producto prohibido por las normas sanitarias.

El congresista también señaló que algunos hipermercados y las multinacionales lácteas siguen engañando a los consumidores colombianos con productos que hacen pasar por leche, pero que en realidad son mezclas de lactosueros importados y otros ingredientes, mezclas que tienen la mitad de nutrientes que los que aporta la leche. El engaño continúa porque la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de que abrió una investigación sobre el caso, no suspendió la venta de este tipo de productos y los hipermercados mantienen sus tácticas de engaño a los consumidores.

Estas acciones ilegales le hacen daños a los consumidores y, además, a los ganaderos, pues su producción de leche termina reemplazada por productos importados, importaciones que acaban de hundir los de por sí malos precios de la leche al productor.

El próximo martes 31 de mayo el senador Robledo adelantará en la Comisión V del Senado un debate de control político a los Ministros de Agricultura y Protección Social y a la Directora del Invima en el que explicará en detalle esta denuncia. El debate se transmitirá en directo por el la TV institucional y del Congreso.

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Carta enviada por el senador Jorge Enrique Robledo al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, 11 de mayo de 2011.

Desde el 2006 se han registrado 227 víctimas civiles que han sido vinculados por el gobierno a tareas de erradicación de cultivos ilícitos. A pesar de ello, el gobierno insiste en usar campesinos pobres en labores que son estrictamente militares. Le solicito entonces explicarme por qué el gobierno se empeña en continuar con una política que pone en riesgo la vida de centenares de colombianos e informar la manera como los erradicadores son contratos. Favor detallar que tipo de contrato tienen y con quien lo firman.

Por otro lado, el 8 de marzo de este año le enviaron una denuncia muy grave sobre las irregularidades que se presentaron en la compra del Barreminas Mine Wolf, equipo que se utiliza para eliminar minas antipersonales. Este proceso que fue coordinado por el Programa Presidencial de Acción Integral contra las Minas Antipersonales (PAICMA), secretaría técnica de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal, comisión que Usted preside.

De acuerdo con el denunciante, el gobierno japonés donó 857 mil dólares a Colombia para la compra de un equipo barreminas. El PAICMA le solicitó a tres empresas, Minewolf, Hitachi y Bozena, la presentación de ofertas para la compra del equipo. La oferta de Bozena fue por 382 mil dólares, la de Hitachi por 641 mil dólares y Minewolf ofreció un equipo valorado en 857 mil dólares.

El gobierno decidió contratar el equipo más caro que ofrecía Minewolf. El PAICMA argumentó que el Centro de Acción contra Minas de Croacia (CROMAC por sus siglas en inglés) había certificado que este era el mejor equipo de los tres. Sin embargo, el director del CROMAC certificó que esta organización no había dado una opinión sobre equipos de desminado para ser usados en Colombia, lo que evidencia las graves irregularidades que se presentaron en este proceso de contratación.

Toda esta información le fue suministrada a Usted junto con todas las pruebas. Por lo tanto, le solicito remitirme un informe que detalle que se ha hecho frente a estas denuncias que tienen que ver con un asunto de gran importancia para el país como lo es el desminado

La presente solicitud la hago amparado en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992, norma según la cual las peticiones de los congresistas deben contestarse en un término de cinco (5) días hábiles.

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3. Angelino se entregó hace años, cuando se fue de ministro de Pastrana. ¿Sería que Pastrana también era “bueno” con los trabajadores?

4. Pastrana no fue bueno con los trabajadores; fue bueno con Angelino. Como ahora lo es Santos. Aquí no caben astucias politiqueras.

5. Santos llevó a Angelino a la Vicepresidencia a dividir a los trabajadores. Y lo está logrando. Lo que no pudo lograr Uribe.

6. Bien por la CUT que no se les entrega a Santos y a Angelino, quienes, demagogias aparte, gobiernan contra los trabajadores.

7. JM Santos: “Si hay alguien que le haya cuidado los tres huevitos a Uribe, ese soy yo” (El Tiempo, Abr.5.11.).

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Diez razas criollas de ganado bovino fueron declaradas hoy, en primer debate, patrimonio genético de Colombia por la Comisión Quinta del Senado, que aprobó un mandato imperativo al gobierno nacional para que destine recursos a protegerlas y a favorecer su desarrollo.

Las razas criollas son el romosinuano, el blanco orejinegro, el velásquez, el criollo caqueteño, el sanmartinero, el costeño con cuernos, el hartón del Valle, el lucerna, el chino santandereano y el criollo Casanare.

Con origen en la península ibérica, y tras siglos de adaptación a las características del país, cada una de las diez razas tiene atributos positivos en cuanto a resistencia al clima y a las enfermedades, así como de tipo reproductivo, calidades que las convierten en un patrimonio nacional de alto valor.

Para que sus enormes posibilidades, tanto en sí mismas como cruzándolas con otras variedades puedan desarrollarse, explicó el senador Robledo, se requiere que el gobierno las respalde con recursos suficientes, que es lo que se propone en la ley.

El autor del proyecto es el senador Antonio Guerra.

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Empecemos por hacer referencia a un despropósito que no había oído nunca en mi vida y es que al parecer ¡el uribismo de la Comisión se prepara para dejarle constancias al TLC! Esa sí no me la imaginaba, porque las constancias podrán ser útiles para confundir a algunos despistados a quienes no les gusten aspectos del TLC, pero no tienen ningún efecto práctico. Se dejan cláusulas interpretativas o reservas, no constancias, que no operan salvo con propósitos electorales. Tengo en esto que ser bastante franco. Escojan una cosa o la otra, pero no se pueden quedar con lo mejor de todo el mundo: contar al mismo tiempo con todos los privilegios que se derivan de ser bien aconductados con respecto al gobierno nacional y además con la constancia para hacer oposición en alguna jornada sabatina en uno que otro pueblo de Colombia.

El boom de la economía mundial

Paso a analizar la intervención del ministro Óscar Iván Zuluaga. Él señala un hecho que es cierto. Ha habido un mayor crecimiento de la economía en estos últimos años, crecimiento que él se lo adjudica todo a la inversión. Me veo obligado a presentar mi desacuerdo. No. Por supuesto que el crecimiento tiene que ver con la inversión, pero por sobre todo es efecto del boom de la economía mundial, que está suficientemente registrado y que explica por qué toda América Latina viene creciendo a tasas altas, incluso mayores que las de Colombia. El año pasado Cuba creció como el doble de Colombia. Entonces, que no se ganen indulgencias con padrenuestros ajenos. Es el boom de la economía mundial lo que explica el mayor crecimiento económico de Colombia en los últimos años y no la seguridad democrática. No la seguridad democrática.

El alza en el precio del café, y usted lo sabe bien, doctor Zuluaga, de 60 centavos de dólar a 1,30 en el mercado internacional, qué tiene que ver con la seguridad democrática. Carbón, petróleo y níquel duplican sus precios en el mercado internacional, y eso qué tiene que ver con la seguridad democrática. Tasa internacional de interés, la más baja en muchísimos años, y eso qué tiene que ver con la seguridad democrática. Plétora de capitales moviéndose por el mundo sin saber dónde colocarse, y eso qué tiene que ver con la seguridad democrática. Las remesas de los millones de colombianos que se arruinaron aquí en años anteriores, unos compatriotas buenas personas que le mandan plata a la familia, tres mil millones de dólares, qué tienen que ver con la seguridad democrática. Tres mil millones de dólares del narcotráfico, yo espero que eso no se lo adjudique el gobierno a la seguridad democrática. Revaluación de la moneda, que ha abaratado el endeudamiento externo y la amortización de la deuda externa y que ha facilitado un gasto público que algunos consideran demasiado alto y que podría poner en problemas al país.

Hace unos pocos días, cuando a usted lo nombraron ministro, doctor Zuluaga, me encontré con la doctora Adriana Gutiérrez, miembro de esta Comisión, y le dije, Adriana, dígale a Óscar Iván que rece para que no se le vaya a destorcer la economía mundial mientras él esté en el Ministerio de Hacienda, porque el descrédito le va a llegar al bozo. Recen ustedes además, porque todo señala que el país peor preparado en toda América Latina para una destorcida de la economía mundial es Colombia. Y aquí podríamos sufrir, si la hay, un efecto tan catastrófico o peor del que se tuvo en la crisis del 99. Ya son muchos los uribistas de alto rango académico que han venido llamando la atención sobre las coincidencias de la actual situación con la que se vivió en vísperas de la crisis del 99. Ahí está el desequilibrio de la balanza comercial. No lo teníamos desde el 98. Ahí están los bombillos rojos, todos prendidos. Luego atemperen un poco la euforia y miren hacia las causas verdaderas de lo que está ocurriendo. Para no mencionar que la pobreza no disminuye por lo menos en proporciones que valgan la pena. Pero bueno, ahora quizá aduzcan que no es del 60 sino del cincuenta y cinco, una pequeña diferencia que para efectos prácticos no reviste importancia alguna.

El debate sobre la inversión extranjera

El otro desacuerdo es sobre el énfasis que se viene haciendo en la inversión extranjera. No soy enemigo de la inversión extranjera, pero sí me perturba que de manera olímpica se arruine a los inversionistas nacionales y se hable a todas horas de los inversionistas extranjeros. Me molesta que destruyamos las fuentes de acumulación de riqueza interna de los empresarios nacionales, de nuestros campesinos, de nuestros artesanos, y que toda esa ruina se tape echándole loas a la inversión extranjera. Le reclamo a la gente del Banco de la República que ojalá afine las cifras de las que disponemos, porque surge toda una discusión. Por ejemplo, ¿lo de Bavaria fue inversión extranjera? ¿Cuánto de ese dinero es inversión extranjera? Las compras nuevas que se vienen o, por ejemplo, la de la Colombiana de Tabaco, ¿es inversión? Un cambio de dueño ¿es inversión? Esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo. Han debido afinarse las cuentas para saber cuáles son los efectos. ¿Da lo mismo la inversión en minería que en industria?

Aquí en Colombia hay dos grandes boom de inversión extranjera en los últimos veinte años. Uno, el de las privatizaciones de la década del noventa, capitales que vinieron a tomarse lo que ya estaba hecho, un mercado cautivo, etcétera. Negocios además de mula amarrada, como el de las empresas de servicios públicos, porque a los compradores el gobierno les había garantizado disparar las tarifas. Y ahora están vendiendo para quedarse con todo lo de los cacaos y cacaítos de la economía nacional. Eso es lo que está habiendo, una sustitución de propietarios nacionales por propietarios extranjeros, un fenómeno que en la mayoría de los casos no es inversión nueva, sino una toma de lo ya hecho, y entonces yo pregunto: ¿eso cómo contribuye positivamente, y de verdad, al progreso de Colombia? Lo que sí es nuevo en general es la inversión en minería, que no necesita Tratado de Libre Comercio, como bien lo prueban las inversiones extranjeras, por ejemplo, en Venezuela. Estos son todos asuntos que se debieran discutir. No hay tiempo para detallarlos. Simplemente, los menciono.

Y si se trata de analizar las cifras de México –lástima que se haya ido el expositor–, sería bueno que se miraran dos, que normalmente no examinan los amigos del “libre comercio”. Es verdad que México disparó sus exportaciones probablemente como ningún otro país en el mundo, y Colombia no puede ni soñar una cosa parecida por la simple razón de que no es vecino de Estados Unidos. Pero hay dos cifras que son mortales para el neoliberalismo global. Primero, en los tiempos del libre comercio, la tasa mexicana de crecimiento es la más baja en la historia de ese país. Y segundo, los niveles de pobreza son iguales o peores que los de Colombia. ¿En qué queda entonces el modelo? Si con este modelo se crece menos de lo que se crecía antes, un crecimiento ya de por sí mediocre, y la pobreza se mantiene incólume, ¿para qué sirve el modelo neoliberal? Porque el problema no es que se exporte mucho, sino qué efectos tiene esa exportación.

Economía colombiana estaba más globalizada en la Colonia

Hago ahora referencia a la intervención del doctor Plata, ministro de Comercio. Él argumenta que Colombia no se ha abierto. Le diría, ministro que, siendo precisos, lo correcto sería afirmar que no se ha abierto del todo. Es más, si Estados Unidos y ustedes logran imponernos el TLC, todavía Colombia no se habrá abierto del todo, porque siempre podrá abrirse más un país. Pero Colombia sí se ha abierto. O no es una apertura bajar los aranceles de 30 ó 40% a 13%. Es más, se la llamó la apertura, y quedó bien bautizada. En ese momento sus partidarios la defendieron como un hecho excelente, y agradezcamos, ministro, que no nos abrimos más, porque si no, todo lo que se va arruinar ahora con el TLC se hubiera ido a pique en la década de los 90. Agradezcamos entonces que la apertura no llegó a tanto, aun cuando la que hay es ya grande.

Hay un sofisma muy en boga en torno a la palabra globalización. No es ahora cuando el país ha comenzado a internacionalizarse. Eso no es sensato plantearlo. Nos estamos internacionalizando desde que vino Colón a América. Es más, la economía nacional era más global en 1800, cuando éramos colonia de España, que ahora, cuando apenas estamos empezando a volvernos colonia de Estados Unidos. En 1800, en cambio, llevábamos 300 años dependiendo absolutamente de España.

Me da pena decirlo, ministro, pero es una desproporción que usted arguya que lo que se está haciendo en Colombia fue lo mismo que se hizo en Corea y en China. Se lo voy a poner de una manera bien simple. La de China es una economía fuertemente estatal, con tasas de interés controladas por el Estado, con tasas de cambio controladas por el Estado, con todo controlado por el Estado. Y usted me aduce que lo que estamos aquí haciendo es lo mismo que hacen los chinos. No. Es una comparación que no cabe. Ahora, supongo que usted se refería a que ellos están exportando en colosales dimensiones, y es cierto, pero están exportando sobre la base de una economía que no se parece en nada a la nuestra. Y el caso de Corea, ni se diga. Está en la literatura económica. Usted debió de haberlo estudiado, porque además vivió por allá. Explica la literatura económica que el modelo de desarrollo que se ha utilizado en todo el Oriente, empezando por Japón, y lo que copian después Corea y Taiwán y los demás Tigres asiáticos, es un modelo de vigorosísima intervención del Estado, de economía planificada, de subsidios. Todo el boom económico coreano se hace sobre la base de que hay un precio para el dólar de importación y otro para el de exportación. Es casi increíble, pero así fue. Es más, al que en Corea sacara dólares a las escondidas, ¿saben lo que le sucedía? Pena de muerte, que es la suma del intervencionismo del Estado. O será libertad económica la pena de muerte para el que saque unos dólares de un país. Entonces no me venga usted a argumentar que aquí se está aplicando igual política.

Nos toca competir con el mundo

Me impresiona también, y le copié la frase textualmente, que usted tirara un cuadro entero para afirmar: “Se compite es con los vecinos”. Y sacó a México, Ecuador, etc., pero no, se compite es con el mundo. El problema para vender en Estados Unidos es ese. Que hay que derrotar no solo a los gringos y a nuestros vecinos, sino también a chinos, malayos, indios y pare de contar. Ese es lío que enfrentamos. Usted habla del boom de las exportaciones, pero silencia que con el TLC el aumento de las exportaciones será inferior al de las importaciones y no por volumen, sino por precio, como lo señalé hace un momento. Calla usted además que hoy mismo vienen en picada las exportaciones de confecciones y de textiles al mercado de Estados Unidos, porque los chinos nos están sacando del mercado. Tanto es así, que llevamos dos o tres años cayendo sin cesar. Y alguien a quien usted conoce, uno de los expertos que más sabe de comercio exterior en Colombia, el doctor Jorge Alberto Velásquez, explicaba estos días en Portafolio una tendencia que es un hecho: Colombia va a perder prácticamente todo su mercado de confecciones, porque no es posible que con salarios como los nuestros, del orden de 2 dólares la hora, podamos competir con los salarios asiáticos, del orden de 20, 30 ó 40 centavos de dólar la hora. Eso está suficientemente claro y no va a cambiar por el TLC, porque el TLC en estas materias avanza muy poco, por no decir que nada.

Usted me sigue debiendo las cifras, ministro. Y como trae las que no son, le voy a aclarar cuáles son las que quiero: las que explican cuál fue el impacto del libre comercio en los 90. Primero, balanza comercial 1990-2010, particularmente 1993-2000, para que veamos que lo que se disparó con la apertura fueron las importaciones y no las exportaciones, lo que arroja para la economía nacional cerca de 20 mil millones de dólares de pérdidas, le anticipo la cifra. Lo segundo, el empleo. El desempleo pasó de 9% a cerca de 21%. Tercero, la pobreza. Fueron casi diez años de estancamiento del ingreso per cápita, y pensemos cuánta pobreza ahí detrás de eso. Concentración de la riqueza: tráigame esa cifra también, de cómo se ha concentrado la riqueza en esos años, para que los colombianos vean cuál es el impacto de libre comercio en Colombia.

Me llama la atención el que las comisiones segundas inviten al gobierno a hablar de los asuntos macroeconómicos, y aquí no se mencionen. Porque es que cuando hablamos de macroeconomía, y no soy economista, estamos es haciendo referencia a cosas muy precisas, no a cualquier tema. Hablamos de balanza comercial, y de eso algo sí dijeron, pero muchas de las cifras que citaron se vuelven contra ustedes. Por ejemplo, las del estudio de Planeación de 2003, que habla de que las importaciones crecerán al doble de las exportaciones, casi 12 contra 6 por ciento. Sigo pensando que ese es un estudio cierto. Otro estudio, el del Banco de la República, también citado aquí, aunque ustedes intentaron morigerarlo, coincide con el de Planeación. Y es natural que así sea, y esto no se aclara aduciendo lo de la desviación de comercio. No, señores. Es natural que sea así por una simple razón: nosotros vamos a bajarnos de un arancel promedio de aproximadamente 13% hasta otro de cero por ciento. Y los gringos se van a bajar de un arancel de 2,5% hasta otro de cero por ciento. Nosotros nos vamos a desgravar, a desproteger, cuatro veces más que ellos. Natural entonces que vaya a haber un mayor aumento de las importaciones y no de las exportaciones. Vamos a sufrir además enormes pérdidas en la Comunidad Andina, y ojalá sucedan cosas en Ecuador y en Venezuela que en algo nos protejan. Porque si se aplica el Tratado de Libre Comercio en Ecuador y Venezuela, como quieren los gringos y como quiere el gobierno nacional, vamos a tener una pérdida grande por desviación de comercio en las exportaciones de Colombia a esos países. Es un fenómeno perfectamente registrado. Los estudios del BID, o sea, los gringos, dicen que están en riesgo hasta el 80% de las importaciones intratan, por desviación de comercio. Va a sufrir sobre todo la pequeña industria, así el doctor Juan Alfredo Pinto diga que aquí no va a pasar nada y que ellos van a ser exportadores netos. No, vamos a perder nada menos que el mercado andino, el mercado vecino, el mercado preferencial para nuestras exportaciones, y esto es asunto de macroeconomía. Va a ser una de las pérdidas más grandes del TLC, como lo señaló el propio Hernán Echeverría Olozagá antes de morirse. Él se quejaba en estos términos: quienes soñamos con tener un Going-concert más o menos de importancia en torno al cual desarrollar la economía colombiana con esto del libre comercio, lo hemos perdido todo. Y está aquí hablando un empresario que tenía por qué saberlo.

Subirá el IVA y habrá nuevas revaluaciones

Lo segundo, el recaudo tributario. Aquí se dieron las cifras en puntos del PIB, y claro, ni el ciudadano del común, ni yo, y creo que ni la doctora Cecilia López, manejamos las cifras en la cabeza. Pero el estudio de Planeación que estoy citando habla de menores ingresos fiscales por 590 millones de dólares por causa del TLC. No es poca la suma: 590 millones de dólares menos de ingresos tributarios. Y el gobierno nos tranquiliza: no os preocupéis, muchachos, porque el crecimiento de la economía va a resolver este problema y a aumentar los recaudos fiscales. Bueno, los 590 millones de pérdida son una certeza. Lo otro, pajaritos de oro de los que estamos oyendo hablar desde 1990. Está por verse si es verdad que la economía va crecer lo que algunos dicen o por el contrario va decrecer lo que otros decimos. Entonces a mí no me sorprendería, contra los que tanto defienden a los consumidores, que este TLC nos termine costando, como le costó a Chile, otra reforma tributaria con mayor aumento del IVA para poder compensar las pérdidas fiscales. ¿En qué queda entonces el cuento de la comida más barata? Por un lado van a bajar los aranceles, pero por otro van a tener que subir el IVA para poder compensar las pérdidas que se van a tener.

Poco hablan de esto. Y tampoco dijeron una palabra sobre la revaluación de la moneda, nada, como si no tuviera nada que ver con el TLC. La revaluación de la moneda sí guarda estrecha relación con el “libre comercio” y sus secuelas, la libertad de los flujos de capitales, el recorte de las posibilidades de intervención del Banco la República porque la prohíbe el Fondo Monetario Internacional. Éste es un modelo que incluye la revaluación de la moneda. Usted lo explica bien, doctor Zuluaga, cuando dice: hay que prepararse para una moneda revaluada por largo plazo. Hace quince días, en El Espectador, el señor Dani Rodrick, un importante profesor de Harvard, explica cómo la revaluación de la moneda es consustancial al libre movimiento de los capitales. Y añade algo que es obvio: usted no puede exportar duro si se le revalúa la moneda. Entonces cómo es que les gusta exportar tanto si les gusta más que se revalúe la moneda. Y cómo es que se protegen en el mercado interno si se les revalúa la moneda. No olvidemos que la revaluación es un fenómeno que logra al mismo tiempo, hecho casi increíble, hacerles daño a quienes producen para exportar y a quienes producen para el mercado interno, porque se encarecen las exportaciones y se abaratan las importaciones. Esto es de la macroeconomía de este Tratado, porque el TLC ordena de manera absolutamente perentoria que no podrá haber bajo ninguna consideración control de flujo de los capitales con respecto a Estados Unidos. Y sabemos que Estados Unidos es el gran receptáculo de todo el capital especulativo que se mueve por el mundo.

Tampoco se dicho nada en torno al control de la tasa de interés. No es que lo perdamos estrictamente hablando, como tampoco el control de la tasa de cambio. Lo que ocurre es que se vuelve tan costoso manejarlo, que terminamos haciéndolo a un lado. En momentos de relativa calma unos dolaritos que se compran o venden de pronto algo nos ayudan, pero en momentos de crisis el control se vuelve tan costoso que se pierde definitivamente. Quedamos así en manos de los especuladores foráneos en el manejo de dos variables que son fundamentales en cualquier modelo económico. Repito la pregunta: cómo se exporta con una moneda revaluada. Eso no es posible por lo menos en las condiciones de un país como el nuestro.

Se perdió la cláusula de balanza de pagos

Hay otro asunto que ustedes no mencionan, también de macroeconomía, y es el problema de la cláusula de balanza de pagos. Una de las razones por las que yo le interpongo al presidente Uribe el denuncio por traición a la patria es por haber entregado la cláusula de balanza de pagos, cláusula que nos la garantiza nada menos que el Fondo Monetario Internacional, nada menos que la Organización Mundial de Comercio, como también la CAN, y que perdemos con el TLC. Explico brevemente que es lo que quiero decir. Una cláusula de balanza de pagos es un mecanismo de uso universal que les permite a los países tomar medidas heroicas cuando haya una crisis de balanza de pagos, o sea, cuando se quedan sin divisas suficientes para atender su comercio internacional y sus operaciones de crédito. Es lo peor que le puede ocurrir un país. ¿Qué es entonces lo que dice la cláusula de balanza de pagos? Que en esas condiciones, un país debe tomar medidas heroicas, por ejemplo, cerrar las importaciones, o no pagar la deuda, o sancionar drásticamente al que saque un dólar. La cláusula de balanza de pagos es una especie de bomba atómica contra una crisis de proporciones descomunales, por ejemplo, como la que vivió Argentina, crisis que son inevitables en la globalización y más aún en esta globalización, en la que impera una desprotección total. Porque el cuento de “nivelar la cancha” del que hablan con cierta propiedad los neoliberales lo que quiere decir es que un tsunami económico se mueve en una cancha nivelada, es decir, barre con todo en unas proporciones descomunales. Perdimos esa cláusula con el TLC, porque lo que quedó fue un remedo, que no es de ninguna manera comparable y es sólo aplicable a lo largo de un año. Esto son todos asuntos de la macroeconomía del Tratado y de los que nadie está hablando en esta discusión.

Otro asunto, la migración de los colombianos. ¡Cerca de tres millones de colombianos perdidos en los últimos años! Ese también debe ser un tema de macroeconomía. Tengo amigos que demógrafos advirtiendo sobre un fenómeno que a mi juicio puede terminar sucediendo, y es que en algún momento esos millones de compatriotas que se nos fueron le creen un roto al aparato productivo nacional. Porque es que a un país no se le van tres millones de personas sin que pase nada en el mediano plazo o aun a corto plazo. La pérdida no se compensa por supuesto por que esos compatriotas buenas personas manden unos dólares para Colombia, dólares que para más piedra financian unas importaciones que nuestras exportaciones no están en capacidad de hacerlo. ¿Sabe usted lo qué pasaría, doctor Óscar Iván Zuluaga si esos colombianos dejaran de mandar esos tres mil millones de dólares? Que el modelo se rompería en mil pedazos. Habría una crisis de balanza de pagos de proporciones enormes.

Por primera vez, desde 1998, empieza a aparecer un déficit de balanza comercial, lo que confirma una denuncia que hice hace unos años por ahí en algún libro. Me atreví a hacerla con ciertas dudas, pero corrí el riesgo. Dije que el modelo liberal condena a Colombia a períodos largos de crecimiento mediocre y a caídas abruptas del producto. Porque cuando la economía crece, genera un déficit que hace insostenible el crecimiento, y la única manera de nivelar las cargas es deprimiendo el consumo, que fue lo que se hizo en 1999. Es un hecho que el país no llegó a saber, porque si lo hubiera conocido no quiero ni imaginarme lo que le habría pasado a los ministros de Hacienda de esos años. La crisis del 99 se resolvió a base del hambre del pueblo colombiano, y eso es precisamente lo que nos impondrá el modelo del TLC. Si el día de mañana hay una crisis grave en Colombia, que ojalá no ocurra pero podría ocurrir, el modelo económico nos impone resolverla con cierre de empresas, quiebra de sector agropecuario, desempleo, baja de salarios, pérdida de propiedades. ¿Para qué? Para que caiga el consumo y para que, sobre la base de una economía con mayor índice de pobreza, se puedan igualar las cargas nacionales del aparato económico con las internacionales. Esta es la discusión que especialistas de ustedes conocidos, se lo digo a la gente del Banco la República, gente que trabajó con ustedes muchos años allá, como Helena Villamizar, ha detallado con toda precisión. Ahí están los artículos y documentos que nadie ha podido refutarle a la doctora Helena Villamizar. Los contradictores guardan silencio al respecto, a pesar de que son de un nivel académico nada despreciable. No es el caso del senador Robledo, congresista del Polo. No. Estamos aquí hablando de expertos con los mismos pergaminos que ustedes pueden exhibir y aun mejores.

Y llamo la atención sobre una anomalía que quiero lamentar. El TLC se aprobó hace ya más de un año y esta la hora en que el gobierno nacional no ha sacado un estudio sobre lo va pasar. En Estados Unidos rumban los estudios diciendo lo que va pasar y aquí seguimos con los ministros tirando globitos. Que posiblemente, nos dicen ellos, que probablemente, que es de esperarse, que tal vez, que quizá, y traen cifras de Japón, de todas partes, pero de Colombia, ni una sola. Y termino, ministro, con mi pregunta machacona: qué diablos es lo que vamos a exportar. Dígame un solo artículo, cualquiera, el que usted quiera, pero déme la certeza, con cifras detalladas, de que ese sí lo vamos a exportar.

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En 2002, 85% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos; en 2003, el 73%; en 2004 el 66% y en 2005 el 61%. La posición del Polo frente a la guerrilla está clara, la que no está clara es la del gobierno con el paramilitarismo. No se puede ser demócrata sin reconocer la importancia del sindicalismo.

Usted, ministro, falta a la verdad en materia grave en la afirmación que acaba de hacer. No es cierto lo que acaba de decir con respecto a las discusiones internas del Polo Democrático Alternativo. El debate no tiene que ver con eso, miente usted al respecto. Hubiera querido oír la explicación suya sobre por qué cerca del 80% de los parapolíticos son uribistas y oírle pedirle perdón al país. Es un hecho estadísticamente demostrado. Cerca del 80% de los políticos vinculados a la parapolítica son uribistas, como también el jefe de la policía secreta, del DAS. El Partido Demócrata en Estados Unidos se niega a darle un TLC a su gobierno, porque usted no ha podido esclarecer el tema de los asesinatos de los sindicalistas ni las vinculaciones de este gobierno, de muchos de sus dirigentes, con el paramilitarismo. Esos son hechos y usted no habló de ellos, señor ministro, guardó silencio sepulcral al respecto. ¿Cuándo le van a pedir excusas al país por ese tipo de relaciones? ¿Por qué siempre, en todos los debates, cuando están arrinconados, cuando no tienen cómo explicar las acusaciones, apelan al manido truco de hacer insinuaciones bellacas contra el Polo Democrático Alternativo? Porque no tienen la razón.

Usted falta a la verdad cuando intenta menospreciar el número de sindicalistas asesinados en Colombia comparándolos con taxistas muertos. Las cifras son elocuentes, ministro. Desde el 2002, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el suyo, siendo usted ministro de la Protección Social, o de la desprotección social, mejor, 85% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. En el año 2003, el 73% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos. En el 2004 el 66% y en el 2005 el 61%. Y estos temas usted los evade y se limita a despacharse con una infamia, con una mentira. No, sea serio, ministro, aquí estamos haciendo un debate sobre realidades de persecución del sindicalismo, sobre sindicalistas muertos. Estos son datos apabullantes. O es que al Partido Demócrata en Estados Unidos lo orienta el Polo Democrático Alternativo. No, lo orienta el Departamento de Estado, la Embajada norteamericana, las trasnacionales que operan en Colombia.

Si quiere tanto a los sindicalistas y si le duelen tanto los muertos vengan de dónde vengan, explíquele al país por qué apenas en el 2006 presionaron para que la Fiscalía General de la Nación creara un grupo especial de fiscales para analizar los problemas de los asesinatos de sindicalistas. Se necesitaron cuatro años de este gobierno, de su administración, para que la Fiscales atendiera el caso. Por qué, le pregunto yo, solo lo hicieron cuando la OIT amenazó a este gobierno con crear una Comisión de Encuestas, aterrada como estaba con el problema de los sindicalistas muertos en Colombia. La posición del Polo Democrático Alternativo frente al problema de la guerrilla y las Farc está clara, la que no está clara es la del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo, lo que no está claro es el hecho de que el 80% de los parapolíticos en Colombia son uribistas y lo que no nos han podido refutar es el concepto del parauribismo. No sea infame, señor ministro, con el Polo Democrático Alternativo. Déle la cara a la realidad. No se desmonte por las orejas faltando a la verdad y manipulando y tergiversando los hechos. No, señor, es absolutamente inaceptable lo que usted intenta hacer aquí esta noche para evadir la responsabilidad que a usted le cabe en la persecución del movimiento sindical, por sobre todo en la persecución legal del movimiento sindical, mediante la interpretación amañada de las normas, como está sucediendo en Colombia. Aquí hay una persecución contra el movimiento sindical, no de ahora, tampoco voy a decir que es de ahora, pero usted la ejerce desde que llegó al gobierno.

Segunda intervención

80% de los congresistas elegidos en 2006 e involucrados en la parapolítica son uribistas. Si la cuenta se hiciera contando también a los congresistas elegidos en 2002, creo que pasa del 90%. Y si incluyéramos a todo tipo de funcionarios, podríamos llegar al 95%. Este es un hecho estadístico irrefutable al que le pueden dar la vuelta que quieran. La fría estadística confirma un concepto que acuñé hace un tiempo de que aquí, más que parapolítica, lo que hay es parauribismo.

Segundo, acaba de conocerse una carta de 63 congresistas norteamericanos, demócratas y republicanos, repudiando el estilo de este gobierno, rechazando que el señor José Obdulio Gaviria hubiera dicho que la marcha del 6 de marzo era organizada por las Farc y exigiéndole al presidente Uribe que repudie esas afirmaciones falaces del asistente.

Quiero gastarme un momento explicándoles a los colombianos por qué debe haber sindicalismo. Es tal la confusión y tan aguda la persecución contra el sindicalismo, que se olvidó su importancia. No existe una sola concepción teórica que se precie de ser democrática y que no defienda la existencia del sindicalismo. No se puede ser demócrata sin reconocer el sindicalismo como una parte fundamental de la democracia. Ahora, el sindicalismo con sindicalistas, porque oigo aquí a alguna gente que quiere mucho al sindicalismo pero eso sí, ojalá, sin sindicalistas u ojalá no hagan cosas de sindicalistas. Tres funciones deben cumplir los sindicatos y los sindicalistas: primero, organizarse; segunda, hacer realidad la contratación colectiva y tercero, defender el derecho de huelga para garantizar el de contratación colectiva. ¿Cuál es el misterio? ¿Por qué son tan importantes? Porque está reconocido universalmente que cuando el trabajador no puede organizarse y defenderse colectivamente se convierte en una especie de siervo o de esclavo del patrón. Es el problema filosófico detrás de este debate.

Lo primero es aclararles a los colombianos que aquellos que de una u otra manera arremeten contra el sindicalismo utilizando uno u otro criterio son personas reconocidamente retardatarias y antidemocráticas, que se oponen al progreso social. Y conviene además que haya sindicatos por otra razón: es bueno que los trabajadores ganen un poco más de lo que ganarían si no hubiera contratación colectiva, porque no solo es bueno para ellos, sino también para la sociedad, porque podría consumir más. Parte de las razones por las que este país es tan atrasado es por la baja sindicalización. Si se admite lo anterior, surge una pregunta: ¿por qué apenas menos del 5% de los trabajadores colombianos está sindicalizado? ¿Será que los trabadores colombianos no se quieren a sí mismos, no les gusta vivir mejor, no les gusta poder estar en una condición más igualitaria con sus patrones y les encanta la condición de servidumbre?

Expliquemos por qué son tan escasos los sindicalizados. En primer término, porque desde hace décadas, eso está explicado con claridad por Noam Chomsky, por decisiones tomadas por el empresariado norteamericano hace cerca de un siglo, se ha venido lanzando una arremetida ideológica contra el sindicalismo. Se lo asocia con destrucción de empresas, con oligarquía de overol, con privilegios. En países como Colombia, verdaderas cleptocracias, resulta increíble acusar a los sindicalistas de corruptos. Inaudito. Y últimamente, en países como Colombia se asocia sindicalismo con guerrilla y con secuestro y con extorsión. Ese lavado colectivo de cerebro que se le ha venido haciendo a la sociedad afecta a los propios trabajadores que a ratos no entienden bien dónde están sus interese y no luchan como debieran.

En Colombia hay además un problema de persecución violenta contra los sindicatos y los sindicalistas, y no es un invento del sindicalismo. Di unas cifras hace un momento: 2003, 73% de los sindicalistas asesinados en el mundo son colombianos, 2004 66%; 2005 61%; y les voy a dar una especie de consejo a los uribistas: no se escuden en que también los taxistas muertos son muchos o, más absurdo todavía, que hay muchos soldados y policías. Cuando una persona democrática en Estados Unidos le oye decir ese tipo de argumentos a un ministro de Estado de Colombia o a un congresista uribista, no puede menos de decirse con razón: a ese gobierno de bárbaros no les otorguen un TLC, porque es una especie de confesión que se puede convertir en cabeza de proceso del tipo de mentalidades que gobiernan a este país cuando intentan meter en el mismo saco un caso u otro.

Si se quiere es más grave la parte de la persecución no armada contra el sindicalismo colombiano, que en parte explica el resto de las dificultades. Son unos Estados dedicados a mantener de manera sistemática, con ministros como el de la desprotección social, las leyes antisindicales, para que no se modifiquen y para diseñar unas nuevas. Si aquí creciera el sindicalismo, al señor ministro Palacio lo tumbarían del cargo, porque él está allí no para estimular el sindicalismo, la contratación colectiva, la organización sindical, sino para lo contrario. Y esas son las normas que rigen. Lo demás son hipocresías muy propias de este tipo de administraciones que dicen: yo quiero mucho a los trabajadores, como lo empezó diciendo el ministro. Y le pregunto, doctor Palacio: muéstreme una sola norma que mejore las posibilidades de sindicalización, de organización, de contratación colectiva, de huelga. Porque es que los trabajadores no están pidiendo limosnas ni suplicando que les tiren un carné del Sisben después de que los echan del trabajo o que les den unos mendrugos de la Red de Seguridad Social. No. Los trabajadores lo que quieren es ejercer el derecho democrático a organizarse, a tener contratación colectiva y a hacer huelga. Y mientras eso no se resuelva, todo lo demás son pamplinas, carreta barata para ocultar el hecho cierto de que este gobierno, y los anteriores, persiguen de manera sistemática al sindicalismo colombiano y sacan pecho hablando de “democracias profundas”, mientras se ensañan persiguiendo a los trabajadores, repito, legalmente, mediante los códigos y la Constitución, ni siquiera estoy hablando de que los estén asesinado.

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El 12 de marzo de 2009, el Consejo de Estado le ordenó a la Aeronáutica Civil suspender la aplicación de la Resolución 5400 de 2004, por violar la Constitución y la Ley. La norma señalada como ilegal restringe el derecho al descanso de los aviadores y auxiliares de vuelo, lo que aumenta el riesgo de accidentes aéreos, dado que la fatiga de los trabajadores incrementa las probabilidades de los siniestros, como ya sucedió en el incidente de un avión de la empresa Cosmos.

¡Cuatro meses después!, Fernando Sanclemente, Director de la Aerocivil, no había cumplido la providencia del Consejo de Estado, acto que viola las normas que lo obligan a respetar las decisiones judiciales. Para completar el abuso, el 24 de julio, el propio presidente Álvaro Uribe Vélez expidió la Resolución 2742 de 2009, la cual reproduce en su esencia la norma declarada ilegal, con lo que le hace el quite a la decisión judicial y muestra la desvergüenza de un gobierno que pasa por encima de la justicia, la seguridad aérea y los derechos de los trabajadores.

El Presidente, además, violó el artículo 158 del Código Contencioso Administrativo que prohíbe la reproducción de una resolución suspendida e incurre en el delito de fraude a resolución judicial. Y es obvio que también pisotea los derechos de los trabajadores y pone en peligro la integridad de los pasajeros.

Otra prueba más, por si faltaba alguna, del carácter retardatario y despótico del gobierno de Álvaro Uribe.

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El truco trillado de los dirigentes uribistas. La corrupción, el clientelismo y el desgreño administrativo en el ICBF se enmarcan en la política de privatización. El caso de las madres comunitarias clama al cielo. Más eficiente operar con los propios funcionarios que subcontratar.

Lo primero es lamentar que se le hubiera negado a la bancada del Polo la posibilidad de terminar hoy el debate que le iniciamos al ministro de la Protección Social. Entiendo que le huyan con todo celo al caso Yidis y Teodolindo, pero pienso que se les debiera permitir a quienes citan un debate concluirlo. Lo mismo que pidió ahora el senador Javier Cáceres. Y que si no se concluye en el día de la citación, que se les deje hacerlo después, pues esto es lo que establece el reglamento en de la Ley 5ª.

Después de oír uno a la señora directora de Bienestar Familiar, no puede menos de concluir que todos los funcionarios del actual gobierno son cortados por la misma tijera y se parecen bastante al doctor Uribe. Si uno les hace una pregunta comprometedora sobre la letra A, se despachan sobre todas las letras del abecedario, menos sobre la letra A. Algo muy parecido a lo que vimos ahora con la doctora Elvira Forero, a quien se le hace un debate relacionado con corrupción, con clientelismo, con el desgreño administrativo, con la manipulación, y ella se despacha mostrándonos a los viejitos bailando y hablando del almuerzo que les dan.

También es estilo de los ministros de este gobierno abrumar al auditorio dando cifras y cifras y cifras de programas y de las cosas que hacen. Tampoco es un buen estilo de debate, porque es obvio que si a uno le dan dos y medio billones de pesos, como es el caso del ICBF, pues algo acaba haciendo. El colmo sería que con 2,5 billones de pesos no hiciera uno absolutamente nada. Pero es que tampoco se le pedía a la directora del ICBF contarnos cómo se gasta 2,5 billones de pesos o un poco menos, sino que explicara lo del clientelismo y la corrupción, como lo plantearon el senador Javier Cáceres y la senadora Dayra Galvis. Y resulta curioso que en el tiempo que tuvo la doctora Elvira Forero para hablar de todo lo habido y por haber se le olvidó mencionar que el ICBF tiene más de un billón de pesos en TES, dineros que por supuesto le hacen falta para atender los programas de la infancia, de los jóvenes y de los adultos mayores, una plata que está desde hace muchísimo tiempo donde no debiera estar.

Son muy graves las acusaciones que hacen la doctora Galvis y el senador Cáceres y yo, personalmente, no me sentí satisfecho con las explicaciones que dio la señora directora de Bienestar Familiar. Pienso que se saltó a la torera las denuncias, se hizo la loca, como se dice coloquialmente, no refutó los gravísimos cargos que le lanzaron. Pienso, en ese sentido, como supongo que pensarán también todos los que la oyeron, que sus respuestas fueron por completo insatisfactorias.

No voy a repetir lo que dijeron los senadores citantes, pero sí a hacer una reflexión sobre el mal manejo del ICBF, de todos sus disparates y enredos, enmarcados en la política general de privatización del Instituto. Se opera mejor, a mi juicio, se gastan mejor los recursos públicos si las empresas no se privatizan, si no se subcontratan las labores del Estado con particulares. Creo que es más eficiente cuando estas operaciones del sector público se hacen con los propios funcionarios y no subcontratándolo todo.

El caso de las madres comunitarias clama al cielo

Voy a detenerme en algunos aspectos que en este sentido me parecen interesantes. Lo primero es comentar la situación de las madres comunitarias, un caso que clama al cielo. Hasta el año pasado, con un sueldo que apenas alcanzaba la mitad del salario mínimo legal, las madres comunitarias cumplían una faena durísima educando niños, aseándolos, lavando platos, haciéndoles la comida, uno de los trabajos más duros que pueda haber –se imagina, doctora Elvira Forero, si a usted le tocará realizar durante una semana entera un trabajo de esos, seguramente coincidiría conmigo–, y con un sueldo, repito, que no llegaba ni a la mitad del mínimo legal. Colombia es definitivamente un país muy mal gobernado cuando a trabajadores que hacen esfuerzos tan grandes ni siquiera les pagan el mínimo de ley y además les escamotean el derecho a la salud en el régimen contributivo con cobertura familiar y les birlan el derecho de pago de incapacidades, el pago de pensión, las afiliaciones a las ARP, la afiliación a una Caja de Compensación Familiar, el derecho al descanso remunerado y vacaciones, el derecho a cesantías y demás prestaciones sociales y el derecho a la estabilidad laboral. Las madres comunitarias están casi peor que los siervos del medioevo y esa debiera ser, doctora Forero, una de las principales preocupaciones del Bienestar Familiar, porque uno no puede proclamar ante la prensa el amor al prójimo y a los ancianos y a los niños y maltratar así a unas señoras que hacen faenas tan ingratas.

Empezando el presente año se aprobó la Ley 1187, que ordenó subirles el pago a estas señoras al 70% del salario mínimo, aunque manteniendo las pésimas condiciones de contratación. Pues resulta que el presidente Uribe, que también quiere tanto al prójimo, no vaciló en objetar la ley. Afortunadamente, la objeción no pasó y el incremento se dio. Y sorpréndanse ustedes, colombianos, de la forma como se legisla y se ejecuta la ley. Según informaciones que tengo, en este momento apenas se les ha incrementado el sueldo a 6.777 madres comunitarias, de un total de setenta mil. Uno ya no sabe si hecha la ley hecha la trampa, o si primero se hace la trampa y después la ley, pero el hecho cierto es que no les están pagando a estas compatriotas lo que ordenó la ley. ¿Cómo puede funcionar bien así cualquier Estado?

Más eficiente operar con los propios funcionarios que subcontratar

Quién ejecuta los recursos del Bienestar Familiar es la otra gran discusión. En la política que el Polo Democrático defiende, esos recursos los debieran ejecutar fundamentalmente quienes trabajan en el ICBF, los empleados y las empleadas de la institución. Estamos hablando de los restaurantes escolares, los programas de adultos mayores, los desayunos infantiles y toda una serie de funciones. La visión de la privatización, que es la misma del FMI, es que todo se debe subcontratar con terceros. Aparece aquí un debate bien interesante. Cuando el ICBF tenía más conocimientos de detalle y mejores recursos técnicos y había menos politiquería y menos clientelismo de por medio, las cosas funcionaban mejor. Pero me informan que en esta administración se ha hecho la regresión de volver a que el Bienestar ponga la plata y a que sean alcaldes y gobernadores los que ejecuten, en procesos bien discutibles desde el punto de vista de la eficiencia, de la politiquería y de la moralidad administrativa. Miremos más en detalle cómo es el asunto. Hoy el ICBF subcontrata con terceros actividades como las que explicó aquí la doctora Forero. Y se habla de que hay 23.300 contratos firmados por el Instituto. Esto solo de por sí ya es una locura. Quisiera saber cómo se hace de manera eficiente una subcontratación de ese tamaño, cómo se controla, cómo se analiza, cómo se estudia. No logro realmente entenderlo desde el punto de vista de la eficiencia administrativa.

Miremos algunas de las lacras del sector público colombiano. Son tres básicamente: politiquería, ineficiencia y corrupción. Y miremos cómo resultan las cosas en la lógica de la privatización, si mejores o peores. Politiquería: obvio que quienes aparecen como empleados de las firmas intermediarias resultan convertidos en algo así como en súbditos sin ninguna capacidad de independencia política. Luego tienen que votar por quien les haga el contrato, inexorable que sea así. Ahora, es mucho menos posible la politiquería allí donde hay estabilidad laboral, donde hay organizaciones sindicales, donde hay respeto al trabajador, donde se pueden hacer reclamos. Por este lado de la politiquería, la tercerización de las faenas del Estado resulta bastante peor de lo que sería en la propuesta que estamos haciendo.

Desde el punto de vista de la eficiencia, pienso que son mucho mejores las empresas del Estado que funcionan sobre la base de trabajos especializados y con trayectorias largas, que han realizado un know how, donde hay un espíritu creativo y todo lo que tiene que ver con empresas seriamente construidas y no estas contrataciones que hoy están y mañana no y donde hoy entra el uno y mañana sale el otro. Estoy convencido de que es mucho más eficiente el otro mecanismo.

Y ni se diga lo de la corrupción. Porque aquí lo que aparecen, en no en pocos casos, son una serie de aventureros que hoy están y mañana no están, y que no dan la cara ni aparecen. El Instituto de Bienestar Familiar está hoy funcionando con una lógica bastante desafortunada, que de manera natural conduce a los hechos tan graves de desdeño, manipulación, corrupción y politiquería, que han señalado los senadores citantes.

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Cuatrocientos trabajadores, la mayoría mujeres cabeza de familia, iniciaron hoy un cese de actividades para rechazar las esclavizantes condiciones de trabajo a que están siendo sometidos por la empresa Drummond, trasnacional norteamericana que explota el carbón en La Loma, Cesar. Pese a que la protesta se adelanta en forma pacífica, la policía ha estado amenazando a los huelguistas con expulsarlos por la fuerza de las instalaciones.

Como se ha vuelto ya costumbre en el país, la Drummond contrató con la empresa Caves GHL la prestación de servicios permanentes como el de aseo y restaurante. La Caves subcontrató a su vez dichas actividades con la Cooperativa Servicoctel.

Reclaman con justicia los huelguistas ser vinculados directamente a la trasnacional del carbón y exigen además mejoras salariales y pago de horas extras, ya que Servicoctel solo les reconoce el mínimo legal. Entre las demandas más sentidas, figura la de un trato digno y respetuoso, pues las mujeres, sobre todo, se quejan de que son sometidas a permanentes humillaciones.

Expreso mi absoluto respaldo a estas justas solicitudes y llamo a las autoridades del Cesar, como también a la fuerza pública, a atenderlas con diligencia y a respetar el derecho a la protesta. Y doy al mismo tiempo total apoyo a los pliegos de peticiones presentados recientemente por los trabajadores a las trasnacionales mineras Drummond y Glencore.

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No existe país que se diga democrático cuya Constitución Política no establezca que los asalariados tienen derecho a organizarse en sindicatos, a la contratación colectiva y a la huelga. A organizarse y a escoger sus voceros, para relacionarse con su patrón no de manera individual sino como grupo. A la contratación colectiva, para que los contratos laborales no se negocien entre el empresario y cada trabajador, sino entre el patrón y el conjunto de los trabajadores. Y a la huelga, último recurso con el que los asalariados expresan no estar dispuestos a suscribir contratos laborales en las condiciones que intenta imponerles la contraparte.

Además de que estos derechos se encuentran en principio establecidos, hay que repetirlo, en todas las Constituciones de todos los países que se precian de democráticos en Europa, América, Asia, África y Oceanía, aparecen también en la Declaración de los Derechos Humanos. Y existe la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que hace parte de la ONU, la cual debe velar por su respeto a escala global, al igual que el de otros derechos que también reconocen garantías laborales democráticas.

Los derechos democráticos de organización sindical, contratación colectiva y huelga tienen origen en una verdad irrebatible: si el contrato laboral se pacta entre el trabajador individual y el patrón, y más ahora con unos monopolios descomunales, pues es obvio que no existe un negocio entre las partes sino una imposición unilateral del empresario, hecho más cierto en países como Colombia donde el desempleo pulula y por cada empleo hay una multitud dispuesta a trabajar hasta en las condiciones más inicuas. Nadie puede preciarse de tener una concepción democrática de las relaciones sociales si no reconoce estos derechos como pilares de cualquier forma de democracia.

Pero en Colombia menos del cinco por ciento de la población económicamente activa está afiliada a un sindicato y, de esos pocos, apenas tiene contrato colectivo de trabajo menos de la mitad, datos que prueban que los derechos democráticos de los trabajadores, en la práctica, no existen en el país.

Dos grandes razones explican por qué estos derechos terminaron convertidos en una burla. La primera, porque en la propia Constitución ya aparecen limitados o se deja abierta la posibilidad para recortarlos o eliminarlos legalmente, de manera que el principio termina perdiéndose, cosa que se empeora por la interpretación parcializada y corrupta, con el propósito de negarlos, de funcionarios supuestamente encargados de defenderlos. Y la segunda, porque van décadas de manipulaciones y mentiras en contra de los sindicatos y en especial de los sindicalistas, presentándolos como de lo peor de la sociedad y responsables de casi todos sus males, ambiente al que hay que sumarle el asesinato de millares de dirigentes, todo lo cual lleva a que en Colombia sea más fácil asociarse para delinquir que para ejercer derechos laborales. En consecuencia, no hay dirigente retardatario que no tenga un discursito a favor del sindicalismo, con el que posa de demócrata, pero al que le introduce tantos “peros” que deja en claro que está dispuesto a que existan los derechos sindicales, pero, eso sí, sin sindicalistas.

En la persecución a los trabajadores terminaron por inventarse las llamadas “cooperativas de trabajo asociado”, instrumento que se diseñó para llegar al extremo de desconocerles a los asalariados que son trabajadores de sus patronos, de manera que no puedan asociarse en un sindicato y menos aspirar a la contratación colectiva, marrullería que para mayor perfidia ocultan tras la bandera del cooperativismo.

Y cuando a diez mil corteros de la caña de azúcar –desesperados por unas condiciones laborales espantosas, que recuerdan el trabajo esclavo– les toca irse a un paro en repudio de las falsas cooperativas, poder asociarse en sindicatos y negociar contratos colectivos con sus auténticos patronos, unos empresarios que reciben enormes subsidios del Estado, salen Diego Palacio y Álvaro Uribe a faltar a la verdad y a tratarlos de delincuentes, mientras los publicistas del uribismo dicen que estamos en una “democracia profunda”.

El cuadro del maltrato laboral lo redondea el caso de la Rama Judicial, sector que debió parar para que le nivelen los salarios según lo que ordenó una ley de 1992, ¡hace 16 años!

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Me uno a los saludos que hizo el senador Alexander López, mi compañero de convocatoria de esta audiencia y quien tuvo la iniciativa de este bellísimo acto, y aprovecho para saludar a los habitantes de Pradera, que con todo cariño nos brindan su generosa hospitalidad, a los indígenas caucanos y vallecaucanos, hoy aquí con nosotros y quienes están dando ejemplo de dignidad y valor civil a la nación colombiana, y por sobre todo, a los queridísimos compañeros trabajadores de la caña de azúcar, que también hoy aquí reclaman sus derechos.

Los demás senadores que han debido venir a esta audiencia no solo cancelaron su asistencia en el último minuto, sino que, en un acto que rechazo, intentaron sabotearla. Sin embargo, cuando medito en las palabras que lanzó alguno de esos senadores en un debate parlamentario, logro explicarme por qué no quisieron venir a compartir con todos ustedes la problemática de la caña, porque ese congresista fue capaz de decir que los salarios de los obreros eran muy altos y que no eran ciertas las condiciones de ignominia en que ellos trabajan en el Valle y en el departamento del Cauca.

Compañeros y compañeros, uno de los temas centrales de esta audiencia tiene que ver con la producción de los llamados agrocombustibles. En la mañana de hoy, en el periódico El Tiempo, el doctor Andrés Felipe Arias, ministro de Agricultura, afirmó en un artículo que la producción de agrocombustibles no afectaba los precios de los alimentos en Colombia. Según él, el fuerte incremento que está sufriendo el trigo, por ejemplo, o el maíz y, con él, la carne de cerdo y la carne de pollo, no tenían nada que ver con la producción de agrocombustibles. Pues bien, debo decirle al ministro Arias que falta a la verdad en materia gravísima por una simple explicación: en razón de las políticas contrarias al interés nacional de los anteriores gobiernos y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, hoy Colombia no es autosuficiente en alimentos. Estamos trayendo de Estados Unidos y de otros países ocho millones de toneladas de comida, y como en Estados Unidos el precio del maíz y otros cereales viene subiendo por haber dedicado esos bienes a la producción de agrocombustibles, pues por esa misma vía del incremento del precio del maíz y del trigo en Estados Unidos hoy le está llegando a Colombia la comida más cara y los colombianos están comiendo menos y sufriendo más por esas políticas retardatarias del “libre comercio”.

Podemos probar minuciosamente, como lo hemos hecho en el Senado, que la importación de comida de Estados Unidos, encarecida en buena medida por la producción de agrocombustibles en ese país, aumenta la pobreza del pueblo colombiano y de los propios corteros de la caña, cuyo trabajo está en parte dedicado a producir agrocombustibles. Aquí lo que se expresa no es otra cosa que pobreza y miseria, por los bajos salarios, el encarecimiento de los precios de la comida, el boleteo mensual de las tarifas de los servicios públicos que suben y suben y suben quitándoles a los colombianos el pan de la boca. Es de hambre, doctor Álvaro Uribe Vélez, es de hambre, doctor Andrés Felipe Arias, es de hambre de lo que están hablando hoy aquí en Pradera los corteros de la caña y los indígenas colombianos.

Agrocombustibles para vender en Colombia y con subsidios

En Colombia se ignora que no se están produciendo los agrocombustibles para exportar; ni el alcohol carburante y ni el agrodiesel a partir de la palma africana, que apenas se inicia. Parte del truco es que han inundado a Colombia de comida extranjera quitándoles a nuestros campesinos y a nuestros jornaleros la posibilidad de trabajar, para darles trabajo a los gringos. Y ese crimen contra el progreso de Colombia y el empleo nacional han querido taparlo metiendo el cuento de que estamos produciendo agrocombustibles para vender en Estados Unidos. ¡Pues también es mentira, doctor Andrés Felipe Arias! Todos, absolutamente todos, los agrocombustibles que se producen en Colombia van al mercado interno y se le echan a la gasolina y al diesel del consumo nacional. Y lo que es peor, ya el ministro de Minas está hablando de abastecer a la Costa Atlántica con alcohol traído de otros países. Y como si fuera poco, ese alcohol carburante y ese agrodiesel que estamos consumiendo en Colombia se producen con fuertes subsidios del Estado colombiano, es decir, con fuertes subsidios de los colombianos. Ese alcohol y ese ACPM a partir de la palma presentan una característica: son de altos costos, mayores que los del ACPM y la gasolina obtenida de hidrocarburos, y eso les cuesta a los colombianos, a todos nosotros, en el caso del etanol, más de cien millones de dólares al año en subsidios, plata que termina saliendo, así no nos demos cuenta, de los bolsillos de los colombianos. Y que ese subsidio lo estamos pagando todos aumenta el derecho que tenemos los colombianos de discutir minuciosamente lo que está pasando aquí en el Valle del Cauca.

Cuando debatíamos inicialmente el problema en la Comisión Quinta del Senado, recuerdo que el ministro de Minas me dijo: senador Robledo, vale la pena pagar ese subsidio, porque esa es una manera de darles empleo a los cortadores de caña del Valle del Cauca. Ese fue un argumento que yo acepté inicialmente como un aspecto que podía explicar la producción de agrocombustibles, pero el empleo viene desapareciendo, y ustedes lo saben mejor que yo, porque se viene reemplazando el corte manual de la caña por corte mecanizado, lo que desplaza a miles y miles de corteros y en la misma medida presiona los salarios a la baja. Le pregunto al gobierno nacional: ¿no dizque el subsidio al alcohol carburante era para mejorar las condiciones laborales del pueblo trabajador que produce tanto el azúcar como el etanol? ¿Qué ha pasado con los salarios? ¿Qué ha pasado con las garantías laborales? ¿Por qué están inundando estas tierras de cortadoras mecánicas de caña que les quitan el trabajo a nuestros corteros, lanzándolos a condiciones todavía peores que las que se están padeciendo?

Cuando se acordó el subsidio a la producción de alcohol carburante, el gobierno también adujo que mejorarían las condiciones del negocio para todos aquellos conocidos aquí con el nombre de colonos, es decir, para los empresarios que les venden la caña a los monopolios de los ingenios azucareros. Pero los análisis y denuncias indican que no es verdad que los ingenios azucareros les estén transfiriendo a los afiliados a Procaña una parte de los subsidios, una parte del incremento de su ingreso por la producción del alcohol carburante. Hoy aquí entonces nos preguntamos: por qué los recursos del Estado colombiano, que son los de todos, por qué los cuantiosos subsidios, por qué la obligatoriedad de consumir alcohol carburante en los vehículos colombianos, solo han terminado beneficiando a cinco ingenios azucareros y no a los miles de trabajadores y tampoco a los colonos del sector empresarial que contribuyen a que haya caña de azúcar en el departamento del Cauca. Si por alguna cosa que hay luchar en Colombia, compañeras y compañeros, es por un tipo de economía en la cual los empresarios del común tomen su parte, no solo los del monopolio, y, por sobre todo, que la riqueza le llegue al pueblo raso, a los jornaleros, a los obreros agrícolas, les llegue a las gentes del común de estos municipios.

Que haya democracia sindical

Vale la pena hacer mención a otro problema muy grave que afecta a la nación colombiana, y es el relacionado con la democracia de los trabajadores. No hay un solo país que se precie de democrático que no tenga establecido en su Constitución, como también lo dice la Constitución de Colombia, que el derecho de organización de los trabajadores, el derecho a constituir sindicatos, es fundamental. En buena medida se habla de democracia porque los trabajadores tienen derecho a construir sus organizaciones sindicales. Organizaciones que, de acuerdo con la lógica de la democracia, no se establecen para ofrecer rifas ni bazares, aun cuando pueden hacerlo, ni para fundar una cooperativa, aun cuando es cierto que pueden promoverlas. No, compañeros, cuando en la Constitución de Colombia y de cualquier país democrático del mundo se dice que existe el derecho de construir sindicatos es para que haya contratación colectiva, es decir, para que el sindicato, en representación de sus afiliados, tome asiento de igual a igual con el patrón a negociar el salario, la jornada laboral, los derechos de salud y de pensiones, y repito, en plan de igualdad, dado por la fuerza del poderoso patrón frente a la fuerza de los trabajadores sindicalizados. Y para que ese derecho de contratación colectiva sea real se necesita además que esté plenamente en vigencia el derecho de huelga, consistente en que el obrero le dice al patrón: señor, si usted no acepta las peticiones que le estamos haciendo y se niega a hacer un acuerdo sensato con nosotros que distribuya de manera democrática la riqueza nacional, los trabajadores nos vamos a huelga para que sea en la huelga como se dirima el conflicto colectivo. Y esto no es socialismo, no es comunismo, no es guerrilla. Es un derecho democrático establecido en la Constitución Política de los países capitalistas, pero, por supuesto, porque algunos manejan una lógica democrática que en Colombia, cada vez más, se les niega a los de abajo, porque lo que se ha montado es la plutocracia, el gobierno de los monopolios y las trasnacionales.

Estamos aquí para expresar también toda nuestra solidaridad a los indígenas colombianos y a los indígenas del departamento del Cauca. Estamos con ustedes, compañeros indígenas, respaldamos sus luchas, nos sentimos orgullosos de ver un pueblo colombiano que lleva 500 años en la resistencia, como lo han hecho ustedes. Y aquí le digo al doctor Álvaro Uribe Vélez que no criminalice la protesta social, que no persiga más a los trabajadores, que no persiga más a los indígenas. Que se reúnan con los trabajadores de la caña de una manera democrática y que resuelvan los problemas de sus peticiones. Que se reúnan con los líderes indígenas y atiendan sus reivindicaciones sin que sea necesario llegar a las confrontaciones a las que están teniendo que llegar los pobres ante el hecho de que el gobierno no los atiende como debiera. Yo me pregunto: con ese tono altanero, despótico, de persecución y de represión con que trata a los pobres de Colombia, ¿se relaciona también Álvaro Uribe Vélez con la Casa Blanca? Yo me pregunto: ¿con ese mismo tono de agresividad se relaciona Álvaro Uribe Vélez con las trasnacionales que operan en Colombia? Por supuesto que no. Porque tenemos un presidente duro, cruel, agresivo con los débiles, y sumiso, rodillón, frente a los poderosos de Colombia y del mundo.

Que Álvaro Uribe no viole la Constitución

Terminemos haciendo un par de apreciaciones. Hace unos días, en otro hermoso municipio del departamento del Cauca, el doctor Álvaro Uribe Vélez se despachó como un patán amenazando a los indígenas y a los trabajadores con meterlos a la cárcel si a él se le daba la gana, criminalizándolos porque luchaban por sus derechos. Y en el colmo de la desproporción y el autoritarismo de la lógica dictatorial, Álvaro Uribe Vélez agredió a nuestro querido compañero, el senador Alexander López, vilipendiándolo, mintiendo sobre la naturaleza de su resistencia y de sus luchas. Fue capaz incluso de violar la Constitución y la ley y de gritarle a un coronel: oiga, coronel, métame al senador Alexander López a la cárcel. ¿Y llaman democracia a eso? ¿Se puede hablar de democracia en un país donde el presidente de la República, violando la Constitución y la ley, amenaza con meter a un senador de la República a la cárcel? Pues bien, hoy aquí los del Polo Democrático Alternativo con toda serenidad le decimos al presidente de la República: podrán calumniarnos, podrán perseguirnos, podrán decir mentiras sobre nosotros, podrán incluso encarcelarnos y cosas más graves todavía, pero lo que no podrá hacer el doctor Álvaro Uribe ni con el Polo Democrático Alternativo ni con los cañeros ni con los indígenas ni con el pueblo de Colombia es arrodillarnos. No nos vamos a arrodillar.

Sepan, compañeros y compañeras, que sin que nadie nos obligara, por una decisión libremente adoptada, los del Polo Democrático Alternativo decidimos ver el país a través de los ojos de los pobres, de los ojos de los débiles, de los que sufren, y decidimos atar nuestra suerte personal a la suerte de ustedes. Al Polo Democrático Alternativo le irá bien cuando al pueblo colombiano le vaya bien, pero no los vamos a traicionar en sus reclamos. Cuenten entonces con el respaldo incondicional nuestro a las luchas democráticas, civilizadas y de resistencia civil que ustedes ejecutan. No va a ser secuestrando como vamos a arreglar a Colombia, no va a ser apelando a la lucha armada como vamos a arreglar a Colombia, pero los del Polo Democrático Alternativo, con su destacamento de líderes y congresistas a la cabeza, estará en las calles, en las plazas y en las carreteras donde el pueblo de Colombia se levante a defender sus intereses y derechos.

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Quien haya escuchado al señor ministro de la “desprotección social” pensará que hay una coincidencia muy grande entre los intereses del cooperativismo y el punto de vista del gobierno en este proyecto. No puedo compartir ese enfoque, porque todos sabemos que las famosas cooperativas de trabajo asociado se han tomado el nombre democrático y respetable del cooperativismo para proceder contra el espíritu del cooperativismo.

Señor ministro, no intente revolverle el altruismo propio del cooperativismo a esta especie de régimen de negreros, recordando a los que raptaban esclavos negros del África para traerlos a trabajar a las colonias. Tampoco puedo aceptar que se insinúe que el uribismo obra preocupado por la suerte de los trabajadores colombianos, los obreros, los asalariados, porque la única forma de arreglar estas cooperativas es eliminarlas, acabarlas. Porque se las inventaron para golpear de manera deliberada a los trabajadores. Es un hecho demostrable.

Aquí hay otro debate de mucho fondo sobre la democracia. No puede haber democracia en Colombia ni en el mundo, senadores y colombianos, mientras no se respete el sindicalismo. Y no se respeta el sindicalismo allí donde los trabajadores no se pueden asociar en sindicatos, porque no los dejan las cooperativas. No existe democracia donde no haya contratación colectiva. Luego no vengan a decirnos que unos instrumentos constituidos para atropellar el espíritu de la Constitución Política en lo relacionado con el derecho de contratación colectiva y de organización les sirve a los trabajadores. Seamos serios. Señor ministro, asuman las responsabilidades. A quienes les parezca un crimen que los trabajadores creen organizaciones y sindicatos y ejerzan la contratación colectiva, díganlo de frente. Pero, senador José Darío Salazar, no nos vengan a embellecer unos instrumentos armados para atropellar el espíritu de la Constitución y de la democracia persiguiendo al sindicalismo colombiano. Se puede demostrar hasta la saciedad que la razón de ser de esas cooperativas no es otra que bajar el precio de la mano de obra.

Y en este sentido, senador Salazar, tengo que lamentar que usted afirme que los corteros del Valle del Cauca están bien pagos. No es cierto. Allí también los ingenios azucareros constituyeron cooperativas de trabajo asociado para escamotearles a los trabajadores los derechos labores e impedir que ganen lo que deberían si contaran con organizaciones sindicales.

Estuve en Pradera, Valle del Cauca, y permítame, señora presidenta, hacer al respecto un comentario como derecho de réplica. Resulta que la audiencia en el municipio de Pradera para tratar el caso de los corteros y colonos la pedimos el senador Alexander López y el senador Robledo, del Polo Democrático. Y entre otras cosas, les quiero recordar a los congresistas del Valle del Cauca que vivimos en una república unitaria y que no son los vallecaucanos los únicos que pueden hablar sobre los asuntos del Valle del Cauca. No. El senador Jorge Enrique Robledo saca votos en el Valle del Cauca y tiene también derecho a opinar. Y convocamos, con el senador Alexander López, una Audiencia Pública para mirar el problema el alcohol carburante, de las relaciones laborales, de la suerte de los colonos, esos empresarios a quienes no les están pagando lo justo por su caña.

Y la señora presidenta, en todo su derecho, decidió ampliar la Audiencia incluyendo a congresistas del Valle y del Cauca, decisión que el senador López y yo compartimos. Me parecía muy bueno que otros senadores asistieran a la Audiencia, entre ellos, la senadora Dilian Francisca Toro. Eso estaba muy bien. En el desarrollo de los acontecimientos, a ese grupo de senadores le pareció que no iba a ser buena para ellos la Audiencia. No les gustó, y estaban también en su derecho al resolver que no asistían. Pero quiero que alguien me explique por qué esos senadores, en vez de enviarle una simple carta a la presidenta diciéndole, señora presidenta, no queremos ir a la Audiencia porque no nos parece que esté bien convocada, se metieron a sabotearla y nos la levantan aquí en la plenaria. Pido respeto a la democracia y respeto a las posibilidades que tenemos los congresistas de hacer nuestro trabajo. Les repito, y se lo digo con toda cordialidad a esos senadores, por qué nos sabotearon el trabajo al senador Alexander López y a mí. Ustedes no estaban obligados a ir, pero tampoco tenían el derecho de sabotearnos la convocatoria. No solo nos la sabotearon, sino que se dedicaron a repartir hojas en el Valle del Cauca informando que la Audiencia se había aplazado, un recurso truculento para impedir que los trabajadores asistieran. Y se dedicaron además a regar especies. Me parece muy grave, senador Salazar, que usted haya afirmado que la Audiencia era una especie de acto criminal que el senador López y yo estábamos agenciando de no sé qué manera. No, senador Salazar. Era un acto absolutamente democrático, tranquilo, argumentado, razonado. Y si ustedes no hablaron, no fue porque no pudieran hacerlo, sino porque no quisieron ir. Si hubieran ido, habrían hablado como cualquiera otro de los oradores que intervinimos. La verdad es esta que estoy explicando: a unos senadores les pareció que el trabajo de los senadores López y Robledo no era bueno, y en vez de respetárnoslo, nos lo sabotearon.

Finalmente, lo que hay que hacer con las cooperativas de trabajo asociado es liquidarlas, como la única forma de defender los derechos de los trabajadores. Es el punto de vista del Polo Democrático Alternativo. Está planteado en el Ideario de Unidad: organización sindical, contratación colectiva directa, derecho de huelga y todos los derechos de los trabajadores. E insisto, no hay democracia en un país donde estos derechos no se respeten y garanticen.

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