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El senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo dijo este jueves que la aspiración del Gobierno de restituir 2.100 predios a víctimas de la violencia es una burla.

“Para entender la burla que significa la cifra basta con saber que el propio Gobierno calcula en 360 mil las familias despojadas de sus tierras y que Santos ha prometido restituir 160 mil predios en los cuatro años de su administración, cifra que a este paso ya se sabe no va a alcanzar”, dijo el senador.

Así mismo, el congresista dio a conocer cifras que muestran que por fuera de la ley de víctimas el Gobierno restituyó 699 predios en 2011 los que sumados a los 2.100 que espera restituir este año dan que al finalizar 2012 habrá restituido solo 2.799 predios.

El congresista dijo además que “para darse una idea de lo poco que ejecuta el Gobierno frente al calibre del problema, 2.799 restituciones equivalen a 0,7 por ciento de 360 mil y a 1,7 por ciento de 160 mil, que son las cifras con las que el Gobierno hace retórica”.

Robledo añadió que es claro “que son muy remotas las posibilidades de llegar a la meta de las 160 mil restituciones pues el Gobierno tendría que restituir 157.201 predios en los 20 meses que le restarán a esta administración entre 2013 y 2014. Más aún cuando el número de jueces que fallarán sobre la restitución, según las cifras oficiales, serán solo 134, de los cuales en 2012 apenas se nombrarán 22”.

Además, el congresista señaló que “millares de procesos pueden enredarse en el articulado de una ley que dejó muchos portillos en contra de las víctimas”

Tomado de http://www.eluniversal.com.co/cartagena/politica/senador-robledo-dice-que-restitucion-de-tierras-es-una-burla-las-victimas-60564

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Según el propio gobierno, son 360 mil las víctimas despojadas de sus fincas. Santos no cumplirá con su promesa de restituir 160 mil predios. Solo 22 jueces actuarán en 2012. El gobierno insiste en manipular dando otras cifras sobre tierras que no son restituciones. Recuerdan a las gallinas que ofrecen poner diez huevos, ponen dos, pero cacarean treinta.

El Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció que este año aspira a restituir 2.100 predios a víctimas de la violencia (ver http://bit.ly/Ahieqd). “Para entender la burla que significa la cifra –dijo el senador Jorge Enrique Robledo– basta con saber que el propio gobierno calcula en 360 mil las familias despojadas de sus tierras y que Santos ha prometido restituir 160 mil predios en los cuatro años de su administración, cifra que este paso ya se sabe no va a alcanzar”.

Por fuera de la ley de víctimas, el gobierno restituyó insignificantes 699 predios en 2011, los que, sumados a los 2.100 que espera restituir en este año, dan que al finalizar el 2012 habrá restituido solo 2.799 predios. ¡2.799 predios en 28 meses de gobierno! ¡Y le quedan apenas 20 meses!

Para darse una idea de lo poco que ejecuta el gobierno frente al calibre del problema, 2.799 restituciones equivalen al 0.7% de 360 mil y a 1.7% de 160 mil, que son las cifras con las que el gobierno hace retórica.

Es claro, además, que son muy remotas las posibilidades de llegar a la meta de las 160 mil restituciones, pues el gobierno tendría que restituir 157.201 en los 20 meses que le restarán a esta administración entre 2013 y 2014. Es más difícil porque el número de jueces que fallarán sobre la restitución, según las cifras oficiales, serán solo 134, de los cuales en 2012 apenas se nombrarán 22. Y porque millares de procesos pueden enredarse en el articulado de una ley que dejó muchos portillos en contra de las víctimas.

SIGUEN MANIPULACIONES CON OTRAS CIFRAS SOBRE TIERRAS

El gobierno, además, insiste en presentar como gran cosas cifras sobre tierras que no son restituciones a las víctimas y que analizadas son bastante mediocres, peores o semejantes a las de los gobiernos anteriores.

En diciembre pasado, el presidente Juan Manuel Santos se ufanó porque en 2011 su gobierno tituló baldíos por 512.353 hectáreas, cifra que es inferior al promedio anual de 991 mil hectáreas de los veinte años anteriores. Y si no se tienen en cuenta las tierras para resguardos indígenas y comunidad negras, en 2011 se intervinieron 375.140 hectáreas, mientras que el promedio anual de los últimos 20 años fue de 387.872 hectáreas.

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Apreciada María Jimena:

Tiene usted todo el derecho de declararle su ‘love’ –son sus palabras– a Gustavo Petro (Semana, Ene.07.12). Pero esa actitud no debería llevarla a desproporciones como la de afirmar que para todos quienes no votamos por él “es más importante que al alcalde le vaya mal, que dejarlo gobernar. (Porque) Bogotá les importa un bledo”. Ninguna cantidad de ‘love’ debe conducir a atentar contra el debate democrático.

La posición del Polo frente a la alcaldía de Bogotá –que usted podría haber constatado– es la de analizar una por una las propuestas, contrastándolas con nuestro programa, y fijarles posición. Así, podrá haber ideas que respaldemos e ideas que rechacemos, dependiendo de si a nuestro juicio les sirven o no a los bogotanos. Y ese punto de vista del Polo, como es natural, es el del MOIR, sector al que usted se refiere y que represento dentro de esa organización.

También yerra cuando afirma que nuestra valoración sobre Petro la define su voto a favor del Procurador Ordóñez. Porque se sabe que el Polo lo escogió como su candidato a la Presidencia muchos meses después de ese voto equivocado y famoso, y que le hicimos la campaña en cumplimiento de los acuerdos de la consulta presidencial del Polo.

Gustavo Petro se salió del Polo y abandonó su programa porque –y sobre esto hay pruebas de sobra, mi estimada María Jimena–, sin tener los votos suficientes en el Comité Ejecutivo, quiso imponerse como presidente del Partido para hacer acuerdos con Santos, acuerdos que ya había realizado sin consultarle al Polo. Es decir, concluyó que su proyecto de vida era diferente al del partido de la izquierda democrática.

Quedo a sus gratas órdenes para contarle sobre las realidades del Polo.

Atentamente.

Jorge Enrique Robledo

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El senador Jorge Robledo habla sobre el futuro del Polo Democrático después de la derrota que sufrió el partido en 2011, cuando retrocedió electoralmente a niveles mínimos después del escándalo por la corrupción en la Alcaldía de Bogotá.

Cecilia Orozco Tascón.- El Polo inicia 2012 gravemente fracturado. ¿Cómo debería reconstruirse para recuperar su importancia política?

Senador Jorge Enrique Robledo.- El futuro del Polo dependerá de que corrija sus errores y persista en sus aciertos. En cuanto a sus yerros, lo principal es lograr algo que no es fácil en Colombia, en parte por la tradición caudillista de sus partidos: que los dirigentes, en especial los electos por la ciudadanía, acepten las orientaciones de la organización, sean transparentes con ella y le consulten las principales decisiones. Si esto lo hubiéramos logrado, seguramente se habría evitado lo que pasó en la contratación en Bogotá. En cuanto a los aciertos, hay que persistir en el programa de izquierda democrática.

C.O.T.- ¿Su partido no se quedó corto frente a la crisis generada por la alcaldía de Samuel Moreno, tal vez por no concederle la razón a Petro?

J.E.R.- El partido actuó en la medida de los hechos y de acuerdo con el debido proceso, un principio democrático que consideramos de gran importancia, así nos cueste incomprensiones en medio de la confusión del país. Cuando Petro hizo sus acusaciones, Semana, el editorial de El Tiempo y María Isabel Rueda, por ejemplo, dijeron que no dio pruebas. Entonces la Dirección Nacional del Polo definió una línea correcta: que las decisiones del partido se acompasaran con las de los jueces. Y cumplió. Muchos de los que han satanizado al Polo por este caso no les exigen a las colectividades de sus preferencias actitudes similares en situaciones semejantes.

C.O.T.- Usted es una de las figuras más respetadas y respetables del Polo. Pero ahora, algunos aseguran que habiendo sido tan duro con otros partidos, fue “débil” respecto del escándalo de la contratación.

J.E.R.- Se dicen cosas que no son ciertas y, en este caso, por razones políticas. Si en algo he sido cuidadoso es en no confundir los debates políticos con los procesos judiciales, porque creo en el debido proceso y porque los congresistas no somos jueces. Mi debate sobre las conductas de los hijos de Uribe, por ejemplo, no fue judicial sino sobre el uso indebido del poder en su beneficio, así fuera legal emplearlo. Y pedí que la Fiscalía aclarara si habían violado la ley. En el caso de Agro Ingreso Seguro, controvertí la política económica y social. En eso “liquidé” a Arias. Pero con respecto a la legalidad de lo ocurrido, expresé unas dudas y pedí que la justicia las aclarara. Usted encuentra en internet todo lo que he sostenido en el Congreso.

C.O.T.- Precisamente, al comienzo del escándalo parecía existir un consenso dentro del Polo en el sentido de que a los Moreno se les estaba condenando antes de tiempo. ¿Qué opina hoy de esa afirmación?

J.E.R.- Debe impedirse que unas verdades nieguen otras verdades. Está probado que en la contratación en Bogotá hubo actuaciones ilegales. De esa realidad se desprenden decisiones jurídicas muy graves en contra de Samuel e Iván Moreno. Pero hay otro hecho, otra verdad, que ni en medio de la mayor ingenuidad política se puede desconocer: los contradictores del Polo han utilizado su enorme poder para hacerle un grave daño. En esa decisión es determinante que sea el partido de la izquierda democrática, el único que no hace parte del santismo.

C.O.T.- En vista de los resultados electorales, ¿cree que Petro tenía razón cuando criticaba al Polo por su presunta connivencia con los Moreno?

J.E.R.- La verdad es que Petro hizo un acuerdo particular y formal con la Anapo dentro del Polo, en cabeza de Iván Moreno, para que respaldara su candidatura presidencial. Ahí están las crónicas y las fotos. Carlos Vicente de Roux justificó esa alianza en su momento: “Petro necesita los votos que le pone la Anapo” (lasillavacia.com). Después, Petro nos dijo que abandonaba el Polo porque no se le respaldó su aspiración a la presidencia del partido cuando explicó que quería acordarse con Santos, acuerdos que ya estaba haciendo. En casi dos años, ¿alguien le ha oído a Petro la menor crítica a Santos? Él se fue porque decidió darle un giro a su vida, y le dio otra presentación por razones de conveniencia política que ocultaban la voltereta y le causaban el mayor daño al Polo.

C.O.T.- Pero los hechos indican que la gente le creyó más a él que al Polo…

J.E.R.- Esa puede ser una interpretación, pero no le quita ni un ápice de verdad a qué fue lo que generó su retiro del Polo, al igual que no le resta méritos a la gestión como alcaldesa de Clara López ni a la brillante candidatura de Aurelio Suárez.

C.O.T.- ¿Por qué ganó Petro la Alcaldía de Bogotá?

J.E.R.- Porque se alinearon todos los astros a su favor, incluyendo el desgaste del Polo. Pero que ganara con apenas el 30% del total de los votos prueba que lo determinante fue la división de los partidos santistas. También contó la resistencia de los bogotanos hacia Peñalosa y el abrazo del oso que le dio Uribe. Y porque su pasado le permitió captar el sentimiento de rebeldía de los bogotanos, que desde hace años se expresa en cada elección.

C.O.T.- El alcalde ya ha hecho la mayoría de los anuncios sobre su gabinete. ¿Esos nombramientos confirman su percepción de que él “le dio un giro a su vida”?

J.E.R.- Los principales colaboradores del alcalde de Bogotá hacen parte de su círculo íntimo y gobernarán con su programa, que no se inspira en el ideario de unidad del Polo ni en su decisión de oponerse al gobierno de Santos. Luego a algunos de ellos también les cabe la idea de que le dieron un giro a sus vidas. El alcalde va por el mismo camino de Lucho y del vicepresidente de la República, Angelino Garzón, cuya presencia en la posesión de Petro es reveladora de sus grandes coincidencias.

C.O.T.- Contrario a lo que usted sugiere, algunos medios dicen que la de Petro es “la izquierda moderna” que puede tener éxito en Colombia, en contraposición a la del Polo. ¿Qué les contestaría?

J.E.R.- Los que hablan de las supuestas bondades de una “izquierda moderna” para contraponerla al Polo y hacerle daño, son cuadros de la derecha que intrigan a favor de una falsa izquierda que renuncie a relacionar a Colombia con el mundo, pero no como un Estado vasallo, a desarrollar la producción urbana y rural, a elevar el nivel de vida de la nación y a construir una democracia auténtica. Si algo puede probarse desde que nació el Polo es el sistemático asedio de las fuerzas regresivas de Colombia —abierto o solapado— para corromperlo en sus concepciones políticas y dividirlo.

C.O.T.- Los amigos de Petro han dicho en distintos escenarios que usted y su grupo más cercano representan la izquierda más radical y dogmática del Polo y que no acepta ningún tipo de acuerdos con otros partidos. ¿Esa descripción lo define tal como se ve a sí mismo?

J.E.R.- Esa es una notoria falsedad. En política son frecuentes las mentiras, porque prima el “todo vale”. El Polo es en sí mismo una gran alianza que aprueba, además, acuerdos electorales con otros sectores políticos. Y ahí he estado. De otro lado, luego de perder con Carlos Gaviria en la consulta del Polo, le di tres vueltas a Colombia invitando a votar por Petro. Hoy comparto con congresistas de la U, el liberalismo y los verdes el respaldo a la coalición del No al TLC con Corea. En la Comisión Quinta me he unido con los senadores santistas sobre temas de importancia. A lo que sí no le jalo es a acuerdos vitandos, que es lo que me piden algunos.

C.O.T.- ¿Cuántos congresistas va a perder el Polo, entre senadores y representantes, por el paso de ellos al movimiento Progresistas de Petro?

J.E.R.- Tres senadores.

C.O.T.- A su juicio, ¿esos tres senadores incurrieron en doble militancia?

J.E.R.- Los colombianos saben que esos congresistas detestan al Polo y lo maltratan, no acatan sus determinaciones, no quieren pertenecer a él y militan en una organización política que se le opone. También saben que si no se han ido del Polo es porque no han encontrado la manera de llevarse las curules porque éstas, según la ley, le pertenecen al partido, sin cuyos votos no hubieran podido ser senadores. Su doble militancia es evidente, y la doble militancia es ilegal, pues significa que se es leal en una parte y desleal en la otra.

C.O.T.- Si finalmente se retiran esos tres senadores, ¿con cuántos congresistas quedaría finalmente el Polo?

J.E.R.- Con diez: cinco senadores y cinco representantes, que serán suficientes para cumplir con excelencia las responsabilidades que nos asignaron nuestros electores.

C.O.T.- ¿Se le está presentando a su partido el mismo fenómeno de “pragmatismo” que a los demás, en el sentido de que sus políticos entran o salen de las colectividades según quien gane en las elecciones?

J.E.R.- Todos los factores de corrupción propios de la política tradicional en Colombia asedian al Polo. Pero los polistas luchamos en contra de esas influencias perniciosas y somos capaces de derrotarlas.

C.O.T.- ¿El Polo será también el partido de oposición a la Alcaldía de Bogotá, como lo ha sido a las presidencias de Uribe y de Santos?

J.E.R.- La decisión que se ha tomado es que cada determinación de la Alcaldía se analizará y sobre ella se fijará posición de acuerdo con las concepciones programáticas del partido. Por ejemplo, sobre las llamadas empresas públicas distritales, cada alcalde tiene derecho a proponer medidas sin pedir permiso, pero para opinar de fondo hay que esperar porque la nueva administración no ha dicho con precisión qué quiere hacer y para qué. A los peajes urbanos debemos oponernos porque privatizan el espacio público. Son gravámenes regresivos a los que se opone el Polo. En cambio, los aplaude la tecnocracia neoliberal. Y es muy grave que proponga alianzas público-privadas, con ganancias incluidas, para educación, salud e infraestructura.

C.O.T.- Por lo que ha dicho en esta entrevista, las diferencias entre el petrismo y el Polo son irreconciliables. ¿Podría presentarse una reunificación en el futuro?

J.E.R.- Las diferencias son muy grandes y podrían agravarse. Pero eso no significa que, dependiendo de las circunstancias, con ellos, como con otros, no puedan darse coincidencias sobre temas que valga la pena trabajar.

C.O.T.- Tirios y troyanos aceptan que a la alcaldesa encargada de Bogotá le fue bien. ¿Ella podría ser considerada como una de las opciones del Polo para 2014?

J.E.R.- Las encuestas le dan a la gestión de Clara López un respaldo ciudadano muy alto, lo que confirma algo que nuestros contradictores niegan: que el Polo sí puede gobernar con acierto. Es evidente que Clara tiene méritos para aspirar a ser candidata a la Presidencia. Si así lo decidiera el Polo, contaría con todo mi respaldo.

C.O.T.- También hay quienes creen que su nombre podría estar en la fila de los presidenciables. ¿Consideraría esa posibilidad?

J.E.R.- Polistas y no polistas me dicen generosamente que aspire a la Presidencia de República. Aunque es temprano para este tema, puedo confirmarle que lo estoy considerando a partir de dos criterios: que sea la candidatura del Polo, como es natural, y que se proponga lograr la mayor unidad con otros sectores sociales y políticos, en torno a sacar a Colombia del atraso y la pobreza, como lo he pregonado toda mi vida.

C.O.T.- El Polo y sus pocos parlamentarios son los únicos que hacen oposición en el Congreso en un acto casi ineficaz por la inmensa mayoría de la Unidad Nacional de Santos. En ese escenario, ¿tiene sentido hacer debates en Senado y Cámara?

J.E.R.- A los congresistas del Polo nos corresponde el honor de representar al único partido de oposición a Santos y de respaldar a los colombianos que por fuera del parlamento luchan por hacer de Colombia un país decente, como decía Carlos Gaviria: al estudiantado que defiende la educación como derecho, a los médicos y enfermeras que enfrentan al cartel de las EPS, a los jueces que se oponen a que el Ejecutivo someta al poder judicial, al sector ambientalista que enfrenta una minería depredadora, a los trabajadores que exigen respeto a los derechos sindicales, a los productores urbanos y rurales que se rebelan contra los TLC.

C.O.T.- Admita que siendo tan pocos parlamentarios, el efecto de su presencia no se siente…

J.E.R.- Si no se siente es porque los medios no la registran como deberían, pero nuestros debates son de suma importancia, pues hay cosas que el régimen no se atreve ni a proponer porque estamos allí. Contribuyen con las derrotas que a veces sufren proyectos retardatarios y ayudan a preparar el día en que lo colombianos lograremos los cambios profundos que requiere esta sociedad.

C.O.T.- El uribismo y el santismo parecen distanciarse cada vez más. ¿Es más democrático el gobierno actual que el anterior?

J.E.R.- A estas alturas, ¿quién, con seriedad, puede decir que Santos no se orienta por la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social, es decir, por las mismas políticas de quien lo puso en la Presidencia? Las peleas entre Santos y Uribe son pleitos secundarios entre compadres, lo que no quiere decir que no puedan ser agudos, como a veces sucede también entre compadres. La historia del liberalismo y el conservatismo ilustra el punto: hasta se mataron, pero eso no les quitó su compadrazgo en los asuntos medulares. Quien firma los nombramientos y los cheques, así sea para lograr los mismos fines de fondo, puede generar discordias y exagerar con fines políticos astutos, como ocultar que la única y verdadera oposición a Santos es la del Polo.

Robledo, la tercera mayor votación

Pese a que ha sido calificado por sus enemigos como uno de los más radicales representantes de la izquierda nacional, Jorge Enrique Robledo es uno de los congresistas con mayor aceptación ciudadana por el respeto que inspira y por la seriedad con que prepara sus exposiciones, casi siempre sobre temas económicos y agrarios. Ha sido elegido tres veces consecutivas al Senado, pasando de obtener 45.703 votos en 2002, a 165.339 en 2010, cifra notable porque es uno de los llamados candidatos de opinión, en contraposición a los políticos que cuentan con clientela cautiva. La suya se constituyó así en la tercera votación más copiosa del Congreso, después de la de sus colegas Juan Lozano, de la U (193.817), y Gilma Jiménez, del Verde (188.416). El año pasado, en medio de las polémicas en que se debatía internamente su partido, Robledo descolló, sin embargo, por sus debates en el Capitolio. Entre ellos, el de la denuncia sobre los fenómenos de corrupción del sistema de salud. Y el del cambio de método para repartir las regalías del petróleo propuesto por el Gobierno, el cual provocó la protesta de los alcaldes de muchos municipios que marcharon para quejarse porque se les retiraba el manejo directo de los recursos para entregárselos a la administración central.

“Los más diestros en la impostura”

Cecilia Orozco .- Pese a sus duras críticas al gobierno Santos, muchos observadores piensan que es mejor que haya, con todas sus limitaciones, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a que no exista; y que es mejor para el país un mandatario que tenga un estilo transaccional a otro que sea autoritario. ¿Qué les contestaría?

Senador Robledo.- El Polo se creó para cambiar a Colombia y no para resaltar, entre las incontables políticas reaccionarias, algún aspecto secundario que pueda no objetarse. Es demasiado lo que está en juego para perder las convicciones y la firmeza. Entre nuestros propósitos aparecen no engañar y resistirle a los engaños, y con más razones a los de los más diestros en la impostura. No votamos la Ley de Víctimas porque presentamos otra que consideramos era la correcta y contiene elementos fundamentales que casan con las normas aprobadas en el Plan de Desarrollo y las que vienen en la Ley de Desarrollo Rural, con las cuales Santos y (el ministro) Restrepo están por coronar medidas en las que fracasaron Uribe y Arias: entregarles millones de hectáreas de tierras del Estado, que eran para los campesinos, a los monopolios y las trasnacionales. Que tengan éxito en mantener eso oculto no les quita veracidad a estas afirmaciones.

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Cuatro de las personas que habían resultado heridas fallecieron en las últimas 24 horas.

El número de muertos por la explosión el pasado 23 de diciembre de un poliducto en la población risaraldense de Dosquebradas ascendió a 25 tras el fallecimiento de cuatro de las personas que habían resultado heridas, informaron el viernes fuentes sanitarias.

En las últimas 24 horas murieron tres mujeres y una menor de siete años, dijo a los periodistas Rafael Sandoval, director del hospital San Jorge de la ciudad de Pereira.
De acuerdo con las autoridades de la ciudad, todavía permanecen hospitalizadas por la explosión 32 personas, de las que 16 se encuentran en estado crítico en hospitales de las ciudades de Dosquebradas, Pereira, Cali y Manizales.
La explosión fue originada por un derrame de gasolina en el oleoducto que cruzaba por un sector residencial de Dosquebradas.

La fuga, aseguraron las autoridades, se debió a una fractura en el ducto provocada por un movimiento de suelo generado por las intensas lluvias de las últimas semanas.

La mayoría del territorio colombiano se encuentra en alerta por los efectos de las intensas precipitaciones que han causado, desde septiembre, al menos 188 muertos y 913.470 damnificados, según un balance de la estatal Oficina de Gestión de Riesgo, en el que están incluidas las víctimas de Dosquebradas.

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Oficina de Prensa Senador Jorge Enrique Robledo, Bogotá, diciembre 15 de 2011

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Las exigencias para que la Nación pague las deudas no pagadas por particulares ya llegan a $109 mil millones. Fiscalía investiga a 22 personas. Las normas acrecentaron el riesgo del no pago. Las pérdidas pueden aumentar bastante, porque las deudas aseguradas llegan a $438 mil millones.

La decisión de la Fiscalía de investigar al expresidente del Banco Agrario, a dos de sus exvicepresidentes, al expresidente de Finagro y a otras 19 personas por presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos a floricultores confirma la gravedad de las denuncias hechas en el debate que hace un año realizaron el senador Jorge Enrique Robledo y la senadora Daira Galvis.

En 2008, el Ministerio de Agricultura y Finagro crearon un crédito especial para floricultores y otros exportadores, con la particularidad de que si los deudores no pagaban la Nación debía hacerlo a través del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). En el debate de control político, el senador Robledo explicó que la posibilidad de que los floricultores no pagaran los créditos era muy alta, porque el negocio iba mal, porque el Fondo de Garantías tenía el deber de responder por la deudas y porque las condiciones de los créditos se diseñaron para relajar las garantías que debían otorgarse, lo que aumentaba el llamado “riesgo moral”, que en casos como estos hace que para los endeudados pueda ser mejor negocio no pagar.

En noviembre de 2010, mes en que se realizó el debate, las reclamaciones de los bancos al Fondo de Garantías por los créditos no pagados por los deudores ascendían a 49 mil millones de pesos. Robledo advirtió que esta cifra aumentaría en grandes proporciones, como lo ha venido haciendo: según el Ministerio de Agricultura, para agosto pasado, el monto de las reclamaciones llegó a 111 mil millones de pesos, con un crecimiento del 126%. De ese total, 109 mil millones corresponden a créditos no pagados por floricultores, casi todo ellos grandes productores.

El congresista del Polo explicó que las pérdidas de recursos públicos por estos créditos “pueden seguir creciendo, porque los préstamos garantizados por la Nación superan los 400 mil millones de pesos y porque hay muchos vencimientos que apenas empiezan”.

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Una huelga patriótica paró a César Gaviria cuando intentó privatizar a Telecom. Después, en forma calculada, los gobiernos se lanzaron a destruirla. Los españoles incumplieron todos los compromisos. Los planes fracasaron ¿por imprevistos o por manejos oscuros? Se crearía un poderoso duopolio Movistar-Comcel, en desmedro de ETB y UNE-EPM. Según Aciem, Colombia va a terminar pagando dos veces por lo mismo. Dos casos muy graves de puerta giratoria gobierno-Telefónica.

Como se sabe, el Polo Democrático Alternativo no tiene voceros en estas comisiones, pero por supuesto es un tema que nos interesa. Estamos hablando de una capitalización del orden de 3,5 billones de pesos, suma que tendría que poner el Estado colombiano, y de que las cuentas fallaron por lo menos en medio billón de pesos al año en números redondos. Este es un tema que el Polo Democrático Alternativo se propone mirar con todo el interés, aun sin el tiempo que le pueden dedicar los miembros de esta Comisión.

Personalmente vengo estudiando el caso de Telecom por allá desde los años 90. Son muchos los artículos que he escrito y las conferencias que he dictado. Adelanté además un debate largo en la Plenaria del Senado cuando la privatización. Voy entonces a hacer una primera aproximación al tema y a exponer cuáles son nuestras preocupaciones. Decir primero que este es un debate de veinte años, por lo menos. Privatizar es muy bueno, dijeron unos, y otros dijimos que el asunto no era como lo estaban pintando. Pues llevamos dos décadas en la misma discusión y hoy estamos descubriendo un lío de proporciones descomunales en una cadena de acontecimientos que no deberían haber sucedido.

La patriótica huelga en Telecom

Vale la pena mencionar el proceso. Al momento en que arranca, en los años noventa, cuando llega César Gaviria Trujillo a la Presidencia de la República, Telecom era una gran empresa, con niveles tecnológicos buenísimos y excelentes niveles de cubrimiento, una empresa que nos enorgullecía a los colombianos y que le transfería al gobierno central sumas inmensas. Colombia era un país que manejaba tarifas de telefonía local de las más bajas del mundo. Les estoy haciendo un recorderis, porque probablemente muchos aquí no se acuerden de cuál es el origen de la controversia. Telecom era una gran empresa y un mal día, el presidente Gaviria decide ponerla en venta con un aviso en la prensa internacional. No la saca a vender por mala, sino por buena, porque, repito, la empresa era excelente. Los trabajadores, en una decisión patriótica y valerosísima, se fueron a un paro histórico. Quedó el país incomunicado unos cuantos días con el exterior, en una actitud del sindicato de Telecom que vale la pena resaltar. Ahí paró el primer intento de privatización.

Viene después una etapa terrible en la historia de Telecom por el propósito absolutamente descarado y absolutamente calculado por destruirla desde arriba. Los gobiernos la maltrataron en el negocio de la telefonía celular, le impusieron competidores mediante contratos leoninos y la lesionaron con los joint venture, como lo demostré en un artículo de varias páginas. En fin, le causaron daños brutales, de tal magnitud que dejaron las finanzas en una situación de deterioro absolutamente calculada. Y paralelamente, en el capítulo de comunicaciones del TLC se les dio otro duro golpe a ETB y EPM-UNE, las otras empresas de telefonía local, hoy todavía muy importantes, un atentado realmente espantoso pero que no tenemos tiempo de explicar.

Se logró crear un ambiente malsano entre la opinión pública, hasta que llegó un punto en el que la exclamación en los grandes medios de comunicación fue que había “salvar” a Telecom, que regalada era cara. Fue en ese ambiente en el que se consumó por fin la privatización. Nos dijeron que estábamos al borde de la peor de las catástrofes y que las pensiones se iban a perder, luego que había que vender la empresa a como diera lugar. Se quiso festinarla a Carlos Slim, pero por fortuna intervino la Contraloría y al gobierno le tocó recular. Es el momento en que se hace el debate en el Senado, porque el negocio era inaceptable. Y al final, un poco cansada, la opinión pública termina cediendo y la empresa queda en manos de Telefónica, de España, la encargada, se supone, de resolverle todos sus problemas.

Los españoles incumplieron todos los compromisos

Somos muchos los que hemos demostrado que la empresa se vendió a menos precio. Pero la teoría era que con tal de salir de ese encarte de los pensionados y que la nación no tuviera que volver a preocuparse de nada, que el negocio se hiciera, si era del caso regalando la empresa. Ese fue el ambiente político en que se desarrolló la privatización y la manera como se suscribieron los contratos. Le agregaron una carnada muy atractiva y es que mediante ese sistema de privatización –ya en ese momento la entidad se llamaba Coltel y no Telecom–, íbamos a entrar al nirvana de la telefonía celular. Se alcanzó incluso a redactar en el contrato una cláusula según la cual “se podría” incorporar el negocio móvil al portafolio de Coltel. Un “se podría” que por supuesto dejaba el hueco para que también “no se podría”, muy típico de los contratos de estos tiempos. Podrá hacerse tal cosa quiere decir en realidad que podrá no hacerse. Se puso por ahí una cierta clausulita estipulando que si la cosa no se hacía, los compradores tendrían que pagar una especie de multa o compensación. Lo cierto es que hoy Coltel no está en móviles, y eso es lo que nos están ofreciendo de nuevo, pero tampoco se pagó la compensación que había que pagar, porque apareció otra teoría y es que el incumplimiento se iba a compensar de otra manera.

¿Cómo está hoy Coltel? Evidente, muy mal. Las cosas no salieron tal como Telefónica se lo ofreció a los colombianos y la prueba es que en este momento acumula una deuda de aproximadamente medio billón de pesos, digamos que con los pensionados, simplificando las cosas en términos populares. Pero para hacer mayor claridad, tampoco ha pagado el arrendamiento de los equipos por una suma del orden de medio billón de pesos. En resumen, la empresa no está cumpliendo con lo que se supone se comprometió a cumplir.

Aparece una discusión que hay que mirar con detenimiento. Y es que hoy Telefónica nos está diciendo que como no cumplió, que hay darle más plata. Entonces uno no puede menos de preguntarse qué es lo que Colombia les va a premiar aquí. No solo les feriamos baratos todos los activos, como se les dieron en los arrendamientos y en las inversiones, sino que además hay que darles más plata en una suma bien grande. Y hay que dársela además sin que tampoco ahora nos garanticen cumplimiento. Nadie sabe qué va a pasar con la empresa más adelante. En el inconsciente colectivo quedó la idea de que estaban aseguradas las pensiones. Después se supo que no estaban aseguradas, y que si la empresa se quiebra, no se garantiza el pago de las pensiones.

¿Imprevistos o manejos oscuros?

Entonces surge la pregunta clave: qué fue lo que pasó, por qué no cumplieron. Hay tres posibilidades para explicar por qué a Coltel-Telefónica no le salieron las cosas como se las ofrecieron a la sociedad colombiana. Una, en el terreno completamente teórico, por imprevistos, eventos que ocurrieron y que nadie preveía, un poco la tesis que viene planteando la empresa. Pasaron cosas que no estaban en nuestros cálculos, lo sentimos mucho, y en adelante las vamos a mirar con más detenimiento. Pero es muy extraño que una empresa de este calibre no sea capaz de anticipar los hechos a corto plazo, cuando además el socio es el Estado colombiano, que a mi juicio ha organizado las normas para que a la empresa no le vaya mal. Segunda posibilidad, que sean errores, negligencia, simple incapacidad. Y tercera, que se le haya dado a la empresa un manejo que beneficia a Telefónica, pero no al Estado colombiano, o sea, que haya una lógica de descreme, sobre lo cual llamó la atención el doctor Felipe Zuleta en su columna de El Espectador, que fue de las primeras cosas que se dijeron. No sabemos qué pasó, particularmente no tengo claridad al respecto, aun cuando sigo abrigando severas dudas sobre la tesis de los imprevistos planteada por la empresa, el trillado fueque que fueque, y miren cómo estamos ahora.

En el contrato de marras, Telefónica logró imponer además una prima de gestión, así llamada, una especie de prima de sabiduría, hoy vigente. Por un lado, Telefónica tiene derecho a ganar por el 52% de las acciones. Gana también por la gerencia, porque detenta todo el control y los ingresos que se generen de allí y de las posibilidades de contratar con sus subsidiarias y afiliadas. Lo tiene todo, pero además los colombianos le pagamos una prima de gestión, es decir, terminamos pagándoles por lo que saben sus gerentes. Estos últimos lograron separar lo que saben de sus propios sueldos, que se supone es una misma cosa. Soy de los que han dicho que si las cosas salen bien, cualquier gerencia puede ser aceptable, por costosa que sea. Pero si salen mal, hasta la gerencia peor paga, esa de salario mínimo, resulta ser discutible. Y no estamos hablando de poco dinero. Entre 2006 y 2009 son más de 200 mil millones de pesos que se le ha pagado a Telefónica, simplemente por el hecho de que sabe unas cosas que el Estado colombiano ignora. Pues si es así, los resultados están a la vista.

Posibles perjuicios para ETB y UNE-EPM

Hay una preocupación muy grande, y creo que cierta, de parte de otras empresas de telefonía, particularmente de UNE, y es que la solución que entre comillas se le termine dando a este lío resulte en detrimento de otros patrimonios públicos. Que por resolver entre comillas el problema del patrimonio público y el pasivo pensional en Coltel, la solución termine golpeando a UNE-EPM y a ETB, porque se termine configurando un descomunal monopolio, o un duopolio, que por un lado quede Comcel con un control inmenso del negocio de las telecomunicaciones y por otro quede Movistar. Porque la solución que nos están ofreciendo es que no solo les demos la plata, sino que además los autoricemos a asociarse con Movistar. O con alguna otra, pero todo indica que es en ese sentido.

Usted aquí, señor ministro de Hacienda, debe dar explicaciones al respecto. Qué va a pasar en este negocio con el resto del patrimonio público involucrado. Porque parte del problema es que el libre comercio no existe sino en los libros de texto y eso que en la primera página, porque en la segunda desaparece. Son tantas las normas, que de todo tiene el libre comercio menos de libre. Cualquier decisión que se toma, o favorece al uno, o favorece al otro. Entonces nos tiene usted que explicar si estas decisiones les van a solucionar a unos un problema, si es que lo solucionan, pero de carambola van a armarles a otros una serie de problemas aún más complicados.

Colombia paga dos veces por lo mismo

Aciem ha resumido una idea muy justa y es que Telefónica nos está hoy pidiendo 3,5 billones de pesos para hacer lo que se supone debió hacer hace cinco o seis años. En una palabra, vamos a tener que pagar dos veces por lo mismo, en cierto sentido. ¿No se supone que lo que hoy se va a hacer fue lo que ya había quedado hecho? Se supone que hace cinco años habían quedado salvadas las pensiones, y se supone que esa empresa no iba a tener más problemas, y se supone que iba a quedar con telefonía móvil. Por lo menos eso fue lo que políticamente se les vendió a los colombianos. Yo sé que en la letra menuda, como suele suceder, pero el compromiso ahí estaba.

En este mismo sentido le voy a pedir, señor ministro de Hacienda, la mayor transparencia en la información. Fue lamentable su artículo en El Tiempo explicando el asunto. Porque el artículo no dice con claridad que Coltel no está pagando la plata para las pensiones y que Coltel ha fracasado en lo que se determinó hace cinco años. Tampoco dice que la capitalización es de 3,5 billones de pesos. Yo hasta hace un rato estaba confundido. Pensaba que era de muchísimo menos. Entonces lo mínimo es que el debate se haga, en esto debemos ser muy exigentes, con todas las cifras en la mano, y el primer deber es del gobierno, para que la opinión pública pueda valorar los hechos y no resulte que unos tengan una idea y otros otra, pero sobre cifras diferentes.

Hoy tampoco se nos está garantizando el futuro. Resumo, 3.5 billones pesos para hacer lo que se supone ya estaba hecho, para los mismos socios y para el mismo fin que no se cumplió, estar en telefonía móvil. Hay otra parte del asunto que tampoco se menciona y si se hace, es en círculos muy cerrados, y es que el Estado va a pasar del 48% de participación en Coltel a una cifra muy inferior, del 20 ó el 25%. Sería bueno que nos los dejaran en claro de una vez por todas, por la amenaza de que el día de mañana aparezca otra capitalización y ahí sí desaparezca por completo el patrimonio público en esa empresa.

Lo que se va a hacer no es exactamente garantizar el funcionamiento de la empresa, sino pagar las pensiones. Es un debate que parece menor, pero es muy importante. Pregunto: ¿la capitalización es para que la empresa genere los recursos con que pagar las pensiones o es para pagar las pensiones? Estoy entendiendo que es para pagar las pensiones, pero el país no lo está entendiendo así. De qué es de lo que se trata: damos la plata y queda asegurado que el pasivo pensional quedó resuelto y lo asume el Estado en la proporción que le corresponde. O damos la plata para que la empresa funcione bien y de ahí va a salir la plata para pagar las pensiones. Son dos cosas distintas, porque en una por lo menos se elimina el riesgo hacia el futuro y en la otra no.

Dos casos de puerta giratoria

Y voy a decir algo que me aburre, pero alguien lo tiene que decir, y es que no me gusta nada la puerta giratoria de este negocio. No me gustó, y lo dije en su momento, que el doctor Gómez saliera de Telecom a Telefónica, por razones obvias. Pienso que no es una buena manera de gobernar un país, y me parece más grave aún que, preciso cuando este negocio está moviéndose, y lo están conversando desde hace rato, incluso desde antes de llegar el presidente Santos a la Presidencia de la República, porque el problema de Coltel no es nuevo, me parece absolutamente inaceptable, repito, que se saque a un altísimo funcionario de Telefónica a escala global para ponerlo de ministro de Comunicaciones. Inaceptable, así me traigan la certificación del mismísimo Espíritu Santo y de todo lo que ustedes quieran con respecto a estos dos funcionarios. Hago la misma pregunta que hice cuando dejaron ahí atornillado al director del DAS, que está subjúdice y con graves acusaciones. ¿Entre los nueve millones de santistas, el único que se podía poner en la dirección de comunicaciones era a un hombre de Telefónica? Porque el ministro tiene que ver con este negocio, así no venga a esta sesión, ¿o lo que se está haciendo no está amarrado a decisiones de tipo técnico que entrañan implicaciones económicas? ¿Entre nueve millones de colombianos no había uno solo que no fuera precisamente el hombre de Telefónica?

Dejo mi constancia de que ese es un pésimo estilo para gobernar un país. Usted debe conocer el artículo, doctor Echeverri, ministro de Hacienda, está planteado en The Economist, aunque no es exactamente el mismo caso. Allá lo que se está discutiendo es si los profesores que se presentan ante el mundo como académicos, pero que están en el mundo de los negocios, deben o no contar de qué intereses son voceros. Porque la preocupación es obvia, y es que sus decisiones académicas y sus opiniones están influenciadas por su faltriquera. ¿La conveniencia nacional es la puerta giratoria? Pasan de un lado a otro y dele que dele. Con toda franqueza dejo constancia de mi total desacuerdo con esa práctica.

Concluyo diciendo que en este debate hay que irse a fondo. Necesitamos que la Contraloría opine al respecto, ya lo planteó Aciem. De qué es de lo que se trata este asunto y cómo es que se van a hacer las cosas. Pienso que el afán es mal consejero. No es bueno que se levante la tesis, como parece estarse popularizando, de que o nos tragamos el sapo o entonces no queremos que se paguen las pensiones. O nos tragamos el sapo o nosotros lo que queremos es que se quiebre Coltel. Con esa tesis fue con la que hace cuatro o cinco años nos embarcaron en este lío. No se podía discutirles, porque se corría el riesgo de que no se pagaran las pensiones, o se quebraba la empresa y Colombia quedaba incomunicada. Y ahora cinco años después nos repiten la misma medicina. Y hago entonces una pregunta: ¿hay algún tipo de seguro que venda alguna compañía de las de escala global que garantice que dentro de cinco años no nos van a dar la tercera poción?

Esta es la primera tanda de preocupaciones que tengo al respecto. Otro día miraremos con más detalle, porque como se están haciendo las cosas hay que examinarlas con todo detenimiento. Insistiría en que Telefónica nos presentara un documento en el que nos demostrara con toda claridad que lo que sucedió fue un imprevisto de verdad, que nadie podía calcular lo que iba a pasar, para que se pueda concluir que nadie tuvo la culpa. Y que a la hora de preguntar quién tuvo la culpa, no nos respondan con el dicho popular aquel. ¿Quién tuvo la culpa? Fue el tubo el que tuvo la culpa.

Réplica a la intervención del presidente de Telefónica

Podría glosarlo todo en la intervención del doctor Gómez, pero me voy a referir solo a algo que me compete directamente. Es probable que al hacer énfasis en que había habido una especie de conspiración para desbaratar a Telecom, haya quien pudiera haber concluido que habría que privatizarla. Eso no fue lo que dije y si se entendió mal, precisemos: mi debate, y aquí tengo los documentos, apuntó a demostrar que esa privatización de Telecom era innecesaria y la vida me da hoy la razón. No era necesario hacer lo que hicieron. La empresa había podido seguir funcionando y resolver sus problemas sin necesidad de ser privatizada. En esos días en el debate denuncié que Telecom se le iba a entregar a Carlos Slim –era en los días en que se tenía calculada la decisión de entregársela a Slim– no porque fuera un mal negocio, sino porque era demasiado bueno. Y lo detallaba con cifras. Afirmé que hubo cinco grandes mentiras para privatizar a Telecom y una de ellas, la que decía que Telecom era un encarte. Detallé con cifras las utilidades operacionales de 2005, de 254 mil millones de pesos, usted debe recordarlo, mucho más altas que las de todas las empresas de celulares en Colombia. Demostré en resumen que la empresa estaba en condiciones de resolver sus problemas, claro, si se la administraba bien. Si se la administraba mal, como se hizo, por supuesto que no.

Dejo entonces en claro simplemente que la empresa era tan buena que a pesar de que hicieron todos los esfuerzos por destruirla, no pudieron. Quiero dejar en claro que yo no he dicho que se debía privatizar ni que la empresa estuviera arruinada. Ahora, lo que es lamentable es que sí hayan logrado desquiciarla, como lo estamos viendo ahora, porque antes no había necesidad de capitalizar a Telecom. Es más, Telecom fue históricamente siempre una vaca lechera del gobierno nacional. Si no era mejor, fue porque le sacaron plata en proporciones inmensas.

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Significa un sonoro campanazo de alerta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia que a punta de fuerza y sin buenas razones impone el gobierno. En palabras de la Corte, el proyecto “no resuelve el problema ciudadano que reclama justicia”, “atenta contra la estructura del Estado democrático (…), al concentrar el Poder Público en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, “resquebraja la independencia y autonomía judicial”, “desconoce que la función jurisdiccional debe estar (…) en cabeza de los jueces”, introduce de manera “repentina y sorpresiva” el fuero militar y “sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento” de los congresistas y de los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x ).

Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí concentra más el poder en el Presidente de la República, concentración que se agrava porque en Colombia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción, dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores y alcaldes y diputados y concejales. “En Colombia manda –decía un veterano congresista– el partido del presupuesto”, verdad que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien para estos efectos también superó a su mentor.

Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aún más su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales. Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad Social –qué tal el nombrecito–, que unió bajo el control de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Solo le resta someter de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.

La reforma a la Justicia elimina por completo el papel que hoy tienen las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara. Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el Fiscal General de la Nación.

El gobierno, además, con el ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados, la administración de la carrera judicial y la aprobación del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.

Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año de derecho, la reforma les entrega a autoridades de rango inferior la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa la “privatización y administrativización de la Justicia”, dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados la función de impartir justicia, que debe ser reservada para los jueces de la República, con experiencia para ejercer esa compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.

También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el artículo que establece que, “en todo caso”, no serán de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y policial, “las operaciones y procedimientos” en los que miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué razón aceptable –no para Santos ni para su gran elector, por supuesto– justifica darles un trato jurídico especial a hechos como los llamados ‘falsos positivos’?

Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser ministro de Comunicaciones?

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Ian Lavery, uno de los diputados que promovió la firma del comunicado, dijo al respecto en junio pasado: “la minería en los países en vías de desarrollo a menudo se lleva a cabo de maneras que no serían aceptables en los países ricos. Teniendo en cuenta los precedentes de AngloGold Ashanti en materia del medio ambiente y derechos humanos en Ghana y la República Democrática del Congo, es preocupante que esta empresa posee un área tan extenso de títulos mineros en Colombia, sobretodo en lugares ecológicamente sensibles, como es el caso de la mina La Colosa, que se pretende llevar a cabo en la Reserva Central Forestal de Colombia, la cual es una zona de alta biodiversidad, con fuentes hídricas estratégicas para la región aledaña”.

Los diputados manifiestan la preocupación por los daños ambientales y violaciones de derechos humanos en países africanos vinculados con la empresa. Cabe mencionar que en materia de contaminación al medio ambiente, la empresa recibió en enero pasado el “premio” Greenpeace a la empresa más irresponsable, tras derrames de sustancia tóxicas en Ghana. En la Republica Democrática del Congo, AngloGold ha reconocido haber financiado al Frente Nacionalista y Integracionista, un grupo paramilitar, tras una denuncia de la ONG Human Rights Watch.

Los diputados cuestionan el hecho de que a pesar de que el 11.73% de las inversiones de AngloGold Ashanti son de origen británico y de que la empresa cotiza en la bolsa de Londres, no está bajo las Líneas Directrices de la Ocde (Organización para la cooperación y el desarrollo económico) para Empresas Multinacionales. Estas directrices exhortan a las empresas a cumplir con normas de ética empresarial, como las relaciones laborales, los derechos humanos, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción, entre otros. Estas normas son vigentes independientemente del lugar donde las empresas comercien y realicen sus actividades.

AngloGold Ashanti, a diferencia de la mayoría de las empresas en la Bolsa de Londres, no está sujeta a estas normas debido a que tiene su sede en Sudáfrica, país que no se ha suscrito a dichas directrices. Esto es a pesar de que, según el último informe anual de la compañía, el 64.33% de su capital es de Estados Unidos (52.6%) y el Reino Unido (11.73%). Para el diputado Lavery, “en el Reino Unido, tenemos un deber moral de asegurarnos que exista veeduría adecuada sobre todas las empresas en que invertimos, y sobre todo las que cotizan en la Bolsa de Londres”.

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