Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate sobre Vivienda de Interés Social, VIS, plenaria del Senado, 1º de noviembre de 2005.
El déficit va en aumento. Subsidios exiguos y lotes mínimos. Costos financieros cada vez más onerosos. Subsidios asignados y subsidios reales. Las cifras reales sobre el incumplimiento. Conclusiones
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a la señora ministra, a los colegas del Senado y a los colombianos que nos escuchan. Después de oír la intervención del senador Bernardo Alejandro Guerra queda uno realmente impresionado por la forma como se trata a tantos de nuestros compatriotas que con esperanzas piensan que los planes oficiales de vivienda les van a resolver sus problemas o, por lo menos, van a ser tratados en ellos con respeto. Y lo que acabamos de ver es una especie de decálogo de las infamias que a diario se cometen.
En mi intervención me voy a eximir de profundizar en ese tipo de denuncias, que secundo, para hacer más bien un análisis sobre la política general de vivienda y en particular sobre la de esta administración. Intentaré al final demostrar cómo esta muy lejos, pero muy lejos, esta administración de cumplir con los números con los que se comprometió el doctor Uribe Vélez cuando era candidato y también con los que maneja el Plan de Desarrollo. Vamos a ver cómo, no obstante el paisajeo que se les da a las cifras, el presidente Uribe está bien lejos de cumplir con unas promesas electorales que, por lo demás, fueron bastante exiguas frente a la gravedad del drama de vivienda que padece el país.
El déficit va en aumento
Para entrar en materia, digamos que, según cifras oficiales, el déficit cuantitativo que padece Colombia, comparando el número de hogares con el número de viviendas, asciende a un millón y medio, equivalente a igual número de compatriotas que de una u otra manera tienen que vivir hacinados con otras familias. Y el déficit cualitativo, que delata problemas graves en las casas, deficiencias en servicios públicos, etc., asciende a unas ochocientas mil viviendas. Lo anterior solo en las áreas urbanas. Estamos hablando entonces de un déficit global de 2.333.000 viviendas, solo en las cabeceras urbanas, suma bien grande y que me lleva a anotar un fenómeno no menos grave. Cuando en 1985 publiqué un libro sobre el tema, el déficit daba por ahí un millón doscientas mil viviendas. En otras palabras, el déficit habitacional, lejos de disminuir con el paso de los años, se hace cada vez mayor, lo que prueba su carácter estructural. Repito la cifra del déficit actual: 2.333.000 familias, solo en las cabeceras. No hablamos de vivienda rural, porque las cifras para el campo son prácticamente inexistentes, aunque la situación de las zonas cafeteras, las mejor dotadas del país en materia de servicios públicos, brinda una idea del drama que se vive. Allí, apenas el 6% de las viviendas tiene alcantarillado. Imaginémonos cómo será en las zonas paneleras o maiceras o en el resto del agro.
Subrayo la gravedad del déficit, que, digámoslo con franqueza, no es una causa en sí mismo, sino un efecto de la pobreza nacional. Porque en estos días en que tanto se perora con que estamos en el país de las maravillas, vale la pena recordar con algunas cifras qué es lo que de verdad les está pasando a los colombianos. Las últimas estadísticas de la ONU revelan que en Colombia la pobreza asciende al 64%, es decir, uno de cada tres compatriotas vive en la pobreza. La indigencia llega al 17%, es decir, uno de cada seis colombianos está sumido en la indigencia. Y cuando miramos las cifras de lo rural nos tropezamos con hechos realmente escalofriantes. Pobreza, 84%, es decir, cuatro de cada cinco colombianos; indigencia, 31%, es decir, uno de cada tres compatriotas. Apenas natural que con cifras de pobreza e indigencia como las que estamos citando, el problema habitacional termine volviéndose insoluble y requiera de manera inexorable del respaldo del Estado.
Recordemos que la vivienda es el bien de uso más costoso al que aspira una familia y, en este sentido, es imposible que quienes padecen estas condiciones de pobreza e indigencia resuelvan por sí mismos, sin el respaldo del Estado, el acceso a una vivienda adecuada. De ahí que en todos los países del mundo capitalista, sin excepción, existan planes estatales de subsidios que apuntan, no digamos a resolver el problema, porque en ninguna parte se intenta resolverlo, pero sí por lo menos a morigerarlo. Lo primero que quiero entonces dejar sentado es que sin subsidios es absolutamente imposible en el capitalismo que legiones de ciudadanos puedan acceder a una vivienda adecuada en las indispensables condiciones de modernidad. Las políticas de subsidio del Estado resultan ser cruciales, porque de otra manera el problema no puede atenderse. Y hago una advertencia, y es que por muchos y buenos que sean los subsidios, hay colombianos tan pobres, que ni siquiera con subsidios logran tener acceso a una vivienda digna. Y lo mismo puede decirse de cientos de millones de habitantes del planeta.
Esta realidad universal parece más grave en el caso de Colombia que en el de otros países. Hay cifras que lo inducen a uno a pensarlo y que ameritan hacer un juicio de responsabilidad a quienes han gobernado el país en los últimos años. El número de hogares arrendatarios en algunos países, porcentualmente hablando, es el siguiente: Bolivia 15%, Brasil 14%, Chile 15%, Perú 8% y Colombia 30%, porcentaje que casi triplica el de los países latinoamericanos citados. Pero además, el problema se está agravando ahora que se habla tanto de hacer de Colombia un país de propietarios. En 1993 había 63% de propietarios en Colombia, y en 2003, diez años después, 54%, o sea, nueve por ciento menos, hecho más o menos natural, porque lo que ha ocurrido, y esta es probablemente la característica principal de la política neoliberal, es que está siendo desposeído de la propiedad un número cada vez mayor de colombianos. Si algo caracteriza este modelo económico es el de la concentración de la riqueza y, por ende, el de la concentración de la propiedad, lo que se ve reflejado de manera inexorable en las cifras de vivienda. No es gratuita la crisis que padeció el país mientras estuvo en vigencia el sistema UPAC, que desposeyó de la vivienda a un número importante de compatriotas.
Subsidios exiguos y lotes mínimos
Vistas así las cosas, si contrastamos los hechos con las promesas u ofertas del candidato Uribe Vélez o de lo que figura en el Plan de Desarrollo, nos tropezamos con un plan de vivienda bastante mediocre en lo que tiene que ver con la cantidad de subsidios ofrecidos frente a las necesidades reales. 400 mil subsidios prometió el presidente Uribe en los cuatro años, es decir, cien mil por año, monto que a mi juicio ni siquiera alcanza a cubrir el crecimiento vegetativo del déficit. Y con un agravante. El 55% de esos exiguos 400 mil subsidios lo asumen de sus propios recursos las cajas de subsidio familiar que, cabe recordar, administran plata de los trabajadores colombianos, como una forma de salario, legalmente hablando. Luego sobre este dinero no debiera sacar pecho el gobierno, y es más, ni lo debiera mencionar, porque sale del esfuerzo privado de unos trabajadores a quienes se les ha ido escamoteando el subsidio familiar, que era un tipo de salario, para dárselo a otros. Es la figura de quitarles el subsidio familiar a los muchos para darles un subsidio de vivienda a unos cuantos. Son los trabajadores colombianos quienes lo están pagando, aunque las medallas y los oropeles sí se los ganan el jefe del Estado y todos los jefes políticos que los rodean. Repito, es plata de los colombianos administrada de manera privada. Algo parecido podría decirse de la Caja de Vivienda Militar y el Fondo Nacional del Ahorro, también ahorros de los colombianos, plata de las cesantías de los colombianos. En resumen, en este plan de los 400 mil subsidios de que habló el candidato Uribe Vélez, el gobierno apenas responde por el 45%, repartido a su vez en dos: el 37% el gobierno nacional y el 8% el Banco Agrario, en lo relacionado con vivienda rural, suma absolutamente ridícula frente a la gravedad del déficit y la pobreza de esos compatriotas.
Si el número de subsidios adjudicados es bien malo, vamos a ver que lo que se realiza es todavía peor. Examinemos el otro asunto clave en este tema: ¿cuál es el monto del subsidio? Digamos que por definición es muy bajo, pero lo más grave es que viene bajando, como lo revelan las siguientes cifras: año 2000, 23 salarios mínimos; año 2002, 19 salarios mínimos en números redondos; y año 2004, 17,9 salarios mínimos. Luego en los últimos cuatro años, el monto del subsidio ha disminuido en 22,5%, lo que empeora cada vez más el respaldo del Estado a los compatriotas que lo necesitan. Con el agravante de que los costos de la vivienda no dejan de subir. Ya el senador Bernardo Alejandro Guerra nos mostró lo que sucede con el suelo urbano, algo inaudito. Los especuladores del suelo urbano hacen lo que se les da la gana con el precio del suelo y nadie, absolutamente nadie, ni este gobierno ni ningún otro, ha intentado siquiera ponerle coto. Es un hecho bien conocido. El Ministerio de Ambiente señala que el alto valor de la tierra se constituye en el principal factor que incide en la deficiente oferta de la vivienda de interés social. Obvio. Los precios tan altos de especulación del suelo hacen que se vuelva casi imposible conseguir lotes que sean útiles o prácticos para este tipo de vivienda de interés social. ¿Y cuál es la solución que le vienen dando? Las normas legales, lejos de controlar a los especuladores, que se sientan a engordar sus propiedades por cuenta del esfuerzo ciudadano, lo que vienen haciendo es reducir el área de los lotes. Vamos entonces en lotes de 35 metros cuadrados, y si uno piensa en los nueve metros que hay que dejar como mínimo de área libre para ventilación, estamos hablando de lotes de 26 metros cuadrados, área incluso pequeña para la alcoba de matrimonio de una vivienda de lujo, como lo saben muy bien los senadores. Y es allí donde tiene que hacinarse una familia entera. En el caso de Bogotá, se permiten lotes de 27 metros cuadrados, y al paso que vamos, habrá que llamar “ratoneras” las viviendas que allí se levanten. El fenómeno es tan grave que El Tiempo decía en agosto del año pasado: “Esto puede tener sentido desde un punto de vista estrictamente financiero o comercial, pero no es humano o social”. Realmente, comento yo, sí es humano, porque los seres humanos son capaces de cosas muy perversas. Pero la figura opera.
En la medida en que se reduce el subsidio, empeora la condición de la vida de la gente. Mas para los efectos del clientelismo, la reducción rinde cada vez más. Todos aquí sabemos que la política de vivienda es un pilar del clientelismo y que no es posible que a nadie le adjudiquen un subsidio de vivienda si no tiene un vínculo con algún jefe político y, además, si no hay un compromiso de pagarlo con votos. Desde este punto de vista, el monto del subsidio cada vez menor es muy efectivo, porque es supremamente rendidor. Un día, en un consejo comunitario en Montería, vi al presidente Uribe Vélez preguntándole a la señora ministra si no era posible reducir otro poquito el subsidio de vivienda para que fueran más los colombianos beneficiados y, digo yo, aumentara la carne de urna.
Costos financieros cada vez más onerosos
El otro problema que se atraviesa para hacer más difícil esta política guarda relación con los costos financieros, también un hecho bochornoso. La vivienda de interés social la ejecutaba el ICT. Cuando la avalancha neoliberal barre con el ICT, se crea el Inurbe. Ahora los gobiernos acaban el Inurbe y crean Fonvivienda. Pero el punto, senadores y colombianos, es que toda la política apunta a ir sacando al Estado de la responsabilidad de ofrecer viviendas dignas para ir transfiriéndola a la esfera de lo privado, a fin de hacer que cualquier centavo que el Estado dé en vivienda le pague un creciente peaje a algún tipo de negocio. El ICT tenía mil problemas, pero su concepción era democrática, porque hacía esfuerzos para utilizar los recursos de la manera más racional posible en el sentido de eliminar intermediarios. Por ejemplo, el ICT compraba la tierra en la que ejecutaba sus planes, lo que de alguna manera protegía a esos compatriotas que adquirían vivienda, por lo menos en parte, de la especulación del suelo urbano. El ICT manejaba tasas de interés distintas de las comerciales, también una manera de favorecer a los usuarios. Estaba sujeto a una serie de controles, no para eliminar del todo la ganancia, pero sí al menos para intentar ponerle controles. Ahora no. Ahora se supone que esto es como una especie de actividad privada. El Estado se limita a dar un subsidio y después que todo el mundo gane lo que pueda y que los pobres, supuestamente beneficiarios, se acomoden como puedan.
Si analizan ustedes la tasa de interés del crédito, encuentran que afecta demasiado, porque como son créditos a quince años, cualquier tasa por pequeña que sea se termina pagando muchas veces. Ya vimos, y aquí lo señaló el senador Bernardo Alejandro Guerra, que una vivienda se termina pagando cuantas veces se termine pagando el crédito. Esto no cambió con la eliminación del UPAC y el paso a la famosa UVR, que finalmente no es más que otro nombre para lo mismo que había.
En la vivienda de interés social, la tasa de interés del crédito es la UVR más once por ciento, una tasa bien costosa. En la vivienda corriente, la UVR más trece por ciento. ¿Cómo así que en la vivienda de interés social UVR más once y en la vivienda de los magnates UVR más trece, 13,2% para ser exacto? ¿Dos puntos de diferencia? Es decir, el respaldo financiero que el Estado les da a los pobres de Colombia, a esos que se vuelven carne de urna, ¿es un ridículo 2%? Increíble pero cierto, como tantas cosas que pasan en Colombia. Este costo se le atraviesa a la gente que necesita una vivienda digna. Se evidencia inclusive en el hecho dolorisísimo de que un número inmenso de colombianos ya ni siquiera logran conseguir esas alcancías que promueve el Estado con el nombre de casas.
Demos cifras para ilustrar cómo la política de vivienda es un desastre. En Estados Unidos, el crédito se otorga a 25 ó 30 años, con una tasa de interés real que oscila entre 3 y 5 por ciento. En Inglaterra, crédito entre 22 y 23 años, con tasa de interés real entre 4 y 6 por ciento. En España, crédito entre 18 y 20 años, con tasa de interés real entre 0 y 3 por ciento. En Colombia, crédito 10 y 12 años, un plazo muy corto, con tasa de interés real entre 8 y 13 por ciento, muy alta. En las condiciones de pobreza en que está sumida la nación y dado lo bajo del subsidio, lo costoso del suelo, el nivel de tasa de interés tan escandalosamente alto y los plazos tan cortos, solo “ratoneras” se le pueden terminar ofreciendo a la gente. Es un problema de la concepción del modelo. No funciona, no puede funcionar, y los hechos empiezan a mostrar que se crea una contradicción insoluble de tipo estructural que no permite atender bien a la gente.
Subsidios asignados y subsidios reales
Voy a pedir la atención de los senadores y colombianos sobre este asunto técnico que no es difícil de entender. Una cosa es que el Estado adjudique el subsidio y otra que el subsidio efectivamente le llegue a la gente. Es decir, que efectivamente se convierta en una vivienda y que alguien se pase a vivir a ella. Fácilmente un subsidio puede ser adjudicado, asignado, y no cumplir el fin para el que fue aprobado. En el caso del anterior gobierno, las cifras de la Contraloría General de la República señalan diferencias realmente escalofriantes entre los subsidios asignados y los movilizados, como los denomina en el estudio la Contraloría. Según el organismo de control, apenas se movilizan el 39% de los asignados, o en otras palabras, el 60% de los subsidios asignados nunca se convirtió en vivienda. No sé en qué entidad del Estado se quedó el resto, pero así fue como sucedió. Convertido en plata apenas se movilizó, se hizo realidad, el 30% del subsidio. El 70% se aprobó, pero jamás llegó a la gente. Este es uno de los dolores de cabeza de la política oficial de vivienda y vamos a ver cómo el gobierno está enredado en él.
¿Cuál es el lío? Volvemos al asunto estructural de la lógica de la privatización. Si el subsidio es muy bajo y la gente muy pobre y la tasa de interés muy alta y el plazo muy corto, la vivienda tiene por fuerza que ser muy mala. Puede suceder entonces que haya gente a la que le adjudiquen el subsidio y cuando va a ver lo que le van a entregar dice “no, yo mejor no me meto” y no se mete. Esa es una de las maneras en que el subsidio no se moviliza, no se convierte en realidad. O puede suceder que a alguien le asignen el subsidio, pero no logre conseguir el resto de la plata que le exigen ni llene las condiciones comerciales que le imponen. O puede suceder que los constructores no hagan suficientes planes de vivienda. O puede suceder que los bancos no presten la plata restante, un hecho bien común, porque llamar a un banquero a que le preste plata a un pobre de solemnidad es como sacarle al diablo una hostia. En algún periódico especializado decía hace poco algún constructor una frase que resume la contradicción y cómo se vuelve insoluble. Afirmaba que cuando el ciudadano va al Estado a que le adjudiquen el subsidio está obligado a demostrar que es pobre de solemnidad, porque si no es pobre, no tiene derecho al subsidio. Pero cuando ese mismo ciudadano va a una corporación de ahorro y vivienda a que le presten el resto de la plata a fin de completar la que necesita para comprar la casa, porque el subsidio no le alcanza, entonces la corporación le exige demostrar que es rico, que tiene capacidad para pagar la deuda que va a contraer, por lo demás a un plazo muy largo para los banqueros, lo que hace que el riesgo se les vuelva intolerable. Entonces hay una contradicción allí que es insoluble por la propia lógica en que está concebido el modelo.
¿Qué ha pasado con la política de vivienda de esta administración? Nosotros en la Comisión Quinta hemos citado varias veces a la ministra de Ambiente y Vivienda y la discusión siempre ha sido si van o no a cumplir. Desde el primer debate advertí que no creía que fueran a cumplir, porque las contradicciones son insolubles. Hace un año citamos a debate a la ministra Sandra Suárez en la Comisión Quinta y el editorial del diario La República, el presidente de Caracol y el editorial de El Tiempo señalaban que el cumplimiento de la política de vivienda era un desastre. Voy a leer sólo un aparte del editorial de El Tiempo. Dice: “Hasta mayo pasado (2004), la cantidad de subsidios aprobados sólo llegaba a 91.000 y apenas el 60%, es decir, 54.835 habían sido desembolsados”. Miren ustedes otra vez la contradicción. Aprobados 91 mil pero apenas el 60 por ciento desembolsados, como lo he venido explicando. Para el año pasado estábamos lejísimos del cumplimiento de las metas. El debate fue en noviembre, y en los tres años del gobierno debían ir unos 300 mil subsidios entregados, pero a mayo iban asignados unos 91 mil y solo 54 mil entregados, un desastre. Los de Camacol anotaban que si no daban plata, cómo diablos iban a cumplir los compromisos.
¿Cómo estamos hoy? La señora ministra, en el primer cuestionario que le envió al senador Bernardo Alejandro Guerra, afirmó: “La meta se está cumpliendo, se han financiado 272.190 viviendas”. Y cuando uno lee la respuesta al cuestionario y empieza a desglosar por sectores, porque hay distintos actores en el asunto, ahí están Fonvivienda, las cajas, el Banco Agrario, ve que se utilizan indistintamente las palabras financiados, asignados, desembolsados, entregados, hecho que de entrada me llamó mucho la atención, señora ministra, porque no es posible que los especialistas de su Ministerio nos respondan a los senadores con esos grados de imprecisión. Ya he explicado aquí que el problema de la palabra es grave, porque no es lo mismo asignar que desembolsar, y no es lo mismo cumplir el plan en el papel que cumplirlo en la realidad. Resulta bien molesto que en estos asuntos en los que se supone nos movemos en niveles de seriedad, nos den respuestas con ese grado de imprecisión.
Entonces me di a la tarea de escribirle nuevamente a la ministra y pedirle, por favor, dígame qué quiere decir esto. Y logramos obtener de ella la respuesta que nos ha debido dar desde el primer día. Según la respuesta, 272.190 es lo que dice la ministra que están cumpliendo. Cumpliendo más bien a medias, porque va el 78% del cuatrienio y esos 272 mil comprenden tan solo el 67% de los subsidios. Hay un desfase allí. ¿Pero qué es lo grave? Que cuando le pedimos al Ministerio que precise cuánto es lo desembolsado, porque finalmente el problema es saber cuánto es lo que se desembolsa y no cuánto lo que se adjudica en el papel, el desfase es bárbaro. Va supremamente mal el cumplimiento de la meta. Tan mal va que en septiembre 27 de 2005, el Superintendente de Subsidio, doctor César Augusto Córdoba, que es quien vigila el cumplimiento de las Cajas, escribió una circular externa, la 0020, que dice: “Con corte a junio del presente año la ejecución de estos recursos es de 32%, reflejando una baja ejecución y seguramente el incumplimiento de las metas programadas para el presente año”. En otras palabras, el problema está detectado por los organismos de control, por lo menos en este caso, y están hablando de un cumplimiento del 32% en el presente año.
Cuando nos mandan por fin los datos que son, entre asignados y desembolsados, nos empezamos a tropezar con cosas como estas. Voy a detallar un poco el asunto. Fonvivienda, desembolsados contra asignados, 50%. Cajas de Compensación, asignados contra desembolsados, 62%. Banco Agrario, 62%. Caja de Vivienda Militar, 66%. Fondo Nacional del Ahorro, 63%. En promedio, la diferencia entre lo asignado y lo efectivamente entregado está por la mitad o el 60%. Miré con mucho detalle las cifras, porque era mi deber, señora ministra, ante la deficiencia de la información que me pasan, y de pronto me tropiezo con los créditos de Findeter, ¡100% de cumplimiento! Puse entonces los ojos sobre los créditos Findeter, aunque realmente no tuve tiempo suficiente porque los datos me llegaron hace apenas dos días y habrá que mirarlos con más detenimiento, pero cuando los desgloso, miren con lo que me encuentro, señora ministra: según las normas, el promedio de los subsidios que están adjudicando es de más o menos siete millones. Y resulta que el promedio del subsidio de Findeter me da 19 millones setecientos mil pesos. Entonces aquí la cuestión es grave: o están adjudicando subsidios por el triple de lo legalmente permitido o se están inventando las cifras, o lo del Findeter no tiene que ver con estos planes de vivienda. No sé que es lo que esté pasando, pero pongo en duda la veracidad de las cifras que el Ministerio nos suministra. Lo primero que pongo en entredicho es si es verdad que va ciento por ciento adjudicado y ciento por ciento desembolsado por Findeter. Y lo pongo en duda por todo lo que he explicado y por lo que está sucediendo con los demás indicadores. Y con todo derecho cuestiono la cifra, porque alguien me tiene que explicar por qué allí el subsidio es el triple de lo legalmente aceptado. Entonces nos están aquí metiendo otras cosas que no se corresponden con la estadística: cuentos.
El segundo dato que me llamó la atención fue lo del Inurbe: grado de cumplimiento, desembolsados sobre asignados, 390%, casi cuatro veces el promedio de lo desembolsado sobre lo asignado ––ya dije que el promedio es 60%––, casi cuatro veces lo que han entregado sobre lo que asignaron. Todos estarán sorprendidos, pero el fenómeno tiene la siguiente explicación: el Inurbe se liquidó en marzo del 2003, si no estoy mal, y lo que sucede es que información sobre las asignaciones va entre agosto del 2002 y septiembre de 2005, correspondientes al gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, y los asignados son entonces 5.467. Pero lo ejecutado, desembolsado, son 21.350, lo que quiere decir que lo desembolsado incluye adjudicaciones del gobierno de Andrés Pastrana. Eso es lo que pienso yo, y espero que no haya cosas peores, sino que simplemente sea una imprecisión. Definirlo se vuelve importante, porque estamos haciendo un balance del cumplimiento del gobierno de Uribe Vélez y no acepto que me metan en el balance del cumplimiento 15.883 subsidios pertenecientes a la administración anterior. Vamos a ser justos con los análisis que hagamos. Esas son las dos grandes inconsistencias que he encontrado.
Las cifras reales sobre el incumplimiento
Según lo desembolsado, vamos entonces a mirar cuánto es el cumplimiento frente a lo prometido. Repito, no según lo adjudicado, que la ministra dice que son 272.000, no, según lo desembolsado. Habrá que ver en un debate posterior si cumplen y si son capaces de desembolsar todo lo que adjudiquen. Ese es otro asunto que habrá que mirar. Pero hoy, todas las instituciones, incluidos esos datos raros del Findeter e incluidos todos los subsidios de Pastrana, da que lo desembolsado son 188.323 subsidios, que es el 47% de la meta, y como llevamos el 78% del cuatrienio, están bastante mal en el cumplimiento. Si se estuvieran cumpliendo las metas, deberían ir 314.167 subsidios entregados. Les están faltando 126.000, o sea, van bastante mal, incluso aceptando todos los que nos informan. Si quitamos los del Inurbe de Pastrana, apenas van en el 43% de la meta. Si quitamos los del Findeter, apenas van en el 40% de la meta y deberían ir en el 78%. Y si quitamos los de Pastrana y Findeter, apenas van en el 36% de la meta, bastante por debajo de la mitad de lo que debían ir en este momento.
Seguramente aquí nos dirán que sí van a cumplir, y probablemente el debate haya que volverlo a hacer el año entrante, pero de momento no van cumpliendo, de momento el gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez no está cumpliendo con sus ofertas electorales y con lo que planteó en el Plan de Desarrollo con respecto a los subsidios de vivienda, muy pocos para las necesidades nacionales, como ya lo dije desde el principio, y de muy bajo monto para las necesidades de los colombianos.
Conclusiones
Sobre asuntos de corrupción no me voy a detener. Creo que el decálogo que nos ha mostrado el senador Bernardo Alejandro Guerra nos deja a todos con los pelos erizados, porque lo que hemos visto es un mar de corrupción que realmente ofende. Y ofende más porque es contra unos compatriotas de una pobreza que duele. Así uno la vea de lejos, pero duele. Conclusión, ya dije también, bajas las metas, lo que también golpea a la gente y afecta la economía.
Aprovecho para definir una tesis que es importante. Una de las secuelas dolorosas que trae consigo el volumen tan mezquino de recursos involucrados en estas operaciones de subsidios, que se tienen que dar en el capitalismo o si no la gente no puede, es que la industria de la construcción no se estimula de la manera en que se debiera. Todos sabemos que la inversión en vivienda dinamiza la economía y genera empleo con cierta amplitud. Por razones de la economía, del negocio, de que el capital funcione, la plata invertida en los planes de vivienda popular es también democrática y contribuye al desarrollo del país. Y en este sentido, lo que se está haciendo es bien negativo, pues la industria de la construcción, una industria bien importante ––aun cuando no tanto como decía Misael Pastrana, que iba a sacar al país de la pobreza––, no se estimula de la manera en que se debiera.
Otra conclusión: se inflan las cifras. Intentaron inflar las cifras. Lo que pasa es que no pudieron, falló la astucia, porque es clarísimo, por los dos documentos que nos envían desde el Ministerio, que es bajísimo el cumplimiento, muy malo, están por la mitad de lo que debieran y a esta administración le falta menos de un año. Esperemos que el próximo gobierno, y esperemos que sea distinto al de Álvaro Uribe Vélez, no termine haciéndole el conejo al país con las cifras y quedándose con unos cuantos milagros ajenos, como se ha intentado en este caso.
Pero quiero retomar el punto central. Aquí el problema es del modelo económico. Decirles a los colombianos que se va a resolver el problema de la vivienda en este modelo económico es burlarse de la gente. El problema de la vivienda no se puede resolver en el capitalismo si la gente no tiene empleo ni buenos salarios ni capacidad de ahorro y si no le prestan plata en los bancos. Y el modelo neoliberal, ese del Fondo Monetario Internacional, se opone de manera radical al empleo y a los buenos salarios. Lo otro que hay que resaltar es la cicatería de los planes. Cómo contrasta lo exiguo del subsidio de vivienda con los 1,60 dólares el galón al que van a pagar el alcohol carburante, cuando a 1,25 los ingenios ganaban el 25%, cien millones de dólares de subsidio al año, en una operación que poco se mencionó en estos días. Cómo son de duros para unas cosas y de generosos para otras. Y está además la privatización. Pueden darle las vueltas que le quieran dar, señora ministra, pero el hecho de que los dueños del suelo urbano, los especuladores, puedan hacer de las suyas de manera indefinida se atraviesa de manera absoluta en la posibilidad de brindarles a los colombianos una vivienda digna. Y entregarle al capital financiero el control, la intermediación, la posibilidad de fijar la tasa de interés como le dé la gana, igualando o acercando la tasa de la vivienda de interés social con la tasa comercial, se opone también de manera absoluta a cualquier cosa que se parezca, no lo llamemos solución del problema, pero sí a una vivienda medianamente moderna como lo es en otros países del mundo, donde tampoco se resuelve, porque no tiene solución en el capitalismo, pero sí se atiende con algún grado de seriedad, de coherencia, de sentido común, bregando que los recursos del Estado sirvan más, rindan más, y que los pobres terminen sufriendo menos.
Réplica a la intervención de la ministra Sandra Suárez
Me permito aclarar primeramente un par de afirmaciones que quizá la señora ministra no me entendiera bien. Mi referencia al ICT tenía que ver con que esa institución, pese a todos los problemas que pudiera tener, atacó con seriedad y a mi juicio de manera acertada los dos cuellos de botella de este tipo de proyectos de vivienda popular, que eran el problema del suelo urbano y el de los costos de los créditos. Luego en ese sentido la táctica neoliberal es bastante más mediocre que la que había. Para no hablar del tipo de ciudad que producía el ICT, porque ahí sí, señora ministra, usted no sabe cuan bárbaro es lo que están haciendo en el sentido de las finanzas públicas ayudando a hacer ciudad.
Por otra parte, no le queda bien, señora ministra, sostener que es a los alcaldes a quienes corresponde resolver el problema de la tierra, porque el gobierno nacional tiene cómo legislar para todo el territorio de Colombia. Estamos frente a un Presidente que fue capaz de cambiar la Constitución para reelegirse él en persona, pero ahora resulta que ese presidente y ese uribismo no tienen poder para intervenir en el país y ver que se puede hacer con el suelo urbano. Realmente queda muy mal usted cuando hace esa afirmación. Aquí varios de sus amigos políticos subrayaron algo muy cierto: la especulación con el suelo urbano es un cuello de botella gravísimo para cualquier proyecto de vivienda popular.
Cuando hacía referencia a lo de las Cajas que estaban financiando el 45% del plan de vivienda, no dije que fuera ilegal. Aseveré que era inconveniente, porque me parece el colmo que se cojan las platas de los salarios de los pobres, como lo es el subsidio familiar, y se manejen como si fueran impuestos del Estado y se gire contra esa plata, cuyos dueños son los trabajadores colombianos y sobre la cual el gobierno no debiera disponer.
Y con respecto a las cifras, voy a insistir en lo siguiente. El gobierno no está cumpliendo. Si recogemos la cifra de 272 mil que da el Ministerio, van colgados en 42 mil. Esto si hacemos los cálculos por subsidios asignados, pero si los hacemos por subsidios efectivamente entregados, el descuadre es de 126 mil, porque deberían ir en 314 mil y van en 188. Esas son cifras que no permiten dudas y que nos dan pie para afirmar que el señor presidente de la República no está cumpliendo sus promesas.
Y con respecto a lo de la plata del Inurbe y de Findeter, la señora ministra hizo unos comentarios que, fuera de echar una cortina de humo, no tenían ningún sentido. El lío del Inurbe es bien sencillo. Veo tres posibilidades cuando dicen que hay asignados 5.400 subsidios y adjudicados 21.000. La primera, que en parte son subsidios del gobierno de Pastrana que este gobierno se apropia. La segunda, que las cifras son falsas, son mentiras. Y la tercera, señora ministra, es que estamos ante un nuevo caso de la multiplicación de los panes y de los peces, hecho que en el gobierno del Mesías a nadie le extraña que sea planteado por sus acólitos, pero yo, a estas alturas, me resisto a creer en milagros.
Y con respecto a la plata del Findeter, me ratifico en lo dicho: 27.581 subsidios asignados, 27.581 desembolsados, 543 mil millones de pesos en un caso y 543 mil millones de pesos en el otro. Si hago la división me da 19,69 millones de pesos por subsidio de vivienda de interés social, según la información que me están dando. Entonces aquí estamos ante otro caso en que uno puede hacer cualquier tipo de análisis. Puede ser que las cifras sean falsas, señora ministra, pero esas son las que ustedes nos pasan y la explicación que usted me da no me satisface. Luego me ratifico, señora presidenta, en absolutamente todo lo que dije.